Cabildo Abierto Nº 60 by Noticias SER

Las cifras de la minería informal N° 60

Agosto Setiembre 2011 S/. 0.50 Puno S/. 1.00 Lima

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

Bs 2.00 Bolivia

La agenda de Humala

Inclusión social, seguridad ciudadana e inversión privada

2 // Agosto - Setiembre 2011 - CABILDO ABIERTO

Editorial Puno / Agosto-Setiembre 2011 / Nro. 60 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman

Comité editorial Mari Burneo de la Rocha Zenón Choquehuanca Rodríguez Aldo Santos Arias Paulo Vilca Arpasi

Director Javier Torres Seoane

Editor Christian Reynoso Torres

Reporteras Ruth Ccopari Loza Eliana Hualpa Leonidas Ramos

Columnistas Ana María Pino Jordán

Colaboradores Nicanor Domínguez Faura Luis Jesús López Leonidas Ramos

Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráﬁca

Fotografía Asociación SER En portada: Ruth Ccopari

Distribución, ventas y publicidad Puno: Shaida Ramos 051 364996 / 995053971

Lima: Clarita Espinoza 01 4727937 - 995053868 Cabildo Abierto es una publicación de la Asociación SER.

Lima: Jr. Mayta Capac 1329 Jesús María Telef: 01 472 7937 www.ser.org.pe Puno: Jr. Deustua 227 – Interior Telef: 051 364996

Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista. Esta publicación es posible gracias al apoyo de:

a agenda puneña es tan diversa como sus actores, geografía, intereses y necesidades, y se suma a la histórica ausencia de una política estatal para promover el desarrollo regional. Por ello, desde Cabildo Abierto queremos plantear algunas propuestas que nos parecen relevantes como políticas que el nuevo gobierno de Gana Perú debería implementar, a fin de no quebrar las expectativas que ha generado su elección entre la ciudadanía del altiplano. El presidente Ollanta Humala acaba de realizar una visita oficial a las localidades de Umachiri y Tirapata, donde ha señalado que la nutrición, la salud y la educación serán los pilares que su gobierno impulsará para el desarrollo del país. Sin embargo no hay que olvidar que hace tres meses en Puno se vivieron momentos difíciles por las protestas en contra de las concesiones mineras formales, contra la contaminación de las cuencas del Ramis y Suches producto de la minería ilegal, además de la oposición al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari. Si bien estos hechos parecen haberse “resuelto” con la promulgación de decretos supremos y resoluciones ministeriales, lo cierto es que su origen se encuentra en temas de fondo que siguen pendientes de solución y se relacionan con políticas de Estado, como la política minera –que requiere reformas- o el ordenamiento del territorio. A su vez, éstas, por sí solas, no generarán dinámicas de desarrollo sino que es necesario una mirada integral y multisectorial. En tal sentido resulta fundamental construir una política de desarrollo agropecuario, considerando la particularidad del altiplano puneño, donde el minifundio implica un reto para el sector. De otro lado, se requiere una política de formalización de la pequeña y mediana minería, e implementar mecanismos de tributación que permitan articular a las miles de familias vinculadas con actividades como el contrabando o el comercio informal. Tarea pendiente también es el relanzamiento de la Zona Económica Especial, más conocida como Zona Franca, que sigue en espera por la incapacidad de gestión del gobierno regional y por el desinterés del gobierno nacional. Del mismo modo, se requiere articular a la Amazonía puneña con el resto del departamento, a través del mejoramiento y construcción de infraestructura vial e implementación de programas de asistencia técnica que permitan que los productores del “mejor café especial del mundo” y quienes se dedican a la actividad frutícola, puedan sacar su producción en mejores condiciones y a mejores precios. De no hacerlo, seguiremos enfrentando el flagelo de la producción de coca para el narcotráfico, que hoy invade parte de nuestra selva. El camino de la “inclusión” de muchas familias a la dinámica económica regional y nacional, no se logrará sólo con su incorporación en programas sociales como “Pensión 65” o “Cuna más”, que no cuestionamos, pero consideramos insuficientes. Insistimos en que deben generarse dinámicas y articulaciones productivas para alcanzar la inclusión que pregona el nuevo gobierno, dignificando al ámbito rural, históricamente excluido de las políticas de pasados gobiernos. Puno reclama mayor presencia del Estado, un Estado que garantice derechos y que tenga una relación distinta con el ciudadano, no sólo garantizando el acceso a servicios públicos de calidad en salud, educación y justicia, sino que además haga del diálogo y la concertación un instrumento de gobierno.

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w w w. n o t i c i a s s e r. p e

CABILDO ABIERTO - Agosto - Setiembre 2011 // 3

Análisis Regional

Las tres prioridades del Presidente Humala

Javier Torres Seoane

Luego de cuarenta días de gobierno del Presidente Ollanta Humala queda claro que estamos ante un nuevo momento político del Perú, aunque no necesariamente sea la “gran transformación” que se prometió en la primera vuelta. Pero tanto por las medidas que se vienen dando como por el tipo de relación que el jefe de Estado busca tener con la ciudadanía, que contrasta enormemente con el de su predecesor Alan García. La inclusión, apuesta prioritaria El Presidente ha puesto como eje de su gestión, las llamadas políticas de inclusión social, que en el fondo lo que buscan es eliminar la pobreza en nuestro país. Para ello se ha definido la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que concentrará a los diversos y dispersos programas sociales dirigidos a la población más pobre del campo y la ciudad. Más allá del debate sobre si esta es la mejor vía, la decisión de Humala de disponer de recursos presupuestales para tal efecto, incluye no sólo los recursos conseguidos a través del acuerdo del cobro de un gravamen a las empresas mineras, sino también, si fuera necesario, el uso de nuestras reservas.

Lo que sí está claro, es que de acuerdo a lo anunciado por el Primer Ministro Salomon Lerner Ghitis en el Congreso, se buscará que algunos programas sociales apunten no sólo a paliar la pobreza, sino a generar capacidades para desarrollar la generación de ingresos e insertar a los más pobres en las dinámicas económicas de sus regiones. Para no esperar hasta que el Ministerio comience a funcionar, el presidente ha decidido tener una presencia directa en pueblos y comunidades a las que el Estado cuando llega, lo hace de manera ineficiente. Así, hemos tenido a Humala y a la primera dama Nadine Heredia, visitando la sierra de Arequipa, el sur de Ayacucho, las provincias altas del Cusco e incluso el histórico distrito de Umachiri en la provincia de Melgar en Puno.

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Análisis Regional

“Humala ha manifestado que hay que continuar por la ruta del crecimiento económico, porque sabe que sin los recursos que generan estas industrias no podría desarrollar sus propuestas de inclusión”.

Pobladores aymaras protestan en Lima contra las concesiones mineras. “Hay la idea equivocada, de que los conflictos ocurridos en los últimos años, sólo han sido producto de una mala distribución de los beneficios del crecimiento”, afirma Torres.

En todas esas visitas, el presidente ha hablado poco, y repartido ayuda para el friaje o títulos de propiedad, buscando el contacto directo con la población, que recibe con el mayor de los entusiasmos una presencia insólita en la década pasada, y que nos recuerda los mejores tiempos del gobierno de Alberto Fujimori, que hacía exactamente lo mismo. Sin embargo quedan diversas preguntas sobre el tintero, en torno a

la manera en que se implementaran los programas sociales, toda vez que los gobiernos locales y regionales tienen competencias en la materia, aunque no necesariamente hayan actuado con eficiencia en la gestión de los mismos. Mientras los expertos encuentran las fórmulas más adecuadas para la principal apuesta del gobierno, los fines de semana el Presidente se asemeja más a un candidato a la reelección que a otra cosa.

Seguridad Ciudadana: prioridad dos El otro gran tema de la agenda presidencial es el de la seguridad ciudadana, el cual se ha concretado en la decisión de Humala de liderar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que llevó a que en su primera sesión, las más altas autoridades del país, como el Presidente de la Corte Suprema, estuvieran

¿Qué opina del gabinete Lerner?

Áurea Tapia

Feliciano Pari

Modesto Cutipa Sociólogo

Comerciante

Es un equipo nuevo que viene de diferentes frentes políticos y necesita tiempo para consolidar su nivel de gestión. Por lo tanto, no podemos decir si es positivo o negativo. Hasta el momento han dado señales de voluntad en el cumplimiento de los ofrecimientos que hizo el ahora presidente.

Me parece que quienes integran el gabinete no son las personas más adecuadas. Muchos de ellos ya han estado en diversos cargos en los gobiernos anteriores y eso no genera confianza en el pueblo. Hay mucha corrupción. Creo que el presidente Ollanta debió de poner a gente nueva.

El gabinete actual demuestra que el gobierno es concertador. Ha convocado para los cargos ministeriales a personas de diferentes fuerzas políticas y creo que podrán implementar todos los cambios programados. Esperemos a ver su desempeño en los siguientes meses.

Creo que el presidente Humala no eligió bien a las personas del gabinete porque no tienen mucha experiencia y eso produce desconfianza para ver si hacen o no lo encargado. Sin embargo, esperemos

Trabajadora pública

Jubilado

Betty Guzmán

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Opinión presentes. La reunión sirvió para que Humala mostrara parte del nuevo estilo, dando órdenes y poniendo plazo para su cumplimiento, a los diversos funcionarios y autoridades. Pese a todo esto, el presidente no ha querido tener mayor protagonismo y ha delegado en manos de uno de sus hombres de confianza en el gabinete, el empresario y militar retirado, Jorge Valdéz, el anuncio de diversas medidas que nos muestran que la mirada del manejo de la seguridad, será la que los militares siempre han tenido: más efectivos, penas y sanciones más altas, penales de alta seguridad y más represión, cuando se considere necesaria. Sin duda se ha hablado mucho de la seguridad ciudadana en relación a la delincuencia común que afecta sobre todo a las grandes ciudades, pero se ha dicho muy poco sobre los problemas de seguridad que afectan a las regiones de frontera como Puno, o las zonas donde hay diversas actividades como la tala y la minería ilegal y en general, en las zonas rurales. Un tema vinculado a la seguridad ciudadana, que sí ha estado en la agenda ha sido la lucha contra el narcotráfico, aunque el debate se haya centrado más en el punto de vista de quienes lo quieren ver exclusivamente como un problema de delincuencia siguiendo las políticas impuestas por el gobierno norteamericano, y que se han convertido en feroces críticos del nuevo jefe de Devida, Ricardo Soberón, que considera que hay que pasar de una política que sólo reprime a los productores, a otra más integral que incluye la lucha contra toda la cadena del narcotráfico.

Inversión Privada: tercera prioridad Un tercer tema que ha sido señalado como prioritario por el Presidente es lograr que la gran inversión privada que desarrolla industrias extractivas como la minería y el petróleo, se mantenga y crezca. Por ello, Humala ha manifestado, una y otra vez, que hay que continuar por la ruta del crecimiento económico, porque sabe que sin los recursos que generan estas industrias no podría desarrollar sus propuestas de inclusión. También ha señalado, al igual que su Primer Ministro, que es indispensable que la gran industria extractiva no

afecte el medio ambiente y que respete los derechos de pueblos y comunidades. En ese sentido, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Ley de Consulta Previa, es vista como el fin de los discursos del “perro del hortelano”, y como la vía para un diálogo y consenso entre comunidades y Estado sobre los grandes proyectos de inversión. Varios miembros del Ejecutivo y de la derecha, han puesto excesivo énfasis en que la consulta permitirá no sólo que el Estado participe más, sino que se garantice la inversión privada. Es decir hay la idea equivocada, de que los conflictos ocurridos en los últimos años, sólo han sido producto de una mala distribución de los beneficios del crecimiento o de la poca presencia del Estado en las zonas donde se desarrollan estos proyectos. Sin embargo, la resistencia de diversos pueblos indígenas de la amazonía y de las comunidades campesinas de la sierra, e incluso de poblaciones de la costa, ha tenido que ver también con la incompatibilidad de algunos de los grandes proyectos con las actividades agropecuarias, o con los modos de vida de la gente. Es por ello que el gobierno tendrá que hilar fino en la aplicación de esta ley, sobre todo cuando encuentre oposición. Justamente uno de los conflictos más complejos que tendrá que enfrentar tarde o temprano el gobierno nacional es el relacionado al Acuerdo Energético Perú-Brasil y la construcción de la mega represa de Inambari. Sobre el primer tema el Ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi ha anunciado que el Acuerdo será revisado en el Congreso; en el caso de Inambari, se ha declarado que se consultará con la población, pero explicando la bondades del proyecto. Lo que muestra que en el fondo se insistirá en un proyecto que tiene serios cuestionamientos por sus impactos ambientales, sociales y económicos tanto a nivel local como nacional. Sin duda, el nuevo gobierno se ha planteado prioridades que no son fáciles de cumplir y que incluso pueden entrar en contradicción con algunos compromisos ofrecidos en la campaña. Justamente de la manera en que se vayan definiendo estas tensiones al interior del gabinete, sabremos qué rumbo final tomará el gobierno.

ALTIPLANO POLÍTICO

Puno, de la ilusión y la realidad

Aldo Santos

ace casi 40 años se inició la reforma agraria en Puno que buscaba acabar con la oligarquía y garantizar el acceso a la tierra, pero las empresas asociativas, la lucha por la tierra y la propiedad comunal dejaron también índices de pobreza en el ámbito rural. Se acusa que la reforma fue incompleta y que hubo ausencia de políticas que acompañen a la asociatividad y propiedad comunal. Muchas omisiones y errores, terminaron por hacer de estos proyectos, ilusiones perdidas. Acabado el sueño campesino de la lucha por la tierra, los últimos 20 años nos hemos enfrascado en la lucha por tres grandes proyectos: El proyecto hidroeléctrico de San Gabán, la carretera Interoceánica Sur y la Zona Franca, para la esperanza del anhelado “despegue” puneño. A poco más de una década de inaugurado el proyecto San Gabán, este no necesariamente ha significado el florecimiento de la industria local o el crecimiento de la producción. Situación similar con la Zona Franca que una vez creada y transferida al Gobierno Regional, sigue durmiendo el sueño de los justos. La carretera Interoceánica Sur es una interrogante porque pese a que su conclusión está muy cerca, no se sabe cómo aprovechar la infraestructura ni las condiciones de una integración beneficiosa con el Brasil. Así, en esa lista de ilusiones, aparece hoy el discurso de la oposición total a la minería, esta vez asociada a un movimiento “aymarista”, mientras el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la “justicia popular”, nos devuelven cada cierto tiempo a la realidad o se convierten en terribles pesadillas.

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Entrevista

“No se debe formalizar lo ilegal” lecer la capacidad regulatoria ambiental en materia de recursos hídricos y forestales. ¿No tiene la impresión que la agenda del MINAM se está restringiendo solamente a temas vinculados a la gran inversión extractiva? Es posible y la agenda ambiental es bastante más que eso. Sin embargo, es importante valorar el alcance de los anuncios. Además, se ha dicho que se adoptarán medidas con el objeto de prevenir y reducir los conflictos socio ambientales y para lograr esa meta se requiere de dotar medidas estructurales. Debemos esperar una mayor precisión con respecto a otros temas de la agenda que tienen que ver con los costos sociales y no sólo con la competitividad del país. ¿Tiene el MINAM la suficiente capacidad para asumir en estos momentos la revisión y aprobación de los EIA? El MINAM no tiene ni la capacidad legal ni técnica para asumir los EIA en estos momentos. ¿Qué es necesario para que pueda cumplir esta tarea?

Mariano Castro, coordinador de políticas de Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA) y abogado de SPDA, opina sobre la labor del Ministerio del Ambiente, la Consulta Previa y la minería ilegal en el Perú. Paulo Vilca

Hay cambios sustanciales en el Ministerio del Ambiente (MINAM) con el nuevo gobierno?

Se han anunciado cambios importantes. Un primer punto está en el hecho de tener una autoridad única en el manejo de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Otro punto, ya concretado, es asegurar que haya un proceso de consulta a los pueblos indígenas para la toma de decisiones. Un tercer tema es el anuncio destinado a forta-

Es fundamental que se tome la decisión para que el MINAM sea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y que de esa manera podamos en los próximos años tener una entidad fortalecida en esta tarea. Ahora, el tema de la evaluación del EIA requiere no solamente que el ministerio asegure una regulación más autónoma y más creíble en esta materia y que se integre a las cuestiones ambientales en los proyectos de inversión, sino además, decidir dentro del Ministerio quién se encargará de hacerlo. ¿Una centralización de todos los EIA no generaría nuevos inconvenientes?

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Tienes razón. Sin duda, el manejo de la evaluación del impacto ambiental en los proyectos de inversión no puede estar en manos de una sola entidad. Para eso hay un sistema de evaluación que igualmente debe ser desarrollado y fortalecido en cada uno de sus niveles. A mi juicio, el MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), debe estar encargado de los grandes proyectos mientras que los proyectos de menor dimensión podrían estar a cargo de los gobiernos regionales y municipales. ¿La OEFA está cumpliendo su rol de fiscalización ambiental? ¿No fue un error quitar tan bruscamente esta función a OSINERGMIN? Creo que el gobierno anterior no ha tenido una política clara en relación a la fiscalización ambiental. Lo avanzado por OSINERGMIN ha sido importante y mejor que lo del MINEM. Ahora, me parece que ha sido un error cambiar esta política y decidir por la OEFA. Sin embargo, ya que la decisión está tomada, la responsabilidad de trabajo debe ser transparente para hacer una fiscalización preventiva, correctiva y presente en cada nivel de gobierno, con relación al sector minero, energético, pesquero e industrial. En ese sentido la OEFA debe recibir recursos de OSINERGMIN, sino será una burla. En cuanto a la Consulta Previa. ¿Será verdaderamente un instrumento para mejorar la gestión de los conflictos sociales? No tengo la menor duda de que la Ley de Consulta Previa es un avance

significativo para la democracia en el país y un instrumento fundamental a efectos de generar una mayor credibilidad en el proceso de toma de decisiones y mayor inclusión. No va a ser una tarea fácil, pero sin duda está clarísimo que el camino del “perro del hortelano”, que nos condujo a derramamientos de sangre y conflictos entre peruanos, no se puede volver a repetir. El Ministro de Energía y Minas ha declarado que se revisará el Acuerdo Energético Perú-Brasil. ¿Qué cambios deberían hacerse? Yo diría tres cosas. La primera asegurar un mayor control por parte del Estado sobre los recursos energéticos, en este caso de energía renovable, que el Perú necesita. La presencia de Electro Perú en esta materia puede ser un mecanismo positivo para efectos de que haya un mejor control del recurso. Un segundo punto es el conocimiento y la gestión de los ecosistemas. Varias organizaciones de la Amazonía presentaron sugerencias al MEM, MINAM y Cancillería proponiendo la inclusión de una serie de estándares sociales y ambientales mínimos que deberían ser incorporados, para que luego se apliquen en la realización de cada proyecto hidroeléctrico presente en el convenio. Un tercer punto es la necesidad de incluir el compromiso de ambos gobiernos para el fortalecimiento del manejo de las cuencas transfronterizas. La minería informal es un grave problema en el país. ¿Qué medidas de la gestión anterior deben continuarse y cuáles deberían ser las prioridades del gobierno actual?

Poblaciones del norte de Puno han rechazado la construcción de grandes proyectos como la Hidroeléctrica del Inambari. En el futuro se espera que con la Ley de Consulta se eviten los conflictos sociales.

“Está clarísimo que el camino del “perro del hortelano”, que nos condujo a derramamientos de sangre y conflictos entre peruanos, no se puede volver a repetir

El proceso de formalización es fundamental pero no se debe formalizar lo ilegal, sino aquellas actividades mineras artesanales que estén dispuestas efectivamente a realizar un manejo sostenible social y ambiental. Por otro lado, es necesario establecer mecanismos de control para identificar, controlar y sancionar a quienes incentivan y proveen de equipos e insumos, que muchas veces son grupos clandestinos internacionales. Asimismo, deben integrarse las políticas ambientales con las de todos los sectores para asegurar un respeto de las condiciones del ordenamiento territorial. Finalmente, es necesario que la fuerza pública asegure la vigencia de la ley en estas áreas para evitar la expansión. Allí no sólo debe estar el Poder Ejecutivo sino la Fiscalía y el Poder Judicial en forma activa. En ese contexto, ¿cómo entender el proyecto de Ley presentado por algunos congresistas oficialistas para derogar los Decretos de Urgencia N° 012-2010, sobre el tema de Madre de Dios, y el N° 028-2011, relacionado a la recuperación ambiental de los ríos Ramis y Suches en Puno? Esa propuesta es cuestionable porque no presenta ninguna alternativa. Más bien, replantea que se consoliden y expandan los efectos nocivos de la actividad ilegal minera como la evasión tributaria, la trata de personas y la contaminación ambiental. Estamos hablando del mercurio, entre otros efectos contaminantes, que es arrojado a los ríos y luego es consumido por peces que a su vez son consumidos por la población. Ese proyecto no debe prosperar.

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La minería informal en Pun La minería informal se concentra en la extracción de oro en la zona norte de Puno.

OLLACHEA

CARABAYA

CUYO

ANCOC

CHAQUIMINAS AN

SAN ANTONIO DE PUTINA

4 mil

mineros informales en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina y el distrito de Cojata en Huancané, según el censo 2010 de PERCAN. Las zonas más críticas de minería informal son Ananea, La Rinconada, Pampablanca, Chaquiminas (San Antonio de Putina), Ancocala, Cuyo Cuyo (Sandia) y Ollachea (Carabaya) Sólo

Elaboración: Ruth Ccopari Fotos: Asociación SER Fuentes: • “Estudios Ambientales” Proyecto PErCAn (Perú – Canadá) • Ministerio de Energía y Minas • Dirección regional de Energía y Minas Puno: Oficina de Dirección de Minería y Medio Ambiente, Oficina de Petitorios y Concesiones Mineras • inGEMMET • radio Onda Azul - la rinconada

600

mineros artesanales trabajan legalmente. Obtuvieron concesiones con aprobación de Estudios de Impacto Ambiental.

Actualmente hay registrados como Pequeños Productores Mineros 248 petitorios en trámite y 414 titulados. Y como Productor Minero Artesanal, 349 derechos mineros en trámite y 201 titulados. Desde el 2008 a julio del 2011 se han formalizado 80 empresas mineras como Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales. La venta del oro se centraliza en la ciudad de Juliaca. Actividad minera en la provincia de Carabaya

LA RINCONADA EN CIFRAS

• Viven alrededor de 35 mil personas. 95% s • El gramo de oro se cotiza a S/. 147.00. • Existen de 250 a 300 contratistas, agrupad Cada contratista trabaja con 300 a 400 peo • En promedio cada contratista extrae 5 kilos • Un peón obtiene un promedio de 10 gramo “cachorreo” (27 días de trabajo para el dueñ • S/. 50 mil cuesta la instalación de un “chute • Hay escasez de agua. Esta se vende por bi • Trabajan aproximadamente 2,500 menores • Existe un promedio de 500 prostíbulos con En cada uno prestan servicios por lo menos • Hay una comisaría con un promedio de 15

Relaves mineros

SANDIA

CUYO

CALA

NANEA

PAMPA BLANCA LA RINCONADA

Cuenca del Rio Ramis

CONTAMINACIÓN La minería informal contamina la cuenca del río Ramis. Los ríos afectados son: Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará, Llallimayo y Ramis. Este último desemboca en el lago Titicaca.

se dedica a la minería. 5% al comercio.

dos en 3 corporaciones. ones. s de oro al mes (S/. 735 mil) os al mes (S/. 1,470.00). Mediante la técnica de ño y 3 para él mismo) e”, equipo de minería para la extracción del oro. idón y balde y oscila entre 3 y 22 soles. s de edad. nocidos como “locales nocturnos y diurnos”. s 5 “señoritas” venidas de Cusco, Quillabamba y Bolivia. 5 efectivos.

Calle principal de La Rinconada

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Desarrollo Rural

Puno: Entre todo y nada

Al iniciarse un nuevo gobierno, conscientes de que solo el 16% de la gente piensa que se gobierna para el pueblo y manteniendo muy presentes los acontecimientos vividos y sufridos en Puno y Juliaca, en los últimos meses, estamos llamados a renovar el compromiso con el Perú y con Puno y a seguir construyendo futuro con renovadas esperanzas y mayores niveles de confianza. Luis Jesús López Párroco – Cristo Rey

uno votó mayoritariamente por “la O de la oportunidad” y ahora espera “esa gran transformación del Perú”, que fue la promesa electoral, reconociendo que el crecimiento económico ha sido significativo pero ajeno a las mayorías. Por eso votamos por un modelo más inclusivo y redistributivo, que potencie las regiones en base a sus recursos y tejamos juntos el Perú de “todas las sangres”.

Hemos vivido un nivel de conflictividad muy alto, marcado por el prolongado cierre de las carreteras, que perjudicó sobre todo al turismo, la ocupación de Puno que terminó con el incendio y saqueo de los depósitos de Aduanas y de otras instituciones y los hechos trágicos del aeropuerto de Juliaca, que ocasionaron la muerte de seis personas y más de una treintena de heridos.

La polarización se ha vivido con toda su crudeza: por un lado el gobierno nacional que concesionó para la explotación minera y petrolera grandes extensiones de terreno, y por otro, un sector significativo del campesinado que rechazó la minería porque considera que perjudica sus actividades agropecuarias. En ese sentido, no debemos mantener activas estas dos posiciones extremas

CABILDO ABIERTO - Agosto - Setiembre 2011 // 11

Opinión y, deberíamos buscar el camino para generar trabajo y construir un futuro de esperanzas. Para ello, necesitamos con urgencia que el nuevo gobierno posibilite en coordinación con el gobierno regional, las siguientes propuestas:

parentes, y así, la población recupere la fe en el Estado y no se deje arrastrar a posiciones extremas. No podemos negar que hay grupos radicales que aprovechan el descontento para ganar liderazgo e inducir al desborde de la legalidad.

1) Una zonificación del territorio que junto a la identificación de la presencia de recursos naturales (mineros y energéticos) precise la vocación de las diferentes localidades y los problemas que las actividades extractivas pueden traer a la agricultura, a la ganadería y al turismo para evitar nuevos conflictos.

7) Cambiar la legislación para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos no prescriban, para que los condenados por corrupción no puedan volver a trabajar para el Estado ni asumir responsabilidad pública alguna.

2) Promulgar la Ley de Consulta, que no es más que un mecanismo que saca a la luz lo que debería dictarnos el sentido común, si fuésemos capaces de mirarnos como iguales, los del campo y la ciudad, sin descalificar a nadie llamándoles “perros del hortelano”, pues antes de afectar el territorio ajeno hay que preguntar a los involucrados qué opinan al respecto. La experiencia nos enseña que las “mesas de negociación”, que la PCM ha puesto en marcha son percibidas como una “mecida” a la población afectada.

Cada región tiene sus propias expectativas, y en el caso de Puno las prioritarias son:

3) Destinar recursos para la descontaminación del río Ramis y la laguna de Cotarsaya que alimenta la irrigación de Asillo y cumplir con la exigencia de que la minería formal, semi-formal e informal, trabaje sin perjudicar a la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. 4) Orientar recursos al desarrollo rural, como la mejor manera de luchar contra la pobreza, pues garantizará la seguridad alimentaria, enfrentará el cambio climático, mantendrá la biodiversidad y hará más rentable el trabajo del campesino. 5) Posibilitar asociaciones de pequeños productores para superar las limitaciones de su pequeña escala y mejorar su capacidad de negociación. Dar valor agregado a su producción y comercializar directamente sus productos. 6) Aplicar un “shock” en los servicios sociales del Estado (educación, salud, justicia y seguridad) para hacerlos ágiles, eficientes y trans-

Puno: tarea de todos

1) El inicio de las obras del gasoducto del sur andino, que posibilite abaratar el costo del gas para el uso familiar y productivo. 2) El abastecimiento de agua para las ciudades de Puno y Juliaca, con el proyecto Lagunillas, promesa que sigue incumplida. 3) La promoción de inversiones pública y privada para transformar y dar valor agregado a los granos andinos, fibra, trucha, café y frutas de la selva. Generar con ello más empleo productivo y evitar acudir a la comercialización de la hoja de coca para salir de la pobreza. 4) Avanzar en la formalización de la minería y de las actividades comerciales, para exigirles responsabilidad medioambiental y el pago de impuestos. 5) Mejorar la infraestructura educativa y potenciar las universidades estatales de Puno y Juliaca para avanzar en ciencia y tecnología adecuada a la región. Asimismo exigir mayor calidad educativa a las instituciones privadas. 6) Continuar con el mejoramiento de las vías de comunicación para articular la región, entre ellas, la carretera hacia la selva de Sandia, la que uniría Santa Rosa-Nuñoa-Macusani, la que va de Ilave a Mazocruz y la que debe unir Huancané con Moho y la frontera con Bolivia por el lado norte del Titicaca.

Desde el rincón

Mirar con los dos ojos, oír con los dos oídos, sentir con el corazón Ana María Pino Jordán

l gobierno que ha iniciado su gestión el 28 de julio, lo hace enarbolando la “inclusión social” como objetivo de acción para el país. Hace 4 años, la reunión anual de CADE (Conferencia Anual de Ejecutivos) se realizó bajo el lema “Más inclusión y responsabilidad social” y habría que ver cuánto han avanzado en su iniciativa. Trabajar por la inclusión debe ser tarea compleja, porque cuando se habla de ella, se la relaciona generalmente con la exclusión social de ciertos sectores de la población, por razones estrictamente económicas (pobreza). Pero la exclusión o marginación de sectores como por ejemplo los indígenas -para hablar de mayorías-, o los “otros” diferentes, no sólo es económica y sería incompleta si se la resuelve únicamente en esos términos. La exclusión no reconocida es la cultural; es decir, estos “otros” son diferentes porque su sentir, concebir y ubicarse en la vida y el mundo, es distinto al sentir, concebir y ubicarse de las personas que se adscriben a la cultura antropocéntrica (“occidental”, hegemónica y dominante). Diferencia legítima, pues toda cultura responde a una construcción social, histórica y, por tanto, con derecho a ser y existir. Nuestra realidad es que somos un país plurilingüe y la lengua es la expresión más singular de una cultura; en consecuencia, constituimos un país pluricultural, reconocido constitucionalmente. Es así como la inclusión que se debe hacer en políticas públicas que cubran las necesidades de identidad y “desarrollo” de todos los peruanos, es en la de esas diferencias culturales (que involucran su lógica económica y de territorio).

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Entrevista

“No estoy en contra de la minería porque genera canon” Simón Condori Velázquez, ingeniero geólogo y alcalde de la Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca (JDCH), provincia de Azángaro, opina sobre su gestión y la contaminación minera.

Ruth Ccopari

urante el proceso de transferencia municipal, usted ha acusado al ex alcalde Ponciano Mamani de haber cometido desfalco en las obras ejecutadas. Él ha desmentido sus acusaciones. Así es. Él niega todo pero vamos a demostrar las irregularidades en el informe económico que presentaremos. Prácticamente he recibido el municipio sin documentos, con papeles alterados y proyectos sin perfiles, además de malversación de fondos en el Vaso de Leche. También nos han llegado notificaciones que señalan que el ex alcalde no ha presentado informes al Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos tras la investigación de estas irregularidades.

¿Qué dificultades afronta su gestión? Hemos tenido problemas con algunos regidores que se han dejado manejar políticamente, pero poco a poco hemos ido concertando con ellos y unificando las posiciones. Actualmente tenemos el apoyo del 70% de los regidores. ¿Cuáles son las principales necesidades del distrito? Vamos a empezar con el asfaltado de las calles y estamos gestionando que haya maquinaria agrícola para la población, ambulancias para el centro de salud y proyectos de agua. Dentro de poco vamos a poner la primera piedra del Instituto Pedagógico junto con la Munici-

palidad Provincial de Azángaro que nos está apoyando. ¿Cuál es el estado del proyecto de electrificación de la anterior gestión con un presupuesto ya asignado de más de 1 millón de soles? El presupuesto que existe es insuficiente, pero ejecutaremos la obra sí o sí. El anterior alcalde dijo que dejó todo hecho pero falta casi todo. También vamos a continuar con la obra del estadio, a pesar que tiene sólo 40 mil soles de presupuesto. El municipio de JDCH tiene destinado 1 millón 380 mil soles para obras. Estamos a 4 meses de culminar el año y sólo se ha ejecutado el

CABILDO ABIERTO - Agosto - Setiembre 2011 // 13

Reseña 20.9 % de este presupuesto. ¿Qué ha pasado?

“Dentro de poco vamos a poner la primera piedra del Instituto Pedagógico junto con la Municipalidad Provincial de Azángaro”

Nos hemos retrasado un poco en la ejecución de las obras, sin embargo, eso no depende directamente de mí sino del equipo técnico. En ese sentido, ya estamos trabajando con los técnicos para que al final del año logremos gastar el 100%. Hace poco se ha inaugurado la carretera hacia JDCH. ¿Cómo se aprovechará esta infraestructura y qué beneficios traerá al distrito? Es una carretera que va a conectarnos con el Brasil, y eso nos beneficiará en términos económicos porque explotaremos nuestro potencial comercial y turístico. La población de José Domingo Choquehuanca es eminentemente negociante, y es en ese sentido que vamos aprovechar la carretera.

Gestión ambiental El municipio de JDCH ha sido considerado como uno de los más exitosos en temas ecológicos. ¿Qué proyectos están desarrollando en este tema? Vamos a continuar con los rellenos sanitarios y las plantas de tratamiento. Actualmente tenemos 4 rellenos disponibles para depositar la basura, uno que fue construido por el proyecto Corredor Puno-Cusco en la anterior gestión y tres construidos en mi gestión. Por supuesto, aún tenemos algunos temas que superar en el aspecto medioambiental como las áreas verdes y el recojo de la basura, ya que no tenemos carros especiales para ello más que volquetes.

Para que nadie se quede atrás Leonidas Ramos

¿Hay algún tipo de contaminación en su distrito? Existe contaminación no metálica producto de los minerales que explotan en la zona, aunque sean llevados a la planta de Caracoto en Juliaca. Esto se genera al momento que dinamitan la tierra y las rocas, ya que no hay un Estudio de Impacto Ambiental, y hace un gran daño a la población y a la agricultura, por el polvo y el movimiento de tierra. La gente ya se ha quejado. Usted ha trabajado anteriormente como minero. ¿Cuál es su opinión sobre la minería informal? ¿Qué se debería hacer frente a esto? Como autoridad no estoy en contra de la minería porque genera el canon que ayuda a las poblaciones. Como persona natural estoy en contra de la informalidad que contamina y no aporta al Estado como ocurre en La Rinconada. En cambio la minería formal sí aporta con impuestos aunque muchas veces entre a trabajar a zonas donde no se ha consultado a la población lo cual está mal.

Fachada de la Municipalidad de José Domingo Choquehuanca.

l Perú es uno de los países de Latinoamérica con uno de los mayores índices de crecimiento macroeconómico, pero es también un país caracterizado por la exclusión de vastos sectores sociales. “Para que nadie se quede atrás”, publicado por el Grupo Allpa y la Asociación SER, diagnostica la situación de uno de esos sectores: las comunidades campesinas en las regiones de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Puno. Frente a ese escenario, el texto presenta casos exitosos de comunidades que han logrado desarrollarse económicamente, en un contexto poco favorable, y da cuenta de las propuestas planteadas por las mismas comunidades para salir de la pobreza. En el caso de Puno, se informa que existen 1275 comunidades campesinas que albergan a mas de 128 mil familias, la mayoría de las cuales se dedica a la actividad agropecuaria. Buena parte de ellas sufren altos niveles de pobreza y bajos niveles de desarrollo humano. Contrastando con esta situación, se presentan casos como los de Acora y Macarí donde las comunidades campesinas con ayuda de las autoridades municipales, regionales y nacionales y entes privados han logrado encontrar un camino para el desarrollo. ”Para que nadie se quede atrás” Propuestas para el desarrollo integral de las comunidades campesinas desde las regiones. Grupo ALLPA y Asociación SER Lima, 2011. 142 pp.

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Historia

El primer encomendero de Puno (1535-1560)

[Tercera parte]

Nicanor Dominguez Historiador especializado en los Andes coloniales. El conquistador español Gómez Mazuelas recibió de Francisco Pizarro la encomienda de Puno en 1535. Pero antes que él, Gonzalo Pizarro, hermano menor del conquistador y futuro rebelde contra su majestad el emperador Carlos V, parece haber sido en realidad el primer encomendero de Puno. ¿Cómo explicar ésta situación? Y, por otro lado, ¿qué sabemos de la población indígena de Puno en esos primeros momentos de la época colonial? Nuestro colaborador Nicanor Domínguez nos ofrece nuevos datos al respecto, continuando con los temas presentados en dos artículos anteriores.

Los aborígenes recibían malos tratos con el sistema de encomiendas.

rancisco Pizarro entró al Cuzco el viernes 14 de noviembre de 1533, casi exactamente un año después de su entrada a Cajamarca. Poco más de cuatro meses después, el lunes 23 de marzo de 1534, se realizó la ceremonia oficial de la fundación española de la ciudad. El acta de fundación, publicada en 1948 por Raúl Porras, incluye 88 nombres (34 estuvieron en la captura de Atahualpa en Cajamarca, 54 habían llegado después con Almagro), quienes se registraron como los primeros “vecinos” del Cuzco.

parte porque la información sobre la organización social y administrativa del Tawantinsuyo estaba aún en proceso de ser adquirida y asimilada por los españoles, pero también porque algunos conquistadores decidieron volver prontamente a España, a gozar de las grandes riquezas adquiridas en los repartos del tesoro de Cajamarca (18-VI-1533) y del Cuzco (16/19-III1534). El historiador norteamericano James Lockhart calculó que para inicios de 1535 unos 60 de los 168 conquistadores presentes en Cajamarca ya había regresado a la península.

Para asegurar que se asentaran y “poblaran” la ciudad, esperaban recibir “indios en encomienda”. Sin embargo, Pizarro optó por otorgar sólo temporalmente grupos de servidores indígenas a los nuevos vecinos, mediante “cédulas de depósito de indios”. En

Por eso, en la cédula de depósito otorgada a Gómez Mazuelas (Cuzco, 1-VIII-1535), la fórmula legal que Pizarro utiliza es: “por la presente, en nombre de Su Magestad y [h]asta tanto que se [h]aga el repartimiento jeneral, o yo otra cosa prouea que

mas conbenga, os deposito ...” (AGI, Patronato, 139-N1-R3, f. 8r). Cuando, 10 días después, el nuevo encomendero pidió al alcalde Pedro de Oñate que confirmara la posesión de los indios encomendados, éste utilizó la fórmula: “depositaua e deposito los d[ic]hos caçiques e prinçipales e yndios en la d[ic]ha çedula contenidos en el dicho Gomez Maçuelas; el qual d[ic]ho Gomez Maçuelas dixo que se daua e dio por depositario dellos. Y el señor alcalde dixo, que por el ni por persona alguna no les seran admouidos los d[ic]hos caçiques e prinçipales e yndios en ningun tiempo, [h]asta tanto que Su Magestad, o el señor gouernador en su nombre, otra cosa prouea” (f. 9r). La maleabilidad de éstas fórmulas legales permitió a Pizarro hacer correcciones en la asignación de encomien-

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das, en espera de adquirir información actualizada sobre la población indígena y sus recursos, en vistas a una distribución general y permanente de encomiendas, el “repartimiento general” al que se hace referencia en el documento. Con tales fórmulas transitorias no debe sorprender que, entre finales de 1533 o inicios de 1534, y hasta mediados de 1535, los indios de Puno hayan podido ser inicialmente asignados a Gonzalo Pizarro. El historiador peruano Rafael Varón, en su estudio sobre la empresa conquistadora y colonizadora de los hermanos Pizarro, no menciona que Puno haya sido alguna vez encomienda de Gonzalo Pizarro. Más bien menciona una cédula de encomienda otorgada por Francisco Pizarro a su hermano Gonzalo (Cuzco, 7–III-1540), donde se incluye una larga serie de pueblos en distintas partes de los Andes, sin mencionarse Puno. Eso, sin duda, debido a que para entonces Mazuelas venía siendo el encomendero efectivo de Puno por ya casi 5 años. Como indicáramos en una serie de artículos publicados en “Cabildo Abierto” (núms. 12 a 18, entre enero y noviembre 2006), para la época de la Visita General Toledana de la década de 1570 -es decir, unos 40 años después de la transferencia de Puno de Gonzalo Pizarro a Mazuelas-, el reino pre-incaico de los Colla había sido dividido en unos 35 repartimientos o encomiendas (13 en la mitad Urcosuyo y 22 en la mitad Umasuyo). La zona actual donde se ubica la ciudad de Puno correspondía al extremo meridional del sector Urcosuyo de aquel antiguo reino Colla. La cédula de depósito de 1535 nos informa claramente: “en la prouinçia del Collao el caçique Cacha señor del pueblo de Puno [...] con quinientos yndios” (f. 8r). El número se refiere sin duda a la población masculina adulta capaz de trabajar, a quienes los españoles denominaron “indios tributarios” (entre 18 y 50 años de edad). Comparativamente, en 1573 los indios de Puno sumaban un total de 4,705 habitantes, un 60% aimaras, con 4 caciques, y un 40% uros, con 2 caciques. Los tributarios sumaban 1,083 adultos, de los cuales 703 eran aimaras y 380 eran uros.

Como indicáramos en una serie de artículos publicados en “Cabildo Abierto” para la época de la Visita General Toledana de la década de 1570 -es decir, unos 40 años después de la transferencia de Puno de Gonzalo Pizarro a Mazuelas-, el reino pre-incaico de los Colla había sido dividido en unos 35 repartimientos o encomiendas (13 en la mitad Urcosuyo y 22 en la mitad Umasuyo). La zona actual donde se ubica la ciudad de Puno correspondía al extremo meridional el sector Urcosuyo de aquel antiguo reino Colla. El nombre del cacique de Puno en 1535 era Cacha. No tenemos información sobre este jefe étnico. Podría haber sido miembro de una familia de líderes tradicionales aimaras del antinguo reino Colla, un “hilacata” o jefe de segundo rango (el jefe étnico superior era el “mallku”). O podría haber sido un jefe impuesto por la administración incaica, pues sabemos que la conquista Inca del reino Colla fue violenta y que después hubo una fallida rebelión anti-inca en época de Túpac Yupanqui. En 1550, tras las “Guerras Civiles” entre los conquistadores (1541-1548), se elaboró la primera “tasa tributaria” de los repartimientos de indios, fijando legalmente la cantidad de tributos y servicios que las comunidades debían entregar a sus encomenderos. La información se había recopilado por órdenes del Licenciado Gasca, quien mandó se realizaran visitas e inspecciones en 1548-1549. La tasa del repartimiento de Puno (Lima, 1-XII-1550), está dirigida a tres jefes étnicos indígenas: “Sacaca, caçique, e Ylacopa y Caxa, prinçipales, y a los demas prinçipales e yndios buestros subjetos, que al presente soys e despues de bos susçedieren en el repartimiento de Puno” (f. 13r). La breve mención a éstos tres personajes (un “cacique” y dos “principales”) sugiere dos formas alternativas de organización: (a) un jefe superior y dos jefes subordinados, cada uno a cargo de una “mitad” del grupo (a la manera de los sectores “Hanan” y “Hurin” del Cuzco), o (b) un grupo dividido en tres segmentos, cada uno

con su jefe, siendo cada segmento de una importancia jerárquica distinta (como los grupos “Collana”, “Payan” y “Cayao” del Cuzco). Si esta útima fuera la forma de organización que existía en Puno en la primera mitad del Siglo XVI, el cacique Sacaca habría sido el jefe del sector ‘superior’, el principal Ylacopa el jefe del sector ‘intermedio’ y el principal Caxa el jefe del sector ‘inferior’. Es interesante que don Íñigo de Ayala, visitador toledano que pasó por la Bahía de Puno en 1573, hallara que los indios allí “estaban divididos en seis pueblos en distancia de tres leguas”, unos 15 kilómetros. Esas 6 localidades podrían corresponder a ambas formas de organización mencionadas. Pero el visitador reagrupó a la población en sólo dos pueblos, San Juan Bautista de Puno y San Pedro de Icho. ¿Respetó las dos “mitades” prehispánicas de Puno? Es sólo una hipótesis. Por otro lado, al notificársele la nueva tasa tributaria al cacique de Puno (Cuzco, 22-VI-1551), se menciona: “al d[ic]ho don Gomez que en la lengua de Xptiano [es como] se llama Sacaca” (f. 17v). En otras palabras, el cacique Sacaca había sido bautizado con el nombre de su encomendero. No sería sorprendente que Mazuelas haya sido el padrino de bautizo del cacique de su encomienda, sumando así un lazo de subordinación ideológica y simbólica a la dominación colonial efectiva que ya ejercía sobre el jefe étnico de Puno. Finalmente, no sabemos si el cacique Cacha (en 1535) fuese padre de don Gómez Sacaca (en 1550-1551).

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