Voces Nº 37 Octubre 2011 by Noticias SER

Marco Arana opina sobre Cerro Quilish y Minas Conga

NÂş 37

Cajamarca

Octubre 2011

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Aguas movidas

Escasez de agua y renovado interĂŠs de Minera Yanacocha por explotar el Cerro Quilish, genera movilizaciones

Asociación SER presenta: Guías y cartillas en gestión municipal y participación ciudadana

GUÍA TECNICA PARA EQUIPOS MUNICIPALES Identificación y priorización de problemas y resultados en el Presupuesto Participativo

GUÍA OPERATIVA Cartilla para la Vigilancia Ciudadana – Conformación e implementación de Comités de Vigilancia

CARTILLA OPERATIVA ¿Cómo elaborar proyectos de inversión pública en marco del SNIP?

CARTILLA TÉCNICA Guía básica de Gestión Municipal

INFORMES:

Asociación SER

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EDITORIAL

l inicio del gobierno del Presidente Humala ha generado ya algunos cambios en relación al tema minero en nuestro país. De un lado, se encuentra la definición de un gravamen a las empresas mineras que sólo está pendiente de aprobación en el Congreso de la República, a pesar de algunas resistencias del gremio minero. De otro, la aprobación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, que significa un avance significativo luego de cinco años en los que el gobierno anterior no mostró la más mínima vocación para el diálogo y, por el contrario, se puso al lado de la gran inversión privada, sin recoger las preocupaciones y demandas de la población. La imposición del nuevo gravamen significará mayores recursos para el tesoro público, sin embargo, algunos expertos han señalado que esto podría traer consigo la disminución de los ingresos de los gobiernos regionales y locales por concepto de canon, debido al nuevo diseño impositivo que se ha previsto. Este hecho generará tensiones entre los gobiernos regionales -que hasta la fecha han mostrado poca capacidad de gasto- y el gobierno nacional, que busca tener la mayor cantidad de recursos para cumplir con sus promesas de inclusión social. De otro lado, la consulta previa a los pueblos indígenas significa un hito en la historia de la lucha por los derechos en nuestro país, pero a la vez un enorme reto para el Estado y para los mismos pueblos indígenas, ya que implica no sólo reformas institucionales, sino un cambio de actitud, luego de casi dos décadas de confrontación permanente. En nuestra región, siempre se ha dicho que la consulta previa no es aplicable porque la gente no se

Cajamarca Octubre 2011 Nro. 37 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman

Comité editorial María Luisa Burneo Ronald Ordóñez Paulo Vilca Director Javier Torres Seoane Editor Christian Reynoso

Reporteros Juan Arribasplata Leonidas Ramos Columnistas Mirtha Vásquez Miguel Garnett Fernando Romero Ricardo Morel Fotografia Asociación SER

reconoce como indígena –salvo en las comunidades nativas de San Ignacio y Jaén- y porque nadie habla quechua, aunque existen algunas comunidades campesinas, a las que la ley abre la posibilidad de ser sujeto de este derecho. Pero es posible que con el paso del tiempo, y si la norma demuestra éxito, emerjan antiguas identidades o que algunas organizaciones se reinventen como el caso de las Rondas Campesinas. Frente a esto, hay voces que desde el gremio minero, han comenzado a dar un discurso que niega el derecho a que las comunidades campesinas de la sierra tengan derecho a la consulta previa, e incluso hay quienes como Roque Benavides, hombre fuerte de Buenaventura, han argumentado que las comunidades serían una consecuencia del proceso de Reforma Agraria de 1969, incurriendo en una falacia histórica, y desconociendo la compleja relación entre los pueblos indígenas y el Estado a lo largo de casi dos siglos de república. Creemos que es importante no caer en posiciones maximalistas de ningún lado, ni meramente jurídicas y mucho menos que se confunda a la población, al decir que la consulta previa es un derecho al que todos podemos apelar y que se reduce a referéndums, consultas vecinales o asambleas en las que se dice “No a la minería”. La consulta previa abre un nuevo momento y si el Estado -en particular el Viceministerio de Interculturalidad- no cumple con dar los pasos que corresponden para su correcta aplicación, como el proceso de identificación y registro, lo único que tendremos en adelante serán más conflictos. Esperamos que eso no ocurra.

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Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Presidente regional, Gregorio Santos en cerro Quilish. Tras perder liderazgo ha retomado las movilizaciones por el agua, contando para ello además con la base del Sute-Cajamarca.

Aguas movidas Luego de varios meses en los que el debate central sobre la minería en Cajamarca había estado enfocado a la discusión entre el gremio empresarial y el gobierno regional sobre el proceso de Zonificación Económica Ecológica (ZEE), el eje del debate ha sufrido un cambio. Hemos ingresado a una dinámica de movilizaciones y protestas relacionadas al uso del agua que hace Minera Yanacocha y a los problemas de desabastecimiento y contaminación del recurso en la provincia de Cajamarca.

JAVIER TORRES SEOANE

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l tema no es nuevo, ha sido parte de la agenda de algunos actores críticos al sector minero, como Marco Arana de GRUFIDES, quien luego de su frustrado intento de intervenir en la arena electoral, ha regresado a Cajamarca con una postura crítica al presidente regional Gregorio Santos. Éste ha tenido señales poco claras frente al gremio minero, incluso retirando de su funciones al gerente de Recursos Naturales, Sergio Sánchez, quien había liderado el proceso de ZEE y que ahora, liberado de la función pública, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia de las comunidades y rondas campesinas en relación al recurso agua. El problema y las denuncias por el tema del agua, también tienen a otro actor en el Congresista Jorge Rimarachín, que desde hace buen tiempo viene denunciando a la empresa pública

OPINIÓN

de saneamiento SEDACAJ por irregularidades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha. Ante esta situación, el presidente regional ha tenido que reaccionar y ponerse a la cabeza de las movilizaciones por el agua, contando para ello además con la base del Sute-Cajamarca, siempre orgánica al mandato de su líder. Sin embargo, además de esta competencia de carácter político por el liderazgo del movimiento social crítico a la minería, lo que reactivó el conflicto por el agua, fueron las diferentes señales que Minera Yanacocha ha venido dando desde el mes de abril: el Vicepresidente de Operaciones Newmont Sud América, Carlos Santa Cruz, anunció en una presentación fuera del país, que el 2016 el proyecto minero Cerro Quilish entraría en funcionamiento. Este hecho generó la inmediata reacción y rechazo de diversos actores, comenzando por el presidente regional, frente a lo cual la empresa sólo guardó silencio. A esto se sumó el rumor sobre equipos de relaciones comunitarias de la empresa que venían acercándose a los pobladores de la zona para convencerlos de las bondades del proyecto, que siete años atrás generó el rechazo generalizado de la población del lugar y de la ciudad de Cajamarca. Por último, un grupo de activistas, pobladores y autoridades constató in situ –en las conmemoraciones de la defensa del cerro Quilish– la presencia de la minera en la zona. Algunas preguntas que surgen de inmediato son: ¿Tiene alguna viabilidad un proyecto frente al cual hubo un rechazo masivo? ¿Tanto ha cambiado la opinión de la población sobre Minera Yanacocha? ¿No era acaso el Cerro Quilish el límite simbólico que la población había puesto a la actividad minera en la región? Parecería ser que la evaluación de la empresa es bastante optimista, quizá pensando en el éxito que tuvo la empresa de comunicaciones Toronja en el logro de la licencia social y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que Yana-

OJOS ABIERTOS

Buenos anuncios: sólo son el primer paso FERNANDO ROMERO

l mensaje del Presidente del Consejo de Ministros ha sido bien recibido por los más diversos sectores; prueba de ello ha sido que todas las bancadas parlamentarias, salvo el fujimorismo, le han dado su voto de confianza. La presentación del Gabinete en el Congreso junto a las acciones de los primeros 45 días del nuevo gobierno, en términos generales, deja una buena impresión. Ha mostrado la decisión de cumplir con las promesas de Gana Perú, y ahora queda iniciar la implementación de las propuestas contenidas en ese mensaje. Por lo anunciado, el gobierno ha priorizado la implementación de medidas dirigidas a atender en primer lugar las necesidades de las poblaciones que viven en situación de pobreza o de quienes han sido desatendidos. Atacar la desnutrición infantil, ampliar la cobertura de la educación inicial y de los servicios de energía eléctrica son acciones que, de cumplirse incorporando un enfoque intercultural, van a producir cambios efectivos en las condiciones de vida de quienes viven en situación de pobreza, principalmente en el área rural. El anuncio del reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el gravamen que reemplazará el “óbolo minero” y la promulgación de la Ley de Con-

sulta Previa son otras señales de la disposición a producir cambios en la forma de gobernar. Una relación de cooperación entre los tres niveles de gobierno es clave para que la acción del Estado llegue a toda la población y responda a las distintas realidades. Reconocer el derecho de los pueblos indígenas amazónicos y andinos a ser consultados es un paso importante en el camino de superación de la desconfianza existente frente al Estado. Pero, sería un error pensar que estas medidas son suficientes para vencer las que existen en el país. Hay que superar la mirada capitalina con la que se implementan las políticas sociales. Debe cuestionarse cualquier sesgo asistencialista y hacer el mayor esfuerzo para que predominen los programas dirigidos a crear condiciones locales que fomenten la organización social y la generación de ingresos. Hay que trasladar competencias y recursos a los gobiernos subnacionales y comprometerse de verdad en el fortalecimiento de sus capacidades. Hay que demostrar que efectivamente no se van a permitir inversiones que atenten contra la biodiversidad y los derechos humanos y que se va avanzar en los cambios necesarios para que nuestra economía no dependa, como sucede hoy, del precio internacional de nuestras materias primas.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

cocha le encargó que hiciera para el proyecto Minas Conga, con el lema de “El agua primero, la mina después”.

Minas Conga: proyecto clave Minas Conga, como lo ha afirmado Carlos Santa Cruz, es un proyecto clave para la continuidad de Minera Yanacocha, que cuenta con reservas aproximadas de 12 millones de onzas de oro y 3 mil millones de libras de cobre. Asimismo, su desarrollo es clave para las políticas de captación de nuevos ingresos para el tesoro público, en un contexto en el cual el gobierno nacional ha reafirmado la apuesta por la promoción de la gran inversión minera.

En su reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Humala hizo explícita referencia a la decisión del gobierno nacional de promover un proceso de Ordenamiento Territorial

Pero Minas Conga tiene sus críticos y detractores, entre los cuales se cuentan Arana, Sánchez y la Plataforma Interinstitucional de Celendín, que viene cuestionando incluso las condiciones en las que se dio la aprobación del EIA. También cuestionan que la política de construcción de reservorios de agua funcione como una suerte de canje por las lagunas que desaparecerán con el desarrollo del proyecto, argumentando que no es suficiente compensación a los impactos que generará.

Frente a esta situación la empresa ha respondido, como es su costumbre, señalando que todo está en regla, que las acusaciones son falsas y deben ser probadas, y que cuentan con la aprobación de las comunidades realmente afectadas. Mientras tanto, la posición del gobierno regional ha sido, en un inicio, un tanto ambigua. Pero el presidente Gregorio Santos ha dado un giro –probablemente como una manera de mantener su liderazgo y opacar el

Sergio Sánchez, ex gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia en relación al recurso agua.

Carlos Santa Cruz, Vicepresidente de Operaciones Newmont Sud América, anunció que el 2016 el proyecto minero Cerro Quilish entraría en funcionamiento.

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creciente protagonismo de Sánchez y el retorno de Arana a la escena regional–, exigiendo que se revise el EIA y dando declaraciones que cuestionan los acuerdos a los que la empresa había llegado con las comunidades.

Nadie sabe para quién trabaja Mientras esto ocurre en Cajamarca, en el gobierno nacional todavía no hay claridad sobre cómo se va a manejar los cuestionamientos a los diversos proyectos mineros. La negociación con las mineras para el cobro del gravamen ha mostrado que el Presidente Ollanta Humala tiene la iniciativa política frente a un gremio empresarial que no logra adecuarse del todo al nuevo contexto. Sus representantes pasan de expresar su voluntad para colaborar con las políticas de inclusión social, a buscar por todos los medios que no haya mayores cambios en la política del sector Energía y Minas. En este contexto, el Ministerio del Ambiente, con Ricardo Giesecke a la cabeza, y sus viceministros Hubo Cabieses y José De Echave están planteando la reforma del sistema de evaluación ambiental, que es percibida como una amenaza por el sector minero.

Congresista Jorge Rimarachín, viene denunciando a SEDACAJ por irregularidades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha.

OPINIÓN

Pero en Energía y Minas los vientos de cambio aún no han llegado. El ministro Carlos Herrera Descalzi anda más concentrado en temas energéticos mientras que la viceministra Susana Vilca, ex congresista por Puno, no ha planteado nada nuevo. La plana de Alta Dirección sigue siendo la misma y, como se ha recordado en las últimas semanas, el Director General de Asuntos Ambientales Mineros es Felipe Ramírez, quien fuera Gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Yanacocha entre los años 2006 y 2009; y aún se le recuerda cuando acompañaba las vigilias a favor de la empresa en medio del conflicto de Combayo en agosto del 2006. Con todo ello, cabe preguntarse, ¿qué sector será el que imponga la nueva política en dicha materia? Es algo que todavía está por verse. Sin embargo, un dato interesante es que en su reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Humala hizo explícita referencia a la decisión del gobierno nacional de promover un proceso de Ordenamiento Territorial (OT) donde los gobiernos regionales establezcan en qué zonas se haría agricultura y en cuáles minería. Lo curioso es que en un contexto en el que el gobierno nacional es favorable a los procesos de ZEE y OT, el gobierno regional haya optado por el canal de la movilización social y no por el proceso institucional (la ZEE-OT de Cajamarca) que la anterior gestión promovió –y que el actual Consejo Regional ratificó a pesar de las presiones del gobierno de García y las críticas de su Ministro Brack–. Pero la ZEE-OT, luego de la salida de Sergio Sánchez, ha perdido el impulso con el que venía desarrollándose. Quizá Gregorio Santos debería reevaluar el tema, ya que como bien sabemos, el conflicto llevado a las calles no lleva a soluciones. A la larga, ello genera un gran desgaste que las empresas con gran poder como Yanacocha pueden soportar y enfrentar incluso revirtiendo las críticas, sobre todo cuando quienes atacan a la minería no plantean alternativa alguna.

CAVILANDO

¿“Petroaudios” o “mineroaudios”? MIRTHA VÁSQUEZ

a quincena de agosto recibí una notificación de la Segunda Sala especializada en delitos de Corrupción de Lima que tramita el caso Bussines Track (BTR), en la que se me citaba a declarar como parte agraviada. Sí, resulta que en este escandaloso caso, GRUFIDES y varios miembros de la institución somos agraviados, pues por largo tiempo, por lo menos desde el 2006, habríamos sido interceptados en nuestras comunicaciones por parte de esta empresa. Pero ¿quién es BTR o porque estuvo interesada en las comunicaciones de una organización de provincia? BTR no es más que una de las tantas empresas formadas por los ex militares de los servicios de inteligencia de la época de Fujimori y Montesinos que luego de acabado el régimen se dedicaron a ofrecer servicios ilegales de interceptación y espionaje a favor de privados. En suma BTR sólo es una operadora de servicios que se dedica a violar comunicaciones a quien ofrece el mejor precio. La Fiscalía Suprema que ve el caso insistió en mi presencia y declaración, aduciendo que nosotros seríamos uno de los pocos casos consistentes, y es que al margen del escándalo de Rómulo León y Alberto Quimper por el que este caso fue bautizado como el de

los “petroaudios”, parece que los principales clientes de estas empresas no eran las petroleras sino las empresas mineras. La lista de agraviados a quienes se ha interceptado de manera permanente y sistemática incluye a gran número de organizaciones y personas dedicadas a la defensa de comunidades afectadas por minería. Llama la atención que los audios incautados que corresponden a GRUFIDES, son de las mismas fechas en que se realizó el operativo de espionaje denominado “Diablo” en contra de nuestra institución. ¿Tienen relación ambos hechos? Todo parece indicar que sí ya que se probó que el Operativo Diablo fue dirigido por FORZA -la empresa que le brindaba seguridad a Minera Yanacocha-, que a su vez era cliente de BTR. Además, Wilson Gómez Barrios que dirige FORZA es padre de los hijos de Giselle Gianotti, la misma que era una de las principales operadoras de BTR. Más allá de los operadores, importa saber quiénes están detrás del asunto, quiénes pagaron por la información. En ese sentido, nos preguntamos si la justicia será capaz de actuar con firmeza en este caso e ir a la médula del asunto o será que los delitos de importantes inversionistas en este país tienen el privilegio de quedar impunes.

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ENTREVISTA POLÍTICA

“El gobierno debe replantearse el modelo de explotación extractiva” ¿Qué evaluación o puntos a destacar se pueden tener a dos meses del nuevo gobierno? El primer balance es positivo, aunque recién hayan pasado dos meses de gestión. Se ha compuesto un gobierno de ancha base con sectores nacionalistas e izquierdistas, con militares muy vinculados al presidente y un sector de la derecha como es el caso del Ministro de Economía. Un punto importante es el viraje del eje de la política peruana, de haber estado anclada en la derecha en los últimos veinte años, el vértice se ha movido a una centroizquierda moderada. A esto se suma que Ollanta Humala ha comenzado cumpliendo con algunos compromisos: el gravamen minero, la Pensión 65, el Lote 88 de Camisea que está a punto de salir, entre otros. Es interesante que el Presidente no aparezca en primer plano, dando mayor protagonismo al primer ministro, que es un estilo bastante diferente al de Alan García. ¿El perfil de centro izquierda se va a mantener?

Santiago Pedraglio, reconocido periodista y analista político, columnista de Perú 21, hace un balance del nuevo gobierno y opina sobre otros temas como la conflictividad social, la sierra productiva y el “perro del hortelano”.

CHRIStIAN REYNOSO

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Eso es muy difícil de decirlo porque no hay un partido político detrás. La inexistencia de partidos políticos en el Perú hace muy precaria y de escasa previsión la política peruana. Lo que se espera es eso, que se mantenga este centroizquierda moderado pero es difícil asegurarlo porque hay presiones muy fuertes, hay tensiones de la crisis mundial que no sabemos cuánto pueda golpear al Perú. Además hay una oposición mediática muy fuerte que creo que

ENTREVISTA POLÍTICA

apuesta a que el gobierno fracase con Correo y Expreso como cabezas más visibles, pero no sólo son ellos, y un sector del fujimorismo. Pasando a un tema que preocupa a la región, ¿cómo cree que el gobierno manejará los conflictos sociales? Me parece clave que el Estado deba dar señales de que es dialogante, que no quiere decir débil. Es decir, un Estado que se coloque no siempre del lado de la inversión, sino que puede colocarse en el centro y actuar como un regulador y dar a veces la razón a unos y a otros. Un Estado que tenga capacidad para anticiparse y que maneje una política de garantizar derechos. En ese sentido, ¿qué opinas de la reciente promulgada Ley de Consulta Previa? ¿Ayudará a evitar conflictos? Es un gran avance. Y creo que va a terminar siendo de aplicación extensiva porque mucha gente va a sentir que se le tiene que consultar, aunque no sean pueblos indígenas u originarios. En ese sentido, el gobierno debe replantearse el modelo de explotación extractiva. El Perú tiene que seguir explotando minería pero el asunto es cómo vas a hacerlo. Allí está el tema. Entonces Estado, inversión, medio ambiente y población son elementos claves para el rediseño de una política porque durante los últimos años se ha venido construyendo un sentimiento anti minero en grandes sectores a consecuencia de la política del “perro del hortelano”. Y García ha sido uno de los principales agitadores y propagandistas de este sentimiento y cambiar eso me parece un gran reto.

Así como lo han planteado no me parece bien, no se puede decir que se va a investigar “todo” el gobierno de García. Se deben precisar y fundamentar cuáles son los rubros que se quiere investigar porque hay indicios serios y rigurosos sino va a ser como buscar de todo bajo la alfombra. Además, políticamente, va a ser un favor para García, porque lo convierte inmediatamente en cabeza de oposición. Cada cosa que no le prueben va a ser un punto a favor suyo. Sierra productiva y gravamen minero En una de tus últimas columnas hablas del potencial de la sierra. ¿Por qué sigue postergada en relación a la costa? La sierra es invisible para la elite de Lima y de las capitales de departamento que son centralistas, entonces no se percibe el potencial que existe y hay razones de sobra para dejar de seguir mirando a la sierra como simplemente minera y eventualmente petrolera y algunos capullitos para la exportación. Hay que mirar y reprogramar la imagen productiva del país desde la sierra.

El “perro del hortelano” está instalado, es parte de una medida cultural e ideológica, es como un autorretrato que está deformado y que hay que reprogramar. En cuanto al gravamen minero, ¿es lo mejor que se podía conseguir? Siempre puede ser mejor, pero de los 500 millones que recaudaba el gobierno aprista bajo el modelo del óbolo a los 2800 millones o lo que finalmente se recaude me parece bien. Es un avance importante. Eso casi llega a ser el 0.8% del PBI. Esto expresa la fuerza que tiene el tema del gobierno y la inversión.

¿Hay que desterrar la idea del “perro del hortelano”? Yo creo que sí pero será difícil porque ese “perro del hortelano” está instalado, es parte de una medida cultural e ideológica, es como un autorretrato que está deformado y que hay que reprogramar. Se va a investigar a García. ¿Qué opina?

Estilo diferente. “Es interesante que el Presidente no aparezca en primer plano, dando mayor protagonismo al primer ministro Lerner”, opina Pedraglio.

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INFORME

Pobladores cajamarquinos en cerro Quillish celebran los 7 años de resistencia a la explotación minera en dicha zona. Además, el Quillish es la principal fuente de agua para Cajamarca.

Expansión minera y gestión estatal de los conflictos

e acuerdo a la percepción de la población2, entre “lo peor” de la gestión del presidente Alan García, el manejo de los conflictos se ubica en tercer lugar con un 28%, detrás de la corrupción y la delincuencia. Así durante su gobierno aumentaron los conflictos –de 70 en el 2005 (14 socioambientales) a 246 en el 2010 (117 socioambientales)–3 y ocurrieron los penosos hechos de Bagua, Tía María y Puno. La gran mayoría de medios de comunicación tiende a mostrar la foto del conflicto –y de sus protagonistas–, pero ello no ayuda a comprender por qué se genera descontento en la población ante la presencia de un proyecto extractivo de gran escala, o incluso, cuando sólo existe la concesión minera.

Iniciado el nuevo gobierno, uno de los temas centrales de la agenda política es el de los conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas. En esté breve artículo plantearemos, de manera general, algunos de los temas abordados en las propuestas para la gestión estatal de conflictos que ha elaborado la Asociación SER.1

Conflictos mineros por usos y ocupación del territorio4

VOcES

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Los problemas que están en la base de este tipo de conflictos trascienden el ámbito local y los intereses de los actores directamente involucrados. No se trata sólo de llegar a acuerdos sobre cómo se distribuirá la futura renta extractiva, el acceso a los recursos de un fondo social o los futuros puestos de trabajo. Esta es una parte importante

INFORME

del asunto, pero no es la única. Desde que la población conoce que el área que habita está concesionada; o peor aún, desde que el personal de un proyecto minero llega buscando lograr el acuerdo con el propietario del terreno para explorar, el descontento y la incertidumbre que se genera tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho que la comunidad ha estado al margen del proceso de toma de decisiones sobre el futuro de ese territorio. Según diversas entrevistas realizadas en zonas de expansión minera, la población percibe la existencia de las concesiones como una amenaza o una luz de alerta que anuncia que su entorno y su forma de vida podrían verse afectados; no sólo a nivel geográfico (paisaje, remoción de tierras, uso de aguas, etc.), o por el riesgo de contaminación, sino también por los cambios institucionales y socioeconómicos (reubicación, pérdida de capital social, fracturas sociales por diferencias frente a la minería, fragmentación territorial, surgimiento de nuevos liderazgos, conflictos y tensión en la zona, riesgos e inseguridad y otros).5 A ello se suma que la población ha tenido muy poca o ninguna información sobre: 1) Qué implica que la zona esté concesionada; 2) Cuáles son los pasos que debe seguir una empresa que llega a hacer exploración; 3) Cuáles son sus derechos como propietarios de la tierra; 4) Cuáles son las etapas del proyecto y

las formas de participación en cada una; 5) A dónde acudir en caso de verse afectados por alguna acción del proyecto, de tener reclamos o dudas sobre la marcha de éste; entre otros temas. Conversado con algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), queda en evidencia que su apreciación es que estos son temores infundados o inculcados por agentes externos que buscan manipular a la población y que la empresa no ha hecho bien su tarea de informar.6 Nuestro punto de vista es que ésta es responsabilidad del Estado, que debe asumir un papel mucho más activo y coordinado entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, requiriéndose una política de comunicaciones que defina funciones entre las distintas instancias involucradas. Sin embargo, si bien el acceso a la información es central, no es suficiente para mejorar el tratamiento de este tipo de conflicto.7 La forma en que se viene implementando la participación ciudadana también genera descontento entre la población. Ello tiene que ver la concepción misma que se tiene de este derecho en el sector minero, que la considera, básicamente, como “entrega y recepción de información”.8 El derecho de participación ciudadana implica una relación con el Estado en la que los ciudadanos y ciudadanas son parte de un proceso de toma de decisiones sobre asun-

Panorámica de las operaciones que se realizan en Minera Yanacocha.

Caricaturizando un poco, para las empresas la ZEE-OT es una amenaza para la expansión de sus operaciones, o un instrumento manejado políticamente para oponerse a la minería tos públicos. Sin embargo, el MINEM aprueba el plan de participación ciudadana elaborado por la empresa que incluye mecanismos de participación listados en el reglamento del sector – varios de los cuales son solo mecanismos de información– y define a quienes alcanzará este derecho. La “privatización” de la participación ciudadana genera desconfianza en la población, a lo que se suma la falta de vías institucionales para canalizar los desacuerdos, dudas o reclamos que se dan a lo largo de la exploración, y que al acumularse, empeoran la situación. De otro lado, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, siendo una norma de suma importancia, no se aplicará en todos los casos (ni ámbitos) donde se busca extraer mineral, y no excluye la necesidad de hacer cambios y modificaciones en las normas de participación ciudadana. Otro problema es el de las competencias de cada nivel de gobierno. Los gobiernos regionales reclaman mayor participación en varios momentos de la “ruta” de un proyecto minero. Algunos argumentan que deberían tener una mayor participación en la aprobación de los petitorios de concesiones mineras; otros, que deberían ser consultados para emitir opinión técnica. Uno de los problemas que hace difícil un accionar más ordenado es la falta de coordinación entre el ejecutivo nacional y los gobiernos

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INFORME

Según diversas entrevistas realizadas en zonas de expansión minera, la población percibe la existencia de las concesiones como una amenaza o una luz de alerta que anuncia que su entorno y su forma de vida podrían verse afectados. subnacionales. Conocemos testimonios de funcionarios regionales y locales que señalan que ni el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ni el MINEM coordinan con ellos, y que por dicha razón deben buscar la publicación oficial respectiva en el diario oficial o alguno de circulación local, para hacer seguimiento a las concesiones en sus ámbitos de gobierno. Los últimos conflictos evidencian que se ha llegado a una situación límite, y por tanto. INGEMMET debe reformular su política de información, así como el mecanismo de entrega de concesiones, que debería contar con mayor consulta a sectores o entidades especializadas del Estado –entre ellas, el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otras-. Y en los casos donde los gobiernos regionales tengan una Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) aprobada o planes de Ordenamiento Territorial (OT), estos instrumentos deberían ser tomados en cuenta para evaluar la entrega de una concesión. El diseño institucional es un tema clave y una mejor articulación intersectorial e intergubernamental contribuiría a reducir el desorden y la conflictividad.

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Pobladores de la comunidad de San Andrés de Negritos del distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca en la plaza de Armas de Cajamarca protestan por el uso de sus tierras por parte de las empresas mineras, entre ellas Yanacocha.

Un último tema que queremos señalar es el de la ZEE y OT.9 Son varios los sentidos comunes que se han construido al respecto. Caricaturizando un poco, para las empresas la ZEE-OT es una amenaza para la expansión de sus operaciones, o un instrumento manejado políticamente para oponerse a la minería.10 Para algunos gobiernos regionales, la ZEE es el instrumento para entrar a un proceso de negociación tanto con el gobierno nacional como con el sector privado. Para ciertos sectores de la población de zonas rurales de expansión minera, la ZEE-OT genera la expectativa de ser un instrumento que podría frenar la minería. La negociación no será fácil: como ha señalado más de un especialista, estos procesos no tendrán mucho sentido sin un consenso amplio entre los diversos actores económicos y políticos. El gobierno del presidente García, a través del MINAM, cuestionó procesos regionales de ZEE-OT, como el de Cajamarca, y se crearon nuevas tensiones entre los niveles de gobierno y las empresas. La nueva gestión tendrá que mejorar estas relaciones y revisar la propuesta “Estrategia nacional para un ordenamiento territorial”, resolución del MINAM (Junio, 2011) que plantea que éste otorgue “conformidad técnica” a los procesos subnacionales, restándole poder a las regiones. Esta norma debería apuntar a fortalecer la coordinación y el rol de asistencia técnica del MINAM y no generar mayores distancias.

Como hemos visto, son varios los temas de la política minera que hace falta revisar. La Ley de Consulta Previa y el Ordenamiento Territorial son parte fundamental dentro de un conjunto de cambios necesarios. Asimismo, el actual gobierno deberá trabajar para mejorar sustancialmente la gestión misma de los conflictos. La Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros tendrá que elaborar reformas para una mayor coordinación con los gobiernos regionales, ampliar capacidades de análisis y desarrollar estrategias multisectoriales, hasta ahora inexistentes. 1 “Recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos. Conflictos mineros por usos y ocupación del territorio”. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER). Lima, 2011. 2 Encuesta urbana nacional de Ipsos Apoyo, julio de 2011. http://www.rpp.com.pe/2011-07-17-ipsos-apoyo-lo-buenoy-lo-malo-del-gobierno-de-alan-garcia-noticia_385516.html 3 Reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, años 2005 – 2010. 4 Así hemos llamado a aquellos conflictos vinculados con la expansión de la gran minería. 5 Programa de investigación Territorios, Conflicto y Desarrollo en los Andes. Universidad de Manchester-CEPES. Archivos internos de la investigación, 2009. (www.cepes.org.pe). Entrevistas realizadas por equipos regionales de SER en Ayacucho, Cajamarca y Puno. 6 Esta afirmación se sustenta en el estudio realizado durante el 2010: “El Estado y la gestión del conflicto 2006-2011; conflictos mineros por usos del territorio”. Documento de trabajo disponible. Asociación SER, 2011. 7 Otro tema es que hay conflictos donde la población tiene, de manera mayoritaria, una postura frente al desarrollo de la minería en su zona (y no solo de un proyecto) no por falta de información, sino por la defensa de modos de vida, del control territorial o la protección de ecosistemas frágiles. 8 “La participación ciudadana en la minería peruana”. Oxfam internacional, 2009. 9 En la normativa peruana están relacionados ya que la ZEE está considerada como el insumo principal para la elaboración de planes del OT 10 Entrevistas realizadas en el marco del estudio “El Estado y la gestión del Conflicto 2006-2011; conflictos mineros por usos del territorio”. Documento de trabajo disponible. Asociación SER, 2011.

Entrevista

“Minas Conga va a ser el nuevo espacio del conflicto socio ambiental” ¿Qué nos puede decir de estos primeros meses del gobierno de Ollanta Humala? Estamos ante un nuevo escenario. Los anuncios del primer ministro Lerner en el Congreso expresan un nuevo lenguaje cuando dice, por ejemplo, que todas las políticas públicas tendrán un enfoque de cambio climático y sostenibilidad ecológica. Antes ningún ministro ha hablado así en el país. Entonces la pregunta es: ¿Cuánto de eso se implementará? Eso lo sabremos en los próximos meses porque todavía es muy pronto para decir que la conflictividad social en el país ha disminuido. ¿Habrá la capacidad necesaria para poder implementar todo lo ofrecido?

Marco Arana, conocido crítico a la actividad minera y líder de “Tierra y Libertad”, opina sobre las primeras medidas del nuevo gobierno nacional y el trabajo que viene desarrollando el gobierno regional de Cajamarca. Además habla sobre dos proyectos claves para Minera Yanacocha: Minas Conga y Cerro Quilish.

CHRIStIAN REYNOSO

Hay que tener en cuenta que este es un gobierno que no ha llegado con el respaldo y la legitimidad política para hacer todos los cambios que ha dicho. En principio hay un problema de equilibrio de poderes sobre todo con los grupos empresariales. Por ejemplo, el hecho de que se promulgue la Ley de Consulta y que luego Roque Benavides diga que las comunidades “no existen” o “no tienen derecho” o que diga que ya permitieron la Ley de Consulta, el gravamen y ahora esperan que el gobierno sea su mejor aliado. Entonces, ¿qué implica eso? Un segundo tema es, de capacidades. ¿Hay el personal técnico y político para introducir reformas de este tamaño? ¿Cómo se van a hacer? ¿Quién tiene la potestad de hacerlo? En ese sentido, podría haber

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Entrevista

“Santos debe retomar su liderazgo y no verse opacado por el vicepresidente Aliaga como ha sucedido en varias oportunidades” un problema de competencias ministeriales y profesionales. Cajamarca es una región con muchos conflictos socio ambientales. ¿Qué evaluación tiene del trabajo del Gobierno Regional en los procesos de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT)? En la gestión de Gregorio Santos hay dos momentos. El primero está marcado por la afirmación de continuar con las políticas que implementó el gobierno regional anterior en materia ambiental y en la gestión de la gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA). Fue una excelente señal. También fue bueno que intentara liderar esos procesos no sólo en la región sino a nivel macro regional y nacional como cuando salió a defender su proceso de ZEE y OT que el ex Ministro Brack intentó recortar. Sin embargo, en un segundo momento, hay una presión de las empresas en relación a que esos procesos podrían limitar la expansión minera en la región, y al mismo tiempo se produce

presión desde las comunidades que le piden que se pronuncie sobre proyectos concretos como el caso de Pulán, donde finalmente, logran arrancarle una declaración de protección de cabeceras de cuenca en relación al Proyecto La Zanja, pese a no haber terminado el proceso de OT. ¿Cómo ha actuado el gobierno regional en medio de estas presiones? Por un lado tiene competencias propias y un proceso de OT en curso, y de otro lado tiene limitaciones en sus competencias con respecto a la ley nacional. Entonces para salir del paso dice: “Nosotros no tenemos competencias”, que en términos jurídicosadministrativos es cierto pero hay que recordar que Santos tiene un respaldo popular y su anclaje es el movimiento campesino, las rondas, los Frentes de Defensa, entonces es el momento en que se desengancha de esa dinámica y comienzan a dar señales erróneas. Esto está generando una tensión innecesaria porque está menoscabando su legitimidad. En ese sentido, Santos debe retomar su liderazgo y no verse opacado por el vicepresidente Aliaga como ha sucedido en varias oportunidades, porque no asumió las decisiones que le tocaban como presidente. Las conmemoraciones por los siete años de las movilizaciones en contra de la explotación del Cerro Quilish trajeron algunas sorpresas como las denuncias de desaparición de lagunas por parte de Minera Yanacocha.

Este año a diferencia de los anteriores ha habido mayor participación de la gente. Es importante porque se ha vuelto a poner en primera plana el tema del derecho al agua y la minería en Cajamarca. Se ha visibilizado la destrucción de las fuentes de agua, se ha verificado que Cajamarca ya no se abastece de fuentes naturales sino de aguas tratadas y bombeadas, que generan un terrible sobrecosto que nos hace preguntarnos: ¿Quién lo está pagando y qué pasará cuando se deje de bombear? Preguntas y cuestionamientos que han llevado a la renuncia del directorio de SEDACAJ porque además han salido a la luz tratos oscuros entre esta empresa y Minera Yanacocha. ¿Es viable el proyecto Minas Conga tal como señala Minera Yanacocha? Minas Conga está en la cabecera de cuenca y necesita mucha agua, mientras que los pobladores que serían afectados están exigiendo la prohibición de la actividad minera, de modo que Minas Conga va a ser el nuevo espacio del conflicto socio ambiental en Cajamarca. Sería interesante que el gobierno nacional emita su opinión, en qué condiciones está esperando que Conga prospere o en qué condiciones debería ser revisado el proyecto porque es muy preocupante. A través de la plataforma interinstitucional de Celendín que agrupa a más de cuarenta instituciones, se supo que la audiencia donde se aprobó el EIA había restringido la participación ciudadana, asimismo que no se realizaron estudios

Laguna Azul en Celendín se encuentra amenazada de desaparecer con las actividades mineras del Proyecto Minas Conga.

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OPINIÓN

hidrogeológicos o que iban a ser presentados tres años después, también que se iban a destruir tres lagunas, que el director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el EIA fue ex gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Yanacocha. Es decir, una serie de cosas que hacen que este proyecto no goce de legitimidad. Por ello, esperamos que pueda ser revisado por las instancias correspondientes. ¿Qué papel han venido desarrollando los congresistas de Cajamarca en estos temas? Está claro que Jorge Rimarachín tiene una sintonía con los Frentes Regionales y sus demandas. El congresista Mesías Guevara ha presentado algunas iniciativas en relación al Quilish y los temas forestales y de reserva. Joaquín Ramirez ha sorprendido gratamente presentando un proyecto de ley para la intangibilidad del Quilish. La congresista Chacón brillando por su ausencia, y como sabemos haciendo lobby en Lima respecto a las empresas mineras. Mientras que de los congresistas Segundo Tapia y Cristóbal Llatas se conoce poco. Has sido blanco de un atentado en Huancabamba, Piura. ¿Cree que es un hecho fortuito o parte de una estrategia en contra de los críticos a la minería? Hay que admitir que desde que la actividad minera se ha instalado en el norte del país, hay un sector de la población que siente que tiene que respaldar esa actividad, que es legítimo. Y por otro lado, hay sectores mayoritarios que no quieren expansión de la minería o ninguna minería como en Huancabamba. Allí, entre estas dos posiciones surge un conflicto. Entonces me preocupa que haya una profundización de las estrategias de las mineras para enfrentarse ya no sólo socialmente sino delictivamente a la población, es decir, una especie de terrorismo minero.

TENDIENDO PUENTES

Los siete retos para una minería responsable RICARDO MOREL

on el ingreso de las nuevas el país nace de una mala distribuautoridades en el Ejecutivo y ción de los beneficios que traen Legislativo, encontramos valos proyectos mineros. Desde torios temas en la agenda minera que dos los actores debemos promover deben ser encarados y trabajados que éstos lleguen a los primeros de manera participativa por todos anillos cercanos a los proyectos y los actores: Gobierno, sociedad civil asegurarnos que las poblaciones y empresa. En el Instituto de Desalos reciban y perciban. rrollo Social los hemos denominado “Siete retos para una minería res- 5. Monitoreo socio ambiental: Así ponsable” y son los siguientes: como ya es práctica común el monitoreo ambiental, debemos 1. Consulta Previa: Ley recienteincorporar el seguimiento a los mente promulgada. Hay gran compromisos y temas sociales discusión alrededor de ella, socomo parte del trabajo de todos bre todo sobre si es “vinculante”, los actores, reduciendo así las caucuando en realidad la práctica nos sas de conflictos. enseña que ya es hora de hablar de “licencia social”, término que 6. Estudios de Impacto Ambiental: va más allá de la consulta y que Que deben pasar de ser un mero y de hecho es vinculante, pues si no costoso trámite para obtener la lise consigue apoyo social para un cencia en el ministerio a un proceproyecto, éste resulta inviable. so participativo, que pueda servir como una verdadera herramienta 2. Concesiones: Si bien el trabajo de gestión y permita la constructécnico que realiza el INGEMción de capital social desde los MET es muy bueno, existen perinicios del proyecto. cepciones sobre la superposición de las concesiones con terrenos 7. Gestión descentralizada del conagrícolas, plazas e iglesias. Es preflicto: Donde, desde la Presidenferible hacer un alto y replantear cia del Consejo de Ministros se el tema para evitar más conflictos. establezca la estrategia nacional y los conflictos se trabajen a nivel 3. Zonificación Económica Ecológica regional, actuando preventivay Ordenamiento Territorial: Promente y con conocimiento de la ceso clave que debe ser trabajado realidad de cada zona; logrando por todos los actores con criterios pensar globalmente y actuar localtécnicos y no con el ánimo de vetar mente. actividades, sino con el de promover un real mejor uso del territorio. Todos estos retos deben asumirse, además, en un marco de 4. Distribución de beneficios: La legitimidad, legalidad, sostenibilimayor parte de los conflictos en dad y viabilidad.

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LOCAL

El nuevo Hospital Regional y los médicos cubanos Posiciones encontradas Sin embargo, al parecer no todos estarían contentos. Diversas opiniones de trabajadores de la salud en Cajamarca, por un lado, destacan la importancia para nuestra región de la construcción del nuevo hospital que servirá para que mucha gente sea atendida sin tener que dirigirse a otros lugares, como viene sucediendo. “No podemos ponernos en contra de algo que es beneficioso para todos nosotros. Este nuevo hospital tiene equipos de última generación, entonces también queremos médicos buenos como los que el presidente regional piensa traer de Cuba”, indicó Olinda Cabellos, técnica en enfermería.

Han pasado casi dos años desde que el ex presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel recibiera las escrituras del terreno de 5,551 hectáreas, para la construcción del nuevo Hospital Regional de Cajamarca con un área construida de 22,567 metros cuadrados y una inversión de 100 millones de soles financiada por el Gobierno Regional y la empresa privada. JUAN ARRIBASPLAtA

ontinuando con la obra, el nuevo presidente regional, Gregorio Santos se comprometió a terminar la infraestructura. Asimismo, inició el equipamiento de los diversos ambientes con aparatos médicos de última generación, ya que según el expediente técnico el Hospital está considerado en la categoría A-3. Con todo ello se estima que funcionará a más tardar a partir del mes de noviembre próximo. Así, en adelante funcionarán tanto el nuevo hospital como el antiguo Hospital Regional de Salud.

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En julio pasado, Santos y sus directores regionales de Salud y Educación viajaron a Cuba. En reunión con el Ministro de Salud y el responsable de Salud para América Latina, de dicho país, se firmaron importantes acuerdos entre ellos, que 10 médicos cubanos vengan a trabajar a Cajamarca. Además se precisó que existen más de 50 médicos peruanos formados en Cuba dispuestos a trabajar en el nuevo hospital. Santos también se preocupó en decir que nadie se quedaría sin trabajo.

Por otro lado, están las opiniones que expresan el desacuerdo de la ubicación del nuevo hospital, ya que resultará costoso trasladarse hasta dicho lugar. El hospital está ubicado en la urbanización Los Eucaliptos, en la zona de Mollepampa, a aproximadamente 15 a 20 minutos del centro de la ciudad. “Es una zona muy alejada y muchas de las personas que trabajan en salud no ganan lo suficiente para poder pagarse los pasajes hasta allí, en taxi todos los días, ya no saldrá a cuenta”, dijo otra técnica en enfermería, Gladis Villatty, además de cuestionar las obras inconclusas del acceso al hospital. Ante ello, el director del Hospital Regional de Salud, Armando Alfaro Bazán, informó a Voces que se ha venido gestionando con la Municipalidad Provincial de Cajamarca la pavimentación de las principales calles que comunicarán al nuevo nosocomio. “Es competencia de la municipalidad as-

OPINIÓN

Sabe que … El nuevo Hospital Regional de Cajamarca contará con servicios de consultoría externa, emergencias, laboratorio clínico y emergencias, medicina física y rehabilitación, centro obstétrico y quirúrgico. Tendrá las especialidades de ginecología pediatría, obstetricia, odontología, dermatología, entre otras. Contará con 185 camas, 5 salas quirúrgicas, 5 salas de partos y 48 consultorios. faltar las calles para el acceso al nuevo hospital y realizar los trabajos de desagüe para así empezar a trabajar”, ha dicho.

Paro de salud Por estos motivos, el personal de salud realizó un paro el día 7 de septiembre, exigiendo la nivelación de sus incentivos laborales para poder trasladarse a la zona del nuevo hospital. Demanda que aún no tiene respuesta de parte de las autoridades encargadas. Pedro Pablo Vigo Limay, trabajador administrativo del Hospital Regional y ex candidato a la alcaldía por Cajamarca, señala que traer médicos cubanos es un insulto al profesional peruano. “El médico peruano es muy competitivo no solamente en el Perú sino en el extranjero y está muy bien capacitado para desempeñarse en cualquier parte del mundo”, dijo. También mencionó que mantener el nuevo hospital será muy caro y que una consulta médica costaría un promedio de 20 soles, en comparación a los que cuesta en el antiguo hospital que sólo es de 5 soles. Ciertamente el precio de la consulta lo determinan las autoridades del sector a través de una resolución mientras que es el Gobierno Regional quien tiene las facultades para la contratación de personal calificado.

A OJO DE PÁJARO

Internet, la red social y twitter MIGUEL GARNETT

l día 31 de julio, en La República, se publicó un artículo de Mario Vargas Llosa titulado “Más información, menos conocimiento”. Fue una reflexión sobre el uso del internet y el desuso de la lectura de libros. Claro está, el internet nos trae beneficios indiscutibles y don Mario pregunta: “¿Quién podría negar que es un avance casi milagroso que, ahora, en pocos segundos, haciendo un pequeño clic con el ratón, un internauta recibe una información que hace pocos años le exigía semanas o meses de consultas en bibliotecas y a especialistas?” Este es el aspecto positivo del internet, y de otros medios contemporáneos de comunicación. Lamentablemente, hay lo negativo. Se deja de lado el uso activo del cerebro. “¿Para qué mantener fresca y activa la memoria si toda ella está almacenada en algo que se ha llamado ‘la mejor y más grande biblioteca del mundo’?” Sin embargo, parece que está comprobado que el picotear en la computadora para extraer información va destruyendo la capacidad del cerebro de concentrarse, de pensar y de “construir estructuras estables de conocimientos”. Entonces, sucede con el cerebro lo que pasa con los músculos cuando no los usamos. Se atrofia. Venimos a depender más y más de una ayuda externa, sea para movilizarnos físicamente o para

pensar; y, “cuanto más inteligente sea nuestro ordenador (computadora), más tontos seremos”. Cabe notar que la falta de lectura no es sólo un problema peruano: durante los disturbios en Londres hace un mes, los saqueadores asaltaron tiendas de artefactos eléctricos y de ropa, pero no tocaron las librerías. Detrás de todo esto hay la idea de que la lectura es sólo para extraer información. No se lee por el placer de hacerlo o para enriquecerse intelectual y culturalmente. Como sucede con la alimentación física; para mucha gente, la única importancia de la comida es que sirve de combustible. Entonces, lo más práctico es la comida de chatarra, servida en platos descartables, que se puede consumir caminando por la calle y conversando por celular ¡Cuán diferente es gozar de una buena comida, servida en porcelana, en un ambiente apacible y civilizado para sostener una conversación interesante e intercambio de ideas! He hecho una referencia a los disturbios en Londres y éstos han revelado otro aspecto negativo de la red social y twitter. Ellos sirvieron para propagar noticias veloces de las revueltas y para animar a que las hagan en otros lugares. La maldad se extendió literalmente como un incendio incontrolable.

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LECTURAS RECOMENDADAS

Protesta social y libertad de expresión

Conflictos electorales

a ONPE ha publicado un valioso estudio sobre los conflictos electorales registrados en el ámbito local en el 2006. El primer capítulo define este tipo de conflicto; el siguiente es un análisis cuantitativo que intenta descubrir asociaciones estadísticas de este fenómeno con algunas variables estructurales y asimismo plantea sus posibles causas, mientras que el tercer capítulo revisa cinco casos en los que se realiza un análisis causal del fenómeno desde una perspectiva cualitativa.

LEONIDAS RAMOS

n estos tiempos, Latinoamérica se caracteriza por la gran cantidad de protestas sociales, que se dan, en los diversos países que la conforman. Desde México hasta Chile, ecologistas, defensores de derechos humanos, feministas, etcétera, han realizado acciones de protesta utilizando las más variadas formas como los cacerolazos, la caminata o la movilización. La respuesta estatal ha sido la criminalización, afectando de esta manera la libertad de expresión, valor fundamental en sociedades que se precian de ser democráticas y, en varios casos, la estigmatización de quienes lideran las mismas, de parte de los medios de comunicación hegemónicos. Esta es la trama argumental que articula el conjunto de artículos escritos por profesionales dedicados a la comunicación social en 17 países latinoamericanos, reunidos en el texto “Vamos a portarnos mal”, Protesta social y libertad de expresión en América Latina, editado por Eleonora Rabinovich, Ana Magrini y Omar Rincón y publicado por el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina Frierich Ebert Stitung.

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Uno de los artículos “Mucha protesta, pocos cambios” escrito por Javier Torres Seoane, director de Noticias SER, versa sobre las dinámicas de la protesta en el Perú. Según plantea el autor, los más importantes movimientos sociales en los últimos años han sido el indígena amazónico, el de las poblaciones afectadas por la minería y los proyectos energéticos, y el movimiento cocalero. Frente a éstos, Torres sostiene que los grandes medios de comunicación han respondido con campañas de demolición mediante las cuales se han estigmatizado estas formas de acción social, mientras que el gobierno –principalmente en la segunda gestión de Alan García– tomó represalias contra las las organizaciones que apoyaron a los movilizados, además de cerrar medios de comunicación local que informaron sobre las protestas, asimismo intentó expulsar del país a misioneros extranjeros afines a las poblaciones afectadas, todo ello como parte del discurso conocido como “El perro del hortelano”. “Vamos a portarnos mal” Protesta Social y libertad de expresión en América Latina. Friedeich Ebert Stiftung Bogotá, 2011. 344 pp.

En cuanto a Cajamarca, esta es la región que más conflictos electorales registra con un número de 30 durante el 2006. Uno de estos casos, analizado en el libro se desarrolló en el distrito de Namora, donde varios partidos y sus militantes violentaron los centros de votación y quemaron material electoral en protesta por la posible elección del candidato por Acción Popular, José Briones Dávila.

Conflictos electorales en el ámbito local Estudio de las acciones violentas y elaboración de un mapa nacional. ONPE. Lima 2010. 136 pp.

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