Revista Cabildo Abierto Nº 72 by Noticias SER

Alberto Quintanilla: En el 2014 las reelecciones serán la excepción N° 72

Diciembre 2013 S/. 0.50 Puno S/. 1.00 Lima

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

Bs 2.00 Bolivia

A pesar de sus esfuerzos, el gobierno regional no logra mostrar avances signficativos al terminar su tercer año

Saldo negativo

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2 // Diciembre 2013 - CABILDO ABIERTO

Editorial Puno / Diciembre 2013 / Nro. 72 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman

Comité editorial Zenón Choquehuanca Rodríguez Patricia Quiñones Pareja Soledad Rosario

Director Javier Torres Seoane

Editor Jorge Moreno Matos

Reporteros/as Gilmer Inquilla

Columnistas Ana María Pino Jordán

Colaboradores Nicanor Domínguez Faura

Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráﬁca

Fotografía Asociación SER

Distribución, ventas y publicidad Puno: Shaida Ramos 051 364996 / 995053971 Lima: Rosario Arevalo 01 4727937 - 995053868

Cabildo Abierto es una publicación de la Asociación SER.

Lima: Jr. Mayta Capac 1329 Jesús María Telef: 01 472 7937 www.ser.org.pe Puno: Jr. Deustua 227 – Interior Telef: 051 364996 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-16062

Las opiniones expresadas en los artículos ﬁrmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

n el tercer año de sus respectivas gestiones, la honorabilidad de la mayoría de los alcaldes provinciales de la región Puno se encuentra mellada. Casi todos afrontan denuncias penales por acusaciones y delitos en proceso de investigación, algunos con sentencias y otros a punto de ser vacados. El caso más extremo es el de Huancané cuyo alcalde se encuentra internado en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca. Marcan la diferencia los alcaldes de Melgar y Chucuito, que han sabido cuidar la investidura. Esta situación pone en cuestión la gobernabilidad local. San Román es un caso en el que la población, luego de protagonizar un paro de 72 horas en pleno aniversario, opta por una huelga indefinida reclamando la anulación del TUPA, el no pago de autovalúo, amnistía tributaria, rechazo a la cobranza coactiva y embargo de propiedades inmuebles, así como la destitución de gerentes, entre otros pedidos. En buena cuenta, quieren convertir a la municipalidad en una mera instancia que administra los caprichos de una parte de la población, sin ponderar que una reducción de la recaudación municipal afecta directamente tanto a los servicios municipales como a la ejecución de más obras. Las permanentes críticas a las autoridades tanto regionales como locales giran en torno a la ejecución de sus presupuestos, que en todos los casos tienen retrasos importantes. Situación que es aprovechada por la población para exigir obras aún no consideradas en los procesos de planeamiento y presupuesto participativo. Ciertamente el gasto presupuestal que ejecutan las municipalidades es el más vigilado; sin embargo no es la única variable a la que habría que dar seguimiento. Otras deberían tener un control permanente como son los impactos y resultados que se están logrando con las inversiones en desarrollo local, expresado en la cobertura de los servicios básicos (porcentaje de población que dispone de agua potable y desagüe, electricidad), disponibilidad de infraestructura social (kilómetros de carretera asfaltada y afirmada; número de centros educativos con equipamiento adecuado, postas médicas, centros de salud y hospitales construidos y el equipamiento de estos) e infraestructura productiva (sistemas de riego), así como indicadores de salud, nutrición, educación, etc. Desde Cabildo Abierto pensamos que estamos a tiempo de que cada localidad (región, provincia y distrito) identifique los indicadores con los que va medir su desarrollo y sean éstos los que se tengan que monitorear permanentemente. Y no fijarnos solamente en el gasto presupuestal, que puede estar al 100% pero con muy pocos resultados expresados en la mejora de calidad de vida de la población. Que tengan unas felices fiestas y que el 2014 sea un buen año para la región y el país.

Manténgase ACTUALIZADO con información REGIONAL y NACIONAL todos los JUEVES en:

w w w. n o t i c i a s s e r. p e

Encuesta

Cuáles han sido los hechos políticos y los problemas de la región más resaltantes del 2013?

Víctor Panca Alcalde de los Uros

1.- La mortandad de los peces del lago Titicaca producto de la contaminación. 2.- El desgobierno de Juliaca donde la población se ha manifestado contra la subida de los arbitrios. 3.- El alza del servicio de agua propuesto por EmsaPuno.

Rosa Palomino

Presidenta de la Asociación Unión de Mujeres Aymaras (UMA) 1.- La llegada de los ministros a la provincia de Melgar. 2.- El incumplimiento del Gobierno Regional en crear el Consejo Regional de Mujeres. 3.- El incumplimiento de las autoridades distritales con su población.

Yoni Fernández

Responsable de la dirección de Promoción del Empleo de la dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno 1.- El aumento al doble del porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. 2.- La poca participación de las mujeres en la política. 3.- Los paros convocados por la población para llamar la atención de sus alcaldes.

Humberto Andrade

Presidente de la Asociación de Cesantes Administrativos de la Dirección Regional de Educación de Puno. 1.- Los malos manejos del alcalde de Juliaca David Mamani. 2.- La decisión firme de parte del Gobierno de erradicar la minería informal. 3.- Las medidas por el incremento del agua

Zarela Pineda Consejera regional

1.- Las dificultades de las mujeres en superar brechas en Educación, acceso al trabajo, e identidad. 2.- La falta de documentos de identidad de muchas mujeres 3.- La aprobación de una ordenanza regional contra la trata de personas.

Ricardo Álvarez

Gerente General de la Municipalidad Provincial de Puno 1.- La sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en la provincia de Melgar, Ayaviri. 2.- La decisión del gobierno de iniciar la interdicción en contra de la minería ilegal.

Felipe Flores

Presidente de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad de Puno 1.- La huelga de los pobladores de Juliaca, quienes hicieron que el alcalde David Mamani pida licencia y ahora quieren vacarlo. 2.- La interdicción minera que se vienes realizando.

Ana María López

Presidenta de la Central de Asociaciones de Mujeres de Puno (CAMUP) 1.- La falta de igualdad de oportunidades y participación política de las mujeres. 2. La persistencia del machismo 3.- El egoísmo de las propias mujeres

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Entrevista

Opinión

Entrevista a César Rodríguez Aguilar, director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno

“No todos están de acuerdo ni con Corani ni con Santa Ana” ¿

Cómo ha ido evolucionando el proceso de formalización minera iniciado el año pasado?

El año pasado se publicó un paquete de leyes en vista de que en Puno, y a nivel nacional, se practicaba una minería desordenada en la que muchos no cumplían con los requisitos exigidos. Ha sido un comienzo difícil. Creo que el Gobierno Central y el Gobierno Regional no estaban preparados para este proceso. Eso ha hecho que haya protestas por parte de la población. Se decía que los plazos eran muy cortos. Todas esas cosas hicieron que el proceso se inicie lentamente. Sin embargo, se viene avanzado. La gente ha comprendido la necesidad de formalizarse, la actividad minera del futuro debería tener una nueva forma: social y ambientalmente responsable.

¿Cómo está actualmente el proceso de remediación de las zonas afectadas por la contaminación del Rio Ramis? A raíz de las protestas y reclamos se viene trabajando en la cuenca Ramis, fundamentalmente en los distritos de Crucero, Potoni, Asillo, San Antón y Progreso. Se ha conformado una mesa multisectorial. Se han discutido propuestas y hay algunos acuerdos donde participan varios ministerios y el Gobierno Regional. Este último está participando con un proyecto de remediación que supera los 5 millones, con los que se está empezando a ejecutar entregando maquinaria. ¿Qué le parece la propuesta de que reviertan al Estado las concesiones que no son trabajadas? Es complejo y delicado. Hay muchas concesiones que están concentradas en pequeños grupos. Por ejemplo, Newmont tiene concesiones en Azángaro, Lampa, Carabaya. Hay otros, como Peñoles, que tienen concesiones en la zona de Sandia. Frente a esta situación quienes trabajan pero no tienen concesiones creen que deban revertirse al Estado para que se las otorguen. Sin embargo, el principal sustento de que no se pueda tocar estas concesiones es por seguridad jurídica. ¿En este proceso, cuál es la importancia que usted le encuentra al trabajo de ZEE y OT? Con protestas, la gente, al notar que estaban proliferando las concesiones mineras pidió al Ejecutivo suspender todo tipo de petitorios en la región, lo que se logró

hasta el 2014. Mientras tanto había la idea de realizar la ZEE y posteriormente el Ordenamiento Territorial. Sin embargo, no ha habido avance desde el Gobierno Regional y las municipalidades. Para el año 2014 habrá nuevamente concesiones y quizás tendremos los mismos problemas. La gente quiere minería, pero que no afecte las actividades agropecuarias. La ZEE contribuye y justamente define dónde habrá minería y dónde no.

“La gente quiere minería, pero que no afecte las actividades agropecuarias. La ZEE contribuye a eso” Se ha insinuado que el proyecto Corani de Bear Creek iniciaría operaciones si se le da el visto bueno al proyecto Santa Ana, que desencadenó el aymarazo el 2011 ¿Qué opinión le merece? No es competencia de la DREM ni del Gobierno Regional. Sé que hay una mesa de dialogo integrada por varios ministerios y el Gobierno Regional, pero la DREM no participa. Sin embargo, no creo deba ser una condicionante para empezar a trabajar en Corani. Creo que no tiene sentido, ¿Cuál será la reacción luego de transcurridos dos años con lo de Santa Ana?, creo que hay descontento y no todos están de acuerdo ni con Corani ni con Santa Ana.

¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente?

Faltando poco más de tres meses para que se cumpla el plazo establecido para la suspensión de los petitorios mineros en Puno, Cabildo Abierto conversó con César Rodríguez, director de la DREM, para conocer cuál es el panorama que le espera a la región cuando venza el plazo perentorio.

Gilmer Inquilla

De un aproximado de 10,600 declaraciones de compromisos hemos introducido a la base de datos por lo menos 6,000, de esa cifra depuraremos a algunos porque están en zonas prohibidas. Por otro lado, hay titulares de concesiones que no quieren firmar contratos de explotación con los trabajadores lo que imposibilita su formalización sobre todo en Sandia y Carabaya. Sin embargo, estamos promoviendo mesas de diálogo para ver ello. También es necesario indicar que muchos se están organizando, esto hará que sean representadas por una sola persona jurídica.

El proceso de formalización minera espera detener el impacto ambiental de esta.

ALTIPLANO POLÍTICO

Formalización minera

Zenón Choquehuanca

a minería ilegal e informal en Puno se ha convertido en un problema de gran magnitud, cuya primera consecuencia verificable es la contaminación de las aguas de la cuenca del río Ramis. Esto afecta severamente al sector agropecuario, lo que pone en grave riesgo los medios de producción y la calidad de vida de la población que vive en la zona. Como se recordará, el año 2012 el Gobierno Nacional emitió una serie de normas para la formalización de mineros informales y la interdicción de los ilegales. Han transcurrido más de 18 meses y hay muy pocos avances al respecto. En el Perú las competencias para el control y la regulación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PMyMA) son responsabilidad de los gobiernos regionales. Pero vemos con preocupación que ésta instancia ha sido rebasada por su magnitud en Puno, que supera de lejos lo estipulado por las normas. Utilizan maquinaria pesada y la remoción de tierra de los que trabajan las 24 horas del día supera largamente lo estipulado por las normas legales. En este contexto, la pretendida formalización corre el riesgo de no lograr su objetivo porque en la práctica se trata de mediana minería informal que opera incumpliendo la legislación y reglamentos y encima busca su formalización, situación que merece una exhaustiva revisión. Por otra parte, algo extraño ocurre con las concesiones mineras concedidas por el Estado. Los titulares no realizan ningún trabajo de exploración con vías a explotación, ni mucho menos se preocupan de su invasión por terceros, facilitando el desarrollo de la minería informal e ilegal a gran escala. Esta situación debe corregirse porque la forma en que los titulares manejan sus concesiones se presta a la especulación y acaparamiento del subsuelo que ha generado desorden, incumplimiento de las normas, una contaminación cada vez más alarmante y conflictos con la población local.

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Análisis Regional

Opinión Pero en general, la mayoría de las carreteras aún no ven la luz de su culminación. Como en el caso de la gestión de Fuentes, la ejecución de vías ha estado en el ojo de la tormenta por las constantes denuncias de irregularidades, hechas en algunos casos por los propios responsables de la ejecución. Las denuncias han sido recogidas por el Procurador Anticorrupción de Puno, Samuel Larico Mamani, quien ha formalizado denuncia ante el Ministerio Público contra la autoridad regional y algunos de sus funcionarios por delitos como peculado, malversación de fondos, entre otros.

Energía y Medio Ambiente

2013: Un año más de promesas incumplidas A un año de concluir el gobierno de Mauricio Rodríguez, la evaluación de su gestión puede ser vista desde distintos puntos de vista, así si revisamos el plan de gobierno que entregó al Jurado Nacional de Elecciones1, siendo candidato, podemos medir cuanto se ha cumplido de lo que se prometió en la campaña del 2010. Soledad Rosario Ni educación ni salud En el tema Educación podemos apreciar, que Rodríguez centro su propuesta en la puesta en marcha del Proyecto Educativo Regional (PER) y el Proyecto Curricular Regional (PCR) como instrumentos básicos para elevar la calidad de la educación. Sin embargo, lo que vemos es que la inversión del Gobierno Regional en la materia, ha repetido la vieja fórmula de recurrir al fierro y cemento, construyendo una infraestructura dispersa que en sí misma no constituye más que un paliativo a problemas de fondo de nuestra problemática educativa. En el sector Salud la reducción de ir la mortalidad materna era uno de los principales compromisos a cumplir. Hasta noviembre de este año, de acuerdo a la información de la Red Nacional de Epidemiologia (RENA-

CE-DGE-MINSA), se reporta la lamentable cifra de 24 muertes maternas. Una cifra que ubica a Puno en el tercer puesto a nivel nacional después de Lima y Loreto. Aunque si revisamos las cifras globales, se ha producido una disminución de la mortandad materna en la región, pero esto se debe más a los programas nacionales que ejecuta el ministerio de Salud que a la acción del Gobierno Regional. Basta revisar su inversión en salud para comprobar lo dicho. Otro factor importante en materia de Salud, y que no ha sido resuelto por el Gobierno Regional, es el de la institucionalidad del sector. Las autoridades regionales son asignadas duran periodos muy cortos en sus cargos, lo que impide desarrollar políticas de mediano o largo plazo. Prueba de ello es la designación de tres directores regionales de salud en el presente año.

Carreteras, la pesadilla de siempre Por otro lado, una de las mayores críticas que se realizó a la gestión anterior de Hernán Fuentes estuvo relacionada a la construcción de carreteras. No solo en lo referido a la ejecución de obras sino también a la adquisición de maquinaria que en poco tiempo quedó obsoleta ante la canibalización de sus piezas y la falta de un presupuesto que permitiera su adecuado mantenimiento. La propuesta del actual presidente regional se centró en las carreteras Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya, Santa Rosa–Nuñoa– Desvio Macusani, Juliaca-Lampa-Emp.R.3s (Caracara), Puno-Tiquillaca-Vilque-Mañazo-Huataquita. Esta última es una promesa que viene avanzando lentamente en un trabajo conjunto con el gobierno nacional.

En lo que se refiere a la actividad energética en la región, Rodríguez basaba su propuesta en la formulación del Plan de desarrollo energético regional, la promoción del desarrollo sostenible y competitivo del sector y la diversificación de la matriz energética; todo a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de todo Puno en forma eficiente y eficaz para el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, hasta la fecha no se han ejecutado acciones precisas para el plan de desarrollo energético. Por otro lado, la minería informal ha sido una preocupación constante para la población, en especial en el norte de la región, que se movilizó en varias ocasiones durante este año que acaba. Sobre el particular debe reconocerse la iniciativa de la instalación de la ventanilla única, mecanismo que busca facilitar el proceso de trámite de formalización. Sin embargo, no hay que olvidar que los requisitos exigidos según el decreto supremo que lo norma son poco factibles de alcanzar por parte de los pequeños mineros y mineros informales. Al respecto, una de las mayores preocupaciones de la población es el tema medio ambiental. Sobre el particular Mauricio Rodríguez planteó la protección y conservación de los recursos hídricos de la región con enfoque de manejo de cuencas, propiciando el manejo responsable del agua y garantizando el acceso y calidad del agua, dando prioridad en su uso para el consumo humano, agropecuario y otros. La firma del Pacto de Gobernanza Ambiental, que para muchos fue un documento con el que se pretendía materializar estas propuestas en esa materia, fue otra buena intención que quedó solo en la firma y el recuerdo fotográfico. En materia ambiental

solo se han ejecutado actos centrados en la conservación y descontaminación de la bahía interior del lago Titicaca.

¿Nueva oportunidad pérdida? Por otro lado, la revisión de la evolución de la ejecución presupuestal de los últimos años permite tener otro indicador para medir la gestión de Mauricio Rodríguez. En el siguiente cuadro puede apreciarse que en el total anual ejecutado hay cierta diminución del porcentaje logrado desde el 2011. Así revisando la página de transparencia del MEF, el 4 de diciembre el gobierno regional ha llegado a una ejecución presupuestal de 71.6%, 8 puntos menos que en los años 2011 y 2012. La interrogante que se plantea a la luz de estas cifras es si será posible, más allá de la retórica de los funcionarios, mejorar la ejecución presupuestal en un plazo tan breve. En la percepción del ciudadano de la región y del país, no es comprensible que la gran demanda de ejecución de inversiones que demanda Puno, en todos los aspectos antes señalados, no se refleje en la ejecución presupuestal. Este llega a ocupar el puesto 17 entre las 25 regiones . Esta es la realidad que nos muestra la actual administración del Gobierno Regional de Puno en los últimos años. No obstante lo dicho, cabe resaltar que la actual gestión ha sintonizado en temas sensibles con la población puneña, asumiendo una posición firme en la defensa de los límites de Puno en su conflicto con Moquegua. A ello se suma la creación de la Oficina de Diálogo y Concertación como un espacio que contribuye a prevenir y anticiparse al estallido de nuevos conflictos en la región. De igual modo, en materia de servicios básicos como agua potable y saneamiento, el Gobierno Regional ha abordado a través del Proyecto SABA, en cofinanciamiento con el Gobierno central a través del ministerio de Vivienda, la atención de dicha necesidad a aproximadamente 64 mil familias, principalmente del sector rural. La continuación de estas acciones positivas, así como el cumplimiento de las promesas pendientes para el desarrollo de Puno, son tareas en las que el gobierno regional debe concentrar su atención en su último año de gestión. Si lo hace el presidente Mauricio Rodríguez tendrá opciones de ser reelecto en el fragmentado escenario electoral. De lo contrario, esta gestión será vista como una nueva oportunidad desperdiciada para salir de los graves problemas que vive nuestra región. 1 h t t p : / / d o c u m e n t o s . j n e . g o b . p e / c o n a u t / w f _ r e g _ m u n _ d e t . aspx?arrcodigo=200000X4&ID_PERIODO=28

Desde el rincón

Cuestión de identidad

Ana María Pino Jordán

“

La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, establece la Constitución Política del Perú (Art. 1). El segundo en su inciso 2, consigna el derecho a su identidad; es más, el inciso 19, amplía y protege ese derecho a la identidad étnica y cultural. Los nombres y apellidos de la persona son parte sustancial de esa identidad; inclusive, son parte de su libertad decidir sobre sus nombres y la forma de identificarse al escribirlo; de allí que en nombres y apellidos no hay faltas de ortografía, siendo que según el artículo 48 de la misma carta magna, el castellano es uno de los idiomas oficiales (los otros son el quechua, aimara y demás lenguas aborígenes). Sin embargo, en el caso del DNI, la I significa identidad. Es el propio Estado el que la vulnera al no consignar las tildes que en muchos casos implica, de facto, y arbitrariamente, un cambio de identidad en sus alcances. La acentuación ortográfica está ligada a la pronunciación que es propia de cada idioma. Por ejemplo, un María en castellano es diferente a un Maria en inglés, que dicho sea de paso no utiliza tilde en su escritura. La RENIEC, en respuesta lograda por gestión de la Defensoría del Pueblo, arguye que su sistema informático no registra tildes. La pregunta es: ¿Quiénes diseñan los programas informáticos? ¿Se puede por razones técnicas vulnerar un derecho que el mismo Estado debe proteger? Mire su DNI y verifique si es usted.

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Entrevista

Entrevista a Alberto Quintanilla Chacón, líder del partido Poder Democrático Regional (PDR)

“Las reelecciones van a ser la excepción”

Considera que los recientes conflictos municipales sean atribuibles a la cercanía de las eleccio-

Luque, el rector en ejercicio de la UNA Lucio Ávila Rojas, el ex general Willman Andía, el alcalde de Puno Luís Butrón Castillo.

Los procesos electorales no son el origen de los problemas. Los problemas, en mi opinión, se dan por algunas confluencias. El primer elemento es la retracción del gasto público que está implementando el Gobierno nacional para enfrentar una cuestión de emergencia en la economía. En segundo lugar, una recentralización en la ejecución del gasto público. En el presupuesto del 2012, 2013, 2014 se ve esa tendencia. Ahora, como están en una coyuntura electoral, lógicamente van a tener influencia y repercusión, pero no es electoral el origen de los problemas.

En el caso del gobierno regional se han anunciado importantes obras para el próximo año. ¿Considera que el anuncio responde a una aspiración reeleccionista de Mauricio Rodríguez?

nes?

¿Qué opina sobre los serios cuestionamientos a las autoridades electas en el proceso pasado por el Movimiento Raíces? Raíces más que un movimiento político, fue una suma de intereses en la que participaron una serie de candidatos que no creen ni en lo colectivo ni en lo orgánico. Pero la historia se repetirá. Ahora su fracaso, más que el de un movimiento regional, es el fracaso de un estilo de hacer política. ¿Cree que habrá alguna reelección en el siguiente proceso electoral? Porque se ha visto mucho desgaste de las autoridades electas. Las reelecciones van a ser la excepción, si es que hay alguna en la región Puno. Ciertamente, la debilidad de los movimientos políticos, el oportunismo con que suelen enfrentar los candidatos va a repetirse.

Yo no creo que haya sido una cuestión planificada. Lo que ocurre es que el gobierno regional en los tres primeros años ciertamente no ha sabido gestionar, no ha tenido claridad, no ha sabido qué hacer. Está encontrando el rumbo, aunque creo que estas obras estarían disputándole el espacio a los municipios. ¿Va a tener rédito electoral? Sí, pero creo que recién se están encontrando. Ojalá que lo cumplan porque la región se va a beneficiar. ¿La alianza de su movimiento Poder Democrático Regional con el Nacionalismo en el proceso pasado le trajo réditos políticos o desventajas? Si analizamos la coyuntura del 2010 hubo algunas limitaciones sobre todo porque el Nacionalismo terminó siendo un proyecto en el que sus dirigentes nacionales no creían en él y solo buscaban una alianza para réditos electorales. Los nacionalistas siguen siendo un espacio interesante con activistas y dirigentes que pueden contribuir al desarrollo de Puno y son parte de un proyecto a futuro. Actualmente el PDR está trabajan-

do una alianza en un Frente Amplio con agrupaciones de sectores populares. En el fondo creo que, en este proyecto para sacar a Puno adelante, todos son necesarios y todos pueden sumar.

Propuestas de reforma política ¿Considera que habría que hacer modificaciones a la legislación electoral vigente? Yo creo que el sistema político electoral del Perú es bastante débil producto de la destrucción sistemática que implantó el gobierno de Alberto Fujimori. Deben haber modificaciones: una primera es limitar o prohibir la reelección de autoridades. Si quieren postular a una reelección que esperen un periodo. En segundo lugar debe sancionarse el transfuguismo. Que la autoridad elegida por una determinada agrupación debe ser sustituida por su accesitario de la misma agrupación política si abandona esta. ¿Y cómo mejorar el mecanismo de la revocatoria, que ha sido puesto en cuestión luego del proceso en Lima? Las revocatorias no deberían dar paso a nuevos procesos electorales, sino que los vacados sean reemplazados por los accesitarios. Otro elemento es que los promotores involucrados directa o indirectamente no deberían ser quienes tengan la posibilidad de sustituir al revocado, porque eso abre una carnicería que ha sido bastante negativa.

¿Las protestas contra el alcalde David Mamani Paricahua fueron letales para su eventual candidatura a la región?

Alberto Quintanilla, abogado de profesión, es un agudo analista político, además de ser el líder del PDR. En esta entrevista plantea su mirada de la política regional y sus propuestas de reforma electoral para un mejor funcionamiento de nuestro sistema político.

Siempre dicen que en política no hay muertos ni cadáveres, pero este es un golpe bastante fuerte para las aspiraciones del alcalde David Mamani. Creo que él prácticamente carece de posibilidades de aspirar a un cargo público en las próximas elecciones. ¿Y qué otros candidatos siguen en carrera para las elecciones del 2014?

Gilmer Inquilla

Ya hay algunos nombres casi lanzados. Está el ex rector de la universidad Juan

El descontento de la población es legítimo, no electorero según Quintanilla.

“Si uno es político, debería preparase para ello de forma responsable”

¿Qué opina sobre el problema del financiamiento partidario? Yo estoy de acuerdo con que el Estado debe financiar a los partidos políticos y aquí no se va caer el mundo, somos 16 millones de electores en el Perú y si a cada agrupación política se le da tres soles por voto serían 48 millones que es muchísimo menos de lo que gasta el Congreso de la República o lo que cuestan los procesos electorales. ¿Cómo lograr una mayor participación de la mujer en la política? Hay que fortalecer las cuotas de participación de mujeres de sectores campesinos y de jóvenes, pero en ubicaciones expectantes y con posibilidades reales de elección. Se insiste que quienes sean candidatos tengan cierta formación, porque desconocen de gestión pública y el primer año es una etapa de aprendizaje ¿Está de acuerdo? Creo que debe haber formación política, el Estado debería presentar a través de la ONPE o JNE acciones sistemáticas de formación. Algunas propuestas plantean que para que uno pueda ser autoridad debería tener una suerte de carrera; es decir, para postular a alcalde se debe haber sido regidor; y para ser autoridad regional, autoridad municipal o congresista. Debe haber algún mecanismo que obligue a una mayor formación política lo cual no significa incurrir en el error de que se exija grados o títulos académicos. Creo que todos tenemos el derecho a participar, pero responsablemente. La política busca solucionar los problemas de la colectividad y es una actividad como cualquier otra: si uno es político debería preparase para ello de forma responsable.

Infografía CABILDO ABIERTO - Diciembre 2013 // 11

Sr. Minero y Sra. Minera:

El IGAC es un instrumento que se ha establecido por única vez y con carácter temporal, para adecuar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en curso, a las obligaciones legales ambientales vigentes. Mediante el IGAC se adaptarán las medidas para prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales de la actividad minera según correspondan.

GLOSARIO

Para ello, en el IGAC se fijan metas graduales, objetivos de corto y mediano plazo, y los presupuestos que se asignarán para su cumplimiento. Recuerde que todos los compromisos son sujetos a fiscalización y sanción.

DREM: Dirección Regional de Energía y Minas. GORE: Gobierno Regional.

ANA: Autoridad Nacional del Agua. SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

MEM: Ministerio de Energía y Minas.

Publicación realizada para difundir información a nivel nacional sobre las etapas y tiempos de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), con la finalidad de contribuir al proceso de ordenamiento de la actividad minera artesanal y de pequeña escala en el Perú. Elaboración de contenidos: José Luis Escurra. Edición general: Loyola Escamilo y Daniel Villavicencio.

Información según las normas legales vigentes a noviembre del 2013.

Elaboración Días calendario 0

Sr. MINERO Prepare el IGAC. Lo puede hacer de manera individual o colectiva (misma cuenca y operación similar).

Presentación 1

Revisión 5

DREM En el día 1, el MINERO presenta en la DREM: Solicitud de aprobación Expediente IGAC Pago derecho trámite Declaración de compromisos La DREM tiene 5 días para evaluar el expediente.

35 36

DREM En el día 5, la DREM envía el expediente a: ANA: formula opinión vinculante sobre el uso del recurso hídrico. SERNANP: formula opinión técnica vinculante, si la actividad se realiza en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida. Otros: En caso GORE estime necesario. * El MINERO es informado que su expediente será evaluado.

Aprobación 45 46

DREM DREM procesa opiniones durante 10 días. En el día 45 notifica opiniones técnicas, observaciones y comentarios al MINERO (sujeto de formalización).

90 91

Sr. MINERO

DREM

El MINERO tiene 45 días para absolver, subsanar y procesar las opiniones técnicas, observaciones y comentarios, presentando una nueva versión del IGAC (por única vez).

DREM verifica la subsanación de las observaciones durante 25 días. Además, envía el nuevo expediente a quienes realizaron observaciones o comentarios: ANA, SERNANP y otros tienen 15 días para revisar y dar conformidad al levantamiento de sus observaciones o rechazar el expediente, lo que genera la desaprobación del IGAC.

Si no lo presenta dentro de este plazo, el procedimiento será declarado en abandono.

En el día 35, DREM recibe las opiniones técnicas procedentes de la ANA, SERNANP y otros.

Presentar

Duración:

del 2014

días

ANTES del 19 de Abril

30 Duración:

días

115 116

120 121

DREM DREM tiene 5 días para evaluar y emitir un informe técnico legal.

125 126

DREM DREM notifica la Resolución al MINERO (sujeto de formalización).

En el día 120 se emite la Resolución que aprueba o desaprueba el IGAC.

10 Duración:

días

45 Duración:

días

Duración:

días

Durante todo el proceso de revisión

El público en general puede remitir aportes, comentarios u observaciones a la información publicada por DREM/GORE. Esta será publicada en: panel institucional de la DREM/GORE, diario de mayor circulación, portal web DREM/GORE. El plazo para enviar las opiniones es hasta 20 días después de la publicación en el diario de mayor circulación.

...

Sr. MINERO Medidas correctivas: corregir a niveles aceptables los impactos ambientales ya generados. Plazo: máximo 3 años para su implementación. Medidas permanentes: prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales que produzca la actividad. Plazo: todo el ciclo de vida de la actividad.

MEM emite opinión técnica favorable si la operación se encuentra en la zona de exclusión minera (Madre de Dios).

Participación Ciudadana Con el apoyo de:

Implementación

Duración:

Permanente

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12 // Diciembre 2013 - CABILDO ABIERTO

Desarrollo

Santa Ana: Dos años después del aymarazo

en ciertas instancias estatales tuvo que ver con el manejo del mismo por parte de líderes como Walter Aduviri o Hermes Cahuna (miembros del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur- FDRNZS) en relación a intereses personales y políticos. En otras palabras, se sugería que estos ‘manejaban’ a la población y que esta acataba todo lo que ellos proponían sin mayor análisis o reflexión crítica sobre la situación, negándoles toda capacidad de agencia. Desde esta mirada, no solo no se visibilizaban las posibles razones y demandas de la ciudadanía, sino tampoco las responsabilidades del Estado y de la empresa en relación al descontento de la población. Aquí no se descarta que algunos líderes o lideresas puedan haber contribuido al escalonamiento del conflicto, así como contribuyó la lenta respuesta del aparato estatal, debido a agendas propias, pero esto no quiere decir que no existan preocupaciones reales y descontento frente a hechos concretos experimentados por la población. Por ejemplo, el proceso de concesión despertó bastantes suspicacias ya que la empresa logró obtener la autorización de poseer dichos derechos mineros luego de que

Hace más de dos años Puno saltó a la escena nacional debido a la alta conflictividad social que paralizó a la región por varias semanas —generando pérdidas materiales cuantiosas y, lo más grave, la vida de cinco personas—, poniendo al gobierno de Alan García en una situación sumamente crítica. Uno de los motivos principales1 fue el posible avance del proyecto minero Santa Ana2 (situado en la provincia de Chucuito3 y propiedad de la empresa Bear Creek Company Perú), de la fase de exploración a la de explotación, que propicio que un sector de la población puneña manifestara su desconformidad sobre ciertos aspectos de la actividad minera formal e informal en la región. Patricia Quiñones Pareja

se declarara la necesidad pública del proyecto mediante Decreto Supremo; y, por ende, autorizando su presencia a menos de 50 km de la frontera con Bolivia5. No obstante, no quedaron claros los motivos por los que se declaró dicha necesidad y el beneficio para la población local. Asimismo, en relación al proceso de concesión, generó suspicacias el hecho de que las concesiones no fueran tramitadas inicialmente por la empresa, sino por la ciudadana peruana Jenny Karina Villavicencio Gardini como persona natural para traspasarlas a la empresa posteriormente. Cabe precisar que luego se comprobaría su vínculo con la empresa, pues en el año 2006, según la información obtenida de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), se convirtió en su apoderada. La figura del traspaso está permitida según el sistema de concesiones pero para la población la poca transparencia de la empresa al obtener la concesión generó recelo. Además hay que considerar que Chucuito es una zona que no ha estado expuesta a la actividad minera ni ha sido foco de interés para la solicitud de derechos mineros hasta inicios de siglo, donde, según información de INGEMMET, se pue-

ste conflicto generó además la emisión de un paquete de normas legales sin precedentes, tal como la derogación del D.S. 0832007 que autorizaba la concesión a la empresa Bear Creek a menos de los 50 km de frontera, la adecuación de los petitorios mineros y la suspensión de admisión de los mismos por 36 meses en Puno (D.S 033-2011- EM 4).

Las razones del conflicto Tras el conflicto surgieron diversas interpretaciones e hipótesis sobre los factores que lo desencadenaron y contribuyeron a su escalonamiento. Sin embargo, uno de los argumentos con mayor acogida en los medios y

El aymarazo perjudicó tanto a instalaciones públicas como privadas.

“Para la población la poca transparencia de la empresa al obtener la concesión generó recelo”

de ver un crecimiento significativo en comparación a los años noventa. Así, la empresa ingresó en un contexto sin experiencia previa, poca información sobre los procesos mineros y los derechos implicados, entre otros. Otro punto de tensión fue la supuesta aprobación general que dio la población de Huacullani a Jenny Villavicencio para realizar actividades de exploración minera , tal como se indica en el acta de la reunión realizada en Huacullani el 18 de mayo del 2004, denominada «Acta de acuerdo de autoridades políticas, comunales, población en general del distrito de Huacullani». Para la empresa esta fue una señal clara de que la población aprobaba el proyecto, pero se ha cuestionado quiénes asistieron, el número y representatividad, la difusión

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Reseña

Desarrollo de la convocatoria de dicha reunión, entre otros. Lo cierto es que tanto la población de Huacullani como la de los alrededores (que no es considerada dentro de la principal zona de influencia, pero se percibe como posiblemente afectada), no han tenido ni tienen una postura única sobre el proyecto minero, habiendo mucha incertidumbre en relación a los impactos en sus territorios y temor a que se comprometan recursos centrales para su subsistencia como son la calidad de suelos y el agua. El tema de la focalización de las acciones de la empresa, relacionadas a la difusión y sensibilización sobre el proyecto, y la aplicación de los mecanismos de información también generaron críticas. Para cierto sector de la población ni la empresa ni el Estado se preocuparon por brindar información y sentar compromisos claros con las comunidades más allá de las cinco identificadas como zona de influencia directa (siendo en total 22 comunidades en el distrito de Huacullani). Mostrando una brecha entre la delimitación ‘técnica’ de estas zonas y la percepción de afectación exis-

tente, que además creció con el vacío de información, debilidad institucional y poca presencia del gobierno central, salvo en relación al interés por lograr el desarrollo del proyecto pero no por la mejora de algunos preocupantes indicadores sociales en la zona6. Las tensiones en la zona fueron evidentes desde el 2008, cuando la Defensoría del Pueblo registró acciones contra el campamento minero e insatisfacción de una parte de la población de Huacullani por el proyecto minero. Desde entonces el conflicto permaneció como latente, según los informes de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y Gobernabilidad, mostrando que el malestar podía llevar a un conflicto. De igual modo, durante el 2008 y el 2009 se enviaron oficios a instancias como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería- OSINERGMIN, la Presidencia del Consejo de Ministros y la misma Defensoría del Pueblo, solicitando la intervención de estas instituciones para fiscalizar a la empresa, los acuerdos asumidos por ella o demandar mayor información.

Esto muestra que el conflicto tenía precedentes y que pese a que existen mecanismos legales orientados a que se respeten los derechos de información y participación de la ciudadanía, se presentan cuellos de botella, sobre todo en la aplicación de ellos, que finalmente pueden originar situaciones de vulnerabilidad e intensificar tensiones en los ámbitos locales.

Ilusiones de la transición Jorge Moreno

Lecciones no aprendidas Más allá de las razones vinculadas al 2011, habría que pensar si efectivamente ha habido cambios o qué avances se han dado luego del conflicto. ¿Se han implementado los cambios sugeridos en los Decretos Supremos con el fin de mejorar la situación de la población indígena y no indígena en las zonas mineras de la región de Puno? ¿Se ha buscado desde el Estado propiciar mecanismos de información en relación a los derechos de la población y responsabilidades de las empresas? ¿El Gobierno Regional y los gobiernos locales han realizado una labor sistemática para informarse y comprender el panorama en relación a esta actividad?

La contundencia de las protestas obligó al Gobierno a retroceder.

A primera instancia la respuesta parece no ser muy alentadora. En general los avances han sido pocos y se está a puertas de que venza el plazo de adecuación y de no admisión de petitorios mineros. En este contexto, desde hace unos meses representantes de la empresa Bear Creek han vuelto a manifestar su interés por recuperar los derechos mineros que se les retiraron e incluso en setiembre de este año han interpuesto un recurso legal para ello. Además han manifestado que podrían recurrir a instancias internacionales con el fin de lograr que el Estado retroceda en su decisión7. Se puede afirmar que el interés por retomar el proyecto Santa Ana tiene que ver, tal y como su presidente ejecutivo Andrew Swarthout manifestó, con otro proyecto de la compañía y un hecho que le da luz verde: la aprobación del EIA del proyecto minero Corani, situado en la provincia de Carabaya. Esta ha llevado a los representantes de la empresa a declarar que dado que este necesita una fuerte inserción de capital consideran necesario destrabar el proyecto Santa Ana - proyecto de menor tamaño y costos más bajos- el cual ayudaría a hacer Corani viable8. Al cierre de esta edición, según diarios nacionales, Canadá se ha adherido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) hace unas semanas y se estaría barajando la posibilidad de que la empresa lleve el caso a dicha instancia9.

La violencia que desataron las protestas no se detuvo ni con el transcurso de los días ni al llegar la noche.

Más allá de las acciones de la empresa en estas últimas semanas la respuesta del Estado, a través del ministro de Energía y Minas, ha sido rápida y

ha manifestado su interés por resolver este tema sin llegar a instancias internacionales; sugiriendo esto a la empresa que podrían haber posibilidades para recuperar sus derechos, pero con una postura no tan clara sobre como asegurar que se respeten los derechos de la ciudadanía. Frente a esta coyuntura resulta pertinente llamar la atención sobre los factores que contribuyeron al conflicto, los pocos avances en los acuerdos entablados post conflicto del 2011 y la reincidente desarticulación entre los niveles de gobierno para abordar el tema de mediana y gran minería en la región, insinuando que los escenarios de conflictividad lamentablemente podrían repetirse. Por ello, es necesario aprender de las lecciones que dejó el conflicto del 2011 y recordar que el Estado debe asegurar se respeten los derechos de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas puneñas. 1 Se dice que este fue solo uno de los motivos pues en el desarrollo del conflicto se sumaron otras agendas relacionadas a las concesiones mineras otorgados a la empresa Patagonia S. A., superpuestas al cerro Khapía, así como la preocupación por la posibilidad de la explotación de lotes petroleros en el lago Titicaca, la minería informal en el norte, entre otros. 2 El proyecto estaba orientado a la producción de plata -según la empresa se iba a obtener 5 millones de onzas al año desde el 2012 de haber sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- y contaba con reservas por 63,2 millones de onzas. Comprendía un total de seis concesiones mineras que abarcan 5,400 hectáreas. 3 Si bien el proyecto Santa Ana se ubica en el distrito de Huacullani, el área de influencia directa (AID) social establecida por la empresa, según el EIA del proyecto, considera a algunos sectores del distrito de Kelluyo. 4 Este decreto estipulo puntos importantes, entre ellos estableció que los petitorios mineros en Puno deberían adecuarse al D.S 023-2011-EM que aprueba el “Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas”, la necesidad de realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas ubicados en las zonas de influencia en donde ya se hubieran otorgado concesiones mineras y que estén vigentes; y, reafirmó que todos los titulares de concesiones mineras, previo al inicio de cualquier actividad, deberán contar con el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial establecido por la Ley No 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. 5 Según el Artículo 71 de la Constitución del Perú esto está prohibido a menos que se declare mediante Decreto Supremo la necesidad pública del mismo. 6 Según el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solo 24,9% tienen agua potable conectada a red pública, 42% carecen de servicio eléctrico, 29% carecen de algún tipo de desagüe (red pública o letrina) y la mayoría cuenta con letrinas. 7 http://elcomercio.pe/economia/1636785/noticia-bear-creek-busca-dialogogobierno-destrabar-santa-ana 8 http://gestion.pe/empresas/bear-creek-recibio-luz-verde-mina-corani-suprimera-opcion-santa-ana-2077091 9 http://www.expreso.com.pe/noticia/2013/11/29/gobierno-busca-evitardemanda-millonaria-de-minera-canadiense

l libro de Nils Jacobsen, “Ilusiones de la transición. El altiplano peruano, 1780-1930”, es, tal vez, la traducción que más se hizo esperar en los últimos años. Publicada originalmente en inglés en 1993 tras largos años de investigación en archivos y otros tantos de escritura, los 37 años que median desde que Jacobsen llegó por primera vez al país para investigar la historia de la región altiplánica en el periodo republicano inicial, hacen de “Ilusiones de la transición…” un testimonio de perseverancia y honestidad intelectual poco usuales. Perseverancia porque el autor ha persistido en el tema desde entonces; y honestidad porque lo primero que hace al iniciar su libro es advertirnos que en el tiempo transcurrido hasta la aparición de esta traducción muchas cosas han cambiado tanto en la historiografía como en la zona que él estudió hace años. El lector debe tener presente esto al leer las más de 600 páginas del libro que repasan 150 años de historia económica, social y política de Azángaro. Porque si bien el periodo le sirve al autor para estudiar el paso de una economía minera a una ganadera, también es cierto que su lectura es un diálogo constante de la formas de hacer y entender la historia.

Ilusiones de la transición. El altiplano peruano, 1780-1930 Nils Jacobsen Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2013, 626 págs.

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Historia

Mapa de las Provincias (del Norte) del Collao de 1786 La cartografía histórica del Altiplano del Titicaca comienza con algunos mapas muy imprecisos elaborados en los siglos XVI y XVII por personas que no tuvieron un conocimiento directo de la región. Los mapas del siglo XVIII muestran una mejor idea de los contornos del Lago Titicaca y de las provincias ubicadas a su alrededor. Es sólo en el siglo XIX que se elaboran mapas a partir de una experiencia directa en el terreno. El mapa que aquí se reproduce, elaborado en 1786 y que corresponde a las provincias septentrionales de la actual Región Puno, es una excelente muestra de los inicios de esta mejora en el conocimiento geográfico de la Cuenca lacustre. Nuestro colaborador Nicanor Domínguez nos proporciona algunos valiosos datos sobre este mapa. Nicanor Domínguez Faura*

l mapa titulado “El Collao” fue elaborado en 1786 por órdenes del Dr. Benito de la Mata Linares, primer intendente del Cuzco (1784-1788). Formaba parte de una serie de 12 mapas de las provincias de esta nueva jurisdicción colonial. Este mapa se conserva en el Archivo General de Indias (Sevilla), sección Mapas y Planos (MP), serie PerúChile, número 100. Además de dos ejemplares de cada uno de los mapas de la serie de 1786 en el AGI de Sevilla, existe otra serie posterior, de 1801, que se conserva en Lima, en la “Mapoteca” del Archivo Histórico de Límites, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Algunos de estos mapas de 1801 si llevan el nombre del autor, “Pablo José Oricain”. En el Catálogo de Mapas y Planos del Archivo de Indias [Pedro Torres Lanzas, ‘Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. del Virreinato del Perú (Perú y Chile)’, Barcelona, 1905], se indica: “Mapa de las provincias del Collao (Lampa, Azangaro y Caravaya). ¿Por Pablo Jose Orycain? [sic] Forma parte de un cuaderno de Mapas de la Intendencia del Cuzco, remitido por su Gobernador é Intendente D. Benito de la Mata Linares, con carta núm. 46, de 24 de Noviembre de 1786. Contiene al margen una descripción de dichas Provincias y la enu-

meración de los curatos que cada una de ellas comprende. (La de Lampa tiene 13, la de Azangaro 9 y la de Carabaia 6)” [p. 64, no. 100]. Las dimensiones del mapa original son 35 por 25 centímetros. El recuadro de la esquina superior derecha incluye la siguiente descripción: “LAS PROUINCIAS DEL COLLAO se hallan situadas (esento [sic] la parte meridional de Carabaya) en unos dilatados llanos que forman las faldas de la Cordillera; y aunq[u]e estan situadas en la Sona torrida son de temperamento mui frigido por estar mui eleuado, y asi no se cultiban otros granos sino los de puna, como son cañagua, y algunas papas, pero abunda en pastos, con el que se mantiene crecido numero de Ganado maior, y menor, Carneros de la tierra, Uicuñas, Pacochas, Benados, Guanacos, perdices, etc. Su comercio actibo, consistes [sic] en el ganado expresado, lanas, seuos, chalonas, en jergas, costales, sogas, Pellones á imitacion de los de Chile, ponchos, alfombras, jabon, Losa, etc. y lo q[u]e es mas en la plata y oro de sus ricos minerales, y lauaderos: En la Prouinc[i] a de Lampa se hallan los antiguos cerros de minas de Uilauila, y Pocomoro, hoy ábandonadas, pero se estan trabajando con conocida vtilidad en los Cerros de Umpuco y Pomasi: En la de Asangaro se hallan los Cerros de Poto, y Ananea, q[u] e aunque descaesidas sus labores, y laua-

deros no dejan de sacarse algunos castellanos, tambien ay en Asillo un mineral de plomo de mucha saca: En Carabaia esta el famoso mineral de Ucuntaia cuios metales dieron 5 D [= 5,000] marcos por Cajon, oy se halla[n] derrumbadas, sus bajios y demas quebradas estan llenas de lauaderos de oro, an sido inmesos los tesoros q[u]e ha dado esta Prou[inci]a por esta parte confina con los Chunchos, y se da mucho arros, coca, frutas, maderos, y todos frutos de montaña, y en sus Rios buen pescado”. El autor de este mapa, Pablo José Oricain, era un militar de caballería del “Regimiento de Dragones del Partido

de Tinta”. Probablemente era cuzqueño, emparentado con una familia originaria de Navarra, que había tenido cargos importantes en el Cabildo del Cuzco en la segunda mitad del siglo XVIII (don Francisco Javier de Oricain y el Teniente Coronel de milicias de caballería don Mateo Francisco de Oricain y Rivero). En 1790, Pablo José Oricain, que entonces se presentaba con el inusual título de “Geógrafo ordinario de esta Intendencia”, dedicó una síntesis informativa sobre la región al recién llegado Obispo del Cuzco, don Bartolomé María de Las Heras (1790-1806). La obra lleva por titulo: “Compendío breve de discursos varios

sobre diferentes materias, y noticias geográficas, comprensivas, a este obispado del Cuzco, que claman remedios espirituales”. Ha sido publicada en dos oportunidades, primero por Víctor Maúrtua, parte de la “Prueba Peruana” en el ‘Juicio de Limites entre Perú y Bolivia’ (1906, tomo XI, pp. 319-377), y más recientemente como libro, incluyendo los mapas de 1801, por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Lima, 2004). En la dedicatoria al Obispo Las Heras, fechada en Adahuaylillas el 20 de diciembre de 1790, Oricain describe su experiencia cartográfica: “como he profesado la Geographía, formo los mapas de este

Obispado, y para la perfección debida, indago lo mínimo de su situación, el todo de su gobierno, y lo más material, á fin de que no se me note [= señale] de omizo. Por lo que aun, con motibos lebes, y por intereses nimios, me dirijo á los lugares más remotos de su comprehención, por sólo especular [= observar], ocularmente, aquellas cosas que por noticias [de segunda mano] barían; de este modo, he logrado forman mis planes [sic: planos], con mediana perfección, en cuanto á la cituación, confines, distancias y cosas que tocan á la historia natural” [1906, t. XI, p. 321]. 1 Historiador especializado en los Andes coloniales.

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Entrevista

Entrevista a Christian Reynoso, escritor y periodista puneño

“El lector es el que tiene que completar la historia” El escritor y periodista Christian Reynoso (Puno, 1978) publicó este año su segunda novela, “El rumor de las aguas mansas”, ambientada en los trágicos sucesos del abril de 2004, que ha sido bien recibida por el público y la crítica nacionales. Así, repite el éxito de su primera obra, “Febrero lujuria” (2007), en donde recrea en clave de ficción la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno. Escritor completo, también ha publicado el libro de relatos “Los testimonios del manto sagrado” (2001) y las biografías “Látigo del Altiplano” (2002) y “El último Laykakota” (2008). Cabildo Abierto conversó con quien fuera editor de Noticias SER y de esta revista desde el 2004 hasta mediados de este año, en que lo dejó todo para dedicarse a tiempo completo a su carrera literaria.

Jorge Moreno

Su primera novela reveló a un prometedor escritor.

Reynoso también ha incursionadoe n la biografía.

El libro que lo ha consagrado ante crítica y público.

sinato del alcalde y todo ese panorama de conflicto social y político en el Altiplano. Por otro lado, “El rumor de las aguas mansas” me da la oportunidad de seguir ampliando este microcosmos que es Lago Grande.

curso sobre la nación aimara, sin proponerte un discurso sociológico o económico ¿Aspiras también a la novela total?

una realidad social, la complejidad de ese espacio social que es el Altiplano.

¿Con Lago Grande lo que haces es retomar la tradición de los escritores que crean sus universos literarios, como Faulkner y Onetti, por ejemplo? Sí, y cada vez está adquiriendo más realismo. Acabo de escribir un cuento en el que aparece el aeropuerto, que se va a llamar Buena Vista, porque necesito que algunos personajes lleguen a Lago Grande en avión.

Cómo nace la idea de escribir una novela ambientada en los trágicos sucesos de Ilave que acabaron con el asesinato del alcalde? Surge justamente en el año 2004, cuando suceden estos hechos tan lamentables y violentos en Ilave, Puno. Yo estuve muy cerca de todo eso porque trabajaba en la Defensoría del Pueblo en aquel entonces y pude observar toda esa situación. Tenía que tomar fotos, registrar los hechos, pero no con un fin periodístico sino como material de archivo para la Defensoría.

¿Al construir tu obra literaria construyes tu propio universo, tu cosmos personal? ¿Surge en ese momento la idea de la novela? En ese tiempo ya escribía literatura y me dije que algún día escribiría una novela sobre esto. Fue una situación tan brutal, tan perpleja. Pero luego uno se pregunta ¿Y cómo escribir una novela sobre esto? Porque no solo se trata de contar lo que pasó, sino cómo lo vas a contar. Y descubrir eso lleva su tiempo. Lo otro que me preocupaba era cómo va a ser la otra historia, la historia de Giraldo y Almudena, cómo voy a meter la historia del ase-

Sí. Cuando presenté la novela en Puno conté que cuando acabé el colegio, empecé a estudiar ingeniería civil. Pero lo abandoné porque no me gustaba. Ahora, el hecho de estar creando esta ciudad es como la venganza a esa carrera frustrada de ingeniero civil. No pude construir una ciudad a través de planos, fierro y cemento, pero sí a través de la literatura, de la ficción. Estos autores que crearon sus propias geografías literarias tenían la ambición de la novela total. En “El rumor…” hablas del contrabando en Puno, la minería ilegal, el dis-

Sí, y eso viene desde mi anterior novela, “Febrero lujuria”, porque estas realidades son tan complejas que de alguna manera obliga a que la mirada, a través de la novela, sea completa. Además, todo está enlazado: no puedes hablar de algo sin dejar de hacerlo sobre

Lago Grande adquiere cada vez más realismo. Acabo de escribir un cuento en el que aparece el aeropuerto Buena Vista lo otro. Quizás por eso hay esa pretensión de hacer una totalidad, pero, como dices, sin ninguna pretensión sociológica o antropológica. Solo literaria. Siempre se habla del conflicto entre el periodismo y la literatura. Tú, que también eres periodista, ¿lo has vivido? En mi caso, el trabajo periodístico o la información a la que he podido tener acceso a través de él me ha servido para convertirla luego en literatura. Porque son novelas que reflejan

¿Algunos de tus personajes son también los de tu primera novela? Claro, porque Lago Grande es eso también. No solo es la realidad geográfica y física, también viven muchos personajes. Yo también vivo en Lago Grande. Los personajes pueden ser mis amigos. ¿La verosimilitud que buscas en tu novela puede llegar a hacer creer al lector que tu novela es la historia de lo que sucedió y no simplemente eso, una historia? Antes de escribir la novela he todo leído lo que se escribió, lo que se dijo. También hay una documentación vivencial. A mí me interesó ir a Ilave y caminar todo el recorrido que hizo el alcalde desde que lo sacaron de su casa hasta que terminó cadáver en el puente. Yo he imaginado qué pudo pasar aquel día en Ilave. Si eso tú lo crees al leer mi novela, yo me pongo feliz. Y si no lo crees, también. ¿Qué esperas de los lectores de tu novela? Que la lean. A mí no me interesa, a través de la novela, decir ‘esta es la verdad’, ‘así fue lo que pasó’. No, simplemente estoy contando una historia. El lector es el que tiene que completar la historia, cerrar el círculo.

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