Revista Voces N°55

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VOCES

Nº 55 CAJAMARCA SETIEMBRE 2015 PRECIO S/1.00

Se cocinan nuevos conflictos El gobierno de Humala sigue tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía

Mototaxis en el centro: Problema vehicular y social.

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¡San Nicolas debe parar!

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ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN SER

“Concesiones y el derecho a la información”

“Pasivos ambientales, una deuda en Hualgayoc”

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VOCES

EDITORIAL

La desigual justicia del oro

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os procesos judiciales que enfrentan a Máxima Acuña y Minera Yanacocha han puesto en evidencia las contradicciones en nuestro sistema de justicia. Pese a que Máxima ha ganado el caso en la vía penal, en la que se le acusaba de usurpación de tierras, en el fuero civil, por reivindicación, se le ha prohibido hacer uso de sus predios mientras dure el proceso judicial. Mientras tanto, la empresa se ha encargado de hacer efectiva esta disposición, ejecutando en las tierras objeto de la disputa acciones que han generado el rechazo de la opinión pública, por la forma en que se realizan y que hacen evidente el hostigamiento a la familia.

Si bien la compañía minera se sujeta a las disposiciones normativas, esto no garantiza el respeto a la otra parte. Recordemos, sino, los procesos de indemnización, de hace 15 años, por el derrame de mercurio en Choropampa, o el que se lleva contra Móvil –contratista de Yanacocha– por el derrame de hidrocarburos en las parcelas de 86 familias, en Tembladera, que data del 2003. Entonces, la judicialización no ha sido una salida óptima para las poblaciones afectadas. Por el contrario, esta les ha generado gastos onerosos, durante un tiempo que se ha dilatado y que incluso, ha permitido la aparición de mayores efectos negativos. Estas situaciones demuestran la desigualdad de condiciones con las que aún afrontan los procesos judiciales los ciudadanos y las ciudadanas, de un lado, y las grandes empresas, del otro. En este sentido, preocupa, además, que las garantías otorgadas por la gobernación de Cajamarca no se hagan efectivas en el caso de Máxima y que el ministerio de Justicia tampoco respete lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este proceder cuestiona, a su vez, el papel del Estado en los conflictos y reivindica la percepción de que favorece los intereses de las empresas, en su apuesta por la actividad extractiva en el país.

Dado este contexto, desde Voces hacemos un llamado a los órganos que imparten justicia, para que, con las pruebas necesarias, desarrollen procesos adecuados y hagan efectiva la defensa de los derechos. Se debe tener en cuenta que en nuestro país, constantemente se libran batallas por el reconocimiento de los derechos de las poblaciones, pero es necesario terminar con la indiferencia que muestran algunos sectores frente a los procesos, lo que no hace más que alimentar el abuso de poder, el abandono del Estado y los conflictos, con sus respectivas consecuencias. Por último, las empresas deben aportar reformulando sus estrategias de relaciones comunitarias y de responsabilidad social. No obstante, es lamentable que a pesar de que estos episodios son repetitivos, ni los gobiernos ni las empresas parecieran aprender las lecciones.

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VOCES Cajamarca Setiembre 2015 Nro. 55 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman Comité editorial María Luisa Burneo Ronald Ordóñez Rosa Montalvo Teresa Santillán

Director Javier Torres Seoane Editora Mariella Checa M. Reportero Wilfredo Cholán

Columnistas Mirtha Vásquez Miguel Garnett Ricardo Morel Fernando Romero Fotografia Asociación SER

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Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-15806

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Entrevista

“Los paquetazos ambientales son una forma de exterminio”

cha, Tuna Santa Águeda, Chimichimi y Chinín, que pueblan el lado derecho del río. Hasta este año, somos aproximadamente 1300 ó 1400 personas. También existe la Oficina Regional de Comunidades Nativas, que se creó en el 2011 y empezó a funcionar en el 2012, pero los recursos no son suficientes para realizar un trabajo adecuado. Al respecto estamos coordinando algunos recursos.

En diálogo con VOCES, el consejero regional por la provincia de San Ignacio, Neire Unkuch Jempekit, comparte su experiencia como líder indígena y ahora como consejero. Asimismo comenta la situación de sus comunidades nativas, la forma en que los paquetazos ambientales las afectan y la urgente necesidad de que sus derechos y territorios sean respetados.

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Wilfredo Cholán Rojas

A nivel regional hay un diagnóstico sobre las comunidades indígenas? El diagnóstico no está actualizado, por falta de re-

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cursos. Por ejemplo, las comunidades Awajún que existen en nuestra provincia de San Ignacio se ubican en dos distritos. En el distrito de Huarango se encuentran Yamake, Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia,

Saawientas, Chingozales, Najem y Datem, ubicadas a la margen izquierda de río Chirinos. En el distrito de San José de Lourdes están las comunidades de Naranjos y sus anexos, como Alto Naranjos, Nuevo Ku-

¿Sus comunidades se encuentran tituladas? Sí, se cuenta con título comunal, que es el que abarca a todos los anexos.

¿Hay propuestas para revalorar su importancia cultural? Varias están en proceso. Desde el gobierno regional estoy promoviendo iniciativas de reconocimiento, trabajo y sobre la importancia que tienen las comunidades indígenas. Por ejemplo, la Oficina de Salud Intercultural de la DISA Jaén, el Instituto Nacional de Salud y el gobierno regional han coordinado y firmado un convenio para trabajar la salud intercultural. Ahora, las formas de atención que se practiquen en las comunidades deberán estar de acuerdo a sus costumbres e incorporar las plantas y sus usos medicinales. Hay intención, pero hasta el momento, en la práctica, no se aplica. También se ha priorizado la educación


VOCES y salud intercultural bilingüe, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, entre otros aspectos; todo a través de un plan que se organizó con otras instituciones. Asimismo, la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y la Organización Awajún de San Ignacio (ORASI) promueven iniciativas de defensa y respeto de nuestros derechos. Pero la gran dificultad radica en que las autoridades no conocen bien nuestra realidad. ¿Cuáles son otras limitantes para el trabajo con las comunidades nativas, además del desconocimiento de las autoridades? La falta de capacitación en interculturalidad a las personas que deseen enseñar y trabajar con las comunidades. La falta de educación bilingüe, la salud intercultural, entender nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión de las cosas; proyectos que se adapten a nuestra realidad. ¿Y cuáles serían las instancias que deberían trabajar para el respeto de sus derechos? Principalmente los gobiernos central y regional. Se tiene que apostar por el desarrollo de nuestros pueblos con políticas adecuadas de promoción

Los pobladores de la comunidad nativa de Supayaku, como muchos otros, reclaman respeto a sus derechos.

y respeto de nuestras culturas.

¿Qué opinión merece la aprobación sistemática de esas normas que se conocen como “paquetazos ambientales”? Son atropellos y una forma de exterminio que viene haciendo el gobierno a nuestras comunidades nativas de todo el país. Quieren pasar por encima de nuestros derechos, que nos amparan en la Constitución, en el convenio 169 de la OIT, y otros documentos. Pretenden saquear nuestras tierras y recursos a costa de nuestra desaparición. Lo que exigimos al Estado es respeto por nuestros derechos y nuestra forma de vida como pueblos originarios.

¿Y la consulta previa? Como vemos, tampoco hay respeto por ello. Dictaminan normas que atentan contra nuestras vidas a pesar de que existen convenios y leyes que nos amparan. ¿No hay, entonces, intención del gobierno de reconocerlos en sus plenos derechos? No la hay ni la habrá. Lo que nos queda es organizarnos a nivel nacional para exigir el respeto a nuestros territorios. Por otro lado, ¿Cuál es la situación de la empresa minera Águila Dorada y de las comunidades aledañas, teniendo en cuenta que ya no llegaron a un acuerdo en abril último, para seguir con la

Pretenden saquear nuestras tierras y recursos a costa de nuestra desaparición

Esfuerzo honesto y liderazgo

¿Cuál ha sido su experiencia, en tanto líder de su localidad, en la defensa de las comunidades nativas de San Ignacio? Hemos aprendido las enseñanzas de forma colectiva, a través de nuestros ancestros. Ellos nos enseñan a ser buenas personas, para que estemos al lado de nuestra comunidad y defendamos nuestros intereses y territorios. En los diferentes espacios

donde he participado, hemos ido transmitiendo nuestra cultura y las enseñanzas recibidas de nuestros ancestros, con la finalidad de que nuestra cultura no se pierda.

¿Se ha tenido logros, entonces? A partir de las enseñanzas recibidas, hemos ido haciendo incidencia en diversos espacios, para que nuestros derechos sean respetados. Justo por la incidencia de la Organización Fronteriza Awajún

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fase de exploración del proyecto Yaku Etnsa? Por el momento, el conflicto está latente. En abril de este año se iba a firmar el segundo convenio de permiso de exploración entre la comunidad de Naranjos y la empresa. Pero a nivel del Apu y los dirigentes han decidido no firmar, porque el proyecto que se encuentra en la cabecera del río Chirinos al parecer está contaminando las aguas. Esperemos que la comunidad de Naranjos no cambie su posición, porque esto también ha generado conflictos con nuestra comunidad de Supayaku. En la comunidad nativa de Supayaku, a la cual pertenezco, consideramos que la presencia de la empresa Águila Dorada es una amenaza para nuestra existencia porque está contaminando nuestro medio ambiente, pone en peligro la seguridad alimentaria, que son los animales silvestres y peces. Además, modifica nuestra identidad cultural y no garantiza la permanencia de nuestras generaciones.

¿Qué les pediría a los candidatos presidenciales de las próximas elecciones? Que respeten nuestras decisiones y derechos como pueblos nativos. Que verdaderamente hagan un gobierno de inclusión social.

de Cajamarca (ORFAC) y de la Organización Awajún de San Ignacio (ORASI) se abre la Oficina de Asuntos indígenas en la municipalidad provincial de San Ignacio, en la que laboré. Además, desde ahí asumimos la defensa de nuestros territorios y la transmisión de nuestros conocimientos. Nosotros estamos en constante contacto con nuestra población. Es lo que trato de hacer ahora como consejero, aparte de las otras funciones que tengo.

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Análisis político regional

La permanente situación de conflicto en Cajamarca En los últimos tiempos, Cajamarca ha estado en el ojo de los peruanos debido a los diferentes eventos ocurridos, dentro del marco del proyecto Conga y la oposición local a su realización. No obstante, de sur a norte, nuestro departamento es escenario de muchos otros conflictos generados por la actividad minera e hidroenergética. Lamentablemente, estos no solo no han sido superados, sino que incluso podrían incrementarse. SETIEMBRE de 2015


VOCES Teresa Santillán y Ronald Ordoñez

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egún el último reporte anual difundido por la Defensoría del Pueblo, de los 16 conflictos sociales que se registran en la región, 13 son de naturaleza socio–ambiental y en todos los casos están activos. Sin embargo, el reporte no hace referencia a los desacuerdos cuyo potencial de convertirse en conflicto es grande. Así, pues, Celendín sigue con atención el desarrollo de caso Conga, pero ahora también se mantiene alerta a cuanto pueda ocurrir en relación a los proyectos destinados a generar energía en la ruta del río Marañón. A inicios de setiembre, por ejemplo, las rondas campesinas de los caseríos El Tingo y Matibamba, del distrito de

José Sabogal, detuvieron por casi una semana al ex candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca, Miguel Rojas Meléndez. A pesar de que una vez “liberado”, el político prefirió no culpar de este hecho a sus verdaderos captores, sino al Movimiento de Afirmación Social, se conoció que esta acción fue motivada por el apoyo que Rojas muestra a la ejecución del proyecto hidroenergético Río Grande, obra que está a cargo de la empresa brasileña Odebrecht,y que es criticada por un sector importante de la población de la zona, por las afectaciones que podría ocasionar.

En tal sentido, la situación por la ejecución del proyecto Chadín II (también a cargo de Odebrecht) ha cobrado mayor notoriedad. Como se conoce, las organizaciones sociales de Celendín, lideradas por la Plataforma Interinstitucional de esa provincia, han venido cuestionando permanentemente los efectos negativos de esta obra en las especies endémicas de la zona y en los terrenos agrícolas, así como el desplazamiento que tendrán que enfrentar las personas que pueblan el lugar. De este modo, y en un hecho poco común, la mayoría de integrantes del Consejo Regional se

...la desconfianza respecto a las entidades del gobierno central y a las empresas ha aumentado, y con toda razón...

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pronunció en contra de la ejecución de este proyecto, luego de que funcionarios de Odebrecht realizaran una presentación en la sede del gobierno regional. Este rechazo sin duda constituye un duro golpe a la imagen de esta empresa, que ya enfrenta una ola de críticas debido a los actos de corrupción a nivel internacional en los que se ha visto envuelta. Todo hace pensar, entonces, que estamos presenciando un desacuerdo que tiende a empeorar y que ha empezado a mostrarse fuera de los límites de la provincia de Celendín, ya que, además de lo acontecido con el Consejo Regional, en las últimas semanas han aparecido en Cajamarca dirigentes de la zona que se muestran a favor de esta obra. Asimismo, una voz enérgica que de manera constante se Los proyectos hidroenergéticos, lo mismo que los mineros, despiertan el temor de la población respecto a sus posibles efectos negativos en los terrenos agrícolas y en la vida de las especies endémicas.

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Análisis político regional

manifiesta a favor de la inversión es la de la consejera Lilian Cruzado. A pesar de la manifiesta oposición, el gerente de Chadín II ha insistido en señalar que el 50% de la población ubicada en el Marañón apoya el proyecto y ha evidenciado su confianza en que este será ejecutado.

En este contexto, vale reflexionar sobre la gestión de conflictos en nuestro país y los resultados obtenidos hasta el momento en relación a cada uno de ellos, de modo que sea posible contar con mayores elementos para analizar este caso de los proyectos hidroenergéticos en el Marañón.

Aparente gestión de conflictos La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tiene como una de sus funciones “proponer lineamientos y estrategias de diálogo, mediación y negociación para la prevención, gestión y solución de controversias y conflictos sociales”. Cuando esta oficina fue creada, se pensó que por fin el gobierno central estaba tomando la batuta para solucionar

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los conflictos. Incluso la propia PCM afirmó que la gestión de conflictos es un proceso mediante el cual “el Estado asegura la intervención en la resolución de los conflictos sociales de forma integrada, participativa y multisectorial”1; es decir, aparentó tener una dirección clara respecto a la naturaleza de su función y al proceso que se debe seguir. No obstante, para evaluar el cumplimiento de esta tarea desde la participación del Estado no basta con conocer cuántas oficinas a abierto, cuántos comisionados o cuántas mesas de diálogo ha constituido. En líneas genera-

les, podemos decir que estamos en tiempos en que los conflictos son difíciles de gestionar y que, además, se siguen otorgando concesiones y viabilidad a un número importante de proyectos, mientras que es poco lo que se hace para contrarrestar el malestar de la población.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, en su Decimoctavo Informe Anual Enero – Diciembre 20142, ha considerado entre las tareas de primer orden

del Estado, el atender con mayor eficacia el impacto negativo de los conflictos sociales en los derechos de las personas y en el desarrollo social. De esta forma, la actual gestión de los conflictos merece una revisión permanente y un replanteamiento del desempeño de algunos entes del gobierno central, pues pareciera que el camino sigue siendo el de la represión y el de violación a los derechos humanos. Dentro de este marco, resulta urgente analizar los escenarios que puedan generarse en torno a las comunidades ubicadas en las márgenes del río Marañón, y que pueden, La Policía suele proteger los intereses de las empresas y, en cambio, atenta contra la integridad y la vida de quienes protestan.

a su vez, desarrollar situaciones lamentables, como las vividas en el año 2012.

¿Hacia dónde vamos? En el PERUMIN 2014, el presidente Ollanta Humala señaló que una forma de generar un polo de desarrollo en torno a la minería en la macro región norte es la construcción de hidroeléctricas3. Su posición se ha mantenido, a pesar de que no se ha registrado disminución alguna de los conflictos socio - ambien-

tales reportados por la Defensoría del Pueblo.

En tal sentido y conociendo lo sucedido en Cajamarca y otras regiones, el gobierno continuará apostando por este tipo de proyectos sin previamente considerar el contexto local; esa realidad en la que la desconfianza respecto a las entidades del gobierno central y a las empresas ha aumentado, y con toda razón, pues, entre otros aspectos, se ampara a las mineras y petroleras en los procesos judiciales; la fuerza policial protege la propiedad de la empresa y, en cambio, atenta contra la integridad y vida de quienes protestan. Además, ninguna de estas dos instancias comunica adecuadamente los impactos que podrían tener los proyectos. En el departamento, el gobierno central y las empresas tienen una deuda pendiente en lo que se refiere a las demandas de la población, por lo que no pueden simplemente esperar que surja el cansancio de la gente o que se produzca un cambio en las autoridades para iniciar sus actividades a todo costo. Con esta lógica, seguiremos lamentándonos de manera constante por vivir en medio de un ambiente sumamente polarizado.

1 http://www2.congreso.gob. pe/sicr/cendocbib/con4_uibd. nsf/19AB859CE3950C7C05257A7000725B4B/$FILE/final.pdf 2 http://www.defensoria.gob. pe/modules/Downloads/ informes/anuales/Decimoctavo-Informe-Anual.pdf 3 https://www.youtube.com/ watch?v=uj5q4gB5HZc “La Serpiente de Oro - Teaser Documental / TheSerpent of Gold - DocumentaryTrailer”


VOCES

Vox POPULI

ojos abiertos

Wilfredo Cholán Rojas

fernando romero

¿Cómo percibe la situación económica en Cajamarca?

Pablo Membrillo Gutiérrez (Zapatero) “Está baja, porque las cosas están subiendo y dinero no hay. Los sueldos no alcanzan. No hay trabajo y no hay inversiones en Cajamarca. Espero que el gobierno central actúe para mejorar la situación”.

Dina Mendoza Bazán (Dirigenta social) “La situación económica está igual; no ha mejorado, ni ha empeorado. Muchos reclaman inversiones, pero a costa de que destruyan nuestro medio ambiente, y así no son las cosas. Ahora, los empresarios siempre se quejan por todo”.

Ronald Cardoza Rojas (Asistente de ventas) “Está mal. No hay mucho movimiento en las tiendas. Cada vez hay menos trabajo. Espero que esta situación mejore con el pasar del tiempo. El gobierno debe promover el empleo juvenil, pero, al parecer, no le da importancia”.

María Mendoza Padilla (Madre de familia) “Como todo el tiempo. Siempre es difícil. Las cosas en el mercado suben y el dinero ya no da. Ojalá el gobierno suba los sueldos y dé oportunidad de trabajo a todos. Además, he podido ver muchos turistas para fiestas patrias, y eso es bueno”.

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Lo técnico dejó de ser pretexto

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unca antes la relación entre funcionarios públicos que trabajan para el Ejecutivo –incluidos los ministros– y dirigentes de organizaciones sociales ha sido tan frecuente y tan horizontal como lo es ahora, particularmente en las regiones y localidades donde se han producido conflictos de cierta envergadura. Para no crear dudas ni malos entendidos, la horizontalidad en la relación entre ambas partes no significa necesariamente que esta sea de por sí productiva ni satisfactoria, ni necesariamente democrática, pero sí muestra un cambio en el vínculo y desnuda las carencias que existen, tanto entre quienes trabajan para el Estado y las instituciones que representan como entre las dirigencias sociales. Las discusiones en las mesas y espacios de diálogo han llevado a que más dirigentes y participantes busquen y se apropien de la información necesaria para sostener sus posiciones. Es más frecuente encontrar dirigentes que tienen copia de los EIA de los proyectos; escucharlos explicar los conflictos que se producen entre determinados proyectos, el medio ambiente y el desarrollo rural; demandar participación en las utilidades, compensaciones por los impactos o exigir participación en los procesos de supervisión de la calidad del agua, del suelo o del aire. Es decir, de alguna manera el tema técnico, a pesar de la insistencia del Estado y del sector privado, ya no es monopolio de estos últimos, y cada vez es más difícil esgrimirlo como argumento para acallar a quienes están en desacuerdo con determinados proyectos. Para los funcionarios, cada vez es más difícil conseguir el respaldo o neutralizar la oposición a una medida, si es que la información no es clara y si no demuestra que viene acompañada por algunos beneficios para las poblaciones involucradas. Como es obvio, el asunto es técnico, social y político. En ese sentido, se equivocan aquellos organismos y funcionarios públicos que realizan estudios y supervisiones varias, pero no hacen públicos sus resultados ni las decisiones que de estos se desprenden, y creen que estas medidas son suficientes para gestionar conflictos o aspirar al reconocimiento de la comunidad. La gente espera, pero no confía y, en muchos casos, termina confirmando su desconfianza al no encontrar que se produzcan cambios reales en su calidad de vida. El conflicto permanece sin transformarse. Por su parte, se equivocan aquellos dirigentes que mantienen posiciones recalcitrantes, a pesar de que se producen cambios y mejoras en los proyectos o en el desempeño del sector público o de las empresas. Terminan perdiendo legitimidad y audiencia.

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Desarrollo

¡San Nicolás debe parar! puedan mitigar los efectos perniciosos que estas filtraciones tienen en el ambiente y la salud de las personas.

Pensar en Hualgayoc es pensar en minería, en contaminación, y en pobreza. Aunque para algunos minería represente riqueza, la realidad en este lugar ha demostrado que es más fácil contaminarse de plomo que ser bien atendido en un puesto de salud. Teresa Santillán

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a Compañía Minera San Nicolás, de propiedad de la familia Santolalla, inició sus actividades en 1972, aplicando los procedimientos artesanales que se utilizaban en esa época. Sus operaciones continúan hasta la fecha; sin embargo, pareciera que esta empresa no ha logrado evolucionar en el tratamiento de los minerales y mucho menos en la puesta en marcha de acciones de prevención y cuidado del medio ambiente.

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En marzo del 2006, se emitió la Resolución Directoral N°144-2006-MEM-DGM, que paraliza temporalmente las actividades de San Nicolás, “como medida para proteger la seguridad ambiental, hasta que la situación de peligro haya sido remediada o solucionada, a través de la implementación de la totalidad de las recomendaciones”1. El documento fue emitido debido a que se generó, en sus pasivos ambientales, una filtración de aguas que desembocaban en un canal de uso de la población. Al año siguiente, la empre-

sa fue multada con diez UIT, mediante la Resolución N°295-2007-OS/CD, por incumplir su deber de brindar facilidades para la supervisión y fiscalización de la paralización a sus actividades. Pero ese mismo año, San Nicolás interpuso una demanda contra estas resoluciones, señalando que se prescindió del correspondiente procedimiento de la auditoría ambiental. En adelante, se sumó el papeleo administrativo y judicial, lo que fue dilatando el tiempo para la toma de medidas de seguridad ambiental que

Durante el tiempo comprendido entre los años 2010 y 2013, otras 13 sanciones le fueron impuestas a la compañía, por infringir los límites máximos permisibles, lo que, según el mapa de infracciones de Convoca, le generó una cuantiosa multa de 690 mil dólares.2 Además, en abril de este año, el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería, OSINERGMIN3, confirmó la Resolución N° 500-2015, que sanciona a San Nicolás con una multa de 200 UIT, por incumplir el Reglamento de Procedimientos Mineros (RPM). Según se pudo comprobar, el titular minero construyó y puso en funcionamiento dos pozas de almacenamiento de soluciones cianuradas, pese a que no tenía la autorización de construcción y funcionamiento del Ministerio de Energía y Minas, proceso que ha venido caminando desde el 2011. A nivel local y regional, también se han efectuado diferentes monitoreos e inspecciones que han corroborado que la empresa minera vierte aguas ácidas y residuales en la quebrada de la zona, contaminando así la cuenca de los ríos Tingo Maygasbamba, y pese a que no cuenta con la autorización de vertimiento de aguas del ente competente. La preocupación y tensión de la población por esta situación


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Relavera de San Nicolás, una huella de su paso por Cajamarca.

viene de muchos años atrás, pues temen que los efectos para su salud puedan ser perjudiciales.

Las gerencias de Saneamiento y Medio Ambiente de los gobiernos locales, el gobierno regional, la Comisión Ambiental Municipal de la provincia, las rondas campesinas y el Frente de Defensa, de manera organizada, están tocando las puertas de diferentes instituciones, con la esperanza de ser escuchados. Asimismo, las disposiciones administrativas de OSINERGMIN y OEFA reconocen el incumplimiento de las normas. Pese a ello, no se ha logrado frenar la irresponsabilidad de esta empresa, que descaradamente continúa con sus actividades y se ha permitido negar el acceso a sus instalaciones, a las autoridades, quienes han tenido que ir con resguardo policial, pero no han logrado cumplir con el objetivo de paralizar las operaciones de la minera. Por otro lado, sorprende que el gobierno central, lejos de hacer uso de su poder sancionador y coercitivo para hacer cumplir las leyes, y hacer que los dueños de la empresa caLa quebrada La Eme también da muestras de la presencia y el trabajo de San Nicolás en la región.

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…considerando la reincidencia de esta compañía minera, no cabe duda de que los reclamos y las sanciones continuarán minen derecho, les dio una salida: La emisión de la Ley N°30230, que establece medidas tributarias, así como la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Dicha norma beneficia a San Nicolás y a otras empresas que cometen infracciones ambientales en nuestro país. ¿Cómo? Desde la publicación de la ley, hasta tres años después, el 12 de julio de 2017, las nuevas “san-

ciones a imponerse por las infracciones incurridas no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar”4. No obstante, considerando la reincidencia de esta compañía minera, no cabe duda de que los reclamos y las sanciones continuarán.

Dinamizar la inversión del país a costa de la salud y el bienestar de las personas es, pues, una medida poco conveniente, pues disminuye los cobros por in-

fracciones en los que están incurriendo las mineras. Tampoco es conveniente ni positivo que, pese a los antecedentes y los reclamos fundados, el Estado no haya iniciado otro tipo de gestiones que sólo él puede asumir. La población no va a seguir esperando. Ha demostrado que se pone de pie para defender sus derechos. Por otro lado, el OEFA, como ente fiscalizador, no puede seguir actuando de manera aislada, cuando en la región y en la provincia hay aliados que están trabajando para paralizar las actividades de San Nicolás. Necesitamos coordinación, trabajo en red. No podemos seguir esperando.

1 http://www.osinerg.gob.pe/ newweb/uploads/Publico/ Resoluciones/ConsejoDirectivo/2007/OSINERGMIN%20 No.295-2007-OS-CD.pdf 2 http://mapambiental.convoca. pe/contaminacion/empresa/?nombre=Compa%C3%B1%C3%ADa%20Minera%20 San%20Nicol%C3%A1s%20 S.A.&region=Cajamarca&anno=&empresa=&page=0&om=&omo=&local=Cajamarca 3 http://www.osinerg.gob.pe/ newweb/uploads/GFM/TASTEM/030-2015-OS-TASTEM-S2. PDF 4 LEY N° 30230; Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras.

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Desde adentro

Apu Qayaqpuma: Puesta en valor pendiente

El centro arqueológico Qayaqpuma, también conocido como Puma Orco, se encuentra en la parte alta del valle de Huayrapongo, entre los 2650 y 3100 msnm, en el distrito de Llacanora, a aproximadamente nueve kilómetros al noroeste de la ciudad de Cajamarca. Sus tesoros son muchos y todavía están por descubrir. Martín Malaver y Wilfredo Cholán

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os restos de Puma Orco están repartidos en todo el cerro Qayaqpuma, que está formado por macizos rocosos de arenisca vitrificada y cuarcitas, y cuenta con paredes casi verticales, así como con una serie de cavernas poco profundas, pero que sí son altas. Estas tienen pequeñas sub-cámaras y espacios donde crecen plantas medicinales y vive una fauna propia del área. En todo este espacio de cerca de tres kilómetros cuadrados, puede apreciarse pin-

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turas rupestres dispersas. Son más de tres mil imágenes individuales, la más grande de las cuales luce 5.30 metros de largo por 3.30 de ancho, mientras la más pequeña apenas llega a los 3.5 centímetros.

Un estudio realizado en 1948 asignó a estos restos una antigüedad de 7000 años, cálculo que en la actualidad es el que se sigue aceptando sin ningún cuestionamiento. Las pinturas tienen diseños de figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas. Es así que puede identificarse, a sim-

ple vista, camélidos sudamericanos, perros, plantas y triángulos, formas que posiblemente fueron trazadas por los primeros pobladores del valle.

Estas pinturas tienen una particularidad, según Alfredo Mires —estudioso de ellas—: “No todas las pinturas son perceptibles a cualquier hora del día. Algunas pueden observarse en las primeras horas de la mañana o en el ocaso; algunas no pueden verse con la luz del sol en vertical y otras solo se asoman cuando aumenta la humedad

en el ambiente”1. Todas las imágenes son planas y expresan movimiento. Su color más frecuente es el rojo, en sus diversas tonalidades, aunque también lo es el anaranjado, y también aparecen, un poco menos, el amarillo y el blanco. Henry Idrogo, arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y co-director del proyecto de investigación Qayaqpuma 2015, comenta que, en convenio con una universidad estadounidense, se está realizando un mapeo de todo el lugar. Además, refiere que por el lado norte del Apu, en la zona de Shaullo, un pequeño grupo pretende lotizar el cerro, y ya ha colocado letreros para su venta. No obstante, el especialista adelanta que se seguirá promoviendo su conservación y cuidado.

Teniendo en cuenta su importante e histórico valor en relación al arte rupestre en Cajamarca, estos restos han venido siendo promocionados turísticamente, desde hace muchos años, como parte del circuito La Colpa-Llacanora-Baños del Inca. Las agencias de via-


VOCES Las pinturas rupestres que se ven en la zona conjugan arte e información.

Estas pinturas tienen una particularidad (…): “No todas las pinturas son perceptibles a cualquier hora del día je siempre incluyen, pues, una parada en la carretera para que los visitantes puedan ver las pictografías que se ubican a los costados y sobre la cueva principal.

Este yacimiento arqueológico fue registrado en el inventario de la Cajamarca prehispánica, en la categoría de petroglifos, desde la década de los ochenta. Lamentablemente, hoy está muy deteriorado, dadas las inscripciones que han realizado los visitantes sobre las pinturas rupestres, y la falta de un proyecto serio A la entrada de la cueva del Apu Qayaqpuma se pueden ver las pintas con las que malos visitantes han dañado el lugar.

de conservación que las proteja y aplique en ellas medidas para su mantenimiento.

Por otro lado, las autoridades e instancias correspondientes poco o nada hacen para impulsar su puesta en valor. Recién en junio de este año se ha contratado a una persona para que cuide la zona. No obstante, es necesario y urgente que se promueva también el respeto al Apu Qayaqpuma. Si no se toman medidas al respecto, veremos cómo, una vez más, se echará a perder una muestra de nuestro patrimonio arqueológico, por la falta de gestión de las autoridades y la destrucción de la población misma, que desconoce su importancia.

1 MIRES ORTIZ, Alfredo. QAYAQPUMA - Pintura Rupestre, Tomo 4. Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca. Cajamarca, Perú, 2006. Página 170.

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tendiendo puentes Ricardo Morel

Cajamarca: una oportunidad para un nuevo modelo de desarrollo

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ajamarca, departamento rico y diverso, ha seguido descendiendo en el indicador de desarrollo humano. Actualmente se ubica entre los cinco departamentos menos desarrollados del país, teniendo en cuenta la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el ingreso familiar. Todos conocemos la historia de los conflictos en Cajamarca que, desde el 2004, con la oposición al proyecto Quilish, de Yanacocha, marcaron una ruta que se ha mantenido, teniendo como corolario la paralización del proyecto Conga, cuya construcción ya había sido iniciada. El gobierno regional reelecto para el periodo 20152018 nos deja un mensaje muy claro sobre la búsqueda de una visión de desarrollo no centrada en la minería. No pretendo analizar las causas de este divorcio, sabiendo que Cajamarca cuenta con grandes yacimientos minerales. Conociendo que el potencial económico de Cajamarca se ubica en los sectores agrario, turismo-artesanía, servicios y minería, y que esta última representa un alto porcentaje de los ingresos del PBI regional, la pregunta que surge es: ¿Cómo lograr, bajo una visión de largo plazo que busca un desarrollo sostenible, que los recursos minerales puedan ser utilizados racionalmente como una base para alcanzar dicha visión? Una propuesta es la participación de todos los grupos de interés en el desarrollo de estas actividades. Si a la empresa privada concesionaria de un yacimiento minero se le suman los tres niveles de gobierno del territorio de cada proyecto, en un modelo participativo, las cosas podrían cambiar, lo que ayudaría a construir confianza entre todos los actores. Partiendo del refrán “zapatero a tus zapatos”, por su “expertise”, quien podría liderar toda la construcción y operación es la empresa privada, que podría recibir apoyo social, político y hasta económico de las instancias del Estado involucradas. Todos los actores unidos podrían trabajar también la exploración, para asegurar continuidad en la operación futura que permita dar una base más estable. Y así, tal vez encontrar el camino para un nuevo modelo de minería en el Perú. Para facilitar las cosas, hay empresas con deseos de invertir en Cajamarca y que al no cargar una relación de tensión con la población y las autoridades, podrían facilitar la aplicación del nuevo modelo. Sabemos que Milpo está interesada en Michiquillay y que Minmetals es propietaria de Galeno, en La Encañada y Sorochuco. De dar un paso en ese sentido, Cajamarca podría romper esquemas e iniciar un nuevo modelo de valor compartido.

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Informe local

Mototaxis vs Centro Histórico

El servicio de transporte en mototaxis constituye, en la ciudad de Cajamarca, una gran problemática social. El incremento desmesurado de estos vehículos ha generado desorden, inseguridad, congestión y caos vehicular, pero a la vez es sustento de muchas familias. Dado el dilema del caso, resulta imprescindible elaborar propuestas y concertar posturas. Rocío Longa

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xisten diversos factores que han ocasionado el incremento de este transporte público: El desempleo juvenil, el crecimiento urbano, la migración de las zonas rurales a la ciudad, por ejemplo. El mototaxismo ha aumentado sin freno alguno, ya que las autoridades no lo han controlado y más bien han permitido que sus unidades sigan desplazándose por la ciudad, especialmente por el centro histó-

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rico de Cajamarca. Les han otorgado a sus choferes las licencias para hacerlo, sin exigirles la respectiva capacitación, a pesar de que se trata de personas jóvenes, en edad escolar o con estudios recién terminados. Desde el 2013, la municipalidad provincial no está haciendo entrega de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) para este tipo de transporte y, por este motivo, existe un alto grado de informalidad. Urge, pues, que nuestras

autoridades -y no sólo la municipalidad, sino también la Policía- emprendan acciones para restaurar el orden y la seguridad en nuestra ciudad, y pongan en marcha mecanismos para la organización, el control y la fiscalización en el sistema de transporte. Igualmente, les corresponde velar por la constitución formal de las empresas transportistas y ofrecer, a estos conductores, capacitación idónea y adecuada en normas de tránsito y seguridad vial.

Esta actividad (mototaxismo) es un complemento del transporte público, ya que la demanda de la población exige su funcionamiento, a pesar de que se sabe que las unidades son propensas a protagonizar accidentes de tránsito, robos y asaltos, y que suelen ser conducidas por menores de edad, carentes de licencia para conducir y/o TUC. Y es que estas unidades pueden circular por donde no existe otro servicio público más inmediato.


VOCES Existe un sector de nuestra sociedad (se creó una página en facebook “No más mototaxis en Cajamarca”) que critica la circulación de estas unidades en la ciudad de Cajamarca. Las acusan de ser lo peor de nuestra sociedad, por los actos de sus choferes. De hecho, la gran cantidad de mototaxistas provoca una competencia entre ellos mismos que les lleva a mostrar conductas temerarias, como conducir a excesiva velocidad, circular por vías no autorizadas, transportar carga que sobrepasa su capacidad, hacer funcionar sus equipos de sonido a muy alto volumen, etc.

Armas, porque no existen rutas.

Sin embargo, eliminarlos o desaparecerlos, como algunos exigen, no es la solución. El mototaxismo está orientado a satisfacer las demandas de movilidad de un gran porcentaje de personas, en espacios urbanos y áreas periféricas de la ciudad. Además, como ya lo hemos anotado línea arriba, un gran porcentaje de nuestra población tiene un mototaxi como herramienta principal para la generación de sus ingresos y como medio para aportar a su economía familiar.

nuevas rutas que se establecerían para evitar el ingreso de estas unidades al centro de Cajamarca, no les serían convenientes a los mototaxistas.

Esta apreciación resulta cuestionable, pues la cantidad de mototaxis no puede ser la que determine el flujo de los mismos en el centro histórico de Cajamarca. El crecimiento urbano es notable y se tiene que regular la circulación de estas unidades, para evitar el desorden y el caos vehicular. De hecho, existe un nuevo plan de ordenamiento del transporte que contempla el retiro de los cuestionados vehículos del jirón Junín, en el tramo que corresponde al centro histórico. Se conoce también que las

…un gran porcentaje de nuestra población tiene un mototaxi como herramienta principal para la generación de sus ingresos…

Según Victor Herrera, representante de la Asociación de Mototaxistas, existen aproximadamente seis mil mototaxis, de los cuales no se sabe cuántos son informales. Desde su punto de vista, no es posible que las unidades dejen de circular por el jirón Junín, a una cuadra de la Plaza de

Tema aparte es el costo de los pasajes en estas unidades, que es el más caro del norte del país. Si el traslado es de cuatro o cinco cuadras, se paga dos Nuevos Soles, pero si alguien quiere trasladarse 15 ó 18 cuadras, el chofer pone una tarifa mayor. Es necesario, pues, que se regule también el costo de este servicio, según la distancia y no en función al criterio de cada conductor. Si queremos una ciudad ordenada y segura, son necesarias la concertación, organización, planificación y la toma de decisiones con las autoridades y los operadores de este servicio.

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cavilando mirtha vásquez

El efecto Máxima

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áxima Acuña de Chaupe se ha vuelto un símbolo dentro y fuera del país. Su tenaz y decidida lucha contra una transnacional minera que le quiere arrebatar sus tierras ha trascendido de forma tal que la ha convertido en un ícono de la valentía y la resistencia, fuente de inspiración para muchos pobres que históricamente han sido atropellados por diferentes poderes. Pero esta resistencia va dejando a su paso muchos costos para Máxima y su familia, que producto de esta lucha tienen que llevar una vida casi miserable, debido a las hostilidades de la empresa: Procesos judiciales, amenazas, ataques físicos e impedimentos para que puedan cultivar los productos que necesitan para auto sostenerse. Para la empresa, este asunto también va generando sus costos. Su torpe manejo la ha puesto en evidencia respecto no solo a los pésimos métodos que utilizan para solucionar sus controversias, sino también por los excesos que están dispuestos a cometer en nombre de “la defensa de sus derechos”. ¿Quién podría creer, a estas alturas, que esta es la forma correcta de resolver un conflicto cuasi doméstico para una empresa minera transnacional? Ni su propio gremio la avala. Se han oído, en repetidas oportunidades, solapadas críticas de sus homólogos, cuya preocupación es la secuela que este caso deja para todo el sector. Pero aún más: El efecto Máxima ha trascendido hasta las estructuras más sensibles de este país. Ha puesto en evidencia las consecuencias perniciosas de un modelo neoliberal que minimiza un Estado y lo usa en función a los poderes económicos, quienes son los que de manera fáctica gobiernan el país. Este caso tiene la capacidad de probarlo: fuerzas policiales alquiladas para atacar y proteger los intereses empresariales, imposibilidad de actuación de autoridades para sancionar evidentes abusos, y hasta la modificación y adecuación de normas para legalizar los atropellos, como la ley 30230, que acomoda figuras legales como la “defensa posesoria” y le da la posibilidad a una compañía como Yanacocha de escudarse en esta figura legal para destruir y dañar bienes sin ser sancionada. Más allá de evidenciar lo negativo de este modelo, el efecto Máxima lo desafía, planteando desde la resistencia, un reacomodo de este Estado que la sociedad civil no se resigna a ceder a los poderes fácticos. No, Máxima no es una persona que defiende su tierra. Máxima se ha convertido en la expresión ciudadana que no va a ceder sus derechos ni su dignidad a la lógica económica. No sabemos si Máxima finalmente logre conservar su propiedad, pero sí sabemos que ella ya ganó. Ganó al replantear problemas profundos de un Estado, que ahora podrán defenderse desde otras esferas SETIEMBRE de 2015


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La región y su gente

Víctor Campos: El historiador bambamarquino prefecto de la provincia de Hualgayoc en 1983 y teniente alcalde, por voto popular, en 1989. Luego trabajó como asesor de la municipalidad durante 13 años. Por su labor como historiador ha recibido diversos reconocimientos de la municipalidad provincial (en varias gestiones), la Casa de la Cultura de Cajamarca (ahora Dirección Desconcentrada de Cultura) y de la Asociación de Bambamarquinos Residentes en Chiclayo.

El historiador Víctor Campos Briceño nació en Bambamarca el 22 de enero de 1932. Durante casi 40 años, se dedicó a investigar y escribir –con sus propios recursos– la historia de su localidad natal. Producto de ello son los tres tomos que fueron sucesivamente publicados, en los años 1992, 1994 y 2013. Wilfredo Cholán Rojas

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n cada uno de sus trabajos, Víctor Campos recoge los inicios de su querida tierra, así como sus costumbres, tradiciones, sus procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Son libros que muestran su profundo sentimiento e identificación

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con Bambamarca. “Yo me dediqué a esta labor, con la finalidad de promover y difundir la historia de mi tierra. Esa ha sido mi preocupación de toda la vida, dedicarme a investigar, ya que nadie más lo ha hecho, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin cultura”, comentó recientemente a Voces. De hecho y

según propia confesión, investigaba desde las seis de la mañana hasta la seis de la tarde, y dedicaba las noches a la redacción de sus resúmenes. Asimismo, Víctor Campos estuvo siempre ligado a la gestión local. Fue elegido alcalde provincial en 1973; gobernador en 1979; sub-

Para escribir la historia de su provincia, Campos revisó archivos y recogió versiones de viejos bambamarquinos. Un colaborador de lujo, fue para él monseñor Dammert, quien revisaba, corregía y estructuraba las investigaciones que realizaba: “Él fue, sin duda alguna, un gran apoyo y motivación para el inicio de esta investigación”. Del mismo modo, el investigador muestra gran gratitud a su familia y a las personas que brindaron sus testimonios e información sobre el devenir del pueblo, a quienes considera el pilar de todo lo realizado: “Doy gracias a todas las personas que contribuyeron y siguen contribuyendo, por amor a esta tierra y de manera desinteresada, con el trabajo que hace bastante tiempo inicié”, dice, muy emotivo. En su charla con Voces, don Víctor va evocando uno y mil recuerdos: “Antes, en Bambamarca no había luz eléctrica ni agua potable. Utilizába-


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a ojo de pájaro

…Esa ha sido mi preocupación de toda la vida, dedicarme a investigar, ya que nadie más lo ha hecho, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin cultura mos lámparas con kerosene. Para la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, me causaba risa que compraran lámparas Petromax de 500 voltios. El alcalde decía: ‘Hay que comprar cuatro y las colocamos en lugares estratégicos’. En mis tiempos había luz, pero nuestros foquitos nos duraban tres o cuatro meses. Cuando los llevaban a arreglar, nos quedábamos en tinieblas y utilizábamos la vela y la lámpara, hasta que nos mandaban un motor nuevo”, relata, sonriente.

Pero el gesto de su rostro cambia cuando comenta que antes los escolares terminaban solo su segundo año de primaria y ahí se quedaban y que solo aquellos cuyas familias tenían dinero podían ir a estudiar a Cajamarca o Chota: “Este es un problema de todo el país. Siempre la zona rural sufre los embates de un Estado que nos desatiende e invisibiliza”, lamenta Sobre el tema del agua y la minería, que preocupa a un gran sector de Bambamarca, comenta que el primer reclamo por contaminación fue hecho en

1907, por un fotógrafo de apellido Barrantes, que había llegado al lugar y adujo que el agua malograba el líquido que usaba para el revelado de sus fotos. En compañía del alcalde, comprobaron que el agua del río Tingo Maygasbamba, estaba contaminada: “Ahora hay bastantes asientos mineros, que a lo largo de bastantes años se han aprovechado de las riquezas. Ahora Hualgayoc no tiene luz, no tiene agua potable, ni desagüe. Un lugar antiquísimo, donde los mineros se ha enriquecido y al pueblo lo han dejado pobre y abandonado”.

Por otro lado, indica que gracias a Dios, Bambamarca tiene una vertiente de agua llamada “Los Tres Chorros”, que llega de un cerro llamado “Machaypungo”. Según cuenta, por el año 1901, la gente tomaba agua del mismo río y que traían por medio de un canal hasta la ciudad: “Colocaban pilas en las cuatros esquinas y desde ahí se abastecía. Los Tres Chorros, desde décadas atrás y hasta la fecha, nos brindan agua. Es un manantial natural, que tenemos la suerte de tener”, finaliza. El devenir bambamarquino, según las investigaciones de Campos, ha sido reunido en tres valiosos tomos. En la foto los dos últimos.

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miguel garnett

“Laudato Si”

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on el trasfondo del “Conflicto Conga”, la reciente publicación de la encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” es de una relevancia especial para Cajamarca. Aquí es imposible dar una exposición amplia del documento y me limitaré a presentar algunos de sus temas. En primer lugar, notemos que el subtítulo es “Sobre el cuidado de la casa común”. El Papa Francisco enfatiza que el planeta tierra es la casa de toda la humanidad, siendo objeto de abuso y maltrato de tal forma, que ahora nos encontramos afrontando el peligro de su destrucción total. En este contexto, el Sumo Pontífice ofrece un “mea culpa” en nombre de la Iglesia Católica –y también de todos los cristianos–, porque hemos interpretado el texto de Génesis 1,28, que dice que el hombre puede “dominar” la tierra, como si dijera “hacer lo que quiere con ella”. El Papa insiste que es una pésima antropología que ha justificado la actividad dañina con respecto al planeta. Aquí, Francisco está siguiendo lo que Benedicto XVI ya había dicho en su encíclica “Caritas in Veritate”: Que Génesis 1,28 se debe interpretar junto con 2,15, que habla de “guardar y cultivar” la tierra. “Laudato Si” no es simplemente un documento católico; es ecuménico, en el sentido más amplio. Se dirige a los miembros de la Iglesia Católica y de las otras confesiones cristianas, como también a los miembros de todas las religiones y de ninguna. El texto incorpora el trabajo de científicos que han estudiado a fondo el cambio climático; también las ideas del Patriarca Ecuménico, Bartolomé I, jefe de los ortodoxos y llamado “El Patriarca Verde”, y aquellas del Metropolitano Ortodoxo de Pérgamo, Juan Zizioulas, quien fue el presentador de la encíclica en Roma. Francisco ha aceptado las conclusiones de algunos economistas sobre la economía global y la encíclica es muy crítica del modelo económico que actualmente predomina en el mundo –el capitalismo liberal–, donde el móvil principal detrás de las actividades financieras es solo una ganancia monetaria. Aquí, si la actividad hace un mal al planeta o a las personas, no tiene importancia. Así, el Papa vincula el mal trato a la tierra con el mal trato a la gente, como si ambas fuesen simplemente “objetos disponibles” para ser usados y botados al gusto y antojo de los que manejan los motores económicos del mundo. El Pontífice critica fuertemente la sociedad de consumo y esto nos involucra a todos. Anhelamos tener más y más cosas materiales y siempre nos quedamos insatisfechos. Además, botamos lo que ya no nos gusta o que ya no nos sirve, y así hemos convertido el planeta en un “basural de porquería”. Entonces, la encíclica nos llama a todos a reflexionar y a realizar un cambio radical en nuestro estilo de vida.

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Reseñas

Informe Anual de la CNDDHH

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Carlo Reátegui

n este nuevo texto se presenta el desempeño de la CNDDHH en su defensa de las poblaciones vulnerables y del Estado de derecho, y en las movilizaciones civiles. Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva del periodo 2011-2015, señala que la labor de la Coordinadora en este último año ha estado enfocada en los esfuerzos para conseguir una sociedad más democrática. En este sentido, su apoyo a movilizaciones como las que buscaron la derogatoria de la llamada “Ley Pulpín”, el seguimiento que hizo a los procesos de persecución judicial que realizó el Estado en contra de dirigentes en

las protestas de Pichanaki, su respaldo a reclamos y denuncias de dirigentes indígenas, en pos de conservar sus territorios y preservar el medio ambiente, forman parte de la agenda actual de la institución. Sin embargo, la Coordinadora tiene una agenda más amplia y siete campos de acción que son definidos de la siguiente manera: “1) Post CVR, con especial énfasis en búsqueda de personas desaparecidas; 2) Conflictos sociales, criminalización de la protesta y uso indebido de la fuerza; 3) Pueblos indígenas y medio ambiente; 4) Lucha contra la impunidad; 5) Igualdad ciudadana y democracia

“El derecho de acceso a la información ambiental”

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omo parte de una serie de tres publicaciones llamada “Cuadernos de derecho de acceso a la información ambiental”, la Sociedad Peruana de Derechos Ambiental presenta “El derecho de acceso a la información ambiental”. Sharon Zabarburu desarrolla un texto de cuatro partes que buscan expli-

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car las implicancias del derecho de acceso de información ambiental. En principio, explica en qué consiste y detalla el marco legal en el que se ampara. También menciona el tipo de información que los ciudadanos pueden solicitar y los datos que no son de dominio público. Más adelante, presenta los métodos de solicitud de acceso a la información y las autorida-

con enfoque intercultural; 6) Derechos económicos laborales, con especial énfasis en la visibilidad del trabajo de la mujer, y, por último, 7) Fortalecimiento institucional”.

Este informe, dividido en tres partes, hace un recuento de los premios que la Coordinadora entregó en el 2014 al líder awajún Santiago Manuin y a la periodista Claudia Cisneros. Asimismo, dedica un acápite a los derechos civiles y políticos, entre los que destacan la búsque-

El derecho de acceso a la información ambiental. Zabarburu Chávez, Sharon. SPDA. Lima, 2015. 74 páginas.

Informe Anual 2014-2015. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, 2015. 220 páginas.

da de la verdad, la justicia y el análisis de la sentencia sobre el caso del operativo Chavín de Huántar.

Por último, el informe presenta un capítulo sobre criminalización de la protesta social que explora tres casos: La lucha de Máxima Acuña contra Minera Yanacocha, en Cajamarca; la lucha de la comunidad asháninka de Saweto por la titulación de su territorio y el informe sobre la situación de Islay en el contexto del proyecto minero de Tía María.

des a las que esta se puede exigir; también, los procedimientos alternativos ante una eventual negación de entrega de información.

Por último, la publicación presenta propuestas para mejorar el ejercicio de este derecho, específicamente en lo que a información ambiental respecta, en tanto supone una responsabilidad, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios públicos. La SPDA presentará próximamente dos cuadernos más de esta serie.


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