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Bonos verdes: un nicho de financiamiento que sigue creciendo
NOTA DE TAPA
Por María Eugenia Testa @eugetesta
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Promueven la integridad del mercado a través de directrices que recomiendan transparencia, publicidad y reporte de informes, y tienen cuatro componentes principales: uso de los fondos; proceso de evaluación y selección de proyectos; gestión de los fondos, e informes
Si bien sigue siendo un nicho –alrededor del 1 por ciento de la emisión total de deuda a nivel global–, la emisión de bonos verdes no para de crecer. En el reporte de marzo de este año, Bloomberg Intelligence señala que la emisión de bonos verdes continuará estableciendo récords en 2018, y alcanzará unos US$ 250 mil millones según las proyecciones de la agencia Moody ’s y de la organización Climate Bond Initiative (CBI), y registrando así un aumento del 60 % con respecto a 2017. Luego de un estancamiento en 2014-2015, desde ese último año la emisión no ha parado su crecimiento.
Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar fondos para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático. Este uso específico es uno de los puntos que diferencia a los bonos verdes de los bonos comunes. Es así como, además de evaluar las características financieras estándares (vencimiento, cupón, precio y calidad crediticia del emisor), los inversionistas también evalúan el objetivo ambiental específico de los proyectos que se pretende respaldar con los bonos. También permiten a los emisores llegar a diferentes inversionistas y promover sus credenciales ambientales.
Entrevistado por ENERGÍA PO- SITIVA, Pablo Cortínez, coordinador de Negocios y Ambiente en Fundación Vida Silvestre, sostuvo: “Cuando un privado invierte en este tipo de bonos, lo que puede estar buscando es diferenciarse de otros; hoy en día, las calificadoras de riesgo lo empiezan a tener en cuenta, pero más que nada lo que se busca es diversificar las fuentes de inversores. En otros casos, adquirir estos bonos es hoy un valor agregado para ciertos inversores institucionales del exterior, impact investors, family offices, etc., que son aquellos inversores que tienen prohibido invertir en, por ejemplo, activos ligados a combustibles fósiles o que tienen establecido dedicar un porcentaje de su cartera en inversiones verdes. En este caso, son inversores que no irían a fondos argentinos tradicionales, pero que sí podrían hacerlo si el bono es verde”.
Mariano Rabassa, doctor en Economía y profesor de la UCA e investigador asistente del Conicet, agregó: “Hay que tener en cuenta que, en cualquier caso, el inversor quiere tener el mismo rendimiento que cuando invierte en otro tipo de bono, pero en este caso se plantea colocar el dinero en proyectos con impacto ambiental o social positivo. Eso es algo interesante para analizar para nosotros los economistas, si el inversor está dispuesto a perder algo por invertir en estos proyectos, y en primera instancia la respuesta sería no.”
Por su parte, Cortínez señala que “no deben crearse falsas expectativas, no existe evidencia de que un bono verde emitido por un corporativo o un subnacional, por ejemplo, tenga una tasa menor por ser verde, es decir, que el emisor se endeude a una tasa menor, porque el riesgo para el inversor es el mismo. En todo caso, sería muy marginal”.
Los bancos multilaterales de desarrollo fueron los primeros en emitir bonos verdes. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2007 emitió un bono para concientizar sobre el clima (Climate Awareness Bond) por € 600 millones, que se concentraba en la energía renovable y la eficiencia energética; el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o BIRF) lanzó su primer bono verde en 2008 por unos US$ 440 millones y la Corporación Financiera Internacional (IFC) emitió bonos verdes por primera vez en 2010, a pedido de los inversionistas que buscaban inversiones relacionadas con el cambio climático.
Según Bloomberg, la demanda de los inversionistas por los proyectos ecológicos que respaldan la deuda está ayudando a impulsar a los emisores corporativos y gubernamentales a superar los obstáculos, como son los requisitos adicionales de presentación de informes.
“La ola de inversores verdes o bajo los Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, se ve reflejado en lo que se llama la sobredemanda de estos productos. Si uno viene a nivel regional, el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) emitió un bono el año pasado por U$S 1000 millones de dólares. El interés de los inversores fue por 5000 millones, es decir que hubo una sobredemanda de cuatro veces lo que se ofertaba. Esto te da una idea del nivel de demanda que hay”, destacó Cortínez, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y que actualmente está abocado a las finanzas sustentables.
La emisión global de bonos verdes
alcanzó los US$ 155,5 mil millones en 2017, un 78 % más que en 2016, según datos de la CBI. “Si sumamos lo que se emitió desde el primer bono verde hasta 2014, vemos que la misma cantidad se emitió solo en ese mismo año. Y si vemos el incremento porcentual en 2015, 2016 y 2017, vemos que se trata de una forma de financiamiento que cada vez despierta más interés”, agregó Cortínez.
Proyectos realmente verdes
Debido a que el mercado viene creciendo de manera acelerada, sus principales actores han procurado aportar mayor claridad a las definiciones y a los procesos asociados a la emisión de bonos verdes. Es así que, a partir de las experiencias de los bancos multilaterales de desarrollo, en el año 2014, un grupo de bancos comenzó a elaborar los principios de los bonos verdes (PBV), una serie de pautas voluntarias que sirven de marco para la emisión de este tipo de bonos.
Los PBV promueven la integridad del mercado a través de directrices que recomiendan transparencia, publicidad y reporte de informes, y tienen cuatro componentes principales: uso de los fondos; proceso de evaluación y selección de proyectos; gestión de los fondos, e informes.
“Frente a este tipo de emisión de deuda, la pregunta es ¿qué incentivo tiene el inversor para estar sobre el proyecto que financia, más allá de recuperar la inversión? El punto aquí es quién controla, quién brinda la información para saber si el proyecto cumple con lo pautado en materia ambiental, o si solo me preocupa la imagen (haber invertido en un proyecto que se dice verde). ¿Hasta dónde llega mi compromiso?”, plantea Rabassa.
A medida que el mercado crece, parece que los inversores se están poniendo más estrictos, demandando más información, transparencia, y la participación de verificadores externos y calificadoras. Es así como el mercado se basa en la información difundida por los emisores, asesores de inversión, verificadores, expertos técnicos, y organizaciones no gubernamentales (ONG) como Cicero o la CBI, entre otros. Esta última, por ejemplo, ha publicado un listado de verificadores aprobados según sus propios estándares. Además, varios índices de bonos verdes (por ejemplo, Barclays/Morgan Stanley Capital International [MSCI] y Standard & Poor’s) son puntos de referencia para las carteras de bonos verdes y respaldan la transparencia en las definiciones y los procesos.
“El control y la evaluación de los proyectos que financian los bonos verdes son clave. Un emisor puede decir que emitió un bono verde, ‘pintándose de verde’, y no ser así. Es necesario analizar cuál es el proyecto en el que se va a invertir. Para ello existen los verifiers (verificadores), para constatar que esto sea realmente así. Otro de los puntos es el seguimiento que se va a hacer del proyecto, si respeta lo que se estableció en el prospecto de emisión, es decir: si dijiste que se va a reducir la emisión de X cantidad de gases de efecto invernadero, que esa reducción se concrete realmente. Además de los verifiers, están las agencias de calificaciones bajo los criterios ESG (gestión del riesgo que toma en consideración los aspectos ambientales, sociales, y de gobierno corporativo) que hacen una evaluación y un seguimiento de los proyectos. Si se los usa para greenwashing, vamos a estar desperdiciando una muy buena herramienta”
Quiénes emiten bonos verdes
Los Estados Unidos, China y Francia representaron el 56 por ciento de la emisión total de bonos verdes en 2017. Hubo diez nuevos participantes en el mercado el año pasado: la Argentina, Chile, Fiyi, Lituania, Malasia, Nigeria, Singapur, Eslovenia, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Al día de hoy, la Argentina registra la emisión de tres bonos verdes. En febrero del año pasado, la provincia de La Rioja emitió deuda bajo esta forma por US$ 200 millones para financiar el parque eólico Arauco, y
Jujuy hizo lo propio, con una emisión de bonos verdes por US$ 210 millones a los efectos de lograr más financiamiento para el parque solar Caucharí. Mendoza, por su parte, espera la aprobación de la legislatura provincial para emitir deuda bajo esta modalidad por US$ 100 millones.
Semanas atrás, el Banco Galicia emitió bonos verdes por US$ 100 millones, convirtiéndose en la primera entidad privada en emitir este tipo de deuda.
Rabassa sostiene que “en ciertos casos, los bonos verdes permiten acceder a fondos para inversiones que de otra forma no se están consiguiendo, sobre todo en inversiones de privados, lo que cuesta un poco más. Si te fijás, la emisión del Banco de Galicia sigue estando suscripta en su totalidad por la International Finance Corporation (IFC), que es un organismo del Banco Mundial. A los privados todavía les cuesta invertir en mercados como el argentino, por eso generalmente encontramos a los organismos multilaterales”.
De acuerdo con los datos de Bloomberg, en 2017 poco más del 50 % de la emisión de bonos verdes (del total de US$ 155,5 mil millones) la realizaron corporaciones (US$ 77.876 mil millones), seguido por la emisión de los organismos supranacionales, fondos soberanos y agencias (US$ 40.939 mil millones); ABS (Asset Backed Securities) y MBS (Mortage-Backed Securities) (US$ 24.766 mil millones); gobiernos municipales estadounidenses (US$S 10.927 mil millones) y proyectos (US$ 1105 mil millones).
A dónde está yendo el financiamiento
Entre los destinos posibles para inversiones a través de los bonos verdes encontramos: energía renovable; eficiencia energética (incluidos los edificios eficientes); gestión sostenible de residuos; uso sostenible de la tierra (incluidas la silvicultura y la agricultura sostenibles); conservación de la biodiversidad; transporte limpio; ordenación sostenible de las aguas (incluida el agua limpia o potable), y adaptación al cambio climático.
Desde las primeras emisiones, la mayor cantidad de bonos verdes ha estado dirigida al financiamiento de energías renovables y modernización del transporte.
Al respecto Rabassa señala: “Cuando uno piensa en bonos verdes generalmente piensa en un parque eólico o solar.En los otros destinos, por ejemplo, construcción o gestión del agua, son más difíciles de controlar el impacto.”
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En la misma línea, Cortínez sostiene: “Cuando uno analiza la torta del destino de los bonos verdes, las renovables se llevan la mayor parte, y la menor cantidad va para adaptación, cambio de uso del suelo, residuos. No obstante, está subiendo la porción de eficiencia energética. Pero en agricultura inteligente y ganadería del pastizal, por ejemplo, hay una gran posibilidad, donde la Argentina tiene un potencial muy importante”.
Los bonos verdes y el Fondo Verde para el Clima
En materia de financiamiento verde, y en el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, los países desarrollados se comprometieron en una reunión en 2009 a movilizar conjuntamente unos US$ 100 mil millones anuales para 2020, con el objetivo de sustanciar así el Fondo Verde para el Clima. Estos fondos se vehiculizarán para el financiamiento de proyectos para mitigación y adaptación del cambio climático en países no desarrollados.
En relación con ello, Cortínez señala: “Fondo Verde para el Clima tiene una cantidad de instrumentos entre los cuales incluye deuda, equity, grants y garantías, pero a priori está destinado a los países de menores recursos, por lo que la Argentina no sería prioritario. Desde este fondo existe más interés en financiar a los pequeños países insulares en desarrollo. Es decir, en casos de economías como la nuestra, no pondría demasiadas expectativas en eso, aunque ha habido algunos casos. Es aquí, entonces, donde los bonos verdes pueden ser una buena herramienta, siempre que se tomen los recaudos para evitar el greenwashing”