Cierran albergue para desplazados

BELEM ANGULO

El albergue para atender a personas desplazadas por la violencia de los municipios de Sinaloa de Leyva y Mocorito, pero instalado en Guamúchil, cerró este fin de semana, confirmó la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado.

El espacio fue habilitado a finales de julio en las instalaciones del Cbtis 45, ubicado en la cabecera municipal de Salvador Alvarado. En el espacio se atendieron hasta 400 desplazados por la violencia de manera simultánea, con refugio y alimentación. El refugio se habilitó después de que en la zona del poblado San José de las Delicias se comenzaron a registrar hechos violentos a finales del mes de julio, tales como agresiones a viviendas y el bloqueo de vialidades por civiles armados.

Para este domingo la Sebides confirmó que las personas que se encontraban en calidad de desplazados ya regresaron a sus domicilios.

El 9 de agosto la Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada señaló que la Fiscalía no tenía denuncias por desaparición en el espacio, pero había

Universidad

personal atento a los señalamientos. ”No hay ninguna confirmación de que hayan sido desaparecidas esas personas. Lo que sí se tiene es que hubo una manifestación de una persona al interior del albergue, que dijo que uno de los familiares de ella había salido y no había regresado, entonces, en todo caso sería una ausencia voluntaria pero tenemos ahorita a un grupo que está investigando ese caso precisamente, pero no hay ninguna confirmación al respecto”, señaló la Fiscal General, Sara

Bruna Quiñónez Estrada. La titular de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, señaló no estar enterada de una denuncia al respecto, además de que en el albergue no hay registro de personas que coincidan con los perfiles de los presuntos desaparecidos. El sábado 12 de agosto el Gobernador Rubén Rocha Moya visitó el poblado San José de las Delicias para llevar apoyos en especie como abanicos y despensas, en colaboración con la Sebides.

Gobierno utiliza a medios para confundir: Robespierre Lizárraga

EL ROSARIO Para el comité de El Rosario, Luis Alberto Villela Rodríguez fue seleccionado como presidente y Jeanna Guadalupe Torres Rentería es la nueva secretaria general.

Con esto se suman a Choix, Badiraguato, El Fuerte, Angostura y Sinaloa de Leyva, que en las últimas semanas han nombrado a sus nuevos dirigentes.

El Gobierno del Estado utiliza a medios de comunicación para confundir a la opinión pública, aseguró el Abogado General de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero. El abogado señaló, en un comunicado, que la eficiente estrategia en la defensa jurídica del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, lo salvaguarda de cualquier abuso de parte del Poder Judicial. “Esas notas de diversos medios de comunicación obedecen a un afán de Gobierno del Estado por construir una narrativa que confunda a la opinión pública, es un afán y hay que decirlo, no quisiera señalar que hay presión sobre medios de comunicación, pero sin duda alguna es evidente que algunos medios tienen esa postura de sacar notas tergiversando información particularmente en el tema jurídico de la Universidad”, dijo. Lizárraga Otero precisó que en un escenario normal no se promoverían amparos porque es poca la posibilidad de que detengan al Rector por el delito del cual lo acusan, sin embargo, el Gobernador está enojado y encaprichado en su contra, por ello se utiliza este recurso ya que la Ley permite asegurar a cualquier ciudadano ante cualquier exceso.

NOROESTE/REDACCIÓN Explicó que los amparos para el Rector y miembros del Comité de Adquisiciones se promovieron porque la Universidad y sus autoridades están ante un escenario de persecución política en donde el Gobierno del Estado controla al Poder Legislativo y, violando el principio de autonomía institucional y de división de poderes, controla a la Fiscalía General del Estado y a los jueces del Poder Judicial estatal. “Bajo ese escenario donde esos funcionarios obedecen las órdenes directas del Gobierno del Estado es complicado no considerar que hay que tomar en cuenta instrumentos que la Ley nos da la posibilidad de que uno pueda ampararse contra una detención, se hace a manera de asegurar la presencia del Rector en la audiencia y que no se le vaya a ocurrir al Juez una orden de detención”, expuso. El Abogado General de la UAS indicó que el amparo se promueve, pero al no existir una orden de detención es que se suspende o niega, sin embargo, no se puede dejar de considerar el amparo “porque el Gobierno del Estado está actuando de manera facciosa, utiliza policías, ministerios públicos y jueces en contra de los universitarios”. “Las notas que salen son una burla para la sociedad, es una irresponsabilidad por parte de esos medios, ¿por qué no promo- cionan igual los reveses que sí son contundentes en contra de la posición del Gobierno del Estado?, ¿por qué no publicitan igual las quejas que se han tenido que declarar infundadas por el Poder Judicial respecto a los amparos de la Universidad?”, cuestionó. Resaltó que Gobierno del Estado y el Congreso Estatal están teniendo revés pues se están declarando infundados sus recursos de queja contra los amparos de la Universidad por ello los universitarios están tranquilos, y es posible que se sigan promoviendo amparos para prevenir posibles abusos, quedará a juicio del equipo jurídico de la institución que se pudiera recomendar promover otro amparo al Rector ya que el próximo viernes va “a una cancha” donde el Juez está a las órdenes del Gobernador.

El Congreso del Estado otorgó dos licitaciones por más de 40 millones de pesos a las mismas empresas para la construcción de dos niveles de oficinas administrativas y de archivo. En menos de un año, Arturo Hernández Pérez y Mospal Construcciones ganaron dos licitaciones por obras relacionadas a la construcción y adecuación de las nuevas oficinas administrativas y archivo en el Palacio Legislativo. En el contrato de septiembre de 2022, manifestaron que subcontratarían a dos pequeñas empresas, de las cuales no proporcionaron el nombre, solamente que tienen domicilio en común en la colonia Morelos, en Culiacán. La construcción de los niveles dos y tres de las oficinas administrativas y archivo en 2022 tuvo un presupuesto de 21 millones 420 mil pesos; las obligaciones de Hernández Pérez marcadas en el contrato fueron encargarse de la estructura metálica, panel precolado tipo SW, acabados, piso y azulejo, pintura y cancelería.

En el caso de Mospal Construcciones, fueron las demoliciones y retiros, albañilerías, instalaciones eléctricas, tablaroca, puertas multipanel, impermeabilización y limpieza de la obra.

Para 2023, el monto del contrato fue similar con 20 millones 144 mil 504 pesos, pero aunque el fallo fue el 31 de julio, al 13 de agosto el Congreso del Estado no había publicado el contrato en el portal Compranet Sinaloa.

La segunda licitación lanzada por el Congreso para el mismo edificio, contemplaba trabajos de adecuaciones e instalaciones generales de los niveles construidos por las mismas empresas, cuya obra debería terminar el 29 de noviembre de este año.

En 2020, Hernández Pérez y Mospal Construcciones también participaron en la licitación para la construcción del módulo para la unidad técnica de fiscalización y archivo general de la 63 Legislatura, pero no ganaron debido a que Mospal no presentó la constancia de inscripción al padrón de contratistas del Congreso del Estado. Adecuaciones a oficinas del Congreso costarán solo $1.2 millones menos que lo que se gastó en construirlas El Congreso del Estado licitó trabajos de adecuaciones en oficinas administrativas y archivo del edificio legislativo, concretamente en el segundo y tercer nivel de dicho edificio; la reali-

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