La reforma del estatuto de nuestra universidad no es un problema instrumental o técnico, ya que si pretendiera ser esto sería una reforma para que nada cambie. Debatir una reforma de estatuto es poner en discusión un proyecto de universidad y, por lo tanto, la pregunta es: ¿QUÉ PROYECTO DE UNIVERSIDAD ESTAMOS DISCUTIENDO?. EN EL MARCO DE ESTE DEBATE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DOCENTE PROPONE, CON CARATER COMPLETAMENTE PROVISORIO, EL SIGUIENTE MANIFIESTO:
POR UNA UNIVERSIDAD QUE RECONQUISTE LA LEGITIMIDAD SOCIAL CON CARÁCTER POPULAR Y EMANCIPADOR. A) REAFIRMACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL. La educación, en particular la universitaria, es un derecho social universal y no un privilegio o un servicio y en consecuencia es el Estado el que tiene la responsabilidad indelegable de asegurar la educación en todos sus niveles. En tanto derecho social, la educación universitaria debe ser pública, gratuita (tanto en el grado como en el postgrado) y popular. B) LA FORMACION DE LA CONCIENCIA CRÍTICA. Poner al proyecto educador como centro de la universidad pública supone repensar y repensarnos en relación al tipo de prácticas y conocimientos que se construyen en el proceso de formación, el cuál tiene múltiples entrecruzamientos donde educador, educando y comunidad somos todos mutuamente educados. Educar y educarnos con conciencia crítica supone preguntarnos por los sentidos de la educación; es re-pensar los fines de la universidad, el para qué y al servicio de qué y de quiénes está la universidad. Pasar del carácter profesionalista de la educación a la educación con conciencia crítica para construir un orden social más justo. Es importante reconocer que la universidad, como todo espacio educativo, no es un lugar neutro. De lo contrario ¿cómo es posible que algunos “intelectuales” se conviertan en “masa crítica” dándole la espalda a quiénes sostuvieron su formación en una educación pública?. C) PROFUNDIZAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD. Garantizar el acceso universal implica rechazar cualquier intento de restricción como aranceles o exámenes de ingreso pero, profundizar la dimensión pública y democrática de la universidad, requiere prácticas específicas que tiendan a asegurar la permanencia y el egreso de los sujetos a los estudios superiores. De lo contrario sólo con la consigna de ingreso irrestricto se encubren desigualdades que luego se terminan resolviendo en fracaso escolar. La enorme exclusión social en la Argentina, traducida en desocupación y pobreza, producto de la desigual distribución de la Argentina provoca, en el contexto educativo, que los hijos de amplios sectores de la población no completen ni siquiera el ciclo de la escuela primaria y secundaria, dejando a la educación superior como un horizonte imposible de alcanzar para la mayoría de los argentinos/as.
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Si bien el sistema educativo no puede “enmendar” los resultados de las políticas económicas y sociales de la exclusión, sí puede evitar que se refuerce. Frente a la injusticia social la educación pública no es neutral (como sosteníamos arriba) ya que, como nos recordaba Pierre Bourdieu, el conocimiento es, siempre, crítico o cómplice. La universidad debe y puede desarrollar programas especiales, como por ejemplo, darle rango de “prioridad” institucional a la incorporación de jóvenes y adultos de la ciudad y región provenientes de los sectores más vulnerados por la crisis; para ello habría que proponer condiciones de tal modo que, como se decía arriba, no sea éste el primer sector que quede excluido. Esto implicaría un rediseño del dictado de las carreras considerando, por ejemplo, posibilitar a través de horarios alternativos el cursado de carreras para aquellos que trabajan, aumento de becas, etc. Además, como forma de garantizar a la educación como derecho la universidad debiera: D) COMPROMETERSE CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN SU CONJUNTO. No puede haber universidad pública en un sistema educativo deteriorado en su conjunto. Esto requiere otorgarle centralidad en la política de la universidad a la articulación con el resto de los niveles educativos para aportar a la resolución de la crisis educativa y esto no se hace con programas voluntaristas o esporádicos (de los cuales no se niega el valor pero no alcanza). Necesitamos democratizar los vínculos con los trabajadores docentes de los otros niveles a través de propuestas, con rango de “prioridad institucional”, de programas de formación docente continua sin ningún tipo de restricción de su ingreso. La concreción de estos espacios debiera ser “prioridad institucional”, para identificar conjuntamente necesidades, problemáticas y así proponer de manera situada las propuestas de formación. Es aquí, donde el problema de la exclusión educativa de los sectores populares debe tener centralidad como objetivo a resolver entre el conjunto de todas las instituciones. Esta democratización supone re-significar el para qué de la Universidad, cuestionando el carácter autoritario y elitista de la denominación “casa de altos estudios”, para producir un diálogo entre trabajadores docentes, lo que no significa borrar las especificidades, sino por el contrario el reconocimiento explícito de saberes y prácticas de diferentes realidades. Se trataría de un proceso donde todos los educadores son educados por el resto de los educadores.
E) PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA Y LA AUTONOMÍA. Autonomía y democracia son términos que no pueden separarse, ya que la autonomía sin construcción democrática (al interior y al exterior de la Universidad) puede devenir en aislamiento, defensa de intereses corporativos y “enclaustramiento”. La libertad en la producción y distribución de conocimiento, entendida desde la responsabilidad social, debe ser atravesada por instancias cada vez más democráticas y colectivas, construyendo caminos hacia una universidad pública y popular. En el contexto de mercantilización mundial de la educación superior, autonomía y democracia son principios que permiten definir estrategias de defensa de la educación pública y de fortalecimiento de la sociedad. Estos dos principios fueron los más debilitados por la política neoliberal de los 90 a través de la centralización de la definición de los
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objetivos de la educación universitaria en manos de los expertos ministeriales y de los organismos internacionales. Se impusieron las políticas sin ningún tipo de consulta ni a los trabajadores de la educación (docentes y no docentes) ni a los estudiantes. Las siguientes propuestas (que son al mismo tiempo interrogantes para el debate) creemos que van en la dirección del fortalecimiento de la democracia y la autonomía universitaria: a) Centralidad de la Asamblea Universitaria. ¿No debiera el estatuto de la UNRC garantizar que la asamblea universitaria, en tanto instancia máxima de conducción de la universidad, sesione al menos una vez al año con el objetivo de definir los lineamientos más importantes de la política educativa local, tales como las prioridades en las asignaciones presupuestarias para docencia, extensión e investigación?. Creemos que el presupuesto de la UNRC debe ser construido como presupuesto participativo, instrumentando mecanismos de consulta a la totalidad de los miembros de la UNRC y definiéndolo en la asamblea universitaria (una de las experiencias más importantes de democratización ha sido el presupuesto participativo de Porto Alegre. Si se pudo realizar en una ciudad con un millón y medio de habitantes es posible hacerlo en una universidad como la nuestra). Esto implica profundizar la democratización y la transparencia de la discusión del presupuesto. b) Relación con Organizaciones sociales y comunitarias ¿No debiera el estatuto: i) Garantizar que en períodos regulares, anuales o bianuales, la universidad promueva espacios, foros, mesas de trabajo, etc., para establecer un diálogo con la sociedad civil a través de todo tipo de organizaciones (escolares, ambientalistas, sindicales, etc.) para compartir actividades y para recibir críticas y demandas. ii) Garantizar mecanismos de consulta (tenemos todos los medios para hacerlo) a los sectores más vulnerables y vulnerados de la población para “escuchar” sus demandas. iii) Dar participación a referentes importantes las organizaciones sociales en proyectos de investigación y extensión de equipos de trabajo de la UNRC. iv) Incluir en el Consejo Superior y en la Asamblea Universitaria la representación de las organizaciones sociales de Río Cuarto y Región, promoviendo que esta representación sea a su vez elegida por las propias organizaciones donde todas tengan derecho a voto igualitario. De lo contrario van a prevalecer, como en las experiencias de los Consejos Sociales las voces de los sectores hegemónicos?. Estas instancias de diálogo permitirían redefinir el concepto de extensión universitaria, definirían vías concretas para que las declaraciones acerca de la universidad democrática y popular se hagan realidad, ampliarían el concepto de evaluación y ensancharían la legitimidad social de la universidad. c) Representación única de los trabajadores de la educación en la universidad: el claustro único docente. La separación en claustro de profesores y de auxiliares supone introducir un criterio de representación política basado en la “experticia” , cuyo significado es “la opinión que no se discute”; puesto en otros términos, habría un sector portador del saber del proceso de conducción política educativa y otro sector que ejecuta esas políticas. Este fue el criterio
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con el que la centralización educativa de los 90 dejó en manos de un puñado de expertos o “analistas simbólicos” de Ministerio la política educativa dejando fuera de la discusión de la misma a TODOS los docentes de las universidades desde ayudantes de primera a profesores titulares (no valió aquí el criterio del grado académico), salvo a aquellos que trabajaron activamente a favor de ese proyecto. Nosotros sostenemos que la política educativa se construye democráticamente desde el conjunto de todos los trabajadores de la educación (lo que no significa negar los grados de la carrera docente) y en consecuencia proponemos un claustro único de trabajadores docentes donde cualquiera pueda ser autoridad universitaria, desde rector, decano, director de departamento, consejero superior, directivo, o departamental, etc., sin distinciones (de profesor o auxiliar). d) Cambiar el carácter corporativo de la representación por Facultad en el Consejo Superior. Actualmente, excepto la lista de auxiliares, la representación de profesores es votada en forma separada en cada facultad. Si la Universidad es pensada en forma integral, además del claustro único docente ya mencionado, creemos que la lista de docentes, aunque tenga que ser integrada por docentes de todas las facultades, sea votada por TODA LA UNIVERSIDAD. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿un docente de la Facultad de Ciencias Exactas no debiera estar profundamente preocupado por las problemáticas académicas y laborales de los docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y recíprocamente?, etc., etc. e) Limitación de los períodos para todos los cargos de conducción sean elegidos o designados. Como la educación es un proceso esencialmente político (como nos advertía el maestro Paulo Freire) no puede existir separación entre la política y el resto de las dimensiones del proceso educativo y, por lo tanto, no puede haber carrera de funcionarios en las universidades, haciendo que algunos se “especialicen” en gestión y el resto trabajadores y estudiantes. Proponemos que se discuta la instrumentación de restricciones a la permanencia en los cargos unipersonales ya sean electos o designados. Luego de cierto período en el ejercicio de la conducción se deberá esperar cierto plazo para poder volver a ocupar nuevamente un cargo. F) POR UNA INTEGRALIDAD DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA. EL INTELECTUAL EN TANTO TRABAJADOR DE LA CULTURA. Construir un intelectual público, en tanto trabajador de la cultura, supondría: Romper el cerco de las especificidades de las disciplinas y del claustro, lo que no significa el abandono de la formación específica sino que, por el contrario, la sostenga pero al mismo tiempo amplíen la formación y la mirada para poder pensar integralmente la educación y la sociedad. Que se despoje del carácter elitista de la noción de “alta cultura”. No hay alta cultura, hay culturas, hay especificidades de saberes diferentes, dentro de los cuales se encuentran los construidos en la universidad pero que, aunque importantes, no son los únicos legítimos.
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Convertirse en una voz pública, que sea crítica y que incida en el contexto social, comprometiéndose en transformación que revierta las injusticias sociales, dentro de las cuales se encuentra el deterioro de la Educación Pública y su carácter restrictivo actual para la mayoría de la población. Que luche por más salario y por mejores condiciones de trabajo junto al resto de los trabajadores comprendiendo que el problema de fondo es la construcción de otra nación, de otra realidad latinoamericana más justa. Que luche por alcanzar un sistema de ciencia y tecnología grande, que incorpore al conjunto de todos los docentes del país. Sistema que tenga como objetivo abordar los grandes problemas nacionales, regionales y locales. No estamos indicando una dicotomía entre ciencia básica y aplicada, sino que, por el contrario sabemos que sin investigación básica no hay posibilidad de aplicaciones para resolver problemas importantes y, al mismo tiempo, puede haber ciencia básica que sólo le sirva al investigador en tanto acumulación privada de currículum. Que podamos colectivamente definir los núcleos centrales de las políticas educativas, arrebatadas al conjunto por la propuesta neoliberal.
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