DECLARACION PÚBLICA DE LAS COALICIONES DE DERECHOS DEL NIÑO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE La Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc), integrada por 30 Coaliciones nacionales de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de niñez de 22 países de la región, que actualmente incluye a más de 2.500 organizaciones de Infancia y Adolescencia que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes de America Latina y el Caribe, reunidas en la ciudad de Montevideo los días 28, 29 y 30 de noviembre del 2012, analizando la situación de los derechos del niño y la niña, en nuestra región, emitimos este pronunciamiento público sobre la situación en Uruguay: Asistimos con preocupación a los procesos de fragmentación, profundización de las desigualdades y aumento de la violencia en nuestro continente. En especial porque éstos tienen como principales víctimas a niñas, niños y adolescentes. En este contexto, nos alarma que en nuestros países se coloque a la niñez y adolescencia en esta difícil situación y se comiencen a ensayar respuestas de corte normativo que significan un verdadero retroceso, y que afectan los estándares alcanzados con los cambios legislativos realizados para adecuar las leyes nacionales a la Convención sobre los Derechos del Niño en los años 90 y comienzos del 2000. Reconocemos y valoramos lo ocurrido en países como Costa Rica y El Salvador, así como también en Nicaragua, en donde después de un proceso de consulta recién concluido por una Comisión especial de la Asamblea Nacional, creada ante el intento de algunos sectores de reformar el código de la niñez para aumentar las penas y bajar la edad de privación de libertad para adolescentes, se concluyó en la importancia de hacer cumplir el Código y enfatizar en el conocimiento por parte de la población y lograr su apropiación y no aumentar penas ni bajar la edad de imputabilidad. Por otra parte y en particular, vemos con preocupación el proceso que vive Uruguay, en donde en el año 2014 plebiscitarán una reforma constitucional
que entre otros puntos plantea bajar la edad de imputabilidad para enjuiciar como adultos a adolescentes de 16 años. De prosperar dicha reforma, Uruguay incurrirá en seria responsabilidad internacional en tanto, esta propuesta contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más aceptado por la comunidad internacional y será un duro golpe a la credibilidad del país en el concierto de las naciones. Así también, nos preocupa la propuesta, puesto que se inscribe en el terreno de lo que se ha denominado, derecho penal simbólico y que en nuestros países se lleva adelante desde los años 90. Estas leyes han recibido diferentes denominaciones pero su característica central es aumentar las penas, crear nuevos delitos y rebajar garantías fundamentales. En los hechos, en Uruguay, solo han aumentado escandalosamente el número de presos transformando las cárceles en verdaderos infiernos, superpoblados, en definitiva, fábricas de deteriorar seres humanos, sin resolver los problemas de inseguridad que decían iban a resolver. Nuestras sociedades siguen tan o más inseguras que antes de este tipo de acciones. Por ello, alertamos a la sociedad uruguaya y a todas las sociedades de la región, para actuar ante propuestas que persigan réditos electorales porque éstas generan rápidos consensos, usando y reavivando el miedo de la gente sin atender a las verdaderas causas de la inseguridad y la violencia. Llamamos a la reflexión responsable sobre incipientes procesos que no resolverán los temas de violencia, así como también, a la búsqueda de soluciones estructurales que atiendan la situación de la niñez y de la sociedad. Nada se construye en el marco de un proceso que se desarrolla en un esquema bélico (ciudadanos honestos contra delincuentes). Uruguay, un país pequeño y que alguna vez se definió como de “cercanías” tiene esa oportunidad de pensarse entre todos y para todos y todas las posibles salidas, seguramente alumbrarán al resto de los países de la región Dado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil doce.