Revista Voces N° 40 by Noticias SER

VOCES: 6 años informando a la región

Nº 40-41

Cajamarca

Junio 2012

Precio S/1.00

Cajamarca movilizada Ante la incapacidad del gobierno nacional para resolver el conflicto Conga, las posiciones a favor y en contra se expresan en las calles

Asociación SER presenta: Guías y cartillas en gestión municipal y participación ciudadana

GUÍA TECNICA PARA EQUIPOS MUNICIPALES Identificación y priorización de problemas y resultados en el Presupuesto Participativo

GUÍA OPERATIVA Cartilla para la Vigilancia Ciudadana – Conformación e implementación de Comités de Vigilancia

CARTILLA OPERATIVA ¿Cómo elaborar proyectos de inversión pública en marco del SNIP?

CARTILLA TÉCNICA Guía básica de Gestión Municipal

INFORMES:

Asociación SER

Cajamarca: Tel.: (076) 368710 Lima: Tel.: (01) 472-7937 E-mail: postmaster@ser.org.pe

EDITORIAL

l escenario actual de Cajamarca se presenta tan polarizado como en el último proceso electoral que se vivió en esta región. En un extremo, están quienes se encuentran a favor de la inversión minera sin proponer cambios en el sector; y en el otro, quienes están en contra de ella o exigen reformas sustanciales. Esta simplificación de posturas impide un diálogo abierto y democrático, en donde las partes respeten los distintos argumentos. Ollanta Humala capitalizó las expectativas de cambio y reformas pero éstas no son nuevas, son anteriores incluso a la elección de Alejandro Toledo y Alan García con su promesa de “Cambio responsable”. En un país en el que los llamados conflictos socio ambientales han marcado el escenario político durante los últimos años, las demandas de miles de ciudadanas y ciudadanos que reclaman nuevas reglas de juego para las actividades extractivas, deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por el gobierno, ya que expresan un enorme descontento y muestran el agotamiento de la actual política minera y su institucionalidad. Si bien la minería es una actividad económica central por el peso que tiene en la economía nacional, promoverla debería ser tan importante como crear las condiciones que la hagan viable tanto ambiental como socialmente. Para esto se requieren reformas que permitan que el Estado cuente con autonomía e instancias con capacidad real de monitoreo y fiscalización del cumplimiento de condiciones y estándares ambientales. Además, la política minera debe estar acompañada de otras políticas como el Ordenamiento Territorial. Conflictos como el de Espinar en Cusco o el de Cajamarca, sólo se explican en parte, por la profunda desconfianza en el Estado, percibido como ausente o, en su defecto, como “defensor” de la empresa minera en lugar de garantizar los derechos ciudadanos.

Cajamarca Junio 2012 Nro. 40-41 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman

Comité editorial María Luisa Burneo Ronald Ordóñez Aldo Santos Director Javier Torres Seoane Editor Christian Reynoso

Reporteros Juan Arribasplata Leonidas Ramos Columnistas Mirtha Vásquez Miguel Garnett Fernando Romero Ricardo Morel Fotografia Asociación SER

Ante este descuido, son los actores locales los que tratan de canalizar las demandas de la población, como denuncias por contaminación ambiental, incumplimiento de promesas y un variado abanico de expectativas que genera la minería. En este proceso, muchas dudas se convierten como parte del sentido común en verdades –la minería contamina”, “la minería mata”–, sin que, en algunos casos, existan pruebas para sustentar tales afirmaciones. Ante el vacío de información y comunicación, que es responsabilidad estatal y no sólo de las empresas, el margen para que las dudas y la desconfianza aumenten, por supuesto, que es más grande. En este contexto llegamos a Cajamarca que se halla en medio de marchas y paros que, por un lado, ratifican la posición de un sector mayoritario que exige se declare la inviabilidad del proyecto minero Conga y, por otro, que reclaman, aunque tímidamente, la viabilidad del mismo. Ante esta situación, el Gobierno Regional de Cajamarca, ha optado por asumir la representación de la ciudadanía pero viene descuidando su rol gestor del desarrollo, dejando que la antagónica discusión de “Conga va” y “Conga no va”, siga siendo la única discusión central en nuestra región. En un espacio así, ausente de diálogo, en Voces nos preguntamos: ¿Qué es lo que pierde o gana Cajamarca si el proyecto Conga se declara viable o inviable? ¿Qué propuesta alternativa de desarrollo se plantea para Cajamarca, más allá del proyecto Conga? Se habla de la agricultura o la producción pecuaria y del agua como recurso central para el desarrollo de ambas. Asimismo, se señala que la minería podría dinamizar dichos sectores, aunque hasta el momento desde ninguna de las posiciones se ha avanzado en decir cómo es que dichas propuestas serán viables para impulsar el avance de la región.

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Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

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ENTREVISTA POLÍTICA

“La evaluación de impacto ambiental no puede ser entendida como un mero trámite” Después de la presentación del peritaje al EIA de Conga, ¿se puede decir que se ha ingresado a un nuevo momento del conflicto? Ha sido relevante que se anuncien condiciones para el cambio en la minería que aseguren los derechos básicos, que permitan que las actividades extractivas no afecten las fuentes de agua y que las actividades generen condiciones para que la inversión asegure una mayor disponibilidad, acceso y calidad del agua. De otro lado, se apunta a que el agua sea un derecho humano fundamental y que el Estado pueda asegurarlo a través de inversiones, fiscalización y promoción de mecanismos de participación. A partir de las nuevas condiciones planteadas por el Presidente, ¿qué propone el Ministerio del Ambiente (MINAM)?

Mariano Castro, vice ministro de Gestión Ambiental, da a conocer la mirada del Ministerio del Ambiente en relación al proyecto Conga y la nueva política de la minería en nuestro país. Asimismo, habla sobre los proyectos de desarrollo ofrecidos a Cajamarca en medio del conflicto. ALDO SaNTOs – CHRIsTIaN REYNOsO

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En el MINAM, en lo que se refiere a la regulación ambiental, se ha planteado que la política ambiental minera sea actualizada e incorpore los desafíos que implica la proyección de inversiones en el sector. También que atienda los pasivos ambientales de la antigua minería. Por otro lado, que la reglamentación sea actualizada, considerando que la realidad de hoy es diferente a la que dio lugar a la regulación ambiental minera en los inicios de los noventas. ¿Qué rol deben jugar los EIAs en este nuevo marco?

ENTREVISTA POLÍTICA

La evaluación de impacto ambiental no puede ser entendida como un mero trámite o requisito, sin mayor influencia en el diseño de los proyectos. Debe contribuir a encontrar la mejor alternativa y, junto con ello, incluirse cambios en el cómo se hace, quién lo hace y quién lo revisa. La fiscalización ya está en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del MINAM. Por ello, una de las opciones es que el MINAM se haga cargo de la revisión de los EIAs.

se ha propuesto ampliar el diálogo que debe realizarse con todos los sectores y reducir las incertidumbres e inquietudes que tiene la población, que está cansada de cierta situación donde los anuncios o no son concretados o no son suficientes para reducir la afectación de sus derechos.

¿Cómo se ubican en este nuevo contexto los procesos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)?

Claro. Son proyectos que están en marcha. Ya están inclusive en el SNIP y con asignación de recursos específicos y no están condicionados a nada. Son carencias concretas que deben ser atendidas desde hace mucho tiempo. Además debe pensarse cómo se articulan con las actividades locales económicas y con las condiciones de convivencia respecto a las actividades extractivas.

Los criterios, procedimientos y responsabilidades en relación a la ZEE están normados desde el 2003, en un reglamento nacional que además establece los lineamientos metodológicos. Es cierto, en el camino han aparecido algunas visiones que no coinciden con lo que está previsto política y normativamente. Ello, obliga a realizar acciones informativas y de capacitación con la finalidad de hacer entender que la ZEE apunta a orientar procesos de desarrollo y establecer niveles de exigencia pero no de exclusión. Lo primero significa que si hay determinados tipos de actividades y determinadas vocaciones sociales y ambientales en el territorio, estas puedan compatibilizarse estableciendo niveles de exigencia. La ZEE en ningún caso y en ningún país está prevista como un mecanismo de exclusión pero no es un proceso simple. Requiere de mayor inversión, capacitación e información para que tenga sentido.

El plan de desarrollo que se ha planteado para Cajamarca, ¿será implementado así el proyecto Conga no se desarrolle?

¿Qué pasaría en el Perú si Conga va o no va, y en relación al modelo de la minería en nuestro país? Ha habido varias señales, por un lado Newmont y por otro Yanacocha que están en plena evaluación. Lo que

Lo que buscan las condiciones planteadas por el Presidente es establecer un mejor modelo de la minería en el Perú. buscan las condiciones planteadas por el Presidente es establecer un mejor modelo de la minería en el Perú. En el futuro, los proyectos que vengan, requerirán de una mirada más estratégica, de tal manera que haya un conjunto de inversiones concretas que atiendan las brechas sociales antes de realizar la actividad. Allí, la relación entre el Estado en sus diversos niveles y los inversionistas es fundamental y tiene que ser anticipada porque cuando es post, nos encontramos en situaciones como la de ahora. Entonces, yo diría que esperemos la respuesta y que esto sirva como referente para lo que serán las condiciones de la nueva minería en el Perú.

¿Bastará con los proyectos que el gobierno nacional ha prometido para Cajamarca para que se logre cambiar la consigna: “Conga no va”? Hay la necesidad de demostrar que el Estado es garante de derechos y que, a partir del mensaje presidencial, se han señalado condiciones para la nueva minería, para el proyecto Conga y para el desarrollo de Cajamarca. Sobre la base de esos tres ejes es que

20 de abril 2012. Palacio de Gobierno. El Presidente Ollanta Humala, acompañado del primer ministro y los ministros de Medio Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Vivienda y Construcción, da su mensaje sobre el proyecto minero Conga.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Ronderos cajamarquinos en la zona de la laguna Azul.

Conga: ¿Quién soluciona el conflicto?

ALDO SaNTOs – RONaLD ORDÓÑEZ

Un balance desde la óptica del sector movilizado en el conflicto por el proyecto Conga, podría decir que éste propició la caída del gabinete presidido por Salomón Lerner y aceleró el desgaste del gabinete actual, aunque los conflictos en el VRAE y en Espinar fueron determinantes también. Desde esta mirada se trata entonces de un movimiento que ha acumulado varias victorias políticas. Las marchas iniciadas en noviembre pasado, la llamada Marcha del Agua y las diversas muestras de respaldo que ha recibido este sector, terminaron alineando a la oposición de izquierda en contra del gobierno, cuya agenda central es la lucha contra el extractivismo.

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anto Patria Roja, el Etnocacerismo, así como los Frentes de Defensa o las Rondas Campesinas de diversos lugares del país han demostrado que pueden olvidar sus diferencias –aunque local y coyunturalmente– durante los conflictos. Tal y como se ha notado en ejemplos como la alianza entre Marco Arana y Gregorio Santos y en dirigentes como Wilfredo Saavedra, Alberto Pizango, Magdiel Carrión o Ricardo Noriega que hoy participan de espacios comunes.

OPINIÓN

Nos parece desproporcionado que se señale que el sector movilizado esté montando un gran “complot” nacional en contra del gobierno. No obstante, nos parece desproporcionado que se señale que el sector movilizado esté montando un gran “complot” nacional en contra del gobierno, denunciando que se trata de una campaña para bloquear las inversiones y que hay una conexión entre las protestas. Aunque éstas aprovechan la coyuntura que inauguró la protesta en contra del proyecto Conga, afirmar que existe una articulación planificada entre estos sectores, nos parece una exageración. En un país tan fragmentado como el Perú, dicha articulación parece más un deseo o temor infundado, que una realidad.

Los “nuevos” actores del conflicto en Cajamarca Si bien el sector que ha tenido mayor visibilidad ha sido aquel que se opone al proyecto minero Conga, hay que anotar que para otro grupo de la población, el momento que vive Cajamarca y el país es importante, porque consideran a las inversiones, principalmente en industrias extractivas, como uno de los ejes del desarrollo nacional, teniendo en cuenta el crecimiento de los principales centros urbanos del país (aunque si nos trasladamos a las zonas rurales, la percepción es otra: poco atendidos y sin presencia efectiva del propio Estado) Precisamente, este grupo se ha visibilizado en Cajamarca añadiendo una nueva arista al conflicto1. Hasta el año pasado un solitario Jorge Vergara, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, se mostraba como el único opositor a las protestas, mientras que

OJOS ABIERTOS

Que no se pierda lo aprendido FERNANDO ROMERO

n el momento de escribir esta columna han muerto por lo menos dos personas en Espinar y el gobierno ha declarado en Estado de Emergencia dicha provincia cusqueña. Hechos lamentables que no debieron ocurrir en la medida que se sabía, desde hace varios meses atrás, que las organizaciones y las autoridades locales venían elaborando y proponiendo una modificación al convenio establecido con la empresa Xstrata Tintaya, y que la negociación entre las partes no iba a ser fácil. Este convenio y la Mesa de Diálogo han sido un ejemplo de lo que se puede lograr si existe disposición del sector privado, las comunidades, organizaciones y las autoridades locales para ponerse de acuerdo. A tal punto que los sectores más duros y fanatizados del empresariado minero y de la dirigencia social, veían esta experiencia con malos ojos y, sin decirlo públicamente, deseaban que fracasara. La existencia de esa Mesa de Diálogo ha sido fruto de luchas y presiones ejercidas por las comunidades, en alianza con actores nacionales e internacionales, que lograron convencer a la empresa BHP Billiton, que era la que explotaba el yacimiento, que este acuerdo, además de ser legítimo, le brindaba a sus operaciones un clima de estabilidad. De esta manera y, a pesar de las vicisitudes,

la minería se integró a la vida de la provincia y los sectores opuestos a su presencia fueron minoritarios. ¿Esto ha cambiado? Pensamos que no. El grado de polarización al que se ha llegado no tiene que ver con la intención de erradicar la actividad minera. Más bien sería resultado de un proceso de negociación infructuoso entre Xstrata Tintaya y la provincia en la que estuvo ausente la mediación de un tercer actor confiable que facilitara el proceso y ayudara a acercar las posiciones. También las presiones que atraviesa el territorio espinarense y la alta sensibilidad existente sobre el uso de sus recursos naturales, en particular del agua. Finalmente, la actuación del gobierno nacional. Su infructuosa intervención en los meses recientes, muestran la gran sospecha existente respecto a su desempeño, sentimiento que se debe haber acentuado por la manera como viene tratando la protesta. El gobierno ha optado por el camino de la coerción. Esperamos que recapacite. Confiamos que quienes hicieron posible la Mesa de Diálogo, en las próximas semanas retomen esta orientación y establezcan los mecanismos necesarios para que la población tenga confianza en que la empresa es responsable con el ambiente y que la actividad minera aporta efectivamente al desarrollo de la provincia.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Con el defectuoso papel del gobierno, parecería que, una vez más, estamos a merced de la decisión final de Minera Yanacocha. ahora se han sumado otros personajes con importante presencia política en la región, agrupados en el “Colectivo por Cajamarca” y liderados por el ex alcalde provincial, ex congresista y ex candidato a la presidencia regional, Luis Guerrero Figueroa.

Lucho Guerrero, en mitin Por la paz y desarrollo de Cajamarca. Representa al sector que sí quiere inversión minera en Cajamarca.

Guerrero tuvo hasta hace algunos años el reconocimiento de un importante sector de la población; lo mismo que Absalón Vásquez, quien también se ha manifestado en contra de las protestas, apelando al “fujimorismo duro” que existe en la región. Vásquez parece haberse percatado de que este es un momento político importante en Cajamarca y así, con sus últimas apariciones, viene preparando su postulación a la presidencia regional el 2014.

Estos actores han capitalizado ciertas falencias de los líderes “antimineros” para posicionar su discurso, superando los intentos de gremios empresariales que desde años atrás buscaban colocarse al otro lado del conflicto, sin mucho éxito. La diferencia es que ahora, el gobierno nacional está brindando las facilidades para que este grupo se posicione. Se han sumado también los integrantes del Frente Regional, organización política ligada

Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, a la cabeza de las marchas que se desarrollan desde el 31 de mayo dentro del paro indefinido.

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al nacionalismo que ha empezado con una campaña, que tiene como plataforma de base el rechazo a la gestión de Gregorio Santos.

Pensando en el 2016 El anuncio de la confluencia de izquierdas que impulsa el Movimiento de Afirmación Social (MAS), a través del presidente regional Gregorio Santos, lo ubica como potencial candidato a las elecciones nacionales del 2016 y, aunque sea muy prematuro afirmarlo, existen voces en su entorno inmediato que lo miran desde esa perspectiva. Pero no es un buen momento para que Santos haga este tipo de insinuaciones por dos razones: El conflicto generó una alianza –quizá con tiempo de caducidad– con Marco Arana y otros aliados para fortalecer la movilización social y en este contexto, las apariciones políticas resultan contraproducentes y hasta pueden mellar la fuerza de las próximas acciones de lucha. Mientras que la segunda razón tiene que ver con el poco tino (¿a propósito?) de Santos para participar de este “acuerdo” político cuando la gestión regional muestra serias deficiencias. Por ejemplo, la agricultura que fue la propuesta emblemática para reemplazar al proyecto minero Conga y que paradó-

OPINIÓN

jicamente, según datos del MEF, representa poco menos del 2% de inversión en el gobierno regional de Cajamarca. Por otro lado, la gestión de Santos tiene a la Contraloría General de la República trabajando al interior del gobierno regional, la misma que ha hallado algunas irregularidades. Así, los rumores de una futura vacancia son cada vez más grandes, aunque ésta podría resultar siendo otra victoria política para Santos, ya que difícilmente podrá sostener su gestión solamente con la protesta. La ciudadanía pronto le demandará obras y el cumplimiento de las promesas que hizo durante la campaña. ¿Acaso ello no lo empuja a buscar su vacancia y aparecer como perseguido del gobierno? A la luz de las últimas apariciones de Santos y las reacciones que ha generado su pedido de salida del presidente Humala en el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación y un sector mayoritario de la prensa nacional, nos parece que ha ingresado por la puerta grande a la escena política nacional. Recordemos que candidatos como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, tuvieron un “recibimiento” similar y padecieron los ataques de un sector de la prensa, la clase política y los sectores conservadores del país. Es decir, una historia que parece reeditarse con Santos, quien seguramente seguirá dando de qué hablar los próximos años, aunque, como dijimos líneas arriba, las posibilidades de articulación de una izquierda todavía nos generen muchas dudas. Finalmente y volviendo al conflicto cajamarquino, nos seguimos preguntando: ¿Qué podría ocurrir en un escenario en el que el diálogo se ha convertido en imposible y las posiciones son extremas? Y ¿quién solucionará el conflicto por la (in)viablidad del proyecto minero? Con el defectuoso papel del gobierno, parecería que, una vez más, estamos a merced de la decisión final de Minera Yanacocha. 1

Para mayor referencia, ver artículo ¿Y si Conga no va? de Aldo Santos en NoticiasSER: http://www.noticiasser. pe/02/05/2012/cortina-de-humo/¿y-si-conga-no-va

CAVILANDO

Conga y la nueva agenda ambiental

i algo ganado existe hasta el momento con el conflicto Conga, es que ha servido para colocar en la agenda del país temas medulares para la discusión, ya que entre las posturas “Conga va” y “Conga no va” subyacen una serie de cuestiones que, a pesar de que hoy son vistas como causas del conflicto, pueden ser evaluadas de manera más proactiva como los nuevos temas de la agenda ambiental del Perú. La ejecución de un proyecto minero en cabecera de cuenca que implica la desaparición de las lagunas para ser convertidas en botaderos de desechos y en tajos; la realización de peritajes y estudios técnicos para contrastar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); la intervención del gobierno regional para emitir una ordenanza que pretendía la protección de las cabeceras de cuenca y la inviabilidad del proyecto; el fallo del Tribunal Constitucional que sentencia que los gobiernos regionales no son competentes para intervenir en determinados asuntos de minería y ambiente; y el mensaje a la nación del Presidente Humala que terminó diciendo que el proyecto se realizaría bajo nuevas condiciones; no son sino una evidencia de que hay temas de fondo que son urgentes de replantear. Por ello, Conga ha visibilizado los débiles y limitados instrumentos ambientales que tenemos en el país, específicamente el EIA, que es poco eficiente para determinar los impac-

MIRTHA VÁSQUEZ

tos ambientales de una actividad, además del deficiente mecanismo de elaboración, aprobación y control que existe sobre ellos. Por otro lado, con Conga se ha planteado una reforma al modelo de institucionalidad ambiental sectorizada que tenemos en el país. El gobierno tácitamente ha reconocido que la revisión y aprobación de los EIAs por el propio sector que impulsa la actividad, no funciona. El ejemplo, es que se dispuso que el EIA de Conga aprobado por el Ministerio de Energía y Minas sea vuelto a evaluar por el Ministerio del Ambiente, el cual antes del conflicto, estaba exceptuado de esta labor. Asimismo, el gobierno, en noviembre del 2010, en medio de la desesperación por sacar adelante Conga anunció la creación de una nueva comisión adscrita a la PCM, encargada del seguimiento, control y fiscalización de los EIAs. Finalmente, un aspecto que sin duda se ha puesto en tela de juicio con la Ordenanza 036 del Gobierno Regional de Cajamarca, es el tema de la gobernabilidad ambiental. Al margen de lo resuelto por el TC, la pregunta es: ¿Los gobiernos regionales deben ser excluidos de los asuntos de protección ambiental? Anexo a este tema, Conga replantea asuntos como la Zonificación Ecológica y Económica y el Ordenamiento Territorial; la eficiencia de los sistemas de fiscalización y normatividad ambiental y sus límites para la real protección del ambiente.

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DESARROLLO

¿Por qué Cajamarca no crece?

Hace algunos meses se publicó “Las barreras al crecimiento en Cajamarca”, un importante estudio acerca de la economía cajamarquina escrito por los reconocidos economistas Waldo Mendoza y José Gallardo, publicado por CIES y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, con el objetivo principal de explicar por qué la región Cajamarca presenta un estancamiento en su nivel de crecimiento económico en los últimos años. El presente informe está dirigido a presentar las principales ideas de dicho estudio y a conocer la opinión de diversos analistas y líderes cajamarquinos sobre el tema. LEONIDas RaMOs - JUaN ARRIBasPLaTa

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DESARROLLO

“Yanacocha no es responsable ni social ni ambientalmente, lo que ha hecho que las personas protesten”, indica José Pérez Mundaca, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.

Estancamiento económico Según Mendoza y Gallardo, el desarrollo económico de la región en los últimos cuarenta años puede ser divido en tres períodos. El primero, desde 1970 a 1992, donde la economía de Cajamarca permaneció estancada. El segundo, desde 1993 a 2004, como una etapa donde se registra un alto y continúo crecimiento económico. Finalmente, el período 2005 en adelante, donde se registra un nuevo estancamiento. ¿Qué razones explican esta situación? Para responder a esta pregunta los autores hicieron uso de un nuevo método de análisis causal económico denominado “método de diagnóstico del crecimiento económico” planteado por primera vez por los economistas Haussmann, Rodrick y Velasco. Este método permite identificar dentro de una serie de factores causales un conjunto de verdaderos “cuellos de botella”, entendidos como factores fundamentales y básicos que dinamizan la economía de una región. Los factores analizados por los estudiosos fueron las tasas de desempleo; el porcentaje de área de tierra cultivable disponible; los niveles de acceso a servicios básicos de telecomunicaciones, energía y saneamiento; la extensión y calidad de la infraestructura vial disponible; indicadores de salud, educación, competitividad, pobreza; niveles de capital humano, desarrollo de capacidades gerenciales; acceso al crédito formal; capacidades de las instituciones del Estado; niveles de conflicto social, corrupción y capacidad de creación de externalidades positivas. Dentro de todo este conjunto de factores causales de identificaron tres “cuellos de botella” del crecimiento económico, que son: La alta conflictividad social, el bajo desarrollo de una infraestructura vial de calidad, y las limitadas capacidades del sector público y la fragilidad de las instituciones en general. Un cuarto factor a considerar –aunque no propiamente un “cuello

de botella”–, según los autores, es el efecto causado por la emigración.

Conflictos sociales El principal origen del alto número de conflictos sociales que vive hoy Cajamarca son, según la investigación, las prácticas inadecuadas de la actividad minera, principalmente de la empresa Yanacocha. Estas malas prácticas, que tienen sus consecuencias hasta el día de hoy, han sido: La inadecuada transmisión de información a la ciudadanía, la ausencia de comunicación y consulta con la población y diferentes instancias de gobierno, la falta de

Humberto Caruajulca, decano del Colegio de Sociólogos de Cajamarca.

transparencia sobre la naturaleza de sus actividades, y las compras a bajo precio de las tierras. En la actualidad, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado, la existencia de seis conflictos socio ambientales activos y seis latentes en la región. Con respecto a este factor, el decano del Colegio de Sociólogos de Cajamarca, Humberto Caruajulca, menciona que es cierto que los conflictos sociales durante los últimos años han sido una barrera para el crecimiento económico de Cajamarca, pero que han sido necesarios para que el gobierno tenga en cuenta a la región, ya que es una de las

José Pérez Mundaca, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.

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DESARROLLO

“Es vergonzoso ver que Cajamarca se mantiene atrasada sin crecimiento económico y con los productos cada vez más caros”, sostiene el ex prefecto de Cajamarca, Miguel Celis Santa Cruz. que más aporta a la economía del Perú y que a pesar de ello existe pobreza en su población. “Más que un crecimiento tiene que haber un desarrollo en forma general, porque si hablamos de crecimiento económico los que más se han beneficiado son los grupos pequeños de capitalistas, más no ha llegado al resto de la mayoría de cajamarquinos, entonces ahí el gobierno debe realizar políticas de inclusión”.

marca se haga conocida a nivel mundial y que diversos organismos internacionales conozcan su realidad así como el propio gobierno pueda tener una visión más objetiva para tratar estos temas. “Por ejemplo son más de 18 años que la minería, especialmente Yanacocha, no es responsable ni social ni ambientalmente, lo que ha hecho que las personas protesten, además porque no han sentido que les ha llegado algún beneficio de esta actividad. No lo veo mucho como una barrera para el crecimiento económico, más bien los conflictos que se han dado últimamente son como una oportunidad para que la minería cumpla con lo que debe”, mencionó.

Déficit de infraestructura vial de calidad

Por su parte, el antropólogo José Pérez Mundaca, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca, sostiene que los conflictos mineros en Cajamarca, si bien es cierto han generado pérdidas económicas, también han hecho que Caja-

La región Cajamarca presenta dos graves problemas en cuanto a infraestructura vial. Por un lado, existe una escasa interconexión entre la región y los principales mercados ubicados en otras regiones; y por otro, las ciudades de Cajamarca no están conectadas. Por ejemplo, el viaje de Cajamarca a Jaén dura once horas, a San Ignacio, 13 horas. Esto porque de Cajamarca se debe ir a Chiclayo para luego recién ir a los siguientes destinos. Todo ello, complica el desarrollo de actividades como el comercio, la manufactura, el turismo, los servicios, el agro y la ganadería.

Ex prefecto de Cajamarca, Miguel Celis Santa Cruz.

Gustavo Amaya, ingeniero civil y gerente de Amal Construction.

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Este déficit es medido por los autores a través del índice de metros de asfaltado por habitantes. En un estudio que comprende 20 regiones del Perú, Cajamarca ocupa el penúltimo lugar con un índice de 0.3, frente a 2.5 del primer lugar ocupado por Moquegua. Con respecto a este factor, el ex prefecto de Cajamarca, Miguel Celis Santa Cruz, refiere que Cajamarca ha estado abandonada en cuanto a infraestructura vial y que, por ello, los productos agrícolas llegan con dificultades a otros mercados. Refiere que, cuando ocupó la prefectura en el gobierno de Alejandro Toledo, estuvo en agenda la mejora de las vías de comunicación para unir Cajamarca y generar su descentralización, pero que dicho trabajo no fue continuado por los gobiernos siguientes. “Es vergonzoso ver que Cajamarca se mantiene atrasada sin crecimiento económico y con los productos cada vez más caros porque no tenemos carreteras que nos unan internamente, esto es responsabilidad absoluta del gobierno regional”, declaró. Por su parte, Gustavo Amaya, ingeniero civil y gerente de la empresa Amal Construction S.A.C, que ha venido ejecutando importantes proyectos de infraestructura vial en la región, explica que los gobiernos regionales y locales en coordinación con el

Luis Céspedes, gerente general de la Cámara de Comercio de Cajamarca.

DESARROLLO

Las y los estudiantes cajamarquinos con alto nivel educativo terminan yéndose de Cajamarca hacia la costa o el extranjero.

gobierno central han descuidado mucho este tema, a pesar de contar con los recursos suficientes. “Se debería trabajar en forma conjunta un plan de desarrollo de integración vial, y si ya existe entonces no deberían descuidarlo“, añade.

Ausencia de capacidades en el gobierno El estudio también señala que un tercer factor limitativo es la ausencia de capacidades del gobierno en sus diferentes niveles (nacional, regional y local). Esta problemática se evidencia sobre todo en la incapacidad de las instituciones políticas de establecer un norte o un plan que oriente y coordine decisiones de los distintos agentes y que sea sostenible en el tiempo. Al respecto, el gerente general de la Cámara de Comercio de Cajamarca, Luis Céspedes, señala que es necesario reforzar las instituciones municipales y el gobierno regional con cuadros técnicos que sean capaces de elaborar políticas públicas con una visión de continuidad. “En los últimos 15 años muchos técnicos han sido capacitados y tienen mucho empoderamiento y conocimiento pero cuando llegan otras autoridades tienen que irse y todo lo avanzado regresa a cero”, indica.

Migración juvenil La migración en el caso de Cajamarca es un fenómeno que se da sobre todo en un sector de jóvenes con alto nivel educativo. Los autores, Mendoza y Gallardo, advierten que “la pérdida secular de población joven, educada, menos adversa al riesgo y emprendedora tiene un efecto sobre el crecimiento en el largo plazo por los problemas de crédito, tecnificación y capital humano que genera”. Según el ex decano de la facultad de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, Ángel Lozano Cabrera, la migración juvenil se da por la falta de oportunidades de empleo en cualquiera de los sectores económicos, por lo que se ven en la necesidad de generarse un sub empleo forzado, realizando actividades para las cuales no han sido preparados, por lo que tienen que migrar no sólo a las ciudades de la costa sino también al extranjero dejando un vacío para el desarrollo de la región. “Conozco casos de muy buenos profesionales que pudiendo contribuir para que Cajamarca se desarrolle trabajan en otras ciudades y en muchos casos ya no regresan”, dijo. Mientras que Luis Céspedes de la Cámara de Comercio, refiere que la

causa de la migración se debe a que los buenos profesionales no han encontrado oportunidades de trabajo para poder desarrollarse. “En las grandes corporaciones que hay en Cajamarca, no sólo las empresas mineras sino otras como Gloria, Nestlé, hemos visto que en los puestos de las gerencias generales no encontramos a profesionales cajamarquinos”.

El compromiso de los actores políticos En los últimos meses, sin lugar a dudas, el “cuello de botella” que más ha afectado a la economía cajamarquina está referido a los conflictos sociales al rededor del proyecto Conga y la actividad minera. Está claro que, un punto en medio de esta problemática, es mejorar la capacidad de diálogo de los actores políticos del gobierno nacional y regional, ya que hasta el momento no ha sido la más óptima. El primero, con un primer ministro que ha respondido con represión; y el segundo, sin mostrar voluntad para sentarse a conversar. Así, mientras no se logre superar ese primer “cuello de botella”, será todavía más difícil establecer una estrategia de aumento y mejoramiento de la infraestructura vial y proyectos en favor del crecimiento económico de Cajamarca.

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INFORME ESPECIAL

Un Estado atrapado en el modelo de concesión:

El caso del proyecto especial Olmos La frase popular que sintetiza este reportaje es “Nadie sabe para quién trabaja”. En el caso del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), la Concesionaria Trasvase Olmos y H2 Olmos -ambas empresas de la brasileña Odebrecht- se beneficiaron de decisiones tomadas por el Gobierno Regional de Lambayeque -a través del PEOT, la oficina que administra el proyecto-, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión. JacQUELINE FOWKs

esde 2004, cuando Odebrecht quedó como único postor en el concurso internacional para dar la concesión –y en lo que va de ejecución del proyecto– es difícil notar el beneficio que deja el proyecto (de trasvase, irrigación y venta de tierras) a Lambayeque y al Estado peruano. El ‘interés nacional’ 1 resulta carente en este caso –y en otros bajo el modelo de concesiones–. Pese a que la obra de construcción del túnel para el trasvase de las aguas del río Huancabamba (Piura) sufrió demoras, Odebrecht no fue

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sancionada, el hecho ha sido criticado por profesionales lambayecanos entrevistados para este texto, incluso porque el PEOT ha reconocido que le pagará un monto adicional por los meses en los que la empresa indica que sufrió un perjuicio debido a la paralización de la obra. No hay pruebas de que la concesionaria haya cometido prácticas irregulares o ilegales, pero altas autoridades políticas, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y el actual, favorecieron a la empresa concesionaria en desmedro de los intereses del Estado peruano.

INFORME ESPECIAL

El proyecto Olmos es un antiguo sueño de Lambayeque. El plan comprendía obras de trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico al Pacífico, la construcción de dos hidroeléctricas, obras de riego por tuberías y la construcción del hidráulico de Tabaconas. Dado que con fondos del Tesoro Público no se avanzó en 20 años más que seis kilómetros de túnel, en 2004 el proyecto fue dividido en fases: para la primera convocó a un concurso internacional para la construcción de la represa Limón y del túnel Trasandino. Pese a que varias empresas compraron las bases para el concurso, al final la única postora fue Odebrecht y el contrato de iniciativa privada fue firmado con la empresa brasileña2. La concesión es por 25 años. El proyecto de irrigación se realiza sobre 38,000 hectáreas de tierras cedidas por el Gobierno Regional de Lambayeque y que H2 Olmos (Odebrecht) dispuso poner a subasta pública para agenciarse de los fondos para las obras de irrigación. Un fideicomiso debe administrar dicho dinero. La primera subasta se realizó en el 2011 –la empresa Gloria fue la principal compradora– y el 9 de marzo 2012 debe realizarse la segunda. En dichas subastas sólo pueden participar grandes empresas debido a la extensión de los terrenos subastados.La concesión es a 25 años, dos años de obras y 23 años de operación3. Sindicato Energético SA4 (Sinersa)5 ganó la concesión temporal para el proyecto hidroeléctrico. La empresa es peruana y cuenta con directivos y funcionarios croatas y serbios. Uno de sus empleados ha prestado servicios a Odebrecht como supervisor en el proyecto Olmos y a la vez participó en la comisión evaluadora de las propuestas que recibió ProInversión para este proyecto6. El total de la inversión del proyecto Olmos asciende a US $ 184’841,485.387, de los cuales el concedente, es decir el Estado aporta inicialmente 77 millones y la empresa, el resto. Proyecto de irrigación Olmos en Lambayeque.

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Represa El limón en Cajamarca.

El total de la inversión del proyecto Olmos asciende a US $ 184’841,485.38 En contraposición, tanto el gerente del PEOT, Francisco Gayoso (ver entrevista en este reportaje), como los materiales informativos de las concesionarias, señalan que el beneficio para el Perú está en la generación de empleos, el surgimiento de por lo menos cuatro ciudades y de un polo de desarrollo en la zona.

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Por otro lado, ha habido también cuestionamientos al PEOT, que debía dejar libre la zona para la actuación de la concesionaria 8, en el caso de la reubicación de personas ahora residentes en Nuevo Huabal (Cajamarca) y que antes vivían en un área muy cercana a las obras. Mientras los ciudadanos denuncian que fueron engañados con indemnizaciones insuficientes y desplazados a una zona amenazada por desastres naturales, el PEOT indica que cumplió la voluntad de las familias que querían establecerse allí. Las versiones opuestas acerca de un mismo hecho se repiten en diversos episodios de este reportaje: en una misma posición se encuentran Odebrecht, el PEOT, el Gobierno Regional y el Gobierno nacional; por el otro, los colegios profesionales de Lambayeque y profesionales independientes, algunos periodistas locales y los residentes

de Nuevo Huabal. Sin embargo, un documento que muestra por sí solo cómo el Estado justifica errores, descuidos e inclinación a favor del concesionario es un informe de Contraloría 9 que responde a cuestionamientos hechos al PEOT por profesionales: algunas frases son de leguleyos, ajenos a la ética en la administración pública. Otro aspecto interesante en este sentido, el único en el que coinciden las partes, es que off the record un funcionario consultado para este reportaje indicó que el ex gerente del PEOT, Enrique Salazar era una persona de confianza del ex presidente regional Yehude Simon, con quien se concretaron las primeras negociaciones favorables a Odebrecht: “Todos los fines de semana iban a Lima a hacer lobby”, agregó. Más adelante volveremos sobre este asunto, al referirnos a la disputa pública que tuvieron Si-

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mon y la ex ministra de Economía, Mercedes Araoz acerca de Olmos 10.

Los desplazados de Huabal Residentes de Nuevo Huabal (distrito de San Felipe, Cajamarca) y el consultor de Servicios Educativos Rurales en Jaén, Jorge Fernández, indican que los funcionarios del PEOT negociaron por separado con algunos representantes de las familias que debían ser reubicadas y que, además, el PEOT eligió a personas con poco criterio para tomar la mejor decisión. Un video realizado en 2011 por Andrea Bilbao 11 contiene testimonios de presión a los ciudadanos, ya que hasta les dijeron que “a la buena o a la mala” tendrían que salir de allí y aceptar lo que les ofrecían. Mencionan a un abogado del PEOT llamado Aladino, quien los amenazaba ya sea con la inundación –a causa de la cercanía del embalse– o con las fuerzas del orden.

A los que todavía trabajan acá (en el PEOT) les pregunté ¿por que no les han dicho ustedes como ingenieros que ahí están mal”. El huayco que destruyó viviendas en Huabal en 2010 fue explicado así por Gayoso: “La municipalidad de San Felipe empezó a hacer un camino en la falda del cerro, de Huabal hasta Nuñorupe. Y ese camino ha desestabilizado toda la quebrada, lo dejaron a medio construir, vino la lluvia y arrastró lodo y piedras y afectó las 17 casas reubicadas”, uno de los colegios y un local comunal. Gayoso reconoce también que la defensa ribereña construida del

cerro Cortés a la quebrada Chuzada “se debe corregir para que no se afecte la población”. “Ellos han estado reclamando que el pago que se les ha hecho está muy bajo, y ha habido un ex miembro directivo de acá que cuando lo sacaron empezó a sacarles plata, hizo un movimiento en el Congreso para una nueva tasación y se les vuelva a pagar. El gobierno de Cajamarca dice que van a reubicarlos, pero el PEOT no puede invertir dos veces en eso”, señala. “Quien promueve toda esta discordia es la ONG SER, porque sacan plata a la gente. Se les ofreció (reubicarlos) en Pucará, no quisieron; en Motupe, tampoco. (El PEOT) Les consigue trabajo en el

Ángel Lopez refiere, por ejemplo, que el abogado decía: “Vendrá la policía, las Fuerzas Armadas, los matarán”. Manuel Flores, recuerda que las palabras eran “vamos a traer a la policía o va a llegar el agua”. En el mismo video, un vocero del PEOT, Dante Talledo, reconoce que son “estilos. No es importante, obviamente es un abogado joven con mucho ímpetu, con estilos de gritar, de si no me firmas va a venir el agua, a veces pintoresco, en todo caso es anecdótico”, agrega 12. El gerente general del PEOT sostuvo en entrevista que los reubicados “son sólo 17 familias, los otros son invasores. Hemos dicho que vamos a apoyar a todos, se están haciendo talleres de capacitación”. “Particularmente como ingeniero nunca hubiese reubicado ese pueblo allí. Esas personas no se quejaban por el sitio, se quejaban por el dinero, han escogido el lugar allí.

Caserío de Nuevo Huabal en distrito de San Felipe, Jaén, Cajamarca, a donde han sido desplazados los pobladores de Huabal.

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Edwin Llique, teniente alcalde de Jaén, comenta que ha sido claro con el PEOT sobre la necesidad de reubicar a los habitantes de Huabal

Entrevista al gerente general del PEOT, Francisco Gayoso

Interés nacional versus negocio particular

partió en tres componentes: trasvase, que comprende la presa Limón parcial, de hasta 43 m.; el aliviadero de crecida y el túnel Trasandino. Otro es el componente de riego, actualmente en subasta, y el tercero es la generación de energía eléctrica. Los dos primeros están contratados. En el trasvase, la concesionaria es Trasvase Olmos y la subcontratista es Odebrecht. La tercera concesión no definitiva, la tiene la empresa serbia (sic) Sinersa.

mantenimiento de la IRSA Norte, en el túnel con la concesionaria”. “Ellos escogieron ese sitio por la cercanía a las obras y al embalse futuro de la presa Limón. Un primer reporte daba a entender que no había riesgo allí”, añadió el alto funcionario del PEOT. Sin embargo, Jorge Fernández del SER indicó que Gayoso confundía las acciones de la ONG con las de un ex miembro del consejo directivo del PEOT que representaba a Cajamarca, José Luis Castillo. “Era miembro de una asociación de los pobladores de Pedregal que le hacen un juicio al PEOT y le pagan al señor Castillo que es un tramitador: Gayoso mezcla las dos cosas. Castillo también recibía dinero de Pumahuaca”, explicó Fernández en entrevista en Jaén. El teniente alcalde de la Municipalidad provincial de Jaén, Edwin Llique, presidió una comisión de investigación acerca de los desplazados de Nuevo Huabal, en la que también participó SER. “Hemos encontrado las deficiencias porque se hizo un informe de Defensa Civil que no es el adecuado. Formamos un equipo de estimadores de riesgo de ambas regiones para que nos digan si los amigos de Nuevo Huabal necesitan o no una reubicación: eso fue hasta noviembre de 2011. El informe dice que deberían ser reubicados”, declaró Llique en Jaén.

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Francisco Gayoso, gerente general del PEOT.

asta 2004, el proyecto parecía destinado a los productores lambayecanos, pero ahora es un conjunto de construcciones de infraestructura que favorecerán a grandes empresas que pudieron comprar tierras y a la concesionaria Odebrecht. ¿Cómo ocurrió? Ese es un punto de vista. El proyecto de los rusos era un esquema integral con una inversión de más de mil millones de dólares y mil millones de metros cúbicos trasvasados del río Huancabamba a Olmos. El Estado no desarrolla más proyectos de infraestructura hidráulica desde los años 90 y con el gobierno de Toledo entró el nuevo esquema de las concesiones, las alianzas público-privadas, y Olmos fue la primera concesión que se otorgó de este tipo, con el proyecto de riego como concesión piloto. El proyecto es para beneficio de los lambayecanos por la generación de empleo. El río está seco hace más de un año, no hay trabajo en la zona, el nivel de vida es bien bajo... Hubo cuestionamientos al concurso internacional de 2004. Al ya no haber inversión pública porque los tecnócratas del MEF ya no quieren financiar (proyectos) el proyecto lo tenía ProInversión cinco años haciendo roadshows y no avanzó. ¿Qué hizo el gobierno de Toledo? Modificó el esquema del proyecto a través de ProInversión y convocó a un concurso de proyectos integrales y lo

Al preguntarle por los beneficios para los lambayecanos asumía que la irrigación era para los productores locales. En el área que se está subastando no hay agricultores, son tierras nuevas. Si uno quisiera, como se hizo en la primera etapa de Majes, que el Estado financie todo el proyecto de riego y si quisiera dar a los agricultores –que no hay– cinco o diez hectáreas tendría que tener 3800 agricultores. Me refiero a que el agua trasvasada iba a ser para quienes no tuvieran acceso al agua en Olmos. ¿Para regalar el agua? No, pagada. ¿Sabe cuánto tendría que tener cada agricultor para desarrollar eso? Para una chacra de unas 100 hectáreas. No. (Ríe). Se necesita más de 100 mil dólares –que tuviera cada agricultor– para desarrollar eso. Eso si no existiera el proyecto Olmos. Claro. El Estado no está poniendo nada en el proyecto de riego, no ha puesto un sol. El Gobierno Regional ha puesto las tierras. Eso es dinero. Pero no una inversión que haya hecho el Estado. Es dinero que ha dejado de ganar. Claro, el gobierno regional pone el terreno y sobre éste se desarrolla el proyecto de riego.

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Tierra que pertenecía al Estado pero por la cual no recibe dinero al subastarlas porque va a la empresa. El dinero es para pagar la inversión de las obras del trasvase. El Estado se deshace de un bien y no recibe nada a cambio. Ajá. Pero al final el Estado se va a quedar con la infraestructura de riego. Dentro de 20 años, no es tan lejos. Son 20 años. Claro, pero va a haber un beneficio porque se va a generar trabajo. La población se va a asentar allá, en cuatro nuevas ciudades, con todos los servicios, universidades, aeropuertos, va a ser más grande que Chiclayo. La primera subasta fue en 2011. En la primera se han vendido 19,330 hectáreas y el 9 de marzo se espera vender 18,670 para completar las 38 mil. Además, el concesionario hace la infraestructura en primera prioridad para las 5,500 hectáreas del valle viejo de Olmos donde está la comunidad Santo Domingo de Olmos. No es tan, que a los agricultores se les abandona. Se van a desarrollar y se está trabajando para que se organicen empresarialmente, se les va a capacitar en riego tecnificado. El proyecto tiene su lado social también. ¿Eso cuándo empieza? Si en marzo14 se vende la totalidad de las hectáreas, al mes la concesionaria comienza las obras de infraestructura en las 5500 hectáreas, así lo establece el contrato de concesión. ¿Y el producto de esta venta de tierras? Entra a un fideicomiso. Hay una empresa fiduciaria que forma un patrimonio fideicometido producto de la venta de tierras, los ingresos por canon y sobrecanon que permita recuperar la inversión del Estado en la concesión del trasvase. Y también pagar durante la operación de los 15 años del trasvase, pagar el servicio de trasvase. ¿El de 32 millones anuales? Más o menos. Originalmente eran 26.7 millones de dólares. ¿Desde cuándo son 32? El año pasado, porque ese 26.7 tiene que ir actualizándose año a año. ¿Cuánto se ha pagado? Recién se va a pagar con lo que ha establecido la 70º disposición complementaria

de la ley de presupuesto, el GR de Lambayeque con sus recursos dispondrá el pago de los peritos y del perjuicio económico financiero. A partir de abril de 2010 la concesionaria tenía la obligación de trasvasar el agua y en consecuencia el Estado tenía que pagar lo establecido, pero como esas obras se han desfasado 22 meses hasta febrero de este año, lo va a tener que reconocer el GR como parte del período de operaciones de los 15 años. Allí se va a comenzar a pagar los 32 millones de dólares. Ese dinero lo tiene que pedir el ministro de Agricultura, sustentarlo ante el MEF para que éste, como garante soberano del Estado de estos fondos de la fiduciaria –más fondos que van a poner porque no alcanza con la venta de tierras– complete esa suma anual para pagar estos 22 meses. Luego la operación anual se pagaría 13 años más cuando entre en operación el proyecto de riego. Hay un desfase entre las dos concesiones. Había una fecha para la entrega del trasvase y había una empresa supervisora. Era una empresa francesa y una empresa nacional, un consorcio. La supervisora hizo llamados de atención a Odebrecht porque incumplía plazos y también por faltas en seguridad. El gobierno regional recibía tales reportes. Si una empresa contratada por el Estado incumple, los contratos prevén sanciones, pero aquí dice que necesita una extensión, y que (la obra) cuesta más porque se ha perjudicado. ¿No es un gran perjuicio para el Gobierno Regional? El contrato prevé causas por las cuales se imputa responsabilidad al concesionario o al concedente y hechos no imputables a ninguno. Por ese desfase están reclamando ese perjuicio económico financiero. Por hechos no imputables a la concesionaria, ‘megaestallidos de roca’ al interior del túnel, se ha tenido que ampliar el plazo de construcción. El contrato de concesión del trasvase establecía 5 años para construcción y 15 para la operación. Si el período de construcción sufre un desfase, hay que ampliar el plazo del inicio del otro. Se ha contratado un perito para que determine el perjuicio económico financiero, porque había dos posiciones en controversia, de la concesionaria y el PEOT. En un acta de transacción extrajudicial se acordó la contratación de un analista financiero y de un perito técnico. El analista financiero dirá “corresponde tantos años de ampliación de la vigencia de la concesión o un pago en efectivo”. El MEF seguramente dirá que al Estado le conviene pagar en efectivo en vez de ampliar la vigencia de

la concesión, por las tasas de interés de los créditos y los préstamos que se hacen de gobierno a gobierno. Está en marcha un addendum al contrato de concesión para que deje abierta esa alternativa. ¿Quiénes eligen a estos peritos? El financiero ha sido de común acuerdo, el ingeniero Sergio Bravo, a él le paga la CAF. El perito técnico es el ingeniero geólogo Jorge Alva, propuesto por el GR de Lambayeque. La ampliación de desfase en la ejecución de las obras es de abril 2010 hasta febrero 2012. Se acordó también que en el último tramo –de 712 metros– que faltaba excavar cuando paralizaron las obras, el 13 de agosto de 2011, cualquier estallido de roca que suceda es responsabilidad y asumido por la concesionaria. Cuando Odebrecht hizo su propuesta inicial contemplaba la ocurrencia de estallidos de roca. ¿Por qué ahora clasifica en los eventos que no puede asumir? Ha habido estallidos de gran intensidad, bastante frecuentes. A fines de abril de 2010 un megaestallido dañó la TBM, (Tunnel Boring Machine) la perforadora, el topo. Se tuvo que pedir a EEUU que repare. Eso paralizó cuatro meses. No es responsabilidad de la concesionaria. Cuando surgió la primera discrepancia –por la paralización de una semana– la concesionaria, basada en un estudio del CIUP15, le reclamaba al GR US$ 71 millones. No estuvimos de acuerdo. Se contrató un estudio jurídico y un analista financiero: Sergio Bravo. Determinaron que había legalmente un derecho de la concesionaria al pago, de acuerdo a la cláusula 3.3 del contrato. Cuando dijeron 71 millones, respondimos no. De los 71 millones, 30 eran por el desfase hasta julio de 2011, y 41 por sobrecostos de los estallidos de roca. Dijimos que lo del desfase era correcto, el analista lo ajustó a 33.8. De los 41 dijimos que era 1 millón 800 mil, pero como la concesionaria había cobrado al seguro por esos daños un millón 600 mil dólares, solamente les corresponderían 200 mil dólares de los 41 millones: esos 200 mil estaban cubiertos por eventos geológicos que estipulaba el contrato. Dijimos que en vez de 41 es cero. ¿Hay razón en las críticas debido a que en el concurso de 2004 había ocho empresas y al final queda Odebrecht, sin competencia? Lo del número de empresas es cierto, ese detalle no sé como procedió, habría que averiguar con ProInversión, eso lo manejaba Carlos Bruce.

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Edwin Llique, teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Enrique Salazar, ex gerente de PEOT.

Boca de salida del Túnel Trasandino.

“Con el MIMDES hemos programado un taller de comunidades en peligro en el Nuevo Huabal”, anotó el teniente alcalde, a quien le preocupa que en tres o cuatro meses el PEOT será desactivado y no habrá quien se ocupe de ellos. “Ni siquiera tienen agua, no hay espacio donde trabajar, son cerros sin producción, de piedra. Si se van IIRSA y Odebrecht, se acabó el trabajo para algunos. El PEOT los ha dividido dándoles empleo a un grupito y a otro no. Son cuatro o cinco quienes consiguen trabajo”, refiere.

nos improductivos” en Nuevo Huabal. “Los proyectos no van a tener sostenibilidad en el tiempo”, acota, en alusión a proyectos que el PEOT publicita de capacitación laboral. Fernández también destacó otro segmento del informe que indica que los gobiernos locales deben fortalecer las organizaciones de base (de Nuevo Huabal) porque éstas no cumplen sus funciones: “PEOT ha pasado a reemplazar las funciones”, dice el documento.

Además de las menciones al estilo amenazante de un abogado del PEOT y el ofrecimiento de un terreno al teniente alcalde Llique para que no insistiera con la reubicación de Nuevo Huabal, se suman otras formas de acción para bloquear el disenso.

Llique comenta que ha sido claro con el PEOT sobre la necesidad de reubicar a los habitantes de Huabal y en una oportunidad lo “trataron de silenciar, lo dije en una reunión del

En entrevista para este reportaje, el economista olmano Mario Ubillús, crítico del proyecto pues estuvo en dos comisiones que revisaron los contratos relató: “Odebrecht convocaba a los ol-

Jorge Fernández señaló que el tercer informe realizado por estimadores de riesgo menciona la condición de “terre-

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Concejo (municipal) que quisieron negociar conmigo dándome un terreno”.

Otras reacciones al disenso

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manos, traía del campo a 500, mandaba ómnibus, pagaban cien soles a cada uno, les daban de comer, para decir que no me hicieran caso: ‘él viene a engañarlos’, para decirles que estaba loco. Alquilaban un colegio (ahí los reunían)”. Ubillús dijo que el alcalde de Olmos, Willy Serrato, lo invitó una vez a su programa radial sabatino para hablar del proyecto. “Logramos que se formara un comité que revisara los proyectos de contratos de iniciativa privada. El PEOT forma dos comisiones, una para la subasta de las tierras, donde no dejó entrar a ningún olmano, y otra para revisar todo: cómo se había firmado los contratos, cómo se había

hecho la primera parte. Porque ya estábamos oponiéndonos a la segunda parte: cuando Odebrecht entra junto con el Gobierno Regional y hacen una ‘iniciativa privada’ en la que le regalan 700 millones de dólares a Odebrecht sin hacer nada”, cuenta. Según Ubillús16, quien se jubiló luego de 30 años de servicios en la Contraloría, “las licitaciones las hicieron amañadas, escondían datos, pedían cosas fantasiosas17. No trataban de dar facilidades para que libremente los concesionarios concurrieran a esa iniciativa privada, sino que se trataba de blindar a Odebrecht para que nadie más concurriera”.

1 El ‘interés nacional’ es un término desprestigiado por su intenso uso durante el gobierno militar de los años 70. También quedó a un lado durante la década de los años 90 por las reformas neoliberales, pero la claridad de la expresión es útil si se le libra de la carga ideológica que suele acompañarla. 2 Cfr. ‘El por qué y el cómo se debe proceder a la revisión total del contrato de iniciativa privada firmado con la empresa Odebrecht’, documento publicado por el Club Departamental Lambayeque, la Municipalidad de Olmos y la Asociación Olmos (Lima y Callao) Lima, mayo 2011. 3 Información del folleto ‘Olmos fértil en todos los campos’, elaborado por el Gobierno Regional de Lambayeque y Odebrecht, mayo 2010. 4 Ver el Contrato de compensación económica entre PEOT y Sinersa http://www.peot.gob.pe/olmos/electrica/convocatoriaybases/contrato%20componente%20hidroelectrico%2015.10.10.pdf En entrevista para este reportaje, el actual gerente del PEOT indicó que es una empresa serbia. Sinersa tiene RUC peruano y según su página web, fue fundada en 1994. 5 Ver “Sinersa gana la buena pro de concesión eléctrica de Olmos” en Gestión, 1 de octubre 2010, http://gestion.pe/ noticia/647684/sinersa-gana-buena-pro-concesion-electrica-olmos 6 Se trata de Branislaw Zdravkovic. Ver “Otorgamiento de una concesión sobre la alfombra de corrupción”, documento elaborado por profesionales lambayecanos, 2009, http://ingenieriahidraulica.files.wordpress.com/2011/06/proceso-deconcesion-de-la-etapa-i-de-olmos-corrupcion.pdf 7 Presentación realizada por el gerente general PEOT ante el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, mayo 2011 http://es.scribd.com/cip_lambayeque/d/56731607-Conferencia-Proyecto-Olmos-Situacion-Actual 8 Entrevista con ingeniero forestal Jorge Fernández, consultor de Servicios Educativos Rurales, Jaén, enero 2012. 9 Anexo al oficio 011-2010-CG/GCE de febrero 2010. 10 El columnista de Correo y ex funcionario del BID y del BM, Ricardo Lago hizo un interesante recuento del inicio de dicha controversia en su blog de la revista Semana Económica, Cfr. http://blogs.semanaeconomica.com/ blogs/el-nuevo-sol/posts/algo-huele-a-podrido-en-dinamarca-luis-carbajal-sobre-odebrecht-olmos de abril 2010. 11 Ver http://vimeo.com/19122276 12 Ver el minuto 6’07” del video. 13 La entrevista fue realizada el 3 de febrero 2012. 14 Una segunda subasta fue convocada en abril y no fue posible vender 10,000 hectáreas. El 7 de mayo, Gayoso indicó que una alternativa sería la venta directa sin convocar a una tercera subasta y que deben llegar a una decisión con H2 Olmos. El plazo para la venta de tierras es el 31 de julio: “de no ser así, se podría dar la caducidad del contrato suscrito con H2 Olmos”, informó Gayoso, según el diario Gestión. El 20 de mayo, el Gobierno Regional de Lambayeque publicó un aviso pagado en el diario La República (p. 15) en el que plantea tres salidas más al entrampamiento: Una, que el Estado compre las tierras, otra que el MEF intermedie entre el Gobierno Regional y H2 Olmos para declarar exitosa la subasta con 28 mil hectáreas vendidas, y una tercera, pedir a empresas –entre ellas las AFP- expresiones de interés de compra. 15 Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 16 Un agradecimiento a Mario Ubillús, Humberto Heredia, Gustavo García Mundaca y Jorge Fernández por su colaboración para este reportaje. 17 Uno de los trechos más llamativos en el anexo del oficio de Contraloría 011-2010-CG/GCE de febrero 2010 –que justifica varias prácticas cuestionables del PEOT en su relación con la concesionaria Odebrecht– se refiere al cambio de montos de las cartas fianza que debían presentar los postores. En una fecha colocó una cifra altísima que corrigió meses después en la página web del PEOT. Entre las explicaciones, llegan a decir que la cifra errada estuvo en un banner en la página web del PEOT y siendo ésta una pieza publicitaria (de acuerdo a una definición de ‘banner’ tomada de Wikipedia), no era parte de la web institucional. También agregan que no había una norma para establecer topes a las cartas fianza, y que por ello no se les podía acusar de haber colocado un parámetro demasiado alto.

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DESARROLLO

Café con sabor a Norte El café es un producto de incalculable importancia para las provincias norteñas cajamarquinas de Jaén y San Ignacio. Desde el auge en su rentabilidad a mediados del siglo pasado, hasta la actualidad, juega un papel protagónico en el proceso económico regional. El café cajamarquino lleva consigo historia, trabajo y sobre todo esfuerzo de cientos de caficultores que ponen su vida en cada grano. NILDa ROjas – JORGE FERNÁNDEZ

asta hace poco más de un año, los peruanos nos hemos sentido orgullos de que el café producido en la amazonía puneña por la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandía (CECOVASA), obtuviera el premio al mejor café especial del mundo. No cabe duda, que este reconocimiento ha servido para que la demanda externa del café tome un impulso notable. Recordemos que ya desde hace algunos años nuestro país es reconocido como el primer productor y exportador de café orgánico en el mundo. El actual ministro de Agricultura, Luis Ginocchio Balcázar, indicó que para el primer bimestre de 2012 las exportaciones peruanas de café sumaron US$ 117.6 millones, lo que significó un aumento de 104.5% con relación al mismo período del 2011 (US$ 57.5 millones. El volumen exportado fue de 25.8 mil toneladas, siendo un 78.8% superior al volumen colocado en el 2011, sustentado por la producción residual de la campaña anterior. Según las cifras del MINAG, de este cultivo dependen más de 160,000 fami-

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lias de pequeños productores, distribuidas alrededor de 338 distritos rurales, 68 provincias y 12 regiones del país. Dos de aquellas provincias son San Ignacio y Jaén. Ambas cuentan con una diversidad de microclimas propicios para el desarrollo de este cultivo, contándose con las siguientes variedades de café: Típica, Caturra, Pache, Bourbón y en menor escala, Catimor y Costa Rica.

En nuestra región las cooperativas más importantes son SOL&CAFÉ, CENFROCAFE, COVAMA, y las empresas comercializadoras Comercio & Compañía, Perhusa, Ouspan, que cuentan con plantas de procesamiento para la producción del “café oro” –el que se exporta –- y el “café tostado molido” –para el mercado nacional–.

Cooperativas cafetaleras

Principales mercados de exportación del café peruano Estados Unidos 29% 22% Alemania 15% Colombia Suiza y Bélgica 5% Total 71%

El productor cafetalero de Jaén y San Ignacio se organiza a través de cooperativas, con la finalidad de realizar la exportación de manera directa, manteniendo un mercado cautivo en el exterior, especialmente en Europa, que no sólo exige un café de calidad sino que a través de la certificación, direcciona actividades como el Comercio Justo, Café Orgánico y la convivencia en armonía con un sistema ecológico, lo que implica el mejoramiento de las técnicas de cultivos, el uso de barreras vivas y fertilizantes orgánicos, el manejo de la sombra del cafetal, el cambio de actitudes con respecto al trato y convivencia de la familia y la equidad de género.

Fuente: http://www.minag.gob.pe

Por ejemplo, CENFROCAFE tiene 4,300 hectáreas de producción de las 5 mil con que cuenta, exportando 100 mil quintales anuales en beneficio de por lo menos 2 mil familias asociadas. Cada quintal cuesta a inicio de cosecha, por lo menos S/. 360, precio que se va incrementando. El 2011 se registró hasta S/. 700 por quintal.

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Asimismo, hay otro sector de beneficiarios, ya que partir del mes de mayo en que se produce la cosecha, empieza a generarse un gran movimiento comercial que favorece a los transportistas que llevan el café hacia la costa. De igual forma, jornaleros venidos de Cutervo, Chota y Bambamarca son contratados por los productores para la cosecha.

Desafíos para el sector El cambio climático viene afectando los procesos fisiológicos de los cultivos de café, generando desequilibrios que se traducen en la pérdida de producción y calidad del grano. Asimismo, la mínima inversión en fertilización, abuso de abonos químicos, saneamiento físico legal de los predios, fluctuaciones de los precios internacionales, ausencia de marcos tributarios adecuados y falta de competitividad, son algunos de los temas que forman parte de la problemática que enfrenta este sector productivo. Todo esto se dio a conocer en el III Congreso Nacional de Cafetaleros realizado en Cuzco en diciembre del 2011, con la participación de más de 300 delegados de organizaciones de todo el país. El ingeniero Teodomiro Meléndez de CENFROCAFE señala: “Es necesario uniformizar las propuestas tecnológicas tanto de las organizaciones de productores, instituciones del Estado y empresa privada a fin de mejorar la calidad y producción del café. El Estado debe acompañar este proceso con inversión en carreteras, mejoramiento de vías, luz eléctrica, para permitir un desarrollo integral de la actividad cafetalera”. Por su parte, el presidente de la Junta Nacional del Café, Anner Román, pidió públicamente una reunión con el presidente Ollanta Humala para proponer políticas que mejoren este sector y hacerle conocer la agenda que incluye diversos puntos como promover la asociatividad, incentivar la titulación de terrenos, formalizar a los pequeños agricultores, mejorar la industrialización y fortalecer la exportación directa a los mercados internacionales, entre otros.

TENDIENDO PUENTES

Territorios, sectores y Estado RICARDO MOREL

ace unos días escuché al presidente regional de San Martín, César Villanueva, quien ha sido elegido por unanimidad como presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Villanueva habló sobre la necesidad de tender puentes dentro del Estado, entre el gobierno central y las regiones, y denominó “Gabinete Territorial” a una reunión periódica, que podría ser mensual, en la que el Presidente de la República y sus ministros se reúnan con la ANGR. La idea es muy positiva, pues una de las debilidades de la descentralización peruana es, justamente, la falta de contacto entre el Ejecutivo y regiones. Esta propuesta, plantea una alternativa factible, fácil de implementar y que puede dar el soporte de una base nacional que es la que requiere actualmente el Poder Ejecutivo. Lógicamente, el “Gabinete Sectorial” existente, conformado por los diferentes ministerios, debe seguir siendo el soporte funcional del Poder Ejecutivo, pero la articulación con las regiones fortalecería el tejido de una red nacional y facilitaría la compresión de las necesidades y prioridades de cada zona, en un país tan variado y complejo como el nuestro.

El “Gabinete Sectorial” podría estar dentro del tradicional modelo de organización funcional mientras que el “Gabinete Territorial” bajo el modelo matricial. Si analizamos el contexto actual, tenemos muy pocos años en este proceso de descentralización con regiones que aún son departamentos, pero ya podemos apreciar un alto nivel en muchas de las autoridades regionales elegidas, las que sumadas al buen nivel técnico del Gabinete Ministerial, se presentan como una enorme oportunidad para la integración del país. En ese sentido, un tema fundamental es comprender que todos estos gabinetes son parte importante del Estado. Por ello que, una manera de definirlo sea como: “Una forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un determinado territorio”. Sin embargo, en el Perú mencionar la palabra “Estado”, nos lleva automáticamente a pensar solamente en el gobierno central, y muchas veces los gobiernos regionales y locales no se sienten parte de él, e incluso “le reclaman al Estado”, cuando en realidad tanto el gobierno central, como los regionales y locales son el verdadero núcleo del Estado, sobre todo en un país que promueve la descentralización.

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Revalorización del quechua en Cajamarca

En América Latina existen entre 7 y 8 millones de quechua hablantes, de los cuales según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 3 millones se encuentran en el Perú. La Academia Quechua de Cajamarca señala que de los 1,387,809 habitantes de nuestra región, el 3.46 % lo habla, es decir, un poco más de 40 mil personas. JUaN ARRIBasPLaTa

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l quechua de Cajamarca pertenece al Tipo II, sub grupo Cajamarca – Cañaris, y presenta una similitud de 94% con el de Lambayeque en cuanto a su pronunciación y escritura. Es en las zonas rurales y en las partes altas del occidente de la ciudad, como los distritos de Chetilla, Baños del Inca y Porcón y en sus diversos caseríos, donde se le habla con mayor regularidad. Mientras que en las zonas rurales de las provincias de Bambamarca, Chota y Jaén en menor medida.

Idioma en peligro Con el pasar de los años el idioma se ha ido dejando de hablar. En Chetilla y Porcón y en la mayoría de escue-

las rurales sólo se enseña en español. Ante ello, el director de difusión de la Academia Quechua de Cajamarca, Dolores Ayay, señala: “No es posible que los profesores no quieran enseñar en idioma quechua y también prohíban que se hable. Si se pierde el idioma también se perderá la vestimenta y las costumbres típicas de Cajamarca”, refirió. Un ejemplo se da en el caserío Chilimpampa, perteneciente a Porcón, donde la mayoría de su población habla el quechua, pero se han visto en la necesidad de aprender el español para poder comunicarse cuando van a otros lugares. En medio de esta situación se han visto discriminados, tanto al hablar en quechua, como al hablar en español porque no logran pronunciarlo bien. Lo mismo sucede en Chetilla, donde casi toda su población es bilingüe pero hay un preocupante analfabetismo en la mayoría de su población adulta. Dolores Ayay explica que los profesores han incentivado a los alumnos a no aprender el idioma y que los niños tienen vergüenza de hablarlo. “Todos dominan el quechua, pero ellos han aprendido a hablar castellano por necesidad. Y ahora, si uno pregunta a los niños de la zona si saben hablar el quechua van a decir que no, pero si se les habla en quechua van a responderle en quechua”, dijo.

Rescatando el quechua Ayay trabaja ad honorem hace muchos años en la Academia Quechua de Cajamarca, tratando de rescatar y revalorar este idioma sin contar con el apoyo de autoridad o institución alguna. Precisa que se debería enseñar quechua en los diferentes centros de estudio de Cajamarca para poder preservarlo y que se mantenga vigente. “Cada vez va disminuyendo la cantidad de quechua hablantes en nuestra región”, alerta. Guillermo Soto, poblador del caserío de Chancate, en Chetilla, y alumno

OPINIÓN

de la Academia Quechua, señala: “De donde yo vengo, hay muchas personas que hablan quechua pero los niños ya no lo quieren aprender porque piensan que el quechua no les va a servir en la vida”. Por su parte, el profesor de quechua, Luis Cerna ha venido realizando talleres en diversos lugares donde se habla el quechua, con la idea de concientizar a los profesores para que no dejen de enseñarlo. De igual forma, la Academia Quechua ha venido organizando eventos culturales e informativos orientados a este fin.

Se oficializa el alfabeto quechua para Cajamarca Mediante Resolución Directoral Nro 0659 de la Dirección Regional de Educación Cajamarca, se oficializó el quechua para Cajamarca, constituido por 20 grafías, 17 consonantes y 3 vocales con sus respectivos fonemas, esto con el objetivo de preservar el idioma. Asimismo, existe un diccionario del idioma quechua realizado por Félix Quesada, y otro en preparación por la Academia Quechua. También en el libro “Poetas Cajamarquinos”, de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, se encuentra una recopilación de poemas y canciones escritas en quechua por poetas y escritores cajamarquinos. El director regional de Educación, César Flores Berrios, en conversación con Voces, refirió que su Dirección viene trabajando un plan de actividades con profesores especialistas en el tema intercultural bilingüe. “Una de las actividades es la enseñanza del quechua en las instituciones educativas en los ámbitos donde se habla este idioma. Nosotros damos todas las facilidades para que se pueda cumplir este plan”. Asimismo, dijo que son ocho los profesores que se ha contratado para enseñar en los colegios de las jurisdicciones donde se habla este idioma. Esa es la visión que tiene la Dirección Regional de Cajamarca sobre el tema.

A OJO DE PÁJARO

Desarrollo y felicidad MIGUEL GARNETT

i uno dice: “¡Conga no va!”, inmediatamente viene la acusación: “Entonces, estás en contra del desarrollo y del progreso”. Mi reacción a esto es preguntar: “¿De qué desarrollo y progreso estamos hablando?” Y, me parece, que hay muy poco que sea claro al respecto. Una de las definiciones del desarrollo es, que es “la mejora cualitativa y durable de una economía y de su funcionamiento”, lo cual ilustra que, cuando se habla de desarrollo, normalmente se está pensando en términos económicos. Ahora, si miramos a un país como España, que tiene la quinta economía de la Unión Europea, vemos que hace pocos años gozaba de una expansión económica impresionante que cualquier visitante notaba al ver la construcción de miles de departamentos en Madrid; se decía que la aspiración de la gente era tener su departamento propio, su auto y sus buenas vacaciones. Hoy, todo eso parece un sueño y los españoles se han despertado a la realidad de una economía en recesión, la devolución de los departamentos a los bancos y el 24% de desocupación de la población activa. No es un panorama de lo más feliz que digamos. El desarrollo

económico ha colapsado, creando un ambiente de amargura y frustración. Amargura y frustración abundan en Cajamarca mientras estamos enfrascados en el conflicto sobre el proyecto Conga. Me pregunto si realmente hay un proyecto de desarrollo que sea sostenible y que producirá felicidad para la mayoría de los cajamarquinos. Cuando se conversa con la gente mayor, hablan con nostalgia de la Cajamarca de antaño, mucho menos desarrollada económicamente y mucho más feliz. Este debate entre desarrollo económico y felicidad se vive en una forma extraordinaria en Bután, pequeño reino budista al norte de la India que conserva una cultura tradicional que enfatiza la gran importancia de la felicidad. Esa es la preocupación de los gobernantes: que la gente sea feliz. Sin embargo, su cultura tradicional tiene que capear con el avance –o invasión–, de la modernidad global. Esto incluye lo que hemos visto aquí, en Cajamarca, donde hay un abismo entre ricos y pobres y la propaganda comercial campea por todos lados. Esta tiene el fin de estimular el deseo de adquirir más y más cosas, que chocaría frontalmente con la tradición de Bután que afirma que el deseo es la madre de la infelicidad.

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LECTURAS RECOMENDADAS

Cajamarca prehispánica y elementos foráneos

Competitividad para la integración regional

LEONIDas RaMOs

a integración regional sigue siendo una idea que no ha sido posible cumplir en el Perú durante los últimos años. De todos los intentos, se ha advertido que lo que hace falta para llegar a tal resultado es un planeamiento estratégico. El estudio “Competitividad e innovación regional” escrito por el ingeniero Alejandro Santa María Silva, sistematiza abundante información de la mancomunidad conformada por Cajamarca, Amazonas, La Libertad y San Martín, e incentiva, sobre la base de los hallazgos realizados, una integración regional en el ámbito de la competitividad a través de un proceso de planeamiento estratégico. Competitividad, según el texto que sigue el marco teórico planteado por Michael Porter, es la capacidad de diseño, producción y comercialización de bienes y servicios mejores y más baratos que los de la competencia, lo que se refleja en una mejora en el nivel de calidad de vida de la población de la región. Para ello, la competitividad es medida con ocho indicadores: Institucionalidad, infraestructura, desempeño económico, salud, educación, clima de negocios, innovación y recursos naturales y ambientales.

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El autor considera que los departamentos reunidos pueden obtener en torno a sinergias concertadas y planeadas, mucho más niveles de competitividad que de forma separada. En el 2008, los índices de competitividad de estas regiones fueron: Cajamarca, 0.3927; Amazonas, 0.3413; La Libertad, 0.5711; San Martín, 0.3682; de modo que poseen ventajas complementarias para reunir sinergias.

l boletín de Arqueología de la PUCP, titulado “Lenguas y sociedades en el antiguo Perú: hacia un enfoque interdisciplinario” reúne un conjunto de estudios que analizan las lenguas del antiguo Perú a través de un enfoque multidisciplinario que comprende lingüística, arqueología, historia y genética. Dos de esos trabajos son valiosos aportes a la historia de nuestra región: “Contactos y fronteras en la Cajamarca prehispánica” de Luis Andrade; y “Continuidad cultural y elementos foráneos en Cajamarca, sierra norte del Perú: el caso del horizonte medio” de Shinya Watanabe. El primer ensayo discute sobre la lengua Culle y Den en la etapa prehispánica e inclusive preincaica en la zona donde hoy se levanta Cajamarca. Mientras que el segundo sostiene que hacia el horizonte medio, cuando la cultura Wari dominaba la zona, los cajamarquinos siguieron desarrollando sus propias manifestaciones culturales y lengua.

Finalmente, el libro contiene información valiosa sobre la descripción de los actores involucrados en la producción de la competitividad -Estado, sociedad civil y empresa privada- en cada una de las regiones. Asimismo, nos muestra la existencia de experiencias positivas en cuanto a la competitividad a través de la construcción de mancomunidades: Macro región Centro Sur de Chile y la Macro región Nor Centro Oriente de Perú (Ancash, Huánuco y Ucayali). De este modo, el texto busca enmarcarse dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021. Competitividad e innovación regional. Mancomunidad Amazonas –Cajamarca- La Libertad – San Martín CEPLAN Alejandro Santa María Silva Lima, 2011. 188 pp.

Boletín de Arqueología PUCP Nro. 14 Fondo Editorial PUCP. Febrero 2012, 370 pp.

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