La delincuencia en Juliaca y las cárceles de Puno N° 64
Junio 2012 S/. 1.00 Puno S/. 1.00 Lima
REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO
Bs 2.00 Bolivia
Un gobierno de mano dura
Rebasados por los conflictos sociales, el Presidente Ollanta Humala y su primer ministro, optan por políticas de corte autoritario.
2 // Junio 2012 - CABILDO ABIERTO
Editorial Puno / Junio 2012 / Nro. 64 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman
Comité editorial Zenón Choquehuanca Rodríguez Patricia Quiñones Pareja Alvaro Orosco Chávez
Director Javier Torres Seoane
Editor Christian Reynoso Torres
Reporteros/as Ruth Ccopari Loza Eliana Hualpa Leonidas Ramos
Columnistas Ana María Pino Jordán
Colaboradores Nicanor Domínguez Faura
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Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.
E
n las elecciones generales del año pasado, en medio de un gran conflicto social, Puno votó mayoritariamente por el actual presidente Ollanta Humala. Luego de diez meses de haber asumido el poder, su gobierno no es visto con el mismo entusiasmo que su candidatura. No sólo por el abandono de las promesas de reforma del modelo económico de la “Gran Transformación”, sino porque, inclusive, la llamada “Hoja de Ruta” parece haberse perdido en el camino, sobre todo en lo referente al respeto de la institucionalidad democrática, expresado en la opción por reprimir con mano dura a quienes cuestionan las políticas gubernamentales. Una clara manifestación de ello, es la manera en que el gobierno del Presidente Humala, viene respondiendo a los conflictos sociales en regiones como Cusco o Cajamarca. Respuesta que se encuentra bastante lejos de cualquier forma de diálogo, con quienes justamente fueron los que lo respaldaron masivamente en las elecciones del año pasado. Así va creciendo la distancia entre el gobierno y sus electores. El primero virando hacia posiciones de derecha con tendencia ha convertirse en un símil de los gobiernos anteriores; mientras que en el caso de la ciudadanía, pareciera no tener otra opción que movilizarse con mayor recurrencia para ser escuchada por un gobierno que le ofreció cambiar la relación entre el Estado y la sociedad y hacer que los derechos de la ciudadanía sean respetados. En este nuevo escenario, a pesar de la importancia que significó la aprobación de la Ley de Consulta Previa y el debate de su cuestionado Reglamento, surgen enormes dudas sobre la viabilidad de la implementación de dicho mecanismo, por un gobierno liderado por un primer ministro como Óscar Valdés para quien el diálogo es simplemente escuchar y acatar su propia voz. En Cabildo Abierto, creemos que para que el gobierno recupere la confianza de la población de regiones como Puno, debe entender que sus electores reclamaban no sólo una mejor redistribución de los beneficios del crecimiento económico y la eliminación de la pobreza de sus vidas, sino también la posibilidad de ser tratados como ciudadanos y ciudadanas. Y, por supuesto, optándose por “la mano dura” no lo va a lograr.
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w w w. n o t i c i a s s e r. p e
CABILDO ABIERTO - Junio 2012 // 3
Análisis Regional
Gobierno Regional de Puno:
De la retórica a la gestión El principal desafío del proceso de regionalización es que puso, pone y seguirá poniendo a prueba a las elites políticas y burocráticas del interior del país. Presidentes, consejeros, gerentes, funcionarios, asesores y profesionales nos confiesan todos los días, a través de su perfomance pública, si están o no preparados para conducir el desarrollo. Cada día, sin darse cuenta, nos recuerdan las consecuencias prácticas del centralismo estatal producido por casi doscientos años de tutela a las provincias, y mucho más si contamos la dominación colonial. Eland Vera
E
l caso de Puno es una clara demostración, tanto como lo puede ser cualquier otro departamentoregión. El entusiasmo electoral cargado de retórica reivindicativa que agita pasiones e ilusiones da paso al encontronazo con la cruda realidad de la gestión pública. No es que falten técnicos calificados que ostenten grados académicos (que parecen títulos nobiliarios), sino que la modesta experiencia en el aparato estatal tiene que enfrentarse con la complejidad socio-política de los procesos,
la presión clientelista de los simpatizantes de sus movimientos, los parámetros y estándares del MEF y la odiosa comparación con otros departamentosregiones que avanzan sin dilaciones.
Huamaní, AQUÍ y el “nuevo” rumbo Un hecho grafica esta situación. Alcides Huamaní, un correcto ingeniero economista, profesor de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, asumió
la gerencia general del gobierno regional en su condición de miembro prominente del movimiento político AQUÍ (ganador de las elecciones regionales) y principalmente como representante de una generación de técnicos calificados comprometidos con el desarrollo de Puno. Un año y tres meses después renunciaba vergonzosamente al cargo como responsable de que ocupemos el último lugar en ejecución presupuestal. Lo preocupante fueron las confesiones posteriores.
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Análisis Regional
Valgan verdades, entre el señorial y mañoso Jiménez y el delirante Fuentes, el actual presidente regional performa la silueta más cercana al líder democrático. “La información calificada y estratégica que requiere el presidente regional para decidir, se encuentra filtrada, desordenada y en los volúmenes inapropiados”, afirma Eland Vera.
Huamaní reconoció las dificultades para constituir un trabajo en equipo debido a las “diferentes formaciones” del entorno de trabajo. Podría suponerse que se refería a diferentes profesiones, niveles formativos, expectativas o intereses. Lo cierto es que era su responsabilidad superar o dado el caso corregir las “diferencias” entre sus colaboradores, ¿acaso no podía? ¿O había fuerzas superiores que le impedían capitanear una gerencia técnica? Lo más probable es que se trataba de compromisos políticos pre-elec-
torales y clientelares que imponían su lugar en el aparato regional. Para confirmar la hipótesis, el presidente regional Mauricio Rodríguez confesó los errores en la elección de profesionales. Contrariando colosalmente el ideario del movimiento AQUÍ, que planteaba la participación de profesionales puneños (quechuas y aimaras) en los puestos clave, el presidente regional optó por encargar la gerencia regional a un técnico foráneo. Elmer Monteblanco es un
economista formado en Argentina, consultor de proyectos públicos, con experiencia en contrataciones con el Estado peruano y manejo de fondos de cooperación internacional; es decir, la antípoda de Huamaní y también de AQUÍ.
¿Más izquierda señorial? Mauricio Rodríguez ha sido uno de los periodistas radiales con mayor aceptación y credibilidad en la región Puno. Fue conocido en su época juvenil por in-
¿Cuál debería ser la principal competencia de los Gobiernos Regionales?
María Quispe
Félix Castillo
Isaías Guillén
Araceli Mamani
Promover el desarrollo y la economía regional, a través de programas y proyectos que favorezcan sobre todo a los sectores rurales que son los más olvidados. También velar por el medio ambiente y tener mayor control de la minería informal para evitar conflictos.
Los gobiernos regionales no tienen decisión en los grandes temas que definen la vida del país, como la mediana y gran minería. Ante esta impotencia emiten ordenanzas que no son válidas para el gobierno. Sin embargo, las regiones deberían decidir sobre esto porque se trata de sus territorios.
Deberían tener mayor voz y decisión en el tema del ordenamiento territorial. Durante años hemos visto el desconocimiento de normas y vivido un sin fin de problemas por las inversiones transnacionales y los megaproyectos que terminan generando conflictos.
Ejecutar y distribuir adecuadamente los recursos económicos de la región y ser generadores de fuentes de trabajo, crear negocios sostenibles y capacitar a los jóvenes desempleados. No sólo dedicarse al asfaltado de carreteras.
Profesora
Empleado público
Docente
Estudiante
CABILDO ABIERTO - Junio 2012 // 5
Opinión tegrar uno de los míticos grupos folklóricos puneños de música latinoamericana; luego su comprometida vinculación con la iglesia del sur andino le sirvió de back ground formativo y entorno para la acción. Nadie puede dudar que ambos antecedentes lo ubiquen dentro de una postura progresista de clara opción por las mayorías, casi un lugar común para los líderes puneños. Entonces, jamás llamó la atención su decidido cuestionamiento a las tropelías estatales, la crítica ácida a las actividades extractivas en la región y la colocación del factor cultural como piedra de toque de la actividad política. Al formar su membresía electoral, el Proyecto Político AQUÍ (Aymaras y Quechuas Integrados), el desborde afirmativo de algunas ideas que apostaban por la reivindicación de la identidad etnocultural se mostraba mucho más elaborado que anteriores dispositivos de retórica política como el federalismo de Hernán Fuentes o el autonomismo de David Jiménez. Grande fue la sorpresa cuando los pergaminos y los antecedentes colisionaron con un hecho definitivo. La inconsistencia y debilidad frente al levantamiento antiminero en las zonas norte y sur. Rodríguez, sencillamente, no dio la talla. Ni para un lado, ni para el otro. Walter Aduviri se enseñoreó como el líder antiminero y en la práctica sus acciones lo colocaron por momentos como el “presidente de facto” de Puno. El discurso postmoderno (al menos eso creíamos) que encumbra la acción política como sinónimo de pueblos indígenas que era el baluarte de Rodríguez quedó desinflado. Luego de las evidencias, se confirma que la retórica “culturosa” era una impostación. El movimiento AQUI, el delirante federalismo de Fuentes y MARQA (movimiento del ex presidente Jiménez) terminan siendo manifestaciones de lo mismo: cultura política señorial de neo-caciques entornillados en el corto plazo y la argolla clientelista.
El horizonte cerca al cielo Podrán exhibirse buenas y fundamentadas intenciones, obras de infraestructura (tan necesarias y apreciadas por los ciudadanos de los departamentosregiones), cambios de timón (así traigan abajo el ideario político), generosa publicidad política enfocada en el caudillo paternalista y hasta nuevo escudo y bandera como estrategia simbólica de integración; pero lo que queda claro es que la población de Puno, como tantos otros
departamentos-región, vive en medio de elevadísimas expectativas de desarrollo y sus líderes requieren de una abundante dosis de visión de largo plazo y reacción ante la coyuntura. Solo que a veces el largo plazo es confundido con ensoñaciones románticas que nada tienen que ver con el rumbo claro y contundente que merecen los peruanos más peruanos de la patria. Ponerse al frente del censo agropecuario, desear comodidad y alegría a los burócratas regionales, marchar por la cultura de prevención de sismos (tan poco probables en el altiplano), participar con mesura en los rituales del poder y apostar por la cultura del Buen Vivir son acciones loables y bonachonas, pero la dedicación nuclear son los proyectos estratégicos (el lugar común más exigido por el sentido común). Ese debe ser el pan diario de Mauricio Rodríguez si quiere entrar en la historia, pues, valgan verdades, entre el señorial y mañoso Jiménez y el delirante Fuentes, el actual presidente regional performa la silueta más cercana al líder democrático. En el caso de la coyuntura, al parecer la información calificada y estratégica que requiere el presidente regional para decidir, se encuentra filtrada, desordenada y en los volúmenes inapropiados. En el fondo es el asunto de asesores, funcionarios y militantes de la membresía AQUI. Tal vez el desafío más grande de Rodríguez y de sus (pocos) colaboradores sensatos es lidiar desde adentro. Quebrar algunos usos y costumbres de la política puneña (y peruana por extensión) que coloca por encima de todo los dones y contradones clientelares, la práctica del patrimonialismo cuando se alcanza la cúspide del poder y la tentación omnipresente de la corrupción. Todas manifestaciones de una mentalidad de corto plazo alojada en la cotidianeidad de la micropolítica puneña, tan ansiosa de puestos de trabajo y tajadas para los parientes, compadres, ahijados, simpatizantes y tantos otros que conforman la argolla. Aquí se impone una sólida argumentación ante el entorno y el ejemplo propio. El desafío siempre será enorme, pero los ciudadanos puneños son generosos dando oportunidades y reconociendo los logros cuando se alcanzan con las manos limpias y pensando en las futuras generaciones. Rodríguez tiene todo servido, pese a los recodos en el camino, depende de él transitar de la retórica a la gestión. Eso esperamos.
ALTIPLANO POLÍTICO
La planificación regional-local
Patricia Quiñones
U
na de las principales críticas desde los ámbitos provinciales y distritales hacia el Gobierno Regional es la ausencia de un trabajo coordinado. La existencia de planes de desarrollo concertado, planes estratégicos institucionales o la implementación de procesos de presupuesto participativo, entre otras herramientas, no parecen haberse traducido en sinergias claras que fomenten el mejor uso de los recursos con el fin de atender las problemáticas más urgentes, que por supuesto, van más allá del tema de infraestructura. Por el contrario, lo que ocurre es una superposición de actividades, proyectos mal focalizados y poca claridad en las prioridades. Las herramientas antes mencionadas no podrán lograr impactos positivos si no se toma en cuenta algunas consideraciones: El peso real atribuido a la planificación, así como los procesos de discusión y participación necesarios para la misma; la disposición de recursos que se otorga a las oficinas encargadas de este tipo de procesos; la importancia del monitoreo y evaluación, con el fin de identificar el progreso de los avances y el cumplimiento de las tareas asignadas entre las diversas autoridades y funcionarios. Estos puntos deben asumirse tanto en el ámbito regional como local, pues desde un enfoque de gobernanza, cada uno de ellos, junto a la ciudadanía y los actores privados y gubernamentales, cumplen roles para fomentar el desarrollo local. Si bien no hay una fórmula que asegure el desarrollo y haga que los procesos sean mucho más complejos, estos podrían ser puntos de base orientados a ese fin. La planificación, bien realizada, es una inversión y no un gasto.
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Entrevista
“La elaboración del Reglamento ha sido un proceso participativo real” Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, hace un balance del proceso de Reglamentación de la Ley de Consulta y su aplicación, además de las labores pendientes en este tema.
¿
Qué balance puede hacer del proceso de elaboración del Reglamento de la Ley de Consulta Previa? Ha sido un proceso muy corto y rápido que buscaba atender un déficit de 17 años y que no debe verse como un proceso culminado. Todavía existen otros instrumentos que en estos días estamos terminando como la base de datos oficial de los pueblos indígenas, la metodología para la implementación de la consulta, el registro de intérpretes, el registro de facilitadores, entre otros. ¿Cómo responde a las críticas que han hecho las organizaciones respecto a la elaboración del Reglamento?
Christian Reynoso Hay una crítica que tiene que ver con la Ley de Consulta, que inclusive ha llevado a algunas organizaciones a sostener que tiene artículos contrarios a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a sus derechos. Esa fue la razón que señalaron para no sesionar durante la reglamentación. Consideraban que la propia ley vulneraba el estado de derecho. Desde luego, esta crítica es completamente infundada porque el articulado responde a un pedido expreso que las propias organizaciones realizaron en agosto del año pasado. ¿La ley es perfectible? Es posible hacer cambios más adelante. Es una competencia que tiene el
Congreso. Dichos cambios tendrían que ser sometidos a nuevos procesos de consulta, pero se deberían realizar a partir de la experiencia concreta, porque si no es discutir en medio de abstracciones. ¿Se tomaron en cuenta las propuestas de las organizaciones? Si uno compara el Reglamento aprobado con el borrador que fue presentado en noviembre, es evidente que ha habido un esfuerzo enorme para incorporar un conjunto de materias que distintos actores habían pedido. Prácticamente en todo el articulado ha habido cambios, aportes y temas nuevos. La elaboración del Reglamento ha sido un
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proceso participativo real, por eso muchos puntos que las organizaciones indígenas plantearon están incorporados en la versión final. Como el tema de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, la referencia expresa a los casos de consentimiento, o la necesidad de un enfoque de género. Por otro lado, hay temas en los que no se llegó a un consenso. Desde la posición del Ejecutivo son asuntos que están bien resueltos. Por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos de derecho de la consulta? Nuestra posición siempre ha sido que son aquellos que cumplen con los criterios establecidos en el Convenio 169. Es decir, aquellas poblaciones que descienden de aquellas que estuvieron en el país antes de la colonia, que conservan en todo o en parte sus instituciones originarias, y que se auto identifican como pueblos indígenas. Las comunidades campesinas y nativas en tanto cumplen esos criterios, son pueblos indígenas. Hay que tener esto muy claro: La consulta en el marco del Convenio 169 es un diálogo intercultural y para ello tiene que haber dos o más culturas distintas. ¿Y sobre la propuesta de que la consulta se haga antes del otorgamiento de las concesiones? El Convenio 169 de la OIT no menciona para nada el tema. Lo que dice es que debe hacerse antes de iniciar cualquier actividad de exploración y explotación. Y eso es lo que recoge el Reglamento. Ahora, es muy importante que al momento de hacer la consulta, los funcionarios cuenten con información
adecuada y que también haya un esfuerzo de información apropiada para los pueblos indígenas sobre el contenido de la medida. ¿Y eso no es así? Lo que pasa es que el nivel de la información es en ese momento es muy pobre, de modo que resulta difícil hacer una consulta efectiva. Pero el reglamento no dice nada sobre cuál es el momento exacto. Tiene que hacerse antes, eso sí dice, antes de que se dicte cualquier orden de exploración y explotación. Ese es el estándar mínimo. ¿Será el Vice ministerio de Interculturalidad quien señale qué comunidades campesinas van a ser consideradas como pueblos indígenas? Lo que estamos haciendo es una base de datos que es el punto de partida. El Perú no había hecho hasta hoy el esfuerzo para señalar con claridad qué parte de su población es considerada pueblo indígena. Es un concepto muy complejo, entonces la base de datos oficial lo que va a hacer es identificar estos pueblos indígenas y también cuáles son las comunidades campesinas y nativas, u otra forma de organización que conforman los pueblos indígenas. Existe la preocupación que algunas comunidades no sean incorporadas en la base de datos. Hay que entender que hay comunidades campesinas que han pasado por procesos de transformación tan gran-
Organizaciones sociales se juntaron en el mes de febrero en Lima, en un Encuentro Nacional para evaluar la propuesta del Reglamento de la Ley de Consulta Previa.
Hay que entender que hay comunidades campesinas que han pasado por procesos de transformación tan grandes que en verdad ya no tienen ninguna de las características que plantea el Convenio.
des que en verdad ya no tienen ninguna de las características que plantea el Convenio. Pero también hay que tener en claro que el hecho de no ser parte de un pueblo indígena no implica que dejarás de tener derechos. Por ejemplo, la protección de la propiedad comunal o los derechos colectivos como comunidad campesina existen más allá de si eres un pueblo indígena o no. ¿Qué se viene para adelante con este proceso? Un primer tema es la reforma de la institucionalidad en materia de pueblos indígenas. Durante el 2010 y 2011 hubo diez cambios respecto a quien debería manejar el tema. Y eso, evidentemente, no es buena señal para la seriedad de la política pública indígena. Sin embargo, es evidente que las actuales estructuras del Estado en la materia son insuficientes, que se requiere hacer cambios. Pero hay que hacerlos de una manera muy ordenada y pensar en una política de diez o quince años que por lo menos que le dé estabilidad a esta acción. El segundo tema tiene que ver con los procesos de consulta que vienen. Va a haber uno vinculado con la reglamentación de la Ley Forestal. Tenemos también los proyectos de inversión que ya se empiezan a identificar en los sectores y que también serán objetos de consulta. Y el tercer tema, está enfocado a mejorar la relación con las distintas organizaciones indígenas que hay en el país. Es evidente que necesitamos tener un trabajo más amplio con las distintas organizaciones de pueblos indígenas.
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La delincuencia en Juliaca
Zonas de mayor afl
La ciudad de Juliaca, capital de la provincia de San Román, reconocida por su gran movimiento económico y comercial, es también la ciudad con mayor índice de delincuencia en la región Puno.
80% 20%
Los días de feria (lunes) y los fines de semana
de robos en Juliaca se dan con arma blanca con armamento de fuego
800
se registran mayores casos de delincuencia
son los requisitoriados que busca la Policía Judicial de Juliaca, a la fecha
Delitos registrados PNP Tipo de delito
2010
2011
Serenazgo 2012
2012
(información al 30 de marzo)
(información al 26 de abril) 359
Hurto (sin ejercicio de violencia)
278
312
60
Robos (con ejercicio de violencia)
231
252
67
Violación sexual
39
36
16
---
Homicidios
8
14
4
---
Trata de personas
2
4
3
---
Bandas desarticuladas
16
25
4
---
Incautación armas de fuego
16
15
9
---
Detenidos flagrante delito
256
289
62
---
Detenidos RQ (por requisitoria)
111
209
20
---
Vehículos robados recuperados
54
105
34
---
Hallazgo de cadáveres
---
---
---
39
Linchamientos
---
---
---
14
Violencia Familiar
---
---
---
322
Patrullaje disuasivo a personas ajenas, bebedores, terocaleros, otros.
---
----
---
19,695
Cuadro: Elaboración propia. Fuentes: DIVPOL – Juliaca / Sub gerencia de Serenazgo de la MP de San Román
Nota: A parte de estas cifras, la misma policía estima que hay un 50% de delitos cometidos que no son materia de denuncia ni registro.
La •
2
e •
2
•
8
p
e P • N • 2 m d • 3 S • S S d • E s
Elaboración: Ruth Ccopari / Fuentes: PNP Juliaca. División Policial de la Provincia de San Román, PNP Puno, Sub Gerencia de Serenazgo, de la Municipalidad Provincial de San Román, O
luencia delicitiva en Juliaca Personal INPE (seguridad interna)
EP Puno (Yanamayo)
470
442
90
EP Juliaca (La Capilla)
476
650
70
Challapalca
250
128
51
EPM Lampa (Penal de mujeres) TOTAL
45
129
40
1241
1349
251
Cuadro: Elaboración propia. Fuentes: Oficina de Registros Penitenciarios de los EEPP de la ORA Puno
•
1349 internos. 582 están procesados y 767 sentenciados. Nº de internos por delitos cometidos 11
Contra la administración pública
15
13
Otros delitos
Delito aduanero
446 Contra la seguridad pública
Contra la vida, el cuerpo y la salud
342 Contra la libertad
352 Contra el patrimonio
800
Procedencia de los internos OTROS DEPARTAMENTOS
22
21
MOQUEGUA
SAN MARTÍN
25
LA LIBERTAD
EL CALLAO
35
JUNIN
TACNA
92
HUÁNUCO
96
CUZCO
400
AREQUIPA
PUNO
600
300 200
73
100 0
1
2
3
4
101
60
5
47 6
7
8
23 9
10
11
18 12
13
• Población extranjera: 20 bolivianos, 7 colombianos, 1 español, 2 venezolanos y 1 nigeriano. • Fuga de internos. 2000 – 2001 (3 reos Challapalca), 2005 (2 – La Capilla), 2011 (3 - Challapalca), 2012 (17 – Challapalca). • Puno alberga a por lo menos 100
internos de alta peligrosidad. Entre ellos, el “Cholo Jacinto” se encuentra en Yanamayo.
Oficina de Registros Penitenciarios de los Establecimientos Penitenciarios (EEPP) de la Oficina Regional Altiplano (ORA) Puno.
Cuadro: Elaboración propia.
705 700
500
Cuadro: Elaboración propia.
170
LIMA
en radio patrulla tiene la División Policial de Juliaca. 20 años de antigüedad tiene la flota vehicular de la policía. 87 vehículos policiales nuevos se entregó a Puno en el 2010. Ninguno fue destinado a Juliaca, sólo a Puno, Azángaro e Ilave. No se cuenta con equipos de criminalística. 213 serenos, 10 camionetas, 1 ambulancia, 8 motocicletas y 30 video cámaras cuenta Serenazgo de Juliaca. 3779 llamadas, reportando diversos hechos, recibió Serenazgo entre enero al 17 de mayo del 2012. Serenazgo depende de la Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Román. El 2011 tuvo un presupuesto de 4 millones 350 mil soles. El 2012 se estima en 5 millones.
Nº de internos (*)
AYACUCHO
24 comisarías, 8 vehículos patrulleros y 60 efectivos
Capacidad
PENALES
(*) Al 31 de marzo 2012.
a Policía y Serenazgo
Situación de los penales
10 // Junio 2012 - CABILDO ABIERTO
Desarrollo Rural
Los límites de los programas sociales
D
urante estos años los pobladores de la región han sido atendidos por diversos programas sociales en los ámbitos de salud, educación, vivienda, nutrición, infraestructura social, bienestar familiar, entre otros, con el fin de reducir estas brechas. Sin embargo, más allá de las mejoras que se han dado, y que se expresan en las estadísticas, no se traducen en una mejor calidad de vida. Ello, porque según sostienen algunos expertos en el tema, no han enfocado su trabajo en desarrollar capacidades en los beneficiarios para romper la lógica del asistencialismo. Al mismo tiempo, estos programas son cuestionados por la forma de priorizar a sus beneficiarios, la cobertura y eficacia de su atención, y porque, en muchos casos, ha primado el factor político sobre el técnico calificado, para la contratación de personal.
Los programas sociales en Puno Los programas sociales más importantes que intervienen en Puno son el PRONAA, FONCODES y Wawa Wasi, -ahora implementado a Cuna más-, que funcionan desde la década del 90; Juntos desde el 2005; y Pensión 65 recién creado.
A pesar de ser una región con una dinámica económica muy intensa Puno cuenta con altos índices de pobreza y pobreza extrema. Según el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009, elaborado por el INEI, la pobreza llega a un 60.8% y la extrema pobreza a 25.9%, siendo los distritos más pobres: Usicayos (96.9%), Ollachea (91.9%), Corani (91.5%), Ajoyani (88.4%) en la provincia de Carabaya; San Antonio de Esquilache (92.2%) en Puno; Vila Vila (91.2%) en Lampa; Patambuco (90.7%), Cuyo Cuyo (89.4%) en Sandia; Cupi (86.1%) en Melgar y Caminaca (85.8%) en Azángaro.
Eliana Hualpa
El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), interviene en 109 distritos, con un presupuesto aproximado de 27 millones de soles. Tiene como meta atender a 241,421 usuarios del sub programa Infantil, Preescolar y Escolar con la entrega de desayunos y almuerzos escolares; además de la cobertura a 439 establecimientos de salud. El otrora poderoso Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), interviene en 35 distritos del departamento de Puno con un presupuesto de 9 millones 900 mil para ejecutar 36 proyectos: 15 en riego, 7 en caminos vecinales, 7 en obras de agua potable, 4 en puentes y 3 en aulas escolares. Todos se encuentran en etapa de ejecución del perfil y las obras iniciarán en agosto próximo. Los proyectos son cofinanciados en contrapartida con los municipios y se ejecutan mediante núcleos ejecutores, órganos integrados por la población usuaria. Mientras que Juntos interviene en 51 distritos y 2,642 centros poblados de Puno. En el segundo bimestre del presente año transfirió a la región S/. 5,818,781.82, que se distribuyeron a 29,091 hogares.
CABILDO ABIERTO - Junio 2012 // 11
Opinión En el caso de los nuevos programas Cuna Más en etapa de implementación y se espera que inicie su trabajo en julio. Por ahora, continuando con el trabajo de Wawa Wasi, atiende en dos sedes: Zona sur, 1620 niños (Yunguyo, Chucuito, El Collao y Puno) con 17 comités de gestión a los que mensualmente destina S/. 8,900. Y Zona norte, 1,868 niños (San Román, Azángaro, San Antonio de Putina y Lampa) con 17 comités y un presupuesto de S/. 155 mil. Mientras que Pensión 65 todavía se encuentra en la fase de selección de beneficiarios
¿Cómo superar la pobreza? Si bien, las cifras y números que damos a conocer resultan convincentes, cabe preguntarse cómo están contribuyendo al crecimiento económico de las poblaciones, como condición necesaria, aunque no suficiente, para reducir la pobreza. Juan Gonzáles, ex director de CARE Perú en Puno, señala que en términos de desarrollo es poco el aporte de los programas sociales, porque estos optan el enfoque asistencial. “Ciertamente han contribuido a reducir la desnutrición, pero como algo objetivo que favorezca al desarrollo no se ha logrado mucho. En ese sentido, estos programas deberían crear condiciones para un trabajo sostenible, con el fin de que la población genere sus propios ingresos y garantice su mejor calidad de vida”. Gonzáles también destaca, la falta de articulación entre los programas y la falta de coordinación con los gobiernos locales y regionales. “Todos los programas tienen un mismo objetivo que es reducir la pobreza, pero cada uno trabaja por su lado, y ni qué decir de los gobiernos locales que son los últimos en enterarse”. Sin embargo, desde los programas sociales sostienen que la falta de presupuestos es una constante limitación en su trabajo. Por ejemplo, Oscar Meléndez, supervisor zonal de FONCODES Puno, indica: “El tema financiero nos impide atender más localidades, pero esto se viene superando. Para el próximo año ejecutaremos proyectos productivos y económicos para que la población rural tenga oportunidad de crear fuentes de trabajo en su propio terreno, acompañando los proyectos de infraestructura”. Mientras que Enrique Oblitas, jefe zonal del PRONAA Puno, refiere: “El tema presupuestal y personal, es nuestra mayor dificultad, porque no estamos al 100% en el campo para verificar la distribución diaria de los
”Para que los programas sociales sean efectivos, deben trabajar en función del enfoque de gestión por resultados”, indica Carmen Sacco, de la MCPLCP Puno. alimentos. Sólo tenemos 5 supervisores para toda la región, y por ello, tenemos que recurrir a la Dirección Regional de Educación para el monitoreo y verificación de la entrega de los alimentos”. Desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en Puno, Carmen Casso, indica que: ”Para que los programas sociales sean efectivos, deben trabajar en función del enfoque de gestión por resultados que tiene cada uno de ellos, ahora ya no se debe pensar en los insumos, sino en los resultados que se quiere obtener”. Así, la realidad muestra que muchos de estos programas son implementados sin un diseño adecuado que si bien tienen logros positivos en términos de reducción de pobreza, no compensan el débil impacto del crecimiento económico en las poblaciones de extrema pobreza. En conclusión, sostienen nuestros entrevistados, el gobierno actual dentro de la política de inclusión social que viene impulsando, debería reorientar estos programas para superar el tema del asistencialismo, creando oportunidades de desarrollo y capacidades económicas en las poblaciones beneficiarias. Ya la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, en una anterior entrevista a Cabildo Abierto, reconoció estas falencias. “El primer desafío será ponerle el rostro rural a los programas porque el grueso de ellos, han sido pensados y diseñados como si los usuarios vivieran en ciudades”, indicó. Esperemos que este nuevo rostro contribuya a superar las falencias y se conviertan más bien en oportunidades de desarrollo. Al cierre de edición nos llega el anuncio de la Ministra Trivelli, que el PRONAA sólo funcionará hasta fin de año y que se creará una nueva iniciativa de alimentación escolar, llamada Qali Warma. Quizá estos sean los cambios necesarios para mejorar esta problemática.
Desde el rincón
¿Interdicción sin alternativas? Ana María Pino Jordán
A
lan García ganó las elecciones el 2006 criticando la gestión de Alejandro Toledo, pues el “chorreo” no llegó a las grandes mayorías. García prometió que la situación cambiaría y ofreció, para salir elegido, la creación de empleo entre otras políticas; no obstante, el Estado dedicó sus recursos a grandes proyectos y a mantener, a como diera lugar, las cifras macroeconómicas. El 2011, Ollanta Humala fue elegido con el lema “crecimiento con inclusión social” porque para el Estado, el grueso de peruanos casi ni existe y aparentemente, los “índices” continúan siendo la prioridad de los gobernantes. En el interior del país, la población ha tenido que vérselas con sus propios medios para proveerse de recursos económicos. Es así como la informalidad –contrabando, minería ilegal, narcotráfico–, ha crecido a vista y paciencia del Estado. Pero no sólo ha crecido sino que ha encubierto pobreza, conflictos sociales y crecimiento en términos formales; es decir, ha dado una ilusoria sensación de bienestar y crecimiento. La emergencia de los pueblos y su reclamo frente al deterioro ambiental, ha hecho que el gobierno implemente la interdicción de la minería informal. Es decir, trata el problema pero omite la problemática. Sin embargo, no basta reprimir una actividad; hay que considerar que mucha gente vive hoy de ella. Fue alternativa de solución a sus problemas económicos y sin ella, tiene que buscar otras. Si el Estado aspira a que estas otras sean formales, tendría que incentivarlas y darles un acceso amable a la formalidad, entre otras acciones que cierren su cadena productiva. De lo contrario, la conflictividad social seguirá aumentando.
12 // Junio 2012 - CABILDO ABIERTO
Entrevista
“Pocos congresistas somos conscientes de los problemas de nuestras regiones” ¿
Cómo evalúa su labor como Congresista de la República?
Ha sido difícil en un primer momento. No me ubicaba bien en el trabajo de las comisiones, pero ahora ya he aprendido. Ya sé cómo es la dinámica y por dónde aportar. En la actualidad soy titular de las Comisiones de Pueblos Andinos, Agraria y de la Mujer. En todo este tiempo he venido realizando actividades pensando de qué manera atenderemos las necesidades del pueblo. Desde afuera yo decía: “Yo puedo hacer esto y aquello”, pero una vez en el Congreso me di cuenta que es necesario buscar acuerdos con otros congresistas, pero a veces ellos no están de acuerdo con mis propuestas, entonces los proyectos no salen. ¿Cuánto ha avanzado en su compromiso de trabajo como congresista por Puno? En su campaña electoral habló de seguridad alimentaria y contaminación ambiental.
Claudia Coari, ex dirigente campesina y ahora congresista por Puno por el Partido Nacionalista. Es la única mujer de la bancada puneña. En esta entrevista responde sobre los avances y críticas a su labor congresal, y sobre su experiencia de representar a la población desde el cargo público.
Christian Reynoso
Cuando entré al Congreso he promovido la Ley de Consulta Previa y la hemos logrado. Mi otro compromiso era con respecto a la soberanía y la seguridad alimentaria. Por el momento tenemos dos iniciativas, el Proyecto de Ley 00976 y el 00077. Además he presentado un proyecto de ley promoviendo la no contaminación del lago Titicaca. Otra iniciativa está referida a las heladas para que las autoridades prioricen y prevengan sus efectos. ¿Cómo evalúa el trabajo de la bancada puneña? Hay algunos congresistas como Francisco Ccama y Emiliano Apaza, que no han presentado un solo proyecto de ley.
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Reseña Seguramente ellos reflexionarán sobre lo que tienen que hacer. Pocos congresistas somos conscientes de los problemas de nuestras regiones. Eso lo puede ver la opinión pública. Por eso yo pediría al pueblo que elija y dé confianza a personas que puedan hacer algo. Además, este no es un problema sólo de Puno, sino a nivel nacional. Se le ha criticado por firmar Proyectos de Ley que no beneficiaban a Puno. Luego se rectificó pero quedó la impresión de que su equipo de asesores no es el más eficaz. ¿Qué lección ha sacado? Eso pasó cuando recién iniciaba la gestión. Ciertamente, la lección es que las leyes son para revisar. Hay congresistas que llevan muchos años aquí y manejan muy bien los procedimientos y otros que son nuevos, como yo, que nos desubicamos al comienzo. Luego de las críticas me di cuenta y retiré mi firma. Soy consciente de que fue una mala experiencia de la que he aprendido. En cuanto a los asesores, a veces es fácil criticar pero hay que tener en cuenta que ellos no van estar todo el tiempo con nosotros. En mi equipo no hay personas novatas, ellos y yo hemos recorrido mucho en las organizaciones sociales. Ellos están aquí ayudándome y conocen la realidad de Puno y los problemas que le afectan. En Puno hay temas sensibles que no reciben soluciones concretas, como la minería informal, la contaminación de las cuencas Suches y Ramis, el rechazo a la hidroeléctrica de
Los mineros deben formalizarse y garantizar a las comunidades que no van a contaminar más.
Cerrón Palomino y la lengua aimara Leonidas Ramos
Inambari. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas y de qué forma los está canalizando? En el tema de Inambari debemos conversar y escuchar las propuestas de los técnicos y de la propia población. En el caso de la minería informal, por supuesto que no es posible que esté contaminando las aguas de los ríos que sirven para los animales y la población. Los mineros deben formalizarse y garantizar a las comunidades que no van a contaminar más. Finalmente, ¿qué nos puede decir sobre la gestión del Presidente Ollanta Humala? La percepción es que se está “derechizando”. ¿Qué opina? La promesa del Presidente Humala de inclusión social para los más necesitados es un gran acierto. Todavía no se ha cumplido en todas las comunidades del país pero habrá que esperar y ver cómo lo va a hacer. Él quiere cambiar muchas cosas pero quizá no lo está haciendo rápidamente.
Coari indica que es un gran acierto la inclusión social que viene promoviendo el presidente Humala pero que “quizá no lo está haciendo rápidamente”.
“
Estudios sobre lenguas andinas y amazónicas” publicado por el Fondo Editorial de la PUCP, es un libro homenaje a uno de los principales lingüistas del Perú: Rodolfo Cerrón Palomino, gran estudioso de la lingüística quechua, aimara y amazónica, además de experto en historia lingüística. El texto es una colección de veintiún artículos escritos por ex alumnos, colegas y amigos de Cerrón, ordenados en tres secciones: Las lenguas andinas; las lenguas amazónicas; y el castellano andino y de contacto. Dos de los artículos son valiosos aportes sobre la lengua aimara. Uno de ellos “Dinámica sociolingüística y vitalidad etnolingüística: Quechua y aimara peruanos del siglo XXI” de Ana María Escobar, que demuestra cómo las dos lenguas están sufriendo procesos importantes –aunque no suficientes– de revitalización a lo largo del país, ello gracias al trabajo que viene haciendo el Estado a través de políticas lingüísticas y también al uso y difusión a través de las redes comunicativas de la sociedad. El otro es “Enterrando el esqueleto quechumara” de Paul Heggarty, que es una evaluación sobre la naturaleza de la relación entre las familias lingüísticas quechua y aimara.
Estudios sobre lenguas andinas y amazónicas Williem F. H. Adelaar, Pilar Valenzuela Bismarck y Roberto Zariquiey Biondi (Editores) Fondo Editorial PUCP 2011 476 pp.
14 // Junio 2012 - CABILDO ABIERTO
Historia
La encomienda de Puno en 1550
[Segunda Parte]
La primera “tasa” de la encomienda de Puno fue elaborada en 1550, como parte de la regularización de las obligaciones laborales y tributarias que los pobladores indígenas de los Andes debían a sus encomenderos. Ocurrió cuando el incipiente Estado colonial estuvo brevemente dirigido por el “pacificador” Pedro de la Gasca (1548-1550). Para ese entonces la encomienda Puno tenía ya 15 años de haber sido concedida por el Gobernador Francisco Pizarro al conquistador Gómez Mazuelas. Desde 1535 la población aimara y uro de ese sector del antiguo reino pre-incaico de los Collas había entregado bienes y servicios a Mazuelas sin limitaciones legales. Los caciques de Puno y su encomendero debieron negociar cada año esas transferencias y tratar de mantener en equilibrio un sistema de dominación que, en última instancia, dependía de la capacidad de supervivencia de las comunidades indígenas afectadas. En el número anterior de la revista nuestro colaborador Nicanor Domínguez nos presentó el contenido de la “tasa tributaria” de 1550. En esta oportunidad discute algunas de sus implicancias.
E
Nicanor Dominguez Historiador especializado en los Andes coloniales.
n 1971 el historiador francés Nathan Wachtel propuso el concepto de “desestructuración” para explicar los profundos cambios ocurridos tras la Invasión y la Conquista de los Andes por los españoles en el siglo XVI. Partiendo del estudio de las “estructuras” socio-económicas y político-religiosas utilizadas por el Imperio de los Incas para ejercer su control y dominio sobre las distintas sociedades pre-incaicas andinas, Wachtel apuntaba a cómo las nuevas exigencias de los conquistadores provenientes de
Los conquistadores españoles no practicaban la “redistribución” con sus subordinados indígenas.
Europa, basadas en otras formas distintas de organizar la economía y la vida social, destruyeron esas “estructuras” indígenas sin poder reemplazarlas apropiadamente. El relativo equilibrio de las relaciones de dominación ejercidas por los Incas dio paso, tras la violencia de la Conquista, a un nuevo sistema de dominación en el que los mecanismos de explotación de recursos y control de la población exhibían descarnadamente las desigualdades y el abuso. Los mecanismos básicos de la economía indígena prehispánica se originaban en las relaciones de parentesco -reales y consanguíneas, así como ampliadas y simbólicas- que funcionaban al interior de las comunidades conformantes
de los grupos étnicos andinos. La “reciprocidad” regulaba el trabajo mutuo intra-comunal y la “redistribución” permitía la concentración de recursos por las élites dirigentes y su reasignación como forma de legitimar la desigualdad socio-económica al interior del grupo (“reciprocidad asimétrica”). Los Incas, formando alianzas y convirtiéndose en parientes de los líderes de los numerosos grupos étnicos asimilados y/o conquistados de su Imperio, pudieron movilizar mano de obra a una escala nunca antes vista en los Andes. Para que su sistema de dominación funcionara, los Incas debían practicar constantemente la “redistribución”, la “generosidad forzosa permanente” que les permitía continuar imponiéndose sobre sus súb-
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ditos al mantener y manipular los mecanismos básicos de la economía indígena prehispánica. Los conquistadores españoles, que no practicaban la “redistribución” con sus subordinados indígenas, exigían una entrega constante de bienes y servicios, sin necesariamente participar en el antiguo sistema de “generosidad forzosa” que legitimaba culturalmente la dominación y las desigualdades de la época incaica. Pese a que la mayoría de los encomenderos del siglo XVI parecen haber practicado una explotación intensiva, abierta y descarnada de sus encomendados, especialmente en las décadas de 1530 y 1540, cuando no existía un sistema judicial colonial suficientemente establecido como para amparar las quejas de los indígenas y suspender legalmente el disfrute de los tributos en los casos de abuso más flagrantes, también existe evidencia de casos contrarios. Es decir, el de encomenderos que habrían podido engarzarse en ciertas formas de “reciprocidad” con los “caciques” de sus encomiendas y negociar así formas de dominación que resultaran más tolerables y acordes con las formas culturales indígenas. No sabemos si el encomendero de Puno, Gómez Mazuelas, haya podido ser un encomendero “abusivo” o un encomendero “negociador” y hasta “aculturado”. La falta de documentación temprana nos impide saber si sus encomendados se quejaron alguna vez ante las autoridades y jueces coloniales del trato que se les daba. Sabemos, en cambio, que la “tasa” de 1550 fue en realidad una etapa en un proceso más prolongado de cambio histórico de las formas de explotación al inicio de la Época Colonial. Nathan Wachtel, comparando cuatro casos de encomiendas tempranas (Chucuito en el Altiplano, el valle de Yucay cerca del Cuzco, Huánuco en la Sierra Nor-Central y Huaura en la Costa Central), llegó a las siguientes conclusiones: “Se impone una primera constatación: la condición de los indios parece mucho más favorable bajo la administración real (Chucuito, Yucay), que bajo el régimen [privado] de encomienda (Huánuco, Huaura). Es cierto que en Chucuito, a partir de 1559, el tributo se torna cada día más pesado, situación que resulta del desarrollo de la producción minera en Potosí, la región [del Altiplano] desempeñaba así el rol de un depósito de
mano de obra; hasta entonces el tributo había sido relativamente moderado en esa zona. [...] Generalmente, el encomendero piensa sobre todo en sacar provecho de los indios que le son confiados, mientras que la Corona debe velar, teóricamente, por la suerte de todos sus súbditos” [‘Sociedad e Ideología’, Lima: IEP, 1973, p. 120]. “Cronológicamente, se manifiesta una evolución en las diferentes formas de tributo (aunque de manera confusa e irregular): “1. De 1532 a 1548 (hasta el final de las guerras civiles): no hay tasa oficial que fije las obligaciones de los indios; como lo afirman los testigos [de los documentos] de Yucay, continúa el sistema anterior, simplemente los españoles sistituyen al Inca [como beneficiarios del trabajo indígena]. Pero esta continuidad no comporta por eso menos elementos de ruptura: el encomendero impone el despotismo, no se contenta con el beneficio del trabajo de los indios y exige además productos en especies, ya sea agrícolas (no sólo maíz [cultivo indígena], sino también trigo [cultivo europeo]), o artesanales (no solamente teji-//dos, sino además artículos hechos con fibras de agave [= maguey], arneses [para caballos], etc.). “2. De 1549 a 1570 aproximadamente: bajo la presidencia de La Gasca, hacia 1550, se oficializan [= regularizan] las primeras tasas oficiales; generalmente estas comportan además de la leva de “mitayos” [= mano de obra rotativa] numerosas obligaciones diversas: maíz, trigo, papas, carneros, cerdos, aves de corral, huevos, pescado, frutas, coca, sal, tejidos y objetos artesanales diversos, etc.; a menudo los indios no producen tal o cual artículo y tienen que procurárselo por trueque. A partir de este período, aparecen algunas obligaciones [de pago del tributo] en plata, pero su monto es todavía muy limitado con respecto al resto del tributo. Sin embargo, las tasas evolucionan poco a poco en el sentido de una simplificación de los pagos (desaparición de los artículos de interés secundario, tales como aves de corral, huevos, pescado, etc.), con el aumento del tributo en plata (que siempre es la menor parte del tributo). “3. Década de 1570: el virrey Toledo sigue una política de uniformización del tributo y aplica nuevas tasas después de la visita general que ordena para todo
No sabemos si el encomendero de Puno, Gómez Mazuelas, haya podido ser un encomendero “abusivo” o un encomendero “negociador” y hasta “aculturado”. el Perú. Aunque todavía incluye trigo, maíz o tejidos, así como la entrega de “mitayos”, el tributo en plata se hace predominante” [pp. 120-121]. “Aquí surge una pregunta fundamental: ¿qué representa el tributo español con respecto al tributo incaico? Cuantitativamente se nos escapan las medidas exactas. Sin embargo, hemos encontrado en Huánuco, Chucuito o Huaura un hecho lleno de consecuencias: los españoles se apropiaron de las tierras del Inca y del Sol, reservadas en otros tiempos para el tributo: el resultado es que el peso de éste se encuentra transferido a las tierras comunitarias de los indios. A menudo, las tasas mismas, tanto bajo La Gasca como bajo Toledo, confirman explícitamente que los contribuyentes deben cosechar sus obligaciones de maíz o trigo en sus propias tierras. Es cierto que luego de la caída demográfica, los indios son menos numerosos y que, generalmente (a pesar del ejemplo de Huaura), no les faltan tierras (aunque hayan perdido las mejores); pero, por el hecho de ser menos numerosos tienen más trabajo. Por eso no sorprende que el tributo español parezca mucho más pesado que el tributo incaico” [p. 122]. “Es sobre todo cualitativamente que se ve arruinada la ideología que justificaba el sistema incaico: en el mundo dominado por los españoles no tienen sentido las nociones de reciprocidad y de redistribución o, para ser más exactos: el sistema español utiliza aspectos del antiguo sistema. La reciprocidad desempeña todavía un papel en las relaciones entre el “ayllu” y los “curaca”, y éstos aseguran la relación con los nuevos amos; mientras que la reciprocidad daba lugar a una // rotación de riquezas (ficticia o desigual) entre el “ayllu”, el “curaca” y el Inca, la dominación española provoca una transferencia de los bienes en sentido único, de los indios a los españoles sin contraparte” [pp. 123-124].
ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN SER “Juan Bustamante y los límites del liberalismo en el Altiplano: La rebelión de Huancané (1866-1868)” Nils Jacobsen, Nicanor Domínguez El libro está estructurado en dos capítulos principales que dan cuenta de la biografía de Bustamante además de los conflictos políticos en el Altiplano peruano en la segunda mitad del siglo XIX.
“Municipalidades distritales rurales del Altiplano. Los nudos de la política local” Patricia Quiñones Comprender los procesos que atraviesan las municipalidades, sus autoridades y funcionarios, en el contexto del proceso de descentralización es una tarea fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática de las zonas rurales el país.
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