Revista Retablo N°58 by Noticias SER

Retablo

Año 9///Nro. 58 COSTO S/. 1.00 Ayacucho, Setiembre 2014

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

En el tramo ﬁnal

A pocas semanas de la jornada electoral, candidatos de peso aclaran dudas y dan a conocer sus intenciones y motivaciones.

“Los tratantes pueden comprar autoridades”

Gotardo Miranda, director de la Oﬁcina de Cooperación Internacional del Gobierno Regional de Ayacucho revela cifras y acciones para combatir la trata de personas, una forma moderna de esclavitud y violación de los Derechos Humanos. Pag. 14

Editorial

ayacucho / setiembre 2014 / nro. 58 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Ricardo Caro Enma Díaz Raquel Reynoso Omar Rosel Director Javier Torres Seoane Editores Mariella Checa Mendiburu Columnistas Jefrey Gamarra Yuver Alarcón Celina Salcedo Colaboradores Elio Rodríguez Ernesto Ambía Hurtado Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica Fotografía Asociación SER Distribución, ventas y publicidad Ayacucho: Ingrid Mesías 066 319428 – 995053967 Lima: Rosario Arévalo. 01 4727937 - 995053868 Retablo es una publicación de la Asociación SER. Lima: Jr. Mayta Capac 1329 - Jesús María 01 472 7937 / www.ser.org.pe Ayacucho: Urb. María Parado de Bellido - Mz J Lt 4 066 319428 / serayacucho@ser.org.pe Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-16210 Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

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Editorial

uego de once años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y a menos de un mes de la realización de las elecciones regionales y municipales, es bueno reflexionar sobre cuánto hemos avanzado como sociedad y como Estado en dos temas fundamentales, como son la descentralización y la atención a las secuelas del conflicto armado interno. En el caso de la descentralización, las recientes acusaciones contra presidentes regionales, alcaldes y candidatos han puesto en cuestión, no solo las formas de hacer política regional, sino también la existencia misma de los gobiernos regionales. Ante ello, reafirmamos nuestra posición descentralista, a pesar de que creemos que, en el caso de Ayacucho, las sucesivas gestiones regionales no han logrado cumplir con la promesa de encontrar un camino para resolver los problemas estructurales de pobreza y desigualdad de la región, y que, además, han terminado reproduciendo formas clientelares y prácticas de corrupción que son comunes a otras esferas de la política y el Estado peruano. No vemos tampoco que en el debate regional pre electoral exista algo sustantivamente nuevo, más allá de los habituales compromisos y promesas de los candidatos. El panorama en relación a la atención de las secuelas del conflicto tampoco es muy alentador, sobre todo en el campo de la justicia, donde los procesos que conduce la Sala Penal Nacional avanzan muy lentamente, como sucede con los casos Los Cabitos y Accomarca. Además, se sigue viendo la interferencia de actores políticos y gubernamentales, como ha ocurrido en el caso Bustíos, donde el presidente de la República defiende a capa y espada a su ministro del Interior, Daniel Urresti, que está siendo procesado por el asesinato del periodista huantino. Mientras tanto, en el campo de la reparación, si bien se aprobó una partida para cumplir con esta obligación del Estado, el gobierno de Alan García estableció un reducido monto para las reparaciones económicas, que sigue estando vigente. Por si esto fuera poco, el padrón de quienes podrían acogerse a este beneficio fue cerrado por el Consejo de Reparaciones en el año 2011. Peor aún es la situación de las exhumaciones, que sigue siendo una deuda pendiente del Estado con las víctimas del conflicto. Más allá de la negligencia, la incapacidad y los incumplimientos de los poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno, en Retablo queremos señalar que hay una cuota de responsabilidad ciudadana y de la opinión pública local, por la pasividad y condescendencia que mantiene frente a los asuntos públicos, y por ello creemos que Ayacucho no se puede dar el lujo de votar el 5 de octubre por el candidato más simpático o por aquel que regale o prometa más. Hacerlo será profundizar los problemas de la región y seguir en el estancamiento en el que nos encontramos.

Análisis Político

El vacío de las propuestas

as noticias sobre candidatos con sentencias judiciales vigentes y acerca de otros que han sido procesados por haber estado o estar aún relacionados con el narcotráfico han configurado la agenda de discusión del proceso eleccionario regional en Ayacucho, y han puesto nuevamente sobre el tapete la poca capacidad que tienen las organizaciones políticas para generar filtros e impedir que personajes impresentables postulen a cargos de elección popular. Un efecto inmediato fue la postergación de la exposición de las propuestas de gobierno de los postulantes. En una revisión rápida de los planes de gobierno presentados por las y los candidatos regionales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se puede apreciar que se redunda en generalidades, hay poca profundidad en la lectura de la situación social, política y económica de la región, se exponen ideas desarticuladas y, algunos de estos documentos son incluso copias de proyectos ya entregados en otros procesos electorales (ni siquiera han tenido tiempo para corregirlos). Tal panorama muestra la profunda improvisación de la que están revestidas todas las candidaturas, así como las organizaciones políticas a las que representan.

Entre la ciudadanía circula una crítica a las diversas organizaciones políticas que buscan ganar la presidencia regional en las elecciones de octubre, pues es muy poco lo que han expuesto sobre propuestas concretas de políticas a poner en marcha durante un eventual gobierno. La preocupación es natural porque aún esperan ATENción una serie de temas de importancia regional, que deberían estar y sin embargo, brillan por su ausencia en la agenda del debate electoral. Omar Rosel

En este escenario, con planes de gobierno nada serios y candidatos surgidos de la improvisación, eran previsibles esta pobreza de propuestas y la tibieza de una campaña electoral carente de debates, aún a pocas semanas del día de las elecciones. Hasta el momento, nadie ha expuesto lo que pretende hacer para dirigir el futuro de la región. Para muchos analistas, el debate electoral entre los candidatos regionales de Ayacucho debería centrarse en temas álgidos, como las cifras Retablo - Revista de Análisis Político Regional

Análisis Político

Entre el 2011 y el 2012 las actividades correspondientes al sector construcción crecieron en un 31.1% en Ayacucho.

de la pobreza y las estrategias que cada uno de ellos plantea para mejorarlas, considerando que en el “Informe Técnico de Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2013”, publicado por el INEI en mayo último (que nadie advirtió y tampoco fue materia de debate), Ayacucho tiene a más de la mitad de su población en situación de pobreza, con un 51.9%, porcentaje ampliamente superior al promedio nacional, que es de 23.9%. Este dato implica que en nuestra región, la mayoría no logra cubrir el costo de la canasta básica de consumo. Si hacemos una comparación con todos los departamentos, estamos en el puesto 23 de los 24 existentes, superando solo a Cajamarca, que registra un 52.9% de pobreza. El informe también revela que en el 2013, Ayacucho ha reducido esta pobreza sólo en un 0.7%, porcentaje que resulta exiguo, si

lo comparamos con los fuertes incrementos que han tenido, en el último quinquenio, los fondos públicos del gobierno regional –y de los gobiernos locales– para gastos de inversión, y si tomamos en cuenta la presencia de diversos programas sociales del gobierno nacional. Si bien en sus discursos algunos candidatos anuncian que en un eventual gobierno buscarán superar esta situación, sus respuestas resultan poco consistentes, cuando les pregunta por el cómo. Asimismo, ninguno de los candidatos ha advertido que el crecimiento del PBI de Ayacucho, entre el 2001 y el 2012, ha sido sostenible, registrando un promedio de 7.4% anual. Esta cifra resulta inusual en comparación a las de décadas anteriores1, pero deja como tarea pendiente la redistribución interna de la riqueza que se va generando.

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Si bien muchos de los candidatos regionales han prometido que generarán puestos de trabajo a través de las micro y pequeñas empresas, así como echando a andar otras propuestas difusas, lo cierto es que no saben con claridad cuáles son

“El debate electoral entre los candidatos regionales de Ayacucho debería centrarse en temas álgidos, como las cifras de la pobreza y las estrategias que cada uno de ellos plantea para mejorarlas”

los sectores productivos a los que se debe potenciar, teniendo en cuenta que Ayacucho, entre el 2011 y 2012, creció en un 12,6% en su actividad productiva, sustentada en el incremento de las actividades de construcción (31,1%), agricultura y silvicultura (26,0%), esta última por el aumento de la producción de papa y el ganado vacuno. Otro de los campos que se aborda de forma muy poco profunda es el de la educación, a pesar de que, según la Evaluación Censal del 2013, solo 22 de cada 100 niños comprenden lo que leen. Si bien es cierto hay una evolución con respecto a las cifras del 2012, que indicaban que de 100 niños, sólo 14 comprendían lo que leían –logro del que quiere colgarse el candidato a la reelección–, la tarea pendiente para cambiar esta cruda realidad aún es ardua, por lo que resulta lógica la expectativa por propuestas serias de los candidatos respecto a este tema.

Los candidatos no saben con claridad cuáles son lo sectores productivos a los que se debe potenciar.

Análisis Político

que puede hacer un gobierno regional, según sus competencias, en este tema. Para los representantes de los grupos en competencia, la conflictividad social, al parecer, no es un tema prioritario. Por ello, no se oye en su discurso alusión alguna a este tema, a pesar de que en Ayacucho, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 14 conflictos sociales. La mayor cantidad de ellos son socioambientales, vinculados con las actividades extractivas y la superposición de usos del territorio. A estos podemos añadir los problemas limítrofes distritales e intercomunales que han estado surgiendo en los últimos meses.

Los 14 conflictos sociales que, según la Defensoría del Pueblo, han tenido lugar en la región no son tema en los discursos de los candidatos.

Por otro lado, al 2013, Ayacucho ha bajado una posición en el índice de competitividad regional, porque el aumento de la fuerza laboral adecuadamente empleada ha sido menor al experimentado por otras regiones. En educación, se evidencia un menor porcentaje de escolares de nivel secundario, y un desempeño en lenguaje y matemáticas que mejora a un ritmo menor al promedio nacional. Las propuestas acerca de cómo podríamos mejorar también están pendientes de ser planteadas. Más silencios Los candidatos han olvidado incluir dos temas álgidos en sus planes de gobierno: la lucha contra la corrupción y la conflictividad social en Ayacucho. Y si alguno de ellos ha declarado al respecto, lo ha hecho de forma improvisada, pues se ha notado su desconocimiento sobre los avances logrados en esta materia, y sobre lo

“Para los líderes de los grupos en carrera, la conflictividad social, al parecer, no es un tema prioritario”

En esta campaña, como en otras, hay muchos temas que están fuera del foco de atención de los candidatos regionales, lo cual demuestra su reducida lectura en torno a los ejes de desarrollo regional y, consecuentemente, la poca claridad en propuestas. A ello se suma la debilidad de las organizaciones políticas a las que representan o lideran, pues carecen de un grupo humano capaz de garantizar una gestión sostenible en el gobierno regional, en caso logren ganar las elecciones. Para justificar estos vacíos, las organizaciones políticas y sus candidatos están trabajando en reunir a un grupo de profesionales, a fin de constituir ese equipo técnico del que carecían cuando trabajaron su plan de gobierno. De esta manera intentan captar votos, como sucede en el caso del general Donayre. Como vemos, el escenario no es alentador, pero aún quedan unas semanas para que el elector pueda obtener más información sobre los candidatos, sus hojas de vida y sus propuestas, y así llegar a las urnas en la capacidad de emitir un voto informado. 1 Producto Bruto Interno (PBI) por Departamentos 2001 – 2012, INEI http://www.inei.gob.pe/media/ MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/ Lib1104/libro.pdf

Opinión

Mundos Interiores Jefrey Gamarra

¿A quién representan los candidatos?

n esta “guerra de guerrillas” electoral (por las constantes emboscadas, ausencia de posiciones fijas y tácticas de infiltración entre las distintas listas electorales), las propuestas y los discursos prácticamente no se distinguen programáticamente unos de otros. Si se revisa los planes de gobierno de las listas en competencia, pareciera que la similitud entre unas y otras fuera el denominador común. “Copiar y pegar” parece ser la norma, y la originalidad de propuestas brilla por su ausencia. Políticamente, tampoco nos hallamos frente a posiciones divergentes y claramente diferenciadas: si existe algún candidato con pasado radical, ahora no se trata más que de un senderista reciclado y propenso a las veleidades burguesas del poder; mientras que los candidatos conservadores, sobre todo aquellos de militancia religiosa, han preferido, esta vez, ir tras los banners (ya no banderas) de alguna candidatura laica. Cada agrupación tiene de todo como en botica: una variopinta composición de ex izquierdistas, neoconservadores o pragmáticos centristas. De igual manera, no encontramos candidaturas que representen explícitamente los intereses de algún movimiento social indígena o de otro tipo. Los otrora colectivos identificados no solo con el candidato sino principalmente con su programa político han cedido el paso a todo tipo de portátiles, incluyendo a aquellas personas subvencionadas para hacer llamadas a noticieros con la finalidad de atacar o apoyar candidaturas. Desde la perspectiva de los electores, la situación es parecida. Como plantea el sociólogo Zygmunt Bauman, se decide por quién votar del mismo modo como se adquiere un producto en el supermercado: escoger entre diferentes tipos de marca, según la presentación. Y en Ayacucho, además, existe la tendencia a escoger mercadería en oferta (regalos adicionales, promesas de beneficio individual, trabajo, etc.). Nos hallamos, entonces, frente a una situación en la que el sistema clásico de representaciones políticas se ha transformado. La vieja dicotomía de la división de partidos de izquierda y derecha, que expresaban la división entre capital y trabajo, no se encuentra ya ni siquiera en el ámbito nacional y mucho menos en un espacio regional como el ayacuchano. No es posible distinguir entre candidatos de derecha e izquierda; ahora todos son no más que ligeras variaciones de centro, sin posibilidades de identidad propia o identificación política precisa por parte de los electores. Y como para constatar que no hay opciones diferentes, no hemos reparado en el hecho que la ley de gobiernos regionales vigente ha delimitado las competencias de sus autoridades de tal modo, que un candidato regional “antisistema” sería una farsa. Todos se parecen. Por tanto, cada vez es más difícil decidir por quién votar.

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Entrevista Política

Carlos Alviar Madueño:

“Es políticamente maduro concertar y formar alianzas para buscar la unidad” ¿ Por qué no se logró hacer realidad el proyecto Kawsachun?

En principio faltaron firmas, y para cumplir, logramos conseguirlas. Pero por algunas observaciones que hicieron en el Jurado Nacional de Elecciones, se extendió el tiempo para lograr la inscripción y también surgió la preocupación de los candidatos que nos acompañaban. Por ello, buscamos ir en alianza con otro movimiento. ¿Hubo algún costo político al no lograrse la inscripción del proyecto Kawsachum?

A pesar de que su postulación al gobierno regional peligraba por la no inscripción de su movimiento Kawsachum, Carlos Alviar logró concretar la alianza con Unidos por el Desarrollo de Ayacucho y ahora ya está en carrera. Alviar espera superar los resultados que obtuvo en las elecciones del 2010, en las que quedó tercero. Omar Rosel

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Lo que se generó fue que todos los movimientos o partidos creían que podían llevarse a Alviar a sus filas. Con un partido político creo que uno puede negociar mejor las formas de posicionarse ante una campaña electoral. Muchos candidatos se acercaron a conversar, para que fuera en sus listas. La charla no era un pacto, era una simple conversación, y de esto se aprovechó la prensa para decir que Alviar estaba caminando por diferentes movimientos. ¿Qué opina sobre los comentarios que calificaron de inmadurez política la búsqueda de una alianza con uno y otro partido

para garantizar su postulación a la presidencia regional?

No fue por asegurar una candidatura. Además, es políticamente maduro concertar y formar alianzas para buscar la unidad ante la presencia de candidatos con enormes recursos. Lamentablemente, no se entendió de esa forma. Se entendió cupos para candidaturas, para poder salir de este escenario, y esa no era la intensión. ¿Qué definió la alianza con Unidos por el Desarrollo de Ayacucho?

Una de las cosas fue que Unidos por el Desarrollo de Ayacucho no tenía candidatos en toda la región, solo en Huamanga; en cambio, Kawsachun sí había trabajado la región y esto hizo que empatáramos, de cierta forma, para concretar el esfuerzo en todas las provincias. ¿La alianza se definió por la cantidad de candidaturas que podría poner Kawsachum, entonces? No. También fue la forma democrática y participativa de las decisiones en todo el proceso. Eso generó confianza entre ambos movimientos. El otro punto fue que ambos queremos ver a Aya-

Hablan los candidatos y candidatas

cucho desarrollado, y empatamos en que se debe trabajar por el desarrollo humano y el bienestar de las personas. ¿Por qué incluyó como vicepresidente al ex líder cocalero Nelson Palomino? ¿Cree que fue pertinente? Porque a muchos le sorprendió esta decisión… Lo que buscamos es incluir a alguien que conozca a las organizaciones sociales de base para trabajar con ellas, y esa persona es Nelson Palomino. ¿Cree que Nelson Palomino es un líder representativo de Ayacucho? En su tiempo era representativo y ahora todavía se mantiene. Si uno va a las comunidades alto andinas, todavía puede ver su representatividad, y lo bueno es que Nelson Palomino ha desarrollado cambios y ahora hace propuestas sobre las formas de buscar el desarrollo para nuestros pueblos. Conoce, al igual que yo, nuestra realidad.

“Ambos queremos ver a Ayacucho desarrollado, y empatamos en que se debe trabajar por el desarrollo humano y el bienestar de las personas”

campaña anterior, yo empecé en mayo a trabajar, a conseguir candidatos. Ahora no, porque hemos empezado a trabajar desde el 2012, con líderes que se han mantenido en la propuesta del movimiento. Ayacucho es una de las regiones pobres. ¿Qué propone para reducir la pobreza en un eventual gobierno? Normalmente, en cuatro años se puede reducir en un 10% a lo mucho, pero lo lamentable es que en tres años del gobierno de Oscorima se haya elevado de 48% a 52%. Si no hay una buena educación, la pobreza va crecer. Tenemos que invertir no solo en capacidades, sino también en calidad educativa. Es necesario ponerse a trabajar desde los cero hasta los cinco años. Es muy importante para desarrollar al niño y a la persona humana. Ahí va a

estar enfocado nuestro trabajo, con mucha fuerza, para que el niño, más adelante, tenga una capacidad de aprendizaje, mayor retención. Vamos a trabajar complementariamente con los programas sociales que existen, como Qali Warma, para que permita mejorar la atención de los niños. Lo otro es trabajar la salud. Y el otro factor importante es el empleo. Si no se genera empleo, será difícil que nuestra población invierta en salud y educación. Tenemos que generar empleo en las cadenas de producción y de valor. Todo esto se va a conseguir si logramos que la población participe en estos procesos de toma de decisión. ¿Dispone de un equipo profesional para poder implementar todo lo que menciona? La mayoría de los técnicos son ayacuchanos. Algunos están

En la campaña pasada, Alviar terminó tercero. ¿Cree que ahora podrá superar esa valla?

trabajando todavía en el sector público; ya en su momento los presentaremos. Tenemos agrónomos, educadores, ingenieros civiles, contadores, administradores, abogados, asistentes sociales, que han estado trabajando en la propuesta de Carlos Alviar y los vamos a hacer visibles. Lo que aún no se ha escuchado es su propuesta para combatir la corrupción. Son varios aspectos los que hay que enfatizar. Uno es que tenemos que propiciar la participación de la población para que esté permanentemente informada. Segundo: comunicación permanente a la población, por todos los medios que permitan llegar a ella, para informar cómo va el proceso de desarrollo de nuestra región, para que la gente también tenga voz y pueda opinar si está bien o está mal; y, tercero, tendremos una estrategia de trabajo a nivel del interior del gobierno regional, que permita dar seguimiento y monitoreo a todos los procesos de licitación que se hagan, así como a los de aquellos proyectos que se tienen que hacer. Creo que esos tres aspectos van a permitir, en cierta forma, disminuir la corrupción. Usted promete que promoverá los espacios de participación ciudadana ¿Cómo lo hará?

Yo creo que sí, porque en la campaña anterior quedé tercero porque no había los recursos necesarios para poder enfrentar la gran voracidad económica. ¿Ahora sí tiene los recursos económicos, entonces? Ahora no hay recursos tampoco, pero sí hay un trabajo que se ha realizado. En la

A falta de recursos, Alviar Madueño ha puesto trabajo a su campaña: empezó a buscar candidatos hace dos años.

Yo sí prometo, porque ese ha sido mi trabajo permanente: el de buscar espacios donde haya diálogo, discusión y concertación. Y generaremos proyectos para poder trabajar el tema de la participación ciudadana, porque será la ciudadanía la que vigile los procesos de licitación. Retablo - Revista de Análisis Político Regional

Entrevista Política

“Yo escogí APP porque no es un partido político contaminado” ¿

Puede asegurar que Alianza Para el Progreso (APP), partido con el que postula al gobierno regional, no es su vientre de alquiler? Yo he sido convocado por todos los partidos nacionales: por el fujimorismo, Perú Posible, PPK, Solidaridad Nacional. Por eso, no estoy de acuerdo con decir ‘vientre de alquiler’. No estoy de acuerdo, porque yo he tenido la opción de escoger. Todos me han invitado. Pero el que haya tenido varios partidos por los cuales optar, no quita que APP sea su vientre de alquiler…

El candidato Edwin Donayre, tras su fallido intento de llegar al Congreso de la República en el 2010, ahora aspira a la presidencia del gobierno regional de Ayacucho, pero las críticas le siguen lloviendo por su peculiar personalidad.

Omar Rosel Revista de Análisis Político Regional - Retablo

No es así, porque yo he hecho una alianza con un partido nacional en la que también participan partidos regionales, como es el caso del Frente Regional Ayacucho. ¿Por qué aliarse con APP, si ya tenía a Desarrollo Integral Ayacucho para poder postular a la región? Además, en Ayacucho, APP no resulta ser una fuerza política importante. Yo he escogido a Alianza Para el Progreso porque no es un partido político contaminado, como el resto. El ciudadano peruano quiere gente nueva, quiere gente con imaginación y creatividad.

Asimismo, es importante formar parte con una agrupación nacional por la sencilla razón de que necesitamos para Ayacucho un tratamiento especial. Necesitamos aliados nacionales que nos ayuden a articular el trabajo con espacios nacionales. Se ha especulado mucho que más allá de principios ideológicos, nos une la parte económica. Yo agradezco el mínimo apoyo que me pueda dar Alianza Para el Progreso, pero agradezco más el apoyo de la población que espontáneamente se ofrece, y acá tengo que aclarar que a nadie se le pide absolutamente ni un centavo, y a todos les digo que si hay algún apoyo, que sea de preferencia en artículos. Pero hay denuncias de cobros por candidaturas al interior de APP. Un caso es el de Augusto Riveros. En primer lugar, yo tengo que aseverar, en honor a la verdad, que yo he dado órdenes para que no se cobre a nadie ni un centavo por el hecho de ser candidato. Sobre las denuncias de cobro, quisiera que me muestren pruebas y que no se hable de una forma irresponsable. ¿Las denuncias de los cobros habrían sido sembradas por el entorno de Wilfredo Oscorima?

Hablan los candidatos y candidatas

Yo no podría decir ni aseverar nada. Para mí, Augusto Riveros es una buena persona. Él se ha despedido de mí con un fuerte abrazo y me dio sus razones para desistir a la candidatura, y yo las he respetado, pero después salió a la prensa, extrañamente, con una versión.

Ejército, que no los sacó siquiera al año de haber cometido esos hechos. ¿Ud. tuvo algún apelativo cuando estuvo en zona de emergencia? Yo era Julio Vargas; ese era mi seudónimo, y era el mayor Pantera. Verdaderamente es una lástima, pero en el cargo que yo he tenido, encontré muchos obstáculos, porque no había información que proporcionar. Y yo creo que he dado toda la información.

¿Le incomoda que lo califiquen de loco y payaso? ¿Ud. está realmente loco? Lo curioso es que estos calificativos se han dado en mi tierra y vienen de algunos periodistas, pero a nivel nacional no hay nada de eso. También me dicen payaso, pero si lo fuera, no hubiera llegado a ser Comandante General del Ejército, o no hubieran enviado a un payaso a Argentina o a Alemania. Creo que se ha distorsionado. Sé que hay un momento para reír, llorar, y hay un momento también para tomar las cosas en serio. Hablando de sus propuestas, ¿qué plantea para reducir los hechos de corrupción a nivel del gobierno regional de Ayacucho? La podredumbre y enfermedad de un gobierno no solo se mide por la cantidad de actos corruptos, sino por la falta de voluntad para combatirlos. Entonces, mi primera medida será que se tipifique la corrupción como un delito de traición a la patria, y la impulsaremos como gobierno regional, porque este tiene iniciativa legislativa. El corrupto, que se pudra en la cárcel en tiempo de paz, o al paredón. Lo segundo es eliminar los puestos de confianza, porque estos generan corrupción. Las autoridades escogen a los de

¿Qué propuesta tiene para reducir los niveles de pobreza en Ayacucho?

El general Donayre asume con calma los apodos que le son adjudicados: “Si yo fuera un payaso, no hubiera llegado a ser Comandante General del Ejército”, aclara.

su confianza, a sus compadres, para que les cubran las espaldas. Tercero: debe estar terminantemente prohibido y debe sacarse una ley, para que aquellos que llevan a cabo los proceso de licitación no tengan ningún contacto telefónico ni visual con los proveedores. Ud. dice que se debe cumplir con atender a las víctimas de la violencia, pero cuando fue Comandante General de las Fuerzas Armadas no ayudó a que se entregara los nombres de los malos elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad,

“También me dicen payaso, pero si lo fuera, no hubiera llegado a ser Comandante General del Ejército”

de modo que se pudiera judicializar esos casos. Cuando fui Comandante General me encontré con un gran problema, que aún continúa, y es que todos los oficiales y soldados de los institutos protegieron su identidad, porque si no lo hacían, ponían en peligro a su familia. Entonces, se optó por buscar el apelativo al que llamaban “la chapa de combate”, y se han incinerado algunos documentos. Esta práctica ha dado lugar a que sea difícil identificar a ciertos oficiales, en muchos casos, por culpa del mismo

Si, Dios mediante, llegamos al gobierno regional, hay tres aspectos importantes que atenderemos: educación, salud y empleo. Yo llego a cada pueblito y causa indignación que el niño no sepa la tabla de multiplicar, estando en segundo, tercero de media, y le pregunto al padre por qué está así el niño, y me dice que porque se duerme en el salón y tiene que caminar horas y horas para llegar al colegio, porque no come bien, porque el padre de familia es pobre. Nosotros vamos a generar 50 mil empleos; tenemos que aumentar la productividad para ello. Si el padre aumenta su productividad, se aumenta el per capital familiar. Sobre salud, es un crimen lo que se ha hecho con el hospital. ¿Cuánto pretende invertir en la campaña? Nosotros tenemos un equipo logístico que ve los gastos. A mí nadie me recibe plata. Mejor es que hagan pancartas, gorros, y eso me satisface.

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Informe

El derecho al agua y su reco M

uchos de los argumentos en contra de la incorporación del derecho al agua en la Constitución suelen desmerecer el debate que debería existir al respecto, con afirmaciones como “no tiene mayor trascendencia, en tanto ello no incrementará la cobertura ni las condiciones de acceso al agua en nuestro país”. Detrás de este tipo de argumentos pareciera existir un escaso entendimiento sobre la importancia de la Constitución como norma jurídica vinculante en nuestro Estado de Derecho, lo que obedece a una marcada tendencia legalista que todavía existe en los ámbitos académico y social para la interpretación de los derechos.

Otros razonamientos, quizás menos simplistas, señalan que en el caso particular del agua, el Derecho Internacional y el Tribunal Constitucional del Perú ya han reconocido su naturaleza, tanto de derecho humano como de derecho fundamental no numerado, por lo que ya habría adquirido el carácter de derecho constitucional implícito. Veamos algunos aspectos fundamentales sobre el particular.

El primEro dE octubrE dE 2013, la comisión dE constitución y rEglamEnto dEl congrEso dE la rEpública dEl pErú aprobó por mayoría El dictamEn Elaborado En basE a siEtE proyEctos dE lEy quE proponEn incorporar En la constitución política dEl Estado El accEso al agua como dErEcho fundamEntal.

Lily Ku Yanasupo1 Revista de Análisis Político Regional - Retablo

El derecho fundamental al agua tiene la naturaleza de un derecho social, y como tal, exige del Estado actividades positivas o prestacionales para su satisfacción, pues su concreción atiende necesidades básicas e imprescindibles para la vida humana en un sentido integral, y posibilita el ejercicio de otros derechos. Asimismo, requiere de un previo entramado de normas de organización que regulen las obligaciones a cargo de los distintos entes estatales y cuyo cum-

plimiento conjunto es necesario para su goce pleno.

A nivel internacional, el derecho al agua ha tenido un amplio desarrollo. La Observación General N° 15 del año 2002, aprobado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, estableció su contenido normativo, implícito en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativos al derecho a un nivel de vida adecuado y al más alto nivel posible de salud física y mental, respectivamente. Asimismo, en el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho al agua potable, y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los otros derechos humanos. En el plano nacional, el Tribunal Constitucional del Perú, mediante las sentencias recaídas en los Expedientes N° 06534-2006-PA/ TC y Nº 6546-2006-PA/TC, ambas dictadas en el año 2007, reconoció el agua potable como un derecho fundamental no numerado, en virtud del artículo 3 de la Constitución. Entonces, ¿por qué constitucionalizar el derecho al agua? El Derecho Internacional es una fuente jurídica importante para el establecimiento de supuestos mínimos exigibles a los Estados respecto al reconocimiento de los derechos sociales, pero no obsta a que en virtud a los principios, valores, costumbres y usos ele-

Informe

nocimiento constitucional mentales de cada sociedad, el derecho interno pueda llevar a cabo una mejor delimitación del contenido de los derechos, con miras a brindar una mayor protección a la dignidad humana; y esto, por tres razones fundamentales: los derechos humanos son mandatos de optimización, y, en ese sentido, el Estado no está prohibido de efectuar mayores reconocimientos, siempre y cuando se dirija a una mayor protección; el carácter progresivo de los derechos sociales, por el que el Estado debe destinar el máximo de recursos disponibles para lograr una cobertura cada vez más mayor, y la aplicación de la tesis humanista para resolver el conflicto entre una medida de derecho interno y una disposición internacional, de tal manera que prevalezca la que brinde una mayor protección o tutela a la dignidad. En lo que se refiere al reconocimiento del acceso al agua como derecho fundamental no numerado por parte del Tribunal Constitucional, debemos tener presente que este se dio respecto al acceso al agua potable y al saneamiento, que es solo uno de los contenidos del derecho al agua. Por ello, desde una mirada técnica, se debería aprovechar este debate legislativo para avanzar hacia un enfoque integral del derecho al agua, tomando en cuenta aspectos esenciales, como: el tipo de norma constitucional que contendrá el derecho; su carácter progresivo, universal, relacional, y su condición de bien económico; los enfoques de acceso al agua potable

y de la gestión sostenible de los recursos hídricos, así como la obligación estatal de implementar una política pública debidamente estructurada y eficaz. Por otro lado, no podemos soslayar la importancia que ha venido adquiriendo la Constitución en nuestra sociedad como norma jurídica suprema, en tanto ella es la expresión política y jurídica del sistema de valores que predomina en nuestra comunidad. Este hecho va de la mano con la idea cada vez más generalizada de que los derechos contenidos en la Constitución cuentan con mayores mecanismos de protección. Recordemos que los procesos de reforma constitucional para la inclusión del agua como derecho humano y fundamental que han experimentado otros países, como Uruguay (2004), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y México (2012), han significado principalmente una reivindicación social para garantizar que a futuro

“El derecho fundamental al agua tiene la naturaleza de un derecho social y, como tal, exige del Estado actividades positivas”

En el año 2012 el Estado peruano se comprometió a cuidar el agua como patrimonio de la nación.

La Trigésimo Tercera Política del Estado sobre los Recursos Hídricos estableció el derecho fundamental de la persona al acceso al agua portable.

las diversas situaciones jurídicas en torno al agua tengan amparo a favor de las comunidades. En el Perú, en el año 2012, se incorporó al Acuerdo Nacional, la Trigésimo Tercera Política de Estado sobre los Recursos Hídricos, a través de la cual el Estado se comprometió a cuidar el agua como patrimonio de la nación, y estableció el derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable, el cual es imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las generaciones actuales y futuras. No obstante, para muchos, esta política aún no supera su faceta declarativa. Por ello, el desarrollo del derecho al agua, tanto en el ámbito internacional como en la jurisprudencia constitucional, no

pueden, de plano, cerrar el debate ni los espacios de diálogo sobre la posible constitucionalización del derecho al agua, como si la Constitución fuese un texto acabado y cerrado, atemporal, inflexible e incapaz de adaptarse y seguir recogiendo los valores esenciales de la sociedad; más bien, esta posible reforma constitucional tendría que ser evaluada a la luz de la delimitación de las obligaciones estatales y de las políticas públicas destinadas a su materialización. 1 Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diploma en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como comisionada encargada de los temas de agua y saneamiento en la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

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Derechos humanos

Los derechos humanos y las reparaciones D

urante los últimos meses, en el marco de una experiencia de trabajo con mujeres en el Gobierno Regional de Ayacucho1, he estado escuchando a muchas de ellas señalar que aún se sienten discriminadas en el acceso a los espacios públicos, que tienen problemas para obtener un empleo digno, que se ejerce todavía mucha violencia contra ellas, que hay niñas que son engañadas y se embarazan siendo muy jóvenes, que hay mujeres y hombres que en la época de la violencia sufrieron violaciones sexuales y hasta hoy no han obtenido reparaciones dignas, que cuando requieren atención en el Servicio Integral de la Salud como víctimas de la violencia, no son reconocidas como tales, ya sea por desinformación del funcionario o debido a la inacción del Estado.

Si preguntáramos a un ciudadano o ciudadana de a pie si durante los últimos años ha mejorado el acceso a sus derechos, probablemente la respuesta sería negativa, y un gran sector de la población manifestaría su desconocimiento al respecto.

Maricela Quispe Córdova

Revista de Análisis Político Regional - Retablo

Sin duda, estas afirmaciones, que hacen muchas mujeres ayacuchanas, dan cuenta de la necesidad que existe, de continuar demandando la implementación de las tantas políticas públicas y normas que se han dado en el país, a despecho de las muchas iniciativas –principalmente de sociedad civil– para abordar la agenda de los derechos humanos. A lo largo de los últimos diez años, hemos constatado importantes iniciativas de trabajo por los derechos humanos. La más importante fue la disposición del gobierno de Valentín Paniagua de conformar la

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo trabajo logró mostrar al país las atrocidades cometidas durante los violentos años 80, y brindó al Estado peruano las herramientas para emprender la construcción de una sociedad justa y democrática. La CVR también señaló la necesidad de implementar un mecanismo de reparaciones, como el inicio de un proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas, que debía revertir la indiferencia con actos de solidaridad hacia los hombres y mujeres que sufrieron los embates de la violencia. En los últimos diez años, hemos podido apreciar algunas expresiones de voluntad política desde el gobierno central y también desde algunos regionales y locales. Por ejemplo, durante la gestión de Alejandro Toledo, se otorgó especial atención a la aprobación de muchas normativas y políticas públicas que han permitido avanzar, aunque con bastante lentitud, en la implementación de las recomendaciones de la CVR. También es importante señalar que en este periodo fueron elaborados, de manera descentralizada y participativa, el primer Plan Nacional de Derechos Humanos y la Ley 28223, de Desplazamientos Internos. En el 2005, se promulgó la Ley 28592, que creó el Plan Integral de Reparaciones (PIR).

Derechos humanos

dón, existen aún muchos pendientes: organizaciones subversivas que iniciaron la violencia continúan en su resistencia, sin doblegar su conciencia y sin mostrar arrepentimiento, sosteniendo que las muertes, desapariciones y miles de atrocidades cometidas “son costos de la guerra”2. Asimismo, en la actualidad, ciertos sectores políticos y funcionarios estatales no logran abordar con claridad el tema de las reparaciones y los Derechos Humanos, aletargando las investigaciones, sobre todo en los casos de judicialización de los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos miembros de las fuerzas del orden, manteniendo así aún en vilo a quienes buscan la verdad y la justicia.

LEYENDA....

Durante los gobiernos de Ollanta Humala Tasso y de Alan García, no se ha logrado modificar sustancialmente la política de las reparaciones y tampoco acelerar su implementación. Muestra de ello es que el monto de diez mil Nuevos Soles, establecido para las reparaciones económicas individuales –por el DS 051, emitido al final del período de Alan García– no ha sido ajustado, a pesar de la demanda continua de las organizaciones de afectados. Las acciones de los gobiernos regionales y locales en materia de reparaciones son poco satisfactorias, porque en sus presupuestos apenas han incluido de forma limitada los fondos necesarios para atender a las víctimas de la violencia. Otro problema es que persiste el desconocimiento y hasta el desinterés por implementar el PIR, pues se asume que la obligación de ejecutar las reparaciones es únicamente del gobierno central. Si bien se registran gestos que buscan encaminar la interrelación de la justicia, los derechos, las reparaciones y el per-

“En los gobiernos regionales persiste el desinterés por implementar el PIR, pues se asume que la obligación de ejecutar las reparaciones es solo del gobierno central”.

Este escenario es complicado, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que requieren atención del Estado. Según refiere en su memoria institucional presentada en junio del 2013, el Consejo de Reparaciones (CR) –que desde el 2008 está elaborando la lista nominal de las víctimas y comunidades afectadas– ha logrado identificar y calificar aproximadamente a 29,777 víctimas fatales (22,378 fallecidos y 7,399 personas que sufrieron desapariciones forzadas). Esta relación se acercaría, entonces, a la cifra real del dolor y el sufrimiento que dejó la violencia en casi 72,000 familiares (madres, padres, conyugues, convivientes, hijos, hijas). Es importante, entonces, que el Estado y todas sus instancias logren entender el significado de una política de reparaciones, justicia y Derechos Humanos, y la implementen con mayor acierto y voluntad, y con un compromiso verdadero. Nuevos problemas sociales, económicos y culturales se han extendido en nuestra sociedad, como lo demuestran las expresiones recogidas al inicio de este artículo, y que hablan de la realidad compleja de este Ayacucho nuevo. Estos hacen más remotas las posibilidades de una verdadera justicia y un respeto real por los derechos de los hombres y las mujeres. 1 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. Proyecto “Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. I Fase 2014. 2 MOVADEF. Intervenciones Públicas de este grupo. 2012.

Opinión

Opinión Yuver Alarcón

¿Estamos retrocediendo?

n agosto del presente año, se cumplieron once años de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y es una lástima decir que en lugar de avanzar en los procesos de búsqueda de verdad y justicia, se ha retrocedido, como lo confirma la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en su informe anual del año 2013. Allí señala que solo el 9% de las sentencias emitidas ha sido condenatorio, mientras que 34% ha sido absolutorio y un 57% de carácter mixto (es decir, condenando a algunos de los acusados y absolviendo a otros), según el monitoreo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo, y cuyos resultados han quedado plasmados en su informe Defensorial Nro. 162. Las dificultades y retrocesos en el terreno de la justicia tienen que ver, entre otras razones, con la desnaturalización del subsistema penal especial que fue implementado con motivo de las recomendaciones de la CVR. Paulatinamente, a este se le ha asignado nuevos temas, ajenos a su mandato inicial; entre ellos, delitos de contrabando, tributarios y relativos al narcotráfico y al crimen organizado. A todo lo mencionado se suma una regresión doctrinal. Tal como señalan los abogados de las víctimas, los jueces reclaman la presentación de pruebas directas, rechazando en la práctica el uso de la prueba indiciaria (por ejemplo, como se hizo en el caso Fujimori), así como la presentación de órdenes escritas y firmadas para probar los hechos criminales atribuidos a los mandos a cargo de las zonas de emergencia. Más escandalosa aún resulta la descalificación como testigos de los familiares, en base a una consideración de ellos como “parte interesada” en los casos que se juzgan. Estaremos atentos a que estas dificultades que se vienen dando en los procesos de judicialización no influyan en el tratamiento del caso del desaparecido profesor Javier Tineo de la Cruz, y que se pueda lograr una sentencia condenatoria contra Buttler. Aquí, el acervo probatorio que se ha recopilado en la investigación fiscal ha dado lugar a que nuevamente, luego de 26 años, la Sala Penal Nacional, encargada del juzgamiento de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, siente en el banquillo de los acusados a Florencio Abdón Eguia Dávalos, más conocido con el seudónimo de “Buttler”, en su condición de ex jefe de la Base Militar de Pampa Cangallo.

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Entrevista Gestión Pública

“Los tratantes pueden comprar autoridades” ¿

En qué consiste la trata de personas?

Es el comercio ilegal de personas, con propósitos de explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos. ¿Son altas las cifras de trata de personas en nuestra región?

Gotardo Miranda Gutiérrez, director de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Regional de Ayacucho, conversó con Retablo sobre las acciones que se vienen realizando para luchar contra la trata de personas, negocio ilícito que hasta hace algunos años pocos conocían.

Las denuncias se han incrementado. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, en el año 2011 solo una fue registrada, pero en el 2012, la cifra se ha elevado a 16; entonces, ya se puso en evidencia lo peligroso de esta actividad ilícita. Asimismo, debemos entender que la trata de personas es el negocio ilícito más rentable en el mundo después del narcotráfico. En el 2012 se aprobó en Plan Regional de Lucha contra la Trata de Personas, ¿Está sirviendo este documento para avanzar en la lucha contra la trata de personas en Ayacucho?

Sí está ayudando, pero debemos precisar que luego de la aprobación de este documento, se constituyó el Comité MultisecOmar Rosel torial de Lucha Contra la Trata

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de Personas, y se está trabajando en tres temas: Prevención, persecución y protección. Haciendo un balance, tuvimos mayores resultados en prevención, porque hemos desplegado acciones para hacer conocer la problemática y sus riesgos entre la población. Se tuvo el apoyo del Poder Judicial porque los jueces que trabajaban Justicia Comunitaria empezaron a incorporar la trata. Y el Ministerio Público, que está trabajando con los fiscales escolares, también la incorporó en su temática. ¿Cómo se han ido involucrando los gobiernos locales? Ellos son quienes deberían implementar los Comités Multisectoriales y el Plan Regional de Trata. Cuando visitamos las municipalidades, muchas personas se preguntaban qué era esto de la trata de personas, pero luego de la explicación, se generó entre los alcaldes y funcionarios, una intención de hacer algo en contra de este delito. A pesar de las dificultades, se está avanzando. ¿Cómo se están financiando todas estas acciones? No hay recursos, pero nosotros, en la oficina de Cooperación Internacional, teníamos un pequeño presupuesto para el trabajo en

Entrevista Gestión Pública

el tema de Derechos Humanos, y una parte lo utilizamos para la lucha contra la trata de personas; también hay instituciones que nos apoyan. En todo este proceso se está sumando voluntades, y uno de los principales logros es la creación del área de Trata de Personas en la Policía Nacional, en nuestra ciudad. ¿Qué acciones se han desplegado desde el Comité Multisectorial? La Defensoría de Pueblo está encargada de la prevención. Junto con la Policía, sus funcionarios salen constantemente a las carreteras, para ver si niños o menores de edad están siendo trasladados, y si están acompañados de sus padres. El serenazgo hace un buen trabajo de persecución, porque cuando interviene bares o prostíbulos y detecta a menores de edad, atiende el caso y se comunica con la autoridad competente. Antes no se hacía eso. En la carretera al VRAE ya se está controlando el posible traslado de menores de edad. ¿Cómo se está protegiendo a las víctimas?, porque las personas que

son rescatadas requieren atención psicológica y asesoría legal.

“En todo este proceso se está sumando voluntades, y uno de los principales logros es la creación del área de Trata de Personas en la Policía Nacional, en nuestra ciudad”

En eso sí estamos débiles, pero en un par de meses esperamos tener concluido el Centro de Acogida de Víctimas de Trata de Personas, que será responsabilidad de la municipalidad de Huamanga, porque ya tiene una infraestructura para ello. Cada vez que se logre recuperar a jóvenes, niños o niñas, los llevaremos allí, de forma temporal, para que sean atendidos por un psicólogo y reciban asesoría legal de los miembros de Defensa Pública. ¿Cuáles son los retos para el trabajo contra la trata de personas en nuestra región? La oficina de Cooperación Internacional está buscando tener un proyecto y presupuesto para trabajar. Ahora tenemos el primer perfil de proyecto, por un monto de 1.3 millones y esperamos que en la próxima gestión se asignen los recursos. La lucha debe ser constante porque los tratantes tienen dinero y pueden comprar autoridades para que no se toque este tema.

Opinión

De igual a igual Celina Salcedo

¿Está garantizada la participación política de la juventud?

a participación política de las y los jóvenes en el Perú es un tema que ha ido adquiriendo especial trascendencia en los últimos años, entre otras cosas, porque ellas y ellos representan, al igual que las mujeres, un caudal electoral. Sin embargo, no todas las organizaciones políticas ven a las y los jóvenes como sujetos de derechos; les cuesta aún asumir prácticas inclusivas y de renovación generacional. Por otro lado, la crisis y fragilidad de las organizaciones políticas que aparecen solo en épocas electorales le quitan la legitimidad de organizaciones democráticas y abiertas al cambio. El descrédito de muchos “líderes políticos” envueltos en actos de corrupción impide una relación fluida, de igual a igual, entre la población juvenil y los partidos políticos, generándose, muchas veces, otra, más bien de tensión, resistencia y hasta de confrontación, frente a propuestas de cambio en los liderazgos de jóvenes o de mujeres, como sucedió en el caso del APRA. Los discursos de los candidatos y las candidatas sobre la inclusión de mujeres y jóvenes se desdicen cuando se revisa los planes de gobierno, porque en casi la totalidad de los mismos se nota la ausencia de propuestas coherentes con la problemática juvenil. Del mismo modo, la participación de las y los jóvenes en estas elecciones está lejos de demostrar un ánimo inclusivo y democrático, porque su ubicación en las listas no garantiza, de ninguna manera, su elección; es decir: las y los jóvenes aún tienen acceso limitado a los espacios de poder, a pesar de la cuota joven. Al revisar las once listas admitidas por el JNE al gobierno regional -en el que hay un total de 308 candidatos y candidatas a las consejerías-, se observa que el 36.6% son jóvenes, de los cuales van como accesitarios 73. Es decir, el 47.4% de ellos. Hay un porcentaje importante de mujeres (85% y 75% respectivamente). En el caso municipal tomaremos a la municipalidad de Huamanga: En nueve organizaciones admitidas por el JNE, participan un total de 99 candidatos y candidatas a las regidurías. De ellos, el 33% son jóvenes. Sin embargo, solo un candidato se ubica en el tercio superior, mientras que el mayor porcentaje -73%- se ubica en el tercio inferior, con nulas posibilidades de salir elegido o elegida. Creemos que las organizaciones políticas solo incluyen a los y las jóvenes para dar cumplimiento a las cuotas.

Las cifras de víctimas de la trata de personas han ido en aumento en la región, evidenciando el alto grado de peligro de esta actividad ilícita.

Podemos decir que las organizaciones políticas siguen siendo, pues, espacios de hombres, pero también de adultos. En este sentido, es importante que asuman un compromiso de cambio generacional y una responsabilidad ética, moral y de justicia, a fin de garantizar el desarrollo de liderazgos y una participación política activa y real de los y las jóvenes.

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Historia

El historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot reveló que el poder de la historia oficial consistió en silenciar ciertos acontecimientos incómodos para una narrativa hegemónica y emblemática, que aparentaba ser la versión legal del pasado. Ponía el ejemplo de la exitosa revolución de los esclavos de Haití, que en 1794 originó la primera república negra en la historia universal, y que no aparece en los textos de historia y tampoco es enseñada en los cursos escolares que escudriñan el pasado de la humanidad. Casi lo mismo ocurre con la narrativa en torno a nuestra independencia. Los peruanos, al celebrar el 28 de julio como día de la patria, creemos que la jura de la Independencia que el general San Martín protagonizó en Lima, en 1821, constituye el desenlace de la guerra y el nacimiento del Perú libre y soberano.

Nelson E. Pereyra Chávez Revista de Análisis Político Regional - Retablo

La revolución de 1814, a propósito de un bicentenario silenciado E

l 28 de julio de 1821 no marca ni el inicio ni el fin de la Independencia; al contrario, contiene sólo un acto protocolar que confirma la desocupación de Lima por los españoles, quienes todavía ocupaban más de un tercio del territorio peruano. Tuvo que venir Bolívar, en 1823, para culminar la guerra con las batallas de Junín y Ayacucho.

Los hermanos Angulo participaron de la rebelión de 1814.

¿Por qué, entonces, los peruanos seguimos considerando el 28 de julio el día de la independencia? La respuesta tiene que ver con la consolidación del Estado peruano a mediados del siglo XIX, enmarcada por el millonario ingreso, producto de la venta de guano, y por un centralismo que transformó a Lima en la ciudad más importante del país. En dicha época, se institucionalizó el 28 de julio como Día de la Patria, mediante la mutación de una fiesta limeña en conmemoración nacional. Ocurrió durante el primer gobierno de Ramón Castilla (1845-1851). Con su triunfo en esa época, el centralismo limeño silenció aconte-

Historia

cimientos importantes de la etapa independentista, como la célebre batalla del 9 de diciembre de 1824. Es que la independencia fue un proceso largo, que empezó, tal vez, en 1808, cuando los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte invadieron la península ibérica y depusieron al rey español Fernando VII. Mientras en España se reunieron las Cortes en Cádiz y se promulgó la Constitución liberal de 1812, en las colonias americanas se formaron las Juntas de Gobierno, entre 1809 y 1810, lideradas por criollos que pretendían la administración autónoma de sus jurisdicciones. El Perú fue el único territorio donde no se formó Junta de Gobierno alguna, debido a que constituía el centro del poder político colonial. En Lima, precisamente, surgió la contraofensiva del virrey Abascal, quien envió tropas hacia Quito, Chile y Alto Perú (hoy Bolivia) para aplastar dichas instancias. El centralismo limeño y su narrativa oficial silenciaron también las sublevaciones que estallaron en las provincias del virreinato peruano, dirigidas especialmente contra el poderío de Lima. Una de ellas fue la que empezó en Cuzco, el 2 de agosto de 1814 (hace exactamente 200 años), y fue liderada por los criollos José, Mariano y Domingo Angulo, José Béjar, Hurtado de Mendoza, el cura Idelfonso Muñecas y el curaca indígena Mateo García Pumacahua. El levantamiento, que empezó con un conflicto político entre el Cabildo cuzqueño (elegido según las disposiciones de la Constitución liberal de 1812) y la Audiencia, devino rápidamente en una

guerra relámpago de indios y mestizos contra españoles, con tres expediciones simultáneas: la primera sobre Huamanga, la segunda sobre Puno y La Paz, y la tercera hacia Arequipa. Las tres fueron derrotadas en el transcurso de los siguientes meses, y hacia marzo de 1815, la sublevación ya había sido conjurada con la ejecución de sus principales líderes. La expedición que vino hacia Huamanga fue conducida por Mariano Angulo, José Béjar y Hurtado de Mendoza, y generó preocupación entre las autoridades españolas, así como ansiedad en los sectores populares. Los artesanos de los barrios de San Juan Bautista y Santa Ana optaron por respaldar a los insurgentes y hasta se plegaron a las fuerzas de los cuzqueños. Las vivanderas de la plaza de abastos protestaron contra las milicias españolas: el 31 de agosto se movilizaron frente al cuartel de Santa Catalina, lideradas por doña Buenaventura Fernández Munive (quien pasó a la historia con el nombre de Qala Maki), sin amedrentarse por la amenaza de un cañón. Los españoles optaron por retirarse a Huanta. Tras ocupar la ciudad, en setiembre de 1814, los insurgentes se dirigieron hacia Huanta, logrando el apoyo de Huancavelica, pero Abascal envió una expedición poderosa, financiada por los comerciantes limeños, que los venció allí mismo, y luego, en Matará, en octubre de 1814 y enero de 1815, respectivamente. Los patriotas estuvieron dispuestos a continuar, con el respaldo de guerrilleros indígenas. Sin embargo, luego de enterarse de la derrota de

“El hecho fue silenciado por una narrativa centralista que privilegia la jura protocolar del 28 de julio sobre un hecho de armas provinciano”

Ventura Qala Maki, heroína ayacuchana.

Pumacahua en Umachiri (Arequipa) y por la delación de un traidor, cayeron finalmente abatidos por las fuerzas españolas. Como refiere el historiador Pablo Macera, con el control de la sublevación de 1814 (que congregó a indios y mestizos conducidos por criollos provincianos) quedó cerrada la posibilidad de una independencia peruana autónoma, con la participación directa de sectores medios y populares y bajo el liderazgo de la sierra andina. Peor aún: el hecho fue silenciado por una narrativa centralista que privilegia la jura protocolar del 28 de julio sobre un hecho de armas provinciano que marca el inicio de la etapa final de

la lucha por la independencia peruana. Por ello, la develación y rememoración de un acontecimiento tan importante aparece como oportuna en las circunstancias actuales, cuando se discute nuevamente la viabilidad de la actual descentralización y se inicia un nuevo proceso electoral regional, puesto que la sublevación de hace 200 años congregó a individuos provincianos interesados en manifestar su rechazo a la dominación colonial y al centralismo limeño. Nuevamente, la historia acude en nuestra ayuda para hacernos reflexionar sobre el presente, a partir de una vital experiencia del pasado. Una vivencia que en los próximos 200 años no debe ser olvidada o ignorada.

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Reseña

¡Todos contra la verdad!

CENTRO DE DOCUMENTACION – SER

CEDOC

Infatigable promotor de la verdad y la divulgación de la memoria histórica a través del portal “Genocidio Ayacucho”, el doctor Herbert Morote ha publicado recientemente un libro, al que podríamos llamar “de combate” y que lleva por nombre “¡Todos contra la Verdad!”.

n el texto, Morote llama la atención sobre el manto de olvido que se quiere tender no solo contra los graves crímenes y violaciones contra los Derechos Humanos, cometidos entre años 1980 y 2000, en el marco del conflicto armado interno, sino inclusive sobre la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por ello, escribe un libro que busca recoger los principales aportes del Informe Final de dicho grupo de trabajo, señalando, a la vez, algunas de las discrepancias que él mismo tiene con el documento.

Javier Torres Seoane Con el habitual estilo polémico y frontal de otros textos suyos, como los ensayos “Vargas Llosa tal cual” o “Bolívar, libertador y enemigo del Perú”, Morote acusa, en primer lugar, a “los negacionistas” de extrema izquierda, representados por el senderista Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que busca el indulto para criminales que jamás han pedido perdón ni reconocido sus crímenes, y que aspira a seducir con su prédica a sectores de la juventud.

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“El autor presenta los esfuerzos, de un conjunto de grupos que se resisten a aceptar la impunidad”

En segundo lugar, Morote apunta con dedo acusador al “Estado cavernario y la derecha negacionista”, cuyo objetivo sería lograr que la violencia desatada por las fuerzas del orden quede impune, así como la defensa del status quo neoliberal. Para lograrlo, contarían, dice, con el apoyo y el silencio cómplice de la jerarquía católica, representada por el Cardenal Juan Luis Cipriani, cuyo menosprecio por los Derechos Humanos es de público conocimiento. Finalmente, el autor señala a los medios de comunicación, a quienes califica de “guardianes del poder”. En la orilla opuesta, el autor presenta los esfuerzos, muchas veces silenciosos pero duraderos, de un conjunto de organizaciones que se resisten a aceptar la impunidad, como son los organismos de Derechos Humanos o las valientes madres de Anfasep, que continúan en la brega. Pero, además, Morote rescata el quehacer de artistas populares cuyo aporte fue recogido por los concursos “Rescate por la Memoria”, el compromiso del retablista Edilberto Jiménez, de los dibujantes Luis Rosell, Alfredo Villar y Jesús Cossío y el de destacados cineastas, como Francisco Lombardi -que en pleno conflicto fue capaz de realizar “La Boca del lobo”- y Felipe Degregori, cuyo documental “Chungui” acompaña un libro que todo ayacuchano y toda ayacuchana deben leer. “¡Todos contra la Verdad!” Herbert Morote. Lima: Jaime Campodónico/Editor, 2014, XXXX págs.

Puedes encontrar libros, revistas y documentos de consulta.

Peru Hoy. Más a la derecha Comandante Eduardo Toche M. (compilador) Lima: Desco, 2014, 319 páginas.

Consulta Previa, nuestra voz, nuestro derecho Jaime Urrutia (compilador) Lima: COMISEDH- Comisión de Derechos Humanos, 2014, 128 páginas.

Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 3 p.m. - 7 p.m. Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI

Sucedió

Julio - Agosto - Setiembre preocupa entrega de cargos a involucrados en crímenes de lesa humanidad

suspenden actividades en cabecera de cuenca del ccarhuarazo

02 de julio.- Felimón Salvatierra, Presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), solicitó el retiro de Daniel Urresti del cargo de Ministro del Interior, pues pesa sobre él la acusación de ser el “autor mediato” del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido cuando el militar se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en Ayacucho, en noviembre de 1988.

16 de julio.- La empresa Minera Laconia South America, que hace algunos meses realizó preparativos para el inicio de trabajos de exploración en la cabecera de cuenca del Ccarhuarazo, habría interrumpido sus labores en la zona. Sin embargo, hasta el momento de difundirse la noticia, no había una comunicación oficial de la empresa al respecto.

frío cobra víctimas entre niños y ancianos 23 de julio.- Cuando se esperaba el sexto “friaje” del año, la Dirección de Epidemiología, Emergencia y Desastre (DEED) de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA) reportó, para la primera quincena de julio, más de 30 mil casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs), así como 492 de neumonía, con mayor incidencia en niños menores de cinco años y en mayores de 60 años.

aparecen pintas con la hoz y el martillo 5 de agosto.- Pintas con la hoz y el martillo aparecieron en el local de la Universidad San Cristóbal de Huamanga ubicado en el jirón Arequipa, en el edificio del ex colegio Guamán Poma de Ayala, en una caseta de seguridad del serenazgo municipal y en la iglesia Buena Muerte. Las pintas habrían sido hechas por simpatizantes del Movadef, en su afán por lograr la liberación de sus líderes.

investigan a wilfredo oscorima por supuesto canje de dádivas por votos 29 de agosto.- En el marco de una investigación preliminar contra el candidato Wilfredo Oscorima, la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Huamanga hizo diligencias a la comunidad de Allpachaca, donde recogió versiones del presidente de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA) respecto a una denuncia que pesa sobre la autoridad en licencia, por el presunto delito electoral de otorgar dádivas a los pobladores, para inducirlos a votar en un sentido determinado.

Personaje

LA REGIÓN Y SUS

PERSONAJES

rector califica de “cachueleros” a docentes de la unsch 31 de julio.- Alfredo Quinteros García, rector encargado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), calificó de “cachueleros” a los docentes que dedican su tiempo a otras actividades y descuidan sus clases. Denunció un alto nivel de inasistencias y anunció la puesta en marcha de mecanismos de control: “A los docentes les paga el Estado para que brinden dedicación a sus estudiantes y no para que cobren sin haber trabajado”, dijo.

jEE condena abuso de pintas en carreteras 12 de agosto.- El Presidente del Jurado Electoral Especial de Huamanga, Dr. César Arce Villar, cuestionó la multiplicación de pintas en las carreteras y el paisaje de la región. Arce señaló especialmente a la agrupación que lidera el candidato a la reelección, cuya propaganda destaca en los caminos, estimando que el presidente regional en licencia ha pasado de representar y respetar la ley, a no mostrar preocupación alguna siquiera por las sanciones económicas que puede implicar la trasgresión de la normatividad.

obras emblemáticas reclaman atención del gra 01 de setiembre.- El consejero Víctor Curi exigió al presidente del Gobierno Regional de Ayacucho que cumpla su ofrecimiento de sincerar la situación de las obras denominadas ‘emblemáticas’. Curi acusó a Pillaca de encarnar la continuidad de la gestión de Oscorima, pues hasta la fecha los trabajos de remodelación del hospital y los colegios emblemáticos siguen mostrando deficiencias que incluso ya han sido observadas por Control Interno.

Renee Vilca

Candelaria Núñez El liderazgo de una mujer

a persistencia, el temple y su preocupación por el desarrollo de su tierra hicieron de Candelaria Núñez una mujer líder de la provincia de Huanta. Vivió de cerca la violencia socio política surgida en nuestra región y conoció el sufrimiento de las mujeres que quedaron viudas, con hijos huérfanos que mantener. Cuando la situación de la violencia se tornó más intensa, Candelaria y su familia migraron a la capital, en 1987, donde las cosas tampoco resultaron ser tan fáciles, porque percibió la discriminación a sus hermanos y hermanas quechua hablantes. Candelaria retornó a Huanta en 1991, y cuando la situación de violencia política se iba alejando, decidió organizar a las mujeres de Huanta. Posteriormente, en el año 1992, fundó la Federación de Clubes de Madres de la provincia, tomando como referencia la Federación de Clubes de Madres de Ayacucho. Candelaria refiere que la fundación de la Federación también obedeció a la situación que vivía la población al finalizar el proceso de violencia, pues se evidenciaba el aumento del número de viudas y huérfanos, quienes, según ella recuerda, “no tenían qué comer, y protagonizaban un panorama que transmitía dolor y miseria”. Desde la Federación de Club de Madres de Huanta, Núñez y sus socias trabajaron juntas para mejorar sus condiciones de vida y servir de ejemplo a la comunidad. La FECMA Huanta surgió a pesar de todas sus dificultades. Para su fundadora, aún hay mucho que hacer, mucho que ayudar, sobre todo a aquellas madres y a aquellos niños de los diferentes distritos que viven en condiciones deplorables. Candelaria Núñez cedió la posta a mujeres que evidenciaron compartir el mismo ímpetu y amor por los otros que ella sentía, pero lamenta que en la actualidad la Federación esté atravesando por una crisis. Para ella, no ha terminado su labor por el prójimo, porque a sus 58 años de edad, desea seguir trabajando por el desarrollo de Huanta. Esta valiosa mujer ayacuchana cuenta que tuvo una infancia triste, porque su mamá la obligó a vivir con su madrina desde los cuatro hasta los quince años, en el distrito de San Juan Bautista. No conoció el amor de madre ni tuvo acceso a la educación. Desde muy niña trabajó como empleada del hogar, lavando ropa ajena para ganarse el pan del día. Se casó muy joven y tuvo diez hijos, con quienes vivió en Huanta. En la actualidad, Candelaria Núñez tiene 58 años, pero su trabajo a favor de los demás no ha terminado. Ahora es presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Huanta, donde están organizados un promedio de 65 ancianos y ancianas. Ellos se dedican al hilado de lana, las manualidades y la crianza de cuyes. Desde esta agrupación, Candelaria y los demás asociados se han trazado el objetivo de crear el asilo para ancianos e indigentes de la provincia de Huanta.

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