alvaro Campana: “Las concesiones mineras se otorgan sin tener ninguna consideración”.
El cantar y bailar del género llaqtamaqta en Chungui.
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rEtabLO
aÑO 9 - nº 62
ayaCUChO
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La hora de la justicia
PrECIO S/1.00
accomarca, 30 años de impunidad
SUCEDIÓ
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Sucedió en: JUNIO - JULIO Profesores en huelga interrumpen clases 03 de junio: Un grupo de profesores que desde el 27 de mayo acataban una huelga indefinida irrumpieron en varios locales de instituciones educativas, donde las labores educativas se realizaban normalmente. En la ciudad de Huamanga, decenas de profesores huelguistas ingresaron al patio de la institución educativa Los Licenciados, donde lanzaron arengas, instando a sus colegas a unirse a la paralización.
Las protestas de los profesores fueron más allá de las calles e interrumpieron las labores en los colegios.
La quinua se devalúa y productores se preocupan
Sentencian a Wilfredo Oscorima
Exhuman restos de 16 víctimas de la violencia política
12 de junio: Funcionarios de la gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional de Ayacucho (GRA) sostuvieron una reunión con productores de quinua, con la finalidad de plantear posibles soluciones a la reducción del precio del kilo de quinua, el mismo que, según los agricultores, ya no cubre los costos de producción.
16 de junio: El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por el Tercer Juzgado Unipersonal de Ica, que dirige la jueza Mercedes Pareja Centeno. Oscorima fue hallado culpable del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
22 de junio: Un total de 16 restos óseos pertenecientes a víctimas de la violencia política fueron recuperados tras un trabajo de exhumación dirigido por la Fiscalía Penal Supra Provincial de Derechos Humanos de Ayacucho. Los cuerpos fueron hallados en una fosa común, en el lugar denominado “Yerro cucho”, del anexo de Putaccasa, distrito de Sacsamarca, en la provincia de Huancasancos.
Nuevo Código Procesal Penal entra en vigencia
Suspenden a presidente de la Corte Superior
1 de julio: Desde las 00:00, entró en vigencia en el distrito judicial de Ayacucho el Nuevo Código Procesal Penal. Este dotará de mayor transparencia, celeridad y eficacia, entre otras bondades, a los procesos penales que se sigan por todos los delitos. El presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, Bonifacio Meneses Gonzales, dijo que este modelo procesal optimiza la justicia penal.
9 de julio: Antenor Gustavo Jorge Aliaga, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA) fue suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura y es investigado por presuntamente haber pedido favores sexuales a una abogada, a cambio de ayudarla en un proceso judicial. En días anteriores, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho realizó un plantón frente a las instalaciones de la CSJA, exigiendo la reorganización de esa instancia.
Homero Angoes fue elegido rector de la UNSCH
Consejo regional suspendió al prófugo Wilfredo Oscorima
Gobierno y productores del VRAEM en “tira y jala” por reconversión
22 de julio: Con 54.87% de votos a favor, fue elegido rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Homero Ango, quien dirigirá los destinos de los más de nueve mil estudiantes. Lo acompañarán en sus labores directivas Lurquin Zambrano, quien ocupará el cargo de vicerrector académico, y Hugo Gutiérrez, nuevo vicerrector de Investigación. La elección del rector se definió en segunda vuelta, en la que Homero Ango compitió con Pastor Watanabe.
22 de julio: Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, los miembros del Consejo Regional de Ayacucho suspendieron del cargo, por 120 días, al sentenciado y prófugo gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. La decisión fue elevada al Jurado Nacional de Elecciones, y el Consejo Regional esperará el pronunciamiento de dicho organismo para elegir al reemplazante temporal de Oscorima.
23 de julio: Luego de que quedara interrumpido el diálogo entre la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (FEPAVRAEM) y el gobierno, los cocaleros realizaron un paro de 48 horas, entre el 20 y 22 de julio. Una vez culminada la medida de fuerza, los cocaleros otorgaron 15 días al gobierno, para que responda a su planteamiento sobre el proceso de reconversión productiva.
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El hallazgo de restos de víctimas de los años de la violencia parece no tener fin.
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EDITORIAL
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Justicia para Accomarca
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ste 14 de agosto se cumplieron 30 años de la matanza de Accomarca, un hecho execrable que tiene como responsables a un grupo de militares del Ejército Peruano. Ellos dieron muerte a 69 personas —entre mujeres, niños y ancianos— en 1985, en cumplimiento del plan operativo Huancayocc, cuya ejecución estuvo a cargo del sub teniente EP Telmo Hurtado, conocido desde ese momento como “el carnicero de los Andes”. Con posterioridad a la masacre, el 13 septiembre 1985, los militares asesinaron a otros siete pobladores de Accomarca, con el propósito de borrar las huellas que podrían delatar los hechos ocurridos en esta localidad de la provincia de Vilcashuamán. Accomarca es un caso emblemático, que evidencia la forma en que actuaron y operaron algunos miembros de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, violando sistemáticamente los derechos humanos de las poblaciones rurales y altoandinas, durante el tiempo que duró la violencia interna. Además, los ejecutores de la masacre, en contubernio con los altos mandos militares y los gobiernos de turno, buscaron en todo momento la impunidad, y recién en el 2010 se abrió el proceso judicial en la Sala Penal Nacional. En los cinco años en que se viene desarrollando el proceso, ha sido posible concluir que el crimen no fue obra de una sola persona, sino que —como lo menciona el Informe Final de la Comisión de la Verdad— fue el resultado de una decisión superior que se concretó en un operativo militar. En la discusión, planificación y ejecución del hecho participaron las más altas autoridades del Ejército que cumplían sus funciones en la ciudad de Ayacucho. Los actos llevados a cabo en Accomarca se realizaron como parte de un sistema de combate adoptado, consentido y practicado en la División de Infantería de la Segunda Región Militar; por ello es que en este caso se ha acusado a 29 miembros del Ejército. Si bien el proceso judicial sobre la muerte de estos 69 pobladores se encuentra en su última etapa y en las siguientes semanas se podría estar conociendo la sentencia, en Retablo consideramos indignante que los deudos de las víctimas hayan tenido que esperar tantos años para conseguir la justicia que, esperamos, alcance a todos los responsables de la matanza. El Estado cuenta con las leyes necesarias para aplicar una justicia ejemplar. Sin embargo, una larga situación de impunidad -acompañada de una notable complicidad política de sucesivos gobiernos- atenta contra la búsqueda de paz a la que tenemos derecho, tanto los familiares de las víctimas, como el conjunto de la sociedad y quienes aspiramos a construir un auténtico Estado de Derecho.
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Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial Ricardo Caro Enma Díaz Raquel Reynoso Omar Rosel Director Javier Torres Seoane Editora Mariella Checa Mendiburu Columnistas Yuver Alarcón Carlos Condori Maricela Quispe Redactora Ashley Mendoza Impresión / Diagramación Giacomotti Comunicación Gráfica S.A.C. Fotografía Asociación SER Distribución, ventas y publicidad Ayacucho: Ingrid Mesías 066 319428 – 995053967 Lima: Rosario Arévalo. 01 4727937 - 995053868 Retablo es una publicación de la Asociación SER. Lima: Jr. Mayta Capac 1329 - Jesús María 01 472 7937 / www.ser.org.pe Ayacucho: Urb. María Parado de Bellido - Mz J Lt 4 066 319428 / serayacucho@ser.org.pe Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-16210 Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.
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entrevista política
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“En el Perú, las concesiones mineras se otorgan sin tener ninguna consideración” La ocupación planificada del territorio es una práctica poco institucionalizada en nuestro Estado. Ella está provocando el incremento de los conflictos sociales e impidiendo el desarrollo armónico del país. Pese a la evidente y urgente necesidad de impulsar un ordenamiento territorial, hay sectores que buscan bloquear el proceso que hacia él conduce. Tal es la visión de Álvaro Campana Ocampo, coordinador de la Plataforma Nacional de Ordenamiento Territorial, quien conversó con Retablo.
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Por qué es importante el ordenamiento territorial? En realidad, si queremos lograr un desarrollo armónico y sostenible del país, necesitamos planificar nuestra intervención en el mismo. Necesitamos adoptar estrategias que nos permitan hacer un uso y una ocupación racional del territorio. Por eso es importante. ¿Qué está sucediendo, ante la ausencia de un proceso de ordenamiento territorial en el país? Hay una serie de problemas que surgen cuando no hay un ordenamiento territorial. Por ejemplo, tenemos ciudades y aglomeraciones urbanas que no corresponden con los recursos que se requieren para sostenerlas. No se puede responder con los servicios que requiere para que la gente viva bien. Asimismo, hay desequilibrios territoriales, que implican que unas a poblaciones les vaya mejor y a otras no. Hay problemas de contaminación ambiental. Otro caso es el de los riesgos y desastres, porque se construye casas en zonas que sabemos que se van a inundar. Por ello necesitamos ordenar el territorio. ¿Hay una relación entre el incremento de conflictos sociales y la carencia del ordenamiento territorial? Claro, porque al no haber una planificación y realizarse una ocupación aleatoria y desordenada del territorio, hay una superposición de usos del mismo. De igual manera, al respon-
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entrevista política
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mensiones de la vida de las personas. Se cree que las grandes inversiones van a resolver todos los problemas del país, lo que significa que las instancias estatales están cediendo su rol a la actividad privada, cuando el Estado no solo debería ser promotor de inversiones, sino también planificador y regulador.
El ordenamiento territorial garantiza un uso apropiado y suficiente de los recursos. Su ausencia es el origen de muchos conflictos.
der ese uso del territorio prioritariamente a un tipo de dinámica económico-productiva, que responde a un modelo de desarrollo determinado, inevitablemente se van a genera conflictos, porque la presencia de determinadas actividades puede terminar chocando con otras, porque en los territorios hay intereses distintos y diversos. Para poder armonizar esos distintos intereses, necesitamos planificar, y tenemos que hacerlo de forma participativa. Por ello, el Ordenamiento Territorial es un proceso e instrumento de la gobernanza democrática del territorio, porque permite que los distintos actores estratégicos puedan conversar sobre el desarrollo deseable del mismo, y conseguir una visión común, tratando de armonizar sus distintos usos. ¿En base a qué instrumentos de planificación se viene ocupando el territorio o decidiendo sus usos? Tenemos una serie de herramientas en el país, que no sabemos si se usan o si tienen una operatividad real y, por otro lado, no necesariamente se articulan entre sí. Por ejemplo, tenemos un ordenamiento minero, forestal, planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano y una serie de intervenciones que no necesariamente dialogan entre sí y no responden a las necesidades, potencialidades y limitaciones del territorio vistas de manera integral. Ese es el problema.
“…el Estado no solo debería ser promotor de inversiones, sino también planificador y regulador” Y eso es lo que sucede con el tema de concesiones mineras… En el Perú, las concesiones mineras se otorgan sin tener ninguna consideración, porque no se toma en cuenta si en la zona que se pretende concesionar hay una comunidad o si es cabecera de cuenca. No hay ninguna consideración y se otorgan, y eso de por sí genera situaciones de conflicto. Entonces, hay una intervención del territorio que no responde a una visión integral del mismo, que no contempla sus limitaciones, potencialidades y necesidades. ¿Se ha bloqueado la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial? Ocurre que en nuestro país hay quienes consideran que planificar es una mala palabra o que las dinámicas territoriales deberían ser definidas por las grandes inversiones, y que estas también deberían ordenar las otras di-
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¿Quién debería liderar la exigencia de continuar con el proceso de ordenamiento territorial? La revolución ciudadana es la que exige que haya cambios en el país y que el Estado cumpla un rol distinto. Creo que en las regiones se ha generado una masa crítica que viene de la sociedad civil y de los funcionarios que han estado encargados de este proceso. Ellos entienden la importancia de la descentralización y del ordenamiento territorial para la democracia y para el desarrollo del territorio, porque este proceso debería servirnos para poder aterrizar las políticas sectoriales y de desarrollo considerando la dimensión territorial. En las regiones, hay actores que podrían impulsar el ordenamiento territorial. Ahora todos los políticos hablan del tema, como lo hizo Ollanta Humala cuando inicio su mandato, pero no tenemos muchos avances. Sabemos que el proceso de OT es técnico y a la vez participativo, pero ¿por qué este asunto no está en la agenda de la ciudadanía? Porque, a simple vista, el ordenamiento territorial parece ser un asunto muy abstracto, como lo es también la planificación. Entonces, la ciudadanía no entiende para qué sirve o en qué va a mejorar la vida. Por otro lado, se le ha dado un sesgo muy técnico al proceso, lo que es necesario, pero es también es un proceso político que involucra a la población desde los estudios de Zonificación Ecológica y Económica, en los que deberían ser consideradas las dinámicas territoriales que tienen las comunidades, sus saberes, hasta las orientaciones para usar y ocupar el territorio, que tienen que ver con negociaciones de intereses y el tipo de desarrollo que anhelamos. Creo que esa dimensión se ha obviado. ¿Cree que el ordenamiento territorial será parte del debate electoral? Sería lo deseable y debemos hacer un esfuerzo desde la sociedad civil y también desde el propio Estado para que así sea. Debemos promover que el tema sea parte de la agenda y del debate electoral. Y se debe poner sobre la mesa de la existencia de una política, conocer las limitaciones y los avances, así como reconocer la utilidad que se le puede dar a las ZEE y a lo que podrían implicar los planes de ordenamiento territorial.
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ANÁLISIS POLÍTICO
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Omar Rosel
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¿Maymantaq rinki Ayacucho llaqta? Más de un mes y medio ha transcurrido desde la lectura de la sentencia a Wilfredo Oscorima y de su pase a la clandestinidad. En este tiempo, el gobierno regional de Ayacucho (GRA) se ha visto afectado por una situación de inestabilidad a la que también ha contribuido el lento accionar del Consejo Regional para definir la situación del gobernador regional. Así, pues, el GRA parece estar caminando en piloto automático. RETABLO
a situación en la que ha terminado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sentenciado y prófugo de la justicia, fue anunciada por analistas y juristas en plena campaña electoral del 2014. Por ello calificaron de irresponsable la pretensión reeleccionista de Oscorima, pues sobre él pesaban procesos judiciales generados en su primera gestión, por la irregular forma en que gastó los fondos estatales, que en términos de un sector de la población habría conllevado hechos de corrupción. En el entendimiento de Oscorima, continuar ejerciendo el cargo de autoridad regional le generaría relaciones en diversos niveles del poder político, panorama que sumado a su potentada capacidad económica, le permitirían estar blindado ante cualquier complicación judicial. Al parecer, nunca imaginó que el traslado del proceso judicial del caso de maquinarias, de Ayacucho a Ica le costaría su libertad. De otro lado, el gobierno regional de Ayacucho, a decir de muchos trabajadores de la institución, atraviesa una de sus peores crisis, porque desde el 16 de junio, fecha en que se sentenció a Oscorima, se ha tendido un manto de incertidumbre e inestabilidad al interior de la institución. Pese a los meses que ha pasado, este no ha terminado por disiparse, porque aún no se tiene claro qué sucederá con el gobernador regional y, en caso que él no retorne a su cargo, preocupa quién será el que tome las riendas, así como los cambios que eventualmente realizará a nivel de funcionarios y prioridades de inversión. El actual vicegobernador -que está encargado de la gobernación regional- también está sentenciado a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitado para ejercer función pública, y hay altas probabilidades de que la sentencia sea ratificada en una segunda instancia judicial. El otro asunto es que Wilfredo Oscorima, mediante argucias legales y administrativas, ha solicitado vacaciones consecutivas y licencias por razones de salud, con la finalidad de no ser vacado en su cargo. Pero este proceder de la aún autoridad regional, según las primeras evidencias, tendría serias irregularidades que, de comprobarse, generarían la nulidad de todo lo actuado en la gobernación regional desde que su titular pasó a la clandestinidad. Sobre este asunto ya se viene investigando a nivel de las instancias judiciales. La sentencia al reelecto gobernador regional ha generado un profunda preocupación entre los funcionarios y las personas vinculadas al movimiento Alianza Regional Ayacucho, que constituyen su círculo de confianza, porque esta decisión judicial va en contra de sus intereses particulares, de lo que pretendían lograr en los años de gobierno que su líder
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tenía por delante. Para salvaguardar sus aspiraciones, ellos han emprendido una campaña (hasta mediática) de respaldo al prófugo, pero esta no ha tendido impacto en la opinión pública. Además, entre la población la sentencia al gobernador acrecentó las percepciones que ya se tenía respecto a los niveles de corrupción en el gobierno regional. Los intereses al interior del Consejo Regional Nueve integrantes del Consejo Regional votaron a favor de la suspensión de Wilfredo Oscorima del cargo de gobernador regional por cuatro meses, tomando en consideración que sobre él pesa una orden de captura. Pero la situación judicial del no habido gobernador también ha provocado que cada uno de los y las consejeras empiece a analizar sus posibilidades de constituirse en un actor político visible, porque en el caso de que Oscorima sea vacado, y el vicegobernador corra la misma suerte, uno de los 14 consejeros deberá tomar la batuta del gobierno, por lo menos temporalmente. Sin embargo, la opinión pública considera que ninguno de los consejeros tiene el perfil para dirigir los destinos de la región, por la pobre performance y la poca productividad legislativa que han mostrado en estos primeros meses de gestión. Lo que también se ha constatado es que a partir de la situación que atraviesa Oscorima, las correlaciones de fuerza y cercanía entre uno y otro consejero al interior del legislativo regional se han ido reconfigurando, y han salido a relucir los intereses particulares que persigue cada uno de los representantes en el Consejo Regional. En un primer momento, los operados del sentenciado gobernador en esta instancia buscaron cooptar a ciertos consejeros, para lograr una mayoría que bloquee las pretensiones
El también cuestionado vice gobernador viene dirigiendo los destinos del gobierno regional de Ayacucho.
“…una sentencia a una autoridad regional abona las posiciones contrarias al proceso de descentralización”
de suspensión de Oscorima, y en las negociaciones se habría hecho ofrecimientos nada éticos. Del mismo modo, se indica que un sector del legislativo regional se habría alineado en torno a un consejero, en base a ciertos acuerdos y repartos de cuotas de poder, en caso de que esta instancia tome el Ejecutivo regional. Una agenda mínima Algunos representantes de organizaciones sociales han saludado la sentencia a Oscorima y
Los consejeros regionales finalmente tomaron la decisión de suspender temporalmente al gobernador Oscorima.
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han presionado al Consejo Regional para que de una vez decida su vacancia, pero no se han preocupado por la situación de inestabilidad que se ha generado al interior del gobierno regional y cuál debería ser su papel en este escenario, que algunos sectores han calificado de “ingobernabilidad”. Los representantes de las débiles organizaciones sociales no han considerado en su análisis que una sentencia a una autoridad regional abona las posiciones contrarias al proceso de descentralización. Por ello, la Mesa de Concertación ha buscado articular a diversos sectores, para poder analizar la situación de inestabilidad del gobierno regional y reafirmar la apuesta por el proceso de descentralización, que no debería contraerse por la sola sentencia a una autoridad regional. Así, pues, ha demandado a las instancias del gobierno nacional que mejore los mecanismos de control a los gobierno regionales. La Mesa de Concertación, en medio de esta inestabilidad que viene padeciendo del gobierno regional, está promoviendo un pacto entre la sociedad civil y el Consejo Regional, para que se elabore una agenda mínima de trabajo en torno a las prioridades del acuerdo de gobernabilidad, pero para lograr este objetivo, se va a requerir de la voluntad de los miembros del legislativo regional, que, como lo hace suponer el actual escenario, primero analizarán los réditos que les podría generar el sumarse o no a esta iniciativa.
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DESARROLLO
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Presupuesto participativo a la deriva Hace algunas semanas culminaron los procesos relacionados al Presupuesto Participativo (PP) de los niveles distrital, provincial y regional en Ayacucho. Si bien se registró en ellos la presencia de representantes de la sociedad civil, la población no parece haberles dado mayor importancia, a pesar de que se trata de un espacio en el que se decide el destino de parte del presupuesto público para el próximo año. RETABLO
Ashley Mendoza
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esde hace varios años, algunas instituciones —entre ellas Propuesta Ciudadana y en su momento Pro Descentralización— realizaron balances con respecto al desarrollo del PP, los mismos que, en términos generales, no resultaron positivos, pues aunque normativamente sigue vigente, el proceso se ha desgastado debido a la debilidad institucional, al rol de los partidos políticos y a las propias características de la sociedad civil.
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Para la secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho, Lorena Hermoza Sotomayor, el PP es un espacio de participación ciudadana que, a medida que pasaron los años, se fue debilitando, porque si bien se buscó acercar al ciudadano al Estado, para que se involucre en las decisiones públicas, en muchos casos, los proyectos que fueron priorizados por los hombres y mujeres de a pie no fueron implementados. “No es adecuado que en un proceso donde se decide de forma concertada entre autoridades y representantes de la sociedad civil qué proyectos se va a atender al año siguiente, finalmente casi ninguno de ellos sea implementado”, comenta. Clara muestra del problema que menciona Hermoza Sotomayor es lo sucedido en los últimos cinco años el gobierno regional de Ayacucho (GRA). Según manifiesta Eugenio Carhuancho Arias, subgerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del GRA, entre el 2011 y 2013 no se concretó ninguno de los proyectos que fueron priorizados dentro del marco de los PP, porque los fondos presupuestales que estaban destinados a ellos, fueron usados para implementar otros planes que habían quedaron pendientes de la gestión regional anterior. “Esa situación motivó que en el 2014, ni los consejeros regionales ni los alcaldes provinciales asistieran ya a los procesos de PP, porque ya no había credibilidad respecto al cumplimiento de los acuerdos a los que se arribaba”, indica el funcionario. En los últimos procesos de PP desarrollados por la municipalidad provincial de Huamanga (MPH), se evidencia que la participación de la ciudadanía se ha reducido. Kathia Loayza Guillén, subgerente de Participación Vecinal de la MPH, considera que esta situación se presenta porque “buena parte de los pobladores han perdido la confianza” en que su municipalidad y las autoridades ejecuten las obras o proyectos que fueron priorizados. “Ello ha generado descontento en la población y originado la poca participación”, comenta. Comités de vigilancia sin acción Lo ideal, desde el punto de vista de Eugenio Carhuancho, es que de los proyectos priorizados en cada proceso de PP sean ejecutados por lo menos por encima del 50%, para lo cual es necesario que los miembros del Comité de Vigilancia de los PP funcionen, pues son ellos los encargados de hacer cumplir los acuerdos y de implementar los proyectos. Sin embargo, lo que suele suceder, según detalla Lorena Hermoza, es que dichos comités son conformados por agentes que solo participan del proceso para demandar la ejecución de un determinado proyecto o que los
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Eugenio Carhuacho, subgerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del gobierno regional de Ayacucho.
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Kathia Loayza, subgerente de Participación Vecinal de la municipalidad de Huamanga.
“…buena parte de los pobladores ha perdido la confianza en que su municipalidad y las autoridades ejecuten los proyectos que fueron priorizados”
miembros no pueden acceder a toda la información necesaria para cumplir con su labor, porque no hay un mecanismo adecuado que lo permita ni tienen una coordinación constante con las autoridades. “Lo lamentable es que en muchos casos se hace un reconocimiento del comité solo porque es parte del requisito que el Ministerio de Economía exige cumplir para hacer la transferencia de los recursos. Entonces, por acatar la norma, se elige, de manera acelerada, a sus integrantes, pero luego no se sabe nada más de ellos. En otros casos, los miembros del comité sienten que este proceso los desgasta, que pierden tiempo y se retiran”, dice. En el último proceso para el otorgamiento del PP regional, Máximo Auccapucclla, de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho, y Ezequiel Misarayme, del Consejo de Pueblo Criadores de Camélidos, resultaron elegidos miembros del Comité de Vigilancia del PP 2016 y, a pesar de las críticas que persisten respecto a esta instancia, se comprometieron a trabajar para hacer cumplir los acuerdo a los que se llegó, según los cuales deberían ser ejecutados doce proyectos que tienen código SNIP y formularse estudios de pre-inversión de otros 26. Poca presencia de mujeres Un aspecto que muy poco se ha explorado respecto al desarrollo de los procesos de adjudi-
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cación de los PP, es la presencia de la mujer en esta instancia de participación de la ciudadanía. Según refiere Eugenio Carhuancho, en el PP 2016 la presencia femenina fue muy reducida, porque del lado de sociedad civil, sólo el Instituto Regional de la Mujer, el Frente de Defensa de Ayacucho y el Colegio de Obstetras enviaron a una mujer como representante, lo que en términos porcentuales representó el 5% del total de asistentes. “El resto de participantes fueron varones, porque, además, no tenemos ninguna alcaldesa provincial. En otras ocasiones participaron los clubes de madres, pero esta vez no”, informó. Al respecto, Kathia Loayza dio a conocer que, para cambiar esta situación, la municipalidad de Huamanga está ejecutando un proyecto de equidad de género: “Se está capacitando a las mujeres para generar liderazgos”, refirió. Por su parte, Lorena Hermoza, señala que la reducida presencia femenina tiene que ver con el hecho que las instancias gubernamentales no tienen mecanismos que promuevan la participación de la mujer a lo largo de los momentos vinculados al otorgamiento del PP. “Creo que hay que trabajar el tema de equidad de género para incluir la visión de la mujer en las decisiones públicas, pero también debemos hacer que participen organizaciones juveniles, de niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, reflexionó.
AGENDA REGIONAL
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Un conflicto de alta tensión atraviesa Ayacucho
Los pobladores de diez distritos ayacuchanos se enteraron, a inicios de este año, de que ya en el 2013 el gobierno nacional había dado en concesión la ejecución de la línea de transmisión de 500kV Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo a la empresa Transmantaro. Pese a que la compañía les ha dado a conocer el contenido del proyecto, las familias de dichas localidades son presa de la preocupación y la incertidumbre, pues la nueva infraestructura atravesará sus territorios comunales y ellos han sido los últimos en enterarse. Omar Rosel
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egún el expediente técnico, el proyecto eléctrico se inicia en Huancavelica (hidroeléctrica del Mantaro), atraviesa los territorios de Ayacucho, Ica y Arequipa, y culmina en Moquegua. En explicaciones de Marino Barrios, integrante de comunidad de Cancha Cancha (Chuschi), es preocupante el paso del proyecto por los territorios de las comunidades. Reclama, además, que en este caso no se haya aplicado la Ley de Consulta Previa. “En el caso de las comunidades de Quispillaqta y Cancha Cancha, por donde se tiene planificado extender la línea eléctrica, debió hacerse la consulta, porque la zona está habitada por personas que no solo integran comunidades campesinas, sino que también son miembros de pueblos indígenas, tal como está establecido en sus respectivos estatutos”, dice. Al respecto, la empresa ejecutora ha indicado –a través de su área de Comunicación– que “ha cumplido con todo lo establecido en los Lineamientos de Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas (R.M. 223-2010MEM/DM)” y que el procedimiento de consulta previa “es competencia del ministerio de Energía y Minas”. Pero las observaciones al proyecto de extensión eléctrica serían más profundas, porque, según manifestó Oseas Núñez, poblador de la comunidad de Quispillaqta, el estudio de la línea de base del proyecto no tendría el fundamento
Las comunidades temen que las nuevas instalaciones eléctricas de alta tensión no se ajusten a su realidad biológico-cultural.
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Recorrido de la línea de transmisión Mantaro-MarconaSocabaya-Montalvo en los territorios ayacuchanos.
AGENDA REGIONAL
El director regional de Energía y Minas, Uriel Ramos, asegura que su despacho no tiene competencia en el tema.
“…los pobladores solicitaron un cambio en el trazo del proyecto, pues en los territorios que serían afectados hay zonas de recuperación y crianza de agua” técnico, biológico, físico y meteorológico. Por ello, el contenido del mismo no se ajusta a la realidad biológico-cultural de ciertas comunidades. “Nos han hecho llegar casi dos millares de copias de un supuesto estudio técnico de línea de base, pero solo tres o cuatro líneas hablan de nuestra comunidad. No existe el estudio de riesgos. Sus estudios de estación meteorológica no están en función a la estación meteorológica que existe en la presa Cuchoquesera”, explica. Teófilo Núñez, miembro de la comisión de diálogo de Quispillaqta, dice que su comunidad solicitó la rectificación del estudio impacto ambiental que presentó la Transmantaro, porque el documento no considera la realidad del ecosistema de la zona que será afectada por el proyecto y porque las características no han sido identificadas. “Pero hasta el momento no hay respuesta”, informa el comisionado. Se incrementa la tensión La situación de tensión entre la empresa Transmantaro y las comunidades fue empeorando a medida que avanzaban las negociaciones por el pago de derecho de servidumbre a favor de las comunidades que forman parte de la zona de influencia directa del proyecto. A consideración de Raúl Bautista, presidente de la Comunidad de Sallalli (Vinchos), los pagos han sido diferenciados y en algunos casos, no se habría tomado en cuenta las afectaciones que generará esta infraestructura a los campos de uso agrícola, porque, según el expediente, la zona impactada será de 15 metros a cada lado de la línea de tendido eléctrico.
Entre las comunidades de las provincias de Huamanga y Cangallo que serán atravesadas por la línea de transmisión eléctrica están consideradas Cuchoquesera, Pampamarca, Catalinayocc, Punkupata, Yuraq Cruz y Bellavista, donde –según afirma Oseas Núñez- también existe infraestructura educativa y áreas de vocación agrícola. No obstante, en los documentos presentados por Transmantaro no se habría considerado la preexistencia de las mismas. “Hemos tenido cierta controversia con la empresa, así como en otras comunidades, porque, según ellos, en ese tramo no hay nada, y sobre esa base, están haciendo la valorización”. En tal sentido, Núñez ha explicado que es por ello que hay comunidades que han recibido sumas irrisorias por el derecho de servidumbre. En el caso de Sallali, la empresa ha ofrecido 12 mil Soles como pago por derecho de servidumbre de un área de más de un kilómetro lineal por 30 metros de ancho, y en Quispillaqta, unos 200 mil Soles por cuatro kilómetros. En ambas localidades, tal pago ha sido rechazado, y los residentes se oponen a que la línea de tendido eléctrico atraviese sus territorios. Por tal motivo –y especialmente en Quispillaqta– los pobladores solicitaron un cambio en el trazo del proyecto, pues en los territorios que serían afectados hay zonas de recuperación y crianza de agua (recarga hídrica) y, de acuerdo a los estudios de zonificación económica de la región, se trata de un lugar de alta importancia biológica.
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Según explicaciones dadas por Transmantaro, los pagos por el derecho de servidumbre se efectúan únicamente a los titulares de los predios sirvientes, y el monto es determinado tomando en cuenta el grado de afectación del uso actual del predio (se considera el valor del terreno y los cultivos presentes en la faja de servidumbre). Los funcionarios de la empresa aseguran, de otro lado, que la ruta de la línea de transmisión fue definida en base a estudios ambientales y arqueológicos, procurando la menor afectación posible a los predios y ecosistemas existentes. Por ello –argumentan– es imposible cambiarla. Aunque una cantidad considerable de comunidades y propietarios de predios ya han arribado a un acuerdo con la empresa sobre el monto de pago por derecho de servidumbre, Trasmantaro se negó a proporcionar la lista de las mismas, precisando que el “proyecto se encuentra en plena etapa de negociación con todos los interesados y la información requerida se presentará a la autoridad competente cuando el establecimiento de la servidumbre sea solicitado” (D.L. N° 25844). Intervenciones limitadas Sobre este proyecto y las complicaciones que se registran a su alrededor, el director regional de Energía y Minas, Uriel Ramos, manifiesta que su instancia no tiene injerencia directa porque es el ministerio del sector quien tiene la competencia. Sin embargo, sus especialistas han participado de los talleres informativos que realizó la empresa consultora encargada de elaborar el estudio ambiental. “A pesar de todo, atendemos a los usuarios, dándoles facilidades e información. De alguna manera estamos actuando como facilitadores, para ayudar a que las partes se pongan de acuerdo”, explica. La Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos (OPGC) de la región también ha intervenido en este caso. Según informa el responsable de la misma, Marco Coras, su despacho ha sostenido un primer encuentro con los representantes de la comunidad de Quispillaqta, quienes manifestaron que “no están de acuerdo con el proyecto, principalmente debido al contenido del estudio de impacto ambiental”. Oseas Núñez, poblador de esta comunidad, al ser consultado por la intervención de la OPGC, indicó que el trabajo de dicha instancia es muy limitado y poco efectivo. El proyecto de transmisión eléctrica Mantaro-Marcona es de interés nacional y no hay duda de que busca mejorar el servicio de electricidad en el país, pero en su elaboración y planificación no se ha considerado la opinión de las comunidades ni el respeto de sus derechos colectivos. Por ello, es un nuevo foco de futuros conflictos sociales.
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ENTREVISTA GESTIÓN PÚBLICA
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“García pudo enmendar el daño generado a Cayara, pero solo envió cheques y maquinarias” Cayara es uno de los distritos más afectados por la violencia interna que vivió nuestro país y, sin embargo, la atención que ha recibido del Estado ha sido mínima. Retablo conversó con David Ccayo, alcalde de la localidad, quien ha impulsado la construcción de un Sitio de la Memoria, para recordar a todas las víctimas que los años del conflicto dejaron en su localidad.
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Ashley Mendoza
Cómo surge la iniciativa de construir un Sitio de la Memoria en la localidad de Cayara, justamente en la zona donde ocurrió la matanza en 1988? Esta iniciativa nació de la municipalidad distrital, porque el 14 de mayo se cumplieron 27 años de la matanza de Cayara y la ocasión sirvió para constatar que, en todo este tiempo transcurrido desde la muerte de nuestros hermanos, no se ha hecho nada. La matanza marcó nuestra historia, porque vimos truncado el futuro de nuestro pueblo. Por eso, desde la municipalidad, hemos considerado necesario proteger este espacio de memoria, porque el pueblo no puede olvidar este tipo de tragedias ni las condiciones que llevaron a la muerte a personas inocentes. Además, no podemos ser indolentes, ya que las victimas dicen que hasta ahora se ha hecho muy poco por ellas. ¿Cómo financiará la construcción de este Sitio de la Memoria? ¿Se tiene los recursos suficientes? Estamos priorizando la suma de 15 mil Nuevos Soles para la construcción de un mausoleo en este
Sitio de la Memoria, pero sólo podremos financiar la primera etapa en este año, con recursos de la municipalidad. Para acelerar la construcción de este espacio, hemos conversado con el alcalde de Víctor Fajardo, quien también tiene disposición a apoyarnos. El alcalde de Huamanga, Hugo Aedo, también ha manifestado su apoyo. Si concretamos esta colaboración, estaríamos asegurando la construcción total del santuario que nosotros pensábamos hacer por partes. También tenemos el compromiso con los afectados, que para mayo del 2016, se debe construir un trocha carrozable de acceso a Qachuaypampa, donde se construirá el Sitio de la Memoria. Actualmente, estamos en la aprobación del expediente técnico para la construcción del mausoleo, porque queremos que las victimas tengan un espacio donde ser recordadas por sus familiares. ¿Por qué en anteriores gestiones municipales no fueron priorizadas este tipo de acciones sobre reparaciones simbólicas en Cayara? En 1988, Cayara se hizo conocido mundialmente por la matanza. Este tema siempre se ha querido manejar de forma política, porque, además, su-
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cedió en el primer gobierno del APRA, que cuando volvió al poder en el 2006, nunca quiso tocar este tema. Además, las autoridades municipales anteriores tampoco quisieron abordar el asunto. Lo contradictorio fue que en el 2009 ganó un aprista, en las elecciones complementarias. En su segundo gobierno, Alan García pudo enmendar el daño generado a Cayara, pero sólo envió cheques y unas cuantas maquinarias con su ministro de agricultura el 2010. La población tomó este hecho como una burla. ¿Cree que tuvo que llegar un afectado de la violencia a la alcaldía de Cayara para que recién fueran impulsados trabajos como el Sitio de la Memoria? Creo que sí, porque yo soy integrante de las organizaciones de afectados de Cayara que demandamos este tipo de acciones. Yo he sido testigo de toda la tragedia que ha pasado mi pueblo. Por ello, tras asumir la alcaldía, vi una oportunidad de propiciar este tema, con la única finalidad de que se conozca la verdad, porque muchas veces se habla y comenta historias que no se asemejan en nada a lo que realmente pasó en aquellos años de la violencia.
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¿Es complicado trabajar acciones de reparación integral a las víctimas de la violencia desde las municipalidades? La dificultad viene más por el lado presupuestal, porque como municipalidad distrital sólo recibimos un fondo mensual de 28 mil Nuevos Soles, cantidad que se agota en los gastos corrientes de la institución municipal. Pero a pesar de estas dificultades, estamos buscando, a nivel del gobierno nacional, el Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que trabaja el tema de reparaciones, para que enfoque su atención en la población de Cayara y se sigan avanzando en la atención a las víctimas de la violencia. ¿Qué demandas de las víctimas de Cayara están aún pendientes de ser atendidas? Cayara sigue reclamando justicia para las víctimas. Por eso, conjuntamente con sus pobladores, hemos determinado un plan de trabajo para que este año se declare el sitio de la memoria. También estamos trabajando el Plan Integral de Reparaciones de Cayara, porque no sólo se trata de construir sitios de la memoria sino también de ver otros aspectos. Por eso, hemos encaminado un plan de trabajo, para buscar reparaciones también en salud, porque la población tiene problemas de salud mental a consecuencia de este proceso de violencia. Educación y otros temas están en el plan. ¿Cuánto de esas demandas de los afectados podrá atender la municipalidad distrital de Cayara? La municipalidad tiene pocos recursos para implementar acciones sobre reparaciones, pero estamos realizando gestiones para buscar recursos. Por ejemplo, ya presentamos un documento al Consejo de Reparaciones, proponiéndoles un convenio y la inauguración de una ventanilla para el registro de víctimas en Cayara. También hemos pedido que familiares de los afectados accedan a
La matanza, ocurrida durante el primer gobierno aprista, siempre ha sido usada políticamente, sostiene Ccayo.
“La matanza marcó nuestra historia, porque vimos truncado el futuro de nuestro pueblo” más programas sociales como el de beca 18. Asimismo, estamos trabajando con la CMAN para que toda la población afectada sea incluida en las reparaciones económicas, porque muchas de ellas no están inscritas en el registro de víctimas. ¿El gobierno nacional se ha interesado en atender a las poblaciones afectadas de Cayara? Con el tema de reparaciones colectivas y económicas individuales, sí, pero es un interés míni-
OPINIÓN
mo, en comparación con el nivel de afectación que hemos tenido y el nivel de atención que se debió dar a este distrito. Pero en estos últimos meses, nos están apoyando congresistas como Marisol Tello, José Urquizo y Walter Acha, para ver si logramos tener audiencias a nivel de la Presidencia de Consejo de Ministros y algunos ministerios, a fin de exponer nuestras problemáticas y necesidades. A estas audiencias estaremos llevando nuestros proyectos para que puedan ser apoyados financieramente. Maricela Quispe Córdoba
Expresiones de poder y control: Violencia contra la mujer
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…me ha maltratado tanto hasta que pueda votar sangre por la boca y hasta que orine. Mientras me golpeaba, me echaba agua fría al cuerpo. ¡Cuántas veces ha cortado con cuchillo mi cabeza, mis brazos! Ese hombre ya está viejo. Ahora no me puede tocar nada. Ya me revelé y ahora con ganas lo denuncio”. (Martha, febrero 2015). “.... me arrastró del otro lado del río……., me trajo del cabello por toda la calle. Destrozada llegue al pueblo. Me terminó con patadas y mis mechones de cabello en las manos de mi marido…” (Jennifer, 2015). Estos dos testimonios hablan de cómo la violencia de género está vigente y se constitu-
ye en un problema público. Son expresión del poder, dominio y control que se ejerce sobre los cuerpos y las vidas de las víctimas que sufren atentados a sus principales derechos. La violencia contra la mujer se expresa en diversos espacios y formas, dentro de las relaciones familiares, interpersonales, en la política, a través de los símbolos culturales, la economía. Hace unas semanas, Ayacucho fue remecida por una noticia de violencia cruel contra una mujer que tuvo una amplia cobertura de los medios de comunicación local, nacional e internacional. Es importante visibilizar cualquier tipo de acción que atente contra los derechos de mujeres, niños y niñas. Los me-
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dios, las propias mujeres, los ciudadanos/as y principalmente las autoridades debemos estar preparados/as para denunciar también los otros miles de casos de violencia, similares a los de los testimonios que presentamos y que a diario se suscitan en nuestro medio. Las palabras iniciales de esta columna fueron dichas por mujeres que viven en algún lugar de nuestro país; personas que son reales y, sin embargo, permanecen en el anonimato. Asimismo, debemos expresar nuestra indignación respecto a los casos de violencia contra la mujer y hacer que las leyes e instituciones actúen con celeridad cuando estos se presenten.
Derechos Humanos
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Justicia al final del túnel: El caso Accomarca
El juicio por el caso de la masacre Accomarca está llegando a su etapa final, casi 30 años después de ocurrida una de las matanzas más crueles del conflicto armado interno. 69 personas, entre ellos 26 niños y una mayoría de mujeres y ancianos, fueron asesinados por miembros del Ejército peruano. El juicio debe culminar en septiembre del presente año. Jo Marie Burt(*) & María Rodríguez
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os 29 acusados son todos miembros del Ejército peruano, entre ellos generales como Wilfredo Mori Orzo -quien fuera jefe del Comando Político Militar de Ayacucho-, los miembros del Estado Mayor, oficiales de mediano rango y varios soldados de la tropa. De los 29, solo 16 asisten a las audiencias. Algunos han fallecido y varios otros se encuentran prófugos de la justicia. Dos de los principales autores materiales, Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, quienes lideraron dos de las patrullas Lince que realizaron la masacre, estuvieron prófugos, pero Hurtado fue extraditado de Estados Unidos en julio de 2011 y Rivera Rondón fue deportado de este mismo país en el año 2008.
El juicio ha durado casi cinco años. Comenzó en noviembre de 2010. Ya comenzó la etapa de los alegatos finales. El 23 de julio, el fiscal del caso, Luis Landa, presentó el suyo. Al hacerlo, describió nuevamente los sucesos de aquel fatídico 14 de agosto de 1985. Evocó los testimonios de varios sobrevivientes de la masacre, entre ellos varias mujeres que tenían entre nueve y doce años al momento de la masacre y que presenciaron el asesinato de sus familiares. Relató la incursión de las patrullas militares lideradas por Hurtado y Rivera Rondón, a la quebrada de Lloqllapampa, a tempranas horas de ese día. Las niñas vieron a los militares ir casa por casa, llevando a sus familiares a realizar una asamblea en una choza, en el centro de la pampa. Hubo “crueldad y perfidia”, puntualizó Landa en la acusación,
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pues los militares “actuaron creando confianza en las víctimas, llamando a una reunión”. Nadie imaginó un final tan cruel. Todos fallecieron asesinados, abaleados y carbonizados. Semanas después, cuando la denuncia se hizo pública en Lima, se formó una comisión de parlamentarios para investigar la masacre, quienes no solo dieron cuenta del estado de miedo que imperaba en Accomarca, sino también relataron el hallazgo de cadáveres recién asesinados en setiembre de 1985. El fiscal Landa recordó con especial atención la confesión excepcional de Telmo Hurtado, quien fue interrogado en abril del 2012. Como se recordará, después de develada la masacre, Hurtado se autoinculpó como el responsable de la matanza. La justicia militar lo condenó a seis años de cárcel por “abuso de
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OPINIÓN
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Yuber Alarcón
El nuevo CPP y los delitos de lesa humanidad
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l Código Procesal Penal (CPP) entró en vigencia en Ayacucho el primero de julio. Este nuevo modelo se caracteriza por ser más sencillo y porque se desarrolla a través de audiencias orales y públicas, en las que se fomenta el debate de las partes en presencia directa e inmediata del juez; asimismo, fomenta una mayor transparencia en la función de los operadores de justicia. Así, se establece un mayor y mejor control social de los servicios de justicia penal por parte de sus usuarios, la población y los medios de comunicación. De otro lado, define y ordena adecuadamente las funciones de los operadores, reduciendo
autoridad”. En 2001, huyó a Estados Unidos, luego de que las leyes de amnistía aprobadas por el gobierno de Alberto Fujimori fueran anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hurtado fue detenido varios años después y finalmente, en julio de 2011, fue extraditado al Perú e incorporado al proceso que ya llevaba varios meses de desarrollo (inició en noviembre de 2010). Hurtado escuchó, durante más de seis meses, las intervenciones de los abogados de sus coacusados y cayó en la cuenta de que nuevamente él era el chivo expiatorio: Todos lo incriminaron a él, el “Carnicero de los Andes,” como el único responsable de la masacre. Un loco, un demente, un oficial demasiado joven y con poca experiencia, un afectado por el “síndrome de Vietnam”, que lo llevó a masacrar sin piedad a 69 campesinos. El 9 de abril de 2012, Hurtado respondió a las preguntas del fiscal Luis Landa sobre la verdad de la masacre de Accomarca. En primer lugar, dijo que en 1985 él no estaba loco, sino que era un joven oficial dispuesto a cumplir con su deber militar en la guerra contrasubversiva. Declaro, además, que la masacre no fue un acto espontáneo, sino una orden emitida por el Estado Mayor, y si se había autoinculpado había sido por cumplir con la obediencia debida que exige la doctrina militar. Relató de procedimientos militares que permitían disparar al cuerpo de los pobladores y no dar cuenta de las bajas civiles. Hurtado se hizo responsable de la muerte de 34 personas. Y agregó que las ejecuciones extrajudiciales, fue una práctica común. Hurtado relató que, meses antes de la masacre de Accomarca, había sido testigo de cómo miembros del Estado Mayor ejecutaron prisioneros dentro del cuartel Los Cabitos. Y contó, así mismo, que Wilfredo Mori Orzo le
considerablemente los plazos en la tramitación de los procesos. La implementación en Ayacucho trajo consigo una preocupación en los familiares de las víctimas de la violencia (en especial de ANFASEP), porque el nuevo modelo, cuyos plazos son reducidos, permitiría el sobreseimiento de más de un millar de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el secretario del Equipo Técnico de Implementación del CPP, en informe remitido al Fiscal de la Nación, señaló que para los casos de delitos contra la humanidad y aquellos comunes que hayan constituido violación de
“...(Hurtado) declaró que la masacre no fue un acto espontáneo, sino una orden emitida por el Estado Mayor...”
Las declaraciones hechas por Hurtado en el 2012 dieron cuenta de que los excesos del conflicto armado fueron parte de la política antisubversiva
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derechos humanos y delitos conexos, se aplica el Código de Procedimientos Penales. Del mismo modo, el traslado a Lima de la competencia de los casos no afecta el derecho al debido proceso Es función del Fiscal Superior Titular Coordinador proponer las directivas y reglamentos, así como fomentar la homogeneidad de criterios entre los fiscales del subsistema especializado en materia de los delitos que hemos mencionados. Por ello, instamos a emitir las directivas pertinentes, a fin que las Fiscalías Penales Supraprovinciales tengan que continuar investigando los casos de violaciones a los derechos humanos aplicando el Código de Procedimientos Penales.
ordenó “limpiar la zona”; esto es, eliminar a los testigos de la masacre. La confesión de Hurtado buscó limpiar su nombre, quizás reconciliarse con su familia y su hijo, ampliar la responsabilidad de una masacre que en estos últimos 30 años le había sido arrogada solo a él. Para el fiscal Landa, esta confesión ha desbaratado el argumento principal del estudio Nakasaki, quien representa a los altos mandos del Ejército en el caso: Que Hurtado ordenó el crimen porque sufría alteraciones mentales. Por el contrario, Hurtado afirmó haber estado en el uso pleno de sus facultades mentales, hecho que fue confirmado por una pericia psiquiátrica emitida este año durante el proceso. Y quizás sin proponérselo, Hurtado también coincidió con lo planteado por la CVR, que los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto armado interno no fueron “excesos”, tampoco producto de la locura de un mando medio del Ejército, sino que se dio una política de violaciones a los derechos humanos contra la población civil. Los alegatos finales de los representantes de las víctimas y de los imputados se realizarán durante las próximas semanas. Este mes de agosto se conmemoran 30 años de los terribles sucesos de Accomarca. Esperemos que sea el último aniversario en que estos graves hechos sigan impunes. (*) Jo-Marie Burt es profesora de Ciencia Política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, segunda edición.). Es también Senior Fellow del Washington Office on Latin America (WOLA). Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). María Rodríguez es historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación del proyecto Human Rights Trials in Peru.
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HISTORIA
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Chungui: Conflicto armado interno, el cantar y bailar del género llaqtamaqta Ranulfo Fuentes y Carlos Falconí, compositores y grandes maestros de la música ayacuchana, provenientes de la provincia de La Mar, son quienes me dieron las primeras referencias sobre el género “llaqtamaqta” (mozo del pueblo), un huayno indígena muy exclusivo de la zona del distrito de Chungui, ubicado en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Edilberto Jiménez Quispe1
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abían transcurrido ocho largos años del inicio del Conflicto Armado Interno (CAI). Ese mismo año, en el mes de octubre, se desarrollaba el X Congreso Nacional de Folklore “Josafat Roel Pineda” en la ciudad de Huamanga. En aquel entonces, por vez primera, Otoniel Ccayanchira Pariamanco, un arpista que revolucionaba el mundo musical con sus toques muy particulares, glosaba el género llaqtamaqta “chunguinitatamsuwachkani” (estoy robando a una chunguinita), y con sus versos de profundo amor satisfacía a los asistentes. Otoniel había nacido en Churca, pueblito muy pequeño de la comunidad de Chungui. Me expresaba: “El llaqtamaqta es canto de Chungui y nadie lo conoce porque ese pueblo está lejos, olvidado y castigado por la guerra. Allá se canta y baila,
al son de mandolinas, en la época de preparación del “chuño”2. Surgió así en mí el interés de llegar a dicho lugar, ubicado en el extremo sur de la provincia de La Mar. Con el CAI, los militares lo habían bautizado con el nombre de “Oreja de Perro”, por su ubicación geográfica, bien determinada por el río Pampas, en su convergencia con el río Apurímac. En Huamanga, los residentes chunguinos, por encargo de Horacio Juárez de la Rosa3, hicieron gestiones para que el Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP) desarrollara su trabajo productivo en aquel pueblo olvidado. En setiembre de 1996, llegué por vez primera, junto con el equipo de profesionales del CEDAP, a Chungui, poblado situado entre los majestuosos “cerros” (dioses tutelares) de Bombelo, Llave Qaqa y Viuda Rumi. Mi misión era recoger sus costumbres, sus canciones y valorar su identidad cultural. Las autoridades
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y los pobladores, reunidos en su casa comunal, nos hicieron el recibimiento con su llaqtamaqta. El profesor Gonzalo Pérez Ccorahua, del colegio “Leoncio Prado”, se puso a tocar su bandurria, y las señoras Emilia Juárez, Priscilia Huamán, Olinda Huamán, Marina Chalco y Felicitas Lizana cantaron: Chirimuyapacisachan, chunguinachatamsuwachkani, chunguichaplazapisturuchapukllachkan, entre otras. Sus tonalidades eran muy agudas, sus cadencias nos hacían vivir de alegría y nos hicieron bailar con sus zapateos rápidos y menudos. Muy impresionado, asumí mi compromiso de hacer el registro con mi grabadora en mano, sin saber que el lugar que me alegraba, había estado bañado de sangre y lágrimas en los años de la violencia política. Dicho lugar se había convertido en una aterradora base militar, con sus integrantes foráneos que ni siquiera conocían ni entendían el quechua.
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HISTORIA
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Luego de aquella ocasión, llegué en varias oportunidades a los pueblos más lejanos de aquel distrito. Conocí los horrores de la guerra y de la suerte de sus pobladores. Para alegrarse tocaban sus rondines, kawkas, mandukas4, mandolinas y bandurrias; cantaban y bailaban su llaqtamaqta como una catarsis psicológica. En Oronqoy, llamado “PukaLlaqta” por los senderistas, bailamos muy intenso junto con mis compañeros de viaje, Daniel Huamán (“Delta”)5, Edgar Arones (“Tiro fijo”) y Elvin Ccaicuri (“Eco”). Elvin es un experto bailarín. Su madre, Isabel Santi, era cantarina y tocaba su mandolina, pero la muerte de su esposo y de su hija a manos de los militares, llegó a vedarle su alegría. Durante nuestras conversaciones, los lugareños recordaban la sangrienta década y cómo los miembros de Sendero Luminoso les hacían cantar “himnos guerrilleros” y huaynos con contenidos senderistas. Les hacían cantar para burlarse y luego cometían sus actos criminales. Aquí algunas versiones: “Mi tío Heraclio Terraza, era llaqtamaqteroy los compañeros se lo habían llevado. Él se había escapado y, con una bandera blanca, se había presentado a sus compoblanos de Pallccas, diciendo ‘soy inocente’, pero ocurrió lo contrario y antes de ser ahorcado pidió su manduka para tocar por última vez su llaqtamaqta”. (E.T.A.2001). “…a mi hermana y a sus seis hijos los mato el capitán Céspedes,... Mi hermana dijo: ´No me mates, padre lindo, no me mates, yo te voy servir´. Su hijito se había agarrado del soldado diciendo: ´No me mates, papito, voy a cantarte un cantito´, pero lo tiro al suelo y lo baleo en su cabeza”. (C.M.B-1999). Al escuchar los testimonios tan dramáticos quedé consternado y sentí el espíritu de este huayno chunguino, que con sus versos poéticos, llegó a ser el alma que acompañaba ante el verdugo asesino, como una madre que imploraba por la vida de su hijo. Entendí ese amor profundo, esa alma de este huayno. El “llaqtamaqta” nació cariñosamente del corazón profundo y amoroso de las doncellas que cuidaban las papas en la preparación del chuño, para que no se las comieran los animales. Dicen los muchachos o jovenzuelos del pueblo que iban en horas de la noche con sus mandolinas o mandukas adonde las mozas que les esperaban ansiosamente para ser cortejadas, y que pasaban la noche cantando y bailando, de manera clandestina, en lugares apartados. Las muchachas, al ver la presencia de mozalbetes, habrían dicho sus palabras amorosas: “Llaqtamaqta, qamurusqa” (Ha venido el mozo del pueblo) y así se habría perennizado el nombre del género, gracias a ellas. Para los y las jóvenes de Chungui, el encuentro más esperado ocurría durante los meses de la cosecha y muy especialmente
Edilberto Jiménez, autor de la nota (izq.), acompañado de músicos de Chungui y del desaparecido antropólogo Carlos Iván Degregori.
“…siempre buscaron al Estado mediante las vías legales, con la única finalidad de encontrar la luz de la justicia” en el mes de junio de cada año, época que se centraba en el cortejo y enamoramiento. En aquel encuentro de llaqtamaqta recreaban los diferentes estados que comprende el ciclo vital del hombre, como el enamoramiento, warmiurquy, matrimonio, entierro y safa casa. El jolgorio duraba hasta el amanecer, con cantos alusivos al amor, y ahí nacía el vínculo matrimonial. Penosamente, con el CAI se dejó de practicar toda costumbre. Chungui pasó a ser considerado una “zona roja”; es decir, de alta incidencia de actividad senderista, y el llaqtamaqta solo sobrevivió en el corazón de cada lugareño. Muchos huyeron de la guerra y la mayor parte a la zona de Andahuaylas. Allí no dejaron de cantar y bailar, como lo menciona Walter Guzmán, regidor de la municipalidad de Chungui: “Con mis padres escapamos para Ocobamba, donde trataban de terrucos. Los militares nos reunían a los chiquitos y nos hacían cantar. También cuando estudiaba en la escuela, siempre cantábamos llaqtamaqta. Ahora nuestro canto está en Ocobamba. Ya ellos cantan como los hermanos Ayvar y nuestra meta es rescatar lo nuestro”. En octubre del 2007 llegamos a Chungui junto con el prestigioso antropólogo Carlos Iván Degregori, y con alegría de siempre, la
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profesora Ana María Huaraca nos cantó: “Virgen del Rosario”, “kaychunkaychunchunguillaqta”, entre otras. Al escuchar el ritmo de este huayno, Carlos Iván decía: “Es una fusión muy especial. Aquí se podría encontrar ritmos de Cusco, Abancay y Ayacucho que todavía nos falta conocer”. Luego bailó muy alegremente en el sector de Kutinachaka (puente del retorno) con las comuneras de Oronqoy. Después del CAI, el género llaqtamaqta aún no es conocido como tal en la ciudad de Huamanga, pero los sobrevivientes de Chungui no lo han dejado de cantar. Conocí a don Félix Pariamanco tocando su mandolina y a su esposa, doña Maximiliana Guzmán, cantando en su pueblo de Rumichaca, a cuatro horas de camino de Chungui. Félix había sido torturado en la base militar de Chungui. Ahora ha migrado a Huamanga y con fidelidad diaria batalla, con su mandolina en mano, para expresar y hacer sentir su llaqtamaqta en escenarios y eventos culturales. 1 Autor del libro “Chungui: Violencia y trazos de memoria”. 2 Papa seca y deshidratada por exposición al hielo. 3 Connotado personaje chunguino, quien viajó con una beca a Cuba, después de la revolución, y conoció a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara y fue amigo del poeta Javier Heraud. 4 Mandolina más pequeña y liviana, hecha en Chungui. 5 Nombres impuestos dentro del Comité de Defensa Civil.
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CULtUraL
LOS rEnDIDOS. Sobre el don de perdonar José Carlos Agüero, el autor de este libro, es hijo de padre y madre senderistas. Sufrió, en su niñez y adolescencia, ese estigma, esa “culpa”, pero no acepta victimizarse. Demanda comprensión, en el marco de los procesos sociales y políticos.
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CEntrO DE DOCUmEntaCIÓn - SEr
CEDOC
Puedes encontrar libros, revistas y documentos de consulta.
Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú. Fernando Eguren y Miguel Pintado Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI). 2015. 70 páginas.
JOSé COrOnEL agUIrrE
o reivindica a sus padres. Dice: “Creo que debo recuperar mi herencia sin mitificar a Sendero Luminoso, tampoco humanizándolo, reconstruyendo su herencia compleja”. Empero, demanda que los ex presos senderistas tengan derecho a ser escuchados en espacios públicos, para así comprender las complejidades de la guerra y las diversas motivaciones para su militancia. A través de las páginas de su libro, José Carlos Agüero nos dice: “Lo personal es el recurso desde el cual hoy encuentro que es más sencillo y legítimo abrir estos temas al público (...)no para perdonarlos, sino con ese fin, comprender sin más”. Luego continúa, tratando de explicar porqué habla de los vencidos y expresa: “Formo parte de una comunidad amorfa que sería la de los vencidos. ¿Que tendría que rendir? (..) quizá esta necesidad de rendirme, de entregarme, es una forma de perdón… (…) porque imagino, torpe e ingenuamente, que eso puede ayudar a la paz”. Y agrega: “Perdonar no significa impunidad, como la que quieren los militares”. Separa el aspecto ético del perdón del aspecto legal de la necesidad de la justicia, porque los hechos no desaparecen. Compartimos con José Carlos el hecho de que hay necesidad de comprender la lógica de la conducta de los militantes senderistas y sus
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acciones y darles un espacio para expresarse, pero para que expliquen y pidan perdón a los familiares de las víctimas de sus acciones. (Como lo hicieron Feliciano de SL y dirigentes del MRTA, como Gálvez Olaechea). Abimael Guzmán y la dirigencia senderista no aceptaron pedir perdón, cuando la CVR les pidió hacerlo, y hasta hoy no dan signos de una voluntad en tal sentido. Luego del horror vivido durante el período de la violencia política (69 mil víctimas mortales, en su absoluta mayoría campesinos quechuahablantes), consideramos que es una responsabilidad del Estado y de la sociedad civil educar a la niñez y la juventud en las reglas básicas de los derechos humanos universales; es decir, aplicables para todos, sin discriminación de clase, etnia, género o fe religiosa, e incorporar en la enseñanza escolar, el tratamiento del tema del conflicto armado interno, con un enfoque de pedagogía en derechos humanos, revisando lo que nunca debe hacerse en una sociedad contemporánea (¡nunca más¡), sobre la base de la consideración de que la persona humana es el fin supremo de cualquier proyecto político, nunca un medio desechable, con criterio de clase o “razones” de Estado. - José Carlos AGÜERO SOLÓRZANO. Los Rendidos. Sobre el don de perdonar. IEP, 2015.
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La fortaleza de la persuación. Dieciocho años de la Defensoría del Pueblo. Edición conmemorativa de la revista “Debate Defensorial”. Lima: Defensoría del Pueblo. 2014. 283 páginas.
Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 3 p.m. - 7 p.m. Dirección: Urb. María Parado de Bellido Mz. “J” Lt. 04 - EMADI
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La rEgIÓn y SUS PErSOnaJES
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La rEgIÓn y SUS
PErSOnaJES
ayDEé SOtO
Una atleta que lucha por sus Hace diez años, una joven ayacuchana recorrió los 2500 km. de la denominada “Ruta por la Paz y Reconciliación”, caminata que se realizó con el objetivo de llevar un mensaje de paz y solidaridad a las víctimas de la violencia política que ensangrentó al país en las décadas finales del siglo pasado. Esa misma joven corajuda, Aydeé Soto, ha vuelto a hacer noticia, al haber ganado la carrera de 185 kilómetros, una dura prueba del Trail Menorca Camí, de Cavalls (Europa), en la que participaron alrededor de 900 competidores. aShLEy mEnDOza
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ydee, que nació el 6 de febrero de 1977, en un caserío llamado Ninakiru (distrito de Uchuraccay, Huanta), es, sin duda, un ejemplo a seguir, porque a pesar de las adversidades que le tocó vivir, ha logrado salir adelante. Ella vivió en carne propia la violencia que azotó a nuestro país, porque su padre, Marcelino Soto, desapareció cuando ella tenía siete años de edad y hasta ahora, ella y su familia no saben nada de él. Esta situación obligó a Aydeé y a sus seis hermanos menores a salir de Uchuraccay y a asentarse en la ciudad de Huamanga. Soto recuerda que cuando cursaba la secundaria, le gustaba participar en carreras de 100 a 200 metros. A los 25 años, cuando vivía en la ciudad de Lima, trotaba todos los días para mantenerse saludable. En una de esas ocasiones conoció a “Jorgito”, un juvenil hombre de 60 años, que la impulsó a convertirse en una gran atleta. Ya desde entonces, ella lo miró con admiración, pues al verlo, pensó: “Si él, que es mayor, corre y compite casi todos los fines de semana, por qué no puedo correr yo, que soy joven”.
En sus inicios, Aydeé Soto, participó de carreras pequeñas, de cinco a diez km., en Lima o en otras ciudades del país. Posteriormente, empezó a correr en competencias de 42 km., hasta que escogió se inscribió en ultra maratones, de 50 km, 80 km y más distancia. Para poder hacer un buen papel en estas jornadas, necesitó muchas horas de entrenamiento, por lo que hasta hoy, practica seis horas al día. “La carrera de más distancia que he corrido fue de 185 km, en España”, dice. “Cada vez que voy a competir, se me viene la imagen de mi mamá, a quien recuerdo con cariño y amor. Yo creo que es ella quien me da fuerzas desde el cielo”, comenta, con nostalgia, Aydeé. Actualmente, nuestra deportista vive en casa de su entrenadora, Barbara Koch, quien la apoya en todo, especialmente buscando auspiciadores. “Siempre quise representar a mi país y hacer algo en el ámbito del deporte. Creo que voy logrando mis sueños. Ojalá las autoridades puedan apoyarme, porque necesito ayuda económica para mis entrenamientos”, invocó Soto.
“Es, sin duda, un ejemplo a seguir, porque a pesar de las adversidades que le tocó vivir, ha logrado salir adelante”
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sueños
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