Retablo N° 49-50

Retablo

Año 07///Nro. 49-50 COSTO Ayacucho S/. 1.00 Lima S/. 1.00

Ayacucho, Diciembre 2012 - Enero 2013

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Un año de movilizaciones sin resultados Los problemas del magisterio, las deudas pendientes con las víctimas de la violencia, la baja ejecución presupuestal y la manera cómo se va a enfrentar a Sendero Luminoso siguen siendo asuntos pendientes por resolver.

Entrevista a Javier Azpur:

“La descentralización está estancada” Pag. 6

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Editorial

ayacucho / diciembre 2012 - Enero 2013 / nro. 49-50 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Ricardo Caro Enma Díaz Rosa Montalvo César Álvarez Director Javier Torres Seoane Editores Omar Rosel Christian Reynoso Columnistas Percy Rivas Celina Salcedo Yuber Alarcón Colaboradores Elga Prado Minda Bustamante Michael Chuchón Carlos Condori Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica Fotografía Asociación SER Distribución, ventas y publicidad Ayacucho: Ingrid Mesías 066 319428 – 995053967 Lima: Rosario Arévalo.

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Editorial

no de los acontecimientos más significativos del año que termina fue la emergencia en la escena pública nacional del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), que pasmó durante un tiempo a los grandes medios de comunicación y líderes de opinión, hasta entender que no era más que un nuevo rostro del senderismo en el Perú. Sin embargo, para Ayacucho el asunto no es una novedad porque desde hace algunos años se conocen los cambios políticos que se estaban generando al interior de Sendero Luminoso.

Más de un analista local había señalado que el senderismo, si bien se mantenía en su matriz totalitaria y su agenda de “solucionar los problemas derivados de la guerra”, había cambiado su táctica y estrategia, planteando una agenda contraria al discurso del crecimiento económico que se puso en evidencia con su participación en ciertos movimientos sociales. Esta nueva postura ha resultado atractiva para los jóvenes o maestros que no gozan de los beneficios del mismo. Pero desde la capital no se quiso escuchar o entender lo que estaba pasando al interior del gremio magisterial y los claustros universitarios, sobre todo en regiones como Ayacucho.

Por ello, cuando el MOVADEF planteó su inscripción al JNE, las reacciones –como suele ocurrir en la prensa– fueron alarmistas hasta el extremo. Luego vinieron las absurdas e inconstitucionales propuestas del gobierno para implementar la Ley del Negacionismo, y un peligroso discurso desde la Oficina Nacional para el Diálogo y la Sostenibilidad, liderada por Vladimiro Huaroc, que planteó que en todas las protestas sociales que ocurren en el país estaba presente Sendero Luminoso.

Al mismo tiempo, la expansión de las columnas narcoterroristas de los hermanos Quispe Palomino hacia la provincia de La Convención en Cusco, ha mostrado que este grupo disidente del Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, ha ampliado su capacidad de impacto para golpear a las Fuerzas Armadas y Policiales, las que a consecuencia de una estrategia mal diseñada no logran hasta el día de hoy, derrotar a esta banda armada. Tampoco convencer a la población de la zona de conflicto –rebautizada por el gobierno como el VRAEM– de que lo peor para ellos es que se mantenga la presencia de este grupo subversivo.

En este contexto de debate nacional, tanto por los hechos del presente como por la terrible historia que le tocó vivir a nuestra región, las autoridades regionales y locales, así como la intelectualidad y la sociedad civil ayacuchana no han podido o no han sabido elevar su voz, en un tema que conocemos a profundidad.

Por ello, en Retablo queremos plantear que un reto central para Ayacucho en este 2013 que se inicia, sea colocar en el debate nacional cuáles son las razones para la reemergencia del viejo senderismo así como para la permanencia de las columnas del VRAEM, y de qué manera podemos contribuir a salir de un camino que sólo nos llevará de vuelta a las páginas más trágicas de la historia de nuestra región.

Análisis Político

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Balance político regional del 2012 E

stos altos presupuestos han generado una crisis al interior de los gobiernos locales y del gobierno regional, ya que estas instancias carecen de un cuerpo de funcionarios preparados para gestionar los recursos de manera planificada y eficiente. Este problema se ha visto agravado por el estilo de gobierno personalista y autoritario de algunas autoridades, en especial del presidente regional Wilfredo Oscorima, que decide el destino de los recursos sobre la base de consideraciones puntuales o de respuesta a su clientela electoral, que no generan mayor impacto regional o local.

Asimismo, los mecanismos de la democracia participativa, entre ellos, la rendición de cuentas, el consejo de coordinación regional, los consejos de coordinación local, los presupuestos participativos, se han debilitado porque en muchos casos, han sido desnaturalizados por algunas autoridades que no respetan dicha institucionalidad.

El 2012 significó para el gobierno regional de Ayacucho y los gobiernos locales de la región un reto por la cantidad de fondos recibidos para gastos de inversión que en la mayoría de los casos no han superado más del 50% de la ejecución, ello por las trabas y exigencias que el MEF impone aunque hasta ahora no haya una propuesta para modificar este sistema.

César Álvarez - Omar Rosel

De igual forma, este año se produjo el temprano despertar del escenario electoral con miras a los comicios del 2014. Muestra de ello son los 25 movimientos políticos regionales que vienen buscando su inscripción. No obstante, se siguen repitiendo los mismos defectos del quehacer político local: grupos en tor-

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Análisis Político

Camisea en la zona de Kepashiato, en el mes de abril, además de la toma de un campamento de TGP en el mes de octubre en Kiteni, donde las columnas de los hermanos Quispe Palomino quemaron tres helicópteros, generando zozobra en uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

El gobierno regional de Ayacucho adolece de un equipo de funcionarios que permita realizar una gestión más eficiente.

no a caudillos y sin programas de gobierno ni intensiones para elaborarlos.

Conflictos sociales En el transcurso del 2012, la presencia de empresas mineras en nuestra región, activaron una serie de conflictos latentes a los que se sumaron los problemas por la imprecisión de los límites comunales. Por ejemplo, destacan los conflictos de Breapampa, en la provincia de Parinacochas, y de Huancute en Lucanas, por la disputa en torno a los recursos que las empresas otorgan a las comunidades y por los problemas de contaminación que generan. Mientras que los conflictos más complejos se han presentado en las provincias de Víctor Fajardo, Lucanas y Sucre donde la actividad minera, legal e ilegal se viene incrementando.

Los conflictos hicieron evidente la necesidad de constituir una instancia que realice acciones de monitoreo, prevención y gestión de conflictos. Desde la sociedad civil y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, se formó la Mesa de Prevención de Conflictos que buscó generar diálogo entre los actores involucrados, pero la falta de recursos y presupuesto ha dificultado su accionar.

Al mismo tiempo, en mayo de 2012 se oficializó la creación de la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos , al interior del Gobierno Regional de Ayacucho, pero la poca voluntad política y el protagonismo excesivo del presidente Oscorima, interviniendo de manera personal en la resolución de los conflictos, han frustrado su implementación.

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Hay que mencionar también que un asunto que llama la atención en nuestra región, es que según la Presidencia de Consejo de Ministros en Ayacucho sólo hay un conflicto activo , aunque el Reporte 105 de la Defensoría del Pueblo refiera que haya 13. Sin embargo, más allá de las diferencias en el monitoreo de ambas instituciones, el problema es que desde el gobierno nacional no hay respuesta a los problemas que existen más allá de cómo sean tipificados por el Estado.

Dificultades en el VRAE La política de lucha contra los rezagos de Sendero Luminoso (SL), aplicada por el gobierno nacional en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), sufrió una serie de críticas y cuestionamientos a consecuencia del secuestro de 36 trabajadores del Proyecto

“Según la Presidencia de Consejo de Ministros en Ayacucho sólo hay un conflicto activo, aunque el Reporte 105 de la Defensoría del Pueblo refiera que haya 13”

El accionar de los hermanos Quispe Palomino ha trascendido sus escenarios focalizados de Vizcatán, Canayre o Boca Mantaro, ubicados en la selva de Ayacucho y Junín, y se ha extendido hasta Kepashiato y Kiteni, territorios ubicados en la zona del Bajo Urubamba en Cusco, situación que reflejaría una mayor capacidad operativa y de despliegue de dichas columnas narcoterroristas.

El gobierno nacional, tras el secuestro de Kepashiato, buscó afinar la estrategia de intervención con la elaboración de un nuevo Plan VRAEM y se habló de una inversión de 1,700 millones de nuevos soles para el 2012, de los cuales 796 serían ejecutados por el gobierno nacional y el resto por los gobiernos regionales y locales. Pese a ello, los alcaldes de la zona han indicado que no han recibido ningún presupuesto adicional para implementar dicho plan. Mientras que la creación de la Secretaría Técnica con rango ministerial, no ha cambiado en nada las deficiencias de la articulación de los niveles de gobierno para intervenir en el VRAEM.

Análisis Político

Un tema que no debe pasar desapercibido son las acciones de las Fuerzas Armadas en el VRAEM, que durante las acciones de combate contra los rezagos de SL afectaron a poblaciones civiles, en una clara muestra de que aún persisten prácticas atentatorias hacia los derechos humanos. Los casos que trascendieron fueron el bombardeo realizado a Sanabamba en Huanta, en el mes de abril donde resultó gravemente herida la pobladora Asunción Gavilán, así como la muerte de la niña Zoraida Caso en un confuso operativo militar en Ranrapata en la selva de Junín. Lo lamentable es que hasta el momento no hay responsables sobre estos hechos.

Por otro lado, SL sufrió un duro golpe con la deserción de cuatro de sus integrantes por supuestos maltratos cometidos. Asimismo, se registró la muerte del supuesto camarada “William” a manos de la policía en las alturas de LLochegua, en uno de los pocos operativos exitosos de las fuerzas del orden en el VRAEM.

Justicia y Reparación

“Un tema que no debe pasar desapercibido son las acciones de las Fuerzas Armadas en el VRAEM, que durante las acciones de combate contra los rezagos de SL afectaron a poblaciones civiles”

El 2012, la atención a los afectados por la violencia política no fue prioridad en la agendas de los tres niveles de gobierno. La respuesta de las organizaciones de afectados y desplazados se tradujo en marchas –de poca contundencia– con el objetivo de solicitar la modificatoria del D.S. 051-2011-PCM, e incrementar el monto de las reparaciones económicas individuales a por los menos 36 mil nuevos soles.

Igualmente subsiste la lentitud para judicializar casos de violaciones de derechos humanos, como el de la masacre de Putis que tuvo que esperar veintisiete años para la apertura del juicio oral a cuatro implicados.

Sin embargo, un hecho importante en materia de justicia fueron las audiencias orales del caso Los Cabitos en la ciudad de Ayacucho; y el testimonio dado por el mayor (r) EP Telmo Hurtado en el proceso penal por la masacre de Accomarca que se viene ventilando en Lima, en el que no sólo ha aceptado parte de su responsabilidad, sino que ha señalado la de sus jefes superiores.

Mirando el 2014 El contexto descrito, nos deja en claro que aún persisten diversos asuntos pendientes en nuestra región, que deberán ser parte de la agenda del año 2013. A esto hay que añadir el ambiente electoral que seguirá dando de qué hablar, teniendo en cuenta que el actual presidente regional Wilfredo Oscorima irá a la reelección y que ya se pueden ver algunos candidatos fijos como el ex general Edwin Donayre y Carlos Alvíar.

Los y las afectadas por la violencia política de Ayacucho demanda atención al gobierno.

1 El presupuesto modificado señala para el Gobierno Regional 379 millones aproximadamente de los que se ha ejecutado el 59%. Y 765 millones aproximadamente entre municipios distritales y provinciales habiéndose ejecutado el 43% de los recursos. (Fuente: SIAF – Consulta amigable) 2 Mediante resolución Nº 0319-2012-GRA/PRES. 3 Willaqniki. Informe de Diferencias, Controversias y Conflictos Sociales.

Nro. 01. Diciembre 2012, PCM.

Opinión

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Entre líneas Percy Rivas Ocejo

“Todo vale”

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ulmina el segundo año de la gestión de Wilfredo Oscorima al frente del gobierno regional, que aunque comenzó con una minoría partidaria al interior del Consejo Regional de Ayacucho, en poco tiempo, logró consolidar una mayoría.

En el transcurso de este año se vivió uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir a la gestión Oscorima, sintetizado en la frase expresada por él mismo cuando rompió en llanto diciendo: “Me han clavado un puñal en la espalda”, reconociendo así las discrepancias con su vicepresidente. Esta frase simbolizó la debilidad interna y el rompimiento con sus más cercanos colaboradores que lo llevó a quitarles su confianza al vicepresidente y a sus principales funcionarios.

En la última Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada el 14 de diciembre, el presidente buscando consolidar sus éxitos de gestión expuso sus logros y avances. Pero cabe preguntarse, ¿qué logros puede exhibir si dispone de un gobierno inestable, con poca planificación y permanentes conflictos internos? Por ello presentar como propios proyectos de las gestiones anteriores o de los gobiernos locales, como lo manifestaron los mismos alcaldes que acudieron a la audiencia, es una muestra de debilidad.

La preocupación de Oscorima está ligada a su deseo de buscar la reelección en el 2014 para lo que ha decidido construir su propio movimiento político. Y, siguiendo con su estilo particular de ganar adeptos a cambio de regalos, continúa apadrinando cuanto evento se le presente en frente.

“Todo vale”, parece ser la frase que marcará el año 2013 en la búsqueda de consolidar la imagen presidencial regional rumbo a la reelección, en vez de enfrentar realmente los problemas más álgidos de la región, que estarán subordinados a los intereses y aspiraciones personales de Wilfredo Oscorima.

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Entrevista Política

“La descentralización está estancada” Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, hace un balance del proceso de descentralización en lo que va del gobierno de Ollanta Humala y el papel que deben jugar los gobiernos regionales y locales para relanzar este proceso.

Omar Rosel

¿

Cuánto se ha avanzado en el proceso de descentralización en el gobierno de Ollanta Humala?

El avance hasta el momento es casi nulo. Lo único que ha hecho el gobierno es constituir una comisión intergubernamental, lo cual es positivo; pero se cierra el año sin tener en claro cuáles son las propuestas y planteamientos para avanzar en la descentralización fiscal. Por el lado de la autonomía de las instancias subnacionales, durante estos meses de gobierno hubo recentralización de competencias y funciones, sin hacer un balance global sobre el proceso de transfe-

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rencia. En regionalización la propuesta realizada a inicios del gobierno fue fortalecer los mecanismos intergubernamentales como las juntas o las mancomunidades, que no se concretaron. Con todo ello, podemos decir que estamos igual a lo que se encontró, es decir la descentralización está estancada.

En ese escenario, ¿los gobiernos regionales se han quedado de brazos cruzados?

No diría que se quedaron de brazos cruzados. Creo que desarrollaron iniciativas en términos de gestión de recursos públicos y a nivel de políticas

Entrevista Política

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sectoriales. Pero también hay que decir que, pese a los esfuerzos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), los gobiernos regionales aún no han presentado al país su visión de la descentralización que marque la pauta frente a un gobierno que dejó de lado dicho proceso. Al parecer no tienen ninguna propuesta. ¿Cómo se podría explicar este vacío?

Estamos hablando de gobiernos regionales que son heterogéneos con posiciones distintas. No hay que perder de vista que de los 25 sólo en 4 ganaron los denominados partidos nacionales; los otros 21, son de fuerzas políticas regionales, que expresa el surgimiento de elites políticas pero plantea una mayor complejidad para construir un proyecto con una mirada nacional. De todas formas, la ANGR ha hecho planteamientos interesantes en varios temas centrales, pero aún no ha presentado su propuesta de una estrategia nacional para la descentralización. Y esa es una deuda pendiente que tienen los presidentes regionales. ¿Y desde los gobiernos locales? ¿Hay interés de reimpulsar este proceso?

Lo positivo es que hay por lo menos dos grandes asociaciones como la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas del Perú (REMURPE) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) que tienen un rol activo en el debate y buscan articular a un número alto de alcaldes. Asimismo hay un esfuerzo para

“Se cierra el año sin tener en claro cuáles son las propuestas y planteamientos para avanzar en la descentralización fiscal”

Presidentes regionales agrupados en la ANGR, “aún no ha presentado su propuesta de una estrategia nacional para la descentralización. Y esa es una deuda pendiente que tienen”, afirma Azpur.

promover las mancomunidades. Creo que ahí hay avances significativos, iniciativas diversas para promover dinámicas de desarrollo económico local; pero al igual que la ANGR y quizás con mayor complejidad por su fragmentación, tampoco han logrado perfilar una visión de conjunto sobre la descentralización. A lo mucho lograron plantear una propuesta para redefinir el rol del municipio como tal. ¿La ANGR, REMURPE y AMPE podrían constituirse en un bloque para relanzar la descentralización?

Sin duda, pero hay que fortalecer cada una de ellas y al mismo tiempo impulsar su coordinación y acción conjunta. Estas dos formas de trabajo serían muy importantes. Además, estas instancias de gobierno subnacional tienen que asumir la responsabilidad de

plantear una propuesta sobre la descentralización, porque ésta no a va venir del gobierno nacional.

Otro de los actores en la marcha de la descentralización es el Congreso de la República. ¿Cómo evalúa su desempeño en este tema?

Las iniciativas que han surgido de esta instancia son absolutamente secundarias, en la lógica del control, de cambiar el nombre a la autoridad. Más bien, deberían hacer un balance con seriedad y a profundidad sobre lo que ha significado el modelo normativo de la descentralización que fue aprobado por el Congreso y los efectos que ha tenido. Es decir, ¿qué cambios hay que hacer para que las cosas funcionen mejor? Pero ello implicaría tener un Congreso dispuesto a mirar la descentralización como un proceso integral con múltiples dimensiones.

Parecería que toda la responsabilidad recae en los gobiernos regionales y locales, al menos desde la mirada del gobierno nacional que siempre critica la ineficiencia en el gasto presupuestal.

El gobierno nacional cree que su rol es criticar y demandar cosas a los gobiernos subnacionales. Por supuesto hay que ser críticos con las instancias del gobierno subnacional como también hay que serlo con las instancias del gobierno nacional a partir de datos muy concretos, y si provienen de partidos políticos y congresistas también deben poner proponer soluciones. Hay muchísimo que mejorar como la capacidad de planificación para adecuar las políticas sectoriales a las realidades territoriales. Además, no olvidemos que las críticas se centran en porcentajes, como si el problema fuera en sólo gastar, sin ver en qué se usa la plata.

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Gestión ambiental

La realidad del agua en Huanta y La Mar

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egún el Diagnóstico Ambiental del Perú, hasta el 2008, en zonas andinas como las provincias de La Mar y Huanta, en Ayacucho, la disponibilidad de agua era de 37,200 m3 por habitante al año (mientras que el promedio nacional era de 71 mil m3), aunque ésta se distribuía en forma irregular; pero en los últimos años, esta realidad habría variado por efectos de fenómenos como el cambio climático.

Huanta y las lagunas de Razuhuillca Una de las muestras de la reducción en la disponibilidad de agua se evidencia en Huanta, donde las lagunas de Razuhuillca, que abastecían a la zona media y baja de esta cuenca, así como a la misma capital de la provincia, se han reducido, según lo indica Rocío Arrieta, gerente de Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPSASA) Huanta.

Asimismo, el representante de la Junta de Regantes, Rodrigo Palomino, explica que hace poco más de una década esta laguna tenía el agua al tope pero que en los últimos años “está a medio llenar”.

Las aguas servidas no tratadas generan diversos riesgos en la salud de los agricultores, por su contenido de bacterias, virus y parásitos.

El agua es un recurso estratégico para el desarrollo de las poblaciones, el consumo humano y las actividades productivas.

Por ello resulta necesario evaluar su disponibilidad y calidad, así como la forma como se gestiona este recurso. El presente informe recoge esta problemática en las provincias de Huanta y La Mar.*

Jhovana Alca Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Esta situación ha generado la preocupación de las 70 Juntas Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) conformadas en esta cuenca, quienes se dedican a la agricultura y son una despensa para los mercados de Huanta, Ayacucho y Lima con productos como palta, tuna y otros.

Cabe precisar que si bien la reducción del agua en las lagunas ha afectado al riego, no lo ha hecho en cuanto al consumo humano. Rocío Arrieta, indica que la planta de tratamiento recolecta agua del Razuhuillca a razón de

Gestión ambiental

84 litros por segundo en promedio, cifra que se ha mantenido.

La limitación radica, más bien, en la capacidad de esta planta –construida en 1995– para atender a los 7,600 usuarios de agua potable, ya que fue diseñada para una capacidad de 650 m3 y cubrir la demanda de 1,500 usuarios, situación que ha cambiado considerablemente.

Las reacciones de las instancias gubernamentales ante esta situación han sido pocas. Entre ellas figura el proyecto de reforestación con pinos emprendido por el Gobierno Regional de Ayacucho en las zonas intermedias de la cuenca. Mientras que para solucionar el abastecimiento de agua potable, la municipalidad provincial y EPSASA Huanta han elaborado un proyecto de inversión pública para la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable en la zona de Chulla, valorizada en 30 millones de soles, aunque por el momento tienen dificultades para la adquisición del terreno, además de la falta de especialistas para el estudio de impacto ambiental.

La Mar con más agua En la provincia de La Mar, la realidad es diferente. Según informa Jorge Gastelo, asistente de la Autoridad Local del Agua (ALA) del bajo ApurímacPampas, oficina de San Miguel, este año se ha incrementado la disponibilidad de agua en la cuenca del Torobamba, “porque durante la época de estiaje que va de abril a agosto ocurrieron precipitaciones inusuales”.

Así, la abundancia de agua, ha generado que los cultivos de

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elaboración del perfil del proyecto de la construcción de una nueva planta en San Miguel.

Rodolfo Rico, responsable de Salud Ambiental de la Red de Salud San Miguel, refirió que desde su instancia se sugirió hace ya algunos años a la municipalidad de La Mar que construya un clorador, el cual se hizo de forma artesanal. Posteriormente, a sugerencia de la Fiscalía Especializada Ambiental, este año se construyó un reservorio y una caseta para clorar las aguas residuales, antes de ser vertidas al río Torobamba.

Frente al crecimiento de la población huantina, la demanda de agua sigue incrementándose.

los regantes de la zona media y baja del Torobamba resulten afectados, haciendo que las hojas de algunas plantas crezcan con rapidez pero sin frutos. En efecto, Gastelo indica que en sus visitas realizadas a las juntas de usuarios de riego, han verificado este panorama.

Aguas servidas Otro problema que se presenta en ciudades en proceso de crecimiento poblacional como Huanta y San Miguel, capital de La Mar, es el inadecuado tratamiento de las aguas residuales y el vertimiento directo a los ambientes acuáticos. Esta realidad se confirma en los datos presentados por el Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente que indica que en el Perú el 70% de las aguas residuales domésticas se vierten a los cursos de agua sin tratamiento adecuado.

Efraín Palomino, jefe de división de Medio Ambiente de la municipalidad de Huanta, refiere que la infraestructura actual de esta ciudad ya no soporta la

cantidad de aguas servidas que se generan. “Esta planta estaba preparada para recibir 7 litros por segundo, sin embargo actualmente vienen ingresando 20”, indica.

“Aún está pendiente un gran trabajo relacionado a establecer políticas públicas para la gestión adecuada del agua”

Por otra parte, la ALA-Ayacucho ha referido que EPSASAHuanta no cuenta con el permiso respectivo para arrojar aguas residuales a una vertiente. La ALA puso como fecha límite para que regularice esta situación a fines del año 2012, pero EPSASA-Huanta ha pedido, por segunda vez, que se amplíe el plazo sin especificar una fecha límite.

En la ciudad de San Miguel se dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales son vertidas al río Torobamba. Richard Herrera, gerente de Medio Ambiente de La Municipalidad de La Mar, explica que esto se encuentra dentro de los límites permitidos. También da a conocer que el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú, asignó un presupuesto para la

Contaminación en los distritos Una realidad más preocupante se vive en algunos distritos de La Mar. La Gerencia de Medio Ambiente realizó en el mes de noviembre un monitoreo y encontró que en Santa Rosa, Ayna y Samugari no se realiza el tratamiento de las aguas servidas, las cuales generan contaminación en los afluentes cercanos.

La misma realidad se vive en los 8 distritos de Huanta, donde el agua es almacenada en lagunas de oxidación para luego ser vertidas al río sin ningún tratamiento.

Esta realidad que se nos presenta en Huanta y La Mar, evidencia que aún está pendiente un gran trabajo relacionado a establecer políticas públicas para la gestión adecuada del agua, orientadas a garantizar su disponibilidad, calidad y adecuada distribución en toda la población y en especial a la que vive en el sector rural. * Este informe se realiza como parte del proyecto “Construyendo Gobernanza Ambiental en seis municipalidades de Ayacucho, Cajamarca y Puno”, ejecutado por la Asociación SER con el financiamiento de Medicus Mundi Alava-Araba y el Gobierno Vasco.

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Género

El lento avance de las políticas de igualdad de género A

l principio no fue fácil.

Había que emprender una nueva dinámica para el estudio en el nivel superior, todo un desafío para Ana Bertha que culminó la secundaria hace más de dos décadas. Actualmente ha superado los obstáculos y está terminando el segundo año. Nada de esto sería posible sin el apoyo de su familia y porque tuvo acceso a espacios de empoderamiento.

Ana Bertha, es una promotora comunitaria que decidió retomar sus estudios superiores en el Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría de Los Morochucos en Cangallo. No tendría nada de rara la decisión adoptada por Ana Bertha, si no fuera porque tiene 45 años, situación que generó no poco asombro en los integrantes de su comunidad. Los comentarios de que “ya es muy tarde para haber tomado esa decisión” y las dudas en torno a su capacidad de que “si podrá culminar los estudios”, eran los temas de conversación del pueblo.

Elga Prado Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Es evidente que durante los últimos años las mujeres han logrado progresos significativos, tal como lo ha hecho Ana Bertha, sin embargo es necesario precisar que este progreso ha sido limitado y desigual. El acceso de las mujeres rurales e indígenas a los beneficios de las políticas públicas ha sido restringido. Basta mirar las estadísticas regionales: Analfabetismo con un 23% de mujeres y 7% hombres, mortalidad materna, embarazo adolescente, violencia, feminicidio, feminización del VIH -SIDA, limitada participación de las mujeres en la vida política.

Asimismo persisten las brechas en el ingreso económico por sexo, siendo ésta una de las expresiones en las que se traduce la desigualdad de género en nuestra región.

Normatividad La promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, en el 2007, marcó un hito importante para reducir las brechas de generó en el país. En el marco de esta

Género

ley, en el 2010 se hizo el lanzamiento del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO) 2010- 2017, abriendo nuevas posibilidades para implementar las políticas a través de mecanismos que promovieran cambios estructurales en el relacionamiento de mujeres y hombres, eliminando todo tipo de estereotipos discriminatorios por razones de género.

Ahora vivimos en un contexto especial, porque el discurso de moda es la “inclusión social”, que suponemos busca construir una sociedad más justa y menos excluyente, en un país que crece en las cifras. Pero debemos tener en claro que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer y existe una triple discriminación por su condición de mujer, pobre e indígena o rural. Es en este contexto que el mandato de la transversalización del enfoque de género en la gestión pública se torna desafiante y genera resistencias en quienes tienen la obligación de cumplirlo porque aún no es entendido en su real dimensión ni por los políticos de nuestra región, ni por los operadores del Estado que asumen que ya está implícito y/o se resisten a implementarlo.

Tampoco se considera la necesidad de fortalecer las capacidades de los integrantes de la burocracia en este tema, de modo que la implementación de las políticas de igualdad aparecen como si fueran solamente demanda de las organizaciones y colectivos de mujeres, generándose así, relaciones tensas entre operadores y sociedad civil por la poca respuesta del Estado frente a estas demandas.

Evidencias El último reporte sobre el cumplimento de la Ley de Igualdad de Oportunidades presentado por la Defensoría del Pueblo, en noviembre del 2012, revela un gran avance a nivel de políticas públicas; sin embargo existen limitaciones respecto al presupuesto público el cual requiere ser sensible al tema de género; es decir, “diseñado con consideraciones de género como elemento transversal (…) en todas las fases que conforman su ciclo de elaboración”. Pero a nivel regional, en cuanto al PRIO, subsiste un grado de incumplimiento que se refleja en el reducido presupuesto que se destina a este rubro.

Oportunidades Cabe destacar que actualmente existe un proyecto para la implementación del PRIO, por un monto superior a los dos millones de soles, siendo una buena oportunidad para iniciar procesos de cambios en los distintos niveles de gobierno y sectores a nivel de la región. Sin embargo, aún no se ha concretado nada debido a la limitada conceptualización del enfoque de género y la poca claridad de las implicancias de su transversalización, tanto en el equipo consultor del gobierno regional como en la gerencia de Desarrollo Social.

Lo mismo ocurre con el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas (FOCAP) que actualmente viene elaborando el Diseño Curricular Regional que no ha considerado el enfoque de género en la propuesta del modelo de Gestión Educativa de

“Aún no se ha concretado nada debido a la limitada conceptualización del enfoque de género y la poca claridad de las implicancias de su transversalización”

la región. Y aunque el equipo ha mostrado resistencias, se ha logrado compromisos de incorporar este enfoque y la Educación Sexual Integral.

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Se necesita voluntad política

En el caso de los gobiernos locales existen iniciativas puntuales como la creación de la gerencia de Desarrollo Social y Género en la Municipalidad distrital de San Juan Bautista, la cual debe ser fortalecida y replicada en las demás provincias y distritos de la región.

En conclusión, el desafío para hacer realidad la implementación de políticas y presupuestos sensibles al género, radica en la necesidad de concebir la igualdad de género como una condición fundamental para lograr el desarrollo. Por supuesto, ello implica romper con ciertos paradigmas que asumen que el desarrollo solo es infraestructura.

Otro sector importante que aún no ha mostrado interés de transversalizar el enfoque de género es Salud a pesar de que las mujeres son las que muestran los indicadores más negativos en la salud sexual y reproductiva, lo que refleja la ausencia de políticas claras que promuevan la igualdad de género a favor de las mujeres.

Promover la igualdad de género también tiene implicancias económicas porque hace crecer la productividad y mejora las condiciones de vida, pero para ello se requiere de voluntad política traducida en asignación de recursos y en ejecución de acciones concretas que evidencien resultados.

Las declaraciones desafortunadas del presidente regional Wilfredo Oscorima, en contra de la mujer ayacuchana, le valieron una marcha de protestas y reclamos de diversos sectores de la población para que rectifique sus palabras.

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Desarrollo

¿Existe una política para comunidades campesinas y pueblos indígenas en Ayacucho?

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n el Perú existen aproximadamente 5,800 comunidades campesinas reconocidas. Del total de estas comunidades 662 se encuentran ubicadas en la región Ayacucho, y en ellas se encuentra el 48% de la población total de dicha región.

Históricamente en el Perú los temas referidos a Comunidades Campesinas habían sido asumidos como un problema relacionado solamente al ámbito agropecuario. Por ello, eran las agencias agrarias, a través de las cuales el Estado se relacionaba con las comunidades, buscando resolver los problemas referidos al agro y la tierra.

Minda Bustamante Soldevilla Consultora – Grupo Allpa Revista de Análisis Político Regional - Retablo

El proceso de descentralización y la trasferencia de funciones a los gobiernos regionales, generó nuevos retos en la relación con las comunidades campesinas y pueblos originarios. Así, los gobiernos subnacionales debieron asumir políticas de inclusión, reconocimiento y respeto. Pero hasta la fecha, las políticas públicas regionales han focalizado solamente su atención a la población “rural” y en “situación de vulnerabilidad”, lo que invisibiliza a las comunidades campesinas y pueblos originarios.

Las políticas públicas en Ayacucho: La reforma descentralista estableció que las comunidades campesinas y pueblos originarios deben participar de las decisiones del gobierno regional, para superar toda forma de discriminación y exclusión (según el artículo 6 de Ley de Bases de la Descentralización). A su vez, la Ley Orgánica de Regio-

Desarrollo

nalización en su artículo 8 señala como principio rector que los gobiernos regionales deben promover políticas públicas y acciones para la inclusión y el respeto de derechos de las comunidades campesinas y nativas.

En el caso de Ayacucho, no existen dichas políticas de inclusión ni de reconocimiento a comunidades campesinas y pueblos originarios. Diversos documentos públicos del Gobierno Regional de Ayacucho correspondientes al 2011 y 2012 , señalan que el presupuesto se viene invirtiendo en obras de infraestructura en los diferentes ámbitos y gerencias, quedando en claro que el objetivo de la entidad regional es “llevar el desarrollo” a toda la región y vencer la extrema pobreza.

Por ello, cuando el gobierno regional se refiere a los lo-

gros en Educación y Salud lo que se pone por delante es la cantidad de dinero invertida en infraestructura, sin hacer referencia a la calidad de los servicios. Si bien se hace alusión a las poblaciones vulnerables y al sector rural no se menciona a las comunidades campesinas y sus proyectos de desarrollo.

Demandas Una de las principales demandas de las comunidades campesinas y pueblos originarios es ser incluidos en las políticas de desarrollo de sus respectivas regiones .

En Ayacucho en el año 2008 ya hubo una propuesta para poder crear una Oficina Regional de Pueblos Andinos y Amazónicos que incluyera a las comunidades campesinas. Ese mismo año, la Sub Gerencia de Desarrollo Social emitió su opinión proponiendo la creación de un

“Una demanda de las comunidades y pueblos originarios es ser incluidos en las políticas de desarrollo”

Consejo Regional de Pueblos Andinos y Amazónicos cuya labor sería concertar políticas, programas y planes en la región que incluyan activamente a las comunidades campesinas . Pero esta propuesta quedó simplemente en idea pese a que fue trabajada por las organizaciones más representativas de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de Ayacucho.

Esta situación se da por la falta de información y el “peloteo” que existe de una oficina a otra y del que son víctimas los integrantes de comunidades campesinas y pueblos indígenas. No reciben la información sobre las acciones y proyectos en salud, educación, semillas, proyectos productivos, etc., que se supone el gobierno regional desarrolla a su favor. De otro lado, para las mujeres indígenas y campe-

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sinas la situación es doblemente difícil. Son ellas quienes asumen el trabajo en la tierra y la producción cuando los hombres migran a las minas o a la costa en busca de mejores perspectivas de trabajo. A ello se suma la discriminación que sufren por su condición de indígenas/campesinas quechuahablantes.

Oficina Regional para las comunidades y pueblos Ante la situación descrita, es necesario establecer e implementar una Oficina Regional de Atención a Comunidades y Pueblos Originarios. Esta instancia debe tener la capacidad de recabar y sistematizar la información de las dependencias regionales, para visibilizar a través de un mapa regional los proyectos de inversión y desarrollo que la región Ayacucho viene gestionando, tanto en obras de infraestructura como en medidas de inclusión social.

Asimismo, es necesario que se preste atención prioritaria a las mujeres campesinas /indígenas, así como es imprescindible que los/las funcionarios asignados a dicha oficina, hablen quechua, como un primer paso hacia un diálogo intercultural y el respeto a los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas de Ayacucho.

Pobladores de comunidades campesinas de Ayacucho en la ciudad de Lima, reclaman la poca o casi nula información que se les brinda sobre proyectos que tienen que ver con su desarrollo, lo que posteriormente genera situaciones de conflicto.

1 Ver: http://www.regionayacucho.gob.pe/default/PDF/revista/revista.pdf http://www.regionayacucho.gob.pe/default/PDF/revista/ revista3.pdf http://www.regionayacucho.gob.pe/default/PDF/revista/2012/revista1.pdf 2 Según la Defensoría del Pueblo en “Estado Actual del Proceso de Transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales: Tareas Pendientes”. Lima, 2011.

3 Informe ALLPA “Las Comunidades Campesinas en Ayacucho”. SER, Lima, 2009.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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DOSSIER: AGENDA DE LA MUJER JOVEN Y ADOLESCENTE

La mujer joven y adolesce Introducción En el Perú y en especial en la región Ayacucho aún no se logra disminuir las brechas que existen entre varones y mujeres. Muestra de ello es la exclusión que sufren las jóvenes y adolescentes para acceder a educación de calidad, servicio de salud adecuado, condiciones de trabajo apropiadas con remuneraciones dignas, desventajas que en muchos casos se agudizan por su origen y edad. En el siguiente diagnóstico nos acercamos a la real situación que vive la mujer joven y adolescente de la región Ayacucho en diversos temas como empleo, participación política, educación, salud sexual y reproductiva, y violencia de género.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población juvenil en la región Ayacucho es de 156 mil 572 jóvenes, que representan la cuarta parte (25.6%) de la población total. De esta cifra, 77,472 son mujeres entre 15 y 29 años. Sin embargo, este grupo considerado como el más importante de la población en términos de capital humano, es objeto de diversas vulnerabilidades.

Empleo Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en el año 2009, la población juvenil en Ayacucho que se encontraba

en edad de trabajar alcanzaba a 148,928 jóvenes. De este número, 51.4% eran mujeres y 48.6% varones.

Las condiciones de empleo de las jóvenes adolescentes ocupadas en la región son preocupantes, porque la mitad de ellas se encuentra inadecuadamente empleadas (45.1%), mientras que la mayoría están subempleadas (58.2%) La mayor proporción de ellas (82.1%) cuenta con estudios básicos de primaria y secundaria, y sólo el 16.9% presenta estudios superiores universitarios y no universitarios.

Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Los ingresos en promedio ascienden a S/. 797.00 en los varones, mientras que en la mujer a S/. 547.00, generándose una brecha de 31.2% de diferencia.

Respecto a la distribución de los ocupados por estructura de mercado, a nivel de género se presentan claras diferencias.

Los varones mayormente laboran en el sector privado (en empresas de 2 a 9 trabajadores con un 32.8% frente a un 17.7% de las mujeres); mientras que las mujeres se ocupan principalmente como trabajadoras familiares no remuneradas (42.2%).

Participación política En la sociedad ayacuchana aún pervive un sistema de género que se expresa en la ideología patriarcal y androcéntrica, que incide en el cumplimiento de los roles reproductivos de las mujeres. Esta realidad implica restricciones en su desenvolvimiento al interior del espacio público, limitando su participación en los niveles de dirección dentro de los partidos políticos y siendo relegadas a labores de apoyo logístico y organizativo.

En síntesis, la falta de autonomía y empoderamiento de las mujeres no les posibilita un adecuado protagonismo político.

Las mujeres jóvenes enfrentan una doble discriminación: ser mujer y joven, lo que les impide participar en igualdad de condiciones con los varones, pues ellas tienen mayor dificultad para acceder a más recursos y poder financiar sus campañas electorales o acceder a programas de formación y liderazgo.

Por ello, las organizaciones políticas, los gobiernos locales y otras instituciones las restringen a los espacios domésticos, desconocen sus agendas y por tanto no fomentan su empoderamiento.

Ante esta situación se han implementado instrumentos para

DOSSIER: AGENDA DE LA MUJER JOVEN Y ADOLESCENTE

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ente en Ayacucho El presente diagnóstico situacional ha sido realizado en el marco del proyecto “Plataforma, Democracia y Desarrollo local” que viene implementando la Asociación Servicios Educativos Rurales en las provincias de Huanta y La Mar, con el financiamiento de Diakonia.

Tiene el objetivo de contribuir al empoderamiento y articulación de las organizaciones sociales para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, mediante la incorporación de las prioridades de sus agendas de desarrollo en los planes estratégicos y programas de inversión del gobierno regional y local. garantizar el adecuado ejercicio de su ciudadanía, como las cuotas de género. A partir de la aplicación de éstas, la participación de las mujeres en espacios de decisión política registró un ligero incremento.

Por ejemplo, en el Consejo Regional de Ayacucho de 13 miembros, 3 son mujeres. Asimismo en la municipalidad de Huamanga de 11 regidores, 3 son mujeres y en la municipalidad de Huanta, de 9 regidores, 2 son mujeres. En el caso del Congreso, en el actual período no figura ninguna mujer, aunque en el período anterior tuvimos dos congresistas por la región.

el INEI en el año 2007, el 25.4% de la población femenina no logró realizar ningún nivel educativo, es decir 4 veces más en comparación con los varones.

Entre las principales causas que limitan la continuación de la educación básica secundaria de las mujeres adolescentes, se encuentran la inasistencia a la escuela o colegio por atender quehaceres del hogar o por dedicarse a actividades laborales y productivas, el embarazo adolescente, la formación temprana de parejas y la inexistencia de centros de enseñanza en centros poblados.

Salud sexual y reproductiva Las mujeres tienen una mayor necesidad de los servicios de

salud por su función reproductiva y sus características biológicas. Por ello, la maternidad de las mujeres en etapa adolescente merece especial atención.

Ayacucho, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2009, es uno de los departamentos del Perú con mayor porcentaje (18.9%) de mujeres adolescentes que son madres o están embazadas, lo que implica un incremento en relación a la cifra de los años 2007–2008 que alcanzó el 18.3%. Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA), en el 2009 se registró 13.1% de madres adolescentes, mientras que en lo que va del 2012 el porcentaje se ha incrementado a 21.0%.

Si bien las cuotas son un primer mecanismo que brinda oportunidades a las mujeres para intervenir en espacios políticos, no garantiza el derecho a ser elegidas en igualdad de condiciones que los varones.

Por ello es indispensable medidas complementaria a la Ley de Cuotas.

Educación En este sector, según las estadísticas y las brechas de género, las mujeres que no tienen acceso a la educación se ubican en los sectores de extrema pobreza, en los grupos étnicos y en los ámbitos rurales. Según

Participante en los talleres de diagnóstico sobre la situación de la mujer en Ayacucho presenta los resultados de las discusiones.

En cuanto a la mortalidad materna, en el 2009 DIRESA registró 7 muertes. A noviembre del 2012 tenemos 12. Entre las principales causas se encuentran el suicidio (39%), neumonía (20%), enfermedades del sistema respiratorio (13%) y meningitis, VIH, epilepsia, y leucemia, con 7% cada una.

Violencia de género La violencia ejercida contra la mujer de todas las edades y condiciones está relacionada con la exclusión y discriminación histórica que viven, sobre la base de relaciones de poder asimétricas con los varones. Ayacucho ocupa uno de los primeros lugares en el país en cuanto a los índices de violencia ejercida contra la mujer. Según el Centro de Emergencia Mujer, de cada 10 mujeres 6 sufren violencia. Es así que en el tercer trimestre de 2012, la DIRESA ha registrado 2,064 casos de violencia familiar en adolescentes jóvenes.

La violencia contra la mujer tiene un impacto negativo en las posibilidades de desarrollo de una comunidad y constituye un obstáculo para salir de la pobreza ya que disminuye capacidades, genera gastos debido a la atención en salud, seguridad y tutela judicial. Es así que la violencia contra las mujeres termina resquebrajando el entorno familiar como espacio de protección y al mismo tiempo descapitaliza a la sociedad en su conjunto.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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DOSSIER: AGENDA DE LA MUJER JOVEN Y ADOLESCENTE

L

a agenda “Construyendo un Mundo Mejor”, contiene una serie de lineamientos para orientar acciones desde la sociedad civil y las instancias gubernamentales y poder enfrentar los problemas que aquejan a las adolescentes y mujeres jóvenes de la región Ayacucho, en el marco de la implementación de las políticas públicas regionales como el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO) y el Plan Regional de Lucha contra la violencia hacia la mujer.

Agenda de prioridades: “Construyendo un Mund La agenda de prioridades de mujeres jóvenes y adolescentes denominada “Constru el resultado de un proceso de debate, reflexión y análisis impulsado por organiza adolescentes de Ayacucho como SIPASKUNA, UNICAS, HATUN WARMI y WIÑAY WARMI, con Educativos Rurales, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Kallpa y UNICEF.

La agenda fue elaborada sobre la base del diagnóstico situacional de las mujeres jóvenes que incluyó diversos temas como empleo, participación política, educación, salud sexual y reproductiva, y violencia de género.

Empleo Para superar las brechas a las que se enfrentan las jóvenes y adolescentes de Ayacucho en el aspecto laboral, se requiere de un trabajo de promoción y defensa de sus derechos económicos. En ese marco, se plantearon acciones de seguimiento para el cumplimiento de la implementación de programas y proyectos de capacitación y asesoría técnica que permitan mejorar la competitividad y el acceso a un empleo digno.

Dentro de esta problemática, las principales instancias involucradas son el Gobierno Regional de Ayacucho y los gobiernos locales, como decisores políticos, que deben promover y desarrollar iniciativas que fortalezcan las capacidades de emprendimiento laboral de las mujeres y sus capacidades para un empleo digno y adecuado.

Participación política Las jóvenes y adolescentes son agentes activos para promover el cambio y el desarrollo de la sociedad, por lo que es necesario promover su participación activa en espacios de poder y

Revista de Análisis Político Regional - Retablo

toma de decisión. Sin embargo, son muchas las causas que originan y perpetúan la desigualdad entre varones y mujeres.

Una adecuada implementación de los mecanismos e instrumentos que promueven la participación política de las mujeres

permitirá el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos.

Para ello es necesario promover la participación activa de las organizaciones de mujeres en espacios de participación ciudadana y política. También es

urgente lograr su formalización con un acompañamiento del fortalecimiento de sus capacidades, siendo responsables directos de estas acciones el Gobierno Regional de Ayacucho, los gobiernos locales y las instancias de la sociedad civil.

DOSSIER: AGENDA DE LA MUJER JOVEN Y ADOLESCENTE

o Mejor” yendo un Mundo Mejor”, es ciones de mujeres jóvenes y el apoyo de la Asociación Servicios tos para la implementación de planes regionales y locales sobre igualdad de oportunidades.

Educación Es importante que se realicen procesos de vigilancia y seguimiento a las políticas públicas referidas al tema educativo. También es necesario promover la transversalización de los enfoques de género, interculturalidad y medio ambiente en la gestión educativa, ya que debe entenderse a la educación como una de las principales estrategias para el cambio y el fomento del desarrollo de la sociedad, especialmente si se aborda desde el enfoque del desarrollo humano.

Salud sexual y reproductiva

Asimismo, para una adecuada promoción de políticas que impulsen la presencia activa de la mujer en diversas esferas de la participación ciudadana, se recomienda que los gobiernos regionales y locales destinen presupues-

El acceso a los servicios de salud, derechos sexuales y reproductivos es un derecho de todas las personas, pero debe ser de calidad y sin discriminación por razón de edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual u otros. El buen trato en la oferta de salud es un punto esencial.

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Es necesario establecer acciones de seguimiento para verificar el cumplimiento del programa curricular para la educación sexual y reproductiva integral, teniendo en cuenta que es una de las estrategias más importantes para la prevención del embarazo adolescente.

Asimismo, para garantizar el derecho a una salud de calidad de las jóvenes y adolescentes de Ayacucho, se requiere de un trabajo articulado entre el Gobierno Regional de Ayacucho, gobiernos locales, sector Salud, Educación e instituciones especialistas en el tema.

Violencia de género Hay que partir del reconocimiento y visualización del contexto profundamente machista y violento que vive nuestra sociedad, que día a día reproduce prácticas de violencia.

En ese sentido, desde el gobierno regional y los gobiernos locales se deben desarrollar acciones orientadas a la implementación de planes y proyectos que cuenten con presupuestos para prevenir y erradicar todo tipo de violencia y en especial la que sufren niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Con estas acciones se podrá contribuir a la construcción de una sociedad sin violencia, donde las condiciones de equidad entre varones y mujeres no sean más una brecha de género.

La Defensoría del Pueblo indica que sólo 8 gobiernos regionales del país elaboran su presupuesto teniendo en cuenta los problemas de violencia y discriminación que afrontan las mujeres. Dato a tener en cuenta.

Las mujeres ayacuchanas requieren de asesoría técnica que les permita mejorar la competitividad.

Colofón Todas las ideas planteadas en la agenda “Construyendo un Mundo Mejor”, se deben poner en práctica además con un enfoque de interculturalidad, equidad de género y democracia intergeneracional teniendo en cuenta las diferentes formas de relaciones de poder y jerarquías sociales y participación social de las mujeres.

No hay que olvidar que la adolescencia y la juventud son las etapas, donde las personas sientan las bases para ejercer su ciudadanía plena y contribuir con el desarrollo de su

sociedad. Por eso es necesario que los gobiernos regionales y locales promuevan espacios de fortalecimiento, análisis y, discusión de la problemática de las mujeres jóvenes. Asimismo, se debe entender que las mujeres no son un asunto pendiente, sino parte del desarrollo, por tanto iguales en derechos y diferentes en necesidades.

Fuentes consultadas: • Plan Nacional de Género PLANIG 2012 -2017 • Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2010 – 2020 • INEI – V Censo de Población y Vivienda 2007 • ENDES 2007, 2008 y 2009 • ENAHO 2007 • MIMSA /DGSP-OGE • Centro de Emergencia Mujer

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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Desarrollo

Ayacucho: Conflictos sociales y vías de solución Para muchos ciudadanos y ciudadanas, es una sorpresa que Ayacucho no aparezca en el escenario nacional como una de las regiones de mayor conflictividad, sin embargo, hay que precisar que existen espacios territoriales donde ésta es latente y si no se gestiona adecuadamente, la situación podría cambiar a un clima de confrontación rompiéndose la institucionalidad del Estado.

Carlos Condori Castillo Coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Ayacucho

Revista de Análisis Político Regional - Retablo

E

ntre los conflictos que más incidencia han tenido en los últimos meses en Ayacucho, se pueden señalar el de la minera Río Plata en la zona alta de la cuenca del Cachi; el de los posesionarios de terrenos del distrito de Vinchos que reclaman resarcimiento por las afectaciones generadas por la instalación del gasoducto de Camisea; el conflicto entre la minera Catalina Huanca y la comunidad de Taca por controversias en el contrato de servidumbre; el proyecto minero Chinchinga en Hualla, provincia de Víctor Fajardo, cuya operación ha sido suspendida. Finalmente, tenemos a los mineros informales de Luicho en Páucar del Sara Sara, que ya tienen una orden de desalojo.

Otros casos giran en torno a las imprecisiones limítrofes entre comunidades fronterizas de Ayacucho y Huancavelica, conflicto que se encuentra en fase de negociación; asimismo, los litigios territoriales de las comunidades de Soras y Larcay, cuya negociación fue interrumpida por las partes; finalmente, otras situaciones que se dan en el ámbito urbano como el problema de los mercados, los transportistas y las demandas universitarias.

Estos son apenas una referencia, ya que hay otros conflictos que coexisten en muchos casos de manera invisible, sobre todo los de Carhuanca y Saurama, o Huancarucma y Payahuanay, que enfrentan a estas comunidades campesinas desde siempre y que se activan de cuando en cuando a través de alguna circunstancia en particular, sobre todo por la presencia de denuncios mineros o ejecución de proyectos.

Características Los conflictos son situaciones normales que surgen en toda sociedad y evidencian problemas que afectan a determinados sectores de po-

Desarrollo

nunca apoyan aquí ni en cualquier parte, sólo dificultan los procesos, muchos viven de los conflictos”, “se comprometen a resolver los casos, pero luego se olvidan y no se cumplen las actas”, “nosotros ya lo habíamos resuelto, pero vinieron los residentes y todo se perdió, ellos ven nuestros problemas desde lejos”, “los medios de comunicación no ayudan, siempre hablan de los problemas, de los responsables, pero pocos dicen, cómo resolver el problema”.

Diversas marchas de la población ayacuchana se dieron durante el 2012.

blación. Si estos problemas se mantienen y los actores comprometidos y las instancias con responsabilidad no actúan adecuadamente, el malestar crece con el riesgo de llegar a una situación de violencia.

Normalmente, los conflictos en su fase inicial no merecen atención y las autoridades o funcionarios no toman en cuenta sus primeras manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de Chinchinga, se sabe que las comunidades enviaron 17 solicitudes a las autoridades sin obtener ninguna respuesta. “Cuando radicalizamos las medidas, las autoridades recién nos toman en cuenta. Así es siempre”, reitera un dirigente sobre este caso.

De esta manera, las situaciones de conflicto han crecido en los últimos años y se generan por el incremento de las expectativas en la población ante la presencia de la minería, el gas o algún proyecto de desarrollo de envergadura, situación

que debe ser considerada por la empresa y el Estado. Es real que antes nadie daba ni un sol por algunos cerros desolados pero ahora cuando las comunidades observan la llegada de alguna empresa se piensa que: “si ellos ganan, nosotros también tenemos que ganar”. ¿Qué se puede hacer?

Enfrentar los conflictos sociales no es sencillo, porque no sólo debe significar el compromiso de los involucrados. También tienen que tomarse en cuenta aspectos que forman parte de la cultura en el tratamiento de los problemas y de potenciales conflictos. Por supuesto, existen casos que han sido resueltos con la decisión y la voluntad firme de sus autoridades, con capacidad de liderazgo, convencimiento y confianza.

En un conflicto surgen discursos como que “cada uno juega su partido aparte y no tiene la voluntad real de resolver el problema”, “los abogados

“Es real que antes nadie daba ni un sol por algunos cerros desolados pero ahora cuando las comunidades observan la llegada de alguna empresa se piensa que: si ellos ganan, nosotros también tenemos que ganar”

Otro factor, es la inexistencia de espacios de diálogo y de concertación, porque los que existen sólo surgen de manera circunstancial ante la presencia del conflicto. Estos espacios deberían existir en todas las provincias con una participación activa del Ministerio Público, los Gobernadores, la Policía Nacional y los representantes de las organizaciones sociales. Si los canales de diálogo estuvieran abiertos y existiera disposición de atender las situaciones, el conflicto no llegaría a su fase de violencia.

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La Mesa de Gestión de Conflictos En Ayacucho la Mesa de Gestión de Conflictos, que es parte de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, viene involucrando a actores de Estado y sociedad civil, con la coordinación del arzobispado. Percy Quispe, representante del Arzobispado en la Mesa de Gestión de Conflictos, resalta que la constitución de este espacio resulta ser una experiencia interesante, porque en ella se ha logrado abordar conflictos socioambientales, de imprecisiones limítrofes y demarcación, así como conflictos comunales.

“En esta mesa se abordan los problemas desde el interés de las partes y se trata de buscar soluciones”, explica Quispe.

La labor de la Mesa de Gestión de Conflictos puede ser más importante cada vez, pero para ello deberá descentralizarse hacia las provincias y buscar que en Ayacucho se construyan espacios de prevención, gestión y transformación positiva de los conflictos sociales.

Miembros de instituciones de la sociedad civil reunidos en torno a la Mesa de Gestión de Conflictos

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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Homenaje

Pilar Coll y la defensa de los derechos humanos H

ace pocos días se ha publicado de manera póstuma el libro “Pequeños retazos de mi vida” (CEP, Instituto Bartolomé de las Casas, 2012) del que hemos extraído algunos párrafos que recuerdan su lucha por la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

El trabajo de la CNDDHH

En la historia de la defensa de los derechos humanos en el Perú, Pilar Coll Torrente, siempre ocupará un lugar central. Ella falleció el 15 de setiembre del 2012 a los 83 años de edad. Su trabajo como fundadora y primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fue fundamental en los difíciles años ochenta e inicios de los noventa.

Retablo Revista de Análisis Político Regional - Retablo

“Hice muchos viajes a las zonas de emergencia, normalmente acompañada por alguien de los organismos de Lima: Ayacucho, Huancavelica, Abancay, Pucallpa, Huánuco y Tarapoto.

En Ayacucho en julio de 1987 nos detuvieron durante treinta horas, junto con dos asistentes sociales de CEAS y un sacerdote columbano. Fue interesante la respuesta de la Iglesia primero en Ayacucho en donde cuando se enteraron, las dominicas y los franciscanos fueron a vernos y nos llevaron frazadas, bocadillos y termos con café. En la comisaria tuvimos una Eucaristía muy vivida presidida por el sacerdote que iba con nosotras, participó el policía que nos vigilaba y se emocionó cuando pedimos para que no asesinaran a más policías. Esto fue al poco tiempo de la matanza de Cayara y como es natural, íbamos en busca de información sobre lo ocurrido. Esta sospecha fue la causa de la detención aunque utilizaron como excusa las copias de los Habeas Corpus que

encontraron al registrar mis cosas en el hotel. También desde Lima se movilizaron de inmediato, CEAPAZ envió a Pepe Burneo para que nos acompañara en las declaraciones ante la fiscalía. El entonces Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Ricardo Durand, salió en nuestro apoyo y al llegar al aeropuerto nos esperaba una buena delegación de amigos y amigas.

En los sucesivos viajes a Ayacucho recuerdo las reuniones con los familiares de los desaparecidos, casi todas ellas mujeres, donde se presentaban una a una y contaban como si hubiera ocurrido la noche anterior, las circunstancias de la desaparición con todo lujo de detalles. Eran sesiones durísimas. En uno de los viajes me acompañó el director de una ONG, y en un momento determinado me dijo: no puedo más, cortemos porque me voy a poner a llorar. Le sugerí que saliera a la calle, respirara hondo y si se sentía con ánimo, volviera a entrar pero teníamos que escuchar los relatos de aquellas mujeres que en verdad eran sobrecogedores.

Recuerdo en Huancavelica cuando desaparecieron a Ángel Escobar, Secretario del Comité de Derechos Humanos, viajé con un abogado de APRODEH. Al visitar al Jefe Político Militar, el diálogo fue tan duro y la

Homenaje

negación de que ellos tuvieran algo que ver fue tan rotunda como mis argumentos probándole lo contrario, que al salir el abogado me dijo: vámonos en el primer tren que salga, esta noche, tú no te puedes quedar en Huancavelica porque te desaparecen; y así nos fuimos sin poder terminar el trabajo proyectado pero sí hechas las gestiones fundamentales y el acercamiento a la familia de Ángel Escobar”.

La despedida de la CNDDHH Pilar siempre consideró que no era indispensable para el trabajo de la CNDDHH, que siempre había posibilidad de encontrar un reemplazo.

Por eso es que en el año 1991 dejó el cargo, aunque nunca se alejó de la causa y muchas veces su presencia fue decisiva en las asambleas nacionales o en las sesiones del consejo directivo cuando en ocasiones parecía que no había manera de lograr consensos. Justamente cuando dejó el cargo en el año 1993, escribió este mensaje, que transcribimos a continuación: “Al retirarme de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora, quiero compartir con ustedes algo de mis sentimientos y esperanzas. Quiero

“Si no hubieran existido organismos de derechos humanos que denunciaran las violaciones y se atrevieran a hacer propuestas que garanticen el respeto a los mismos, hoy la situación sería mucho más grave”

comunicarles, aun cuando sea de un modo elemental, lo que ha supuesto el trabajo de estos años, codo a codo con muchos de ustedes, y mi preocupación por el confuso panorama de los derechos humanos hoy en el Perú.

Ha sido un tiempo cargado de dificultades pero a la vez de fuertes estímulos. Por una parte, la sensación de que “estamos arando en el mar” a pesar de tantos esfuerzos y de las declaraciones presidenciales, las violaciones a los derechos humanos continúan siendo graves, numerosas y persistentes y esto es como una espina clavada, como un aguijón que nos espolea. ¿Habremos gastado en vano nuestras fuerzas? Son preguntas legítimas y me atrevo a decir, incluso saludables. Mi respuesta es clara: a pesar de la sensación de frustración por no lograr cambiar la situación y revertir tendencias, si no hubieran existido organismos de derechos humanos que con oportunidad y sin ella, denunciaran las violaciones y se atrevieran a hacer propuestas que garanticen el respeto a los mismos, hoy la situación sería mucho más grave. (…) Salgo de este trabajo personalmente enriquecida por todo lo vivido, lo grato y lo ingrato, que de todo ha habido en este tiempo. Las acusaciones que nos han hecho a los defensores de los derechos humanos, nos han dolido por injustas y falsas pero no nos han desanimado. Al entregar la antorcha, lo hago con la convicción profunda de que otros y otras seguirán en la brecha y que lo harán con altísima eficacia, con la experiencia acumulada y con la esperanza tersa de que a ellos les será dado ver lo que yo pude apenas vislumbrar: un Perú sin violaciones a los derechos humanos, en paz y justicia, sanadas sus antiguas heridas y en donde sea una realidad lo soñado por Pablo Neruda: “Los niños en la escuela y con zapatos El pan y la justicia repartiéndose Como el sol se reparte en el verano”

Opinión

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Opinión Yuber Alarcón

Derechos humanos: ¿para quién?

S

obre los derechos humanos existen muchas conjeturas. Se dice que protegen a ciertos sectores de la población, que sólo son para los terroristas, que amparan a los que delinquen o los que están al margen de la Ley. Para otros “los derechos humanos son una cojudez”. En suma, existen concepciones de todo tipo. Sin embargo, pocos son los que se atreven a decir que los derechos humanos son de todos los seres humanos, que nos pertenecen a todos y todas, y que estamos en la obligación de promoverlos, protegerlos y defenderlos.

Los derechos humanos se definen como aquellos inherentes a los seres humanos sin distinción de sexo, origen y raza. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 estipula: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Corresponde a los gobiernos de cada país tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar, a fin de garantizar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos de individuos.

En nuestro país, lamentablemente, la violación a los derechos humanos ha sido una constante, agudizándose más en los años de violencia política. No obstante, superado este nefasto período, todavía se ven prácticas violatorias como las torturas, la discriminación y racismo, la criminalización de la protesta social, entre otras; que a diario se ven en los medios de comunicación.

Habiendo celebrado un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es tiempo propicio para reflexionar sobre la importancia de conocer nuestros derechos y de demandar a las autoridades su implementación y protección. Y no olvidemos que el mejor defensor de los derechos humanos es uno mismo.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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Entrevista Gestión Pública

“Hay muchos delitos que la gente y los servidores conocen pero no denuncian” ¿

Cómo se está desarrollando el trabajo de la Procuraduría en la región Ayacucho?

La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es un actor necesario dentro del nuevo modelo procesal y dentro del proceso tradicional del anterior Código de Procedimientos Penales.

Tenemos como atribución y deber principal la de ejercer la defensa del Estado y coadyuvamos al Ministerio Público para determinar la responsabilidad jurídica o penal que pueda corresponder a los autores y cómplices de un hecho presuntamente delictivo.

Cristian Loayza Gamboa, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción del Distrito Judicial de Ayacucho, lleva adelante 970 casos sobre hechos de corrupción de funcionarios. En esta entrevista nos cuenta sobre su trabajo y los esfuerzos de su procuraduría en la lucha contra la corrupción en Ayacucho.

Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Cuál es la diferencia entre su Procuraduría y las que existen al interior de los gobiernos regionales y locales?

Nos diferenciamos porque nuestra competencia está ceñida a los delitos de corrupción de funcionarios, es decir, coacción, hurto agravado, abuso de autoridad, entre otros, que son nuestra competencia. Recibimos quejas o denuncias de actos de corrupción y tenemos la facultad de solicitar información de cualquier orden y carácter para realizar posteriormente un análisis y determinar

si existe o no la presunción de un delito. De existir lo canalizamos a través de una denuncia penal al Ministerio Público. ¿Cómo es el sistema de monitoreo que utilizan para detectar posibles actos de corrupción de funcionarios?

Gracias a la voluntad política del gobierno nacional tenemos acceso a datos del RENIEC y Registros Públicos. Según la normativa, tenemos todas las prerrogativas para solicitar información a cualquier entidad y funcionario público para acceder a una fuente de información primaria, que puede ser preventiva o después de consumado el delito.

Asimismo, estamos dotados de varios instrumentos, como el observatorio conformado por abogados que monitorean los movimientos de carácter económico, las licitaciones, adquisiciones y contrataciones de los gobiernos locales y regionales. También tenemos acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, para contrastar información.

Finalmente, incentivamos a que las personas denuncien los actos de corrupción porque hay muchos delitos que la gente y los servidores conocen pero no denuncian.

La corrupción en Ayacucho ¿La vigencia del Nuevo Código Procesal Penal ha permitido acelerar los procesos vinculados a delitos de corrupción en nuestra región Ayacucho?

El Nuevo Código tiene muchas ventajas a diferencia del anterior porque aplica el prin-

Entrevista Gestión Pública

cipio de celeridad, por ello hay procesos que culminan al mes por una terminación anticipada, cuando el inculpado acepta su responsabilidad penal. Por supuesto, también hay procesos ordinarios donde no se acepta esa terminación y continúa el proceso, extendiéndose a unos ochos meses, incluyendo las audiencias del juicio oral.

Pero hay casos como las acusaciones contra el presidente regional o el alcalde de Huamanga que ya superaron ese tiempo.

En Ayacucho tenemos varias sentencias penales condenatorias, evidentemente los casos emblemáticos que mencionas, se encuentran en giro, pero en los primeros meses de 2013 tendremos las primeras sentencias en estos casos. ¿Cómo es el panorama de los delitos de corrupción de funcionarios en Ayacucho?

Hemos hecho un sinceramiento de la carga procesal que maneja esta Procuraduría y oscila entre 970 casos, de los cuales el 70% están con el modelo anterior y sólo un 30% con el nuevo Código Procesal. En todos estos casos participamos como actores civiles y hacemos una

pretensión a nombre del Estado solicitando una reparación civil o la restitución del bien.

“Hemos hecho un sinceramiento de la carga procesal que maneja esta Procuraduría y oscila entre 970 casos, de los cuales el 70% están con el modelo anterior y sólo un 30% con el nuevo Código Procesal”

La Procuraduría Anticorrupción de Ayacucho ha propuesta el proyecto de Ley para la creación de una Comisión de Alto Nivel de Lucha Anticorrupción a nivel nacional.

¿Cuántos sentenciados ha habido en Ayacucho por delitos de corrupción?

Manejamos una estadística que indica que en el 2011, de acuerdo a la carga procesal había un 36% de casos que contaban con sentencia condenatoria y algunos con sentencias absolutorias, casos que la Procuraduría ha impugnado. ¿Qué tanto se ha avanzado en las reparaciones civiles?

Hay avances pero también la Procuraduría y el Ministerio de Justicia han presentado propuestas en este tema. Por ejemplo, que el sentenciado por delitos de corrupción de funcionarios que no pague el íntegro de la reparación civil no pueda acceder a los beneficios penitenciarios. También hay un proyecto de ley para que exista la institución de la “muerte civil” para aquellos que no paguen la reparación y que al salir de la cárcel no puedan acceder a créditos y sean declarados incapaces para asumir cargos públicos.

Finalmente, ¿cómo se articula su trabajo respecto a la Mesa de Lucha anticorrupción de Ayacucho?

En este espacio, junto a otras instituciones estamos proponiendo políticas o ideas de cómo prevenir la corrupción. Se ha trabajado un proyecto de ley que fue presentado al Congreso con la ayuda de los parlamentarios de nuestra región, y que fue aprobado para la creación de una Comisión de Alto Nivel de Lucha Anticorrupción a nivel nacional. También se estarán creando estas comisiones en cada región y gobierno local.

Opinión

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De igual a igual Celina Salcedo

La Audiencia Pública y la democracia

L

a Audiencia Pública, como mecanismo de participación ciudadana, promueve la transparencia e integridad así como un marco normativo para la rendición de cuentas. Su ejercicio contribuye al control social de la gestión pública, y a la interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía.

Por otro lado, permite a las autoridades que la toma de decisiones se realice dentro de un marco de actuación visible y transparente, elevando la confianza de la población, para fortalecer y recuperar la legitimidad de las instituciones y las autoridades del Estado.

Sin embargo, no todos los mecanismos de participación ciudadana cumplen con estos objetivos, ni todas las autoridades están abiertas a cuestionamientos de la sociedad, ni mucho menos tienen la voluntad de actuar con transparencia y responder al conjunto de las preocupaciones colectivas. Se trata, entonces, de gobiernos cerrados, autoritarios, y con una escasa valoración y comprensión de los derechos ciudadanos.

El desempeño de estas audiencias depende también de la calidad y pertinencia de la participación de la sociedad civil y es aquí donde se perciben deficiencias. Por ejemplo, se observa que no hay claridad en el objetivo de la audiencia, sobresale la relación clientelista de quienes son convocados, se ve a la autoridad como un benefactor a quien hay que darle las gracias, sin entender que la responsabilidad de toda autoridad es resolver los problemas de la población utilizando adecuadamente y de manera transparente y eficaz los recursos públicos.

La última audiencia convocada por el Gobierno Regional Ayacucho, el 14 de diciembre, no ha sido el mejor ejemplo. Dejó un sabor amargo en ayacuchanos y ayacuchanas, y ciertamente no tuvo las características positivas que se esperaban. Más bien, fue un ejercicio de clientelaje y de aprovechamiento de poder donde la población más pobre fue utilizada.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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Historia

Orcasitas: De la hacienda a la comunidad (1940-1989) El presente informe analiza los diversos acontecimientos y cambios sociales originados entre los años 1940 y 1989 en la hacienda Orcasitas.

Asimismo, nos acercamos a un recuento de las familias que heredaron esta hacienda, los conflictos internos y la crisis por las acciones de reivindicación social del campesino y la Reforma Agraria.

Michael Chuchón Robles Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Los herederos Los dueños legítimos del valle de Pacaicasa fueron despojados de sus tierras en 1540 por un señor de apellido Cabrera.

Alrededor de 1650, apareció como propietario don Francisco Pizarro Velarde y su hija entregó en herencia la hacienda a don Deán Bernardo Santa Cruz y Goyenechea en 1720. Tras la muerte de Deán la hacienda se dividió en partes iguales entre sus sobrinas, habiéndole tocado Pacaicasa a María y Wayllapampa a Margarita.

Margarita se casó con el noble español, don José Salvador Cabrera y María con un señor general del ejército español llamado Orcasitas. De este último matrimonio nacieron un varón y tres mujeres. Una de ellas se casó con un señor Tello, natural de Andahuaylas y Caballero de la orden de San Juan de Cala-

Ruinas de lo que fue la hacienda Orcasitas.

trava. Este matrimonio tuvo tres hijos: dos varones y una mujer. La hija que fue heredera de Orcasitas contrajo matrimonio con don Joaquín Houguet y tuvieron a Blas Houguet, quien contrajo matrimonio con doña Gavina Morote y tuvieron dos hijas: Tránsito y Rosario, ésta última se casó con el Doctor Velarde Álvarez y Tránsito con el teniente del ejército, don Maximiliano Anchorena. A la muerte de Blas Houguet, la hacienda Orcasitas fue heredada por Tránsito, mientras que su hermana Rosario se quedó con la casa de Ayacucho. El matrimonio Anchorena Houguet tuvo cuatro hijos: Manuel, Mercedes, José y Sergio.

Cuando fallecieron los esposos Anchorena Houguet, la hacienda se dividió en cuatro sectores: “A”, “B”, “C” y “D”, pero solamente tres hermanos tomaron posesión de las tie-

rras. Sergio Anchorena Huguet no lo hizo por ser una persona inválida haciéndose cargo de sus bienes su hermana. Asimismo doña Mercedes y don José Anchorena decidieron dar en arrendamiento sus bienes a Manuel Anchorena, hermano mayor de José, quien en adelante asumió el control de la hacienda Orcasitas.

Cuando el hermano menor José Anchorena regresó de Huancayo (Junín), buscó tomar posesión de su cuarta parte de la hacienda y realizó arreglos con su hermana Mercedes. Pero los esposos Ramón Calderón y Mercedes Anchorena se negaron a devolver la parte de José, empezando un juicio contra estos. Hubo una demanda de pro-división de las cuatro partes de la hacienda a los hermanos Anchorena, iniciándose el proceso de división el 15 de diciembre de

Historia

1947, a cargo de los ingenieros agrónomos Héctor Icochea y G. Morales.

De los cuatro hermanos que heredaron la hacienda Orcasitas, solo quedó usufructuando su parte la señora Mercedes Anchorena y su esposo, los otros hermanos vendieron o arrendaron las suyas. Los hijos de Manuel Anchorena habían vendido sus tierras a Máximo Morales Infante; lo mismo hizo el doctor José Anchorena y el sobrante de sus terrenos lo alquiló a los feudatarios.

Los campesinos se organizan Al observar cómo se iba dividiendo la hacienda entres los hijos de Maximiliano Anchorena, así como el surgimiento de juicios entre los hermanos y que parte de la hacienda era adquirida por personajes indignos; los campesinos se reunieron a “escondidas” y decidieron no pagar el arriendo de sus tierras. Así lo expresa Antonio Díaz Martínez: “Estos indios no quieren pagar el arrendamiento, nos dice el propietario. Estos campesinos no quieren pagar ni con trabajo, ni con dinero”, nos dice don Máximo Morales. “Por qué unos agitadores de mala fe les han aconsejado que la tierra será de ellos sin pagar nada, porque con su trabajo anterior ya la han pagado”.1

Los campesinos de Pacaicasa habían despertado del letargo en que estuvieron por mucho tiempo, además se enteraron de los movimientos campesinos que se daban en otros lugares. Llegaban noticias que los campesinos de Huanta, Vilcashuamán, Cangallo y otras provincias se habían alzado contra “el hacendado o gamonal” y formaron sindicatos de yanaconas, con el único objetivo de legalizar sus demandas.

Los campesinos de Pacaicasa y especialmente de Orcasitas también formaron el “Sindicato de Yanaconas de Pacaicasa” para hacerle frente a los poderes locales, así como lo expresa Rodolfo Vizcardo Arce: “El verdadero organizador y conductor del sindicato de Campesinos es un joven colono de Orcasitas, analfabeto, que ha residido varios años en la ciudad de Lima, donde según manifiesta trabajaba de albañil, y por consiguiente era miembro del “Sindicato de Construcción Civil”. Allí aprendió la mecánica de la organización de un sindicato. Es así que el 1 de mayo de 1964, al nombrarse en esa fecha la primera junta directiva. De primera intención, el sindicato planteó el alza de los jornales de 0.50 que se pagaba hasta mayo de 1964, a S/. 15.00 y la supresión de los trabajos gratuitos”.

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DON CABRERA 1540 MARGARITA LA FUENTE Y GENERAL ORCASITAS

FRANCISCO PIZARRO VELARDE 1650

HIJA DE LA FUENTE Y ORCASITAS CON EL SEÑOR TELLO

DEAN SANTA CRUZ 1720

HIJA DE TELLO Y ORCASITAS Y DON JOAQUIN HOUGUET

MARGARITA LA FUENTE Y JOSE SALVADOR CABRERA

BLAS HOUGUET Y DOÑA GAVINA MOROTE TRANSITO HOUGUET Y MAXIMILIANO ANCHORENA

ROSARIO HOUGUET

MANUEL ANCHORENA

MERCEDES ANCHORENA

JOSE ANCHORENA

SERGIO ANCHORENA

Genealogía de las personas que fueron dueñas de la Hacienda de Pacaicasa en el valle del mismo nombre.

“El 24 de junio de 1989, se emitió la Resolución Directoral Nº 0099-89, donde se reconoció a la Comunidad Campesinas de Orcasitas”

Este dirigente campesino no solo tenía que lidiar con Máximo Morales, sino también con los esposos Calderón Anchorena. La mayoría de los dirigentes campesinos eran enjuiciados y perseguidos acusados de agitadores, subversivos y comunistas. A fines de la década del 60, los campesinos continuaron enfrentándose a los dueños de las tierras de la hacienda.

Al enterarse de la llegada de la Reforma Agraria, los campesinos de Orcasitas reunidos en el “Sindicato de Campesinos de Pacaicasa” hicieron peticiones a los principales funcionarios para expropiar la hacienda, pero el hacendado de Orcasitas no estaba dispuesto a perder sus tierras y

continuaba enjuiciando a los campesinos rebeldes.

Posteriormente, los funcionarios del Ministerio de Agricultura convirtieron la hacienda Orcasitas en la “Unidad de Producción de Orcasitas” y los campesinos decidieron producir las tierras en forma comunal. Esta victoria campesina se logró gracias a sus acciones de reivindicación ante las autoridades. Después de varios años de trámites, el 24 de Junio de 1989, se emitió la Resolución Directoral Nº 0099-89, donde se reconoció a la zona como la “Comunidad Campesinas de Orcasitas”.

1 Díaz Martínez, Antonio. “Huamanga: haciendas tradicionales comunidades pobres; Capitulo Primero”.

En “Ayacucho: Hambre y Esperanza”. Páginas 3848. Ediciones “WAMAN PUMA” Ayacucho 1969.

Retablo - Revista de Análisis Político Regional

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Reseña

CENTRO DE DOCUMENTACION – SER

Memorias del soldado desconocido El relato de Lurgio Gavilán es un testimonio invalorable para comprender la historia de violencia política que vivió el Perú entre las décadas del 80 y 90, pero especialmente para comprender a la región Ayacucho de aquellos años.

Leonidas Ramos

E

s uno de esos relatos personales que no sólo cuenta la vida de un individuo sino también la historia de un país y una región con toda su complejidad.

Gavilán, a los doce años, se hizo parte de Sendero Luminoso siguiendo a su hermano pero también convencido del discurso senderista de igualdad y justicia tan seductor en un contexto de miseria y olvido en el que vivían las comunidades ayacuchanas; allí es testigo y participa de los actos más crueles contra los comuneros y comuneras, contra militares e incluso contra sus propios camaradas.

Después, al ser capturado se convierte en militar y asume la vida castrense, espacio donde también encuentra la

“Es uno de esos relatos personales que no sólo cuenta la vida de un individuo sino también la historia de un país”

Revista de Análisis Político Regional - Retablo

violencia y el vejamen. Luego, en los años noventa, se hace parte de la iglesia católica e ingresa a la Orden de los Franciscanos. Así, observa en su peregrinaje los impactos de la violencia en la población selvática, especialmente en los ashánincas.

El lector encontrará que este relato está escrito de forma sencilla, y esto se debe a que el autor no lo escribió con ningún fin académico, sino simplemente con ánimo de catarsis en medio de su vida religiosa. Hoy, Gavilán es un antropólogo graduado por la Universidad San Cristóbal de Huamanga pronto a doctorarse en México, y espera que su texto sirva para hacer memoria en el Perú, como un instrumento para acallar a aquellos senderistas que siguen levantando

los ideales del “monstruo”, tal como Gavilán llama a Abimael Guzmán, pero también para que nos recuerde que muchas comunidades altoandinas todavía siguen padeciendo del olvido del Perú oficial.

Al final del texto, el autor relata que volvió hace unos años a las mismas comunidades por donde anduvo como senderista, militar y religioso, y encontró que las marcas de la violencia aún se encontraban presentes en los pobladores y pobladoras de esas zonas. El miedo, la desconfianza y la pobreza, siguen presentes.

Memorias de un soldado desconocido.

Autobiografía y antropología de la violencia Lurgio Gavilán Sánchez IEP. Lima, 2012. 180 pp.

CEDOC Puedes encontrar libros, revistas y documentos de consulta.

Participación electoral indígena y cuota nativa en el Perú Aportes para el debate Coeditoras: Alicia del Águila, Milagros Suito IDEA, JNE. Lima, octubre 2012 122 pp.

Estudios sobre la propiedad Editor: Giovanni F. Priori Posada Fondo Editorial PUCP Lima, agosto 2012 328 pp.

Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 3 p.m. - 7 p.m.

Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI

Sucedió

Personaje

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LA REGIÓN Y SUS

Noviembre – Diciembre desestiman vacancia de oscorima 6 Noviembre.- El Consejo Regional de Ayacucho desestimó el pedido de vacancia del presidente regional Wilfredo Oscorima, promovida por Yolanda Castillo, vicepresidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que aseguró apelará la decisión.

casas afectadas por lluvias 19 Noviembre.- Las precipitaciones pluviales y granizadas en la región provocaron la inundación de un gran número de viviendas. La Dirección Regional de Agricultura informó que más de 100 hectáreas de cultivos del distrito de Tambillo fueron afectadas.

miembros de sl se entregan 27 Noviembre.- Cuatro integrantes de Sendero Luminoso desertaron de esta organización y se entregaron voluntariamente al Ejército. Se trata de Fredy Leandro Candia (25) camarada ‘Willy’, William Leandro Candia (23) camarada ‘William’ e Ismael Quispe (18).

presidente regional ataca a la prensa 14 diciembre.- El presidente regional Wilfredo Oscorima, aprovechó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para calificar de “radioloros” a los periodistas ayacuchanos que critican su gestión.

PERSONAJES

Omar Rosel

alcaldes reclaman comisarías 13 Noviembre.- Alcaldes distritales solicitaron al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, comisarías en sus jurisdicciones. El alcalde del distrito de Acocro, Raúl Gómez, indicó que en las últimas semanas se han registrado una serie de “atracos” ya que no existe resguardo policial.

profesores se oponen a nueva ley 21 noviembre.- El SUTEP-CONARE, base Ayacucho, inició un paro preventivo de 24 horas en contra de la aprobación de la nueva Ley de Reforma Magisterial, que se debate en el Congreso de la República. Al menos 200 docentes recorrieron las calles de Ayacucho.

cambio de funcionarios 8 Diciembre.- El alcalde de la municipalidad de Huamanga, Amilcar Huancahuari, tras la abrupta salida de su gerente general, realizó varios cambios de funcionarios al interior de su entidad edil. El burgomaestre señaló que estos cambios servirán para “oxigenar la gestión”.

organizan diálogo público sobre gas de camisea 16 Diciembre.- El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, en coordinación con la Federación Única de Estudiantes de la UNSCH, realizaron un panel sobre el gasoducto sur andino, que beneficiará a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín y Puno.

Antonio Cárdenas:

Líder de la pacificación del VRAE

E

l 31 de octubre pasado dejó de existir Antonio Cárdenas, personaje que marcó un hito en la historia de nuestra región ya que, en la década de 1980 e inicios de 1990, lideró la lucha de los campesinos del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) contra Sendero Luminoso. La historia cuenta que en 1984, Cárdenas con sólo 19 años lideró la organización de la Defensa Civil Antisubversiva (DECAs) en Pichiwillca, en el VRAE. Cárdenas, quien tenía un talento para la organización, realizó un trabajo denodado por juntar a los campesinos en las DECA y construir una organización fuerte para luchar contra Sendero Luminoso arrinconándolos a los territorios de Vizcatán.

Personajes allegados a su vida, indican que él siempre llevó una existencia austera, tal como muchos miembros de los Comités de Autodefensa. Quizás por ello, nunca recibió un reconocimiento oficial del Estado por el trabajo realizado. Tuvieron que esperar su muerte para que el gobierno nacional recién lo condecore póstumamente con la medalla “Ejército del Perú”.

Miguel Ángel Camana, coordinador general de los Comités de Autodefensa (CAD) del VRAE, rememora que Cárdenas vivió en los tiempos difíciles cuando la subversión arreciaba y a pesar del peligro organizó a la población para hacerle frente a Sendero Luminoso. “Ahora nos toca trabajar de manera distinta siguiendo los pasos de Cárdenas”, dice.

En los últimos años, según indica Carlos Condori, ex Comisionado adjunto para la Paz y Desarrollo de Ayacucho, el liderazgo de Antonio Cárdenas al interior de la organización de los CAD seguía siendo indiscutible a pesar de las discrepancias que surgieron. Cárdenas mantuvo una posición clara en contra de los rezagos de Sendero Luminoso, que era no posibilitar ningún espacio para que crecieran y se expanden. “Consideraba que Sendero en estos momentos había cambiado de discurso, pero alertaba que iban a asumir las mismas acciones de los años 80 cuando las poblaciones dejaran de ser funcionales a sus intereses”, explica Condori.

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