Proceso - 12 Marzo 2023 - Parte 01

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SEDENA

6 Espionaje militar al margen de la ley /Mathieu Tourliere

12

DERECHOS HUMANOS

Caso Nuevo Laredo: Intimidación castrense y presión institucional sobre víctimas de abuso /Gloria Leticia Díaz

SEGURIDAD

16 El alcalde de Matamoros sobre la narcoviolencia: “Así nos tocó vivir” /Luciano Campos Garza

20 Tras el secuestro, EU busca recuperar espacios en México contra el narco /Dalila Escobar

ALIMENTACIÓN

22 Decreto sobre maíz transgénico: AMLO abre otro frente en el T-MEC /Juan Carlos Cruz Vargas

ECONOMÍA

26 Entre detractores y el beneplácito presidencial, Francisco Cervantes repite al frente del CCE /Claudia Villegas

30

MINERÍA

“Triunfo histórico”: La comunidad nahua Tecoltemi frena dos concesiones en Puebla /Gabriela Hernández

33 La estrategia de Almaden Minerals: dividir y cooptar /Gabriela Hernández

POLÍTICA

36 Elecciones en Coahuila y Edomex: El fantasma de la judicialización /Arturo Rodríguez García

Foto de portada: Octavio Gómez

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JUSTICIA

39 Los entresijos del choque entre la ministra Esquivel y la UNAM /Diana Lastiri

PRENSA

42 Carlos Acosta Córdova: Cuando el mejor reportero financiero hacía “poesía con los números”

/Juan Carlos Cruz Vargas

FOTORREPORTAJE

44 #8M, por respeto y justicia

INTERNACIONAL

46 FRANCIA Las multitudinarias manifestaciones que Macron no ve ni escucha

/Anne Marie Mergier

50 VENEZUELA Una década después, y pese a la catástrofe, Maduro sigue allí /Rafael Croda

ANÁLISIS

54 Proceso, el costo de la independencia

/Ernesto Villanueva

55 Un nuevo maximato

/Elisur Arteaga Nava

57 La migración mexicana y el silencio gubernamental /Tonatiuh Guillén López

58 Francisco, 10 años de discontinuidad y secuencias

/Bernado Barranco V.

ENSAYO

59 El maíz trasgénico: La abjuración de las raíces culturales /Jorge Sánchez Cordero

CULTURA

62 Bolfy Cottom: Se va Florescano en un periodo de fuerte crisis institucional /Judith Amador Tello

PÁGINAS DE CRÍTICA

66 ARTE Roberto Turnbull y sus imágenes autónomas /Blanca González Rosas

MÚSICA La expresión contemporánea de Túumben Paax /Eduardo Soto Millán

TEATRO Feminicidio y desaparición forzada

/Estela Leñero Franco

CINE “Ellas hablan”

/Javier Betancourt

LIBROS Reflexiones sobre la realidad nacional y la libertad /Jorge Munguía Espitia

DOCUMENTAL

70 AnaÏs Taracena: Periodismo y represión militar en Guatemala

/Columba Vértiz de la Fuente

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

72 El filósofo Darin McNabb: Bienvenida al ChatGPT con reservas /Roberto Ponc

DEPORTES

76 Una selección dispuesta a volarse la barda /Beatriz Pereyra

80 PALABRA DE LECTOR

82 El sano juicio

/José Antonio Rodríguez

Se llama Centro Militar de Inteligencia (CMI). Lo encabeza un general y en él trabajan 619 elementos castrenses. Opera desde un búnker de más de cinco mil millones de pesos instalado en el Campo Militar No 1. Cuenta con un poderoso arsenal tecnológico —incluido el spyware Pegasus— que le permite obtener información de inteligencia, la cual entrega directamente al titular de la Sedena… Con un detalle: realiza intervenciones de comunicaciones privadas al margen de la ley, señala la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

ESPIONAJE MILITAR

MATHIEU TOURLIERE

En abril de 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba plenamente satisfecha con el desempeño del Centro Militar de Inteligencia, especialmente en el uso que hacía con sus tecnologías de punta para recolectar información.

Sin embargo, la institución castrense tenía un temor, y lo plasmó como “amenaza” en un documento interno: “Que se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realicen en este Centro”.

Y es que, en los últimos 12 años, el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ha operado al margen de la ley, sostiene la organización Red en Defensa de los Dere-

AL MARGEN DE LA LEY

chos Digitales (R3D). Desde un búnker de más de 5 mil millones de pesos instalado en el Campo Militar No 1, sus agentes han recabado información para los sucesivos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gracias a un arsenal tecnológico, que incluye el poderoso spyware Pegasus.

El CMI forma parte de la rama de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), el cual responde directamente al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena. Al igual que el resto del aparato militar, el CMI ha crecido mucho durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: entre 2018 y 2021, su plantilla de agentes pasó de 293 a 619.

La semana pasada, la segunda entrega de la investigación Ejército Espía --en la que participó Proceso-- reveló que el CMI intervino con Pegasus el teléfono del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, y lo hizo para obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial cometida por soldados de la Sedena en la madrugada del 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo.

La investigación reveló que el informe secreto del CMI estuvo dirigido a la atención de Sandoval, quien lo recibió el mismo día. La investigación echó abajo las mentiras de la Sedena y de su titular, quienes han afirmado en varias ocasiones que no operan el spyware

Sandoval ha estado muy al tanto del CMI, pues en el arranque de su gestión lo ha querido ampliar con un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) conectado a los C5 de varios estados.

Desde hace una década, Proceso ha documentado que la Sedena ha utilizado Pegasus. En el contexto de la investigación internacional Pegasus Project, este semanario reveló algunos de los más de 6 mil objetivos que la institución castrense ingresó en su sistema entre mitades de 2016 y 2017: aunque la gran mayoría de los números telefónicos remitía a zonas conflictivas --como Tamaulipas, Guerrero, Jalisco o Michoacán--, destacaban también los números de los entonces gobernadores --de todos los partidos--, así como de reconocidos defensores de derechos humanos, o del periodista guerrerense Cecilio Pineda, quien fue asesinado semanas después de ser espiado.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lleva años sosteniendo que la Sedena no tiene facultades constitucionales ni legales para intervenir comunicaciones privadas. Aparte, en México cualquier intervención de comunicaciones requiere la autorización del Poder Judicial, y la Sedena no ha presentado una sola solicitud en al menos los últimos 5 años.

Con base en la Ley de Transparencia, R3D solicitó a la Sedena le informase “cuántas solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas, informáticas o de telecomunicaciones” había presentado “ante cualquier área del Poder Judicial de la Federación” durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2022. En un oficio de respuesta, fechado el 16 de junio del 2022, la Sedena declaró que “después de una exhaustiva búsqueda” en sus archivos, “no se localizó expresión documental que atienda la solicitud”.

En el caso del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, personas con acceso a la carpeta de investigación pudieron constatar que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas del activista tamaulipeco.

Por todo ello la R3D no tiene dudas de que el CMI opera desde la ilegalidad y la arbitrariedad.

El documento de abril de 2021, mencionado arriba, muestra que la Sedena es consciente de esta ilegalidad. Se trataba de un análisis de las “fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas” del CMI; en este archivo, marcado como “secreto”, la Sedena presumía que el CMI contaba con buenas tecnologías, con personal capacitado y con buen conocimiento de los “medios tecnológicos con los que cuenta”, pero reconocía, en el apartado de “amenazas”, algunos riesgos como la “fuga de información”, las “indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa

en las operaciones”, o el hecho que la opinión pública descubra las “actividades” del CMI.

Al servicio de Sandoval

Entre los millones de archivos de la Sedena, hackeados por el colectivo Guacamaya aparecen decenas de documentos secretos que revelan la operación del CMI, al que la Sedena suele referirse en sus comunicaciones internas como “Centro Militar de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional”, o “C.M.I. del E.M.D.N.”. Destacan, por ejemplo, algunos productos de inteligencia que el CMI elaboró en el verano de 2022, cuando trataba de localizar a Jorge Winckler Ortiz, el otrora fiscal general del exgobernador veracruzano Javier Duarte Ochoa, quien estaba prófugo. Para ello, el CMI intervino los teléfonos de familiares y cercanos del exfiscal; transcribió conversaciones en WhatsApp, grabó llamadas telefónicas y obtuvo coordenadas de geolocalización, informaciones que sólo pudieron extraerse con herramientas como Pegasus.

En otros casos, el CMI elaboró informes mucho menos detallados, en los cuales sólo aparecían mapas con puntos de geolocalización de objetivos y listas de números telefónicos con los que se comunicaron los blancos, pero sin detalles de las conversaciones. De acuerdo con un documento titulado “Resultados de la Administración”, el CMI elaboró 894 “productos de inteligencia” entre 2019 y 2021.

Una amenaza, que se sepa

AMLO, ENTRE LA NEGACIÓN Y LA DEFENSA DEL EJÉRCITO

MATHIEU TOURLIERE

El viernes 10 el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante las pruebas de que espió de manera ilegal el teléfono del activista tamaulipeco Raymundo Ramos con el spyware Pegasus. Sin embargo, durante cerca de dos horas el mandatario cayó en contradicciones y no pudo desmentir los hallazgos de la investigación EjércitoEspía, que Proceso y medios aliados publicaron el martes 7.

En un principio López Obrador rechazó que la Sedena espíe a sus espaldas, y luego se contradijo. “Me informan”, dijo al inicio de la conferencia de prensa. Minutos después, preguntado sobre la justificación que le dio la institución castrense para espiar a Raymundo Ramos, reviró: “No me explicaron nada (…) Les tengo confianza a los mandos porque saben muy bien que está prohibido el espionaje”.

Después de cuatro días de silencio sobre las nuevas pruebas de Pegasus, López Obrador fue cuestionado por las periodistas Nayeli Roldán, de Animal Político, y Dalila Es-

cobar, de Proceso. Con una intensidad poco vista antes, el mandatario dedicó decenas de minutos a despotricar contra la prensa “tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos”, y sostuvo: “Ustedes no van a poner la agenda”.

El mandatario trató de desvirtuar la investigación EjércitoEspía. Sostuvo que era “un invento de ustedes, un golpe más para supuestamente afectarnos”. En otro momento criticó a Citizen Lab, el grupo de expertos de referencia en el tema de Pegasus, al aludir a él como “una universidad del extranjero, de Canadá, habían descubierto que nosotros espiábamos”.

El argumento principal de López Obrador plantea que su gobierno ya no hace “espionaje”, sino “inteligencia”; y que no hay “ninguna ilegalidad” en ello. Explicó que el espionaje tiene que ver con una “persecución política”, como lo hacían los regímenes “del pasado”, mientras la inteligencia permite combatir a la delincuencia por medios que no sean la fuerza.

Sin embargo, el mandatario no pu-

do explicar por qué la Sedena espió las conversaciones de periodistas y defensores de derechos humanos como Ramos, o qué crímenes se evitaron con la intervención de sus teléfonos. “No podría contestarle”, le reviró a Roldán, y en otro momento agregó: “Puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata” --el titular del Centro Nacional de Inteligencia--, pero no desarrolló su idea.

En su defensa a la Sedena, sugirió incluso que Raymundo Ramos está vinculado a la delincuencia organizada –acusación que la Sedena lleva años esparciendo sin presentar prueba--, pues soltó: “Cuando hablan de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo, se los digo de manera sincera, mis dudas”. Y añadió, en contraste con sus propias palabras: “No estoy acusando a nadie”.

El mandatario también mantuvo una profunda ambigüedad sobre Pegasus. En reiteradas ocasiones, desde que tomó posesión como presidente, se ha referido al spyware de NSO Group, y ha afirmado que su gobierno nunca lo volvió a contratar. Sin embargo, ante una pregunta incisiva de Escobar, el mandatario alegó ignorancia.

“Es que lo de Pegasus, si mi pregunta a mí sobre Pegasus no podría yo contestarle porque no sé bien de qué se trata. Entiendo que es una marca, que es un sistema que incluye aparatos para espiar, para intervenir teléfonos”, aseveró el mandatario. Y se lanzó

Germán Canseco

Campo Militar No. 1. El “Búnker” del CMI

en una reflexión enredada: “Pero el Pegasus existe desde antes de Pegasus y después de Pegasus; creo que lo de Pegasus está vinculado a lo que antes se hacía con Calderón… García Luna fue el rey del manejo de Pegasus”.

Se infiere que López Obrador se refería al sistema de espionaje que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, operaba desde el “búnker” de la Plataforma México. Sin embargo, se trata de casos separados: en este caso, Pegasus fue adquirido por la Sedena en julio de 2011,

y el Centro Militar de Inteligencia (CMI) lo ha estado operando desde su propio búnker instalado en el Campo Militar No 1.

Después de sus reflexiones poco claras sobre Pegasus, López Obrador finalmente admitió que “sí se contrata tecnología, pero no sé si sea Pegasus (…) no creo que sea Pegasus, o sea de que se tiene un sistema de investigación para la inteligencia, sí”. Es decir, en lugar de negar la contratación de Pegasus, como lo hacía hasta este viernes, dejó abierta la posibilidad.

Durante su conferencia, el mandatario

se refirió al organismo que controla este “sistema de investigación” en términos muy imprecisos: lo llamó sucesivamente el “instituto de inteligencia del gobierno”, el “centro de inteligencia del Estado”, el “instituto de inteligencia del Estado” o la “oficina de inteligencia”.

Cuando Escobar le preguntó si se trataba del Centro Militar de Inteligencia (CMI), el presidente contestó que no; aseveró que es “el que maneja el general Audomaro Martínez”, es decir, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pese a la similitud entre sus nombres, estos dos órganos son muy distintos. El CNI es el nuevo nombre del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es decir, un cuerpo de inteligencia civil –aunque dirigido por un militar--. El CMI, por su parte, es una rama secreta del Ejército, que se dedica a la recolección de información “de interés” para el titular de la Sedena, entre otros con el spyware Pegasus.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la Sedena no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones privadas, por lo que el CMI opera al margen de la ley. Al sugerir que sólo el CNI controla un sistema de “inteligencia”, López Obrador dejó en el aire el señalamiento principal de EjércitoEspía: que la Sedena utiliza Pegasus para espiar a personas según sus propios intereses.

Un documento interno de la Sedena plantea que la misión del CMI consiste en “administrar y operar, de manera integral, la infraestructura tecnológica del Sistema de Inteligencia Militar (S.I.M.), para obtener y procesar información sensible, sobre los temas que sean del interés del Alto Mando y proporcionar información explotable, en tiempo real, a diversos Organismos y Mandos Territoriales, así como a otras Fuerzas Armadas que determine la Superioridad”.

En el mismo documento se plantea que el CMI conseguiría su información “en medios cerrados” y en “operaciones que realiza contra la delincuencia organizada”.

Según esta tarjeta informativa, el centro tiene la finalidad de conseguir información en fuentes no abiertas –es decir, con espionaje--, para el “interés” del titular de la Sedena, quien determina a qué mandos territoriales enviarla. En otras palabras: opera bajo la supervisión directa de Sandoval.

De hecho, en el organigrama de la Sedena, el Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene la función de apoyar al titular de la Sedena, por lo que el jefe en turno del EMDN responde directamente a San-

doval. El EMDN, a su vez, controla cuatro subjefaturas, incluyendo la Subjefatura de Inteligencia --con clave “S-2 (Intl)”--, de la cual depende el CMI.

Entre los archivos internos de la Sedena aparece un ejemplo claro de esta cadena de mando. El 10 de agosto de 2020 el coronel Everardo Becerra López, entonces jefe del CMI, envió al general Conrado Bruno Pérez Esparza, entonces titular de la S-2, un informe sobre el panorama delictivo de Acapulco, que el CMI había elaborado a petición expresa de la Secretaría Particular de Sandoval.

La Subjefatura de Inteligencia también tiene a su cargo los militares que operan en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) y los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfis), en los cuales coinciden soldados de la Sedena, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), así como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con otro informe interno, cuando López Obrador tomó posesión como presidente de la República, en diciembre de 2018, la Subjefatura de Inteligen-

cia del EMDN controlaba una estructura de 785 militares, integrada por un general, 38 jefes, 287 oficiales y 459 elementos de tropa. El CMI, entonces a cargo de Becerra, era el área más dotada en recursos humanos, pues contaba con 293 militares: 16 jefes, 82 oficiales y 195 soldados.

Tres años después, en agosto 2021, la estructura de la Subjefatura de Inteligencia se había triplicado: de acuerdo con una planilla orgánica, tenía 2 mil 323 elementos repartidos en cinco ramas, y dirigidos por seis generales –contra uno solo en 2018--, 79 jefes y 740 oficiales. El CMI tenía 619 militares, y estaba encabezado por un general.

De acuerdo con otros documentos internos de la Sedena, el CMI disponía en 2020 de un sofisticado arsenal tecnológico. En un inventario de 30 cuartillas, el CMI indicó que contaba con sistemas de intervención de comunicaciones conocidos como IMSI Catcher, analizadores vectoriales de radiofrecuencia –algunos ajustables en helicópteros–, analizadores de sistemas de espectros de comunicaciones, detectores de receptores de parásitos de comunicaciones bloqueadores de señales, cámaras de visión diurna y nocturna.

Germán Canseco

López Obrador. Ambigüedad sobre Pegasus

Ello, además de Pegasus: las intervenciones al teléfono de Raymundo Ramos que realizaron los agentes del CMI –en agosto y septiembre de 2020--coinciden plenamente con las fechas de infecciones con el spyware que el grupo de expertos del Citizen Lab detectó en el dispositivo del activista.

Aparte, el CMI aparece como “usuario final” del contrato de “servicio de monitoreo remoto de información” que la Sedena celebró en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, la cual contaba en ese momento con la representación de NSO Group para vender su tecnología –incluyendo, Pegasus— a la institución castrense.

Campo Militar No 1

Entre 2010 y 2012 el empresario tapatío José Susumo Azano Matsura, dueño de la empresa Security Tracking Devices, celebró una serie de contratos con la Sedena, entonces encabezada por el general Guillermo Galván Galván: a cambio de 5 mil 628 millones de pesos, el empresario vendió a la institución castrense una solución entera para su sistema de inteligencia, que constaba de ocho contratos, repartidos en tres fases.

El centro giraba alrededor del sistema Pegasus, una herramienta novedosa que prometía intervenir, entre otros, los teléfonos Blackberry, firma desarrollada por la entonces joven y desconocida empresa israelí NSO Group. Con el contrato, el Ejército mexicano se convirtió en el primer comprador de Pegasus en el mundo, con

el visto bueno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, un correo electrónico, que un intermediario –llamado Efran Resheff— envió a los dueños de NSO Group en mayo de 2011, señaló que Azano había acordado fechas para enseñar Pegasus al general Galván y al propio Calderón. “Me llamaron después de la confirmación, y me pidieron que hiciera lo mejor posible para estar ahí el martes, ya que el Secretario de la Defensa pidió una demostración un día antes (el jueves) y para el Presidente el viernes”, planteó el hombre israelí, como lo revelaron Proceso y medios aliados en julio de 2021.

Además de la licencia de Pegasus, el proyecto de Security Tracking Devices, llevado a cabo por Security Tracking Devices, incluyó la modernización del Centro de Comando y Control en un nuevo “centro de datos”, en el corazón del Campo Militar No 1, en la colonia Lomas de Sotelo.

La empresa se comprometió a equipar el recinto con una batería de computadoras, un módulo central, sistemas de señales satelitales y estaciones remotas móviles de comunicación. En sus archivos internos la Sedena se refiere al proyecto como “fases del sistema de inteligencia regional para incrementar las capacidades de la S-2 (Intl) EMDN”.

Sin embargo, el proyecto no salió como esperado. Según la Sedena, la empresa de José Susumo Azano incumplió con la entrega de bienes por 855 millones de pesos en las fases II y III del proyecto, lo que hacía inservible una parte de la tecnología instalada. La fiscalía militar lanzó una investigación y la Sedena presentó una denuncia ante la extinta Procuradu-

ría General de la República (PGR). El caso fue un escándalo al interior de la Sedena, e incluso desbordó en el ámbito mediático, cosa poco común en el hermetismo que caracteriza a la Sedena.

En enero de 2014 Alex Velasco, entonces representante en México de la empresa italiana Hacking Team --rival de NSO Group en el desarrollo de spyware--, describió a sus superiores el centro construido por la empresa de Azano como “un enorme búnker con dos edificios de concreto que se ve desierto, vacío, lleno de tecnología y sin vida”.

Como la institución castrense rescindió los contratos, la empresa de Azano recurrió en tribunales administrativos, lo que derivó en una extensa batalla legal que seguía vigente el año pasado.

Pese a ese pleito, Susumo Azano mantuvo un contacto cercano con el aparato de inteligencia de la Sedena: el 14 de octubre de 2020 envió una propuesta para el CMI a Conrado Bruno Pérez Esparza, entonces responsable de la Subjefatura de Inteligencia. “Estimado general Bruno Esparza, en atención a las pláticas sostenidas, nos permitimos enviar a usted la siguiente información (confidencial) para su amable consideración. Para cualquier duda o aclaración favor de enviar email”, se puede leer en un correo que el tapatío envió al militar, acompañado con un vínculo de DropBox.

El general Sandoval siempre estuvo al tanto de la situación del CMI. El 3 de diciembre de 2018, es decir, apenas dos días después de tomar las riendas de la Sedena, el general recibió una “agenda ejecutiva” que le envió el equipo del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el otrora titular de la Sedena de Enrique Peña Nieto.

Esta agenda constaba de cuatro temas: “blancos prioritarios y detenciones relevantes”, “panorama postelectoral y electoral”, “escuelas normales rurales del país”, y … “problemática presupuestal del CMI”; este último daba cuenta de la situación administrativa y legal del pleito con Security Tracking Devices. A finales de 2018 la Sedena tuvo que contratar a otra empresa para finalmente echar a andar las plataformas tecnológicas del centro.

Además de triplicar la nómina del aparato de inteligencia de la Sedena, el general Sandoval tuvo planes específicos para su rama de espionaje: el 11 de mayo de 2019 el general realizó una visita al CMI con directivos de la empresa Seguritech, dirigida por Aaron Picker Schatz. Ahí evaluaron la posibilidad de instalar un C5 en el centro. En agosto siguiente el empresario le entregó en persona una propuesta para interconectar el CMI con los C5 del Estado de México, de Hidalgo, de Michoacán y de Sonora, pero también para renovar las pantallas en las paredes, así como 156 computadoras.

El organismo oficial y su escudo

CASO NUEVO LAREDO

INTIMIDACIÓN CASTRENSE Y PRESIÓN INSTITUCIONAL SOBRE VÍCTIMAS DE ABUSO

Después de que la CNDH dictara medidas cautelares en favor de las familias de los jóvenes agredidos por militares en Nuevo Laredo a fines de febrero, personal del Ejército trató de intimidar a una de ellas al presentarse en su domicilio e insultarlos. Uno de los afectados señala que, además, la CNDH presiona para que dejen de representarlos legalmente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y, a su vez, el Ejército trata de llegar a un arreglo económico para que el caso no llegue a juicio.

Una semana después de que sus hijos Gustavo y Alejandro fueron atacados por militares en Nuevo Laredo –hechos en los que murió el primero–, soldados a bordo de cuatro vehículos se estacionaron frente al domicilio de Enrique Pérez y el oficial que iba al mando amenazó con detenerlo.

“Apenas iba a salir mi hijo (Alejandro) para comprar algo de comida, cuando ya estaban los militares ahí; empezaron a decir puras cosas altaneras, maldiciones y que trabajábamos para cárteles y que nuestro carro olía a mariguana”, recuerda Pérez en entrevista con Proceso.

GLORIA LETICIA DÍAZ

Dice que, con tranquilidad, se identificó con el oficial como familiar de la víctima, pero que en ese momento no contaba con documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como beneficiario de medidas cautelares.

“Me dijo: ‘Yo soy abogado de los soldados, a mí me valen madre esas cosas, yo me los puedo llevar a la hora que quiera porque ustedes están incumpliendo una orden’. Le pregunté que a qué orden se refería, y siguió insultándome.

“Yo sólo lo escuché y cuando terminó le pregunté que si estaba seguro de lo que decía, porque las cámaras lo estaban grabando, y le señalé las cámaras de vigilancia que unos días antes había instalado como recomendación de mis asesores le-

gales”, apunta Enrique, quien es representado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).

El padre de los jóvenes víctimas de militares resalta que de inmediato el oficial dio orden de retirada y le gritó que revisara su vehículo, “porque luego dicen que somos rateros”. El video de cámara de vigilancia marca que los hechos ocurrieron pasadas las 00:30 del 5 de marzo.

Horas antes Enrique Pérez, acompañado del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, dio declaraciones a medios de comunicación, anunciando que no descansaría hasta limpiar el nombre de sus hijos, quienes trabajaban como mecánicos diésel en Laredo, Texas, pero a quienes en redes sociales y algunos medios se les vinculó con el crimen organizado.

“Si yo supiera que mis hijos andaban en malos pasos no estaría exigiendo justicia, tendría vergüenza de no haber hecho nada para pararlos”, sostiene.

El 4 de marzo denunció que vecinos cercanos al lugar donde ocurrió la masacre del 26 de febrero atestiguaron que soldados despojaron de joyas, dinero y celulares a los jóvenes asesinados, además de quitarle la llanta a la camioneta en que viajaban.

“No sé si fue coincidencia que llegaran los soldados a mi casa después de hacer esas declaraciones, si fue una acción de rutina o si en verdad querían intimidarme. Si pasan patrullas por mi casa, no quiero pensar en que me quieren intimidar, lo que quiero es ser fuerte para salir adelante y obtener justicia para mi hijo”, enfatiza Enrique Pérez.

Entre el crimen y abusos militares

La familia Pérez, como las otras familias de los jóvenes acribillados, cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, las cuales fueron tramitadas el 4 de marzo, seis días después de la matanza, ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y notificadas al personal castrense de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo el 7 de marzo, urgiendo a que las unidades militares “se abstengan realizar actos de molestia e intimidatorios, así como evitar apersonarse a los domicilios de las víctimas con datos reservados”.

Fue hasta el viernes 3 que un grupo de cuatro abogados de la CNDH encabezados por el director de la Segunda Visitaduría, Jair Pasaran, acudió a Nuevo Laredo a recoger el testimonio de los dos jóvenes sobrevivientes y sus familias, así como de los familiares de algunos de los fallecidos.

En el caso de Alejandro, los funcionarios de la CNDH se fueron con las manos vacías. “Habíamos pedido que mandaran psicólogos y médicos para que pudiera declarar mi hijo –dice el entrevistado–, porque todavía se altera cuando le pedi-

DERECHOS HUMANOS

mos que recuerde lo que pasó, por eso no permitimos que él hablara si no había ese personal que lo atendiera.

“Mi esposa y yo hablamos con los señores de la CNDH, les dijimos lo que mi hijo nos contó y lo que vio la señora que vive en la casa frente a la que ocurrieron los hechos: que mi hijo Gustavo estaba vivo, que gritaba por ayuda para su hermano y que de repente se escuchó un disparo y ya no se oyó su voz; que a Alejandro lo patearon en el piso y se quedó con su hermano, vio cómo se desangraba”, agrega.

Entre las peticiones que los padres de Alejandro hicieron a la CNDH resalta la atención médica y psicológica para el sobreviviente, medidas de protección ante posibles amenazas por su calidad de testigo de la masacre, investigación efectiva y sanción para todos los efectivos militares que atacaron a los jóvenes y atención médica y psicológica para la familia.

Enrique Pérez dice que, cuando los visitadores del organismo fueron a su casa, intentaron convencerlo de prescindir del acompañamiento del CDHNL, que con la asesoría de la CNDH bastaba. Mantendrían comunicación por vía telefónica y correo electrónico.

“Yo les dije que tenía conocimiento de estas cosas y que sabía que tenía derecho a tener un asesor, que ellos se iban a ir a la Ciudad de México, pero que yo los necesitaba en Nuevo Laredo, que no dejaría la asesoría de Raymundo porque él y su equipo nos informan qué se necesita para la carpeta y nos da avances”, relata.

Algo similar ocurrió el 2 de marzo, fecha en que familiares de las víctimas fueron citados por un oficial de apellido Carballo, adscrito a la Unidad de Atención a Víctimas de la Sedena (Univic), quien pretendió excluir de la reunión a los abogados del CDHNL. Esto fue rechazado por los padres de los muchachos; dejaron claro que los habían nombrado sus representantes legales.

“El señor Carballo nos dijo que iba a nombre del Ejército a darnos una disculpa por lo que había pasado, a ofrecernos un apoyo, una reparación de daño, y arreglar las cosas de una forma pacífica. No sé si ese señor quería comprarnos”, señala Enrique.

Dice que le explicó al funcionario que sólo le interesaba alcanzar justicia y estaba dispuesto a “irme a juicio para que los militares paguen lo que hicieron”.

Carballo replicó que irse a juicio podría durar hasta cuatro años y que hasta entonces tendrían una reparación del daño, por lo que insistió en que, si los padres aceptaban, notificaba de inmediato a sus superiores para que se liberaran los recursos.

Carballo no alcanzó a especificar el monto que pagaría la Sedena por cada una de las víctimas porque “un papá le gritó

El vehículo atacado

“VAMOS A MATARLOS PORQUE SON DEL NORESTE”

GLORIA LETICIA DÍAZ

En proceso de recuperación después de haber recibido cuatro balazos de elementos del Ejército Mexicano, uno de ellos dirigido a ejecutarlo, Luis Gerardo no duda en exigir justicia para los cinco amigos con los que departió la noche del sábado 25 y la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, quienes murieron por las balas castrenses.

En su declaración ante la agente del Ministerio Público de la Federación, en el hospital donde convalece, Luis Gerardo describe la brutalidad de los soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, que se desplazaban en cuatro vehículos militares, y confirma el testimonio de Alejandro, quien sobrevivió ileso a la lluvia de balas, de que nunca recibieron una señal de advertencia antes de la agresión (Proceso 2418).

En su testimonio, al que tuvo acceso este semanario, Luis Gerardo, de 25 años, resalta el seguimiento de parte de los vehículos militares cuando ingresaron a la colonia Manuel Cavazos Lerma, lo que ha sido comprobado a través de un video de un cámara de circuito cerrado de un negocio que está a 400 metros del la esquina de Huastecas y

Méndez, donde ocurrió la agresión, obtenido por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que representa a las víctimas directas e indirectas del ataque militar.

Los jóvenes advirtieron el seguimiento, pero no le dieron importancia; iban “como si nada”, confiados en que no llevaban con ellos nada ilícito. Tal vez lo único que se les podría reprochar es que del centro nocturno donde estuvieron, “salimos bien borrachos”.

El testimonio de Luis Gerardo ante la Fiscalía General de la República (FGR) coincide con el de Alejandro: antes de disparar contra ellos, un vehículo militar impactó por atrás a la camioneta blanca en la que viajaban hasta provocar que chocara con un automóvil estacionado en la calle, momento en el que empezaron los disparos por atrás y después por el frente.

Luis Gerardo pudo advertir que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descendieron de sus vehículos para dispararles, desoyendo los gritos de los jóvenes de que estaban desarmados.

“En ese momento yo me bajé de la camioneta porque venía herido y es en ese

momento que miro que la segunda unidad de la Sedena se pone en la parte de atrás; quienes se bajaron de esa unidad, los soldados, nos empezaron a disparar”, narra en la declaración ministerial.

Luis Gerardo recuerda que, tirado en el suelo, preguntó a los soldados por qué les disparaban si no iban armados. “Ellos nos dijeron que éramos del Noreste (Cártel del Noreste), que dónde estaban las armas”.

En su declaración el joven relata cómo un militar buscó ejecutarlo extrajudicialmente, pese a que se encontraba herido y suplicaba por asistencia médica, tal como lo hicieron sus compañeros, para quienes la respuesta fueron risas y gritos de que los iban “a matar porque éramos del Noreste”.

“Yo intenté tomar mi teléfono –continúa–para hacer una llamada a mi mamá, para decirle a mi mamá que me recogiera, pero un soldado me arrebató los dos teléfonos que traía yo, los pisó y luego los levantó y colgó la llamada que yo estaba haciendo.

“Yo quise marcar a mi mamá. En ese momento ese soldado me da un disparo por la espalda… me quejé porque estaba herido y le suplicaba ayuda, le decía que Sanidad,

que cómo ofrecía una reparación de daños si apenas empezamos el proceso de investigación de lo que pasó, si los muchachos no eran animales, no eran cualquier cosa que se paga con dinero”.

Enrique Pérez, transportista de mercancía de exportación a Estados Unidos, admite que en Nuevo Laredo prevalece un ambiente que coloca a la ciudadanía en dos frentes: por un lado está la violencia

de delincuencia organizada y por el otro los abusos del Ejército y Guardia Nacional, de ahí que recomendaba a sus hijos no andar a deshoras en la calle.

“Para mi hijo Gustavo fue la tercera vez que sufría algo por el Ejército. Una vez lo robaron, le quitaron el dinero que acababa de cobrar en Estados Unidos, les quitan sus gorras… Una vez me lo mandaron descalzo, yo creo que a los soldados les gustaron sus tenis, porque mis hijos vestían bien, andaban en buenos carros, porque ganaban dinero en Laredo. Tengo sus gafetes y sus cartas de trabajo.

“Cuando le quitaron su dinero, regresó llorando de coraje, había salido nada más a la tienda a comprar algo y le dije ‘para qué te sales, te estoy diciendo que te quedes aquí en la casa’. Y él me decía ‘¿A poco no puedo salir?’ Nunca pusimos ninguna denuncia porque no le veía el caso, yo le decía ‘para que aprendas y no llegues tarde’”, recuerda Enrique.

Originario de Nuevo Laredo, el entrevistado relata que ha sabido de varios casos de abusos de militares contra civiles, a los que suelen dar de “tablazos en las nalgas”, y que no es la primera vez que llevan a cabo una ejecución arbitraria.

“Vivo en un crucero sobre la carrete-

Militares. Contra las medidas cautelares

pero él decía que me iba a matar porque éramos del Noreste, siendo que yo le decía que sólo andábamos tomando”.

El joven, que durante días fue inducido a coma, declara que se incorporó para pedir una ambulancia, momento en que fue encañonado por un militar, por lo que se tiró a la banqueta y se colocó en “posición fetal, porque yo sólo miraba rojo, vomitaba sangre, fue cuando ese soldado me pateó con sus botas en la cara”.

Reconoce que, entre la crueldad de los

militares, llegó a escuchar la voz de uno que le decía: “Aguanta muchacho, aguanta muchacho, ya viene la ambulancia”, pero que la asistencia médica “se tardó mucho en llegar” y él se desmayó por la pérdida de sangre.

En su declaración, Luis Gerardo sostiene su intención de interponer una denuncia “en contra de los soldados por las heridas que me hicieron, pues aún tengo en mi cuerpo las balas”. Y exige: “Quiero que se haga justicia, que paguen por las vidas de mis amigos,

DERECHOS HUMANOS

porque sólo un amigo y yo sobrevivimos”.

Su asesor jurídico, integrante del CDHNL, pidió el pleno esclarecimiento de los hechos y tomar en cuenta que por el testimonio de Luis Gerardo se advierte que “fueron más los participantes que agredieron con sus armas” y no sólo los cuatro soldados que dispararon sin autorización de su mando superior, como han informado las autoridades castrenses.

Antes de la declaración ministerial de la víctima, el 3 de marzo los abogados de la organización civil solicitaron a la FGR “se les realice a los elementos castrenses que participaron en la agresión y muerte de las víctimas directas dentro de la carpeta el estudio y/o examen de toxicología (alcoholemia, drogas, etc)”, así como un procedimiento “pericial en materia balística” a las armas de cargo de los otros 16 militares que viajaban en el convoy y los cuales se enlistan en el Informe Policial Homologado firmado por el capitán de Caballería Elio Conde Toledano, fechado el 26 de febrero.

Según ese documento, Conde Toledano se deslindó de haber ordenado disparar contra la camioneta, y dice que al dar indicaciones para detener el fuego preguntó quiénes habían accionado sus armas, respondiendo voluntariamente cuatro cabos de caballería, quienes estarían siendo procesados por “desobediencia” e internados en el Campo Militar Número Uno (Proceso 2418).

ra. Ha habido balaceras brutas, que duran entre 10 a 15 minutos. En una ocasión venía un muchacho manejando y un soldado le disparó en la cabeza, lo mató. No sé si le pararían el alto, pero el muchacho no traía nada.

“Cuando los vecinos fuimos a ver qué pasaba, los soldados nos apuntaban con sus armas y nos gritaban ‘¡sáquense a la chingada!’ Querían hacer su montaje para deslindarse”, recuerda.

Para Enrique Pérez la curiosidad de los vecinos de la colonia Manuel Cavazos Lerma, donde ocurrió la masacre, podría haber sido la salvación de Alejandro y de su amigo que sobrevivió a pesar de los cuatro balazos que recibió, uno de ellos por la espalda.

“Lo que sabemos es que el herido gritaba porque pensaba que lo iban a rematar. Dentro de la casa la señora también gritaba por la vida de los muchachos, y pues la gente es terca, empezó a salir de sus casas y juntarse a ver qué pasaba. Yo creo que a los soldados se les salió de control la situación y decidieron parar”, explica.

Convencido de que los “soldados están destinados para matar a gente o al enemigo”, Enrique Pérez aventura otra hipótesis de cómo fue que su hijo Alejandro sobre-

vivió ileso y su amigo se sobrepuso a las heridas.

“No sé si Dios habrá protegido a mi hijo y le ablandó el corazón al soldado que le preguntó si quería vivir, porque otro sol-

dado estaba gritando ‘¡mátalos, mátalos!’. El otro muchacho, tiene cuatro impactos de bala, uno por la espalda para matarlo. Ya sería cosa de Dios que los cubrió. No sé si estarían rezando”, concluye.

Luis Gerardo. Testimonio

Especial

Familia Pérez y personal de la CNDH

EL ALCALDE DE MATAMOROS

SOBRE LA NARCOVIOLENCIA:

“ASÍ NOS TOCÓ VIVIR”

Contrario a lo que ocurre con miles de desaparecidos mexicanos, las autoridades federales y estatales, bajo presión de Washington, se movilizaron para encontrar a los cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros el viernes 3, dos de los cuales fueron asesinados. La ciudad fronteriza vive una crisis de seguridad y miles de homicidios sin resolver. Su alcalde, Mario López Hernández, dice que los matamorenses ya están acostumbrados a cohabitar con el narco. Y, resignado, agrega: “Así nos tocó vivir”.

MATAMOROS, TAMPS.– En un contexto de crisis de seguridad pública permanente en Tamaulipas, causada por el crimen organizado, con miles de desaparecidos y homicidios sin resolver, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Américo Villarreal Anaya se aprestaron a colaborar con el gobierno de Joe Biden para localizar en cuestión de horas a cuatro ciudadanos estadunidenses, que fueron secuestrados el viernes 3 en este municipio fronterizo.

Mientras se acumulan las desapariciones y los reclamos de miles de mexicanos que demandan la búsqueda y localización de familiares, en esta ocasión todo el apa-

rato de Estado, fuerzas federales y estatales emprendieron el rastreo de los estadunidenses procedentes de Carolina del Norte, que ese viernes 3, cuando cruzaron la frontera por Brownsville, fueron interceptados, baleados y secuestrados por integrantes del Grupo Escorpiones del Cártel del Golfo (CDG).

La participación de las organizaciones estadunidenses –específicamente del FBI–en las investigaciones “con todos los niveles de gobierno” en México fue señalada por la propia dependencia y por el embajador Ken Salazar, con todo y que el presidente López Obrador y el gobernador morenista Villarreal mantuvieron el discurso de que no había tal intervención.

El día del secuestro la Fiscalía de Tamaulipas sólo dio a conocer que había

una situación de riesgo en la ciudad fronteriza, pero no proporcionó más información oficial. Fue hasta que las autoridades estadunidenses expresaran su enfado por el incidente, el domingo 5, cuando se activaron todas las fuerzas del orden al sur del río Bravo.

Los cuatro estadunidenses fueron encontrados el martes 7 a las 6:30 horas, encerrados en una casa de madera en el ejido El Tecolote de este municipio fronterizo.

Shadeed Woodard y Zindell Brown estaban muertos, Eric Williams estaba vivo, pero con una herida de bala en una pierna, y Latavia McGee resultó ilesa. En el lugar del hallazgo fue aprehendido José Guadalupe, un joven de 24 años que cuidaba a las víctimas, que actualmente enfrenta un proceso por secuestro agravado.

LUCIANO CAMPOS GARZA

En el día del ataque contra los estadunidenses, además, una mexicana murió por una bala perdida; se trata de Areli Pablos, de 33 años. Esa tarde, a la hora de la comida, la víctima salió de su oficina, donde era asistente de administración, en el cruce de las Calles Santos Degollado y Primera.

En un recorrido efectuado en el área para reconstruir su trayecto, de acuerdo con el testimonio de sus compañeros de trabajo, la joven caminó unos 100 metros hacia el sur, por Primera, y mientras esperaba abordar el transporte público frente a ella se desató la balacera.

A la par del operativo de rescate de los estadunidenses se realizaba otro para detener a los responsables de la agresión. Las autoridades de ambos países identi-

ficaron la zona del secuestro como parte del territorio donde opera el Cártel del Golfo.

Así, el jueves 9 presuntos integrantes de la organización criminal abandonaron en calles de Matamoros a un grupo de personas que estaban maniatadas; se trata de supuestos sicarios del propio cártel que –según una cartulina dejada en el lugar– actuaron por su cuenta en el secuestro y homicidio de los estadunidenses.

Estas personas se identificaron antes las autoridades como Ever Noel H. de 28 años, originario de Guatemala; Antonio V, de 33 años, y Juan Francisco L, de Río Bravo; Luis V, de 21 años, originario de Tula, y Gustavo, de 31 años, de Matamoros. Se les encontraron dos armas largas, una corta y cartuchos.

La Fiscalía estatal confirmó la implicación de estos jóvenes en el caso estadunidense, y los acusó de secuestro agravado y homicidio simple intencional.

Cohabitar con el narco

En entrevista con Proceso, el alcalde Mario López Hernández rechaza que el crimen organizado se haya apoderado de la ciudad, aunque reconoce que la ciudadanía ya se acostumbró a cohabitar con los narcotraficantes que, asegura, hacen sus actividades de manera independiente.

Matamoros es la base histórica del Cártel del Golfo; y el territorio para el trasiego de drogas y otras actividades criminales se lo dividen geográficamente sus células Ciclones y Escorpiones.

Juan Alberto Cedillo

Matamoros. Inseguridad, mal crónico

Tras el secuestro de los estadunidenses la ciudad luce apacible, con recorridos permanentes de soldados en camionetas. Escasea la presencia de la policía de la entidad, ahora llamada Guardia Estatal. La gente sigue con su vida normalizada en el conocido caos vial en el primer cuadro de la ciudad, con calles estrechas y exceso de vehículos.

El presidente municipal, conocido en la política local como La Borrega, menciona que el crimen organizado “convulsiona” las ciudades grandes mexicanas en la frontera sur de Estados Unidos, y que Matamoros tiene presencia permanente de narcotraficantes desde 1980; es un fenómeno con el que “así nos tocó vivir”.

Sin embargo, niega que los criminales controlen la ciudad. “Estamos gobernando nosotros, totalmente. Ellos traen sus cuestiones que ya sabemos. Los que somos nativos de aquí sabemos cómo es el crimen organizado, pero deben ser las autoridades estatales y federales las que tomen las decisiones”, dice.

Desde 2007, cuando arreció la actividad del CDG con disputas internas, se desintegró la policía municipal de Matamoros, que estaba invadida por criminales con placa. El control de la seguridad pública lo tomaron, desde entonces, la Policía Estatal y el Ejército, recuerda el edil.

Actualmente López Hernández pide que sea creado un centro de control de información C4 en la ciudad, para que desde aquí se dé directamente la información a los mandos para que actúen con celeri-

dad, pues el centro de control se encuentra en Reynosa, municipio ubicado a 90 kilómetros. La retransmisión de órdenes es lenta, dice.

Insiste en que el municipio no está descontrolado, aunque eso no explica que apenas en estos días arribaron procedentes de Reynosa 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 100 de la Guardia nacional para hacer trabajo preventivo con patrullajes y rondines.

El miércoles 8, Día Internacional de la Mujer, el gobernador Américo Villarreal hizo acto de presencia en esta esquina del país, municipio con 700 mil habitantes. El motivo fue la inauguración de un refugio para mujeres. El acto estuvo resguardado por un inusual operativo de soldados que rodearon el recinto, denominado Mundo Nuevo, y se dispersaron por los alrededores.

En el acto no mencionó a la matamorense que fue asesinada en el fuego cruzado cuando los estadunidenses fueron secuestrados, pero sí entregó un reconocimiento a la cónsul de Estados Unidos en esta ciudad, Yolanda A. Parra, y dijo que “no es casualidad, que este día estemos aquí en Matamoros para devolverles a las mujeres de Tamaulipas un espacio fundamental, un refugio seguro y digno que las acoja cuando enfrentan circunstancias de violencia o ante cualquier otra amenaza”.

Al terminar la inauguración el mandatario estatal llamó a revertir la mala fama que tiene el estado, al que se le considera un sitio violento, pero que aseguró que está dentro de las diez entidades más seguras en el país.

Fue hasta la entrevista después de la inauguración que Villarreal se refirió a la víctima, a la que no menciona por su nombre. Señala que el estado y el municipio ya apoyan a su familia.

Areli fue velada el martes 7 en la Iglesia Cristiana Pentecostés Maranatha en la colonia Delicias. Excompañeros de trabajo entrevistados la describieron como una “una mujer de mucha fe, simpática y alegre”.

Proceso solicitó hablar con la cónsul estadunidense en Matamoros, pero no hubo respuesta.

Por la tarde del miércoles 8 el sol cala en el punto donde ocurrieron los hechos violentos. Es un cruce de tres caminos donde se complica la vialidad. Un sistema de semáforos inoperante hace que de manera constante exista un atorón de coches que deben resolver los conductores dándose paso a señas.

Los que avanzan por Primera o por Lauro Villar deben hacer maniobras para incorporarse a la calle Pedernal, que se encuentra en diagonal con estas dos.

Tal vez acostumbrada a las situaciones de riesgo, días después de la balacera,

la gente regresó a sus rutinas. No hay negocios cerrados.

Tamaulipas había estado recientemente en el escrutinio público internacional por la muerte de cinco jóvenes acribillados en el municipio fronterizo de Nuevo Laredo, la madrugada del 26 de febrero último. Se desplazaban en una camioneta cuando fueron alcanzados por una patrulla del Ejército desde la que les dispararon más de 20 balazos. Hubo dos sobrevivientes, uno de ellos herido de gravedad. (Proceso 2418).

Las dudas

El diputado local de Morena Isidro Vargas Fernández se muestra escéptico del argumento que señalaron los secuestrados sobre su presencia en México, pues le parece inverosímil que hayan recorrido dos mil 500 kilómetros desde Carolina del Norte, en la Costa Este, hasta Matamoros para que Latavia, en compañía de tres hombres, se practicara una cirugía estética.

“Tendría que revisarse el principal motivo por el que estaban esos ciudadanos extranjeros en Matamoros, a qué se dedicaban estas personas, y saber el motivo real de su estancia en la ciudad.

“Siempre vemos que no hay en el lado americano cárteles, detenciones de funcionarios y policías corruptos en Estados Unidos, y parece ser que todo el mal está en México. Alguien debe distribuir las drogas allá”, dice.

El diario Daily Mail publicó que los cuatro secuestrados tienen antecedentes por incidentes relacionados con drogas. Los tres hombres por posesión y distribución; y la mujer por agredir a su hija.

Los dos cuerpos de los estadunidenses asesinados permanecieron en el Servicio Médico Forense local. El sitio estaba resguardado por soldados en tanquetas blindadas.

El jueves 9 por la tarde, luego de las autopsias y análisis correspondientes, los cuerpos fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos en el lado texano del Puente Internacional Los Tomates.

El viernes 3 ocurrió el secuestro, pero la Fiscalía General de Tamaulipas guardó silencio el sábado 4 y el domingo 5. El mismo domingo el FBI ofreció 50 mil dólares a quienes proporcionaran información que condujera a la localización de los presuntos turistas y permitiera hallar a los responsables de su agresión.

“El FBI, sus socios federales, y las autoridades policiacas mexicanas están investigando el caso”, declaró Oliver Rich, agente especial encargado de la oficina en San Antonio.

El lunes 6 el embajador en México, Ken Salazar, alertó sobre sus compatriotas secuestrados “a punta de pistola”.

Luciano Campos

López. “Nosotros gobernamos”

“Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadunidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas”, dijo.

Al día siguiente, en una carta que publicó en Twitter, se quejó de la inseguridad en México y reprochó al gobierno de López Obrador que no tiene autoridad sobre todo el territorio nacional. “Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de inseguridad y violencia. Nos preocupa, particularmente, el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona conocida como Frontera Chica”.

Hasta entonces México reaccionó… En una conferencia de prensa conjunta que ofrecieron ese mismo lunes 6, el fiscal general del estado, Irving Barrios, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Chávez, anunciaron la operación de un grupo de búsqueda, creado especialmente para localizar a los secuestrados, integrado prácticamente por todas las fuerzas federales y estatales.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, llamó la atención del caso el martes 7, en conferencia de prensa, en el Departamento de Justicia de EU: “Me ha reportado el FBI que ha colaborado con las autoridades de México, y altos funcionarios; trabajan con sus similares del Departamento de Estado”.

Reclamos en México

Integrantes de organizaciones sociales de búsqueda de desaparecidos en México cuestionaron la rápida y eficaz actuación de funcionarios de los tres niveles de gobierno de México en el caso de los estadunidenses secuestrados.

Delia Quiroa Flores, del Colectivo 10 de Marzo de Tamaulipas, considera que es “una ofensa” todo el aparato del Estado mexicano para complacer a Estados Unidos, cuando, en cambio, no hay rastreo de los compatriotas desaparecidos.

“Es una ofensa, una afrenta, una traición porque nunca se ha hecho eso por un ciudadano mexicano desaparecido o secuestrado aquí. Siempre dicen que no pueden o que hay que esperar a que se integre la investigación, pero nunca se ponen a investigar así de inmediato. Se hizo esto porque Estados Unidos presionó, y tuvo mucho que ver el video que alguien subió a las redes sociales”, dice.

Delia busca a su hermano Roberto, desaparecido el 10 de marzo del 2014 en Reynosa. Dice que trata de localizarlo con acompañamiento de agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aunque son los familiares los que deben impulsar estos operativos en fosas clandestinas y terrenos.

Presuntos sicarios “entregados por el cártel”

TRAS EL SECUESTRO, EU BUSCA RECUPERAR ESPACIOS EN MÉXICO CONTRA EL NARCO

DALILA ESCOBAR

La desaparición de cuatro ciudadanos estadunidenses y posterior hallazgo de dos de ellos muertos, un herido y una más ilesa en Matamoros, Tamaulipas, detonó reuniones, llamados e intercambio de declaraciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que derivó en

la advertencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de que se tienen que desmantelar los cárteles en territorio mexicano, pero que eso no se logrará sin la confianza entre las agencias de seguridad de ambas naciones.

La declaración del representante de la administración de Joe Biden fue una alu-

sión clara a la medida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de acotar la operación de los agentes de la DEA en territorio mexicano, luego de la experiencia durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña en las cuales las agencias estadunidenses operaban sin control en territorio nacional.

La participación de agentes del FBI en el rápido esclarecimiento del caso que involucró a los cuatro estadounidenses, presuntamente ligados al tráfico de drogas, llevó al embajador a insistir en la necesidad de la cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual ha sido limitada por el actual gobierno de la 4T.

El intercambio de información –por la desconfianza por parte de México– se redujo aún más después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general en retiro Salvador Cienfuegos, a quien el Departamento de Justicia acusaba de proteger al narcotráfico. (Proceso 2299).

La noticia sobre la desaparición de los estadunidenses se conoció el viernes 3 por videos difundidos en redes sociales, donde se observa a personas subiendo los

Miguel Dimayuga

Salazar. Reclamo para México

La crisis bilateral que detonó el secuestro de los ciudadanos estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, que incluso dio pie a una propuesta republicana de enviar tropas a México, le ha abierto la puerta al gobierno de Joe Biden para intentar recuperar los espacios de acción que –en nombre de la lucha antinarco– tenía con agencias de seguridad mexicanas, pero que fueron acotadas en el gobierno de la 4T. “Tenemos que fortalecer los esfuerzos entre Estados Unidos y México con nuestros equipos de seguridad y nuestras agencias de seguridad”, reclama el embajador Ken Salazar.

cuerpos de los extranjeros en una camioneta, lo que desató una respuesta inmediata del gobierno estadunidense. En este hecho destaca la muerte de una mexicana de 33 años, quien fue alcanzada por una bala perdida.

El mismo viernes el Consulado de Estados Unidos en Matamoros publicó el recordatorio de la alerta de viaje nivel 4 para ese municipio en Tamaulipas. Cuando se confirmó que las víctimas eran estadunidenses, el FBI anunció el domingo 5 una recompensa de 50 mil dólares para quien ofreciera informes que llevaran a encontrarlos y a la captura de los responsables.

Fue entonces que el gobierno mexicano estableció un grupo de trabajo de alto nivel con la participación de los tres niveles de gobierno y las agencias de seguridad de Estados Unidos; 72 horas después del secuestro, López Obrador dijo que los estadunidenses cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, “y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos, eso es la información que tenemos”.

Reunión en Palacio Nacional

Ese mismo lunes el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, ofreció una conferencia en la cual informó los primeros detalles; en tanto que la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que “este tipo de ataques son inaceptables”.

En la Ciudad de México el embajador de Estados Unidos acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente. El encuentro duró dos horas, y luego Ken Salazar se retiró sin dar declaraciones.

Después de que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmara durante la conferencia matutina en Pala-

cio Nacional la muerte de dos de los secuestrados, el Gabinete de Seguridad, el propio mandatario estatal y el fiscal de Tamaulipas ofrecieron una conferencia en la Ciudad de México en la que revelaron que la línea de investigación más sólida apuntaba a una confusión cometida por el Cártel del Golfo.

Al día siguiente circuló un supuesto mensaje en el que integrantes de este grupo ofrecieron disculpas y por ello entregaron a los presuntos involucrados directos, por lo que calificaron como un error cometido por estos sujetos, aunque el presidente dijo no tener información al respecto.

En medio de las confirmaciones sobre los secuestrados, el Ejecutivo federal emparejó las advertencias a representantes republicanos que amagaban con impulsar una iniciativa para que militares estadunidenses intervinieran en suelo mexicano para combatir a los cárteles, descalificaciones que culminaron este viernes en: “¡Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes! A México se le respeta”.

Además, el mandatario mexicano anunció una campaña para llamar a los connacionales que viven en el país vecino a que no voten por ellos.

Horas antes, el jueves 9, López Obrador se reunió por más de tres horas con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también con Ken Salazar, con Rahul Gupta, director de la Oficina Nacional de Control de Drogas; Lisa Monaco, subprocuradora general, y John Tien, subsecretario de Seguridad Nacional, entre otros.

Por la mañana del viernes 10 el presidente mexicano expuso que abordaron el tema del fentanilo, el tráfico de armas y el respeto a la soberanía de México; pero dos

horas después, en conferencia de prensa, el embajador Salazar reveló un detalle más:

“Tenemos que fortalecer los esfuerzos entre Estados Unidos y México con nuestros equipos de seguridad y nuestras agencias de seguridad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ahí tenemos todas las agencias que ustedes ya conocen.

“Es prioridad para Estados Unidos, entonces, trabajar con todas las agencias del gobierno mexicano para confrontar esta delincuencia, este problema de interés de las dos naciones.

“Vamos a fortalecer de manera operativa, de manera de recursos el esfuerzo contra el fentanilo y con la delincuencia que nos trae ese problema a Estados Unidos y México”, expuso.

Insistencia de EU

Al preguntarle qué margen de acción permitiría México a los agentes de la DEA y el FBI, el diplomático estadunidense respondió: “Hay que tener confianza, yo fui fiscal en Colorado, para la seguridad hay que tener confianza entre quienes la trabajan. Eso lo llevamos trabajando diariamente para que tengan nuestra confianza entre estas agencias de Estados Unidos y México, eso lo vamos a seguir haciendo todos los días”.

Salazar puntualizó: “Nosotros invitamos a las agencias de seguridad y defensa a que también estén con nosotros en Estados Unidos en los centros de capacitación en distintos lugares de Estados Unidos. Entonces, la realidad de nosotros es que, si vamos a tener éxito en todo esto de la seguridad, se tiene que tener un trabajo fuerte y un trabajo conjunto y de confianza”.

Coincidió con el presidente López Obrador en que mantendrán una campaña de información para alertar a las familias sobre los peligros del consumo del fentanilo. “Es un veneno que se tiene que contener”.

Y sobre el caso concreto de los estadunidenses asesinados en Matamoros reconoció la labor del gobierno mexicano y aseguró: “No vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia”.

El funcionario estadunidense expuso los riesgos que también han enfrentado: “Nosotros tenemos un consulado en Matamoros, otro en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo hace unos meses nos atacaron violentamente los cárteles ahí. En Matamoros hay lugares donde no podemos nosotros y nuestros empleados ir. Entonces, subrayó la importancia de que estos cárteles que tienen tanto poder en esta zona se tienen que desmantelar. Ese trabajo lo tenemos que hacer conjunto con el gobierno mexicano respetando la soberanía de México”.

DECRETO SOBRE MAÍZ TRANSGÉNICO AMLO ABRE OTRO FRENTE EN EL T-MEC

La historia ya estaba anunciada: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocó la irritación de sus socios comerciales en materia del maíz genéticamente modificado, quienes ya solicitaron consultas técnicas en el contexto del T-MEC.

Con dicho procedimiento, junto con el de materia energética, México ya tiene dos frentes abiertos por incumplir lo dispuesto en el acuerdo comercial, lo que implica riesgos para otros sectores productivos por las posibles represalias que puedan tomar Estados Unidos y Canadá.

El especialista y director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya Castellanos, asegura que México creó un problema con la mayor economía del mundo.

“La realidad es que no teníamos ningún problema con Estados Unidos. Creamos un problema. Sí, porque no es un problema comercial, lo vemos más como un tema político e ideológico, ya que México es un gran exportador. Tenemos una balanza superavitaria y este tipo de medidas está poniendo en riesgo sectores como el hortofrutícola, como el de carne de res, como el caso agroindustrial, en nuestros tequilas, mezcales, nuestra cerveza y otros productos que exportamos a la Unión Americana”, señala en entrevista con Proceso, ya que Estados Unidos puede responder con decisiones que no beneficien al sector agropecuario mexicano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca convenció a su principal socio comercial sobre el uso del maíz transgénico y del glifosato en el campo mexicano, luego de dos decretos sobre la materia publicados en lo que va del sexenio.

Mientras que a Canadá, que en la semana solicitó formalmente abrir las consultas, le causó preocupación que México “imponga prohibiciones arbitrarias a la

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

Adrian Smith. Presión a Biden

agricultura producida con biotecnología”, así como “la falta de respeto del gobierno mexicano al T-MEC”, según dijeron fuentes del gobierno canadiense a Bloomberg.

El último decreto sobre el tema, publicado el pasado 13 de febrero y el cual sustituye al publicado en diciembre de 2020, enojó a los productores estadunidenses, quienes de inmediato hicieron un llamado al presidente Joe Biden para activar el mecanismo de solución de controversias del T-MEC contra México.

“Está en juego la integridad del T-MEC, firmado por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Descartar el maíz, nuestra exportación agrícola número uno a México, y acelerar una prohibición de importación en numerosos usos de grado alimenticio hace que el T-MEC sea letra muerta a menos que se haga cumplir”, advirtió la Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos (NCGA, por sus siglas en inglés).

Mientras que el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, de plano señaló en un comunicado que “Estados Unidos cree y se adhiere a un sistema de comercio basado en la ciencia y en normas, y mantiene su compromiso de evitar perturbaciones en el comercio agrícola bilateral y daños económicos a los productores estadunidenses y mexicanos”.

Por si fuera poco, desde la Cámara de Representantes el presidente de la Cámara de Medios y Arbitrios, Jason Smith, y el presidente del Subcomité de Comercio, Adrian Smith, enviaron una misiva “enérgica” donde llaman a Biden a obligar a México para que cumpla sus compromisos comerciales:

“La administración debe tomar medidas y asegurarse de que los países, como México, se enfrentan a consecuencias rápidas por no cumplir los compromisos comerciales con Estados Unidos”.

Decisión unilateral

La advertencia se hizo realidad con el inicio de consultas en el T-MEC, aunque la Secretaría de Economía (SE) minimizó el hecho.

“Esta solicitud no es de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa. Para ello, la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez, la titular de la USTR, embajadora Katherine Tai y sus equipos han venido sosteniendo diálogos de carácter constructivo con miras a encontrar soluciones que brinden certidumbre a las partes interesadas”, seña-

ló la SE en un comunicado del pasado 6 de marzo.

Según el decreto publicado el pasado 13 de febrero, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a diferencia del anterior, se acota estrictamente al maíz. Es decir, la canola, la soya, el algodón y el resto de las materias primas no quedan sujetos a esta regulación.

Para evitar confusiones, precisó la Sader, se establece una categorización del maíz según su uso: alimentación humana (masa y tortilla), forraje e industrializado para alimentación humana. El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla.

El nuevo decreto del presidente López Obrador sobre la prohibición del uso del maíz transgénico es una medida unilateral que pone en riesgo diversos sectores productivos nacionales, dice Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La medida llevó a los productores y legisladores estadunidenses a presionar al gobierno de Joe Biden para que obligue a México a cumplir con el T-MEC, y ahora el país ya tiene dos frentes abiertos de controversia en el contexto de ese tratado.

Bernandino Hernández / Procesofoto

El campo. A consultas

“Lo anterior no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. De lo que se trata es de consolidar tal soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos”, explicó el gobierno federal.

En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto, por lo que se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada.

Además, se estableció explícitamente que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizará investigaciones científicas sobre los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud humana. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países.

Anaya Castellanos aclara que el actual decreto mejora al anterior, pero no elimina la incertidumbre. Por ejemplo, en cuanto a la eliminación de la fecha límite para prohibir el uso del maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, el también el exdirector de operaciones de Diconsa acota:

“Ese es un tema que preocupa a la gente, que en cualquier momento una medida unilateral del gobierno haga que pierdas la certidumbre de abasto: eso pone nerviosos a los participantes comercializadores y pecuarios”.

Un segundo impacto derivado del decreto es que se quedaron en altamar 250

mil toneladas de maíz de importación: “Se tenía cerradas las importaciones de Sudáfrica porque tenían un arancel y a partir del 16 de mayo el arancel a las importaciones de maíz blanco se eliminó de países con los que México no tiene tratados comerciales con la apertura correspondiente, como el caso de Sudáfrica.

“Las empresas mexicanas y harineras compraron maíz genéticamente modificado de Sudáfrica porque era más competitivo que el de Estados Unidos para abastecer el Sureste mexicano”, explica Anaya Castellanos.

Para el analista especializado en el mercado de granos, un tercer impacto derivado del anterior puede ser el incremento de los precios de los productos derivados del maíz, como la tortilla, un alimento básico.

“Tenemos que mandar del Bajío o de Sinaloa maíz que es más caro mover por ferrocarril o camiones que mover de Estados Unidos y Sudáfrica por barco. Y esto puede causar en breve plazo de que las empresas harineras, nixtamaleras y tortilleras aumenten el precio”, advierte.

Sería una mala noticia en un contexto donde la inflación ronda 8 por ciento.

De acuerdo con el monitoreo de precios que realiza el GCMA, el índice de precios de granos y abarrotes creció 15.9% anual en los primeros 15 días de febrero; el precio de la tortilla en establecimientos se disparó 23.4% en la primera quincena de febrero del presente año, respecto al mismo periodo de 2022, mientras que la harina de maíz se elevó 17.1 por ciento.

Por último, Anaya Castellanos observa en el decreto que todavía no evidencia que las decisiones del gobierno de López

Obrador estén basadas en la ciencia y sí en ideología, lo que provoca el desacuerdo de los socios comerciales de México.

“En el tema del glifosato, pues es un tema de prohibir por prohibir, porque no hay todavía un sustituto para el glifosato y eso va a impactar a los agricultores en su productividad, en su producción y en su rentabilidad. Claro, ya hay algunos avances, pero insuficientes”, apunta el director del GCMA.

Explica: “Recordemos que el glifosato es un producto que no va directo al maíz, sino es un herbicida que ataca malezas y yerbas. Se debe de usar de una manera adecuada, pero también científicamente no está demostrado que el glifosato cause daños. Hay algunos estudios que hablan que causa cáncer”.

Sin embargo, la campaña Sin Maíz no hay País, donde participan más de 300 organizaciones, asegura que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificado (Cibiogem), órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga, al más alto nivel, de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), ha publicado un amplio expediente al respecto.

Sin embargo, las organizaciones que llevan a cabo la campaña advierten que ni el gobierno estadunidense ni las empresas consideran válidos estos estudios.

Aún más, aseguran que “quienes negocian del lado mexicano no están utilizando los mecanismos que tienen a su alcance, en defensa de la decisión libre y soberana de México de establecer los lineamientos a seguir respecto de un tema tan estratégico como es la alimentación”.

Tanto el GCMA como la campaña de Sin Maíz no hay País dejaron ver que el gobierno aún está lejos de la trazabilidad del maíz genéticamente modificado.

“Es indispensable establecer controles a partir de leyes y reglamentos que incluyan sanciones. También, asignar un presupuesto para que se cumpla con la inspección de origen y destino del maíz importado... Se hace evidente que la mejor manera de lograr la trazabilidad es mediante el etiquetado de los productos que contengan transgénicos”, abundaron las organizaciones civiles.

Anaya Castellanos concluye: “En realidad no existe un sistema. Si llega un maíz certificado o que diga que es genéticamente modificado, ¿dónde está la inspección de certificación de esta situación? Está enunciado en el decreto, pero no está establecido en una forma de un protocolo que permita saber si el maíz genéticamente modificado entra en la masa de la tortilla, y permita esa trazabilidad y la responsabilidad de las empresas”.

Benjamín Flores

Tortilla. Al alza

ENTRE DETRACTORES Y EL

BENEPLÁCITO PRESIDENCIAL,

FRANCISCO CERVANTES REPITE AL FRENTE DEL CCE

CLAUDIA VILLEGAS

En medio de las consultas técnicas sobre el maíz transgénico en las que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá buscarán doblegar a la administración de Andrés Manuel López Obrador, y evitar que entre en vigor el decreto para eliminar gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reeligió durante su Asamblea Anual del pasado 1 de marzo a Francisco Cervantes Díaz, pese a las quejas de agroempresarios que consideran que a la máxima cúpula del sector privado le ha faltado liderazgo y firmeza para defender sus intereses.

Bosco de la Vega, quien compitió por la presidencia del CCE, manifiesta su preocupación: “Ahora, sólo en calidad de productor agroalimentario de tercera generación, puedo decir que estoy muy preocupado por lo que le está pasando al campo y lo que hay y lo que nos espera. Si las cosas siguen por el mismo camino, ¿a dónde van?”

El también expresidente del Consejo Nacional Agropecuario considera que Alfonso Romo –quien ahora participa en el comité desde el gobierno federal para promover el nearshoring– fue un buen aliado del sector empresarial cuando estuvo a cargo de la Oficina de la Presidencia y del Consejo de Inversiones.

Ahora, sin embargo, el pesimismo caracteriza a los hombres de negocios del

Cercano al gobierno federal, Francisco Cervantes Díaz fue reelegido presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En esta etapa deberá enfrentar el recelo de empresarios que consideran su anterior gestión sumisa ante el Poder Ejecutivo, particularmente en temas como la prohibición del glifosato o la transición para reducir la participación del maíz y semillas genéticamente modificadas en el mercado mexicano. Sin embargo, en el CCE también se le reconoce como un “puente de oro” con el Ejecutivo.

sector agroalimentario porque, frente al incremento en los precios con inflación histórica, el Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria comienza a desdibujarse porque el gobierno federal abrió la puerta a las importaciones, en un intento por contener las alzas de los precios de los productos básicos.

Bosco cita, por ejemplo, que México importa más de 83% de su consumo de arroz, producto básico para la alimentación de los mexicanos; 37.2% del maíz se compra en el extranjero. Lo mismo sucede con 96% de la soya, 22.7 % de la leche y 65% del trigo. México importa más de 17.7 millones de toneladas de alimentos.

“Entonces, la pregunta aquí es si con esas posiciones ideológicas que hay en el tema del maíz genéticamente modificado, estamos avanzando. Si lo pararan de golpe,

ya te imaginarías qué pasaría con los precios del huevo, pollo, cerdo, leche, res. Básicamente al ganado le dan maíz y pasta de soya, que son los principales componentes que le agregan vitaminas y otras cosas, pero sería un caos para la tortilla, para la carne, para el huevo, para todo”, advierte Bosco de la Vega en una entrevista que concedió a Proceso antes de que la Secretaría de Economía publicara un decreto sobre los tiempos en que se presentaría la transición en 2024 para reducir la presencia de semillas transgénicas en el mercado mexicano. Aunque por ahora en ese decreto se promete al gobierno de Estados Unidos la presentación de evidencias científicas para avalar la decisión de eliminar las semillas genéticamente modificadas del consumo humano, Bosco de la Vega recuerda que durante las elecciones de Estados Uni-

dos en las que resultó ganador Trump fue el “voto duro” de los productores de Dakota, Nebraska, Iowa, Misuri, Illinois, que es el cordón cerealero y de los agricultores que exportan a México, el que impulsó al expresidente a continuar con la firma del T-MEC.

Francisco Cervantes es reelegido como presidente del CCE en medio de preocupaciones respecto de las relaciones económicas con el sector agrícola de EU, mientras sigue en su posición de facilitador de la inversión bajo las nuevas reglas que ha marcado el gobierno lopezobradorista: sólo habrá deducibilidad y depreciación acelerada de activos en los proyectos que se concreten en la región del Corredor Transístmico. Mientras tanto, en donde se ubican los grandes corporativos regiomontanos, bastión del CCE, el presidente López Obrador ha advertido que no hay agua para inversiones como la del fabricante de autos eléctricos Tesla.

Recomendación presidencial

Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cervantes transitó de funcionario público de gobiernos priistas y panistas al líder empresarial que ostenta la mayor cercanía con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Cervantes inició su carrera política durante el gobierno priista de Arturo Montiel en el Estado de México y después se convirtió en un aliado para Enrique Peña Nieto en su relación con el sector empresarial.

El presidente del CCE se enfrenta ahora al recelo de empresarios que consideran su gestión como sumisa y entreguista ante el jefe del Poder Ejecutivo en temas como la prohibición del glifosato o la transición para reducir la participación del maíz y las semillas genéticamente modificadas en el mercado mexicano.

Sin embargo, en el CCE se reconoce que Cervantes ha sido un “puente de oro” ante el gobierno de López Obrador después de los desencuentros con Carlos Salazar Lomelín, exdirectivo de FEMSA.

Fueron al menos dos las recomendaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios que deciden el rumbo del CCE para que Francisco Cervantes Díaz fuera el relevo de Carlos Salazar. La más insistente fue en febrero de 2022. Según fuentes cercanas al CCE, en el marco del sepelio del empresario Alberto Bailléres, fundador del Grupo Peñoles, Carlos Slim recibió el mensaje de que el presidente López Obrador estaba interesado en saber cómo iba la elección del nuevo presidente del organismo cúpula del sector privado luego de que Carlos Salazar, representante de los intereses regiomontanos, dejó el cargo tras un periodo de tres años llenos de desencuentros con el actual gobierno. Slim también supo que al presidente López Obrador le parecía que la candidatura de Francisco Cervantes era la mejor.

Un par de mensajes en el grupo de chat que usan los integrantes del CCE bastaron

para acelerar el proceso de elección; citar a abogados para la firma de documentos y hasta a Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el candidato que rivalizó con Cervantes por la presidencia del CCE, dijeron las fuentes consultadas.

“Decidí concursar como candidato para el CCE porque sabía que los dados estaban cargados y no se me hacía justo. Siento que eso no le ayuda a la iniciativa privada. La iniciativa privada necesita representar a todos, a los pequeños, a los medianos, a los grandes. Por eso decidí competir sabiendo que iba a perder, porque yo lo sabía desde el principio.

“La iniciativa privada necesita estar a la altura de las circunstancias, no ser confrontativa, pero tampoco sumisa”, dijo Bosco de la Vega en entrevista con Proceso.

En marzo de 2022 Francisco Cervantes –con la recomendación del presidente López Obrador y un sorpresivo voto unánime del CCE– se convirtió en el presidente del organismo, luego de varias décadas de trabajo en el sector privado del Estado de México, una subsecretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de Arturo Montiel y la presidencia de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

Junto con Francisco Javier Funtanet Mange, exsecretario de Desarrollo Económico del Estado de México en la gestión de Montiel, Cervantes pasa de la política a la representación empresarial, a diferencia de otros líderes de la iniciativa privada que siempre han conservado su trinchera.

Nueve meses después de su elección, Francisco Cervantes esperó en el Zócalo capitalino al presidente López Obrador para felicitarlo por su informe de gobierno después de que el mandatario caminó más de cinco horas para llegar a la explanada tras encabezar un mitin posterior a una marcha ciudadana contra la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE). Formando una valla, bajo el sol y junto a Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Cervantes dejó a un lado el saco de su traje y también bajo los rayos del sol felicitó a un mandatario que en mangas de camisa sonreía y agradecía a quienes lo esperaban.

Después de ese momento, Cervantes Díaz tuvo que aclarar que no había asistido al mitin que tuvo lugar el 27 de noviembre, que sólo había sido invitado, junto con otros empresarios, al informe que el mandatario iba a presentar en Palacio Nacional.

“Fue una invitación que hizo la Presidencia de la República, firmada por el presidente, a algunos invitados especiales; había empresarios, banqueros, otros personajes, y se les invitó exclusivamente a

Elección unánime. Ahora los desafíos

escuchar ese informe o mensaje posterior a la marcha. No es que participaran en la marcha. Si tú ves la fotografía, sí tú ves a Antonio del Valle, él fue como las dos cosas, como empresario y también como banquero; también anduvieron por allí Daniel Becker, Bremer, fueron varias personas”, explicó Óscar Ignorosa, responsable de Comunicación del CCE.

Así, Francisco Cervantes, presidente de Cerplastik y del grupo inmobiliario Cerpal, se convirtió en presidente del CCE pero sobre todo en un puente de oro para los empresarios que, durante la gestión de Carlos Salazar, exdirector general de FEMSA, tuvieron un gran confrontación con el gobierno federal en varios temas, como la eliminación de los perdones fiscales, el cobro de impuestos o la reforma para eliminar la subcontratación, pero sobre todo la reforma eléctrica, uno de los campos de mayor confrontación entre el gobierno y la iniciativa privada.

La reforma al régimen de pensiones para reducir el número de semanas fue otra de las negociaciones importantes para el sector privado. La revisión al Salario Mínimo fue también un tema delicado, cuyas negociaciones estuvieron a cargo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Concamin. La primera propuesta de estas dos confederaciones fue de 15%; después los sindicatos se fueron hasta 27%. La negociación fue intensa hasta llegar a 20%.

Desde que el presidente López Obrador ganó las elecciones en 2018, el expresidente de la Concamin se concentró en establecer vínculos con el nuevo gobierno. “Tienen la gran ventaja de contar con un presidente como Francisco Cervantes, me produce mucha confianza, es un buen hombre”, dijo López Obrador en la clausura de la Reunión Anual de Industriales de la Concamin en octubre de 2019, celebrada en León, Guanajuato.

Un año más tarde, en el mismo evento, Alfonso Romo dijo en representación del presidente: “Te consideramos amigo de nosotros, tienes muy buenas intenciones, eres una gente buena; se te nota. Y por eso nos llevamos muy bien”.

Cortina con poco apoyo

Sin embargo, los temas complicados representan un desafío para Francisco Cervantes. Desde el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina, el empresario de la industria azucarera, busca hacer valer los argumentos de los hom-

bres de negocios que se oponen a la decisión del gobierno federal de eliminar herbicidas, como el glifosato, porque los agroempresarios consideran que atentaría contra la productividad en el campo.

Lo mismo sucede con el maíz amarillo que en Estados Unidos se produce con semillas transgénicas. Al prohibir su ingreso al país –con el propósito de defender las 60 razas de maíz– los empresarios temen repercusiones en los forrajes para los sectores avícola y ganadero.

Cada miércoles en el CCE, a las seis de la tarde, una Comisión Ejecutiva informa sobre los avances en estos temas. Sin embargo, al menos en el sector agropecuario, Proceso confirmó que prevalece el sentimiento de que Cervantes los está dejando solos para no generar una confrontación con el gobierno de López Obrador.

Y los frentes para los empresarios se siguen abriendo. La amenaza de las consultas y de un panel de controversias en el marco del T-MEC también ha generado inquietud en el sector empresarial. Es Francisco Cervantes quien asiste a las reuniones con la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, y desarrolló, según el vocero de la CCE, Óscar Ignorosa, un “diálogo permanente” con la autoridad.

Tlaxcala, el refugio

Cada fin de semana y cada vez que su agenda se lo permite, Francisco Cervantes se refugia en su rancho en Tlaxcala.

Quienes lo conocen refieren que, si bien no es una propiedad ostentosa, Cervantes se ha encargado de que sea el mejor lugar para recibir a sus amigos. “Es un gran anfitrión”, dijo un empresario que conoce la propiedad. Cervantes no pierde la oportunidad de preguntar a quien le interesa conquistar: “A ver cuándo vas al rancho”. Aunque es originario de Texcoco, Cervantes ha invertido en Tlaxcala y mantiene vínculos muy cercanos con la gobernadora Lorena Cuéllar. Sin embargo, el presidente del CCE asegura entre sus círculos cercanos que no tiene aspiraciones políticas en esa región. No obstante, ha llamado la atención su decisión de tener un domicilio en Tlaxcala, lo que le permitiría cumplir el requisito de cinco años como residente en la zona para aspirar al máximo cargo público en la entidad.

Han pasado 20 años desde que Cervantes fue funcionario público con los gobernadores del PRI en el Estado de México. Ahora, alejado de la política para dedicarse a su gestión como líder del sector empresarial, el presidente del CCE declinó conceder una entrevista.

Al frente del CCE ha tenido que pactar con la cúpula regiomontana y ceder, incluso, algunas posiciones al interior de la administración del organismo cúpula en donde el voto regiomontano es preponderante.

En su segundo periodo al frente del CCE, Cervantes se concentra en la relación con la Secretaría de Economía, dependencia que se ha convertido en la ventanilla única para lograr que la inversión que está generando la Ley de Chips en Estados Unidos –para la relocalización de cadenas productivas, nearshoring– no enfrente obstáculos.

Aunque el CCE no tiene una representación formal, porque no está constituido como una cámara, la cercanía con el jefe del Ejecutivo ha dotado a Cervantes de un derecho de picaporte con el gobierno actual, en donde lo consideran un político y un empresario con compañías medianas y no un representante de la oligarquía.

En julio de 2018, cuando se anunció la victoria de Andrés Manuel López Obrador, Cervantes escribió en sus redes sociales:

“La ciudadanía se ha expresado: por amplia mayoría, Andrés Manuel López Obrador, es el nuevo presidente de México.

“Respetamos y compartimos la voluntad ciudadana; construiremos juntos desde @CONCAMIN en beneficio de nuestro exitoso país. ¡Enhorabuena!”

Eduardo Miranda

Bosco de la Vega. Preocupaciones

LA COMUNIDAD NAHUA TECOLTEMI FRENA DOS CONCESIONES EN PUEBLA

GABRIELA HERNÁNDEZ

PUEBLA, PUE.- En lo que bien podría ser una alegoría de David contra Goliat, el ejido y la comunidad nahua Tecoltemi han ganado en tribunales la anulación de dos concesiones para una mina a cielo abierto que fueron otorgadas a Minera Gorrión, subsidiaria de la compañía canadiense Almaden Minerals Ltd. Tras un litigio que duró ocho años, es la primera vez que se cancelan concesiones mineras por desacatar la realización de una consulta previa, libre e informada como derecho de los pueblos.

Diana Pérez, abogada del Instituto

En una larga batalla legal la comunidad nahua Tecoltemi ganó en tribunales la anulación de dos concesiones para una mina a cielo abierto que habían sido otorgadas a Minera Gorrión, subsidiaria de la compañía canadiense Almaden Minerals Ltd. En entrevista, la abogada Diana Pérez explica los alcances de la resolución del caso, que constituye un triunfo histórico para los pueblos indígenas que defienden su derecho a la autodeterminación y territorio.

“TRIUNFO HISTÓRICO”

Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC, dice que la resolución constituye ya un triunfo histórico para la lucha de los pueblos indígenas que defienden su derecho a la autodeterminación y a su territorio, además de que sienta múltiples precedentes.

“Es la primera vez en el país que se cancelan concesiones mineras por no haberse respetado los derechos de los pueblos a la consulta y es la primera vez que la Secretaría de Economía se niega a autorizar concesiones a una empresa”, señala la abogada también integrante del Consejo Tiyat Tlali, que, junto con Fundar Centro de Análisis e Investigación AC, han acompañado a Tecoltemi en el juicio que se inició desde 2015.

La abogada señala que el caso de Tecoltemi generó ocho jurisprudencias, algunas de las cuales son favorables y otras contrarias a los derechos de los pueblos.

Una de las más importantes, que beneficiará la lucha de otras comunidades contra los llamados “megaproyectos de muerte”, es que la Corte asentó que es obligatorio que la Secretaría de Economía realice consultas libres, previas e informadas a los pueblos indígenas antes de autorizar concesiones.

Otra, agrega, es el tema de la identidad indígena, el cual generó una larga batalla legal con la empresa porque ésta argumentó que no había población indígena en Ixtacamaxtitlán y que por lo tanto no era obligatoria la consulta.

En su fallo, la SCJN reconoció la auto adscripción indígena como único requisito para reconocer como tal a una comunidad, sin que sea necesario demostrarlo con documentos oficiales, peritajes o registros.

En contraparte, la resolución del máximo tribunal, expone Pérez, también incluyó algunos reveses para los pueblos, como el asentar que la Ley Minera no tiene nada que ver con los derechos indígenas y que, por lo tanto, no los afecta.

Luego de que este 23 de febrero la Secretaría de Economía (SE) resolvió que no es factible renovar las concesiones en favor de la minera, las partes están a la espera de que el juzgado de distrito, encargado de ejecutar la sentencia emitida el 16 de febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declare su cumplimiento y dé por cerrado el caso.

Aunque la firma canadiense ha dicho que esperara la resolución final del juzgado, ya ha adelantado que recurriría al arbitraje internacional para reclamar por las afectaciones que esta cancelación de su proyecto minero Ixtaca le representa, pues asegura que en 20 años ha invertido 820 millones de pesos y ha pagado más de 30 millones en impuestos.

Además de calificar la resolución de la SE como un mensaje “sumamente negativo” para la industria, advirtió al gobierno de México que podría dejar de invertir en el país más de 70 millones de dólares que tenía proyectados para los próximos años.

“Minera Gorrión considera que esta determinación de la Secretaría de Economía es contraria a la Ley Minera, la sentencia de la SCJN y el derecho internacional”, manifestó la empresa en un comunicado.

Minera Gorrión obtuvo dos concesiones que abarcan 14 mil 299.55 hectáreas, en su mayor parte ubicadas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, pero que también incluyen territorios de Zautla, Tetela de Ocampo y Aquixtla.

En 2013 la empresa informó a sus inversionistas que el proyecto de mina a cielo abierto operaría entre 11 y 15 años, con un tajo de un kilómetro de ancho por otro de largo, y estimaba una producción de 7.6 a 10.5 gramos de oro por tonelada de montaña destruida mediante el uso de explosivos.

La empresa reportó que desde 2010 ubicó en esa zona un yacimiento donde estimó reservas de 1 millón 387 mil onzas de oro y 85 millones 159 mil onzas de plata, probadas y probables, para lo cual se requeriría triturar 36 millones de roca.

Antes de este proyecto, Almadens Minerals se ubicaba sólo como una empresa de exploración que después vendía los proyectos a otras empresas, conservando acciones en cada uno.

Sin embargo, en el caso del yacimiento de Ixtaca, la empresa anunció desde 2019 que había adquirido en Alaska una planta de molienda Rock Creek con capacidad de 7 mil toneladas de piedra por día, a un costo de 6.5 millones de dólares, para incursionar en el ramo de la explotación.

En 2017, un estudio realizado por Poder identificó como principales socios de la transnacional a Duane Poliquin y al empresario agrícola sinaloense Ernesto Echavarría Salazar, quienes contro-

Denuncias contra Almadens Minerals

lan más de 5% de las acciones de la firma que cotiza en las bolsas de Nuevo York y Toronto.

Alejandro Marreros, profesor e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), explica que el mayor riesgo ambiental que representa este proyecto de explotación a cielo abierto es que justo se asienta en los orígenes del río Apulco –parte de la cuenca del Tecolutla–y en un trayecto de más de 200 kilómetros recorre toda la Sierra Norte de Puebla y Veracruz para llegar al Golfo de México.

Agrega que el peligro de una industria que en sus procesos de lixiviación usa sustancias tan riesgosas para la vida como el cianuro y el mercurio, no sólo sería un riesgo para las comunidades vecinas al tajo, sino para los asentamientos humanos, así como para la fauna y la flora que se encuentran a lo largo del río.

En octubre de 2019, la Asamblea de los Pueblos Maseual, Tutunaku y Mestizo por la Defensa del Territorio entregó a la Semarnat 40 actas de asambleas realizadas en igual número de comunidades de Ixtacamaxtitlán, así como escritos firmados por otros 27 municipios de la Sierra Norte de Puebla y de la cuenca del río Apulco, en las que se pidió que la dependencia rechazara el proyecto de minería de Almaden Minerals Ltd.

Peligro latente

Sólo en la Sierra Norte de Puebla, de 189 concesiones mineras que están autorizadas, 70% está a nombre de subsidiarias de Almaden Minerals Ltd.

Hace un año la SCJN dictaminó que la SE vulneró el derecho del ejido y de la comunidad Tecoltemi, localidad del mu-

nicipio de Ixtacamaxtitlán, a la consulta previa, libre e informada, por lo cual declaró insubsistentes las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 que la dependencia federal había otorgado a Minera Gorrión en 2003 y 2009 en ese territorio nahua.

Como efecto de la sentencia se ordenó a la SE que analizara si era factible una nueva emisión de esas concesiones. De resolver que sí era viable se derivaba otro efecto: la dependencia tendría entonces que instrumentar una consulta indígena antes de emitir otros permisos.

Fue así como, en enero pasado, la SE resolvió que no era factible volver a emitir esos permisos debido a que se cometieron fallas técnicas y otras irregularidades al momento de expedir las concesiones.

La abogada Diana Pérez indica que ese tipo de irregularidades pueden entenderse si se toma en cuenta que en sexenios anteriores la dependencia estaba realmente al servicio de las mineras y “les aprobaba todo, aunque no cumplieran con los requisitos y trámites”.

Aclara que el juez no puede rechazar esta resolución emitida por la SE, sólo puede pedirle informes al respecto, cosa que ya hizo pues le requirió enviar las constancias administrativas que menciona en su informe y que fundamentan su negativa.

Destaca que otro precedente en este caso son las evaluaciones de Impacto Social y Ambiental emitidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología, que igual concluyen

que el proyecto minero es inviable y alertan sobre los efectos negativos que generaría.

Estas evaluaciones, menciona Pérez, aunque no fueron fundamento para que la SE declarara no factible la renovación de las concesiones, igual fueron enviadas al juez que resolverá la ejecución de la sentencia, pues son relevantes para entender la magnitud de este proyecto y los efectos que tendría.

En las conclusiones que el INPI envió a la SE, le advierte que no es factible otorgar de nuevo las concesiones solicitadas por Almaden Minerals porque el establecimiento de una mina en Ixtacamaxtitlán tendría impactos sociales, culturales y espirituales y en derechos humanos que pondrían en peligro “el desarrollo de la vida” que hasta ahora han mantenido las comunidades, lo que e implicaría el inminente etnocidio del pueblo nahua que habita en la región.

Pérez dice que, con todos estos antecedentes, están a la espera de un fallo favorable, pero tienen claro que, aunque Tecoltemi gane este juicio, eso no restaría a la empresa la posibilidad de solicitar otras concesiones en el mismo territorio. Es más, considera que es casi un hecho que esto ocurrirá porque esa mina en la Sierra Norte de Puebla es un proyecto “estrella” para la trasnacional.

“Es muy difícil que ellos vayan a desistir, y el problema para las comunidades es que el yacimiento de oro y plata ya está identificado”, añade.

La abogada manifiesta: “Sí, es histórica esta sentencia, pero al final es un poco ilusoria, porque después de ocho años de que estas comunidades sostuvieron un proceso legal, después de todo un largo proceso de desgaste, gastos, traslados, al final este logro no quita el riesgo sobre sus vidas porque la mina aún puede ser posible, pese a todo lo que han hecho hasta ahora”.

En ese sentido indica que la única solución real para que estas comunidades no queden atrapadas en el conflicto y se respete su derecho a decir qué es una “buena vida” para ellos y a qué se quieren dedicar, es un cambio a la Ley Minera. Fundar y el Consejo Tiyat Tlali se sumaron a la exigencia de la colectiva ¡Cambiémosla Ya!, que presentó cuatro iniciativas de reforma a la Ley Minera, las cuales ya fueron discutidas en comisiones en la Cámara de Diputados y en las que se propone, entre otras cosas, retirar el carácter de preferente y de utilidad pública a la actividad minera, y prohibir la minería a cielo abierto en México.

Ahora la exigencia es que esas iniciativas sean votadas ya.

Especial /Proceso

Defensores del desarrollo comunitario

LA ESTRATEGIA DE ALMADEN MINERALS: DIVIDIR Y COOPTAR

Pese al inédito fallo de la Corte que cancela dos concesiones de la Minera Gorrión, la subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd. ha sustituido con artilugios a autoridades locales, con el objetivo de comprar conciencias y forzar la explotación de oro y plata, advierten habitantes de Santa María Zotoltepec y de Zacatepec, localidades próximas a la zona donde la empresa pretende explotar una mina a cielo abierto.

GABRIELA HERNÁNDEZ

SANTA MARÍA ZOTOLTEPEC, PUE.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, desde el 16 de febrero de 2022, las dos concesiones con las cuales Minera Gorrión (MG), subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd, inició exploraciones en esta región. Pero lejos de frenar actividades, la empresa ha intensificado su presencia en este municipio, al grado de establecer una especie de tutela sobre las dos comunidades más cercanas a su proyecto.

“Aquí, la minera está en todo, prácticamente se ha apropiado de nuestras comunidades”, advierten habitantes de Santa María Zotoltepec y de Zacatepec, las lo-

calidades más próximas a la zona donde la empresa ha encontrado yacimientos de oro y plata que pretende explotar con una mina a cielo abierto.

Ixtacamaxtitlán, ubicada a dos horas y media de Puebla capital, en la región conocida como Sierra Norte, cuenta con más de 25 mil habitantes, de los cuales, de acuerdo con el Inegi, más de 78% vive en condiciones de marginación. Zotoltepec y Zacatepec son dos de las 126 comunidades que conforman esta demarcación.

Desde hace años, Minera Gorrión (MG) renta las oficinas centrales de la casa comunitaria, el principal edificio de Zotoltepec, de donde desplazó al juez de paz que antes ocupaba ese espacio. En lámina dorada, un logotipo de la empresa sobresale en la fachada, y un carrito minero fue co-

locado a las afueras del llamado “módulo de información”, donde confluye toda actividad del pueblo.

No hay mina, tampoco concesiones, pero los mineros se han convertido en los patrocinadores de todo en estas poblaciones.

La subsidiaria de la firma canadiense ha sustituido a las autoridades locales para la organización y el reparto de regalos de cualquier festejo, lo mismo del Día de Reyes o del Niño, que de la Madre o del Padre.

Los representantes de MG son los invitados de honor de todo acto y ejercen influencia en los comités de la primaria, la secundaria y el bachillerato de la localidad, que tiene unos 500 habitantes y se ubica al pie del cerro Uno, el que por cier-

Gabriela Hernández

Ixtacamaxtitlán. Precedente

to sería totalmente triturado para extraerle los metales preciosos.

En los espacios públicos la minera patrocina clases de zumba, bordado, inglés, música, danza y lectura. Entrega becas, sillas de ruedas, cubrebocas, gel antibacterial, equipo médico; dona lentes, auspicia un equipo de futbol y también financia obras en planteles escolares y en templos.

En su página institucional, la compañía divulga que ha pagado a líderes comunitarios, a regidores y autoridades locales viajes para que conozcan la operación de minas en otras entidades del país.

Además, imparte cursos de verano a niños de primaria, donde las banderas de México y de Canadá ondean una al lado de la otra y se transmite el mismo mensaje que se promueve en cualquier actividad: la mina es lo mejor que puede pasarle a este municipio.

Almaden asegura que sus acciones son parte de un programa de vinculación y responsabilidad social con las comunidades aledañas a su proyecto, pero los opositores a la mina acusan que la firma abusa de su poder económico y de la pobreza de los habitantes para comprar autoridades y adeptos.

Apenas el 20 de febrero, MG firmó un acuerdo con ejidatarios de Zotoltepec consistente en la entrega de un paquete de semilla mejorada, pesticidas y capacitación, y la promesa de construir un reservorio de agua, a cambio de que los pobladores se asuman como parte de un “futuro plan de gestión social” del proyecto minero. Los apoyos se repartieron en cajas que decían “Salud y Bienestar”.

Luego de esto, los simpatizantes de la

mina convocaron a una asamblea ejidal el 26 de febrero en la cual proponían remover a los representantes del comisariado presidido por Viola Moreno, abierta opositora a la mina. La asamblea no se llevó a cabo por falta de cuórum.

En entrevista, la comisariada ejidal afirma que la gente de la mina es la que está impulsando la revocación de su mandato, que debería concluir en diciembre de este año.

“Yo no estoy ni estaré de acuerdo con la mina, porque veo que es algo que va a perjudicar a mi comunidad”, dice Moreno, quien explica que, para sustituirla, la empresa promueve a un poblador que ya perdió sus derechos ejidales pues vendió sus parcelas precisamente a la firma canadiense.

Todo esto ocurre pese a que, desde el 20 de julio de 2022, al acatar la orden de la SCJN, la Secretaría de Economía (SE) declaró insubsistentes las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2 que había autorizado a la subsidiaria de Almaden Minerals en 2003 y 2009, respectivamente.

El fallo del juicio de revisión de amparo 134/2021 se basó en que la SE omitió realizar los mecanismos necesarios de consulta a la comunidad indígena de Tecoltemi, ubicada en el área de influencia del proyecto minero.

El máximo tribunal aclaró que el efecto de la sentencia era para que la Secretaría de Economía se pronunciara nuevamente en relación con la factibilidad de expedir los títulos solicitados, y que en caso de que se considerase que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgar esos permisos tendría que realizar la consulta a la comunidad indígena.

No obstante, Minera Gorrión dio su propia interpretación al fallo. Consideró que la sentencia dejaba a salvo sus derechos sobre las concesiones y que la renovación de éstas sólo está supeditada a que la SE cumpla con la consulta indígena que omitió.

Sin embargo, este 23 de febrero la SE notificó al Poder Judicial que no es factible volver a emitir las concesiones a la minera por fallas técnicas contenidas en sus solicitudes.

La empresa recalcó que esa resolución de Economía aún no es aceptada por el Juzgado de Distrito y que por tanto “seguirá apoyando la consulta indígena ordenada por la SCJN y haciendo valer sus derechos como competente”.

Pompeyo Herrera, integrante del movimiento contra la mina, señala que desde que la Corte invalidó las concesiones, la empresa ya no tiene ningún sustento legal para permanecer en este municipio, pero que en lugar de irse o frenar sus actividades con la comunidad, las intensificó. Acusa que la subsidiaria –posiblemente con la idea de que la SE instrumentará la consulta– se ha dedicado a cooptar a más pobladores, incluso a algunos que antes eran opositores al proyecto, sin importar el daño que con eso pueda causar al tejido social del pueblo.

En el Estudio de Impacto Social, Cultural y Espiritual Indígena respecto al proyecto minero “Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca”, que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) entregó a Economía, se considera que ya no es factible la implementación tardía de la consulta libre, previa e informada, pues “de origen” se ha violado la “buena fe” prevista por el numeral 2 del artículo 6 del Convenio 169.

El instituto aclara que el contexto social, en el cual la empresa minera se ha insertado en las comunidades, ya no es apropiado “para el desarrollo de un procedimiento de consulta (sin vicios malintencionados de origen) con carácter neutral, objetivo, informativo, de buena fe”.

Los pobladores esperan que ahora el juez asignado por la SCJN para la ejecución del fallo declare que la resolución ya fue acatada por la SE al cancelar en forma definitiva los permisos para Minera Gorrión, aunque temen que, aun así, la empresa siga en esa comunidad e insista en que se le aprueben nuevas concesiones.

“Queremos que las autoridades vengan a ponerle un alto a la minera; sin concesiones, ya no debería seguir aquí. Sólo está dañando a nuestra comunidad”, reclama Herrera.

Incluso las fiestas patronales, que siempre fueron factor de cohesión de la

Especial /Proceso

Reclamos

comunidad, ya no son lo mismo, dice Lucía Martínez, vecina de este lugar. “Antes todos cooperábamos, convivíamos y nos divertíamos en armonía, ahora eso se acabó porque el pueblo está dividido. Hasta entre integrantes de una misma familia hay pleitos porque unos están a favor y otros en contra de la mina”, explica.

En las procesiones de la virgen de la Candelaria (2 de febrero) y de la Asunción (15 de agosto), principales fiestas religiosas de Zotoltepec, los trabajadores de Gorrión son los que van al frente, portando una gran manta.

Ella, como otros opositores al proyecto, ha dejado de participar en esas fiestas pues la empresa se posesionó de espacios y tradiciones, y quienes están en contra –que hoy resultan minoría– son “muy mal vistos”.

En el estudio realizado por el INPI se expone el actuar de la minera:

“De los procesos llevados a cabo por la empresa hasta ahora (etapa de exploración, barrenación, informes, reportes, solicitudes, etcétera) ninguno ha sido consultado, consensuado ni informado oportunamente a las comunidades locales ni a sus autoridades comunitarias, con las cuales supuestamente mantiene ‘comunicación abierta y transparente’, por lo que, de origen, se pone en duda la responsabilidad social que la empresa pretende acreditar.”

Agrega que, en cambio, con el fin de tener una anuencia de las comunidades, la minera destaca de manera continua su presencia como un “actor crucial” en la dinámica diaria de la localidad, para lo cual desarrolla acciones de beneficencia “que no representan las necesidades reales de la población”.

Por su parte, Daniel Santamaría, vicepresidente de la empresa, subraya en comunicados oficiales que MG dio 74 empleos locales en la etapa de exploración, con prestaciones superiores a la media nacional, y que en la etapa de construcción proyecta crear 600 puestos de trabajo, que se sumarían a 420 que ya están en operación.

En septiembre de 2022 la empresa estableció un convenio con el “Grupo de Riego de Pequeños Propietarios del Grupo de Zacatepec, AC”, para ampliar un reservorio de agua de 5 mil litros que construyó hace tres años con apoyos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su página, Minera Gorrión refiere que desde 2014 abrió un área de Responsabilidad Social Empresarial y Atención Comunitaria, pues se dice convencida de que la vinculación comunitaria y el tejido de redes sociales conforman “uno de los ejes rectores que llevan al éxito de los proyectos y mejoran la vida de los vecinos

de las comunidades que habitan las áreas de influencia”.

También sostiene que sus acciones están comprometidas con el respeto a los derechos humanos y orientadas al “cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”.

Fuera de estas dos comunidades, Minera Gorrión parece no darse por enterada del descontento que genera en la zona. Además del litigio que desde 2015 iniciaron Tecoltemi y la unión de ejidos de Atcolhua, en otras localidades indígenas, como Almeya y Cruz de Ocote, se acordó rechazar el acceso al proyecto, así como declinar la venta o cesión de derechos ejidatarios en favor de la empresa. En julio de 2021 pobladores del ejido Loma Larga retuvieron maquinaria de la minera que, sin autorización, entró a su territorio para hacer barrenaciones.

El reporte del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) evidencia que Almaden omitió informar a sus inversionistas sobre potenciales riesgos para su inversión derivados del litigio interpuesto en su contra desde 2015, así como informar de denuncias presentadas en dependencias y de la creciente inconformidad popular en contra del proyecto.

Compras con engaños

En la evaluación “Minería Canadiense en Puebla y su Impacto en los Derechos Humanos”, realizada en 2017 por PODER, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida Atcolhua, se da cuenta que Morgan Poliquin, director ejecutivo e hijo de Duane Poliquin, fundador de Almaden Minerals, conoce “a detalle” el territorio del proyecto Ixtaca.

Expertos en investigación de empresas encontraron que Morgan Poliquin hizo su tesis doctoral de la Universidad de Exeter, Inglaterra, sobre la geología de la Sierra Madre Oriental y el Eje Transvolcánico de México.

El estudio asevera que la investigación en Ixtacamaxtitlán no se inició cuando le otorgaron las concesiones a Almaden, sino que el ejecutivo identificó éste y otros proyectos en el curso de su tesis en 2001, y que, de 2002 a 2008, hizo múltiples “temporadas de campo” sobre la zona.

Las organizaciones dicen que hay antecedentes de que desde 2001 la empresa empezó a comprar tierras en la zona. La propia minera en su Estudio de Factibilidad “Ixtaca Project –Feasibility Stu-

dy– Technical Report: Almaden” señala que para 2019 ya había comprado mil 139 hectáreas, más de las mil 44 hectáreas que requiere para el plan de producción propuesto.

Juan Lira, habitante de la región, revela que los representantes de la empresa recorren los caseríos y rancherías para presionar a los propietarios a que vendan sus terrenos, por los cuales les ofrecen entre 25 mil y 45 mil pesos por hectárea.

“Nos dicen que los vecinos ya vendieron, que no podremos seguir aquí porque nos afectarán el ruido y el polvo, y que, si no vendemos ahora, después vendrá la expropiación y entrará el Ejército a sacarnos a todos.”

La empresa ya cercó el área que compró y puso letreros de “propiedad privada”. En cambio, los habitantes dicen que cuando se inició la exploración, los trabajadores de Gorrión se metían a sus propiedades sin permiso.

La Evaluación de Impacto en Derecho Humanos realizada por Poder encontró que, en los reportes que Almaden entregó a sus inversionistas de Estados Unidos y Canadá, reconoce que violó la NOM de la Semarnat, pues hizo 236 perforaciones más que las que tenía autorizadas, en mayor densidad y profundidad, y que excedió el tiempo que le dieron para la exploración.

En esa etapa, expone, la empresa perforó el acuífero de la región, que la propia minera ubicó a 150 metros de la superficie, pues en sus informes reconoce haber realizado barrenos de hasta 700 metros de profundidad.

Doña Elvia cuenta que en ese entonces su esposo tenía sembrada una hectárea de ajo y de pronto se encontraron con que el manantial para el riego se secó, por lo cual perdieron la cosecha. Igual le pasó a uno de sus vecinos. Esto, sostiene, se debió a que, al perforar el acuífero, la empresa desvió el curso del agua, aunque la minera nunca se hizo responsable.

En un principio, el proyecto de mina incluía una presa de jales, pero ahora asegura que instalará tecnología de punta para operar con agua de lluvia.

Sin embargo, la viabilidad de eso es dudosa porque la Semarnat ha confirmado que ninguna de las mil 250 concesiones mineras autorizadas en el país opera con agua de lluvia y que eso sería menos posible en un municipio que registra precipitaciones de 600 a 800 milímetros anuales.

“Aquí nunca hubo una mina y a la fecha nadie se ha muerto de hambre”, resume Pompeyo Herrera. “Lo que nos hace falta es agua y es precisamente lo que se va a acabar si el proyecto de la mina se impone”.

ELECCIONES EN COAHUILA Y EDOMEX EL FANTASMA DE LA JUDICIALIZACIÓN

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Aunos días de que se emitan los informes de fiscalización del periodo de precampaña para los aspirantes a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, el fantasma de la judicialización asoma en ambas entidades, donde el llamado Plan B de la Reforma Electoral no aplica.

Los partidos políticos y sus abanderados están sujetos a la normatividad electoral de años pasados debido a los tiempos en que se aprobó el Plan B; el precedente de las elecciones hace seis años (en 2017) es que sus comicios terminaron en tribunales, con movilización social y validaciones de último minuto previo al cambio de poderes ese año.

Ya en 2021 los aparatos jurídicos del PRI, PAN y PRD pusieron en aprietos a Morena y sus aliados, al grado de tirarle dos candidatos competitivos a los ayuntamientos de Torreón y Ciudad Acuña, así como la candidatura a reelección de Evaristo Pérez Lenin Rivera, quien desde 2018 ocupaba una curul federal.

Además, la judicialización consiguió problematizar la subsistencia y la recp-

El choque entre las alianzas que compiten este año por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila tiene antecedentes en los comicios de 2017 y 2021, cuando los resultados estatales fueron impugnados jurídicamente y se trató de influir en ellos con movilizaciones sociales. Como entonces, la alianza Va por México señala a Morena y a sus aliados de actos anticipados de campaña y gastos irregulares, mientras que los morenistas acusan a PRI, PAN y PRD de uso de programas sociales, acarreo, exceso en gastos en propaganda y otras infracciones.

ción de recursos para el partido Unidad Democrática de Coahuila, dirigido por el propio Pérez Rivera, que en esa ocasión era aliado de Morena.

En el caso de Coahuila, donde la legsilación electoral aprobada el año pasado fue echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el proceso electoral ya había iniciado (Proceso 2418), se mantiene en la incertidumbre los topes de gastos de campaña motivando con ello una observación inusitada sobre la propaganda en las precampañas realizadas entre el 14 de enero y el 12 de febrero pasados.

Con todo y los topes de gasto definidos con claridad en el Estado de México, las quejas y denuncias crecen, tanto en relación a los gastos como en las actividades que dentro o fuera de la precampaña realizaron las principales fuerzas políticas en ambas entidades.

Por un lado, Morena y sus aliados PT y PVEM dirigen sus señalamientos al dispendio y el activismo de Alejandra del Moral, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, integrada por PRI, PAN y PRD, que a su vez no pierde oportunidad para denunciar presuntos actos de despendio y recursos prohibidos en el pro-

selitismo pretendidamente interno de la morenista Delfina Gómez.

Estado de México, la elección judicial

Gobernado históricamente por el PRI, el Estado de México no ha tenido alternancia y durante su existencia ha mantenido una maquinaria electoral que suele desenvolverse al filo de la legalidad.

Ya en 2017 Morena identificó irregularidades en numerosas casillas del Valle de México donde, a toro pasado y sin posibilidades de revertir el resultado, un equipo liderado por Horacio Duarte Olivares, actual cooridnador de campaña de Delfina Gómez, constató que la votación en casillas donde no tenían representante se elevó de manera improbable, en tanto que en la zona oriente de la Ciudad de México hubo compra de representantes que cedieron a la alteración de actas.

Con apenas dos años de participación electoral como Morena, fue imposible revertir resultados, de acuerdo con Horacio Duarte, quien, al año siguiente para la elección presidencial, consiguió la cobertura total de casillas e implementó un mecanismo de vigilancia. Dicho mecanis-

mo fue operado en 2018, según pudo acreditar Proceso, con la estructura electoral magisterial que aportaron las Redes Sociales Progresistas, organización vinculada a Elba Esther Gordillo.

A cuatro años de eso, Morena es partido en el poder y su equipo jurídico, sólo en el periodo de precampaña, impulsó 33 denuncias sobre hechos atribuibles a Alejandra del Moral y la estructura priista mexiquense.

Dichas denuncias son por actos anticipados de campaña, uso indebido de programas sociales e infracciones en materia electoral, así como una queja peculiar: la presunta vulneración al interés superior de la infancia.

Esa última denuncia se basa en el supuesto acarreo priista en apoyo a Alejandra del Moral para un acto realizado en Metepec, al que asistieron alumnos del bachillerato técnico CBT número 2, en horario escolar y sin autorización de sus padres.

Pero hay más. Las denuncias bajo la conducción de Horacio Duarte incluyen la difusión de spots en el periodo de intercampaña, es decir, del 12 de febrero a la fecha, cuya exhibición fue documentada en cadenas cinematográficas que se proyectaban todavía el 20 de febrero.

Además incluye una queja por los acarreos y los formatos de los actos de toma de protesta de Alejandra del Moral como candidata del PAN en el predio Dos Ríos, en Huixquilucan, el 19 de febrero, así como por la misma formalidad llevada a cabo el 25 de febrero en la Villa Chara de Toluca, que corrió a cargo del Panal, partido con registro local que va en alianza con PRI, PAN y PRD.

Entre las denuncias también se incluye la permanencia de espectaculares fuera de periodo, el uso de programas sociales, en particular el “Salario Rosa”, cuyas beneficiarias son orientadas a en-

Del Moral. Acarreo con menores

Gómez. Apoyo presidencial

Crisanta Espinosa Aguilar

Germán Canseco

cauzar acciones a través de redes sociales, y finalmente la realización de llamadas de suplantación durante la madrugada en las que una voz clonada a Delfina Gómez invita al voto con el fin “de irritar a la ciudadanía”.

Estas últimas tres prácticas (espectaculares, programas sociales y llamadas telefónicas) también fueron parte central de las impugnaciones de 2017.

Del lado de la coalición Va por el Estado de México los señalamientos se dirigen también a la fiscalización.

El PRI, como partido solo, ha impulsado hasta esta semana unas 40 quejas o denuncias contra Morena y Delfina Gómez, entre las que destacan los mensajes de apoyo desde la tribuna presidencial a la candidata morenista mexiquense.

El asunto de los mensajes de apoyo ha sido particularmente polémico, pues forma parte del Plan B de la Reforma Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación y el cual, con las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas, resultaría más laxo. Sin embargo, esas normas no aplican a las elecciones de este 2023.

De hecho, los denunciados mensajes de apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido en favor de Delfina Gómez tienen su contraparte en las denuncias por el involucramiento de servidores públicos estatales en actividades proselitistas de Alejandra del Moral.

El miércoles 8, el secretario de Gobierno mexiquense, Luis Felipe Puente, transmitió a los servidores públicos de primera

línea la prohibición de asistir a eventos de Alejandra del Moral en horarios de trabajo y días laborables.

La orden causó inquietud en diferentes sectores priistas, según pudo constatar Proceso entre funcionarios mexiquenses consultados.

Coahuila, historial de fiscalización

Si en 2017 las elecciones de gobernador estuvieron a punto de caerse por los informes de fiscalización que se anticipaban desfavorables al PRI, en 2021 la elección local, empatada con la federal intermedia, jugó contra Morena.

Su aspirante a la presidencia municipal de Torreón, Luis Fernando Salazar, no había presentado informes de fiscalización, el mismo argumento por el que a mitad de la campaña, es decir, a finales de abril de 2021, fueron canceladas las candidaturas de Raúl Morón en Michoacán, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y unos 60 morenistas en todo el país.

En el caso de Coahuila las denuncias por fiscalización para las elecciones de 2023 iniciaron dentro de Morena, señaladmente por aquellas que impulsó el entonces superdelegado federal, hoy senador de la República, Reyes Flores Hurtado, a través de incondicionales.

Las quejas fueron contra Ricardo Mejía Berdeja, quien hasta febrero buscó la candidatura de Morena al gobierno estatal y al no conseguirlo terminó siendo abanderado del PT, pues en Coahuila se rompió la coalición.

Entre las quejas contra Mejía Berdeja hasta febrero se contaba la realización de actividades proselitistas cuando se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal. Además, por el hecho de que desde junio de 2022 hubo numerosos espectaculares en las vialidades de la entidad con su imagen y que en todo momento se justificaban en la promoción de revistas que lo llevaban en portada.

Los espectaculares se mantienen y, de hecho, en el período de intercampaña se pueden identificar varios que exhiben la imagen del candidato que se ha autonombrado El Tigre, derivado de la expresión “despertar el tigre”, empleada, con referencias históricas de pormedio, por Andrés Manuel López Obrador en 2018.

La colocación de espectaculares en demasía, si bien dentro del periodo de precampaña afecta también a Armando Guadiana Tijerina, el precandidato único de Morena a gobernador de Coahuila, sobre el que existen otras denuncias, si no de manera directa, sí por el proceso de selección, pues morenistas próximos a Mejía Berdeja impulsaron por considerar que su postulación fue una imposición desde el centro.

Además, operadores morenistas, asimilados a la nómina de Bienestar como funcionarios o bien como Servidores de la Nación, han acusado acarreos de beneficiarios de programas sociales, señalando como responsable a Claudia Garza del Toro, quien hasta febrero se desempeñó como subdelegada de Bienestar en Monclova para luego asumir la superdelgación que dejó vacante Flores Hurtado.

Dichas denuncias se inscriben en la división interna que el morenismo padece por la ruptura de Mejía Berdeja y que ha implicado someter a proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a importantes cuadros fundadores del partido en la entidad, incluida a la presidenta del consejo estatal, Yamille Mtanous, para su eventual expulsión.

Con los informes de fiscalización a punto de emitirse esta semana, la tensión crece en Morena y PT.

De hecho, el Instituto Electoral de Coahuila confirmó a Proceso la recepción de numerosas quejas contra Mejía Berdeja, principalmente por actos anticipados de campaña y por los espectaculares que no se retiraron al concluir el periodo de precampaña, por lo que, al margen de la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, el órgano local tiene hasta el miércoles 22 para investigar, admitir o no a trámite los asuntos y, en su caso, sustanciar los expedientes que procedan.

Guadiana. Candidatura que divide

@Cuartoscuro

LOS ENTRESIJOS

DEL CHOQUE

ENTRE LA MINISTRA ESQUIVEL Y LA UNAM

DIANA LASTIRI

El presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa ha causado un choque entre ella y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se ventila en juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Inicialmente la UNAM se limitó a investigar y sancionar a la maestra Martha Rodríguez, asesora de la tesis de la ministra y de Édgar Ulises Báez Gutiérrez –exalumno cuya tesis forma parte del conflicto–, bajo el argumento de que no cuenta con facultades para retirar el título profesional a la integrante del Pleno.

Sin embargo, desde que Esquivel Mossa decidió llevar el caso al terreno judicial mediante un amparo contra la integración del Comité Universitario de Ética de la UNAM, la institución decidió emprender su propia estrategia jurídica para cerrar el caso lo más pronto posible.

El litigio ya causó que ni la UNAM pueda emitir su resolución en el caso ni la juez de Amparo pueda dictar su sentencia, por lo que, a poco más de dos meses de que se dio a conocer la existencia de si-

En juzgados y tribunales se ventila el plagio de la tesis de licenciatura cometido presuntamente por la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel luego de que ésta decidió llevar el caso al terreno judicial mediante un amparo contra la integración del Comité Universitario de Ética de la UNAM. Pero el caso se encuentra empantanado de manera indefinida pues por orden judicial la Universidad no puede emitir su resolución sobre el caso ni la juez de amparo puede dictar sentencia.

Miguel Dimayuga

Graue. En defensa de la UNAM

militudes entre las tesis de Esquivel Mossa y Báez Gutiérrez, el tema permanece estancado.

Mientras tanto, una segunda acusación de supuesto plagio ya surgió contra Esquivel Mossa, y la SCJN permanece pendiente de resolver qué trámite dará a las más de 600 denuncias que se han presentado contra la ministra a raíz del escándalo.

Primeras resoluciones

Desde diciembre pasado, cuando se dio a conocer el plagio de la tesis de licenciatura, la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) abrió una investigación sobre el asunto. Para ello Esquivel Mossa compareció y ofreció pruebas en su favor, y el 11 de enero el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón determinó que la tesis de la ministra, presentada en 1987, tiene “un alto nivel de coincidencias” con la de Báez Gutiérrez, que presentó en 1986, pero envió el expediente a la Rectoría de la UNAM para que determinen lo procedente.

Ese día, la Rectoría concluyó que, efectivamente, Yasmín Esquivel Mossa “copió parte sustancial del contenido” de la tesis de Édgar Ulises Báez. Sin embargo, señaló que carece de mecanismos para invalidar el título profesional que le fue expedido en 1987 a la ministra, “aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado”.

Por ello, la Máxima Casa de Estudios envió el caso a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que determine lo que corresponda. Casi una semana después, el 16 de enero último, la secretaría respondió que la Dirección General de Profesiones no tiene la facultad de retirar el título profesional a la ministra Esquivel.

“En el supuesto que la autoridad universitaria competente resuelva que la conducta que se le impute a la C. Yasmín Esquivel Mossa es susceptible de ser considerada como constitutiva de un acto ilícito, lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o autoridad jurisdiccional competentes”, señaló la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya.

Añadió que no había constancia de que la autoridad universitaria valoró y tomó una determinación sobre el tema, pese a la resolución emitida por el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón.

De acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Dirección General de Profesiones de la SEP puede retirar la cédula profesional de una persona previa resolución “emitida por autoridad competente”, es decir, la legislación no establece qué autoridad es la competente.

Para ese momento la ministra Esquivel Mossa señaló que no renunciará a la Corte y que definitivamente no está de acuerdo con la resolución de la FES Aragón.

El 18 de enero pasado la UNAM informó que despidió a Martha Rodríguez, asesora de tesis de Esquivel Mossa y de Báez Gutiérrez por haber incurrido en causas graves de responsabilidad y faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. “Quedan totalmente suspendidos la relación de trabajo de la profesora Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional, así como el pago de sus salarios”, señaló la UNAM.

La Máxima Casa de Estudios dio a conocer que Martha Rodríguez confesó haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro. Dos días después, el rector de la UNAM, Enrique Graue, emitió una de sus primeras declaraciones contra Esquivel Mossa.

“Todas y todos conocen el Dictamen Técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón –publicado el 11 de enero de este año–, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987, como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna de esa entidad académica Yasmín Esquivel Mossa”, señaló el rector.

Fue entonces que Graue anunció que convocaría al Comité Universitario de Ética (Cuética), que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que analice el expediente del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón y las pruebas que las partes aporten para emitir un dictamen final.

“Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo”, agregó el rector.

Fue hasta el 14 de febrero pasado que la UNAM indicó que para respetar el derecho de defensa de la ministra y del otro exalumno que forma parte del conflicto, invitó a ambos a entregar pruebas y manifestar los alegatos que consideren pertinentes para que, una vez que concluya la entrega de estos escritos y probanzas, el Cuética entregue al rector su dictamen ético y académico sobre el asunto.

Libertades en la UNAM

Contra la integración, conformación y registro del Cuética, la ministra Yasmín Esquivel solicitó un amparo ante la juez quinto de Distrito en materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, que ha derivado en diversos pronunciamientos de la UNAM reprochando el actuar del PJF en el caso.

Esto, debido a que al admitir a trámite la demanda de la ministra, la juez concedió una suspensión a la ministra Esquivel Mossa en la que prohibió al Cuética emitir su dictamen y a la Máxima Casa de Estudios informar sobre la evolución del proceso de análisis que realiza del caso.

Para cuando se notificó la decisión, el 17 de febrero pasado, la UNAM anunció que impugnaría la misma, pues dijo no

Eduardo Miranda

Esquivel Mossa. “No renunciaré”

estar de acuerdo con un mandato judicial que buscaba silenciarla, “coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad”.

“La universidad es un espacio de libertades, donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En la universidad no se acallan las voces; por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la universidad”, reprochó la institución.

A pesar de la tramitación del amparo, la defensa de la ministra compareció el 20 de febrero siguiente ante el Cuética para ampliar las pruebas que ya existían en el expediente.

El abogado Alejandro Romano, representante legal de la ministra, señaló que la integrante del Pleno de la Corte no buscará sustraerse del procedimiento que se lleva a cabo en la UNAM y aprovechó para enviar un mensaje a la institución.

“Yasmín Esquivel ha sido respetuosa del debido proceso, por eso ha evitado salir a los medios de comunicación o emitir algún pronunciamiento público sobre un proceso que está en marcha. De la contraparte, que tiene en sus manos el análisis de la tesis, esperaríamos lo mismo”, dijo el abogado.

“En lo esencial la defensa se sustenta en que la ministra Yasmín Esquivel es la autora de su tesis profesional, ese es el punto número 1 de su defensa.”

Añadió que el procedimiento realizado por el Cuética es totalmente arbitrario y detalló que las pruebas exhibidas incluyen declaraciones de Martha Rodríguez, la asesora de las tesis en conflicto; dictámenes periciales en diversas materias y otros pronunciamientos realizados por otras personas.

Dos días después, la juez quinto de Distrito notificó que el rector de la UNAM, Enrique Graue, el Cuética, el director de la FES Aragón e integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de dicha facultad presentaron un recurso de queja contra la suspensión que concedió.

Al día siguiente el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México retiró la mordaza impuesta por la juez quinto de Distrito a la UNAM sobre el caso de la ministra. Por unanimidad los integrantes del Colegiado modificaron la suspensión concedida a Esquivel Mossa y revocaron la orden de no informar sobre el caso de la ministra.

Esto, al considerar que hay interés público de conocer cómo evoluciona el procedimiento, por lo que no es posible prohibir a la UNAM dar a conocer los datos bajo ciertos requisitos.

“Hay cierto interés justificado de la sociedad para saber cómo va desarrollándo-

se el procedimiento, a partir de ello, respecto al derecho de presunción de inocencia de la quejosa, consideramos que la información que en dado caso emita la universidad para que la sociedad tenga conocimiento sobre cómo evoluciona este procedimiento debe cumplir con las características definidas por la Suprema Corte para considerar que es información de interés público”, señaló el magistrado ponente Salvador Alvarado.

En consecuencia, el Colegiado declaró que la UNAM puede informar sobre el asunto sin dar opiniones y únicamente sobre las actividades que realice el Cuética de manera objetiva e imparcial.

Mientras que los magistrados dejaron subsistente la suspensión que frena la resolución del comité al considerar que esta medida es adecuada debido a que, de lo contrario, emitir un dictamen sin analizar si la ministra es vulnerada en sus derechos humanos, puede ocasionarle un daño de difícil reparación.

El pasado 1 de marzo la juez quinto de Distrito resolvió frenar por tiempo indefinido el dictamen de la UNAM al conceder a la ministra una suspensión definitiva.

La medida quedó en los mismos términos en los que fue modificada la suspensión provisional por el Vigésimo Tribunal Colegiado.

La UNAM lamentó nuevamente la determinación judicial pues indicó que el Cuética ha respetado todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluir el proceso de análisis.

“La UNAM hará uso de todos los medios que la ley le otorga para poder cumplir con su función constitucional”, agregó.

“Confiamos en que las instancias judiciales comprenderán la naturaleza académica de las funciones que la universidad de la nación y todos sus órganos colegiados realizan, incluido el Comité Universitario de Ética.”

Aunque desde que presentó el recurso de queja contra la suspensión provisional, la UNAM también impugnó la admisión de la demanda de amparo, pero la juez no le dio trámite sino hasta el lunes 6, pues requirió a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, antes de enviar el expediente al Tribunal Colegiado.

Una vez que los requerimientos fueron desahogados, la juez ordenó enviar el expediente al tribunal correspondiente,

que según los estrados judiciales fue el Vigésimo Primero en materia Administrativa, que registró las quejas con los números 93 al 95/2023.

Con estos recursos, la UNAM busca que el Colegiado revoque el acuerdo en el que la juez quinto dio entrada al amparo de Esquivel Mossa, por lo que la juzgadora ordenó suspender el procedimiento del juicio de garantías.

“Ya que los recursos de mérito se fundan en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y toda vez que la resolución que se dicte puede influir en el trámite del juicio de amparo, por tratarse la determinación reclamada de la admisión de la demanda, que por su naturaleza resulta una cuestión trascendental; acorde a lo dispuesto en el artículo 102 de la ley de la materia, se suspende el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto se resuelvan las referidas quejas. En ese sentido, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las 9 horas con 46 minutos del 31 de marzo de 2023”, señaló la juzgadora.

Esta orden no afecta la suspensión definitiva concedida a la ministra Esquivel Mossa y que impide al Cuética dictar su resolución.

La tesis de la discordia

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

Carlos Gerardo Acosta Córdova siempre estuvo al filo del cierre de la edición. Perfeccionista con la redacción, sudaba la nota, dejaba secas las colillas de sus cigarros, sufría… Varias tazas de café lo reconfortaban y luego gozaba “haciendo poesía” con los números de la economía del país, sobre la cual informó puntualmente durante 30 años desde las páginas de Proceso.

Un día de 1986, el fundador y entonces director general de Proceso, Julios Scherer García, le espetó al entonces joven reportero:

“¡Qué carajos con usted, don Carlos! ¡Disfrute su trabajo! Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Haga cosas buenas y disfrute lo que hace. Su perfeccionismo lo paraliza. Lo hace inútil. Su nota es una chingonería”.

En otra ocasión, en mayo de 1987, don Julio lo mandó llamar para “felicitarlo” por un reportaje sobre el derrumbe del Grupo Industrial Alfa. El propio Carlos Acosta contó la anécdota en enero de 2015 (Proceso No. 1993):

“--Venga, siéntese aquí--, me dijo, al tiempo que se levantaba y me cedía su silla.

“Incrédulo y nerviosísimo me senté en el lugar del fundador y director general de Proceso. ¡Uf! Perplejo, lo escuché:

--Por ese reportaje usted podría estar allí (en la silla de director) (…) Es una maravilla su reportaje. Qué manera de manejar la información. Qué claridad. Cómo expone usted los datos. Deja muy en claro cómo a Alfa se la está llevando la chingada.

“No creía lo que me estaba diciendo. Pero

CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

CUANDO EL MEJOR REPORTERO FINANCIERO HACÍA

“POESÍA CON LOS NÚMEROS”

Los acontecimientos económicos que marcaron al país durante más de tres décadas fueron cubiertos y explicados por el reportero de Proceso Carlos Acosta Córdova: de la ola de privatizaciones de Salinas al raquítico crecimiento y corrupción con Peña Nieto, del Fobaproa al Error de Diciembre, del TLCAN al T-MEC… Pero Acosta, quien murió el pasado sábado 4, no sólo fue un periodista crítico, incisivo y riguroso –la perfección era una de sus obsesiones--, también fue el gran ser humano que sus familiares y amigos recuerdan: sencillo, honesto, fraternal, solidario.

Cortesía Familia Acosta

por dentro estaba yo exultante. Sin embargo, pronto acabó el júbilo interno. Me pidió que me levantara de su silla.

“--Quítese de ahí, don Carlos. Le voy a mentar su madrecita. Es extraordinario su trabajo. Pero es terriblemente frío. No hay seres de carne y hueso. Nadie habla. Nadie expresa su sentir. Son números, datos, cifras; nunca personas. Nadie habla. Muchas gracias, don Carlos.

“Y me despidió con un fuerte abrazo y una risa cómplice. Bajé a mi lugar sintiéndome muy pendejo. Pero aprendí la lección”.

Abriendo brecha

Carlos Acosta, quien falleció el pasado sábado 4 de marzo a los 65 años de edad, tenía una forma única de contar los hechos de la economía nacional y un talento innato para ejercer el oficio del periodismo, el cual fue descubierto en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán por Rafael Rodríguez Castañeda, quien después de don Julio ocupó la dirección del semanario de 1999 a febrero de 2020.

Horas después de la noticia de la muerte del reportero, Rodríguez Castañeda escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy murió Carlos Acosta, miembro de la vieja gran escuela de reporteros de Proceso. En su momento el mejor reportero financiero del país. Alumno mío en la ENEP Acatlán, fue uno de mis grandes orgullos como maestro”.

No sólo fue el orgullo del exdirector de Proceso y actual presidente del Consejo de Administración de CISA –la empresa editora del semanario y del sitio digital Proceso.com.mx--, sino que Acosta Córdova abrió brecha para que otros jóvenes pudieran probarse en el medio periodístico. Fue el caso de su amigo y compañero de aula Raúl Monge, reportero especializado en la Ciudad de México y exeditor en jefe de la Agencia de información Proceso (APRO).

“Carlos como estudiante no era de excelencia, era introvertido, ensimismado, muy exigente con las clases, si no le gustaban se salía y presentaba un trabajo final o un examen extraordinario. Trabajaba en una farmacia en Azcapotzalco y lo combinaba con sus estudios. Rafael nos daba órdenes de trabajo y las mejores notas se publicaban en el Diario de México. Ahí le vio su talento. Carlos abrió brecha para que varios de nosotros pudiéramos llegar a Proceso y a los medios”, recuerda en entrevista.

Monge agrega que en la vida profesional “Carlos era muy meticuloso, por eso sufría tanto a la hora de escribir. Tenía que plasmar lo que él había concebido y darle, aparte, la interpretación de tal manera que el lector entendiera, porque muchos economistas escriben, pero la gente no los

entiende y Carlos trataba de cumplir con ese servicio que es el periodismo, servir a la gente”.

La personalidad de Charly, como le decían sus compañeros en la fuente financiera, tenía matices. Resaltaban sus cualidades humanas: honesto, solidario, buen amigo. Era bromista y rebosaba carisma. Como periodista era riguroso, crítico, incisivo…

A lo largo de su carrera cubrió hechos que cambiaron la economía mexicana, como la elevada inflación en la década de los ochenta, la depreciación del peso, la ola de privatizaciones en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la crisis del llamado “Efecto Tequila”, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Fobaproa…

Atestiguó el cambio de régimen y la llegada de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Realizó reportajes sobre el “catarrito” de la economía que se volvió “pulmonía” en 2008. Crítico del pobre crecimiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En sus textos describió la creciente desigualdad a costa del enriquecimiento de la clase dominante y a falta de políticas económicas que se reflejaran en el bolsillo de la gente de a pie, pese a la “estabilidad macroeconómica”.

Destaca su cobertura del salinato. En un texto dedicado a Julio Scherer después de su muerte, Carlos relató:

“Resulta que Salinas, cuando andaba de gira por algún estado de la República –en promoción de Solidaridad, su programa de combate a la pobreza--, siempre pasaba la noche, deliberadamente, en un jacalón expresamente destinado para ese propósito. Y para que, al amanecer del día siguiente, las cámaras de Presidencia, de video y fotografía, captaran a un presidente “entregado al pueblo”, que convive con la gente más necesitada del país, saliendo de la casucha con la gente que realmente vivía allí”.

Lo que no captaban las cámaras, denunció, eran los momentos en que elementos del Estado Mayor Presidencial desmontaban el interior del jacal, fumigaban, hacían una limpieza profunda y colocaban otro mobiliario.

“Tampoco cuando, en cuestión de minutos, también gente del Estado Mayor Presidencial armaba un galerón para ubicar la cocina donde se preparaban los alimentos del presidente y sus acompañantes. Era irritante ver por detrás del jacal el movimiento febril de un gran equipo de chefs y cocineros con impecables filipina y gorros blancos”, narró Acosta.

El “profesor”

La grabadora de Carlos Acosta fue un baúl de voces de personajes a quienes

entrevistó, como del exgobernador del Banco de México Guillermo Ortíz; secretarios de Hacienda como Francisco Gil Díaz y José Antonio Meade; el negociador en jefe del TLCAN, Jaime Serra Puche; empresarios, como el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim; líderes de los bancos, como Luis Robles Miaja; el ahora subgobernador del banco central, Jonathan Heath; Alfonso Romo, quien coordinó en gran medida el plan económico y las relaciones con empresarios en la actual administración de López Obrador.

En el día a día las reflexiones incisivas del reportero de Proceso sorprendían a los compañeros reporteros, que, por ejemplo, año con año cubren la Convención Nacional Bancaria, el máximo evento financiero del país. Todos esperaban que Acosta tomara el micrófono para poner en aprietos a los banqueros.

“Era genial. Durante las conferencias de prensa se aventaba primero una conferencia magistral y luego hacía la pregunta”, recuerda a este semanario Agustín Vargas, exreportero de Proceso y cercano a Acosta Córdova.

“‘Muy bien, Carlos. Sus conocimientos son perfectos. Entiende muy bien los temas. Pero ¿cuál era la pregunta?’, le dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en una Convención Bancaria ante las risas y aplausos de los presentes en el salón de actos.

“Ya todos los compañeros sabíamos que iba hacer una pregunta de alguna manera incómoda porque él no se autocensuraba. Todos los compañeros esperábamos con avidez sus preguntas, a veces muy extensas, pero siempre acertadas. Para la fuente sus preguntas eran las que daban la nota. Tenía un gran bagaje cultural e histórico”, señala Israel Rodríguez, exreportero de La Jornada en entrevista telefónica.

Va más allá: “Aunque era un reportero muy sencillo y prestigiado, nunca se negó a ayudar a los reporteros jóvenes en estilo, en consejos. Fue un maestro en toda la extensión de la palabra”.

No en balde Julio Scherer García le saludaba con el mote de “profesor” en los pasillos de Proceso, donde Carlos Acosta dejó sus mejores años como reportero, aunque también laboró en Notimex y fue coordinador de Sociedad y Reportajes Especiales en El Universal e impartió la clase de Periodismo Económico en la escuela Carlos Septién García.

Después de leer los textos de Carlos Acosta, el fundador de Proceso de plano le reconoció, al igual que sus lectores, que “cada vez que lo leo, aprendo algo y entiendo de economía, profesor”.

#8M, POR RESPETO Y JUSTICIA

“Feliz será el día en el que caminemos sin miedo”, “Yo te cuido; tú me cuidas”, “No sentir rabia es un privilegio”, “Respeta mi existencia o espera resistencia”, “Si soy amiga de tu agresor, avísame”, “Agradezcan que buscamos justicia y no venganza” fueron algunas de las consignas que decenas de miles de mexicanas de todas las edades lanzaron en las calles con motivo del #8M. Proceso presenta una serie de imágenes que dan fe de la masiva movilización que exige el fin de las violencias contra la mujer, una tragedia con varias cabezas, porque no sólo las hermana el género, también el dolor.

Germán Canseco

Montserrat López

Montserrat López

Montserrat López

Jose Luis de la Cruz

LAS MULTITUDINARIAS MANIFESTACIONES QUE MACRON NO VE NI ESCUCHA

ANNE MARIE MERGIER

PARÍS.– “Desde el 19 de enero la población se moviliza contra la reforma de las pensiones (…) Hasta la fecha esas movilizaciones masivas encabezadas por un frente intersindical unido no han recibido la mínima respuesta de parte del gobierno. Semejante situación no puede durar más. El silencio del presidente constituye un grave problema democrático que lleva inevitablemente a una situación que puede volverse explosiva. Por lo tanto, consciente de la gravedad del momento, el frente intersindical le solicita por correo una cita urgente para pedirle que retire su reforma.” Rodeada por los dirigentes de las ocho

principales confederaciones sindicales de Francia y de cinco organizaciones de defensa de la juventud, Patricia Drevon, alta responsable de Fuerza Obrera, se expresa en tono grave y decidido.

Es el martes 7. Son las 8:30 de la noche. Acaba de terminarse la sexta jornada de huelgas y marchas de protesta contra la reforma de las pensiones en menos de dos meses.

A lo largo de todo el día, 3 millones 500 mil manifestantes desfilaron en más de 300 ciudades de Francia, según aseguran los organizadores. Una cifra récord. Y aun si el Ministerio del Interior afirma haber registrado 1 millón 280 mil personas en las calles galas, voceros del gobierno reconocen una “fuerte participación popular” a esas marchas.

Paralelamente a la movilización callejera perturbaron la actividad económica del país huelgas de conductores de tren y metro, controladores aéreos, camioneros, trabajadores de refinerías y del sector energético, sin hablar del paro del personal de la educación nacional que causó el cierre de una multitud de centros de estudios y del personal médico de los hospitales públicos o de los recolectores de basura. La lista no es exhaustiva.

Que le guste o no al presidente, Emmanuel Macron, una mayoría creciente de franceses –entre 64% y 72%, según distintos sondeos de opinión– se opone a su reforma de las pensiones y 59% de ellos afirma aprobar la perspectiva de huelgas indefinidas que está poniendo en marcha el frente intersindical.

La meta es lograr que la presión del sector empresarial adicionada a la de la calle obligue al gobierno a renunciar a sus dos medidas emblemáticas: aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y subir de un año (de 42 a 43) el periodo de cotización necesario para disfrutar de una pensión completa.

El Ejecutivo defiende estas medidas con uñas y dientes. Son indispensables, dice, para garantizar la viabilidad del sistema pensional amenazado en las próximas décadas por el envejecimiento de la población gala.

Pensiones impredecibles

Además de los gremios, rechazan la reforma el Partido Socialista y el Partido Comu-

Francia está inmersa en una pugna por saber quién tiene más fuerza: el presidente Emmanuel Macron, que busca imponer una reforma a las pensiones, que esencialmente aplaza dos años la edad de jubilación, o los millones de franceses que han salido a las calles para gritarle a su presidente que imponer más sacrificios a los trabajadores dista de ser la única solución para salvar el sistema. Como ninguna de las dos posiciones cede, la nación gala acumula energía, cuya tensión se puede liberar con desastrosas consecuencias.

nista, las distintas formaciones ecologistas y la izquierda radical Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon, al igual que la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

También la denuncian prestigiosos economistas que al filo de análisis meticulosos del proyecto de ley y de las promesas gubernamentales evidenciaron numerosas contradicciones, “verdades a medias” e inclusive “mentiras descaradas”.

Entre estas “manipulaciones” destaca el anuncio enfático de una pensión mínima de mil 200 euros para jubilados –no se precisó su número– que recibirán pensiones muy bajas, a pesar de haber cumplido todos los requisitos previstos por la ley.

Acorralado por economistas y diputados de izquierda, Olivier Dussopt, ministro del Trabajo, mencionó primero la cifra de 40 mil futuros beneficiarios, pero, cuestionado de nuevo, tuvo que reconocer que sólo “entre 10 mil y 20 mil personas” serían favorecidas.

Del mismo modo se desinflaron totalmente afirmaciones de Dussopt y Elizabeth Borne, primera ministra, según las cuales la reforma iba a corregir las desigualdades que gangrenan el sistema actual de pensiones favoreciendo en particular a las mujeres, los trabajadores que integraron el mundo laboral a temprana edad y los asalariados mayores de 55 años.

Más larga es la lista de los “engaños” del gobierno destapados en las últimas semanas, pero la quiebra del sistema de pensiones por repartición presentada como ineludible si los franceses no aceptan trabajar más tiempo y cotizar más fue la que concentró las críticas más acerbas de eminentes expertos independientes.

Todos coinciden: el sistema de pensiones depende de tantos parámetros com-

plejos e inestables que nadie puede predecir su futuro a ciencia cierta. En cambio, recalcan, imponer más sacrificios a los trabajadores franceses dista de ser la única solución para salvar el sistema. Existen alternativas, insisten, entre ellas: aumentar ligeramente bases de cotizaciones de empleadores y empleados, reducir los 200 mil millones de euros anuales de subsidios otorgados por el gobierno al sector privado, reactivar una parte de los impuestos sobre los ingresos del capital intocados desde 2018…

Todos aseguran además que reformar las pensiones en el actual contexto francés dista de ser una prioridad.

Es precisamente lo que acaba de enfatizar Jacques Attali en el diario Les Echos Economista y analista político, asesor presidencial de François Mitterrand durante 10 años, Attali, que lleva más de cuatro décadas navegando en las altas esferas del poder en Francia, fue el mentor de Emmanuel Macron.

En 2007 “descubrió” a ese brillante joven inspector de Hacienda y lo integró de inmediato a la Comisión para la Liberación del Crecimiento Francés que dirigía a solicitud del entonces presidente Nicolas Sarkozy. Luego lo presentó a François Hollande, quien acabó confiándole el Ministerio de la Economía, la Industria y la Transformación Digital en 2014. Ese cargo importante sirvió de trampolín a Macron para lanzarse como candidato a la presidencia en 2016.

La nota de opinión que esa eminencia gris de la política gala pública en Les Echos es implacable para el jefe de Estado aun si nunca menciona a Macron por su nombre.

Después de hacer la lista de las reformas realmente apremiantes que requiere

Movimiento bien organizado contra la imposición

el país –educación pública, sistema hospitalario, cambios institucionales, mutación ecológica…–, Attali se pregunta por qué “se incluyó” en esa lista “un ajuste marginal de eventuales y lejanos déficits de los regímenes de pensiones”. Y agrega: “No se hubiera descartado el análisis de los expertos más agudos del país que consideran que ese ajuste dista de ser urgente”.

Y asesta: “Veo una sola explicación: se prometió hacer esa reforma y se decidió hacerla porque aparentemente era la más fácil. Es un poco como el borracho que busca sus llaves en la luz de un farol no porque allí las perdió, sino porque allí hay luz”. Attali sugiere a modo de conclusión que la mejor opción sería renunciar a esa reforma.

En vano. El presidente no hace caso a nadie.

“En realidad Emmanuel Macron convirtió esa reforma en asunto personal”, deplora Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien, al igual que sus homólogos del frente intersindical, observa con inquietud las repercusiones cada vez más alarmantes del “empeño soberbio” del jefe de Estado en no tomar en cuenta la fuerza de la movilización que se extiende a todo el territorio francés.

Según las cifras de los sindicatos de los 3 millones 500 mil franceses que salieron a las calles el 7 de marzo, 700 mil lo hicieron en París y los demás –o sea 2 millones 800 mil (1 millón 200 mil según el Ministerio del Interior)– se manifestaron en grandes ciudades de la provincia, pero sobre todo en ciudades medianas y pequeñas. Se calcula que en estas últimas entre 12 y 25% de la población se volcaron a las calles. Es un fenómeno a la vez histórico e inédito, aseguran sociólogos e historiadores, ya que en estos municipios la influencia de los partidos de izquierda y de las organizaciones sindicales bajó muchísimo en los últimos años.

El detonante

¿Cómo explicar esa situación? Según Axel Bruneau, historiador, coautor de

CAOS EN EL PARLAMENTO, DIGNIDAD EN LA CALLE

ANNE MARIE MERGIER

PARÍS.– El recorrido parlamentario del proyecto de ley de reforma de las pensiones se está convirtiendo en una epopeya bastante insólita en la historia legislativa francesa.

Emmanuel Macron lleva mucha prisa y, por lo tanto, recurrió a una estratagema para acelerar los debates sobre su reforma emblemática y cada vez más polémica: optó por incluirla en el Proyecto de Ley de Financiación Rectificativa del Seguro Social (PLFRSS).

La maniobra es hábil porque el examen parlamentario de ese tipo de proyecto de ley reglamentado por el artículo 47-1 de la Constitución –del que hasta la fecha nadie había escuchado– no puede exceder 50 días.

La Asamblea Nacional dispuso de 20 días para debatir sobre los 20 artículos del proyecto. Lo hizo a partir del 6 de febrero en un ambiente eléctrico exacerbado por la guerrilla parlamentaria abiertamente asumida

por los 74 diputados del partido La Francia Insumisa y sus aliados que presentaron alrededor de 20 mil enmiendas contra el texto defendido por el gobierno.

El resultado no se hizo esperar: se multiplicaron violentos arrebatos y enfrentamientos verbales, insultos, interrupciones de sesiones, connatos de psicodramas, retóricas asombrosas que quedarán en los anales de la institución.

Contrastó ese desorden a veces patético, a menudo calificado de “circo” por respetables comentaristas políticos con la madurez y el carácter pacífico de las inmensas marchas de rechazo de la reforma. ¡Caos en el Palacio Bourbon (sede de la Asamblea Nacional) y dignidad en la calle!

As bajo la manga

Al final de cuentas los diputados no lograron debatir sobre el artículo 7 del Proyecto de Ley

que establece que la edad legal para jubilarse pasa de 62 a 64 años, pues sólo alcanzaron examinar los dos primeros artículos.

El 6 de febrero le tocó el turno al Senado ampliamente dominado por la derecha. Firmemente decididos a no dejarse frenar por las miles de enmiendas de la izquierda, los senadores de Los Republicanos –con el beneplácito de los macronistas– se sacaron de la manga el artículo 38 del reglamento interno del Senado, nunca utilizado antes, que limita en forma drástica el número de turnos de palabra.

Esa brusca aceleración del ritmo de trabajo redujo el tiempo de debates sobre el artículo 7 del proyecto de ley que fue aprobado en la noche del 7 al 8 de febrero últimos, justo después de la sexta jornada de marchas masivas en su contra que se llevaron a cabo en toda Francia.

Los senadores tienen hasta el domingo 12 para examinar los demás artículos del

AP photo / Laurent Cipriani

Jóvenes, los más afectados

un informe sobre el tema publicado por la Fundación Jean Jaurès, grupo de análisis y reflexión política de referencia en Francia, las consecuencias de la reforma de las pensiones serán sin lugar a duda más dolorosas en estas ciudades medianas y pequeñas que cuentan con una proporción de trabajadores manuales, artesanos, obreros o empleados desempeñándose en servicios de atención personal superior a la que existe en las grandes zonas urbanas.

En algunas ciudades medianas inclusive los principales empleadores públicos son los ayuntamientos y los hospitales públicos. Muchos asalariados en todos estos municipios empiezan a trabajar antes de haber cumplido 20 o 22 años y, por lo tanto, serán los primeros ‘castigados’ por el aumento de la edad mínima legal de jubilación a los 64 años.

Precisa por su parte Willy Pelletier, sociólogo, catedrático de la Universidad de Picardie-Jules Verne (norte de Francia) y coordinador de la Fundación Copernic, grupo de reflexión sobre problemáticas sociales:

“La movilización actual en las ciudades medianas y pequeñas rebasa la oposición a la reforma de las pensiones. En realidad, concentra todas las frustraciones y el coraje que provocan la inflación, el creciente costo de los artículos de primera necesidad, el alza del precio de la gasoli-

na (indispensable en estos territorios que carecen de buenos servicios de transporte publico) y la poca atención que les presta el poder central.”

El sociólogo insiste en que millones de franceses que viven en estos municipios se sienten marginados y despreciados. Además de transporte público, carecen de médicos, de comercios y espacios de sociabilidad, de escuelas para sus hijos… Fueron esos sentimientos de abandono y humillación que expresó el movimiento de los chalecos amarillos –surgido justamente en estos territorios olvidados–, por lo menos en su fase inicial de noviembre y diciembre de 2018.

Y no es casual si vuelven a aparecer estos mismos chalecos amarillos en las marchas de protesta de la Francia profunda y también en las grandes urbes. Pero ahora se manifiestan en el marco de un movimiento organizado y supervisado por un frente sindical unido que sabe evitar provocaciones y desbordamientos, y lleva su lucha en forma pacífica.

¿Hasta cuándo? Intensas son las discusiones en el seno de la coalición gremial. Y en ellas por supuesto abundan las referencias a los chalecos amarillos que sumaron 280 mil personas en el momento más álgido de su movimiento y acabaron “arrancando” 17 mil millones de euros de subsidios al gobierno.

“¿Acaso hay que quemar coches y

sembrar el caos para que ese gobierno nos escuche?”, pregunta Renaud Henry, alto responsable de la CGT de Marsella y advierte: “Por el momento, los sindicatos logran canalizar el coraje de los manifestantes y organizarlos, pero no lo podrán hacer de forma indefinida”.

Los líderes sindicales reconocen la necesidad de no limitarse a “la rutina de las manifestaciones” y de “instaurar una correlación de fuerzas más agresiva” con el gobierno.

Es la razón por la que empezaron a endurecer sus acciones iniciando a partir del martes 7 huelgas renovables que estorban –sin paralizarlo– el funcionamiento de sectores esenciales de la economía, como las refinerías, puertos, centros de energía eléctrica, transportes ferroviario y aéreo, la recolección de basura.

El frente sindical que de todos modos no abandona la presión callejera, convocó nuevas marchas de protesta en todo el país, una el sábado 11, para dar oportunidad de manifestarse a quienes no lo pueden hacer en días de semana, y el miércoles 15, día en que una comisión mixta paritaria integrada por siete senadores y siete diputados analizará el texto del proyecto de ley de reforma de las pensiones revisado por el Senado.

Se intensifica la prueba de fuerza entre Emmanuel Macron y millones de franceses.

PLFRSS. Si logran aprobarlos todos, Macron y la derecha habrán ganado una primera batalla.

El miércoles 15 una comisión mixta paritaria integrada por siete senadores y siete diputados de distintas corrientes políticas se reunirá para finiquitar un proyecto que deberá ser aceptable para la Asamblea Nacional, pero también para el Senado. Por lo tanto, ambas Cámaras sesionarán de nuevo para pronunciarse y todo tendrá que acabarse el 26 de marzo a medianoche.

Si diputados y senadores aprueban el proyecto, Macron podrá vanagloriarse de una victoria ciertamente democrática –Francia es una república parlamentaria–, pero frágil porque ganar contra millones de franceses enojados e inquietos por su porvenir puede resultar explosivo a corto o mediano plazo.

Si el PLFRSS no logra obtener la mayoría de los votos en ambas cámaras, el gobierno tendrá la posibilidad de imponerlo por decreto conforme al artículo 49.3 de la Constitución. En lo que va del año la primera ministra Elizabeth Borne usó ya cuatro veces el 49.3. Si esto sucede, será difícil para Emmanuel Macron cantar victoria.

Pero en ambos casos la epopeya del proyecto de reforma de las pensiones no

habrá terminado del todo. Faltará someterlo al Consejo Constitucional que parece tener serias dudas sobre aceptabilidad de por

lo menos un punto de la ley que concierne enmiendas adoptadas en el caso de los asalariados de más de 55 años.

AP photo / Samy Ntumba Shambuyi

Macron, hábil maniobra