Retablo N° 48 by Noticias SER

Retablo

Año 07///Nro. 48 COSTO Ayacucho S/. 1.00 Lima S/. 1.00 Ayacucho, Noviembre 2012

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Sin rumbo claro

Presidente regional se salva de vacancia pero críticas a su gestión y eﬁciencia en el gasto presupuestal continúan.

Entrevista a Juana Huancahuari:

“Los pobladores tienen derecho a saber cuánto dinero ejecuta el PESCS”

Pag. 14

Editorial

ayacucho / noviembre 2012 / nro. 48 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Ricardo Caro Enma Díaz Rosa Montalvo Felix Palomino Director Javier Torres Seoane Editores Omar Rosel Christian Reynoso Columnistas Percy Rivas Celina Salcedo Yuber Alarcón Colaboradores Maricela Quispe Félix Reátegui Guido Chati Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica Fotografía Asociación SER Distribución, ventas y publicidad Ayacucho: Ingrid Mesías 066 319428 – 995053967 Lima: Rosario Arévalo. 01 4727937 - 995053868 Retablo es una publicación de la Asociación SER. Lima: Jr. Mayta Capac 1329 - Jesús María 01 472 7937 / www.ser.org.pe Ayacucho: Urb. María Parado de Bellido - Mz J Lt 4 066 319428 / serayacucho@ser.org.pe Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

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w w w. n o t i c i a s s e r. p e Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Editorial

poco menos de dos meses de culminar el año fiscal 2012, se vuelve a poner en cuestión la capacidad de gestión presupuestal del Gobierno Regional de Ayacucho, ya que según el MEF, sólo ha ejecutado, hasta inicios del mes de noviembre, el 47.7% de los cerca de 300 millones de nuevos soles que posee para inversiones. Problema que es común a otros niveles de gobierno, pero que en el caso de nuestra región se agrava por los constantes cambios en la conducción de las gerencias responsables. En ese sentido, en el poco tiempo que queda de este año, la instancia regional deberá gastar poco más de 177 millones de nuevos soles, lo cual es imposible. Este resultado no era imprevisible ya que, como sabemos, el Gobierno Regional no dispone de un cuerpo de funcionarios cuyo trabajo ayude a destrabar los cuellos de botella en la ejecución presupuestal, tema que no sólo tiene que ver con el Sistema Nacional de Inversión Pública sino también con los procedimientos lentos y engorrosos que no facilitan la gestión. Aunque ese problema ya no sea una novedad y más bien se venga arrastrando desde hace años. Sin embargo, se asume que las instancias gubernamentales no deben devolver dinero al fisco nacional, lo cual lleva a que en el último bimestre de cada año se busque ejecutar gran parte del presupuesto. Este apremio lleva a que un gran porcentaje del presupuesto público regional termine siendo mal asignado y ejecutado, o que se “gaste por gastar” con el único objetivo de no perder el dinero. Muestra de ello es que en las últimas semanas se han discutido propuestas para declarar en situación de emergencia el canal del río Cachi, saltándose los procesos de selección de adquisiciones y contrataciones del Estado; o la ejecución de obras no planificadas como el anuncio del presidente regional Wilfredo Oscorima de construir la nueva infraestructura del colegio Mariscal Cáceres, todo con la finalidad de acelerar el gasto público. En una región como Ayacucho -que posee indicadores sociales e índices de pobreza muy preocupantes-, es imprescindible garantizar la calidad de la inversión pública, y para ello se requiere no sólo contar con funcionarios eficientes y procedimientos fluidos, sino además una burocracia estable, que no dependa de los vaivenes políticos de los sucesivos gobiernos regionales que nunca han tenido un plan de gobierno que promueva el desarrollo de Ayacucho. Si eso no ocurre, la región seguirá estancada y lamentándose de los malos gobernantes que suele elegir.

Análisis Político

Los límites de la política regional S

i bien, los esfuerzos del ex gerente alcanzaron el 46.4% del gasto, la razón que determinó su alejamiento fue un correo electrónico filtrado a un asesor de José Urquizo que ponía de manifiesto un plan de copamiento del congresista al interior del gobierno regional que le permitiría realizar acciones proselitistas a espaldas del presidente Wilfredo Oscorima, quien ni corto ni perezoso, desplazó a Palomino del cargo, mandándolo a la lista de asesores presidenciales en virtud de mantener la alianza con Urquizo. Así, los primeros días de octubre, el cargo de la gerencia recayó en Alejandro Córdova La Torre, ex comisionado para la Paz y Desarrollo de Ayacucho y conocido político vinculado primero al fujimorismo y ahora al nacionalismo. Córdova se convierte en el sexto gerente general en menos de dos años de la gestión Oscorima.

El intento de Carlos Palomino como gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, de revertir la limitada ejecución presupuestal de la actual gestión duró sólo tres meses y medio. El presidente Oscorima le retiró la confianza por no cumplir con elevar la ejecución a un 50% del gasto cuyo monto total es 290 millones de nuevos soles en el presente año.

Félix Palomino

Córdova ha declarado que tiene dos objetivos: Levantar la ejecución presupuestal y la lucha contra la corrupción. También se está encargando de realizar una evaluación a los gerentes de línea y funcionarios para realizar algunos cambios que le den mayor soporte técnico a su gestión. Asimismo ha puesto una nueva cara para la relación

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Análisis Político

Sara Sara; Pacapausa y San Francisco de Ravacayco en la provincia de Parinacochas; Huacaña en Sucre; Canaria en Víctor Fajardo; Paras en Cangallo; Sacsamarca en Huancasancos y Sancos en Lucanas. Este escenario nos muestra la alta movilización política que se da en el ámbito local en torno a la gestión municipal. Conflictos, más de lo mismo

Alejandro Córdova, es el sexto gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, en menos de dos años de la gestión Oscorima. Tiene un reto enorme: Superar la ejecución presupuestal para fin de año.

con la sociedad civil, lo cual va a oxigenar en parte las críticas a la gestión regional.

disponiendo el traslado de la solicitud de vacancia presentada.

Vacancia de Oscorima

El pedido se sustenta en el viaje que hizo el mandatario regional a los Estados Unidos entre el 28 de julio y el 5 de agosto pasado, que, al parecer, no fue autorizado previamente por el Consejo Regional. Este hecho, sumado al escándalo por la compra de maquinarias bajo procesos poco transparentes se ha convertido en el talón de Aquiles de Oscorima. Sin embargo, el día miércoles 7 de noviembre, el Consejo Regional decidió dar por concluido el tema, declarando improcedente el pedido de vacancia, al considerar que lo ocurrido no tipifica como causal de vacancia. Los detractores han quedado inconformes con la decisión.

La gobernabilidad en la región se ha visto afectada, por la solicitud de vacancia contra el presidente regional Wilfredo Oscorima, presentada por Yolanda Castillo Orcasitas, vice presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), al Consejo Regional de Ayacucho. Ante este pedido, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido el Auto Nº 1 referido al Expediente Nº J-2012-01287, señalando que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del JNE,

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Algo similar ocurre en el nivel local, donde el alcalde de San Juan Bautista, Wilber Torres, se encuentra a la espera de la Sesión de Concejo donde se decidirá si procede su vacancia ya que habría consignado una dirección falsa para demostrar su residencia efectiva cuando fue candidato en el 2010. Asimismo, el JNE ha aceptado el pedido de vacancia del alcalde de Jesús Nazareno, Florentino Zapata, por haber consignado información falsa en su hoja de vida. Revocatorias A esto se suma la reciente revocatoria de 9 alcaldes y 53 regidores de la región. Los alcaldes revocados pertenecen a los distritos de San José de Ushua y Corculla en la provincia de Páucar del

“La gobernabilidad en la región se ha visto afectada, por la solicitud de vacancia contra el presidente regional Wilfredo Oscorima”

Los conflictos por demarcación territorial han sido los más frecuentes en los últimos meses en la región Ayacucho. Esta vez, los problemas se han desatado entre las comunidades sureñas de Huallhua (Páucar del Sara Sara) y Huancute (Parinacochas), ante la presencia de la empresa minera Suyanmarca Qellopata. Las negociaciones han sido conducidas por la Mesa de Prevención y Gestión de Conflictos, a pesar de sus diversas limitaciones. Otro conflicto ha sido el protagonizado por los pobladores de la comunidad 8 de Diciembre del distrito de Vinchos que impidieron el ingreso de los trabajadores de Transportadora de Gas de Perú (TGP) a la zona donde se había detectado una fuga de gas. Las distintas demandas comuneras afectadas por el proyecto Camisea estuvieron articuladas a través del Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (FREDCOM) que

Análisis Político

ha planteado que la negociación entre las comunidades y la empresa no sea de manera individual sino a través de una mesa de diálogo distrital. Siguen los enfrentamientos en el VRAEM El ataque de una columna del llamado camarada “Gabriel” al campamento de TGP en Kiteni el 6 de octubre, donde quemaron tres helicópteros y la emboscada y asesinato de dos efectivos en Cielo Punku el 12 de octubre, volvieron a poner en evidencia la falta de una estrategia contrasubversiva en el VRAEM, y la ampliación del radio de acción de los remanentes de Sendero Luminoso liderados por los hermanos Quispe Palomino. A ello se suma, la muerte de la niña Zoraida Caso en el operativo de las fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército en Ranrapata, pobla-

“La revocatoria de 9 alcaldes y 53 regidores de la región nos muestra la alta movilización política”

do de la selva de Junín en la zona del VRAEM, que ha sido calificado como un atentado a los derechos humanos y que visualiza de manera alarmante la vulnerabilidad de la población. El contexto regional descrito, nos da cuenta de la coyuntura y permanente debilidad de la representación política que los ayacuchanos y ayacuchanas enfrentamos cada día. Al parecer, quienes han empezado a sacar provecho de este escenario son aquellos que han venido presentando diversas propuestas de corte populista y autoritario, que en este año han adquirido mayor notoriedad en la región. Nos referimos, por ejemplo, a las que profesa el general retirado Edwin Donayre que ya ha lanzado su movimiento político Desarrollo Integral Ayacucho (DIA) y al senderista MOVADEF que ha mostrado tener una presencia en distintos espacios sociales de la región.

Opinión

Entre líneas Percy Rivas Ocejo

Un regalo, una firma

dos años de las últimas elecciones regionales, la página de la ONPE indica que existen 31 movimientos en Ayacucho en proceso de inscripción. De igual forma, en las últimas semanas se ha observado que aspirantes a candidatos y promotores de estas organizaciones han salido a las calles de la ciudad a captar firmas de adherentes, o bien a visitar ferias distritales y provinciales, apadrinando fiestas patronales y deportivas, donde reproducen -en forma práctica- el asistencialismo, entregando regalos y dádivas, y dejando de lado el debate sobre el desarrollo de la región, con lo cual no contribuyen ni a fortalecer la democracia ni mucho menos a darle altura al quehacer político. Esperamos que estas manifestaciones sólo sean parte del “calentamiento electoral” y a medida que se aproxime el 2014 el debate se centre en propuestas y alternativas de solución a los principales problemas regionales. Por otro lado, la inexistencia de liderazgos políticos a nivel regional y nacional está permitiendo el avance de sectores radicales, que incluso organizan y se atreven a lanzar campañas internacionales para buscar su reconocimiento ante el Jurado Nacional de Elecciones, buscando dejar en el olvido las atrocidades cometidas con una supuesta amnistía general.

El JNE ha aceptado el pedido de vacancia del alcalde de Jesús Nazareno, Florentino Zapata, por haber consignado información falsa en su hoja de vida.

Este escenario -y lo que viene ocurriendo en nuestra región- debe motivar a los actores sociales y políticos a promover un debate programático, haciendo uso de los instrumentos que la democracia otorga. También, la población y la sociedad civil debería darse cuenta que los regalos que ofrecen los promotores de los movimientos políticos no van a solucionar los problemas por los que atravesamos todos los peruanos y peruanas.

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Entrevista Política

“El maestro rural tiene una carga laboral que hay que reconocer” ¿

La propuesta de la Ley de Reforma Magisterial ayudará a mejorar la calidad educativa en nuestro país?

Patricia Ames, doctora en antropología de la educación e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realiza un análisis de la propuesta de Ley de Reforma Magisterial que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso de la República, la misma que es rechazada por el magisterio. Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

La propuesta o cualquier otra ley de esta naturaleza debe ser examinada y analizada para ver cómo interactúa con otras variables. No debe olvidarse que el maestro es un actor imprescindible y creo que se le está exigiendo más allá de su rol. Para que el maestro pueda educar, requiere de condiciones tanto adentro como afuera de la escuela, como materiales e infraestructura que faciliten su labor educativa. Esta propuesta de ley, ¿reconoce el rol central del profesor? Hay un intento muy claro de construir una carrera docente meritocrática, donde los docentes que se esfuercen serán reconocidos y valorados social y económicamente por sus mejores logros de desempeño, interés y dedicación

a la carrera docente. Eso es un avance, pero debe ser con mecanismos que hay que precisar. ¿La ausencia de mecanismos claros genera que el sector docente rechace la Ley de Reforma Magisterial? Existe un espíritu gremial de antaño, pero no creo que los derechos del conjunto de profesores se vean negados por incrementar el reconocimiento de los que mejor se desempeñan. Además, para los docentes debe existir un piso básico salarial decente. Y que los premios a la dedicación y los aumentos adicionales sean en función del perfeccionamiento y la calidad. ¿Cree que un docente que no apruebe en varias oportunidades el examen de evaluación debe ser separado del magisterio? No necesariamente, pero se debe ver cómo y qué tipo de evaluaciones se realizará.

Entrevista Política

Creo que está fallando la comunicación de la ley, en el sentido de que no hay mucha claridad sobre los mecanismos de evaluación. Todos los profesionales tienen la capacidad para perfeccionarse y hay que evaluarlos no sólo mediante un examen sino con un conjunto de indicadores de desempeño social y comunitario. Si el docente sale mal en una prueba y no ha tenido una oportunidad para renovar su formación, sería injusto separarlo porque se le estaría pidiendo más de lo que el sistema le ha dado. ¿Por qué los docentes perciben estas evaluaciones como una amenaza? Hay una falta de diálogo político entre los docentes y el sector educación. Los maestros se sienten muy vulnerables y no saben a qué atenerse, porque los criterios y mecanismos no están claros; aunque también debemos aprender a ajustarnos a los cambios porque siempre hay nuevas demandas y necesitamos actualizarnos, en especial si pensamos en los beneficiarios que son los estudiantes. ¿Por qué el gobierno no hizo partícipes a los representantes del gremio docente en la elaboración de esta propuesta? Eso sorprende mucho y parece un error político, porque dentro de un conjunto de aspectos como la propuesta intercultural y el marco curricular de aprendizaje, el sector educación ha tomado una postura participativa y

Calidad Educativa

“Si el docente sale mal en una prueba y no ha tenido una oportunidad para renovar su formación, sería injusto separarlo”

¿Por qué el Perú tiene una baja calidad educativa? Un elemento es que el Estado ha dejado de ver a la educación como una de sus responsabilidades para con la sociedad. La educación pública se ha ido convirtiendo en un servicio para quienes no pueden pagar una educación privada y se ha tergiversado un poco su sentido. Asimismo, la inversión en la educación pública, a lo largo del siglo XX se ha reducido. Esto ha provocado que haya menos infraestructura, profesores mal pagados, mientras que el alumnado aumentaba. Docentes ayacuchanos en contra de la Ley de Reforma Magisterial protestan en la plaza de Armas de Ayacucho.

convocó a mucha gente para consultar los documentos y recoger sus voces. Pero en esta ley, que es central y pilar para el despegue del sistema educativo, ha fallado y no ha hecho que se involucren los principales interesados que son los maestros y sus gremios. No sé si hubo un temor por dialogar con estas organizaciones, pero este error debe subsanarse. ¿Qué aspectos positivos se puede destacar de la reforma? El tema de los méritos, unificar las normas, y crear un solo régimen, porque con la Ley del Profesorado y la Ley de Carrera Pública Magisterial, la gestión se hace insos-

tenible. Asimismo, la nueva propuesta de ley busca clarificar la remuneración y realizar un ordenamiento laboral. Otorgar un tratamiento especial a los docentes de zonas rurales y de frontera, ¿es la mejor manera de mejorar la educación en el ámbito rural? Creo que es muy acertada la bonificación que contempla esta ley para docentes de zonas rurales y de frontera, porque para estos maestros aquello les supone un esfuerzo mayor en términos económicos, sociales y personales que debe ser compensado. Hay que entender que el maestro rural tiene una carga laboral mayor que hay que reconocer.

¿Cómo ve la gestión del Presidente Humala respecto a la educación? El gobierno ha identificado la importancia de la educación para el proyecto de país y también problemáticas específicas como por ejemplo, que la educación no debe ser monolítica, poniendo énfasis en la educación intercultural, ya que hay que dialogar con las culturas, con la diversidad y la ruralidad. Pero lo que sí preocupa es que no se revierta la concepción de que la educación pública es para los más pobres, cuando ésta debería ser para todos y además de muy buen nivel. Eso falta establecerse con fuerza.

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Desarrollo

El sueño del gas barato

a primera semana del mes de setiembre, el Gobierno Regional de Ayacucho firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para la instalación de una Planta de Gas Natural Comprimido (PGNC) en la localidad de Toccto del distrito de Chiara, a 20 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Esta planta permitirá masificar el gas natural y pondrá a disposición de la población ayacuchana un gas más económico. El presidente regional Wilfredo Oscorima, así como Celestino Romín, secretario técnico de la Comisión Multisectorial por la Defensa del Gas de Camisea, estiman que la Planta se terminará de instalar en 10 meses, aunque aún no se haya definido la fecha de inicio de los trabajos. Asimismo, ambos han anunciado que el balón de gas de 10 kilos costará 50% menos de su valor actual, es decir un promedio de 15 nuevos soles. Asimismo, han anunciado que se implementará el Fondo de Inclusión Social Energético que beneficiará a las familias más pobres a quienes se subsidiará algunos costos de la cadena de suministro.

En 10 meses, cuando se termine de instalar la Planta de Gas Natural Comprimido (PGNC) en Toccto, la ciudad de Ayacucho podrá tener gas a un costo más barato, esto como parte de la política de masificación de gas del gobierno nacional, y que es vista como una posibilidad para el desarrollo de Ayacucho.

Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Posteriormente, el 13 de octubre, Oscorima y el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, se reunieron en Lima para coordinar el trabajo conjunto en la promoción y aceleración del proceso de masificación del gas natural en Ayacucho. Clodoaldo Zaga, director regional de Energía y Minas de Ayacucho, destacó que la presidencia regional está realizando directamente el seguimiento a la implementación de este convenio.

Desarrollo

Hoy, a dos meses de la firma, el pre proyecto de la instalación de la planta ya habría sido remitido por PetroPerú al MINEM, instancia que en breve plazo deberá emitir su aprobación, para en seguida iniciar con la construcción. Así lo ha referido Celestino Romín. Y aunque, el MINEM esté manejando herméticamente la información relacionada con la planta de gas; extraoficialmente se conoce que su construcción demandará una inversión de 40 a 60 millones de soles. Romín también explicó que desde la Planta de Toccto se trasladará el gas natural vía cisterna a la ciudad de Ayacucho donde se instalará un tanque de distribución en la zona de Mollepata. Allí se embazarán los balones de gas para luego ser distribuidos a los grifos, a los transportistas, a la pequeña industria y a la población en general. Antigua demanda La demanda de una planta de gas natural para Ayacucho surgió en el 2007 y fue incluida en la denominada Agenda Wari que fue presentada al gobierno nacional en la gestión de Alan García; sin embargo, aquel año, según indica Carlos Alvíar, ex director del Centro

de Desarrollo Agropecuario, el MINEM realizó un estudio de factibilidad para la instalación de una planta; “donde se evidenció la reducida existencia de empresas y una población muy pequeña que consumiría el gas, con lo que se dilató el asunto y se olvidaron del tema”, explica. Ahora, la PGNC para Ayacucho se construirá como parte del Plan de Masificación del Gas que ha iniciado el gobierno nacional con Ollanta Humala, por ello que se han comprometido fondos públicos para su concreción. Bajo esta misma lógica se instalará otra planta en Rumichaca, en Huancavelica. El gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho, Alfonso Donaires, afirma que esta planta contribuirá al desarrollo económico y social de Ayacucho, porque con ello se desarrollará la industria local y hará que éstas sean más competitivas. “Los costos de producción se abaratarán y competiremos con otras regiones en mejores condiciones”. Mientras que Federico Vargas, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ayacucho, añade que se “generará valor agregado a nuestra producción”.

Convenio entre Gobierno Regional y MINEM

El convenio indica que el MINEM promoverá el suministro de gas natural y brindará asistencia especializada para desarrollar proyectos destinados a la instalación de redes de distribución de gas en las principales localidades de la región. El Gobierno Regional tendrá la responsabilidad de identificar las necesidades energéticas de Ayacucho, promover la posibilidad de la conexión domiciliaria en la red de distribución y mejorar las redes viales para acelerar el proceso de abastecimiento del gas.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino y presidente regional, Wilfredo Oscorima, celebran la firma del Convenio para la instalación de una Planta de Gas Natural Comprimido en Ayacucho.

Impacto ambiental

“Desde la Planta de Toccto se trasladará el gas natural vía cisterna a la ciudad de Ayacucho donde se instalará un tanque de distribución”

Hay un punto del que poco se ha hablado y es el que tiene que ver con los pasivos ambientales que podría generar la instalación de la PGNC. En apreciaciones de Celestino Romín, todo proyecto gasífero genera un impacto ambiental negativo, pero precisa que en este caso se deberá emplear tecnología que ayude a reducir los impactos y que el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar las mitigaciones a los posibles daños a la naturaleza. Ante ello, exhorta a que “la sociedad civil y la ciudadanía deberán estar vigilante en este tema”. Carlos Alvíar sostiene que se deben hacer uso de estándares de calidad interna-

cionales para que la planta no reporte fugas de gas con consecuentes daños ambientales. Al mismo tiempo, indica que el uso del gas natural reducirá la contaminación de la ciudad, especialmente si el parque automotor empieza a utilizarlo como combustible. Por lo pronto, queda esperar que este proyecto se concrete realmente en los próximos meses y no sea una promesa que si bien empieza con expectativa e ilusión para el desarrollo de nuestra región, termine diluyéndose en la burocracia o falta de voluntad política. En ese sentido, tanto las autoridades regionales como la sociedad civil ayacuchana deberán estar alertas y vigilantes en el cometido de que este proyecto sea una realidad.

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Informe

La pobreza en Ayacucho En Ayacucho el rango de la pobreza monetaria, oscila entre el 52.7% y 57.0%. Significa que más de la mitad de la población es pobre.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

66.4% - 71.4%

Porcentaje

La Mar posee el porcentaje más alto de pobreza: 72.2%. Parinacochas el menor: 50,6%.

Evolución de la pobreza

50.8% - 62.2% 47.3% - 62.1%

2007 Pobreza: 59.9% Pobreza extrema: 28.8%

Huanta

52.7% - 57.0% 42.7% - 55.2%

2008

2009

2010

2011

Fuente: Informe Ténico Evolución de la Pobreza 2007-2011, INEI 2012 Pobreza: 72.2% Pobreza extrema: 40.7%

Pobreza: 53.6% Pobreza extrema: 23.3%

La Mar

Pobreza: 66.8% Pobreza extrema: 34.2%

Huamanga Cangallo

Pobreza: 72.1% Pobreza extrema: 37.2% Pobreza: 64.6% Pobreza extrema: 31.1%

Víctor Fajardo

Vilcashuamán

Pobreza: 72.1% Pobreza extrema: 40.6% Pobreza: 60.3% Pobreza extrema: 28.6%

Huancasancos Sucre

Pobreza: 50.6% Pobreza extrema: 21.3%

Lucanas Pobreza: 54.7% Pobreza extrema: 24.2%

100

Parinacochas Páucar del Sara Sara

Pobreza: 53.9% Pobreza extrema: 24.7%

Huamanga

Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital del 2009, INEI

53.6% pobreza

23.3%

extrema pobreza

Elaboración: Omar Rosel / Cate De La Cruz. Fuentes: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, INEI, 2009 / Evaluación Censal de Estudiantes (ECE-2010), Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación / Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, INEI, 2009. / Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI 2007 / Informe Técnico Evolución de la Pobreza 2007-2011. INEI.

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Informe

Indicadores sociales Indicadores Sociales (Cifras en %)

Desarrollo social

Educación

Salud

Población con dos o más necesidades básicas insatisfechas

Compresión lectora

Cangallo

17.6

Sin registro

22.4

Huamanga

12.2

Sin registro

Huancasancos Huanta La Mar Lucanas Parinacochas Páucar del Sara Sara Sucre Víctor Fajardo Vilcashuamán

26.9 31.8 40.2 31.1 33.0

8.4 18.5 Sin registro 15.7 22.7

21.4 23.1 15.4 15.2

Rendimiento suficiente en

Mortalidad infantil (Por mil nacidos Matemática vivos)

Servicios básicos

Desnutrición crónica infantil

Población Sin agua

Sin desagüe

Sin alumbrado eléctrico

41.7

53.4

91.2

64.0

41.3

22.3

51.5

25.9

3.4 16.4 Sin registro 10.7 14.8

27 24.8 23.0 25.3 43.0

40.5 42.0 42.3 41.3 41.8

73.6 50.7 76.8 40.7 37.3

88.3 76.1 88.4 78.6 71.3

50.5 52.9 72.8 45.1 38.9

17.6

10.4

19.0

41.9

26.8

85.9

23.1

20.9 17.2 Sin registro

22.0 6.7 Sin registro

29.0 21.4 26.0

40.9 41.3 41.1

36.3 40.3 45.4

85.1 81.5 92.5

40.9 37.8 79.8

Elaboración propia. Fuentes: Abajo consignadas.

La Mar tiene la mayor población con dos o más necesidades básicas insatisfechas con 40.2% y Huamanga registra el menor porcentaje con 12.2%.

La mayor desnutrición crónica infantil de Ayacucho se registra en La Mar con 42.3%. Mientras que Huancasancos registra un menor porcentaje, con 40.5%.

Vilcashuamán tiene la mayor población que no cuenta con servicio de desagüe, 92.5%

La Mar tiene la mayor población que no cuenta con servicio de agua, 76.8% y Huamanga registra la menor con 22.3%.

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Derechos humanos

n conjunto, todo esto conduce a hablar de una tendencia revisionista si es que se toma como un avance lo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entre los años 2001 y 2003 y lo sucedido en el país en los años inmediatamente posteriores. Desde entonces, se han acumulado cuestionamientos al Informe Final, retrocesos en la administración de justicia y en general un clima político adverso a una reflexión crítica sobre el pasado. Enfrentando el pasado

Regresiones en la memoria de la violencia

En los últimos años se está experimentando en el Perú una clara tendencia regresiva en materia de verdad y memoria sobre la violencia y de cumplimiento de los derechos de las víctimas. Esto ocurre de la manera más notoria en el espacio de los medios de comunicación. Sin embargo, lo que se lee en la prensa escrita y lo que se encuentra en la televisión y en la radio no está aislado de lo que sucede en el ámbito de la política y en el de las instituciones. Al contrario, está asociado con ello y se puede decir que es un instrumento de esa regresión, que tiene una vigencia más profunda. Félix Reátegui Carrillo Coordinador de investigaciones - Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Perú

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El trabajo realizado por la CVR fue, en efecto, parte de una tarea muy amplia que suele ser denominada como una “confrontación del pasado”. Eso significa, en primer lugar, hacer una investigación de los hechos sucedidos durante el período de la violencia armada para determinar las responsabilidades en que los diversos actores armados hubieran incurrido por la perpetración de violaciones de derechos humanos y otros delitos internacionales. Confrontar el pasado tiene, en primer lugar, esa dimensión de establecimiento de responsabilidades. Y el correlato de ello, desde luego, es el reconocimiento, es decir, el hacer visible la realidad de las víctimas. Esto es fundamental porque en un escenario de violencia y de salida de la violencia —ya sea por la vía negociada o por la derrota de alguno de los actores armados— siempre se instala el silencio sobre las víctimas y sobre los crímenes para, en su lugar, colocar únicamente una historia de triunfos militares. Sin embargo, el enfrentamiento del pasado mediante políticas

Derechos humanos

de revelación de la verdad da lugar a tareas más variadas: tareas de judicialización, de reparaciones y de transformaciones o reformas institucionales para corregir las condiciones que hicieron posible la violencia tal y como ella ocurrió. A eso se le puede llamar la agenda de justicia transicional. Más allá de esa agenda quedan, por otro lado, tendencias o necesidades algo más difusas, pero que forman parte de los cambios que ocurren en una sociedad que ha tenido una experiencia de revelación de la verdad. Por ejemplo, la existencia y, más que eso, la asunción de una cierta memoria que implique una reflexión crítica sobre el pasado puede modificar la agenda política general, más allá de los temas de la violencia. Ella nos hacer recordar, entre otras cosas, cuál fue el comportamiento de determinados actores políticos en la época de la violencia y así afecta su legitimidad. Regresión judicial Aunque la agenda de la CVR nunca fue bien asumida por los poderes del Estado y por los actores políticos más relevantes se puede decir que en los primeros años posteriores al Informe Final hubo ciertas decisiones de Estado que apuntaban en una buena dirección. Algunas normas como la ley de declaración de ausencia por desaparición forzada o aquella que creó el Plan Integral de Reparaciones fueron señales de cierta voluntad política. Tan importante como eso, en el ámbito judicial se comenzó a emitir algunos fallos que implicaban la adopción de un marco jurídico acorde con la clase de crímenes que debía juzgarse para hacer justicia a las víctimas. Por ejemplo, entre ellos, los delitos de desaparición forzada de personas y, hablando más ampliamente, los delitos de lesa humanidad. Se podría decir que el tiempo de revisionismo intenso que hoy en día se percibe encontró su punto de in-

“El modelo de memoria que se impulsaría con una norma como la “ley del negacionismo”, sería uno de recuerdo parcial, uno en el que los delitos cometidos por agentes del Estado contra peruanos y peruanas quedan validados por omisión”

flexión precisamente en ese ámbito judicial. Un hito puede ser la sentencia sobre el caso de desaparición forzada en el cuartel Los Laureles —fallo del año 2009— en el que se absuelve a los jefes militares que estuvieron detrás de los delitos por la ausencia de un nexo directo y material con los mismos. Se trata de un criterio que contradice y socava todo lo avanzado en materia de justicia para las víctimas en crímenes complejos. Contra la memoria Ello es emblemático, como se ha dicho, de un proceso más abarcador que es la revisión de la verdad histórica recuperada por la CVR para colocar en su lugar una historia más simplista y de tintes autoritarios. Ello se ve en la arremetida en los medios contra las revelaciones hechas por aquella en su Informe Final, comenzando por la estimación del número total de víctimas. Pero abarca también la cuestión de las responsabilidades penales y políticas así como toda reflexión sobre los factores sociohistóricos que motivaron que la vida humana, sobre todo la de cierta parte de la población, fuera tan vulnerable en aquellos años. Dentro de esa tendencia, se vienen impulsando iniciativas como la de aprobar una “ley del negacionismo” que convierta en delito el negar de alguna forma los crímenes de Sendero Luminoso. Desde luego, los crímenes de esa organización siempre deben ser denunciados. Pero el modelo de memoria que se impulsaría con una norma como la señalada sería uno de recuerdo parcial, uno en el que los delitos cometidos por agentes del Estado contra peruanos y peruanas quedan validados por omisión. Es el regreso a una historia incompleta y fragmentada que, por un lado, deja de lado a una significativa proporción de víctimas y, de otro lado, bloquea toda posibilidad de aprendizaje de nuestras fallas del pasado.

Opinión

Opinión Yuber Alarcón

Indulto a Fujimori: Gracia o desgracia presidencial

a solicitud de indulto para Alberto Fujimori ha sido presentada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin perjuicio de su procedencia o improcedencia, la decisión final es del Presidente de la República por ser su potestad, pero es necesario analizar el marco legal sobre el tema. La Constitución Política en su artículo 118 señala como atribuciones del Presidente, entre otras, conceder indultos y conmutar penas. Las facultades señaladas, conceden, por un lado, la potestad de otorgar la gracia presidencial, pero al mismo tiempo obliga a cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. El reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales señala que el indulto es potestad del Presidente de la República. En su artículo 31, recomienda el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a: a) Los que padecen enfermedades terminales, b) Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida. El caso de Alberto Fujimori no corresponde a ninguno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son vinculantes para Perú, determinó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía (...) y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos (…) todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Así, la Constitución peruana señala que los derechos allí reconocidos deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Perú. Según el derecho internacional, los Estados deben investigar y sancionar a quienes cometen violaciones graves de derechos humanos. Esta obligación no debe ser frustrada mediante indultos, amnistías u otras disposiciones internas que confieran beneficios a los responsables de tales abusos; en consecuencia no procederá el indulto en los casos de violación a los derechos humanos, como las torturas, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas.

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Entrevista Gestión Pública

“Los pobladores tienen el derecho a saber cuánto dinero ejecuta el PESCS” ¿

En qué situación se encontraba el PESCS cuando asumió la dirección ejecutiva? Encontramos sobredimensionamiento de personal, hechos de corrupción, procesos legales, obras paralizadas y un avance presupuestal que sólo bordeaba el 10%. De igual forma, el plan estratégico estaba desfasado así como los documentos de gestión, que no permitían que se cumplan los objetivos. Por todo ello, hemos empezado a reorientar la institución. En algún momento se habló sobre su desactivación.

Juana Huancahuari, ex congresista de la República por Ayacucho, asumió en el mes de junio pasado la dirección ejecutiva del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS), institución bastante cuestionada en los últimos años, que interviene en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Apurímac con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y ampliar la frontera agrícola. Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Más que desaparecer debe restructurarse. Ya lo hemos planteado al Ministerio de Agricultura pero no fue aceptado y ahora estamos insistiendo. El PESCS siempre ha sido calificado como una institución ineficiente. ¿Qué opina? Lo que pasa es que de las 63 personas que trabajan aquí, sólo 10 son ingenieros y no sabemos qué hacer con el resto. Esta realidad convierte al PESCS en un aparato bu-

rocrático que no permite la eficiencia en la ejecución de proyectos. Asimismo, el personal está concentrado en la ciudad de Ayacucho y nadie quiere moverse de la sede central amparándose en las leyes, derechos adquiridos, medidas cautelares y procesos judiciales ganados. Todo eso lamentablemente no permite que cumplamos con los objetivos. Con lo que dice, ¿de qué manera entonces realiza su trabajo? Hay un sector de los trabajadores que se resiste a los cambios, pero también hay un 10% de trabajadores que apoyan mi gestión. El resto está atento a los errores que una pueda cometer para pedir mi cambio y denunciarme. Hay una forma de operar de un sector de los trabajadores a través del sindicato para someter a los directores. Se ha denunciado que Usted ha colocado a miembros del nacionalismo en esta institución. Yo pediría que primero demuestren lo que dicen, ade-

Entrevista Gestión Pública

más no podemos convocar personal porque todas las plazas están copadas. Hay gente nombrada de Perú Posible porque la ex congresista Celina Palomino lo manejó a su manera. También hay gente del APRA que no cuenta con título y así por el estilo. Lo que nosotros hemos hecho es convocar de emergencia a dos ingenieros y un abogado contratados por locación de servicios y no por concurso púbico porque nos hubiéramos demorado, pero no hubo nada irregular. Hay gente que aprovechó esta situación y me denunció. ¿Cómo está el avance de la ejecución presupuestal del PESCS? Encontramos al PESCS con 10.3% de ejecución y 28 obras paralizadas, y nuestro reto fue revertir esa situación. A este tiempo hemos elevado la ejecución al 43.3%, 15 obras se han reiniciado, 8 están concluidas y 2 no se van a ejecutar porque tienen serios problemas que no se van a resolver de inme-

“El personal está concentrado en la ciudad de Ayacucho y nadie quiere moverse de la sede central amparándose en las leyes”

diato. También hemos avanzado con las contrataciones y adquisiciones porque cuando llegamos sólo se había convocado uno de los 79 procesos y no había insumos ni expedientes técnicos para ejecutar las obras. ¿Y qué acciones referidas a la transparencia se han implementado? A pesar de que hay personas dentro del PESCS que no desean que se coordine con las organizaciones sociales de las zonas rurales donde intervenimos, para informarles, por ejemplo, sobre los montos a invertirse en la ejecución de los proyectos, nosotros lo seguimos haciendo. Creemos que los pobladores tienen el derecho a saber cuánto dinero ejecuta el PESCS, para poder fiscalizar. Además es necesario el trabajo con las comunidades para que puedan vigilar, porque hay una gran cantidad de denuncias de obras mal ejecutadas y abandonadas.

Opinión

De igual a igual Celina Salcedo

Indulto, camino a la impunidad

ras extraditar a Alberto Fujimori el 2005, someterlo a un proceso judicial impecable y sentenciarlo a 25 años de prisión por homicidio calificado y secuestro agravado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo paramilitar Colina; los familiares de las víctimas lograron alcanzar justicia, dignidad y alivió en el dolor ante la pérdida de sus seres queridos. Ahora, surge la pregunta: ¿Debe perdonar el presidente Humala al reo Fujimori? En ese sentido, vemos cómo los fujimoristas ponen en agenda a través de acciones mediáticas el indulto de su líder a fin de lograr el apoyo de la población que ahora se encuentra dividida. Mientras tanto, el condenado ex presidente no da signos de arrepentimiento. Voces autorizadas en normas internacionales indican que el indulto sería poner en cuestión las leyes del país. Por otro lado, el presidente del Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “el derecho internacional establece la obligación de investigar, procesar y sancionar e igualmente establece que no haya impunidad de los delitos que agravian a los tratados internacionales de derechos humanos”. Con ello queda claro que un posible indulto traería por la borda lo que se logró en materia de justicia en nuestro país además de que el gobierno perdería credibilidad y sentaría un precedente peligroso que abriría camino a la impunidad para que otros reos como Abimael Guzmán, soliciten el mismo beneficio.

Urge la restructura del PESCS para que pueda cumplir con su objetivo: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales de Ayacucho.

Creemos que los intereses políticos no pueden anteponerse a los derechos. La decisión que tome el Presidente marcará el camino de respeto a las normas del país y, por tanto, la confianza de los ciudadanos de que no habrá perdón ni olvido ante los crímenes de lesa humanidad. De lo contrario, entraremos a un escenario de impunidad, con el agravante de que las políticas públicas no logran resolver las demandas de la población que se vio afectada en sus derechos por la violencia política que vivimos, especialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

Historia

La movilización por la tierra en Ongoy L

a invasión duró cinco días y se realizaron actividades agrícolas, fiestas improvisadas con violín, bombo, tambor y alcohol. En las carpas instaladas colgaron banderas rojas y carteles alusivos al Partido Comunista guiados por estudiantes trotskistas formados por Hugo Blanco.

Comuneros de Ongoy en Asamblea. 1950. (Revista Raíces de mi tierra)

En octubre de 1963, 700 comuneros ex-yanaconas de las partes altas del distrito de Ongoy, provincia de Chincheros, Apurímac, invadieron las tierras de San Pedro, sector de la hacienda Chacabamba, propiedad de la familia Morote, que fueron vendidas a un grupo de accionistas “mistis” y comuneros.

Guido Chati Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Pero el 24 de octubre, 30 policías acompañados de 500 mistis desalojaron a los invasores disparando a quemarropa. El enfrentamiento dejó como saldo 17 comuneros ex¬yanaconas muertos y decenas de heridos. Cuatro días después, los cadáveres fueron inhumados en una fosa común y el resto de invasores huyeron a las partes altas y quebradas ante el rumor de que “todos morirán”. Las afectaciones que dejaron las fuerzas policiales que llegaron desde Andahuaylas, Abancay y Lima, fueron nefastas1. La masacre de San Pedro, fue la culminación de una larga e intensa lucha por la tierra. No obstante, entre 1960 y 1969, los comuneros realizaron constantes visitas al parlamento en búsqueda de justicia y solución a sus demandas por la restitución de sus tierras. De esta forma, lograron establecer redes con residentes en Lima, personeros, asesores y senadores, que les sirvieron de inter-

Historia

mediarios. Así, consiguieron documentos históricos que revelaban una larga e intensa historia de conflictos y movilizaciones agrarias a lo largo del siglo XX en rechazo a la usurpación de los hacendados desde el período colonial. Uno de los documentos obtenidos, fue la titulación antiquísima de Ongoy que se remontaba al año 1689 y que Plácido Morote alegaba un “falso título de hacendado de fecha de 1711”2. Dicho documento y otros de 1826, 1892, 1893, 1915, 1960 y 1963 conseguidos por los dirigentes, sirvieron como insumo de memoria y sustento para sus reclamos3. En la representación campesina, los documentos históricos y el paisaje como testigo del pasado, constituyen una memoria imbricada en la historia, de esta forma memoria e historia se alimentan mutuamente. Influencia de Vanguardia Revolucionaria Entre 1969 y 1975, en Ongoy, así como en todo Andahuaylas, surgió una nueva generación de jóvenes políticos vinculados a tendencias de la izquierda marxista como Vanguardia Revolucionaria, ello como influencia de diversos estudiantes venidos de Lima, entre ellos, Julio César Mezzich,

estudiante de medicina, que se estableció en Ongoy y contrajo matrimonio con la hija del presidente comunal, mimetizándose entre los comuneros, líderes campesinos y jóvenes estudiantes de colegios. De esta forma, los campesinos empezaron a orientarse hacia las acciones de Vanguardia Revolucionaria que fueron guiadas con visiones ideológicas y políticas vinculadas a la tierra y el poder. Luego, Mezzich se sumó a Sendero Luminoso en 1979. Asimismo, los comuneros que participaron en las toma de tierra fueron “convertidos” en terroristas. Tras ello, Mezzich fue expulsado de la comunidad en una asamblea por sostener ideas “extremistas” que hicieron peligrar la organización comunal. Tejiendo memorias alternativas. Un tema que aún atrapa a historiadores, investigadores sociales e instituciones que trabajan con derechos humanos o temas post conflicto relacionado a Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas; es la violencia política que vivió el Perú entre 1980 y 2000, teniendo a la región Ayacucho como referente emblemático4 que ha impuesto silencio a otras historias y memorias5, como la

“La masacre de San Pedro, fue la culminación de una larga e intensa lucha por la tierra”

Julio César Mezzich. Foto: CVR.

de Ongoy. En zonas de Andahuaylas, lo que trasciende como memoria traumática o emblemática, es la movilización por la tierra. De otro lado, hay la necesidad de incluir los movimientos sociales por la tierra de las décadas de 1960 y 1970 en un contexto de la violencia política. Entender que hay espacios y grupos sociales tejiendo memorias alternativas de lo ocurrido entre 1980 y 2000. Si no, ¿cómo exigir “tener memoria” sobre la violencia política a

una “nueva generación” de jóvenes o a espacios con historias distintas o de menor afectación? El caso de Ongoy es un claro ejemplo de ello. 1 Véase Caretas, El comercio, Expreso, La Prensa, La Tribuna y el Diario de los Debates del Senado (25 – 30 de octubre de 1963). 2 Manifiesto de la “Sociedad Cultural Hijos del Distrito de Ongoy”, 24 de junio de 1960, Lima – Perú. 3 Entrevista con dirigente Humberto Quispe. Noviembre 29, 2011. También en “Reseña histórica de la comunidad indígena de Ongoy (Caulamarca)”. Humberto Quispe, 2009. 4 Véase, por ejemplo, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Tomo V, Capítulo II, Historias representativas de la violencia. Y “Violencia, memoria e imaginación. Uchuraccay y Lucanamarca en la violencia política en el Perú” de Ponciano del Pino en Boletín IFP [Derechos Humanos]. Año 1 / Número 7 / Junio de 2004. Pag. 11 – 13. 5 Silencing the past: power and the production of history”. Michel Rolph Trouillot. Beacon Press, Boston – Massachusetts (1995: 29).

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Reseña

CENTRO DE DOCUMENTACION – SER

Los muertos de Ayacucho “Los Muertos de Ayacucho: Violencia y sitios de entierro clandestinos”, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), es un importante aporte que contribuye al registro de los sitios de entierro en la región Ayacucho. Maricela Quispe Córdova

a publicación pone en evidencia la importancia de utilizar la antropología forense para la investigación de los crímenes sucedidos durante los años de violencia al identificar las causas y modos en las que murieron las víctimas. Esto, a pesar que hasta el día de hoy hay sectores de la población, grupos “políticos” y movimientos pro senderistas que quisieran “enterrar” por siempre a las víctimas de la violencia, cuando lo que se necesita es más bien aportar al esclarecimiento de la forma en que estas vidas fueron truncadas por la violencia demencial, para poder caminar hacia un proceso de justicia, verdad y reconciliación sin impunidad.

“Este estudio aporta también a la identificación de nuevos sitios de entierro en Ayacucho”

La investigación muestra la necesidad de elaborar Revista de Análisis Político Regional - Retablo

un Plan Nacional de Investigaciones Antropológicas – Forenses, que ya fue propuesto por la CVR. Asimismo, se constata que si bien el Ministerio Público viene confrontando esta problemática, aún su intervención es débil ya que cuenta con un Instituto de Medicina Legal que arrastra una serie de dificultades, poco presupuesto y recursos humanos con escasa preparación. Este estudio aporta también a la identificación de nuevos sitios de entierro en Ayacucho, calculándose la existencia de al menos 1818 sitios de entierro adicionales a los 4644 reportados a nivel nacional, sin olvidar que hasta el momento sólo se ha exhumado el 13% del total, pese a que han pasado dos gobiernos de turno que

no han registrado avances considerables en esta materia. Por ello, ahora que asistimos a un tercer gobierno post CVR, aún se requiere de un Estado capaz de enfrentar estos retos que implican no solo la dotación de presupuestos sino de estrategias conjuntas. Existen instituciones como el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), el Centro Andino de Investigación Antropológico Forense y otras que cuentan con experiencia autorizada para aportar y sumar esfuerzos. “Los muertos de Ayacucho: Violencia y sitios de entierro clandestinos” COMISEDH Lima, agosto, 2012 138 pp.

CEDOC Puedes encontrar libros, revistas y documentos de consulta.

Informe Consulta Previa Derecho fundamental de los Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia. Gloria Ramos Prudencio Congreso de la República, DAR, CAAAP Lima, mayo, 2011. 300 pp.

Vargas Llosa, tal cual Herbert Morote Editorial Jaime Campodónico 2da, edición. Lima, setiembre 2012. 210 pp. Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 3 p.m. - 7 p.m. Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI

Sucedió

Personaje

LA REGIÓN Y SUS

Setiembre – Octubre Embargan s/. 38 millones del gobierno regional 24 setiembre.- El Gobierno Regional de Ayacucho sufrió el embargo de S/. 38 millones de sus cuentas bancarias por una deuda que data del año 1994, cuando el entonces Proyecto Especial Río Cachi contrajo una deuda con la empresa Bertolero.

mal uso del fondo de apoyo gerencial 2 octubre.- Se denuncia que el Gobierno Regional haría mal uso de los 80 mil soles mensuales que recibe del Fondo de Apoyo Gerencial al sector público del MEF, ya que no estaría invirtiendo en contratar a profesionales calificados y especialistas en elaboración de expedientes técnicos.

Comparecencia restringida para huancahuari 23 octubre.- El Juez de Investigación Preparatoria del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Carlos Huamán, dicta medida cautelar de comparecencia restringida contra el alcalde de Huamanga, Amilcar Huancahuari, por haber utilizado, presuntamente, maquinaria edil para obras personales.

deslizamiento de cerro en llochegua 26 octubre.- En la comunidad Sol Naciente del distrito de Llochegua, Huanta, se produce el deslizamiento de un cerro ocasionando la desaparición de una persona y daños a la carretera Virgen Ccasa. La municipalidad envía a la zona maquinaria pesada y equipo técnico.

PERSONAJES

Omar Rosel

Caos por falta de agua 28 setiembre.- Se produce el desprendimiento del canal de conducción de agua cruda en Satica, Cangallo, haciendo que el servicio de agua en Huamanga se restrinja a cuatro horas al día, generando malestar en la población.

oscorima designa a nuevo gerente 3 octubre.- El presidente regional Wilfredo Oscorima, designa al ex alcalde de Huanta, Alejandro Córdova como nuevo gerente regional en reemplazo de Carlos Palomino con la misión de elevar la ejecución presupuestal.

Cuestionan cambios en la región 24 octubre.- El consejero regional Faustino Rimachi cuestiona los continuos cambios que se dan en las gerencias de línea del Gobierno Regional ya que sólo desestabilizan la gestión. También cuestiona que Carlos Palomino, dos veces gerente regional ahora sea asesor de presidencia.

fallece fundador de las dECas 31 octubre.- Fallece Antonio Cárdenas de 46 años, histórico dirigente ayacuchano que organizó a los campesinos del VRAE en la lucha contra Sendero Luminoso en la década de 1980, a través de la organización de las Defensas Campesinas (DECAS).

Pilar Coll:

Vida dedicada a la defensa de los derechos

ilar Coll falleció el 15 de septiembre del 2012 en la clínica Centenario de Pueblo Libre, en Lima. Primera secretaría ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante los años ochenta, fue también promotora de la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, del Plan Integral de Reparaciones y del Registro Único de Víctimas. Pilar nació en Fonz, en Huesca, al noreste de España. A los 21 años se trasladó a Barcelona para estudiar Derecho y a los 29 años ingresó al Instituto de Misioneras Seculares. Estando allí recorrió varias ciudades de España. Fue en Salamanca donde recibió la propuesta para venir a trabajar al Perú, en la Escuela de Servicios Sociales de Trujillo. Pilar llegó al puerto del Callao en 1967. Una década después dejó la norteña ciudad y se trasladó a Lima, a trabajar en la Comisión Episcopal de Acción Social. “Viajé mucho a las zonas de emergencia y era una figura bastante incómoda para todos: para Sendero Luminoso porque éramos defensores de unos derechos que consideraban burgueses, y para las fuerzas del orden y los gobiernos sucesivos pues porque éramos una piedrecita en el zapato”, afirmó Coll, en una de sus entrevistas. Al fines de 1980, Pilar impulsó “Perú, Vida y Paz”, junto a un grupo de personalidades para promover acciones a favor de la paz en el Perú. A este trabajo se sumaron miles de voluntarios y personalidades de todo el país. A lo largo de su trayectoria, recibió diversos reconocimientos y premios por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos. En 1993, fue condecorada con la Orden de Isabel La Católica por el rey Juan Carlos I. A pesar de todo el trabajo realizado en muchos años de lucha en defensa de los derechos, Pilar señaló que hubiese querido “ver mayores resultados”, y por ello trabajo sin tregua hasta la última semana de su vida.

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Descentralización Antropología Conﬂicto Armado Interno y CVR Derechos Humanos Historia Política

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