Revista Retablo Nº 61

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Anunciado Fenómeno del Niño fuera de la agenda de las autoridades ayacuchanas.

Carlos Alviar: “En Oscorima siempre primará el autoritarismo”

Desarrollo PÁG. 8

Entrevista PÁG. 4

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AÑO 9 - Nº 61

AYACUCHO

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Precio S/1.00

El crecimiento económico no derrota a la pobreza Sin embargo, el gobernador regional destina millones al polideportivo de sus sueños.


SUCEDIÓ

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Sucedió en: MARZO - Abril - mayo Realizan paro en defensa del Ccarhuarazo

Jóvenes se movilizan contra tv basura

CSJA implementa Segundo Juzgado de Paz Intercultural

11 de marzo: El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Sucre, Emilio Orosco, informó que dentro del marco de la paralización de 48 horas que se llevó a cabo en defensa del nevado, se realizó también una marcha de sacrificio a la ciudad de Puquio (Lucanas), donde los manifestantes se enfrentaron con la Policía. Producto del violento encuentro fueron dos heridos, cuyo estado de salud se estabilizó luego, en el nosocomio de Puquio.

13 de marzo: La presidenta del Instituto Regional de la Juventud de Ayacucho, Katé de la Cruz Rojas, informó que diversas organizaciones juveniles participaron de la segunda marcha contra la llamada “televisión basura”, actividad que tuvo por finalidad exigir el cumplimiento al horario de protección al menor. Agregó que poco a poco los jóvenes y la población en general vienen tomando conciencia de la problemática y se están sumando a la citada demanda.

24 de marzo: Con la finalidad de obtener una mejor celeridad procesal, y atendiendo a la necesidad de revalorar el idioma quechua en la Administración de la justicia, a través de los Órganos Jurisdiccionales Interculturales, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA) implementó nuevos Juzgados Interculturales de Paz Letrados en Huanta y Cangallo, los mismos que permitirán a los litigantes quechua hablantes desenvolverse adecuadamente en los juicios orales.

Hallan fosa con 26 restos humanos 25 de marzo: La Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho halló, en el paraje denominado “Chicco” (Sacsamarca), una fosa común donde estarían enterrados 26 comuneros presuntamente provenientes de Vilcashuamán. Según las primeras informaciones, a mediados de julio de 1985, Sendero Luminoso habría ingresado violentamente a algunas comunidades de Vilcashuamán, con el objetivo de reclutar forzadamente a los jóvenes, quienes luego habrían sido ejecutados por efectivos militares.

Los residentes de las zonas aledañas se mantienen firmes en la defensa del Apu Ccarhuarazo.

Lluvias continúan afectando cultivos

Contraloría denuncia a funcionarios del GRA

Reportan déficit de cobertura de agua y saneamiento

16 de abril: Las lluvias, granizadas, huaycos y heladas, así como el exceso de humedad y los vientos fuertes, que se suscitaron en toda la región, causaron grandes daños a hectáreas de cultivos. Según el reporte de la Dirección de Estudios Económicos y Estadísticas Agrarias, en el mes de marzo se perdieron, en total, 11,778 hectáreas de cultivos, daño que perjudica a cientos de agricultores.

09 de abril: La Contraloría General denunció por presunta comisión del delito de colusión a funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) que serían los responsables de un perjuicio superior a los diez millones de Nuevos Soles. Una serie de irregularidades fueron advertidas en estudios de pre inversión e inversión y, en los procesos de selección encargados a un organismo internacional para la construccion de colegios.

09 de abril: El director regional de Construcción y Saneamiento, Félix Hidalgo Guillén, aseguró que existe un déficit en la cobertura de los servicios de agua y desagüe en las once provincias de la región Ayacucho. Sin embargo, en seis de ellas la situación es verdaderamente crítica, y en lo que respecta al abastecimiento del recurso para el consumo humano, las provincias de La Mar y Vilcashuamán son las más perjudicadas.

Reportan seis casos de trata en lo que va del año

Invertirán $106 millones en mega proyecto

Solo el 5% consume agua segura

08 de abril: El secretario técnico del Comité Multisectorial Contra la Trata de Personas, Gotardo Miranda Gutiérrez, informó que, en lo que va del año, se han registrado seis casos de trata de personas. Estos vienen siendo investigados por las autoridades del sistema de justicia. Asimismo, refirió que las autoridades y funcionarios vienen desarrollando un trabajo intenso para combatir esta práctica delincuencial.

13 de mayo: El director de Telecomunicaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTCA), Adú Garamendi Ayala, informó que Ayacucho se beneficiará de un mega proyecto en telecomunicaciones, el mismo que será implementado a través de una fibra óptica y que interconectará a todas las provincias y distritos rurales de la región, mejorando el sistema de comunicación.

20 de mayo: Sólo el 5% de la población de las zonas rurales de Ayacucho consume agua segura, informó el responsable de la Vigilancia de la Calidad de Agua para el Consumo Humano de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, Juan Berrocal Avilés. Refirió que esta situación que viven los pobladores alto andinos no contribuye a la reducción de la desnutrición en la región.

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EDITORIAL

¡No es el polideportivo, es la pobreza!

H

ace algunas semanas, se conocieron las cifras del último Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el documento se indica que Ayacucho se encuentra entre las cuatro regiones más pobres del Perú -junto a Cajamarca, Huancavelica y Amazonas-, ya que un 50% de su población vive en situación de pobreza. Tal indicador implica que la mitad de las personas no disponen de recursos suficientes para solventar una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios, y recuerda, además, que las mujeres son las que se encuentran en peores condiciones. Estas preocupantes cifras no han motivado mayor reflexión ni discusión en las autoridades del gobierno regional ni de los gobiernos locales. Mucho menos han generado propuestas para poner en marcha acciones que permitan superar esta situación. Si bien la Mesa de Concertación, en coordinación con algunos representantes de sociedad civil, intentó poner el tema en la agenda de las entidades gubernamentales y también del debate público, la iniciativa tuvo muy poco eco. Esta falta de preocupación de nuestras autoridades, así como la poca exigencia de la ciudadanía, han tenido por consecuencia que en los últimos cinco años las cifras de pobreza en Ayacucho no se hayan reducido casi en nada. También llama la atención que se mantengan estos niveles de pobreza, a pesar de que Ayacucho ha experimentado un crecimiento sostenido de su PBI; porque, según los datos oficiales, entre los años 2008 y 2013, nuestra región registró una tasa promedio anual del 9.1%. Tales estadísticas nos indican, pues, que el crecimiento económico no necesariamente está ayudando a reducir la pobreza, ni tampoco las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, Ayacucho es una de las regiones que concentra la mayoría de programas sociales de alivio a la pobreza implementados por el gobierno nacional, así como a una buena cantidad de beneficiarios. Si en términos del ministro de Economía, Alonso Segura, parte de los principales canales de reducción de la pobreza son “los programas sociales y los servicios básicos del Estado”, entonces algo está fallando y nadie se detiene a analizar qué es. Mientras esto ocurre, el gobernador regional se ha empecinado en construir un polideportivo (cuyo costo ascendería a 200 millones de Nuevos Soles), afirmando que busca cumplir uno de sus sueños y sin importarle la situación en la que se encuentra la mitad de nuestra población, aquella que sigue aspirando a tener una vida digna.

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RETABLO Ayacucho Junio 2015 Nro. 61

Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Ricardo Caro Enma Díaz Raquel Reynoso Omar Rosel Director Javier Torres Seoane Editora Mariella Checa Mendiburu Columnistas Yuver Alarcón Carlos Condori Colaboradores Elio Rodríguez Ernesto Ambía Hurtado Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica S.A.C. Fotografía Asociación SER Distribución, ventas y publicidad Ayacucho: Ingrid Mesías 066 319428 – 995053967 Lima: Rosario Arévalo. 01 4727937 - 995053868 Retablo es una publicación de la Asociación SER. Lima: Jr. Mayta Capac 1329 - Jesús María 01 472 7937 / www.ser.org.pe Ayacucho: Urb. María Parado de Bellido - Mz J Lt 4 066 319428 / serayacucho@ser.org.pe Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-16210 Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.


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entrevista política

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entrevista política

“En Oscorima siempre primará el autoritarismo” Después de meses de haber desparecido del escenario político, Carlos Alviar Madueño, ex candidato a la gobernación regional de Ayacucho y gerente de Conveagro, se animó a conversar con Retablo sobre los primeros meses de la gestión regional que lidera Wilfredo Oscorima. Alviar también hace un análisis de lo poco preparada que está la región para afrontar ciertas situaciones que podría provocar el Fenómeno del Niño.

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Omar Rosel

Qué opina sobre el accionar de la gestión regional ante las situaciones de desastre que se presentaron en los tres primeros meses del año a consecuencia de las lluvias? La gestión de riesgos no ha sido considerada. Asimismo, hay estudios preliminares que alertaban las zonas donde podían ocurrir desastres por las lluvias, pero no se trabajó acciones de prevención, sino que recién se intervino cuando se suscitó el desastre. Creo que debieron tomarse en cuenta los estudios realizados por especialistas de Ayacucho, sobre los riesgos y el cambio climático y, en base a ello, debatir y planificar acciones de prevención. ¿El gobierno regional de Ayacucho está planteando acciones adecuadas para la mitigación y adaptación ante el cambio climático? Algo se está haciendo, pero creo que no en la profundidad que se requiere. Por ejemplo, debería haber todo un sistema de forestación en las partes altas, para acumular agua. Debería trabajarse con mayor énfasis en las zonas donde los ríos podrían desbordarse y afectar extensiones de cultivos agrícolas. Tampoco se destina ningún presupuesto para este asunto. Ahora hay un fondo verde para financiar acciones vinculadas al cambio climático, pero al parecer hay descono-

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voluntad política de la gestión Oscorima de disponer de fondos para los trabajos de prevención. Lo tercero es que la población siempre está pensando en que si no sucede nada, para qué va a llevarlas a cabo. Nos faltan esa capacidad de prevención ante los desastres y el trabajo de forma organizada. Asimismo, falta una articulación entre el sector rural y el sector urbano, y un trabajo conjunto. Evaluación a gestión regional

No basta con mitigar los efectos de las lluvias; hay que poner en marcha medidas preventivas que los minimicen, reclama Alviar al gobernador regional.

“...seguimos en una recesión en Ayacucho y se necesitan cambios fundamentales en todos los programas que se están desarrollando” cimiento al respecto. Lo peligroso es que no se está trabajando con la población, no se le está brindando información adecuada y oportuna. Por ello, la gente desconoce los impactos que podría generar el cambio climático. Tampoco se ha emprendido acciones que preparen a la ciudadanía en los trabajos de mitigación o adaptación de los cambios y sus consecuencias. ¿Cuál sería la razón que podría explicar la respuesta nula o inadecuada del gobierno de Wilfredo Oscorima a estas situaciones? La explicación es que Oscorima no tiene una mirada rural. Su prioridad son las obras de infraestructura que le puedan proporcionar créditos. Por ello quiere construir un estadio que costará más de 180 millones de Nuevos Soles. Pero también hay que destinar recursos al desarrollo de capacidades en la población, para poder generar organización en la población y evitar los riesgos y desastres. La forma de actuar de la gestión Oscorima era de esperarse, porque no tiene una mirada hacia el agro, que no solo necesita producción, sino también transformación, articulación a mercados, y es una actividad por la que los gobiernos regionales deberían apostar.

¿En la región Ayacucho estamos preparados para hacerle frente a ciertos efectos que pudiera generar el Fenómeno del Niño, cuya presencia fue confirmada por el SENAMHI? La baja intensidad con la que se viene manifestando este fenómeno es una probabilidad, porque podría ser todavía mediana y dependiendo de las regiones. En Ayacucho, es probable que se dé un proceso de sequía. Por ello, habría que estar previniendo situaciones que pudieran afectar la producción agrícola. Yo creo que nuestra región no está preparada, porque volvemos a repetir errores. Por ello, siempre, cuando llega el friaje, nos damos cuenta de que no se trabajó en el tema de la prevención. Se dice que habrá sequía, por este fenómeno, pero si hacemos un análisis de las acciones de la gestión regional, se puede ver que no hay presupuesto alguno para acciones de prevención ante la llegada del fenómeno. ¿Cuál es la razón por la que no se trabajan acciones de prevención? Lo primero es que las autoridades no toman en cuenta algunos estudios existentes sobre las consecuencias que pudieran generar algunos eventos climáticos, y tampoco sus recomendaciones. Un segundo punto es que no se dispone de presupuesto, y tampoco hay

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¿Cuál es su apreciación de los primeros cuatro meses de la segunda gestión regional de Wilfredo Oscorima? Oscorima dijo que le iba a dar atención a la educación en su segunda gestión, pero no lo está haciendo, porque piensa que esa prioridad solo se atiende construyendo aulas, cuando el asunto pasa por fortalecer capacidades de los docentes, por el desarrollo de capacidades también entre los alumnos, por la generación de mejores servicios, que permitan al estudiante atender mejor: Seguridad alimentaria, acceso al agua potable, para disminuir la presencia de enfermedades. Todo ello repercute en una mejor educación. El tema de la educación es solo una muestra. Si hacemos una comparación con los primeros meses del primer periodo de gobierno de Oscorima, ¿se puede decir que algo ha mejorado? No diría que está mejor. Diría que aún seguimos en una recesión en Ayacucho y que se necesitan cambios fundamentales en todos los programas que se están desarrollando. Además, no hay una apertura a la población ni se pretende buscar su participación, y lo otro es que en Oscorima siempre primará el autoritarismo y eso no es bueno para la región. ¿Qué nota le pondría a los primeros meses de gestión de Oscorima? Si queremos ponerle nota, creo que está reflejada en la sentencia que le impuso la Corte de Ayacucho. No es posible tener una autoridad regional que esté siendo juzgada. Ayacucho merece otras cosas, mayor dinamismo. Esperemos que esto mejore en los próximos meses. Según Oscorima, a él lo han sentenciado no por robar dinero, sino por obviar algunos procedimientos. Pero ha violado normas en la licitación del hospital regional. Se ha evidenciado sobrevaloración, que implica presupuesto, y si bien es cierto que se le juzga por no haber cumplido con la normatividad, porque hay cosas que se han aprobado de la noche a la mañana, también ha habido un mal manejo de los recursos financieros del GRA, que vincula a los fondos públicos. Así que acá las cosas deben quedar claras.


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No la tiene nada fácil

Los primeros meses de gobierno de Wilfredo Oscorima han estado acompañados de una serie de situaciones judiciales que podrían complicarle su aún cómoda posición ante un escenario de débil oposición a su gestión. A pesar de ciertos cuestionamientos, el gobernador regional se muestra, además, empecinado en continuar sembrando fierro y cemento. Omar Rosel

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l segundo periodo de Wilfredo Oscorima empezó en un escenario poco polarizado, porque los candidatos perdedores de las elecciones regionales que pretendían ser opositores terminaron desapareciendo o siendo cooptados por este gobierno. Tampoco el Consejo Regional de Ayacucho (CRA), donde no cuenta con mayoría, ha sido impedimento para que siga adelante con sus planes y prioridades.

En términos políticos, los opositores al interior del CRA perdieron mucho cuando no lograron interpelar al ahora ex Director Regional de Educación, Leoncio Benites, pues el Ejecutivo regional pudo bloquearles esta pretensión sin mucha dificultad. También representa un punto en contra para el CRA que el gobernador haga caso omiso a las observaciones y a la oposición que esta instancia presenta a ciertos proyectos (como el monumental estadio que quiere construir), pues Oscorima sigue los procedimientos para acelerarlos, in-

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cluso saltándose con garrocha ciertos procesos administrativos. También se debe considerar que entre los opositores del CRA hay una débil articulación, poca experiencia política y escaso conocimiento del manejo del aparato estatal. Del lado de las organizaciones sociales, las voces solitarias que intentan hacerle frente a la gestión son las de la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho y de la representante del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA). Sin embargo,

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ellas trascienden muy poco a nivel de la opinión pública. Complicaciones judiciales Era claro que la segunda gestión de Wilfredo Oscorima estaría marcada por las denuncias e investigaciones judiciales producto de los desaciertos que tuvo en su primer periodo. En el primer mes de su segundo gobierno, la Gerencia de Auditoría de la Contraloría General de la República recomendó abrir procesos penales en contra de la autoridad regional por el presunto delito de colusión. La Contraloría cuestionó el contrato firmado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se encargó de organizar y supervisar los procesos de licitación para la construcción del Hospital Regional de Ayacucho nivel III-1 y la restauración de los colegios “Mariscal Cáceres” y “San Ramón”. También señaló que el proceso de licitación habría sido direccionado. Asimismo, en febrero, un medio de comunicación nacional reveló que la Fiscalía de la Nación estaba investigando a tres presidentes regionales, entre ellos a Wilfredo Oscorima, por lavado de activos provenientes –presuntamente- del tráfico ilícito de drogas. No obstante, su asesor legal minimizó el asunto porque Oscorima ya había esclarecido estas acusaciones en años anteriores. Recién el 15 de abril, Oscorima advirtió la complicación que se le venía, cuando el Segundo Juzgado Penal, presidido por la Juez unipersonal Roxana Molina Falconí, lo sentenció a dos años de pena privativa de libertad, con ejecución suspendida e inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo, por delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión de funciones en agravio del Estado, falta que habría cometido al comprar 40 maquinarias agrícolas. Otro caso que no deja tranquilo al gobernador es el que se le abrió en agosto del 2014, por la irregular compra de maquinarias, por un monto de 20 millones de Soles, proceso que continúa su curso en la Corte Superior de Justicia de Ica. Lo único que tranquiliza a la autoridad es contar con César Nakasaki.

Dados los niveles de pobreza de la región, la construcción de un estadio monumental resulta escandalosa.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, más de tres cuartas partes de los fondos del gobierno regional están destinadas a obras de infraestructura.

“…representa un punto en contra para el CRA que el gobernador haga caso omiso a las observaciones y a la oposición que esta instancia presenta…” Las prioridades de Oscorima Oscorima ha dicho que en estos años, las prioridades estarán centradas en los proyectos sociales. Por ello contrató a Maciste Díaz, ex gobernador regional de Huancavelica, para que lidere acciones de reducción de ciertos indicadores preocupantes en Ayacucho: Pobreza, anemia, desnutrición y otros, pero hasta el momento no se tiene nada. En términos presupuestales, el Ministerio de Economía y Finanzas asegura que el 76.4% de los fondos del GRA está destinado a infraestructura de salud y educación, y concentrado en la capital de la región (construcción del hospital III-1 y colegios emblemáticos). Asimismo, llama la atención que la inversión en agua y saneamiento sólo represente el 0.5% del presupuesto, tomando en cuenta que apenas el 5% de la población de las zonas rurales consume agua segura, según la Oficina de Vigilancia de la Calidad de Agua para el Consumo Humano de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Las cifras oficiales del INEI nos colocan entre las cuatro regiones más pobres del país y aseguran que, en provincias como Huancasancos, Paucar del Sara Sara o Parinacochas, siete u ocho niños de cada diez padecen anemia. Sin embargo, Wilfredo Oscorima, tiene intenciones de dedicar inversiones a la construcción de un monumental estadio, que podría costar más de 200 millones de Nuevos Soles. Hace ya algunas semanas, se tiene a la empresa que elaborará el perfil y el expediente de esta infraestructura.

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Desde algunos espacios, como la Mesa de Concertación de Ayacucho, se ha buscado plantear una agenda de prioridades que debería atender la gestión regional, en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad que firmó Oscorima cuando era candidato, pero la autoridad regional nunca ha tenido intensiones de reafirmar su compromiso y ha delegado a su vicegobernador y funcionarios la atención de esta situación, Para decir que esta es mejor que la anterior, la gestión que lidera Oscorima busca publicitar la alta ejecución presupuestal de los fondos de inversión que registra el GRA. Según el MEF, ella ha alcanzado un 46% en estos primeros cuatro meses, como si ese fuera el objetivo central de una autoridad regional. Pensando en las elecciones Las elecciones generales y congresales no están fuera de la agenda del gobernador regional, pues, desde su punto de vista, es importante contar con congresistas afines a sus intereses, y tener llegada a quien podría asumir la Presidencia de la República, para lograr mejores presupuestos y mayor apoyo ante situaciones difíciles que le podrían acarrear sus procesos judiciales. En ese sentido, los aún poco partidarios de Alianza Renace Ayacucho han intentado articular acciones para acercarse a algunas organizaciones políticas nacionales; pero al margen de ello, Oscorima tiene su propia agenda y hasta se escucha que podría patrocinar a algún candidato o candidata congresal.


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DESARROLLO

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Ashley Mendoza

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Las variaciones climáticas tienen un impacto directo en la economía de las poblaciones rurales alto andinas. Por ello, es imprescindible prestarle atención al tema.

El impacto del Fenómeno del niño en Ayacucho La llegada del Fenómeno del Niño ha sido confirmada para mediados del otoño y hasta el invierno de este año, pero el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (EFEN) ha precisado que este será débil. Aunque los especialistas afirman que la anomalía afectará la pesca y la agricultura, el tema aún no está en la agenda de las autoridades ayacuchanas. RETABLO

l Niño se presenta cíclicamente, cada cuatro a ocho años, según lo refiere el Decano del Colegio de Biólogos de Ayacucho, Jorge Salcedo Martínez. Pero un buen porcentaje de la población ayacuchana cree, según refiere el experto, que este fenómeno sólo afecta a la zona costera del país. Y es que hay poca información sobre los efectos que esta alteración climática tiene en los territorios de la sierra. Para el docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Huamanga, Jorge Aramburú, cuando se habla de Fenómeno del Niño y sus efectos en nuestra región, se debe partir de la premisa que Ayacucho es altamente vulnerable, porque un eventual aumento de las precipitaciones incrementaría el caudal de los ríos y porque el inesperado visitante suele llegar de la mano del friaje y las heladas. “Esto afecta a la flora y fauna y también a la salud de la población”, explica. Salcedo Martínez refiere que algunas situaciones climáticas que se han evidenciado en los últimos meses podrían ser vistas como las primeras manifestaciones de este Fenómeno del Niño. También se está observando un incremento en el afloramiento de las aguas calientes, en la costa, por el incremento en dos grados de la temperatura del mar y, por eso, en dicha zona costa se viene prolongando el verano, mientras que en la sierra “hay un frío intenso a partir de las 5 de la tarde, que es lo que está sucediendo también en nuestra región”, refiere. Aramburú señala que en las últimas semanas se han hecho visibles situaciones anómalas en el clima. Por ejemplo, se registró una nevada en el distrito de Acocro (Huamanga), por lo que se recomendó a los gobiernos locales que estuvieran alerta a estas situaciones. Zonas vulnerables Si hablamos de las zonas que en nuestra región serían las más vulnerables frente a una eventual llegada del Fenómeno del Niño, el especialista en Recursos Naturales Luis Vargas estima que la zona más sensible es el sur de Ayacucho, donde los efectos podrían ser devastadores. Así sucedió en el distrito de Chaviña -a inicios del pasado mes de marzo-, donde se desbordaron las aguas del río Calicanto. Vargas indica que ciertas condiciones geográficas como la existencia de planicies, hacen que estos territorios sean más propensos a sufrir la presencia de El Niño. Tal podría ser el caso de Los Morochucos (Cangallo), donde hay altas probabilidades de que se manifiesta el friaje. “Pero hay valles que son interandinos, donde los impactos son menores. En el norte de Ayacucho, por la misma topografía que presenta, el impacto sería menor”, opina.

Algunos especialistas ven la presencia del Fenómeno del Niño en algunas situaciones climáticas anómalas que se han evidenciado en los últimos meses.

“…la zona más sensible es el sur de Ayacucho, donde los efectos podrían ser devastadores” temperatura a disminuirá, principalmente en las provincias ubicadas por encima de los 3500 metros sobre el nivel del mar. Considerando los antecedentes, este friaje podría ser intenso, específicamente, en los territorios de la parte centro hacia el sur de la región”, explica Ayala. De otro lado, Jorge Aramburú indica que también la ganadería alto andina, especialmente las alpacas y las vicuñas, serían afectadas.

Según Jorge Salcedo Martínez, la mayoría de la población asocia el Fenómeno del Niño a las zonas costeras.

A decir de William Ayala, de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, las variaciones climáticas que podría genera el Fenómeno del Niño en la región, impactarán directamente en la agricultura, hecho que repercutirá en la economía de las poblaciones rurales alto andinas. Por ello, recomienda que las autoridades tomen en cuenta las alertas hechas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI, de modo de poder afrontar los anunciados cambios, así como sus posibles efectos. “El SENAHMI manifiesta que en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, será moderado o débil el impacto del Niño, pero no olvidemos que ya vamos a entrar a un proceso de friaje y que la

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Respuestas, sin prevención En vista de las alertas del SENAMHI y el EFEN, el hasta hace poco subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, Edwin Zevallos, ha informado que se está llevando a cabo un monitoreo especial en la zona sur de Ayacucho, en la parte del territorio que limita con la costa (las denominadas “cabezadas”), donde están comprendidas las provincias de Cora Cora y Paucar del Sara Sara, “que ya han sido afectadas en los primeros meses del año por las intensas lluvias”, recuerda. Pero si hablamos de acciones de prevención ante los posibles desastres que podría generar alguna variación del clima, como consecuencia de la llegada del Fenómeno del Niño, lo real es que no se está trabajando, porque el mismo Edwin Zevallos dijo, hace dos semanas, que la subgerencia de Defensa Civil sólo se está preparando para asistir a las poblaciones que podrían resultar damnificadas por alteraciones climáticas.


AGENDA REGIONAL

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Conflictos por concesiones mineras siguen creciendo en Ayacucho El boom minero que experimentó nuestro país en la última década generó el incremento de las concesiones mineras en Ayacucho. Asimismo, se iniciaron nuevos proyectos de exploración y explotación minera que en varios de los casos generaron el surgimiento de conflictos socio-ambientales. La confrontación, lejos de resolverse, se complejiza ante las pocas capacidades del Estado para responder a la situación.

Poco menos del 30% del territorio ayacuchano está concesionado, según datos recientes del Sistema Geológico Catastral Minero (GEOCATMIN). Omar Rosel

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as concesiones mineras otorgadas en Ayacucho ocupaban una extensión de 421 mil hectáreas en el 2002, según referencias de Perú Económico1. La misma fuente refiere que, a julio del 2010, las concesiones se incrementaron a una extensión de

992,773 hectáreas, área que representaba el 22% del territorio regional. A mayo del 2015, según el Sistema Geológico Catastral Minero (GEOCATMIN), en Ayacucho existen 2299 concesiones mineras tituladas, que sumadas dan una extensión de 1´181,405.87 hectáreas, y equivalen a 11,814.06 kilómetros cuadrados. Esta cifra representa el 28% de la extensión

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del territorio ayacuchano, y no toma en cuenta las concesiones mineras que están en trámite, que abarcan 1628 kilómetros cuadrados. Al igual que las de las concesiones, las cifras de los conflictos en torno a la actividad minera también han ido en aumento. Para contrastar este dato, recurrimos a información de la Defensoría del Pueblo, pues en el primer repor-

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te sobre conflictividad social –publicado en el 2004- no se registraba para Ayacucho, ningún conflicto relacionado con la actividad extractiva. Fue recién en el 2006 (Reporte 33), cuando se reportó el conflicto en Canaria (Víctor Fajardo), generado por la presencia de la Minera Catalina Huanca. El último informe de la Defensoría del Pueblo, que data del mes de abril de este año (Reporte 134), refiere que en Ayacucho hay 14 conflictos sociales, de los cuales ocho son socio-ambientales o han surgido en torno a la presencia de la actividad extractiva. El caso Laconia Uno de esos nuevos conflictos que reporta la Defensoría del Pueblo es el que confronta a la comunidad de Santa María Magdalena de Tintay y a la Minera Laconia South America (de capitales australianos). Si bien, en el pasado mes de enero, la empresa desistió de iniciar actividades de exploración minera en los territorios del denominado Apu Ccarhuarazo, indicando que no existen condiciones sociales para la misma, las y los dirigentes comunales de Sucre, así como el Frente de Defensa de esta provincia, insisten en que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debe declarar la nulidad del permiso otorgado a la empresa Laconia, porque este habría sido obtenido de forma irregular. “No podemos permitir que exista un permiso para realizar exploración minera en una cabecera de cuenca como el Ccarhurazo, porque dado un eventual ingreso de la actividad minera, se podría contaminar las aguas que irrigan a la provincia de Sucre y el Valle Sondondo”, explica Hilaria de la Cruz, presidenta de la comunidad de Querobamba. En este caso, las comunidades han pedido el pronunciamiento del gobernador regional, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna; asimismo, se han visto obligados a emprender medidas de fuerza escalonadas, porque su demanda no es escuchada. De hecho, para las próximas semanas están planteando un paro indefinido; mientras tanto las instancias estatales –nacional y regional- no están tomando en serio las primeras manifestaciones de protesta que vienen realizando estas poblaciones. El titular de la Director Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREM), Uriel Ramos, dijo que su instancia no intervino en el conflicto de Laconia porque no es su competencia, “ya que pertenece al estrato de la mediana minería”. Por su parte, la Oficina de Conflictos Sociales (OCS) del gobierno regional se ha reunido con los dirigentes de las comunidades de Sucre, para conocer sus demandas y servir como intermediario ante el Ejecutivo nacional. “Estamos buscando canalizar el pedido de las comunidades, para que el Ccarhuarazo sea reconocido como cabecera de cuenca, pero

AGENDA REGIONAL

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EL Caso Gran Canaria Otro conflicto que se ha registrado este año y, del que aún no se reportan cifras oficiales, es el que sucedió en la comunidad de Paras (Cangallo), en el mes de enero, debido a la presencia en la zona de la Minera Gran Canaria SAC (capitales españoles). Según los registros del MINEM, esta empresa obtuvo el título de concesión la última semana del mes diciembre del 2014 y, quince días después, llegó a las tierras del anexo de Vista Alegre y Chalana para solicitar permiso de ingreso a sus tierras y realizar un cateo, a cambio de ciertos regalos y pues-

vo. El otro inconveniente fue el lento accionar de las instancias estatales, porque el presidente de la comunidad de Paras dio a conocer el descontento de los pobladores a la Fiscalía del Ambiente, para que esta interviniera, y también solicitó información a la DREMA sobre si Gran Canaria tenía el título de concesión y el permiso para remover tierras. La fiscalía se constituyó en el lugar recién en el mes de marzo y la DREMA hasta el momento no ha otorgado información. “Nosotros no sabíamos, no nos habían comunicado. En este caso hay otras instancias que hacen cumplir las normas; por ejemplo, la Policía, al enterase, nos envía un documento, para que nosotros, a nuestra vez, informemos en qué situación se encuentran esas concesio-

Uriel Ramos asegura que el conflicto con Laconia no es competencia de la DREM.

La DREMA ignoraba el actuar de la minera Gran Canaria, que los pobladores de Paras consideran irregular.

ellos parece que ya no creen y solo quieren que se anule el permiso otorgado a Laconia”, explica Mario Coras, responsable de la OCS.

“…en la zona de concesión minera de Gran Canaria hay fuentes de agua que proveen del recurso a la comunidad de Paras y a sus anexos de Chalana y Vista Alegre” tos de trabajo. Orestes Jayo, presidente de la Comunidad de Paras, manifiesta que no disponían de información respecto a si esta empresa tenía el título de la concesión y el permiso del MINEM. La incertidumbre también se instaló en un sector de la población, porque en la zona de concesión minera de Gran Canaria hay fuentes de agua que proveen del recurso a la comunidad de Paras y a sus anexos de Chalana y Vista Alegre. A fines de febrero, Gran Canaria se retiró de la zona tras remover más de 14 toneladas de tierra de forma irregular, ya que estas actividades –según refiere Orestes Jayo- se debían realizar como parte de la exploración minera, y ésta compañía no tenía el permiso respecti-

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nes mineras, de modo de que sea posible indicar si ellos recién están titulándose o tal vez están en pleno tramite”, dice Uriel Ramos, titular de la DREMA. Los conflictos descritos son una muestra de cómo el gobierno regional tiene limitaciones para intervenir en la solución de los mismos. Tampoco se tiene un sistema de monitoreo de los conflictos sociales en la región. A decir de Marcos Coras, su instancia recién está realizando un mapeo de zonas de conflictividad, a fin de contar con datos sobre actores y, a partir de ello, elaborar mecanismos y herramientas de intervención. 1 http://perueconomico.com/ediciones/48/articulos/746


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ENTREVISTA GESTIÓN PÚBLICA

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“El pueblo ayacuchano tiene que hacer respetar su idioma quechua”

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Omar Rosel

Por qué se ha considerado prioritario el trabajo por la interculturalidad en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA)? Cuando empezó la época de la violencia, nadie escuchó al pueblo de Ayacucho y mucho menos a los que hablaban quechua. Los únicos que los atendieron fueron Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Entonces se generó una espiral de la violencia. Ahora la población piensa que eso ya pasó y que estamos en paz, pero tenemos elementos que caracterizaron a esos días, porque aún encontramos situaciones de exclusión, sobre todo respecto a poblaciones rurales y quechuahablantes. El quechua es un idioma oficial del país. Por ello, nosotros, como jueces, estamos en la obligación de estar preparados para atender en su idioma a los quechuahablantes.

A decir del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho es deber de los jueces estar preparados para atender a los quechuahablantes en su idioma.

Con la implementación de hasta tres Juzgados Interculturales de Paz Letrados,l a Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA) ha empezado a brindar sus servicios en el idioma quechua. De esta manera, busca obtener una mejor celeridad procesal y revalorar dicha lengua. Antenor Jorge Aliaga, presidente de la CSJA, conversó con Retablo sobre este proceso y acerca de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Ayacucho. RETABLO

¿Cuantos Juzgados Interculturales de Paz se ha logrado implementar en el ámbito de acción de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho? Actualmente tenemos tres: Uno en la provincia de Víctor Fajardo, y otros dos en las provincias de Huanta y Cangallo. El Juzgado de Paz de Víctor Fajardo, que despacha Percy Vargas, tiene una jurisdicción de 30 Jueces de Paz no Letrados que utilizan su idioma materno, el quechua, en sus conciliaciones, en sus juicios y, por ello también están capacitados para validar el Nuevo Código Procesal Penal en quechua. Entonces, los titulares de estos Juzgados de Paz Interculturales están capacitados para atender y llevar adelante los procesos en dicha lengua, una situación que antes no se había priorizado. Asimismo, en tiempos anteriores sucedía que algunos procesos ya sentenciados por los Juzgados de Paz no Letrados eran apelados a un Juzgado de Paz Letrado, pero muy pocos recurrían a esta última instancia porque decían que sus titulares no los atendían de acuerdo a sus costumbres ni en su idioma.

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ENTREVISTA GESTIÓN PÚBLICA

“Estamos entrando en un proceso de capacitación para que los jueces y magistrados hablen el quechua” ¿En estos Juzgados de Paz Interculturales se tiene planificado emitir sentencias escritas en quechua? Aún no tenemos esa capacidad, pero acabamos de hacer un pedido al Consejo del Poder Judicial, para que nos proporcione video grabadoras y materiales para el registro de las audiencias que se realizarán en quechua. Las actas de las conciliaciones y de las resoluciones de sentencia van a seguir siendo escritas en castellano, pero el video grabado, que va estar en quechua, va a ser incluido en el expediente. Entonces, un Juez Superior que hable quechua va a poder observar las costumbres del procesado al momento del acto ilícito penal, que fue el medio ambiente que rodeaba su criterio. ¿La creación de estos Juzgados de Paz Interculturales está requiriendo un presupuesto adicional? No necesariamente, porque al interior de nuestra institución tenemos personal que conoce el idioma. Asimismo, a partir del 1º de julio se va empezar a implementar el Nuevo Código Procesal Penal en Ayacucho y, dentro de ese marco, también veremos cómo se adecúan estos Juzgados Interculturales, y los juicios que están siendo vistos con el Código de 1940 serán procesados por un juzgado de liquidadores. Pero estamos apostando a que las instancias de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho atiendan en quechua a los usuarios que dominan ese idioma, y ello es trabajar acciones de inclusión de las poblaciones más postergadas. Se debe tender a que el pueblo ayacuchano haga respetar su derecho y su idioma quechua.

¿La implementación de estas instancias interculturales en el Poder Judicial es la primera experiencia en el Perú o hay otras? Hay algunas sentencias dadas esporádicamente en Puno, pero no hay Juzgados Interculturales. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho está teniendo la primera experiencia. Por ello, no contribuye cuando algunos representes de comunidades, organizaciones rurales y de la sociedad civil ayacuchana bilingüe (que hablan castellano y quechua) tienen remordimientos o vergüenza y, por ello, dejan de usar su idioma y hablan el castellano, a pesar de las dificultades que tienen. Ahora, los Jueces de Paz en Ayacucho sí tienen la obligación de atender en quechua a los usuarios que lo usan. Eso de recurrir a traductores oficiales no es muy adecuado, porque en Ayacucho, donde es oficial el idioma quechua, es un despropósito estar buscando traductores. ¿Se está obligando a los jueces a que hablen quechua? Estamos entrando en un proceso de capacitación para que los jueces y magistrados hablen el quechua. Asimismo, se ha firmado un convenio con la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, para que pueda capacitar al personal que administra justicia. Tenemos un total de tres profesores que dirigirán las clases de quechua. De esta manera, y en cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Política, estamos generando procesos para la capacitación permanente de los magistrados, jueces y administrativos, quienes deben estar

OPINIÓN

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preparados en el conocimiento y uso de la lengua quechua. Nuevo Código ¿Qué cambios va a sufrir la Corte Superior de Justicia de Ayacucho con la implementación del Nuevo Código, desde julio próximo? Nosotros tenemos un organismo a nivel nacional, que regula y monitorea la implementación del Nuevo Código Procesal en Ayacucho y en el Perú. Hay unos departamentos que ya están incorporando el nuevo código y han ganado experiencia, y hay otros que recién la vamos a adquirir, como es el caso del sur andino: Junín, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho. Esto será progresivo, para que sea un éxito la celeridad procesal. Los procesos serán intensivamente orales, por lo que no sólo el fiscal estará en la audiencia, sino también el policía, para desenmascarar al que cometió la falta o el delito. ¿El nuevo código buscará la celeridad procesal? Sí, porque, con que el fiscal trabaje la investigación preliminar se ha avanzado bastante. Pero siempre el derecho de defensa lo promocionan los abogados, queriendo dilatar. Ahora que se está prestando atención, por ejemplo, a los juicios emblemáticos, se está queriendo llamar la atención del pueblo en torno a una justicia inmediata. Entonces, con el Nuevo Código se puede ordenar la detención y garantizar el derecho de defensa. ¿Otras instituciones están preparadas para el reto de aplicar el Nuevo Código Procesal Penal? Yo he hablado con el general de la Dirección Policial y ha dicho que están preparándose para este nuevo proceso, y que también van a procurar que los efectivos

Carlos Condori

Concertación para la movilización social

l foro que evaluaba los avances del Acuerdo de Gobernabilidad asistieron casi todos los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA). Dicha presencia da cuenta de una voluntad política para un acercamiento a una institución importante y reconocida, como es la Mesa de Concertación. Sin embargo, ella no ha tenido el mismo correlato por el lado de los programas sociales nacionales, los gobiernos locales y las propias representaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones sociales y otros actores. ¿Qué explica esta situación? ¿Qué futuro tienen los acuerdos de gobernabilidad? ¿Se trata

de acercamientos consecuentes? La mejor carta de presentación para toda gestión de gobierno resultan ser los indicadores sociales y, por tanto, los principales interesados deberían ser las instancias del Estado. De algún modo, se nota este esfuerzo desde los espacios técnicos y profesionales de sectores como salud y educación. Pero, ¿las decisiones políticas regionales están sintonizadas con estas prioridades, o están por otro lado? La respuesta parece obvia, porque el debate no va por los programas sociales, sus resultados o los grandes proyectos, sino por obras de infraestructura: El polideportivo, el hospital, los avances de los colegios emblemáticos, las carreteras, etc.

RETABLO

En consecuencia, se requiere un liderazgo mayor en políticas sociales, y este debe ser asumido por el propio mandatario regional. Así, la situación sería distinta. Los propios programas sociales se verían precisados de dar cuenta de sus logros y responsabilidades, articulándolas con otros actores sociales y políticos. Esto quiere decir: Políticas públicas consensuadas y en primera agenda. Luchar contra la desnutrición y la anemia de forma prioritaria no sólo significa eficiencia y calidad en la labor de profesionales y técnicos de Estado, sino la generación de una GRAN MOVILIZACION SOCIAL. Así, con creatividad e iniciativa, se podrá tener resultados interesantes.


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Derechos Humanos

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Reparaciones: Tardías e insuficientes Si uno mira los titulares de los principales diarios del país y en regiones como Ayacucho, encuentra notas sobre corrupción, conflictos socioambientales, delincuencia, e “información” sobre personajes de la farándula. Poco o nada se encuentra sobre violación a los derechos humanos y menos sobre la situación en que se encuentran las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno (CAI) que vivió Perú entre 1980 y 2000. Aquí, un intento de compensar ese vacío. Raquel Reynoso Rosales

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Las invasiones están reduciendo el espacio destinado al santuario, sin que las autoridades hagan nada por impedirlo.

RETABLO

n el 2004 fue creada la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de “la coordinación y el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional”1, como una forma de aplicar una de las recomendaciones de la CVR. Esta instancia es también la responsable de coordinar y supervisar el Plan Integral de Reparaciones (PIR). El Programa de Reparaciones Económicas se viene implementando desde el 2011, cuando el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo N°051-2011-PCM2, estableció los montos a ser entregados a las víctimas y sus familiares. Debemos recordar que dicho programa está “dirigido individualmente a los familiares de las víctimas fallecidas o desparecidas; a las personas que como resultado de los atentados tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total (reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad, CONADIS) y a aquellas que han sido víctimas de violación sexual”3, pero si buscamos información actualizada en el portal de la CMAN, no encontramos cifras que nos muestren a cuántas personas se ha beneficiado con este programa y qué significa para ellas o para las familias de las víctimas la recepción del dinero. Para tratar de responder a estas preguntas, el 2014, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros solicitaron a la secretaría ejecutiva de la CMAN la base de datos sobre las reparaciones económicas, información que fue remitida entre julio del 2011 y setiembre del 2014 y sirvió para la elaboración del documento “Reporte de avance de reparaciones económicas”4. Este hace revelacio-

Derechos Humanos

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OPINIÓN

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Yuber Alarcón

La verdad no perjudica la imagen

l diario Correo daba cuenta, hace poco, de una polémica generada por una escultura que es exhibida en el Museo de la Memoria de ANFASEP. La publicación señalaba: “… a juicio de políticos de distintas bancadas, perjudica la imagen de los militares”. Al respecto, nos preguntamos: ¿Qué imagen perjudica? ¿La de los miembros de las Fuerzas Armadas que se esforzaron y sacrificaron en la lucha contra subversiva o la de aquellos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en nuestra región? La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en sus conclusiones

nes que desmitifican la idea que “las víctimas deben estar contentas con tanto dinero recibido” y que pasa por alto las secuelas psicológicas que dejaron en sus vidas, vivencias tan violentas, así como el hecho que la reparación constituye una obligación del Estado por los daños ocasionados durante el CAI, por las violaciones a sus derechos humanos y por la desprotección en la que se encontraron durante ese período. El monto establecido para las reparaciones económicas es de diez mil Nuevos Soles por tipo de víctima. Sin embargo, como bien señala el Artículo 3, punto 3.2, “Cuando el cónyuge o concubino sobreviviente concurra con otros familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas, el 50% corresponderá al cónyuge o concubino y el otro 50% se distribuirá en partes iguales entre los familiares”5. De acuerdo a la información obtenida de la CMAN, el Estado peruano ha entregado la suma de 230’279,141.27 Nuevos Soles a 72,446 víctimas, entre julio del 2011 y setiembre del 2014, tomando en cuenta solo una afectación por víctima y otorgando sólo aquella reparación que más beneficie a las víctimas y sus familiares. El documento en referencia también señala que las víctimas directas, como aquellas que fueron violadas sexualmente o quedaron con alguna discapacidad, reciben el íntegro de los diez mil soles, y constituyen el 5% del total de beneficiarios. Menciona también que los familiares de víctimas fallecidas representan el 73,79% de beneficiarios, entre los que se encuentran esposa/ conviviente (13,40%), hijo(a) (70,70%) y padre/ madre (10,89%). Entre los hijos(as) que han sido beneficiarios de este programa, tenemos que el 41,42% ha recibido mil Soles o menos, debido a que el 50% le corresponde a la esposa/conviviente y el otro 50% se distribuyen entre los hijos. Por otro lado,

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54 y 55 señaló: “La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber” (conclusión Nro. 54). Y: “La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así

como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”. No se quiere reconocer y aceptar lo que sucedió en nuestro país. A mi juicio, la obra de arte refleja el accionar lamentable, pero real, de un uniformado apuntando a una mujer que se encuentra en el piso, tratando de sujetar a otra persona que está con las manos atadas. Miles, en Ayacucho y todo el Perú, sufrieron escenas como esa. ¿Podemos decir que es la escultura la que perjudica la imagen de las Fuerzas Armadas? Creo que no, porque dicha imagen forma parte de una realidad que no se puede olvidar.

“Las reparaciones económicas no revierten la precariedad en que quedaron muchas personas y refuerzan más bien la situación de abandono y discriminación de los más pobres del país...” el 49,13% recibió entre mil o cinco mil Soles, y sólo el 2,67% ha recibido diez mil Soles. Como bien señalan muchos de los familiares, sobre todo las mujeres, recibir una reparación económica no ha significado un cambio significativo en sus vidas. En la comunidad de Manzanayocc, en el distrito de Anco, provincia de Churcampa, en Huancavelica, vive Irinea. Ella está postrada debido a una artritis severa, y el poco dinero que recibió como reparación económica, distribuida entre ella, sus hermanos y su madre, por el asesinato de su padre a manos del Ejército, no le ha ayudado a cubrir los gastos de su enfermedad. Lo que es peor: Sigue teniendo pesadillas sobre la muerte de su padre y sin recibir una atención dentro del Programa de Salud Mental. Las reparaciones económicas no revierten, pues, la precariedad en que quedaron muchas personas y refuerzan más bien la situación de abandono y discriminación de los más pobres del país, pues el registro de víctimas se cerró el 31 de diciembre del 20116 y dejó afuera a todas las víctimas que a partir del 1º de enero del 2012 se acreditaron ante el Consejo de Reparaciones. Por eso, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) ha presentado una demanda al Poder Judicial. No podemos negar que las reparaciones económicas se vienen implementando, al igual que

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las vinculadas a la educación, salud, restitución de la identidad, promoción, facilitación al acceso habitacional, y las reparaciones colectivas, aunque con muchas deficiencias y limitaciones que deben ser corregidas. No podemos dejar de lado las reparaciones simbólicas y, entre ellas, la construcción del cerco perimétrico del santuario de la memoria La Hoyada. A pesar de sus reiterados ofrecimientos y de haber colocado la primera piedra, el gobierno regional, aún no concreta la obra, mientras el área se viene reduciendo por efecto de invasiones de pobladores que ni el gobierno local ni regional, ni la Policía Nacional son capaces de impedir. Por más reparaciones económicas que reciban las personas, nada podrán remediar el hecho de no saber dónde están sus familiares desaparecidos. Por ello, urge también la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la creación de espacios de reflexión sobre todo lo ocurrido, para que la impunidad no siga reinando en lo cotidiano. 1 http://www.minjus.gob.pe/reparaciones/ 2 http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/DS-051-2011.pdf 3 http://www.minjus.gob.pe/reparaciones/ 4 Documento interno del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y Memoria de la CNDDHH. 5 http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/DS-051-2011.pdf 6 http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/DS-051-2011.pdf


HISTORIA

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El movimiento campesino en la EX – HACIENDA CCACCAMARCA, 1919-1975 Las primeras demandas de los movimientos campesinos fueron de corte reformista. Por ello, buscaban bajar los cobros excesivos por el ganado, la renta de tierras y por el herbaje. Posteriormente, estas fueron siendo dirigidas al Estado, hecho que propició el diseño de nuevas estrategias de lucha, de corte revolucionario, pues buscaron la expropiación de las haciendas y, con ello, la expulsión de los hacendados.

Michael Chuchón Robles

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n Ayacucho, desde la segunda década del siglo XX, se iniciaron los movimientos campesinos; entre ellos, el de la provincia de La Mar (1923), donde cientos de hombres y mujeres del campo se levantaron, en vista de los abusos de los hacendados Añaños. Otro de los movimientos campesinos se dio en el Valle de Pacaycasa, en las exhaciendas de Orcasitas, Wayllapampa y La Compañía. Para entender el movimiento campesino que se desarrolló en la ex hacienda Ccaccamarca, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, (que entonces pertenecía a la provincia de

Cangallo), es necesario conocer el origen de dicha hacienda. El obraje de San Juan Evangelista de Ccaccamarca1 inició su creación en las últimas décadas del siglo XVI. Su fundador fue Hernán Guillén de Mendoza, quien posteriormente vendió el obraje a don Juan de la Maza y Usategui, quien, a su vez, lo encargó, ya al final de sus días, a su hermano, el padre jesuita, Don Francisco de la Maza. El 26 de febrero de 1678, este fundó, en Huamanga, el Monasterio del Carmen, que, sin embargo, empezó a funcionar recién en 1683. El 5 de mayo de 1685, el Monasterio de las Carmelitas o Santa Teresa fue otorgado en arriendo a los jesuitas por cien años, pero estos se retiraron del país, dejando las tierras del obraje de Ccaccamarca. Entonces, en 1768

Durante doce años, los hermanos Cárdenas Cabrera explotaron la ex hacienda Ccaccamarca.

Cayetano Ruiz de Ochoa fue nombrado su administrador, y en 1785, Ccaccamarca fue devuelto al Monasterio de Santa Teresa. Ya en la primera década del siglo XX, la hacienda de Ccaccamarca fue vendida a la familia Cárdenas Cabrera y, en 1920, fue transferida a los hijos: Fidel Alonso y Fernando Antonio Cárdenas Cabrera. Luego de explotarlas durante doce años, los hermanos Cárdenas Cabrera ofrecen en venta voluntaria la propiedad al gobierno de Augusto B. Leguía, quien, como parte de su política reivindicacioncita hacia el indígena, creó el ministerio de Fomento y la cartera de Asuntos Indígenas. Esta última entidad puso en marcha un conjunto de políticas a favor del reconocimiento de las comunidades indígenas

Un intento de venta al Estado, en tiempos de Augusto B. Leguía, quedó trunco, pues una hipoteca pesaba sobre la propiedad.

RETABLO

En 1948, amparado por la Constitución Política y por el escenario social propicio, nació el “Sindicato de Yanaconas de la Hacienda Ccaccamarca”.

del Perú. Entonces, el Estado aceptó la oferta. Sin embargo, el señor Manuel Jesús Hermosa, esposo de Nieves Cárdenas Cabrera, hermana de Fidel Alonso y Fernando Antonio, se interpuso a dicho ofrecimiento de venta, aduciendo que existía una deuda pendiente a favor de su cónyuge y que el fundo de Ccaccamarca estaba hipotecado, precisamente debido a dicha deuda. Así, pues, la venta quedó trunca. En 1947, el Partido Comunista del Perú (CPC) fundó la “Confederación Campesina del Perú” (CCP), que tuvo a Hipólito Pévez, como su primer secretario general. Entonces, los indígenas de la hacienda Ccaccamarca, amparados por la Constitución Política y viendo propicio el escenario social, decidieron formalizar y consolidar legalmente sus demandas2, fundando, en 1948, el “Sindicato de Yanaconas de la Hacienda Ccaccamarca”. Su primer presidente, Pablo Ayala, denunció ante las entidades estatales los abusos que los hacendados Cárdenas, contando con el apoyo de la Institución de Residentes en Lima, que los migrantes de la hacienda habían formado en la capital, en años anteriores. Los campesinos fueron consolidando más su movimiento y en 1962 fundaron el “Centro Unión San Juan Bautista de Ccaccamarca”. Esta agrupación creó luego la “Asociación de Pequeños Agricultores de Ccaccamarca”, con el fin de recaudar dinero para solventar el pago de abogados y trámites que requería el proceso de expropiación. A través del Instituto Indigenista Peruano se formó una comisión que estuvo conformada por el ingeniero Alfredo Bellatín Rodríguez y el etnólogo Miguel Ruiz Aznarán, quienes desarrollaron el estudio socio-económico en la hacienda. Como los Cárdenas no estaban dispuestos a ser expropiados, apelaron a las instancias estatales y conservaron su propiedad por varios años más.

Finalmente, en la década de los 70, los campesinos de la ex hacienda, fueron reconocidos como comunidad campesina.

“…siempre buscaron al Estado mediante las vías legales, con la única finalidad de encontrar la luz de la justicia” En la década de los ´70, los campesinos buscaron la intervención del Estado y su reconocimiento como comunidad campesina, objetivo que lograron mediante la siguiente Resolución de Apoyo Externo Nº 1114-77, del 20 de diciembre de 1977: “Con la opinión favorable del Coordinador de la OZAMS – Ayacucho, refrendado por la Unidad de Apoyo Jurídico Administrativo de la ORAMZ X-Ayacucho. SE RESUELVE: PRIMERO.- Reconocer oficialmente a la Comunidad Campesina de Ccaccamarca, la misma que se encuentra ubicada en el distrito de San Juan de Ocros, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, y disponer su inscripción en el Registro de Comunidades Campesinas. SEGUNDO.- Reservar la aprobación del plano respectivo, por existir la imposibilidad transitoria para su levantamiento, debiendo respetarse los linderos fijados por la Oficina de Reforma Agraria de la Zona Agraria XIII entre la comunidad Campesina de Ccaccamarca y la ex hacienda La Colpa. TERCERO.- la OZAMS-Ayacucho, deberá disponer las acciones necesarias a efecto de que se elijan los órganos Directivos de la Comunidad.

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Regístrese, Comuníquese y Archívese. SINAMOS-ORAMS X. Ing. Carlos Rivas Plata G. Oficina de Apoyo Externo: Jefatura”3. Esta ambición campesina de Ccaccamarca se materializó gracias a la constante maduración de sus demandas: De acuerdo a las condiciones que se fueron presentando, los hombres de estas tierras fueron creando un sindicato de yanaconas, y un “Centro Unión San Juan Bautista de Ccaccamarca”, con el objetivo de expandir su movimiento. Fueron campesinos que nunca estuvieron inmóviles ante la realidad social, pues siempre buscaron al Estado mediante las vías legales, con la única finalidad de encontrar la luz de la justicia. Finalmente la alcanzaron cuando fueron oficialmente reconocidos como “Comunidad Campesina de Ccaccamarca”. 1 SALAS DE COLOMA, Miriam: Estructura colonial del poder español en el Perú. Huamanga (Ayacucho) a través de sus obraje, siglos XVI-XVIII. Tomo I. pp. 162. 2 Constitución Política del Perú (29 de Marzo de 1933) Artículo 62.- Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, sin comprender el orden público. La ley regulará el ejercicio del derecho de reunión. 3 Archivo del Ministerio de Agricultura de Ayacucho: Expediente Ccaccamarca.


CULTURAL

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ANTigUOs DiOsEs Y NUEvOs CONFLiCTOs La modernidad occidental creó una imagen dicotómica del mundo y la sociedad, asignándole a dichas esferas disciplinas sociales distintas, como, por ejemplo, la antropología y la historia. Sin embargo, en las últimas décadas ha ocurrido un encuentro entre ellas. Una muestra de esta feliz concurrencia es este libro de Enrique González Carré y Fermín Rivera Pineda, que Lluvia editores acaba de publicar en segunda edición. NELsON E. PEREYRA CHávEZ*

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l texto reúne ensayos escritos por ambos antropólogos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que estudian la historia de los pueblos andinos tomando en cuenta las dimensiones de la cultura y etnicidad. El texto reproduce tres escritos de la primera edición de 1983 e incorpora en su corpus siete nuevos, que en conjunto pueden ser agrupados en tres ítems: Historia y simbolismo andino, folklore y patrimonio cultural. Mientras que los dos primeros contienen ensayos que demuestran manejo de datos empíricos y referentes teóricos, el tercer grupo detalla los conceptos y características de los museos, en cortos artículos didácticos, que son ilustrativos para quien no está familiarizado con estos temas. En los artículos sobre los movimientos campesinos, la fiesta del Inca, los mitos de origen de los Chancas y el árbol sagrado de los Wari, los autores develan las formas culturales andinas que subyacen en una toma de tierras, en un evento festivo o en la planificación y construcción de una ciudad prehispánica. En el ensayo sobre la fiesta del Inca en Santa Ana

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CENTRO DE DOCUMENTACiÓN - sER

CEDOC

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LA REgiÓN Y sUs PERsONAJEs

YRENE DEL POZO CHACÓN

LA REgiÓN Y sUs

PERsONAJEs

Puedes encontrar libros, revistas y documentos de consulta.

Una voluntad que lucha por el derecho de las mujeres

Yrene Del Pozo Chacón es una ayacuchana de corazón que durante años viene luchando por el respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. No en vano se hizo merecedora de la XII condecoración “Orden al Mérito de la Mujer 2015”, que promueve el Ministerio de la Mujer. Ella se muestra agradecida por el hecho que su trabajo sea considerado un referente. AsHLEY MENDOZA

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rene nació en la localidad de Chincheros, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el año 1966, pero vive en Ayacucho desde los Entre el estigma y el silencio: Memoria de la violencia entre estudiantes de la UNMsM y la UNsCH Iris Jave, Coordinadora (coordinadora). Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fundación Konrad Adenuauer. 2014. 199 páginas.

de Tusi, decantan la representación andina y campesina de la conquista española. Al estudiar la ubicación de un árbol como el Pati en la ciudad de Wari, los autores señalan que sus constructores le asignaron un valor especial a la especie vegetal, aunque no precisan las características de dicha significación. Así, a partir de estos tres ensayos, dan cuenta del mundo conceptual de los mismos campesinos, adelantándose en la aplicación de las posturas interpretativas de Clifford Geertz, que hoy están de moda1. En el otro bloque de escritos destacan dos artículos: uno dedicado a los carnavales y otro al huayno “Adiós pueblo de Ayacucho”. Además de ser interesante y valioso por su contenido, el libro revela la investigación ardua y silenciosa que hacen antropólogos, arqueólogos e historiadores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, quienes se esfuerzan por aprehender y revelar los secretos de la cultura andina, en medio de tantas amenazas y debilidades. * Docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 1 Clifford Geertz: La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona 2003.

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cuatro años de edad. Por ello, se considera una “ayacuchana de corazón”. Cuenta que desde muy pequeña sintió la necesidad de ayudar a los que más lo necesitaban. Recuerda con nostalgia que a los 14 años visitaba constantemente el hospital, donde conoció a un anciano de nombre Jordán, a quien tomó cariño y empezó a ayudar, pues, a pesar de que tenía hijos, estaba desamparado. La muerte del hombre, afectó mucho a Yrene, y, desde entonces, empezó a trabajar en beneficio de las personas más vulnerables. Del Pozo Chacón evoca la creación de la Defensoría de la Mujer, Niño y Adolescente (DEMUNA) a través del Concejo Municipal. Esta nueva instancia le permitió denunciar a los agresores de los menores de edad y también de las mujeres, así como también emprender acciones para reducir las cifras producto de la violencia familiar. Según cuenta, durante su trabajo ha visto una gran cantidad de casos, pero el que no ha podido olvidar es el vivido por

Cultura política de la democracia en Perú y las Américas, 2014: gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas. Julio F. Carrión, Patricia Zárate y Elizabeth J. Zechmeister. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.2015. 286 páginas.

una menor de edad que fue abusada sexualmente por su propio padre. “El caso había sido archivado, pero consideré que no debía quedar impune, así que hice todo lo necesario para que el agresor fuera sancionado. Tuve una gran alegría cuando finalmente el hombre fue sentenciado”, refiere esta mujer andina que acompañó a la menor incluso durante su recuperación. “Ella ahora es toda una profesional que también lucha por los derechos de las mujeres”, comenta, mientras en su rostro se dibuja la gran satisfacción que siente por haber apoyado a esta menor en sus momentos más difíciles. Al haber recibido la condecoración del Ministerio de la Mujer, Yrene siente un mayor compromiso con su trabajo por las mujeres y por la generación de mayores oportunidades para este sector de la población. Por ello, tiene en mente la constitución del Comité de Mujeres de Acción para la Caridad y las Buenas Prácticas Gubernamentales. “La caridad no es solo cuestión de religión. Debe ser una actitud que consista no solo en tirar una moneda al pobre, sino en pensar soluciones para los excluidos y excluidas”, se explica. Detalla, además, que en dicho grupo tendrán presencia. “Todas las mujeres, entre ellas las regidoras y representantes de las organizaciones civiles. Quizás también las esposas de los regidores, así como diversas funcionarias, de modo que podamos articular acciones a favor de las mujeres desde las buenas prácticas gubernamentales.

“Desde muy pequeña sintió la necesidad de ayudar a los que más lo necesitaban”

Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 3 p.m. - 7 p.m. Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI

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