El alquiler social en Elche
SU MA RIO
DIRECCIÓN
Alicia de Lara González
REDACTORA
Noelia Espinosa Baeza
4. Entrevista. Jerónimo Villora,
experto inmobiliario 10. Entrevista. Teresa Maciá, concejala de Bienestar Social 16. Entrevista. Paula Moya y Ángel Contreras, miembros de la PAH 19. Entrevista. Un caso desesperado de Okupación 20. Reportaje. El alquiler social, una 'coraza' contra la especulación
Jerรณnimo Villora en las instalaciones del Grupo Mora Inmobiliaria Fuente: Noelia Espinosa
J e ró n imo Vi ll ora : “Que e l a lq uile r haya su bi do un 1 5 % e n e l úl timo a ño e s un di spa rate re spe c to a lo s sa la rios”
El experto en el sector asegura que se puede estar “provocando” la creación de una nueva burbuja inmobiliaria que podría reproducirse Jerónimo Villora (Elda, 1967) es director comercial del Grupo Mora Inmobiliaria y cuenta con tres décadas de experiencia en el sector y en la organización y dirección de equipos de trabajo en compañías privadas como Urvico Gestión o Grupo CasaMayor. Como profesional con una dilatada trayectoria advierte sobre la falta de parques de viviendas gestionados por las instituciones públicas si se quiere apostar realmente por alquileres sociales. ¿Cómo definiría en estos momentos la situación del mercado inmobiliario en la provincia de Alicante? Los precios continúan bajando, pero después están los denominados hotspots, que se encuentran en otra velocidad de crecimiento. Este sería el caso de ciudades del sur de la provincia como Torrevieja, Guardamar del Segura, algunas zonas de Altea o la costa de Orihuela, pero en líneas generales todavía está parado.
Además, en Grupo Inmobiliaria Mora nos estamos encontrando con un perfil de cliente que, en determinadas situaciones, busca la rentabilidad de invertir en un bien para después poder alquilarlo. Esto está dando unos dividendos muy superiores a la media del dinero colocado en bancos, la bolsa o cualquier otro medio financiero. Entonces, ¿qué prefieren los usuarios, comprar viviendas o arrendarlas? La gente alquila porque no puede comprar, no hay otro motivo. En España no hay mentalidad de arrendamiento todavía, sigue siendo un país de propietarios donde el 78% de las operaciones son de compraventas.
En España el 78% de las operaciones inmobiliarias son de compraventa Sin embargo, en Europa el 60% son propietarios y el 40% restante alquila. En este país si la gente puede comprar piensa en comprar, pero no hay acceso a ello por la falta de crédito, sobre todo para las personas con rentas bajas. Si ganas menos de 18.000 euros anuales es muy difícil que puedas permitirte comprar una vivienda, el corte serían los 27.00 euros porque necesitas un tercio de tus ingresos para poder pagar una hipoteca y un ahorro previo muy alto, de un 25% o 30%. No creo que la opción de alquiler sea una cuestión de voluntad como la idea del europeo que tiene mucha movilidad y no sabe dónde acabará viviendo. Ante esta situación, la demanda del alquiler ha crecido en la ciudad ilicitana, pero ¿cuál es el precio medio que se está pagando por arrendamiento en el primer trimestre de 2018? Ahora mismo se sitúa entre los 550 o 600 euros. Ha subido un 15 % en el último año. Es un disparate con respecto a la subida de los salarios y a la capacidad de pago de la población y eso se va a reflejar en la falta de cierre de operaciones. La gente no está alquilando sus casas y se está dando cuenta de que tiene que bajar el precio que habían establecido porque pasan los meses y no encuentran arrendatarios dispuestos a pagar tal cantidad.
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Por consiguiente, tras esa subida del 15% ¿es posible que se esté especulando con el precio del alquiler? Sin ninguna duda. El problema está en que oímos las noticias, pero no analizamos lo que escuchamos. Por desgracia para las zonas periféricas, cuando en los telediarios hablan de las subidas del alquiler hacen referencia a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Sin embargo, los arrendatarios de Elche escuchan que los arrendamientos han subido un 30% y automáticamente en su cabeza no quieren oír otra cosa. Así, si su alquiler estaba a 400 euros lo suben a 550, pero eso no es factible porque la capacidad de renta de un habitante de Madrid no es la misma que la de un ilicitano. Al final la oferta se tiene que acomodar a la capacidad de la demanda.
¿Y a qué se deben esas subidas tan excesivas en las grandes urbes? La culpa de que en ciudades como Madrid o Barcelona los arrendamientos hayan subido hasta un 56% la tienen los alquileres turísticos. Esto ha obligado a que, por ejemplo, en Palma de Mallorca se haya aprobado una ley para su prohibición.
El alquiler turístico ha de regularse para que no afecte al derecho a la vivienda Si vamos a convertir el alojamiento turístico en industria hay que regularla y sistematizarla para que sea buena, de calidad, que funcione y que no afecte al derecho fundamental de acceso a la vivienda. Las administraciones tendrán que negociar y sentarse con los agentes privados para llegar a un acuerdo y regular la situación.
De momento, Elche no tiene esa presión porque carece del turismo suficiente para que la gente ponga en alquiler sus casas por semanas y tampoco cuenta con una playa donde alquilar durante el verano sea sinónimo de sacar una rentabilidad superior a la de todo el año. El arrendatario quiere una rentabilidad superior a la realidad.
El precio medio de la vivienda en alquiler en Elche en abril de 2018 es de 593€ mensuales, lo que supone un aumento del 8,77% respecto al mes anterior. Fuente: enalquiler.com
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El alquiler social, una alternativa sin éxito
Durante los últimos meses se ha generado una cierta polémica en torno al número de viviendas vacías en Elche por su posibilidad de uso para alquileres sociales, ¿qué número de viviendas barajáis? En el mercado real se encuentran alrededor de 200 casas entre particulares e inmobiliarias, a lo que habría que añadirle otras 300 en manos de la banca o la Sareb. Estamos hablando de unos números muy bajos.
De todas formas, estos datos hacen referencia a los portales web, luego están los arrendamientos que se realizan de forma privada, ya que muchos propietarios no los hacen públicos por miedo a la fiscalización. De ahí que gestionen los alquileres a través de carteles o inmobiliarias a las que piden que no se publique su vivienda en ningún portal para que Hacienda no les “pille”.
Para fomentar ese tipo de arrendamientos con un precio considerablemente inferior al del mercado el Ayuntamiento de Elche presentó la campaña “Silencio Incómodo”. Con ella se pretendía crear una bolsa de viviendas de propietarios individuales con el respaldo de la administración. ¿Este tipo de iniciativas pueden resultar exitosas? Tendrían éxito si se estuviese aplicando la modificación de la ley de 2015, que estaba pensada principalmente para el arrendador, ya que se buscaba su protección para que alquilase sus viviendas. La gente tiene mucho miedo a que le destrocen la casa, le dejen de pagar… pero hay mecanismos para solventar esos problemas.
En Europa le han dado otro planteamiento. Hay corporaciones-que ya están haciendo sus pinitos en Madrid o Barcelona- que disponen de grandes parques de viviendas y que se dedican a ese negocio porque al estar especializados tienen sus sistemas para poder cobrar, desahuciar o resolver los problemas que surgen de un arrendamiento de manera más efectiva. Así alquilan con mayor confianza. Pero en una zona como Elche, donde la mayoría de los arrendadores son propietarios individuales, es complicado que una iniciativa que plantee 200 euros de beneficio triunfe cuando se están pagando más de 300.
Por ello, fomentar los alquileres sociales sin un parque de viviendas propio y con la falta de confianza que hay en la política en estos momentos es muy difícil. También es cierto que he conocido algunas acciones de ese tipo que han funcionado, pero han estado vinculadas
al aseguramiento de la renta. La persona que alquila lo que quiere es cobrar y no tener problemas. De ahí la importancia de establecer seguros donde se garantice el cobro de la renta, eso es lo que motiva a las personas a arrendar sus casas. Sin embargo, en muchos casos eso tampoco acaba funcionando, lo que quieren los propietarios son transacciones sencillas y el alquiler es un negocio muy complicado.
Censos de Población y Viviendas del año 2011. Fuente: Instituto Nacional de Estadística
¿Por qué no tienen éxito entonces las opciones que plantea el Ayuntamiento? Al final es una cuestión en la que los políticos se quedan siempre a medias. Las pequeñas empresas municipales de arrendamiento garantizan la renta, pero no generan una confianza real porque no están profesionalizadas. Los trabajadores a su cargo tienen una visión muy social, pero muy pobre en cuanto a negocio. Si tú no eres el propietario de la casa y tienes que apoyarte en gente que quiere obtener un gran beneficio tienes que unificar ambas visiones.
También es cierto que nada puede soportar la subida de un 15% anual, por lo que puede ser que se esté provocando una nueva burbuja, que en estos instantes no existe pero que se puede producir muy rápidamente. Si el problema no se ataja se va a acentuar.
Debe haber más control por parte de las instituciones, la tenencia de una vivienda es un derecho constitucional que debe funcionar. Una juventud emancipada puede generar economía fuera del ámbito de la familia y eso implica más riqueza. Hay que dar un pasito más allá de esas gestiones de: “venga usted y ponga su piso en alquiler por 200 euros”.
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Los fondos buitre, héroes y villanos
¿Cuál es el papel de los fondos de inversión en deuda pública? Los fondos buitre nos pueden afectar y beneficiar. Ellos solo ven números, con el dinero que les dejan sus inversores compran edificios y los ponen en alquiler buscando una rentabilidad media. Eso, bien gestionado, puede ser bueno para un parque de viviendas de alquiler porque es profesionalizar el sistema. En Francia el 40% de hogares que se alquilan están en mano de grandes compañías y eso hace que haya una mayor sensación de confianza y seguridad en todos los ámbitos.
En España este tipo de iniciativas no existen y ese espacio lo están ocupando los fondos. A esto hay que añadirle que han utilizado algunas herramientas para adquirir viviendas y rentabilizarlas con técnicas o acuerdos no demasiado claros o limpios, pero tam-
poco creo que haya que verlos como una figura tan mala. Ahora mismo es la normalidad en Europa, Estados Unidos e incluso Asia, donde las grandes compañías se profesionalizan en este aspecto, hacen buenos servicios y consiguen que el sistema funcione mucho más allá del pequeño propietario que no tienen una mentalidad de negocio y si la tiene es muy estrecha (no quiere hacer reparaciones o dar un buen servicio porque lo que está buscando es rentabilidad).
¿Podrían ser las subvenciones una de las soluciones para empezar a regular el mercado? No soy partidario, pero podrían ser un camino. La pregunta es: ¿para quién? Las soluciones del nuevo Plan de Vivienda son ridículas, con unas limitaciones desfasadas. Hay que tomarse esta situación mucho más en serio por parte de las administraciones y buscar la convivencia con las entidades privadas y los fondos.
Ha disminuido el número de vecinos que publicita el alquiler de sus viviendas por miedo a okupaciones. Fuente: Noelia Espinosa
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Teresa Maciรก durante una entrevista en la Oficina Municipal de Vivienda Social. Fuente: Noelia Espinosa
Te re sa Ma c iá : “Est a mo s t ra mita n do u n c o nve ni o c on l a Sa reb que apo r ta rá 8 vi vi e nd a s a l A yu nta mie nto de Elche ”
La regidora responde a las críticas sobre la campaña “Silencio Incómodo” y subraya la falta de casas como principal problema para facilitar el acceso a la vivienda María Teresa Maciá Milla (Elche, 1971). Licenciada en Sociología, cuenta con un master en Recursos Humanos y un curso de doctorado en Sociedad y Cultura Contemporáneas en la Universidad de Alicante. Desde 2003 ha ejercido como técnico de formación, inserción laboral y autoempleo en diversos organismos e instituciones de la Comunidad Valenciana. Esta trayectoria le llevó en 2015 a convertirse en la Concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Inmigración, Discapacidad, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Elche. Desde esta posición, ha realizado diferentes campañas de difusión y sensibilización en materias relacionadas con la inserción sociolaboral, el empleo y sobre todo la vivienda. En esta última, destaca una campaña para fomentar los alquileres sociales”, que llegó a copar los principales titulares de medios nacionales como el Huffington Post o Público. El pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Elche presentaba en el Centro de Congresos la iniciativa “Silencio Incómodo”. ¿Con qué intención se crea esta campaña? El objetivo es dar una vivienda a todas las familias que tienen esta necesidad en nuestra ciudad. No obstante, el principal problema para poder paliar esta situación es la carencia o inexistencia de viviendas en nuestra ciudad y la imposibilidad de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social de acceder al alquiler de viviendas por el mercado libre. Por lo tanto, la pretensión de la campaña “Silencio Incómodo” es sensibilizar a la población, ya que es una circunstancia que puede afectar a cualquier individuo. Queremos que la ciudadanía tenga en cuenta que el Ayuntamiento está al lado de todas aquellas personas
que lo necesiten y que también, por supuesto, va a estar detrás de cualquier situación que se produzca a la hora de alquilar viviendas. Desde la entrada del PSOE al gobierno en 2015 han promulgado diversas políticas de intervención social en vivienda. ¿Qué aspectos novedosos aporta esta iniciativa que no se haya planteado anteriormente? Esta campaña no se ha planteado nunca ni aquí ni en toda la Comunidad Valenciana. La iniciativa surge ante la necesidad de viviendas- solo tenemos 5 o 6 para la demanda que existe — ya que las que hay públicas son con las que cuenta la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) y en el caso en concreto de Elche las pocas que tienen están pendientes de rehabilitación. Además, la Ley de Vivienda impulsada por el gobierno de la Generalitat ha sido paralizada, con lo cual, tampoco podemos ejercer o ejecutar esa ley por parte de los municipios. Ante esta situación lo que hace el Ayuntamiento de Elche es intentar que sea la ciudadanía la que construya esa bolsa social de viviendas. Por otro lado, está el convenio con la Sareb, porque uno de los problemas que hay es que cuando estas familias, en riesgo de exclusión social, se dirigen al mercado libre las agencias inmobiliarias les piden un mes de fianza como mínimo, pero si ya es difícil hacer frente al pago de una cuota cómo van a hacer frente al pago de dos o tres. De ahí el llamamiento a la población para que pusieran sus viviendas en alquiler en manos-entre comillas-de la administración, de tal forma que el Ayuntamiento llega a pagar hasta un máximo de 300 euros en ayudas por vivienda.
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Presentación de la campaña “Silencio Incómodo” en el Centro de Congresos ilicitano. Fuente: Ayuntamiento de Elche
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta nueva campaña es muy parecida a la Red Alquila para menores de 35 años. ¿En qué se diferencian ambas? Ellos aluden al Servicio de InfoVivienda que está en la Concejalía de Juventud. Como administración tenemos las herramientas de un municipio, que en esta materia son muy limitadas, pero sí que se diferencia, ya que la Red Alquila no asegura el pago de ningún alquiler de hasta 300 euros y tampoco tiene restricción de edad. Estamos pagando los alquileres de muchas familias a través de estos decretos. ¿No han planteado la opción de comprar viviendas para poder establecer alquileres sociales gestionados por el Ayuntamiento? En los años 90, cuando los socialistas gobernaban la ciudad sí que se compraron viviendas para poder disponer de alquileres sociales, pero el gobierno actual no considera esa posibilidad. Aquellas casas continúan alquiladas por las mismas personas, no se ha comprobado si siguen en una situación de necesidad, no ha habido un seguimiento…. En principio estas viviendas eran para ejercer de tránsito para cuando sus inquilinos estuviesen en una mejor situación accediesen por ellos mismos a una vivienda. Ahora no queremos encontrarnos con esta problemática.
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Ayudas de emergencia para combatir los estigmas sociales
Desde el gobierno municipal hicieron referencia a los prejuicios, el temor al deterioro de las viviendas o el impago de las cuotas como principales miedos de los propietarios ¿Podemos decir que el estigma social es uno de los principales muros a derribar en materia de alquiler social? Efectivamente. Con los alquileres se tiene mucho miedo por parte del arrendatario. Si a este “miedo” se le añade que los futuros inquilinos están en riesgo de exclusión social y que no tienen posibilidad de hacer frente al pago del mes de fianza, la situación se complica. Lo que estamos intentando hacer con esta campaña es plantear la siguiente cuestión: qué mejor avalista que el Ayuntamiento de Elche, la administración más próxima al ciudadano. De esta forma, hacemos frente al mes de fianza a través de ayudas de emergencia con las que se tramita el aval al mismo tiempo que mediamos para que se produzca el alquiler que ambas partes desean. Por eso intentamos que no superen los 300 euros, para que así sea la administración la que se haga cargo en caso de que la familia no pueda hacer frente a este pago.
“Con los alquileres se tiene mucho miedo por parte del arrendatario” ¿Es necesario cumplir algún requisito para optar a esas “ayudas de emergencia”? El principal requisito es que la persona o la familia esté en riesgo de exclusión social. Esto lo determinan las trabajadoras sociales en atención a una serie de criterios que vienen marcados en la Ley de Vivienda. Sin embargo, ahora hay muchos estigmas, pero no solamente porque la familia no tenga recursos económicos que le lleguen por medio del trabajo, ya que en estos momentos tenemos familias que están trabajando pero que no puedan hacer frente al pago de un alquiler. estamos sensibilizando en este sentido, ya que esos estigmas y prejuicios que la ciudadanía puede tener están desfasados.
Negociaciones para combatir la “escasez” de viviendas
En la actualidad, ¿trabajáis para realizar convenios con promotoras o inmobiliarias para disponer de un mayor número de viviendas que ofrecer o confiáis más en el papel de los propietarios individuales? Por un lado, estamos trabajando en un convenio con la Sareb, que es el banco malo -entre comillas- que se quedó con todas aquellas viviendas que venían de embargos. En este acuerdo serían ocho las viviendas que la Sareb aportaría al Ayuntamiento. Las hemos visitado y no hay apenas costes de rehabilitación de las mismas, aunque en el convenio sí que se reflejaba que en caso de rehabilitación tendríamos que hacer un desembolso de hasta 7.000 euros por cada una de las partes.
Uno de los objetivos de rehabilitar esas viviendas y facilitar los alquileres sociales es evitar el mayor número de desahucios por impago posibles. ¿En qué materias se trabaja desde el Ayuntamiento para afrontar o combatir estos casos? Se están combatiendo todos.
La Oficina Municipal de la Vivienda (OMVS) se crea precisamente para dar esa herramienta a los ciudadanos, ya que ateniéndose a las leyes las situaciones de desahucio se podrían solventar simple y únicamente -a pesar de lo que digan diferentes plataformas- con un informe de un trabajador social que acredite que la situación de la familia es de riesgo de exclusión social.Estamos colaborando en la paralización de todos esos desahucios que, en primer momento eran de hipoteca y que ahora son de alquileres. No obstante, las entidades bancarias son las propietarias de las viviendas y a fin de cuentas son ellas las que deciden si esa familia puede tener un alquiler social o no cuando ya se han agotado todos los cauces. En ese sentido, incluso estamos mediando con los propietarios particulares de las viviendas para que posibiliten esos alquileres sociales dándoles a entender que es más importante la función social de la vivienda. Es preferible eso a que la tengas vacía y te la puedan ocupar en un momento dado. A corto plazo, ¿cuáles son las líneas de trabajo del Ayuntamiento de Elche en materia de vivienda social? Ahora mismo estamos inmersos en la rehabilitación de las viviendas de las infraestructuras que ya disponía el Ayuntamiento. Ya hemos rehabilitado 3 y una de ellas se va a poner en marcha para un proyecto de personas sin hogar. Otras entidades, ONG’s y asociaciones venían desarrollando estas ideas de pisos piloto o de tránsito y como administración no entendíamos porque no estábamos ahí. La otra vivienda va a ser destinada para mujeres víctimas de violencia de género, también como piso de tránsito, y luego la otra, que ya ha sido ocupada, es para una situación de emergencia de una familia a la que se le quemó su vivienda y que mientras está en el proceso de rehabilitación están allí. Son proyectos que no sé si no se les había ocurrido a nadie pero que, desde luego, creo que la Administración sí que debería tenerlos en cuenta. Este esfuerzo, junto con las ocho viviendas de la Sareb, va a ir encaminado a lo que nosotros llamamos proyectos sociales.
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Agentes de la UPR tuvieron que intervenir para efectuar el desahucio de un matrimonio en CarrĂşs Fuente: Noelia Espinosa
La PAH Elx: "Cuando una persona se mete en una casa de recuperación es para no dormir en la calle esa noche"
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca critica la inoperancia del gobierno ilicitano y culpa a los fondos buitre del cese en las renovaciones de alquileres sociales
Paula Moya y Ángel Contreras antes de entrar a una reunión de la PAH. Fuente: Noelia Espinosa
Paula Moya (Elche,1970) y Ángel Contreras (Elche, 1967) se unieron a la PAH hace cinco años en busca de una solución para no perder sus viviendas. En este periodo de tiempo, a pesar de disponer únicamente de estudios básicos, la experiencia y dedicación han sido los baluartes de ambos, que continúan su contienda desde el Centro Sociocultural Francesc Cantó, donde han acabado convirtiéndose en orientadores de la plataforma. La situación de emergencia habitacional continúa afectando a millones de españoles. No obstante, existe una novedad: el cambio de protagonista, cuyo rol lo ocupan ahora los desahucios por alquiler, que ya re-
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presentan el 60% de los lanzamientos de viviendas, según el Consejo General del Poder Judicial.
Estos datos no son ajenos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una de las portavoces de la división ilicitana del colectivo, Paula Moya, confiesa que a pesar de las diversas actividades de mediación que realizan, los resultados son escasos: "Para lograr un alquiler tenemos que pelear mucho porque las entidades bancarias no están a favor. Después, vas al Ayuntamiento, PROP, EIGE… Allí cogen las peticiones, pero ante la impasividad de las administraciones, a las familias no les queda otra que meterse en un piso".
“Quienes se meten en casas de recuperación son héroes, expresa Contreras "El Ayuntamiento no está haciendo suficiente”, declara Moya Frente a esos casos de okupación, a los que ambos miembros de la PAH prefieren referirse como "recuperación de viviendas", la plataforma solo asesora a los individuos que se asientan en casas que pertenecen a la banca, nunca en casos de propietarios individuales. En ese sentido, la activista asegura que las personas que "se meten en situaciones tan precarias con niños no es por gusto o por placer, sino para no dormir esa noche en la calle". Un testimonio que Ángel Contreras corrobora tras haber asesorado a decenas de familias en esa tesitura: "Son circunstancias que si no las vives nunca puedes llegar a hacerte una idea. Me gusta referirme a ellos como héroes, hay que tener valor y las cosas muy claras para hacer hacer eso".
El conflicto sobre el empadronamiento, al TSJ
Otro de los frentes abiertos de la PAH con el gobierno ilicitano es la ley de empadronamientos de 2015. Según Contreras, desde la Oficina Municipal de Vivienda Social (OMVS) esta ley no se está aplicando ya que el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, los técnicos de la oficina se negaron a empadronar a las personas cuya situación habitacional fuese ilegal. Este conflicto acabó traduciéndose en la imposibilidad por parte de los afectados de acceder a ayudas sociales y en una mayor dificultad a la hora de inscribir a los menores en los colegios: "No encontramos apoyo por parte de las administraciones, nos niegan hasta un simple empadronamiento, vamos a llevar esto al Tribunal Superior de Justicia", sentencia el asesor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche.
Es más, los portavoces de la PAH revelan que varios empleados de Servicios Sociales y algunos banqueros están enviando a las personas que no tienen acceso a una vivienda a la plataforma porque desde su puesto de trabajo no pueden saltarse los protocolos para ayudarles.Sin embargo, desde la Concejalía de Vivienda añaden que la última palabra a la hora de tramitar los alquileres sociales o las daciones de pago la tienen las entidades bancarias propietarias de las viviendas, algo que continúa sin convencer a Contreras: "El gobierno ilicitano es el que nos tiene que proteger por encima de todo, si desde arriba le dicen que no él tiene que dar la cara, comprendo que tenga unas limitaciones pero puede apoyar y presionar".
En esta cuestión, el Ayuntamiento de Elche -como muchos otros- juega un papel de intermediario sin voz. "No están haciendo lo suficiente para proteger a las familias. Los banqueros nos dirigen a la administración para que se involucren y que entre ambos puedan echarnos una mano, pero al final el tripartito no se moja", declara Paula Moya.
No obstante, para paliar esta problemática, el gobierno ilicitano lanzó la campaña "Silencio Incómodo" con la pretensión de promover los alquileres sociales con la creación de una bolsa de viviendas particulares. Sin embargo, esta iniciativa también ha sufrido unas críticas muy duras por parte de la plataforma, desde donde achacan al amiguismo y a los requisitos la imposibilidad de que esas ayudas lleguen a la persona de a pie y, por lo tanto, este proyecto acabe como otro fracaso más de la administración.
Contreras se manifiesta durante un desahucio. Fuente: Noelia Espinosa
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Gloria Marín y Paula Moya negocian con la Comisión Judicial para evitar el desahucio de Said y Rabia el pasado mes de mayo. Fuente: Noelia Espinosa
El 'modus operandi' de los fondos 'distressed'
Cuando los fondos buitres aterrizaron en España, el país era un destino a evitar por la mayoría de inversores. Su objetivo estaba claro: comprar bienes a precios baratos durante los momentos más duros de la crisis inmobiliaria (2012–2014) para después venderlos y obtener importantes plusvalías.
Aunque en un primer momento esa inversión en deuda pública levantó suspicacias entre los expertos del sector, las consecuencias están mostrándose ahora. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguran que, a pesar de que muchos compañeros consiguieron daciones de pago de tres años en forma de alquiler social, tras la venta de muchas viviendas a estos fondos los alquileres no se están renovando.
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Asimismo, Ángel Contreras añade que está problemática ha generado una especulación con los precios de los alquileres, ya que se están "aguantando" las viviendas para una vez se haya incrementado la demanda, inflar los precios: "Es lo que en su día se hizo con las viviendas en propiedad y lo que ahora se está haciendo con el alquiler".
En definitiva, ambos portavoces del colectivo advierten de que el proceso para obtener un alquiler social o una dación de pago no es "un camino de rosas". Prueba de ello es el centenar de personas que se reúne cada jueves por la tarde en el Centro Sociocultural Francesc Cantó, esperando su turno tras finalizar el coloquio sobre los puntos del día para después, analizar las novedades de sus casos con asesores como Moya o Contreras: "No tendremos una carrera, pero tenemos la voz de la experiencia", sentencian ambos.
Un caso desesperado de Okupación
Kilian Jornet se convirtió en el primer ser humano en subir y bajar dos veces el Everest en seis días. Andrés, que prefiere utilizar un nombre ficticio por miedo a las represalias, coincide con el deportista en que la única manera de llegar a la cima es “del tirón” porque sino, nunca se alcanza la meta. Sin embargo, en este caso las botellas que Andrés sube y baja todos los días no son de oxígeno, sino de agua.
Y es que igual que el esquiador de montaña se planteó el objetivo de ascender al Everest en treinta horas. Cuando Andrés contrajo matrimonio con Elena, que también utiliza un pseudónimo, se propuso luchar ante cualquier obstáculo por empezar una nueva vida. No obstante, la escasez de recursos y la situación familiar no les permitía acceder a una vivienda, por lo que optaron por asentarse en un “piso de recuperación”. Andrés, con su mujer al lado, explica la situación con total naturalidad: no teníamos dónde ir y la puerta estaba abierta así que nos metimos ahí. De aquello han pasado ya tres años en los que la principal meta de ambos ha sido conseguir un alquiler social que les permita vivir con normalidad. Sin embargo, CaixaBank, el banco propietario de la vivienda, no les ofrece ninguna “solución ni respuesta” al haber okupado la vivienda de manera ilegal.
Encadenados a penurias El servicio municipal de agua potable ha anunciado que detecta cerca de 50 enganches ilegales al mes, por lo que ha proclamado un incremento de las redadas en los barrios ilicitanos con la colaboración de la Policía.
Ese es uno de los principales problemas del matrimonio, el corte del suministro de agua desde hace ya un año. Por eso, uno de los hábitos matutinos de Elena es esperar la llegada de Andrés, ya que necesita las garrafas de agua para la higiene personal y las tareas del hogar. Ella declara que está predispuesta a hacer frente a las facturas pero que no se lo permiten: “La luz la tengo legal pero el agua la tenía enganchada, yo quiero pagarla, abonar todos los recibos…pero hay que luchar mucho para conseguirlo”.
Encerrados en casa Tras la reciente aprobación por parte del Congreso de la Ley de desahucio exprés contra las ocupaciones, uno de los dos debe quedarse siempre en la vivienda, ya que esta modificación posibilita la ejecución del desahucio sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Andrés califica la situación de fatídica: “Mientras salgo a rebuscar chatarra mi mujer se queda en casa porque no nos fiamos de que venga el banco, cambie la cerradura y nos quedemos en la calle”. De hecho, uno de los pocos momentos en los que se puede ver al matrimonio junto es en el Centro Social Polivalente de Carrús, donde los jueves por la tarde tienen lugar las reuniones de la PAH.
A pesar del sufrimiento y la intranquilidad, en los momentos en los que se ve a al matrimonio unido, las miradas cómplices entre ambos no cesan, al igual que su lucha por coronar su Everest personal, el alquiler social. Así, la entrevista la cierran ambos al unísono con un halo de esperanza.
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Los portales web como Idealista o Fotocasa han irrumpido en el negocio de las agencias inmobiliarias. Fuente: Noelia Espinosa
El alquiler social, una 'coraza' contra la especulación
La falta de parques públicos de viviendas y la subida del precio de los arrendamientos dificultan el acceso habitacional a personas en riesgo de exclusión social La emergencia habitacional en España es una realidad. La incipiente revalorización de los alquileres se ha traducido en un aumento en el número de personas con dificultades a la hora de acceder a una vivienda. No obstante, la especulación en el mercado inmobiliario y los desahucios por arrendamiento, que ya representan cerca del 60%, según los datos del Consejo Superior del Poder Judicial, alertan sobre la creación de una nueva burbuja inmobiliaria.
Esta situación recorre desde los denominados hotspots como Madrid o Barcelona, donde el precio del arrendamiento ha alcanzado los 15 €/m² al mes con una subida de entre el 8,9% y el 18,4% en 2017, según informes de los portales inmobiliarios Fotocasa e Ideaslita,
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hasta zonas de menor densidad en la provincia de Alicante. En ese sentido, el Ayuntamiento de Elche promovió el pasado mes de febrero la campaña "Silencio Incómodo" con la intención de crear una bolsa de apartamentos destinados a alquileres sociales cuyos precios no superasen los 300 euros.
La concejala y coordinadora de la Oficina Municipal de Vivienda Social (OMVS) de la ciudad ilicitana, Teresa Maciá, señala dos obstáculos como los principales causantes de la falta de acceso a la vivienda en Elche: la carencia de pisos y la imposibilidad de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social de acceder al alquiler por el mercado libre debido al aumento del precio de los mismos.
La Sareb ha cedido cerca de 2.300 inmuebles El precio medio del alquiler en Elche es de 550-600 euros Para combatir esa "carencia" de inmuebles, el Ayuntamiento ilicitano ha firmado con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la cesión de ocho apartamentos que utilizarán para fomentar los alquileres sociales. En el acuerdo, queda patente que en caso de ser necesario una rehabilitación, la Administración asumiría el 50%, invirtiéndose un máximo de 7.000 euros por cada adquisición. Hay que resaltar que la SAREB -el denominado "banco malo" por gestionar los inmuebles embargados durante la recesión de la economía española- ha cedido 2.300 viviendas en España y estima en cerca de 6.000 las personas que se han visto beneficiadas con sus acuerdos.”.
Por su parte, el informe "El estado de la pobreza en España" creado con el indicador AROPE del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2017 cifra en 13 millones el número de personas en riesgo de exclusión social. Además, destaca que el 60% de los pobres no tienen un hogar en propiedad. Por ello, la regidora Teresa Maciá hace hincapié en derribar los estigmas sociales
Parque de viviendas públicas en el barrio ilicitano de "Los Palmerales". Fuente: Noelia Espinosa
a la hora de impulsar el concepto de alquiler social: "Los arrendatarios tienen mucho miedo a la hora de poner sus casas en renta. Si a este "miedo" se le añade que los futuros inquilinos están en riesgo de exclusión social y que no tienen posibilidad de hacer frente al pago del mes de fianza, la situación se complica".
Los parques de viviendas públicos, una solución
Una de las posibles soluciones que los expertos plantean son los parques de inmuebles gestionados por el Consistorio. Sin embargo, España es uno de los países europeos con un menor porcentaje de viviendas públicas (VPO). Según un informe de la Fundación Alternativas, en la península habría unos 276.000 inmuebles sociales, es decir, un 1,5% del parque nacional, uno de los porcentajes más bajos de toda Europa.Con la intención de revertir esta situación, la Generalitat Valenciana ha anunciado la creación del Plan Plurianual de Rehabilitación y Ampliación del Parque Público, un proyecto en el que se invertirán 106 millones para regenerar y aumentar el número de viviendas públicas. Una iniciativa que afectará a 6.129 casas y que entrará en vigor entre el 2018 y el 2020.
El director comercial del Grupo Mora Inmobiliaria, Jerónimo Villora, aclara que la implicación de la Administración es lo que marca la diferencia, ya que estas iniciativas no están teniendo éxito en ciudades como Elche debido a que la mayoría de los arrendatarios son propietarios individuales que buscan el máximo beneficio posible: "Fomentar los alquileres sociales sin un parque de viviendas propio y con la falta de confianza que hay en la política es muy difícil, el precio medio del arrendamiento se sitúa entre los 550 y los 600 euros. Hay que dar un pasito más allá de esas gestiones que le dicen al propietario "Venga usted y ponga su piso en alquiler por 200 euros".
La entrada de los fondos buitre
Uno de los factores que ha contribuido a la fiebre del alquiler han sido los fondos de inversión en deuda pública, más conocidos como fondos buitre. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, estos actuaron y entre el 2012 y 2015 sobrevolaron las ciudades de toda España en busca de transacciones rápidas, sencillas y con precios rebajados para, en un futuro, con el mercado recuperado, revalorizar esos bienes.Ese futuro no ha tardado en llegar y las consecuencias ya son notorias.
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Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche (PAH), denuncian que la compra de inmuebles por parte de los fondos buitre a las entidades bancarias se ha traducido en nuevas trabas a la hora de facilitar el acceso a la vivienda: "No están renovando las daciones de pago y los alquileres sociales a los compañeros. A esto hay que añadirle que no tenemos con quien negociar porque son sociedades con sedes repartidas por toda Europa", explica Paula Moya, una de las portavoces de la PAH.
Paula Moya y compañeros de la PAH intentan evitar el desahucio de Said y su familia tras la llegada de agentes policiales. Fuente: Noelia Espinosa
Asimismo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca alertan de que los desahucios relacionados con fondos buitres continúan aumentado.Solo a nivel local, la división ilicitana asesora a más de una decena de familias con propiedades vinculadas a estos.
Sin ir más lejos, a mediados de mayo la PAH no pudo frenar el desahucio de un matrimonio con tres hijos, dos de ellos menores, que no podía hacer frente a los 18.000 euros restantes de la hipoteca de un piso que
el fondo Vuelta Direct Holdings, situado en Luxemburgo y sin sede física, había comprado.
Tampoco pudieron negociar la concesión de un alquiler social, por lo que varias decenas de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) tuvieron que intervenir para romper la cadena humana que se había formado -alrededor de 150 vecinos- frente al portal de la vivienda para evitar el desahucio en el barrio ilicitano de Carrús.
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El aumento de la ocupación ilegal de viviendas
Tras el lanzamiento de sus apartamentos, muchos desahuciados buscan refugio en las casas okupas, a las que prefieren referirse como "viviendas de recuperación". Así, se establecen de manera indeterminada en casas vacías -en su mayoría- propiedad de la banca.
El modus operandi para okupar inmuebles cuenta incluso con unas pautas a seguir, según el Manual de Okupación, que contempla diferentes pasos como la recopilación de datos del inmueble, la vigilancia o diferentes técnicas para inmovilizar la cerradura y conseguir que el propietario no pueda entrar.
Asimismo, portales online como Idealista también se convierten en aliados involuntarios de este colectivo, ya que sus filtros permiten buscar: "Pisos de bancos y cajas en Elche", lo que facilita identificar las viviendas -habitualmente vacías- de entidades bancarias. No obstante, el proceso de okupación no es tan fácil. Según el estudio "La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica", elaborado por el Institut Cerdà y publi-
cado en 2017, más de 87.500 familias-unas 262.500 personas- ocupan pisos de manera ilegal en España.
Un fenómeno que se ha visto agravado por la existencia de parques de viviendas vacíos y que en la mayoría de los casos conlleva la devaluación de los inmuebles, concretamente una media del 50,7% del precio de mercado en la Comunidad Valenciana.
Ese es el caso de Andrés y Elena -nombres ficticios por miedo a represalias-que llevan tres años de okupas en un piso de CaixaBank con la intención de que el banco les proporcione un alquiler social que les permita entrar y salir del inmueble sin miedo a ser desalojados en cualquier momento.
Según el matrimonio, la entidad bancaria no da "respuesta ni solución" a su situación, por lo que mientras esperan a legalizar su situación han manipulado las instalaciones del agua a través de enganches ilegales que acaban pagando los vecinos que residen en la comunidad, en muchas ocasiones sin incluso saberlo.
Nieves Gómez y Carlota López, vecinas del barrio de Carrús, enseñan una puerta anti-okupas. Fuente: Noelia Espinosa
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Ángel Contreras ayuda a un compañero de la Plafatorma de Afectados por la Hipoteca tras la intervención de la UPR. Fuente: Noelia Espinosa
Una nueva burbuja inmobiliaria
Ante la subida del importe del alquiler y el incremento de desahucios vinculados a ellos, expertos y políticos barajan la posibilidad de que España esté frente a una nueva burbuja inmobiliaria. Esta llega cuando se produce un exceso en la demanda y los precios aumentan de manera desorbitada en el sector.
Así, aunque ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid estén viviendo esta situación, según la investigadora del Instituto de Economía Internacional y Catedrática en Economía, Paloma Taltavull de la Paz, el coste actual del arrendamiento es el resultado de la acumulación de distintas demandas en el mercado, no el resultado de la especulación. Por lo tanto, la académica sostiene con firmeza su posición: "No podemos hablar de una burbuja inmobiliaria cuando no la hay".
Sin embargo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguran que esta etapa ya la han vivido antes: "Están aguantando las viviendas para que una vez se haya incrementado la demanda, inflar los precios. Lo que en su día pasó con las hipotecas está sucediendo ahora con el alquiler", responde Ángel Contreras, portavoz de la PAH.
En un punto intermedio se encuentra el experto Jerónimo Villora, que afirma que aunque Elche no está todavía sumergida en una burbuja, la especulación del mercado puede acabar provocándola, ya que los arrendamientos no pueden subir indefinidamente: "El alquiler en Elche se sitúa entre los 550 y los 600 euros. Ha subido un 15% durante el último año, es un disparate con respecto a la subida de los salarios y a la capacidad de pago de la población. Se va a reflejar en la falta de cierre de operaciones, la gente no está alquilando sus casas y se está dando cuenta de que tiene que bajar el precio porque no encuentran arrendatarios".
Así, mientras el debate sobre una posible burbuja inmobiliaria en materia de alquiler ocupa los titulares de los principales medios de comunicación, la realidad continúa golpeando a los ciudadanos. Por un lado, están los que desean trasladarse a las grandes urbes, pero se encuentran con precios desorbitados. Por otro lado, están los habitantes de municipios que empiezan a observar un aumento, no solo del precio medio del alquiler, sino del número de vecinos que, como Said y su familia, pierden sus casas sin la posibilidad de mediar por un alquiler social o una dación de pago. Las pintadas en el barrio ilicitano de Carrús claman: "La vivienda es una necesidad, no un negocio".
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Alumna: Noelia Espinosa Baeza Tutora: Alicia de Lara Gonzรกlez