VOCES
Nº 54 CAJAMARCA JULIO 2015 PRECIO S/1.00
Algamarca y La Chilca como escenarios de la minería informal PáG. 10
A quince años del derrame, Choropampa sigue esperando justicia PáG. 14
Buscando alternativas a la minería
Eddy Benavides plantea su tajante rechazo a la expansión minera en la provincia de Hualgáyoc-Bambamarca
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“Concesiones y el derecho a la información”
“Pasivos ambientales, una deuda en Hualgayoc”
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EDITORIAL
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esde el año 2007, se inició en Cajamarca la elaboración de la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), como primer paso hacia el logro de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En mérito a su carácter participativo, este proceso fue respaldado, desde un primer momento, por el gobierno regional y también por ONGs locales, gremios, organizaciones sociales y por el propio sector minero empresarial. La propuesta fue aprobada al término de la gestión de Jesús Coronel y ratificada al inicio de la de Gregorio Santos. Después de atender algunas observaciones hechas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y de superar algunas fricciones con las empresas mineras, se aprobó la actualización de la ZEE, dejando a la Comisión Técnica a la expectativa para dar inicio a la formulación del POT. Sin embargo, con el gobierno de Humala, el MINAM fue poniendo una serie de trabas legales que han postergado la consecución de este objetivo. Así, por ejemplo, se incluyó la elaboración de Estudios Especializados y el Diagnóstico Integral del Territorio como fase siguiente a la ZEE. En este contexto, igualmente, el debate sobre la ley de OT quedó estancado y, en cambio, se promulgó el primer “paquetazo ambiental”, que no considera el carácter vinculante del OT, y, por lo tanto, reafirma la posición del gobierno nacional por la promoción de la inversión privada, prácticamente a todo costo. Pero esto no ha quedado ahí, cuando se pensaba que se estaba finalizando la elaboración de los Estudios Especializados, durante marzo y abril de este año, el MINAM aprobó las Resoluciones Ministeriales 056 y 087–2015 respectivamente, que detallan la conformación y adecuación de las Comisiones Técnicas Regionales (CTR) a una cantidad reducida de actores, y que básicamente impiden la participación de importantes sectores, como el privado y de la sociedad civil. La CTR de Cajamarca ha emitido un documento al ministerio solicitando se mantenga la conformación de la actual Comisión, y que estas resoluciones queden con efecto suspensivo hasta que se tenga una respuesta, argumentando el carácter participativo del proceso, los logros que se han tenido hasta la fecha, y la omisión que nueva normativa sea sometida a opinión de la Comisión Consultiva Nacional de OT. La respuesta del MINAM ha sido imperativa y exige la aplicación de las disposiciones, que tienen carácter de obligatorias y no se encuentran sujetas a condiciones de tipo alguno. Frente a este panorama, en Voces consideramos que el gobierno nacional no sólo ha sido incapaz de incentivar la discusión sobre la planificación del territorio, sino que, además, ha estancado el trabajo de quienes ya han iniciado sus procesos de ZEE u OT, al emitir disposiciones como las referidas a la conformación de las Comisiones Técnicas, que limitan la participación de sectores fundamentales. En nuestra región, estos han mostrado un compromiso activo y han aportado de manera permanente y decidida al logro de resultados importantes en todo el proceso. La disminución de integrantes implicaría, entre otros aspectos, que el nivel de debate y, por lo tanto, de generación de consensos, en una región con conflictos permanentes y una evidente necesidad de espacios de diálogo, no arribe a buen puerto y, por el contrario, que los conflictos se multipliquen. En la misma línea, debemos llamar la atención del gobierno nacional, sobre la necesidad y conveniencia de consultar previamente este tipo de medidas, debido a que las dinámicas regionales no son las mismas en todo el país.
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VOCES Cajamarca Julio 2015 Nro. 54 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial María Luisa Burneo Ronald Ordóñez Rosa Montalvo Teresa Santillán
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Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-15806
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Entrevista
“En nuestra provincia la minería ha colapsado”
A seis meses de haber asumido la alcaldía provincial de Bambamarca, Eddy Benavides se muestra tajante en su rechazo a la expansión minera en dicha zona y comparte con VOCES su visión de un desarrollo basado en otras actividades, al que viene encaminando su gestión.
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Wilfredo Cholán Rojas
Qué evaluación hace de su gestión a seis meses de haber asumido la alcaldía?
Hasta el momento tenemos el 30% de gastos del presupuesto anual. Hemos logrado obtener más de dos millones de Soles
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a través de la partida por incentivos municipales. Queremos ejecutar un 70 u 80%, ya que a un 100% es imposible por problemas de la gestión anterior. Declaramos a la municipalidad en reestructuración durante cien días y ese tiempo nos ha permitido reformular el organigrama, en el que
ahora estarán las sub gerencias de Rondas Campesinas, de Cooperación Internacional y de Fiscalización, que estará integrada por miembros de organizaciones sociales. ¿A qué apunta su gestión?
Estamos apostando por los proyectos sostenibles
en puntos clave, para que los proyectos mineros no se sigan expandiendo.
¿Cuáles son los proyectos sostenibles de impacto que tiene previsto realizar? Estamos centrándonos en proyectos de piscicultura y ecoturísticos. Es-
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La municipalidad de Bambamarca ha creado un comité que investigará los casos de contaminación del agua y de la sangre de los pobladores.
tamos apostando a que cada centro poblado tenga sus viveros forestales y sus plantas de residuos sólidos. Una ya se está construyendo en La Hualanga y otro se está empezando en Huangamarca. Hemos visitado al caserío La Ramada, en el centro poblado El Tuco, donde tenemos una reserva natural importante y hemos empezado elaborando el perfil para un centro turístico importante, que tiene 50 hectáreas de bosque natural y, al centro, una laguna. Estamos asociando a los comuneros de la zona para que administren este tipo de proyectos. Todo ello de la mano con proyectos de integración de todos los centros poblados. Tenemos, para este año, la construcción del camino vecinal de Jadibamba Piedra Redonda. Además, queremos construir un puente carrozable. Estamos conversando con el gobierno regional para que articuladamente realicemos estos proyectos. ¿Qué avances se muestran en relación a la actividad agropecuaria? Nuestra provincia es una de las únicas en haber cumplido con la ley del
Mi función es diferente pero mantengo la misma posición: La defensa de los recursos naturales y principalmente del agua Procompite, un derecho que asigna recursos a cadenas productivas en el tema agropecuario, por lo que tenemos más de tres millones de soles; como dice la ley, el 10% del presupuesto. Hemos organizado a la población en cadenas de producción de truchas, derivados lácteos, aguaymanto, miel de abeja, a las que se ha asignado recursos. ¿Cómo viene afrontando la contaminación del agua de la captación Los Tres Chorros y la elevada presencia de plomo en la sangre de los pobladores?
Se ha formado un Comité de Investigación, integrado por organizaciones sociales, como juntas vecinales, rondas campesinas y frentes de defensa; el ANA, como entidad competente, y también queremos que este el OEFA. El primer paso que hemos dado es contactarnos con gente capacitada para evaluar lo que está ocu-
rriendo, ya que el objetivo nuestro es denunciar a los responsables. Una vez que tengamos los informes finales, procederemos a denunciar penalmente, primero al Estado, porque ocultó información durante tres años.
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cia Ciénega Norte o sigue exterminando los cerros desde donde nace el agua, estaríamos hablando de un desastre ambiental. En nuestra provincia la minería ha colapsado. Ni un centímetro más. Terminan su periodo y las dos empresas se van. El gobierno tiene que ser consciente y acatar lo que el pueblo pide. Por otro lado, vamos a denunciar penalmente a la minera informal San Nicolás, que sigue trabajando clandestinamente, usando cianuro y vertiendo sus residuos al río Tingo. La ANA ha informado que todas las captaciones de este río están totalmente contaminadas. Tenemos, pues, suficiente sustento para no querer más minería. ¿Seguirá respaldando movilizaciones y paros?
¿Cuál es la situación de los proyectos mineros en Hualgayoc?
Por supuesto. Somos muy respetuosos de las decisiones de nuestras organizaciones sociales. No estamos saliendo por un lucro personal, grupal o político. Nuestra lucha tiene sustento legal y técnico, con antecedentes y un conjunto de factores que nos permiten apoyar este tipo de medidas. Siempre cuidando que sean pacíficas. He sido dirigente y ahora soy autoridad. Mi función es diferente pero mantengo la misma posición: la defensa de los recursos naturales y principalmente del agua.
Golds Fields está solicitando una expansión minera, que nosotros rechazamos, porque a cualquier lado que se expanda, atentaría gravemente contra el recurso hídrico. Si Tantahuatay se expande ha-
Mi posición va a ser por la persona que estuvo y está junto al pueblo, y que no anda planteando políticas desde Lima.
¿Cuáles son los avances respecto a los pasivos ambientales?
Estamos esperando que el gobierno, a través de sus organismos competentes, pueda darnos una solución, porque tenemos conocimiento que se ha invertido millones en el tema, pero no se ve nada.
¿Ya tiene decidido a qué partido o persona apoyará en las próximas elecciones?
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Análisis político regional
El largo camino hacia el Plan de Ordenamiento Territorial En el año 2007 se empezó a elaborar la propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de Cajamarca, como paso previo a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Han pasado ocho años y el ente rector nacional sigue dando prioridad exclusiva a las ZEE de los departamentos o a sus Estudios Especializados. El Plan de OT parece estar cada vez más lejano.
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Ronald Ordoñez
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anuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, comentó un artículo publicado en Noticias SER en el mes abril1, básicamente expresando la total disposición que tendría el MINAM a coordinar con las regiones que trabajan sus procesos de gestión del territorio. Además, ofreció la “expertise y capacidad de gestión (del MINAM) para conducir y orientar los procesos”. Pues bien, partiendo de la experiencia de Cajamarca, es necesario seguir inci-
VOCES diendo en aquellos aspectos que puedan estar débiles en el ente rector, pues lo concreto es que localmente nos queda la sensación de que hubiera un retroceso en cuanto a las expectativas que se tenían al inicio de este gobierno para contar con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Con esta mirada se empezó el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), pero pasados ocho años, no resulta fácil hacer una proyección para culminar siquiera los Estudios Especializados (EE), ni mucho menos para completar el Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) y o el POT. Veamos por qué. La ansiada opinión favorable En el comentario que aludimos, el ministro señalaba: “Se han aprobado un conjunto de instrumentos técnico normativos donde se ha definido claramente
el proceso metodológico del ordenamiento territorial, así como el conjunto de instrumentos mínimos necesarios para elaborar un plan de ordenamiento territorial”. Llama la atención esta frase, pues hasta la fecha de redacción de este texto, se acaban de publicar las guías metodológicas para sólo dos de los siete EE, pese a que la Resolución Ministerial que autorizaba su elaboración fue publicada en el mes de mayo del 2013; hace dos años. En este periodo y producto de las observaciones del MINAM, en Cajamarca se han elaborado hasta tres versiones de los seis EE
aplicados a la realidad regional, las mismas que han sido enviadas al ministerio para su opinión favorable. A decir de quienes participan en el proceso, la entidad no muestra mayor celeridad en la revisión de los documentos ni para brindar asistencia técnica al equipo responsable, de modo que el acompañamiento pueda ser de calidad, sobre todo considerando que no se contaba con una propuesta metodológica para direccionar la elaboración de los estudios.
No obstante, en estos dos años, Cajamarca, sin contar con una guía metodológica para el diseño de los EE,
En una región tan diversa, un proceso de OT inclusivo desde su concepción ha hecho posible que los diferentes sectores interesados puedan aportar
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una vez más ha demostrado que está un paso adelante en su proceso, pues ha completado la tarea valiéndose de la experiencia acumulada desde el 2007. Sin embargo, la reciente publicación de las guías significa que los procesos deberán adecuarse a ellas y, por lo tanto, ser sometidos nuevamente a revisión, para buscar la tan ansiada opinión favorable. A esta dilatación del tiempo se le agrega el que habrá que esperar hasta que el resto de guías metodológicas sean publicadas y los EE nuevamente sean adecuados a sus indicaciones.
En tal sentido, que el ministro considere que se ha definido claramente el proceso metodológico puede entenderse como un comentario bastante ligero. Más aún, cuando tampoco se conocen (o no existen) las guías para el DIT y para el POT. Con un Plan de OT, Cajamarca podría apostar a otras actividades productivas y no solo a la minería.
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Análisis político regional
Mellando la participación La disposición del MINAM, en cuanto a la participación de los diferentes actores en el proceso, tampoco ha estado exenta de críticas; esto a raíz de la publicación de las Resoluciones Ministeriales N°056 y 087–2015-MINAM, que básicamente señalan la conformación que deberían tener las Comisiones Técnicas Regionales (CTR). En Cajamarca, estas disposiciones han sido observadas, debido a que la participación propuesta excluye
a representantes de otros sectores que han tenido un involucramiento activo en el proceso regional. Por este motivo, se consideró pertinente invitar a representantes del ministerio a participar en una de las últimas asambleas de CTR, a fin de que escucharan sus fundamentos. Como resultado de este evento, se acordó remitir un documento formal al ministerio, proponiendo la revisión de la citada resolución. El argumento principal es que Cajamarca cuenta, desde el 2007, con una
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CTR activa, la misma que, con el pasar de los años y debido al requerimiento de mayor inclusión de actores, ha ido integrando a representantes de plataformas de concertación, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, como los Consejo Regionales de la Mujer y de la Juventud, razón por la cual suma alrededor de 60 actores.
Pero a decir del MINAM, no es necesaria la presencia de más actores. Esta postura relegaría a sectores que en Cajamarca han
resultado fundamentales, pues han brindado soporte técnico y logístico, en aras de la legitimidad del proceso. Así, por ejemplo, los y las integrantes de la CTR hoy participan en la elaboración de los EE. No se debe obviar tampoco que el proceso de OT tiene un componente político, en el que es importante generar consensos regionales, lo que empieza por incentivar la participación.
Se ha dicho que las normas publicadas garantizan la
adecuada participación del conjunto de actores, pero no necesariamente es así, pues las realidades y los requerimientos regionales son distintos. En tal sentido, cada proceso debería tener la libertad de adecuar sus CTR, informando y justificando ante el MINAM los respectivos cambios. De hecho, en el caso de Cajamarca ya se había observado, desde el 2007, el Decreto Supremo N°087–2004-PCM (que ha servido de base para la resolución del MINAM), porque no consideraba la
Cajamarca observó, ya en el 2007, una medida de la PCM que excluía la participación de actores fundamentales del proceso de OT.
participación de actores fundamentales.
Se debe señalar, por otro lado, que no se ha escuchado un buen argumento que justifique los límites a la participación, por lo que el ministerio debería recoger la experiencia de regiones como Cajamarca, que ha sido una de las pocas que ha adelantado el trabajo respecto a este tema. Se debería considerar, pues, los aspectos positivos que han permitido este avance y que tienen que ver con el
aporte activo de los distintos actores. En una región tan diversa (con una problemática amplia, índices de pobreza alarmantes, sin un espacio para discutir el desarrollo desde las diversas miradas y conflictos sociales pendientes de solución), un proceso de OT inclusivo desde su concepción ha hecho posible que los diferentes sectores interesados puedan aportar. Si el proceso de ZEE – OT de la región es reconocido, se debe, en gran parte, a la participación ciudadana que, a través de la CTR, se sustentó como uno de los pilares fundamentales.
Además de la socialización de las guías metodologías para el resto de EE, y luego para el DIT y el POT, el gobierno nacional tiene varios pendientes al 2016, como el dejar sentadas las bases para contar con una ley de OT y mejorar los procedimientos actuales para la entrega de autorizaciones que tienen que ver con la disponibilidad de los recursos naturales y las concesiones mineras, ya que la forma en que se viene realizando, incentiva la aparición de conflictos y la desconfianza de la población. Por ahora, en Cajamarca se esperará la respuesta del MINAM a la preocupación de la CTR. No obstante, con este contexto, quedamos convencidos de que será imposible avanzar en la formulación del POT, en lo que queda del gobierno de Humala.
1 Comentario al artículo: “Ordenamiento Territorial: La prioridad postergada” de Ronald Ordoñez, publicado en Noticias SER, el 15 de abril de 2015. Ver: http://www.noticiasser. pe/15/04/2015/medio-ambiente/ordenamiento-territorial-la-prioridad-postergada
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Vox POPULI
ojos abiertos
Wilfredo Cholán Rojas
¿Qué opina sobre el archivamiento del proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación sexual?
Néstor Estacio C. (Ingeniero forestal) “Está mal, porque no debería ser penado. Cada uno es dueño de su cuerpo y por lo tanto se debería respetar su decisión. Los casos de violación sexual son muy frecuentes en nuestro país y en muchos casos ocurren dentro de la misma familia. Se debe poner un freno a ello”.
Lucila Ortiz Velásquez (Ingeniera en Industrias Alimentarias) “Pienso que una vida se debe respetar en todos los sentidos, pero debe haber otras opciones para los casos de violación sexual. Si bien se tiene derecho a decidir, eso no implica optar por el aborto. El Estado debe proponer otras alternativas”.
Lucy Saldaña Collao (Técnica en enfermería) “Creo que no se tiene por qué archivar. Es un tema muy delicado. En casos de violación sexual, estoy de acuerdo en que se aborte, pero en otros, no. Los congresistas deben saber que las personas que son violadas sufren consecuencias físicas y psicológicas, y no es justo que si quieren abortar estén cometiendo un delito”.
Juan Maluquish H. (Profesor) “Es un tema muy debatible. El archivamiento está bien, porque se debe respetar la vida de la persona. Pero es responsabilidad del Estado llevar ayuda psicológica y médica a una mujer violada. Por otro lado, es necesario implementar leyes drásticas para sancionar a los violadores. Hasta cadena perpetua tienen que recibir”.
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fernando romero
Derechos Humanos: Una importante y urgente tarea pendiente
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as opiniones de un sector del público acerca de la decisión de la Corte IDH sobre el caso de la ejecución extrajudicial de un emerretista, que insta al Estado peruano a investigar el caso e identificar a los culpables, muestra la gran resistencia que existe en el ciudadano de a pie a escuchar razones y recordar el pasado. En varias radioemisoras se han escuchado voces críticas a la Corte, a las ONG que presentaron el caso, por ser “proterroristas” y, hasta el respaldo al asesinato por haberse tratado de un terrorista. No ha servido de mucho que se aclare que la Corte no acusó a los Comandos Chavín de Huantar, y que el fallo se centra en la necesidad que el Estado aclare el asesinato de un emerretista que ya estaba desarmado y detenido. Quienes así opinan no entienden razones y optan por parapetarse detrás del heroísmo de los soldados que liberaron a los rehenes. pasado cerca de 18 …la marca que Han años desde la recuperaha quedado ción de la embajada y más es profunda y de 20 desde la detención Abimael Guzmán y del ha reforzado de inicio del declive de Senemociones dero Luminoso, pero es vinculadas a la indiscutible que la marca ha quedado en el venganza y el que inconsciente colectivo es miedo” profunda y ha reforzado en un sector de la población, emociones vinculadas a la venganza y el miedo. Una razón para que este estado emocional se mantenga con esa intensidad, es la acción activa y permanente de un poderoso núcleo autoritario en el país, que abona deliberada y constantemente estos sentimientos, asociando cualquier acción vinculada a la defensa de derechos con intenciones ocultas y malévolas. Esto es más patético, si tenemos en cuenta que es el propio ministro de Justicia de este gobierno, quien lo hace, pese a que conoce con detalle el fallo de la Corte. Pero también es necesario reconocer que el desempeño de buena parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos no ha estado a la altura de esta situación. Si bien tuvieron un rol fundamental en la consecución de las sanciones contra Fujimori y Montesinos, entre otros, no han logrado elaborar un discurso capaz de ir más allá del circulo de ciudadanos preocupados por el respeto de los Derechos Humanos. Esa tarea mantiene su vigencia y por lo que venimos viviendo en el país, se vuelve cada vez más urgente. JULIO de 2015
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Desarrollo
Algamarca y La Chilca: Una minería imposible de formalizar El debate nacional respecto a esta actividad se ha venido centrando en la gran minería, pero también es necesario prestar atención a la extracción que de manera informal e ilegal se lleva a cabo en 21 de las 25 regiones que conforman nuestro país. Wilfredo Cholán Rojas
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l Estado ha venido apostando por la formalización: El minero que quiera legalizarse ha tenido o tiene que firmar, en un plazo que primero venció el 2014 y luego ha sido ampliado hasta el 2016, una declaración en la que se compromete a respetar los reglamentos ambientales, concesionarios y tributarios, para
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luego recibir el estatus de productor formal y legal. No obstante, hasta el momento y a nivel nacional, alrededor del 90% no está concretando tales intenciones, por lo que se puede afirmar que la implementación del Decreto Legislativo N°1105, dado en abril del 2012 para promover los procesos de formalización de la minería pequeña y artesanal, no está dando los resultados esperados.
La Chilcas y Algamarca en Cajabamba son dos sectores, donde se práctica la minería informal a gran escala, son un peligro para la seguridad y salud ocupacional, el bienestar de las personas y el medio ambiente que lo rodea. No en vano, en lo que va del año, cinco personas han fallecido producto de esta actividad. No obstante, casi la mayoría de mineros que allí trabajan se han aco-
gido al proceso de formalización y mostrado dispuestos a recorrer los pasos que este contempla: Presentación de la declaración de Compromisos; acreditación de titularidad, contrato de cesión y contrato de explotación sobre la concesión minera; acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial; autorización de uso de aguas; aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo y, finalmente, la autorización para el inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales.
En el caso La Chilca y Algamarca, de las 295 declaraciones de compromiso firmadas por los mineros, 224 han sido canceladas, y se espera que en los próximos meses sean canceladas todas las demás. Este hecho significa que 295 mineros han pasado automáticamente a ser ilegales y pueden ser objeto de sanciones penales, administrativas, civiles y tributarias, y hasta de interdicciones.
VOCES En cuanto al otorgamiento del contrato, va a ser casi imposible, ya que el titular de la concesión que abarca a estas dos zonas es la empresa Sulliden Shahuindo SAC, minera que hasta el momento no ha mostrado voluntad de firmar el petitorio ni de cumplir los siguientes requisitos.
Por otro lado, existe bastante migración a las zonas, ya que la actividad minera ha resultado ser más rentable que la agropecuaria, al punto que quienes a ella se dedican pasan por alto su naturaleza altamente contaminante y su condición de ilícita.
Titularidad minera: El meollo del asunto En el lineamiento 1.4 del Decreto Supremo 02920141 de la Presidencia del Consejo de Ministros textualmente dice: “De la evaluación efectuada al desarrollo del proceso de formalización, las autoridades competentes han identificado titulares mineros que por algún motivo aún no han iniciado actividades mineras y que por el contrario mantienen en las áreas de sus concesiones a mineros informales desarrollando actividad minera sin contratos de explotación. Esta relación de hechos existente debe ser formalizada como resultado del libre acuerdo de voluntades entre ambas partes, para lo cual, el Estado debe dictar medidas que promuevan un escenario favorable al logro de acuerdos, a través de incentivos o beneficios concretos a los titulares de concesiones mineras, como resultado de la suscripción de los acuerdos o contratos de explotación correspondientes”.
El texto no precisa, sin embargo, cuáles son los incentivos o beneficios que serán otorgados: ¿Serán acaso económicos? ¿O tributarios? Queda pendiente la aclaración por parte del Estado. Por otro lado, se han identificado diversos casos de personas que no cuentan con los títulos vinculados a derechos reales, lo que dificulta la presentación de la autorización de uso de terreno superficial. El director regional de Energía y Minas, Víctor Cusquisiban, ha informado que casi un 95% de los mineros que están en pro-
que no son titulares de la concesión, se cae este proceso de formalización. Es decir, volaría el 99%. En Algamarca, la mayoría es titular de la tierra superficial, pero en La Chilca, se está en proceso judicial con la empresa Sulliden Shahuindo. Mientras no se determine, a través del Poder Judicial, no se sabe quién es el propietario”, explicó. Al respecto, Roger Hurtado Sánchez, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, afirma que la situación depende funda-
95% de los mineros que están en proceso de formalización trabajan sobre una concesión a terceros ceso de formalización trabajan sobre una concesión minera a terceros, hecho que se da también en Algamarca y La Chilca. También ha dicho que el Decreto Legislativo 1105 ha sido un fracaso a nivel nacional: “Ni al 1% llega el proceso, porque justamente están en las concesiones de terceros. Si, por ejemplo, mañana sale una causal, si se anulan las declaraciones de compromiso a aquellos
mentalmente del dueño del terreno superficial y del titular de la concesión, pues mientras aquel no firme el permiso, el concesionario no pueden explotar. Según refiere, el Estado está llano a brindar todas las facilidades, pero no puede obligar al titular de una concesión a firmar ese contrato. Así, pues, si no hay voluntad de una de las partes, el proceso de formalización no va tener
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un resultado positivo. Por otro lado, Hurtado reveló que se vienen realizando una serie de investigaciones de carácter penal, para determinar los ilícitos penales que se vienen realizando en las zonas de Algamarca y La Chilca, y que su intervención busca evitar que el ambiente siga sufriendo impactos negativos.
Si las autoridades no emprenden acciones inmediatas sobre el tema de la minería informal en Algamarca y La Chilca, y en todo el país, seguiremos viendo cómo la salud de Quienes se dedican a la minería pasan por alto su naturaleza altamente contaminante.
las personas y la naturaleza se verán afectadas por esta actividad A pesar de que ha existido una voluntad para su formalización, se ha notado la mínima intención de querer cumplir con las declaraciones de compromiso. A lo que se agrega el bloqueo del proceso de Ordenamiento Territorial, que el gobierno central prometió y luego mediatizo.
1 Este decreto aprueba la estrategia de saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. Disponible en: http:// www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/ NL20140419_2.pdf Consultado: 26-06-2015.
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Desde adentro
La opción agroecológica La Región Cajamarca, es tradicionalmente agrícola y ganadera, pero en los últimos años han cobrado una notable importancia las asociaciones de productores agroecológicos. Si bien su organización todavía está en desarrollo, se trata de una experiencia importante, que ha permitido generar una mayor organización y un manejo más adecuado y sostenible de los recursos naturales.
Alex Aquino Chilón
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a “Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica” (Ley Nº 29196) es el marco normativo que regula la actividad de las asociaciones de productores agroecológicos y tiene entre sus objetivos principales el fomento y la promoción de la producción orgánica, como una forma de contribuir a la superación de la pobreza, la seguridad alimentaria y
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la conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica.
La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE) organiza a mil socios en 172 organizaciones locales, en 20 regiones del país. Aquí existe la Asociación de Productores Ecológicos de la Región Cajamarca (APERC), una de cuyas iniciativas fue la Ecoferia Regional de Cajamarca “Frutos de mi tierra”, en la que participaron más de
25 asociados. Otro acontecimiento importante fue la creación del Consejo Regional de Productores Orgánicos COREPO-Cajamarca1.
En la provincia de Hualgayoc, don Lino Gálvez, integrante de la Asociación “Vida Sana”, en Bambamarca, refiere que ha venido trabajando en apicultura desde el 2003, y que desde el 2007, se incorporó a la asociación. “Empezamos con nueve integrantes y en la actualidad somos 29. He-
mos contado con el apoyo de la Agencia Agraria y la municipalidad provincial de Hualgayoc-Bambamarca”. Además, cuenta que ha participado en ferias locales, regionales e incluso en “Mistura”, en Lima, gracias a su producción orgánica.
Según dice, tener una producción diversificada permite generar mayores ingresos económicos. De hecho, su experiencia en la producción de tomates, miel de abeja y en la crianza de cuyes ha servido de referencia a los visitantes de Cutervo, Chota y el distrito de Hualgayoc. “Los visitantes han valorado nuestra capacidad de mantener al grupo con confianza y solidaridad, y de promover la igualdad y la vocación por desarrollar productos orgánicos”, declara. Entre las dificultades considera la heterogeneidad del emprendimiento, y lo complicado que resulta sostener la voluntad y la persistencia en la producción orgánica y ecológica de los socios. No obstante, hace hincapié en que esa tarea forma parte de la práctica de valores como la asociatividad, la cooperación y la sensibilidad para cuidar el medio ambiente y lograr la sostenibilidad de los productos. A decir del coordinador provincial de Procompite, Henry Goicochea, el alcalde provincial de Hualgayoc, Eddy Benavides Ruiz, está comprometido con el desarrollo de los productores en la provincia, y a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, y desde Procompite en el 2015, se ha lanzado un primer concurso en nueve cadenas productivas: Leche, derivados lácteos, crianza de cuyes, miel de abeja, quinua,
VOCES Una producción diversificada permite generar mayores ingresos.
En el Perú, hay aproximadamente 75 mil productores ecológicos que cuentan con certificaciones especiales aguaymanto, crianza de truchas, artesanía, turismo. “Se está recuperando las cadenas productivas de miel de abeja, aguaymanto y cultivo de quinua, ya que ningún programa del gobierno central, ni de los gobiernos locales anteriores se había preocupado de ellas”, informa el funcionario. Goicochea considera, de otro lado, que factores limitantes son el poco desarrollo de la cultura de asociatividad entre los productores, la falta de planes de negocio y la carencia de capacitación técnica. Aún así, las asociaciones de productores agroecológicos han logrado promocionar sus productos y mejorar la demanda de los mismos. Moisés Quispe, director ejecutivo del ANPE, revela que en el 2013, la demanda nacional por productos agroecológicos creció en un 7% y se incrementó en un 10%, en el 2014. El directivo considera que “el impulso se debe,
entre otros motivos, a que los consumidores buscan hoy productos más saludables y amigables con el medio ambiente”. Por ello, en el Perú, hay aproximadamente 75 mil productores ecológicos que cuentan con certificaciones especiales.
Los productores agroecológicos de la región Cajamarca y el país han encontrado en su actividad una salida a la pobreza. La producción no es sencilla, ya que implica buenas prácticas agrícolas, como prestar atención especial a la higiene y emplear abonos naturales. Algunas experiencias todavía son incipientes y hay otras que se van consolidando. Sin embargo, para lograr su sostenibilidad, necesitan apoyo técnico y financiero a sus iniciativas, de parte de los gobiernos local, provincial y regional. Es imprescindible fortalecer, entre las organizaciones de productores, las competencias para la gestión sustentable del ecosistema. La producción agroecológica va más allá de la comercialización de productos y se constituye en un espacio de educación y sensibilización a la población, para el consumo de productos ecológicos. Además promueve la biodiversidad. 1 Creado mediante Ordenanza Regional N°017-2013-GR.CAJCR, el 05 de noviembre del 2013.
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tendiendo puentes Ricardo Morel
De las Relaciones Comunitarias a la Gestión Social
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n el Perú, la profesión de relacionista comunitario surgió como respuesta al incremento de inversiones en proyectos, principalmente mineros, a fines de la década de los 90´s. Paralelamente a la aparición de estos nuevos proyectos, el número y la intensidad de los conflictos sociales relacionados a ellos ha ido creciendo significativamente en los últimos 15 años, lo que ha llevado a una mayor demanda de estos profesionales. Los modernos conceptos de Multiactor, Mesas de Diálogo y Mesas de Desarrollo, como espacios de reunión de muchos actores que intervienen en un determinado territorio, nos deben llevar a una reflexión sobre si debemos seguir utilizando el término “relaciones comunitarias”, pues es un concepto que se centra en una relación bilateral entre comunidad y empresa, sin hacer referencia a la gran cantidad de otros actores que interactúan en relacionamiento. Si El desarrollo ese somos conscientes de de un territorio que el espacio multiactor fortalece la sostenibilidad debe ser del desarrollo, la profeliderado por el sión debería llamarse gobierno local” “Gestión Social”. La ubicación de los proyectos mineros o petroleros en zonas alejadas, con ausencia del Estado en casi todos sus niveles, hizo que las empresas reemplazaran a ese Estado ausente, generando una relación bilateral que, si bien funcionó en el corto plazo, se ha mostrado insostenible en el mediano y largo plazo. En el país, mencionar Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa consigue reincidir en un modelo que carga con una responsabilidad que debería ser compartida, solo a la empresa, liberando de ella a los demás actores. En mi experiencia, el desarrollo de un territorio debe ser liderado por el gobierno local, con el respaldo del gobierno regional y nacional, de las empresas, las ONGs, la cooperación internacional y de los propios pobladores, quienes deben asumir, cada uno, un rol en lo que denominamos “responsabilidad social”. Una definición de tal concepto es: Ser sensible a los problemas de nuestra sociedad y tener una actitud propositiva que contribuya a reducir los impactos socio ambientales negativos. Ser responsable es saber que cada uno de nosotros forma parte de una sociedad y que todos tenemos compromisos y obligaciones que debemos cumplir, tanto individualmente (responsabilidad social personal) como en conjunto (responsabilidad social empresarial, gubernamental, institucional, organizacional).
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Informe local
Foto: Frente Foto.
Choropampa, quince años de impunidad Los dolores de cabeza y la pérdida de la visión son algunos de los síntomas que las personas de San Sebastián de Choropampa han sufrido durante estos últimos 15 años. La mayoría solo aguarda que llegue la muerte. Otras, pocas, siguen luchando y reclamando que se haga justicia. Teresa Santillán
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l derrame de mercurio, producido por el camión de Ransa, contratista de Yanacocha, el 2 de junio del 2000, desencadenó los daños a la población de Choropampa. Ignorando que se trataba de una sustancia dañina, muchos recogieron el mineral y terminaron sufriendo un alto nivel de intoxicación. Las imágenes de los efectos que ha ocasionado este mineral en los cuerpos de las personas son desgarra-
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doras. Y, es indignante la respuesta que el Estado ha dado, a través de sus órganos jurisdiccionales.
negocios turbios. Luego del fatal hecho, Yanacocha realizó transacciones extrajudiciales con la mayoría de los pobladores, celebrando un contrato que implicaba concesiones recíprocas. Por un lado, los afectados desistían de iniciar algún proceso judicial por el daño causado, y por el otro, Yanacocha otorgaba una determinada suma de dinero y un seguro médico.
¿Resultó ser recíproco? Evidentemente no. Las personas que firmaron estas transacciones no han podido mitigar los efectos del mercurio en su cuerpo con ese dinero. Además, al momento de efectuarse la transacción, no tenían ni la mínima idea de las consecuencias ni del riesgo que se asumía. En cambio, la empresa sabía que el derrame producido era altamente contaminante, por lo que “los métodos que usó fueron cuestionables, y su finalidad fue evitar que más tarde fuera demandada por el valor real de todos los daños causados.
La Defensoría del Pueblo concluye su Informe Defensorial 62, emitido en el año 2001, señalando que las transacciones extrajudiciales, “vulneran los derechos al debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva a los afectados, derechos de la persona humana reconocidos constitucionalmente, inherentes a la misma e irrenunciables”. Esta opinión, sin embargo, no fue compartida por la Corte Suprema de Justicia.
Quienes, a pesar de haber hecho las transacciones extrajudiciales, demandaron una indemnización a Yanacocha, no obtuvieron una respuesta favorable. Obedeciendo a un criterio de análisis formalista, el Pleno Casatorio emitido por la Corte Suprema de Justicia, en el 2007, elevó a un nivel superior los acuerdos propuestos por la minera a los afectados, quienes no pudieron exigir una reparación civil por el daño sufrido, dada la conclusión del documento: “No hay contravención a los derechos de las personas, las transacciones pusieron fin a las discrepancias que se suscitaron entre las partes como consecuencia de los daños causados por el derrame de mercurio”. Se trató, pues, de una decisión que acogió fuertemente las formas de la celebración del contrato, pero que no estimó el contexto ni las limitantes de las personas.
¿Hay esperanza? En la actualidad, alrededor de 114 personas que no firmaron las transacciones extrajudiciales son parte en procesos judiciales por indemnización extracontractual con Yanacocha. En algunos de ellos se ha dado parcialmente la razón a los afectados, concediéndoles una indemnización, pero
VOCES no la contratación ni el pago de un seguro médico y otro de vida, como lo habían solicitado.
En otros, la sentencia en segunda instancia ha sido declarada infundada. El fundamento de esta decisión, según la abogada Mirtha Vásquez , radica en el nivel de mercurio que tienen los afectados en la sangre. La Sala Civil Transitoria de Cajamarca señala que para exigir la indemnización, las personas deben presentar más de 120 microgramos,
cantidad bastante superior a los 14 microgramos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala como máximo aceptable. Los afectados han demostrado, mediante certificados médicos, que el nivel de mercurio que presentan es de 80 microgramos. Sin embargo, la decisión de la Sala estaría obligando a los afectados a ir en casación a la Corte Suprema, y habría que esperar más tiempo para conocer la decisión de los magistrados. Así también hay procesos que han sido declarados en abandono, porque, al parecer, los afectados no creyeron en que una gran empresa pudiera pagar por
Foto: Frente Foto.
Tampoco se ha sancionado a los responsables y toda una población sigue sufriendo las consecuencias de un hecho que pudo evitarse
Los firmantes de las transacciones no tenían la mínima idea del riesgo que asumían.
cavilando
el daño efectuado y menos aún confiaron en nuestro sistema de justicia.
una relación directa entre el Estado y Yanacocha Han pasado 15 años y aún no tenemos una regulación objetiva para la manipulación de mercurio en grandes cantidades. Tampoco se ha sancionado a los responsables y toda una población sigue sufriendo las consecuencias de un hecho que pudo evitarse, con diligencia oportuna.
No se llegó a formular una denuncia penal por el delito de contaminación ambiental, pues no hubo entidad que hiciera un informe pormenorizado. El ministerio de Energía y Minas sancionó a Yanacocha por este suceso y la empresa se allanó, pero no quitó el dolor ni sufrimiento a las víctimas. El Estado ha permanecido impasible en este caso. Ha protegido los derechos a una tutela jurisdiccional efectiva. Se ha creado jurisprudencia, se ha empezado a discutir sobre problemas ambientales, pero no se ha reconocido que hay una parte débil en esta relación, que merece un trato diferenciado.
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mirtha vásquez
Muertos que recordar, lecciones sin aprender
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l 3 de julio del 2012 fue una fecha fatídica. Cinco ciudadanos fueron aniquilados por su propio Estado que intentaba imponerse y llevar adelante un proyecto minero, Conga. Sí, remarco sin temor a ser severa, que la responsabilidad principal de estas muertes recae en el Estado y específicamente en el gobierno actual, que no encontró mejor respuesta a legítimos temores y reclamos de la población que el uso de la violencia. Que el Estado trató de agotar el diálogo; que la población estaba desbordada y había que imponer el principio de autoridad; que la responsabilidad de estas muertes es de los líderes que azuzaron a la población son argumentos nimios que el Estado y las empresas no pueden seguir usando. El diálogo no se dio porque las comisiones de alto nivel comandadas por los mismos ministros nunca vienen a dialogar. Vienen Abusar de a negociar la ejecución de la violencia los proyectos, ofrecimientos de obras por delante, estatal para que la población debilita y acepte, sin posibilidad de deslegitima discutir, los cuestionao la opción de no el principio mientos ejecutar la actividad. Es de así como “dialoga” el Estado. Si no se aceptan estas autoridad” condiciones, estamos frente a la “radicalización de la población” e inmediatamente se procede a la represión. No es extraño que a un militar como Humala el famoso “principio de autoridad” le suene a balas y bombas, pero jurídicamente, este se basa en la legalidad y en la exigencia de los mandatos del Estado en el marco de la ley y las libertades. La autoridad no se impone con armas. Por el contrario, abusar de la violencia estatal la debilita y deslegitima. Muchos han dicho que los responsables de esas muertes son líderes ambientales que azuzaron a la población a reclamar. Nada más discriminador que esta postura, basada en la falta de entendimiento del razonamiento campesino. Atribuir las protestas a una manipulación no es más que negar la capacidad y la calidad ciudadana a muchas personas por su precaria condición económica. Acabamos de atravesar otro conflicto de grandes magnitudes, Tía María, y nos preguntamos qué lecciones se aprendieron de Conga. Parece que ninguna. Ningún cambio político o institucional del gobierno… a favor de la población, aclaremos, pues el sector económico sí recibió muchos beneficios más; léase: la ley 30230.
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La región y su gente
Chetilla: Identidad y tradición histórica
Chetilla se encuentra ubicado a unos 30 km de la ciudad de Cajamarca. Es uno de los distritos más antiguos de la provincia. Unos dicen que su nombre significa “catarata blanca” y otros, que que quiere decir “agilidad”, “ligereza” o “prontitud”. Wilfredo Cholán Rojas
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a localidad de Chetilla se encuentra rodeada de cerros, entre los que destaca el Hualgáyoc. Entre las referencia del lugar llama también la atención su fiesta patronal, en honor a San Esteban, pues se celebra largamente, desde el 28 de diciembre hasta el 06 de enero. Chetilla tiene una importancia histórica, ya que sus primeros habitantes fueron los Mitmas Chilchos,
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provenientes de Chachapoyas, quienes llegaron y se instalaron en la zona bajo el liderazgo del inca Túpac Yupanqui, trayendo consigo sus costumbres y creencias religiosas.
Otros hechos que destacan en el devenir histórico de Chetilla son el motín que protagonizaron los campesinos, contra el cobrador de diezmos, en 1793, y el rechazo al Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), en la década de 1970.
Idioma, vestimenta y dedicación La de Chetilla es una comunidad de una riqueza cultural inimaginada. El que quechua que se habla en esta zona es muy peculiar, pues es muy diferente al que se usa en el sur e inclusive al de Porcón, pese a que ambos pueblos están relativamente cerca. Una singularidad, por ejemplo, es que su pronunciación es idéntica a su escritura. Felix Quesada (1976), por su parte, explica, respecto a ambas variantes, que las
diferencias que las separan son de orden gramatical y en parte fonológico y léxico. Sin embargo, el uso de tan particular idioma se está dejando de lado.
Don Juan Malimba, quechuahablante natural de Chetilla y profesor de quechua, menciona que lo más resaltante de Chetilla es el idioma, patrimonio que debería ser rescatado a través de su enseñanza en el sistema educativo oficial: “El quechua es nuestra primera lengua. La gente
VOCES las mujeres de Chetilla confeccionan personalmente las prendas que lucen en las fiestas.
casi en su mayoría lo habla, pero, al parecer, nuestras autoridades provinciales y regionales no están brindado el apoyo necesario para revalorarlo. Esta es una de las causas del retraso en nuestra educación. Felizmente en inicial, primaria, secundaria y superior ya se está enseñando nuestra lengua, debido a que han venido profesores capacitados”, indicó.
La mujer chetillana se distingue claramente por el sombrero que lleva, ya que este tiene una o dos cintas de color. Debajo lleva un pañuelo que sirve para protegerlo del sudor producto del trabajo. Sobre dicha prenda, las señoras mayores utilizan el color verde o azul y las señoritas el blanco, amarillo o rojo (anteriormente, las mujeres solteras lucían el blanco, que cambiaban por el rojo o amarillo, en cuanto se comprometían). Para cubrir el cuerpo, se usa bayetas, prendas hechas de lana de carnero, que siempre se usa de a dos: Una de color oscuro por fuera y otra de tono claro por dentro. Para fijar estas dos piezas, las
damas utilizan el Topocón, un diseño de 20 cm, que va atado con una o dos cintas. Por dentro llevan una camisa blanca de tocuyo. Asimismo usan el pañal o pullo, también confeccionado en lana, cuyas listas van en sentido vertical. Las chetillanas llevan siempre consigo la rueca y el huso, pues nunca dejan de hilar, ni siquiera al caminar. Alfonso Marín, poblador del caserío El Manzano comentó a VOCES que las chetillanes hacen con sus propias manos la vestimenta que lucen y que durante las fiestas tradicionales utilizan el anacu, que es más grande y más pesado que el pullo, pues les llega casi a los talones.
Respecto a las actividades productivas y comerciales que se llevan a cabo en Chetilla, Aníbal Sangay, responsable de Desarrollo Agropecuario de la municipalidad distrital, informó que la plaza de comercio se realiza todos los viernes, día en que llegan representantes de todas las comunidades, portando sus productos y ganado.
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a ojo de pájaro miguel garnett
Lectura a viva voz en cajabamba
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l 22 de mayo, se llevó a cabo, en Cajabamba, un concurso escolar de lectura en público. Participaron estudiantes de las escuelas y colegios rurales, y algunos de la ciudad. El evento fue organizado por el municipio provincial de la citada localidad, la UGEL y una entidad particular llamada “Biciteca”, nombre que viene de la combinación de las palabras “bicicleta” y “biblioteca”. La Biciteca presta libros a los lectores(as) y opera de un modo similar a las “Bibliotecas Rurales”, gran promotor de la lectura en nuestra región, sobre todo en el campo. En el Perú, el nivel de lectura es muy bajo, pero, en vez de simplemente lamentar esta situación, lo que nos toca hacer es tomar iniciativas concretas para animar la lectura. Este ha sido, precisamente, el propósito de los organizadores del evento, a quienes cabe felicitarles, como también a los escolares que participaron. Tanto en primaria, como Lo que nos en secundaria, hubo tres toca hacer categorías. Cada participante tuvo que leer un pasaje es tomar iniciativas de prosa, de unas 35 ó 45 líneas, tomado de cualquier concretas obra de un autor cajabampara animar bino. Esta condición fue inla lectura” teresante porque yo, como miembro invitado a formar parte del jurado, pude volver a gozar de algunas de las historias y las anécdotas que había saboreado hace años, cuando tuve la dicha de vivir en Cajabamba. Además, tuve la oportunidad de escuchar algunas historias que no conocía. Claro está, esta lectura, preparada ya en el centro educativo del participante, sirve para promover la creatividad literaria local. Después de leer el pasaje en prosa, el/la competidor(a) tuvo que participar en un balotaje, para recibir un poema hasta ese momento no visto por él o ella. Como es de suponer, los miembros del jurado tuvimos que prestar bastante atención al ritmo de la lectura, al respeto a los signos de puntuación y a la pronunciación de las palabras, para determinar si el lector(a) realmente entendía lo que estaba leyendo. Felizmente, hubo ganadores(as) tanto del campo como de la ciudad, y esta iniciativa cajabambina merece ser imitada. ¡Mis más sinceras felicitaciones a “Gloriabamba, tierra de pintores y escritores”! JULIO de 2015
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Reseñas
Fiscalización ambiental
Publica: SDPA Año: 2015 Páginas: 92
Recomendaciones para un fortalecimiento integral
Carlo Reátegui
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a Sociedad Peruana de Derecho Ambiental presenta cinco artículos de investigación y opinión sobre temas relevantes dentro de la búsqueda de una óptima sistematización de la fiscalización ambiental en el Perú. En cada uno de ellos, miembros de la institución se refieren a las normativas vigentes en el ámbito de la fiscalización ambiental. Aluden también el trabajo y la pertinencia de algunos organismos estatales, así como las implicancias de la aplicación de las nuevas normas de fiscalización, desde un enfoque jurídico. En conjunto, este libro se presenta como un aporte al debate en el Perú so-
bre el tema —de gran actualidad— que trata. Así, por ejemplo, Isabel Calle presenta la evolución del marco normativo de fiscalización ambiental en los últimos 25 años, partiendo de las debilidades y llegando a los retos futuros de una práctica estatal que empezó con un tratamiento por sectores y terminó con otro, sistémico integral de la tarea de control.
Luego, Jean Pierre Arango y José Luis Capella analizan legal y situacionalmente al OSINFOR. Describen los aspectos normativos de su creación, la situación de sus instrumentos de gestión, como también las principales acciones realizadas desde su fundación, y terminan con un acercamiento hacia los vacíos
A cinco años del TLC con Estados Unidos: ¿Quién va ganando?
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l Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos marcó el inicio de una apertura comercial global que busca generar beneficios bilaterales en tema de exportaciones y oferta de productos en mercados internos. Germán Alarco, Caros Bedoya,
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Julio Gamero y Javer Llamoza realizan un balance de algunos de los resultados de la firma de este TLC, luego de cinco años de vigencia. ¿Realmente nos beneficiamos? Inicialmente, se compara las balanzas comerciales de Chile, México y Perú,
que afronta actualmente la supervisión forestal.
Más adelante, Pablo Peña trabaja sobre la trayectoria del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNARP) y la importancia del trabajo de fiscalización en dichas áreas. El autor recomienda que los marcos normativos en tema de sanciones, tanto de dicha entidad, como de otras de Fiscalización Ambiental (EFA), sean adecuadamente articulados,
Publica: Red Peruana por una Globalización con Equidad Año: 2015 Páginas: 138
de modo que las atribuciones de unas no interfieran con las de otras. Por último, resulta interesante el texto de Dino Delgado y Carla Bengoa sobre el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el que los autores vuelven sobre la normativa legal y prestan una mirada a las atenciones especiales que esta entidad debe dar a la regulación de los Organismo Vivos Modificados (OVM).
de cara a sus TLC con los Estados Unidos. Asimismo, se analiza la trayectoria de la protección de inversiones extranjeras y la autonomía del Estado frente a estas, desde los años noventa hasta la actualidad. Se presentan también las implicancias de las mejoras institucionales en temas laborales, con énfasis en el sector agropecuario. Por último, se echa un vistazo a las patentes médicas y a los gastos que genera al Estado la exclusividad de empresas farmacéuticas.
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