Voces Nro. 45

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Entrevista al congresista MesĂ­as Guevara

NÂş 45

Cajamarca

Mayo-Junio 2013

Precio S/1.00

Santos contra el reloj

Las aspiraciones electorales del presidente regional de Cajamarca pueden verse limitadas ante la falta de obras de envergadura, la reducciĂłn de los presupuestos por parte del gobierno nacional y el surgimiento de otros candidatos.


Carta recibidas…

VOCES cumple con publicar la carta enviada por el señor Marco Arana, en relación al artículo “Conga: Luces y sombras” de nuestro colaborador y articulista, Pedro Sánchez Legras, publicado en la edición Nro. 43-44 de Diciembre 2012-Enero 2013. Asimismo, publicamos la respuesta del autor del texto.

Estimados amigos de SER: Para agradecer y felicitar la revista VOCES. Como su lector asiduo espero siempre que sus artículos y entrevistas tengan seriedad y rigor por lo que pido se rectifique en el artículo de Pedro Sánchez Legras la siguiente información que falta totalmente a la verdad probablemente por falta de conocimiento de la ley electoral y del proceso de inscripción de Tierra y Libertad. En la pág. 6 de la versión impresa el autor sostiene que “En abril, Marco Arana anuncia la inscripción de su movimiento Tierra y Libertad (TyL) con miras a participar en las próximas elecciones regionales y nacionales, cuyo recojo de firmas se dio mayoritariamente durante la marcha del agua” El recojo de firmas de TyL demoró prácticamente dos años pues se inició el primer semestre del 2009, el paquete final de entrega de firmas al JNE se cerró en noviembre 2011. La convocatoria a la Gran Marcha Nacional del Agua se hizo a fines de noviembre del mismo año cuando TyL había ya presentado su tercer lote de entrega de firmas en consonancia con el último plazo dado por el JNE para concluir el proceso de inscripción y la marcha fue en febrero 2012! Debido al proceso de verificación de firmas, la inscripción de TyL (como Tierra y Dignidad) la inscripción oficial de TyL en el registro de partidos se consiguió en febrero del 2012. El autor y el editor de la revista debieran saber que nadie inscribe un partido recogiendo “mayoritariamente” sus firmas en los diez días que duró la marcha nacional del agua!) Asumo que parte del problema debió ser que el autor del artículo “Conga: Luces y Sombras” tuvo necesidad de ajustar la realidad de modo que calzara en su hipótesis de “los desaciertos de los líderes políticos” y “de un conflicto político que en apariencia era ambiental” y por último terminar equiparando la decisión del MAS de capitalizar electoralmente el conflicto de Conga con un comportamiento político que fue totalmente diferente en el caso de TyL, cuya posición en relación al conflicto fue precisamente que no se sobrepusiera el tema político partidario a la legitimidad de la movilización social, al extremo que TyL de Cajamarca dejó de recoger firmas en la región desde el mes de junio del 2012 cuando la fuerte presión de medios promineros querían desvirtuar el sentido del apoyo de TyL al movimiento social anti Conga. Reconociendo la valía analítica que el sociólogo Pedro Sánchez tiene en temas políticos locales, sin embargo creo que es preciso pedir una rectificación o aclaración por la falta a la verdad de los hechos. Atte, Marco Arana Zegarra Coordinador Nacional de Tierra y Libertad

Señores Revista VOCES: Previo cordial saludo aprovecho la oportunidad para aclarar en mi condición de autor del artículo “Conga: Luces y Sombras”, la nota enviada por Marco Arana. Las fuentes de información del citado artículo son muy fiables, en el caso concreto del recojo de firmas por el movimiento Tierra y Libertad (TYL), el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, quien participó de la Marcha por el Agua me ratificó telefónicamente que los miembros del movimiento TYL sí recogieron firmas para la inscripción de su agrupación política durante muchas actividades de la lucha anti Conga. En la misma línea de pensamiento se pronunciaron en su momento, los informativos locales Panorama Cajamarquino y TV Norte. No es intención del artículo lesionar el prestigio de las organizaciones y líderes políticos, ganado con mucho esfuerzo y sacrificio, sino aportar una crítica constructiva que les permita superar errores y avanzar. Ratifico mi aprecio y amistad a Marco Arana y a ustedes que son una verdadera tribuna democrática. Atentamente, Pedro Sánchez Legras


EDITORIAL

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n las últimas semanas las protestas en contra del proyecto Conga han vuelto a la escena regional y según la lógica de los principales dirigentes, éstas pasarán de ser únicamente manifestaciones en las ciudades de Bambamarca, Celendín y Cajamarca -en donde últimamente no hay el suficiente respaldo- a movilizaciones en la zona del proyecto. Situación que preocupa porque se pueden desencadenar nuevos enfrentamientos, ya que en el caso Conga no hay ningún canal de diálogo abierto entre los actores del conflicto. De otro lado, existe el temor de la población que el reinicio de las movilizaciones genere nuevas acciones represivas de parte de los efectivos policiales que resguardan las instalaciones de la empresa. Mientras tanto, sigue pendiente la conclusión de los contratos de las empresas mineras con la Policía Nacional del Perú, que prometiera el 28 de julio del año pasado el Presidente Humala pero de la cual no se tiene ninguna noticia. Así mismo, la construcción del reservorio de Chailhuagón ha hecho que la oposición al proyecto siga manteniéndose alerta, mientras que desde el gobierno nacional no hay ninguna voluntad de escuchar las razones de los movilizados y movilizadas. Por el contrario, el Poder Ejecutivo ha asumido la agenda de los empresarios que reclaman “destrabar la inversión”. Un ejemplo de ello es que la Autoridad Nacional del Agua acaba

Cajamarca Mayo-Junio 2013 Nro. 45 Presidente Asociación SER Roger Agüero Pittman

Comité editorial María Luisa Burneo Ronald Ordóñez Rosa Montalvo Director Javier Torres Seoane Editor Christian Reynoso

Reporteros Juan Arribasplata Columnistas Mirtha Vásquez Miguel Garnett Fernando Romero Ricardo Morel Fotografia Asociación SER

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de informar que agilizará los trámites para evaluar el componente hídrico de los Estudios de Impacto Ambiental. En este escenario, la caída en los precios de los metales, básicamente del oro y del cobre, es más que relevante, pues varios expertos en temas mineros coinciden en que la millonaria inversión del proyecto Conga resultaría poco rentable, lo que podría llevar a que no se ejecute. Esta situación debe obligar al gobierno nacional a evaluar la importancia que le ha otorgado a la actividad minera, pues se ha descuidado el debate sobre el desarrollo de la región más allá de la misma, para lo cual es necesario buscar alternativas de desarrollo a partir del uso y potenciamiento de recursos provenientes de la actividad agropecuaria, forestal o turística. Desde Voces consideramos que dado el contexto político, social y económico que hemos descrito, es inviable la continuidad del proyecto Conga, cuya cancelación definitiva permitiría que nuestra región pueda salir de la crisis que generó la decisión del gobierno nacional y la empresa Minera Yanacocha de llevarlo a cabo. Si queremos entrar a una nueva etapa de convivencia entre minería y otras actividades en Cajamarca, bajo condiciones distintas no hay otro camino. Prolongar la agonía de un proyecto socialmente inviable que le ha generado tantos costos a nuestra región es inadmisible y no nos permitirá salir del entrampe en el que nos hallamos desde hace dos años.

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Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-15806

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ENTREVISTA POLÍTICA

“Gregorio Santos está contra el reloj” Mesías Guevara, congresista por Cajamarca, de Acción Popular, opina sobre el panorama actual de Cajamarca y las consecuencias de Conga, asimismo sobre la gestión regional y la actividad minera en nuestra región.

CHRISTIAN REYNOSO

¿Cómo está la región Cajamarca luego del conflicto Conga que no termina de resolverse pero que ha entrado a una etapa de espera? Hay un antes y un después de Conga. El después de Conga nos exige a todos los cajamarquinos, autoridades y pueblo a que nos sentemos, dialoguemos y de manera conjunta establezcamos un proyecto de desarrollo para nuestra región que recoja todos los puntos de vista, teniendo como instrumento el Plan Regional de Desarrollo Concertado.

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Eso es función del gobierno regional, liderar un proyecto de desarrollo regional, pero parece que Gregorio Santos más allá del liderazgo con Conga se ha quedado de brazos cruzados. El gobierno regional debe orientar el desarrollo productivo, económico y social de nuestra región. Cuando Gregorio Santos asumió el liderazgo de la defensa de las lagunas fue positivo, pero creo que se extralimitó porque incluso entró en un duelo verbal con el Presidente de la República. Por su

parte, el gobierno nacional tampoco reaccionó de manera adecuada. Si en este momento revisamos el presupuesto de la República orientado a la región Cajamarca, no es nada malo, son 3 mil 500 millones de soles pero está repartido fundamentalmente entre el gobierno nacional y las municipalidades, mientras que al gobierno regional solamente le toca cerca de 800 millones de los cuales 200 o 300 aproximadamente son de inversión, porque el resto es gasto corriente. Aquí viene el descuido del presidente regional, que no ha sabido encarar los proyectos de desarrollo. Y


ENTREVISTA POLÍTICA

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“Si revisamos el ingreso del canon minero desde que llegó Minera Yanacocha a Cajamarca, son cerca de 3 mil 500 millones de soles que son muy poco” “En Cutervo, Jaén y San Ignacio no dependemos de la minería, los pobladores se dedican al café, al arroz y a la ganadería”, afirma Mesías Guevara.

no olvidemos que le queda muy poco tiempo, Gregorio Santos está contra el reloj, de manera que hay cierto desencanto de la población con su gestión. Se dice que Santos intentará la reelección o será candidato presidencial. ¿Qué opina? Más que desenvolverse como presidente regional, se ha orientado en un 80% diría, a consolidar su movimiento, lo cual no es bien visto en Cajamarca. Si analizamos las necesidades de la región vemos que necesita por lo menos 60 millones de soles para las carreteras del norte y del sur. En el sector agricultura requiere otros 70 millones y así sucesivamente, de modo que dudo que el gobierno nacional le entregue fácilmente estos presupuestos y peor si está en campaña electoral. Se habla de una recesión económica en Cajamarca como consecuencia del conflicto Conga. ¿Qué tan cierto es? Después de todo conflicto social siempre hay impactos en menor o mayor medida de acuerdo a los sectores. Por ejemplo, en lo concerniente al turismo y a los hoteles pequeños y medianos, no han perdido, Cajamarca tiene siempre un público que viene de Chiclayo, Piura, La Libertad, que utilizan además los restaurantes y otros servicios. Por el lado de los negocios

grandes que se mueven en función de la empresa minera Yanacocha, lo que sabemos es que como sigue operando y sigue trabajando, entonces no se ha generado un impacto negativo. En algún momento se habló de una Cajamarca sin minería. ¿Sería viable la región sin la actividad minera? Sí, pero va a tener un costo y hay que ser muy inteligentes para lograrlo. Cajamarca tiene un potencial forestal que no tomamos en cuenta, además de la ganadería que está abandonada y la agricultura, donde generalmente el productor es explotado por las grandes empresas como Gloria y Nestlé. Eso tiene que cambiar para que el nivel de vida de los pobladores se eleve. En Cutervo, Jaén y San Ignacio no dependemos de la minería y hay una mayor calidad de vida. Los pobladores se dedican al café, al arroz y a la ganadería. ¿No es importante la actividad minera? Es importante pero tendrá que hacerse de acuerdo a los procesos de la Zonificación Ecológica y Económica porque con el modelo actual lo único que está haciendo es generar conflictos, de manera que mientras no haya un Ordenamiento Territorial vamos a tener serios problemas. Por otro lado, si revisamos el ingreso del canon minero desde que lle-

gó Minera Yanacocha a Cajamarca, son cerca de 3 mil 500 millones de soles que son muy poco y hasta ahora Cajamarca no tiene pistas, carreteras, electrificación, saneamiento, etcétera. Estamos solicitando que se sincere el tema de la producción y la tributación. Finalmente, ¿cómo ve la gestión de presidente Humala en relación a Cajamarca? Veo al Presidente de la República muy timorato y sin capacidad de tomar decisiones. Con Cajamarca tiene una gran deuda ya que primero se mostró de una forma pero desde que llegó al poder ha gobernado de otra forma. Parece que se está dejando imponer por ciertos grupos de poder, que lo tienen secuestrado y lo asustan con las encuestas y las estadísticas. Tampoco se ha escuchado mucho de la bancada cajamarquina. No hay unidad en la bancada cajamarquina. En honor a la verdad es muy difícil sentarnos, ya que tres son del fujimorismo y apuestan por el proyecto Conga y una política agroextractiva. Otro congresista es del nacionalismo y se alinea con los dictados del gobierno nacional. Solo quedamos Jorge Rimarachín del Frente Amplio y yo de Acción Popular que hemos intentado representar la voz del pueblo y su problemática.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Cajamarca, atrapada sin salida: ¿Hasta el 2014? La evolución del tema Conga y sus repercusiones, La Shacsha y el panorama electoral que ya se empieza a vivir en nuestra región Cajamarca son analizados en el siguiente artículo, mostrándonos un escenario dinámico que traerá muchas sorpresas en los próximos meses. RONALD ORDOÑEZ – JUAN ARRIBASPLATA

Conga, ¿fase terminal? Conga continúa siendo una tarea pendiente para el gobierno nacional, pues la resistencia social sigue presente con fluctuaciones en su intensidad, producto de la larga lucha que han emprendido las organizaciones en contra del proyecto bajo el lema “Agua si, Oro no”; y a pesar de las obras ofrecidas como la Presa de Chonta y otros proyectos, la desconfianza hacia el Presidente Humala y sus ministros sigue siendo grande en la región. A esto se suma la preocupación por la caída del precio del oro y el cobre, lo que le disminuye rentabilidad a un proyecto cuyo costo de operación es millonario, tal como lo ha señalado la experta María Chappuis1 y el propio Roque Benavides, quién hizo referencia al “impacto” que tendría sobre el

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OPINIÓN

Santos necesitará trabajar con fuerza en sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial. proyecto la reducción en los precios, aunque en una entrevista última y seguramente para bajar la tensión, el empresario pronosticó que hacia fin de año la onza del oro se ubicaría por encima de los 1,500 dólares. De esta forma, el panorama es cada vez menos atractivo para que Conga pueda encontrar viabilidad y ello, incluso, puede traer más de un dolor de cabeza al gobierno de Ollanta Humala, ya que sigue apostando por la minería como motor del crecimiento económico, actividad que en nuestra región cuenta con otros proyectos mineros que siguen esperando el visto bueno –del gobierno nacional y de la población- como Galeno y Michiquillay. Por otro lado, se habla de una recesión económica en Cajamarca producto de la paralización de Conga y del cierre de las actividades de Yanacocha. Los meses de protesta ocasionaron pérdidas valiosas, sobre todo, en el sector turismo; sin embargo, en estos meses de relativa calma, se exagera cuando se hace referencia a una crisis de una magnitud mayor. ¿Se puede hablar de una recesión en Cajamarca? Si bien es cierto, la culminación del ciclo de la operación minera en Yanacocha generó un despido masivo de trabajadores y contratistas que es ciertamente preocupante, obedece a un ciclo natural en la vida de una empresa. Seguramente la recesión se va a sentir con el pasar del tiempo, producto de la reducción en el canon minero, la disminución en la ejecución de importantes obras en la región o cuando algunas cadenas productivas formadas en la zona urbana principalmente, vean alteradas

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CAVILANDO

Policía de alquiler MIRTHA VÁSQUEZ

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as políticas de liberalización del mercado impuestas desde hace dos décadas, promovieron la expansión de la minería y el sector energético en virtud a lo cual nuestra economía se volvió prioritariamente extractivista. Hemos verificado a lo largo de estos años que estas actividades generan resistencias por las afectaciones ambientales y sociales, la transformación del territorio y los escasos beneficios, convirtiéndose en la fuente de mayor conflictividad socio ambiental del país. Para manejar la situación de conflicto, el Estado peruano ha facilitado mayores mecanismos de protección y seguridad para las empresas, dotándolas de instrumentos de coerción como una medida estratégica. Se ha promovido así la legalización de las fuerzas privadas de seguridad que brindan protección a estas industrias -en especial las mineras- para “repeler” o “neutralizar” todo aquello que se considere un riesgo. De este modo, estamos frente a un nuevo esquema de seguridad en el cual se privatiza este servicio con compañías de seguridad particulares, pero además se integra a las fuerzas públicas del or-

den, llámese policiales, a quienes se autoriza legalmente brindar servicios de protección particular bajo la ley “Servicios Extraordinarios Complementarios”. Es decir, la Policía Nacional puede “alquilarse” en nuestro país, a terceros con capacidad de pagar dichos servicios. Con este modelo privatizador se desdibujan las fronteras entre lo público y lo privado y se produce una confusión respecto a la función policial. La experiencia de este modelo durante estos años ha colisionado seriamente con los derechos humanos. Los casos de detenciones ilegales, tortura y asesinatos de civiles, cometidos por la policía al servicio privado de mineras en Majaz, Espinar y Cajamarca, son la muestra más clara de ello. Parece que existe una reorientación y reorganización de las fuerzas policiales en el Estado en función al modelo económico. La “seguridad” se ha vuelto un “bien disponible en el mercado” y la privatización de la fuerza pública ha traído como consecuencia que ésta se coloque al servicio de quien puede “contratarla”. Las consecuencias son letales en relación al respeto a los derechos humanos y a la democracia.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

En Tierra y Libertad, Marco Arana es el único personaje que puede generar un arrastre de votos. su funcionamiento. Se necesitará, entonces, buen tino, desde el gobierno nacional y regional, para evitar que esta situación se convierta en una verdadera crisis, que limite aún más, las posibilidades de encaminar el desarrollo de Cajamarca.

Un diálogo sin rumbo En el 2012 los intentos de diálogo fueron un fracaso. Este año para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, el tema La Shacsha en el distrito Baños del Inca, hubiera sido quizá un punto favorable para generar una nueva relación con los actores regionales. Sin embargo, hasta la fecha la única decisión ha sido instalar grupos de trabajo. Hay quienes creen que las autoridades de Baños del Inca, en especial, el regidor Fernando Chuquiruna, responsable de la coordinación con la PCM, no parece tener mayor interés en lograr un acuerdo, de un lado por su posición crítica a la actividad minera, así como por su interés en ganar un espacio político para postular a la alcaldía distrital, ya que el actual alcalde de Baños del Inca, Jesús Julca, aspira a ser alcalde de la provincia de Cajamarca. ¿Cuál será la estrategia de la ONDS en este caso? La oficina dirigida por Vladimiro Huároc ha dejado en claro desde un inicio, que la Ordenanza Municipal N° 051-2006 no tiene mayor competencia, por encontrarse ésta en espera de una situación a nivel legal, por lo que podría optar por trabajar otros temas básicamente de apoyo a la gestión municipal. No obstante, la PCM deberá seguir hilando fino, pues alargar la situación de La Shacsha ocasionaría que los actores regionales

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organizados, al no encontrar mayor acción en el tema Conga, terminen apoyando los reclamos de autoridades y pobladores de Baños del Inca.

Los candidatos del 2014 El Movimiento de Afirmación Social (MAS), parece no terminar de decidir si será Gregorio Santos quién los represente para tentar un segundo mandato regional, aunque eso sea lo más probable que ocurra, porque cada vez parece más lejana la posibilidad de una candidatura presidencial de su líder. Si se decide intentar la reelección, Santos tiene por delante un escenario complejo y en primer lugar deberá mostrar obras que le permitan contar con el respaldo de los electores. De momento los y las militantes del MAS están recorriendo la región, fortaleciendo su presencia en las diferentes provincias. En esa tarea juega un rol clave Idelso Hernández, en su condición de líder del Frente de Defensa por los Intereses de la Región, así como de presidente de la central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC). Pero lo que sí aparece como una apuesta riesgosa de Santos es continuar culpando al gobierno nacional de la reducción en el presupuesto o

el escaso apoyo a la gestión regional, llegando al extremo de amenazar con ceder la administración regional a la PCM, con lo que busca evitar algunas de las críticas que ya está recibiendo desde diversas organizaciones como las Rondas Urbanas. En este tiempo, Santos necesitará trabajar con fuerza en la articulación regional o en sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial. Asimismo, si de algo adolece la gestión, es de hacer frente a la situación de la pequeña minería y minería artesanal. Las protestas en contra del proyecto Sulliden Shahuindo en Cajabamba han demostrado que las capacidades del gobierno regional y de la Dirección Regional de Energía y Minas son bastante limitadas al respecto. En general, la gestión regional sigue careciendo de equipos que puedan estar a la altura de las condiciones y demandas de Cajamarca. Del lado del fujimorismo hay dos líderes que tienen opción en la carrera a la presidencia regional. El principal candidato es Absalón Vásquez con mayor presencia en el sector rural, quién, desde que acabaron las elecciones pasadas se dedicó a instalar bases

Zona de La Shacsha, motivo de un nuevo conflicto en Cajamarca que espera encontrar pronta solución.


OPINIÓN

en la mayoría de provincias y distritos, teniendo como eje de su discurso el fortalecimiento al agro, tema en el cual es experto. Vásquez ha sabido mantener cierta ambigüedad frente al devenir del proyecto Conga, para evitar críticas, y no ha caído en atacar a otros candidatos o al propio Santos, consciente que una sobreexposición le acarrearía un desgaste, considerando el tiempo que falta para las elecciones. Otro candidato, que ha aparecido en escena es Osías Ramírez de Fuerza Popular, cuya juventud y poca experiencia política le pueden restar puntos, aunque viene acompañado de un gran despliegue de marketing y recursos, como lo hizo su hermano Joaquín, actual congresista. Ramírez aprovecha además su condición de vicepresidente del club de fútbol Universidad Técnica de Cajamarca (UTC). En Tierra y Libertad, Marco Arana es el único personaje que puede generar un arrastre de votos, aunque atraviesa por el mismo dilema de Gregorio Santos, sobre sí participa en las regionales o nacionales. En las filas de la defensa de la minería, Luis Guerrero, líder del Frente Independiente Regional (FIR) y representante del Colectivo por Cajamarca, ha declarado que no postulará. Por último, se vocea el regreso del ex presidente regional Jesús Coronel, quién por su experiencia tendrá la posibilidad de plantear propuestas que respondan a las posibilidades reales de la gestión y que puedan ser atractivas a la población, además de contar con ciertas cualidades concertadoras para sacar adelante, por ejemplo, importantes instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Regional Concertado o la Zonificación Ecológica y Económica. Finalmente, si bien es cierto, Wilfredo Saavedra, no ha mostrado públicamente su interés por candidatear, de hacerlo, lo más probable es que tendría pocas posibilidades de éxito por ser considerado el político más confrontacional y radical de Cajamarca. 1 María Chappuis resaltó, además, que Conga tenía una ley de cobre de 0.38 cuando en el mundo se está explotando entre 0.92 a 0.95, es decir, una ley muy baja, que junto a la disminución en el precio, pueden originar que el proyecto no se ejecute.

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TENDIENDO PUENTES

Mesas de Desarrollo para una nueva minería RICARDO MOREL

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n el Perú actualmente contamos con un Poder Ejecutivo con recursos y con buena disposición para ocupar un rol protagónico en el desarrollo sostenible, principalmente en las zonas rurales. Así mismo encontramos bastantes gobiernos regionales y locales muy bien preparados que también cuentan con recursos, principalmente del canon minero, y que articulan entre sí y con el gobierno central. Sin embargo, la distribución del canon no es buena, pues existen gobiernos locales de las zonas de influencia mineras que reciben grandes montos y otros que reciben muy poco. Durante los últimos años, las poblaciones de las zonas de influencia estratégica minera concentran el mayor porcentaje de conflictos sociales. Buena parte de estos se basan en la mala distribución de la riqueza, pues se benefician sólo algunos y son pocas las grandes inversiones que llegan a las zonas rurales, las que mantienen muchas necesidades básicas insatisfechas y muchos sueños truncos de proyectos de desarrollo. Por otro lado, las empresas mineras, que durante años nos sentimos cómodas ocupando el rol de un Estado ausente en nuestras zonas de influencia estratégica, nos estamos dando cuenta que ese camino no era el adecuado, pues en la mayoría de los casos generó relaciones bilaterales de corto plazo que resultaron siendo insostenibles. Ante esta realidad, una propuesta es promover la formación de espacios

multiactor (Mesas de Desarrollo), bajo el liderazgo del Poder Ejecutivo, donde los gobiernos locales encuentren a un gobierno central que estuvo ausente por años y que ahora está dispuesto a participar activamente, contando para ello con buenos recursos humanos y económicos. En este espacio puede sumarse el gobierno regional, legisladores, las empresas mineras, otras empresas importantes de la zona, alguna universidad que ayude a fortalecer, capacitar y sistematizar, algunas ONG, instituciones de la Cooperación Internacional y todos los interesados en promover el desarrollo sostenible, que debe ser el objetivo común que nos una. Las empresas y el Ejecutivo no debemos esperar se generen o escalen los conflictos para ir a ofrecer presupuestos millonarios y reactivamente apagar incendios, como lo hemos hecho los últimos años dando mensajes contradictorios. Estas Mesas de Desarrollo pueden canalizar los recursos de los diversos sectores del Ejecutivo para construir preventivamente la paz social que se requiere, generando el círculo virtuoso que permita que las operaciones y proyectos mineros responsables se mantengan y crezcan, proporcionando así recursos para el Estado y para los programas sociales nacionales, buscando la indispensable inclusión social que el país requiere. Somos conscientes que no existe un solo camino, pero consideramos que las Mesas de Desarrollo son un paso importante de la nueva minería que el Perú reclama.

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INFORME

La política de lo técnico: Una aproximación a los orígenes del conflicto Conga

Presentamos un resumen del estudio “La política de lo técnico: una aproximación al desarrollo del conflicto Conga”, escrito por el politólogo Mauricio Zavaleta que fue publicado en el libro “Los límites de la expansión minera en el Perú”, producido y editado por la Asociación SER en enero de 2013. MAURIcIO ZAVALETA

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or lo general, el surgimiento de conflictos sociales responde a coyunturas específicas que abren ventanas de oportunidad, pero sus causas se encuentran insertas en procesos complejos que comprometen períodos de mayor duración. Ello resalta particu-

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larmente en la región Cajamarca, cuya historia reciente está ligada a la actividad de Minera Yanacocha. La empresa, constituida originalmente por capitales estadounidenses (Newmont Mining Company, 32,3%), peruanos (Compañía de Minas Buenaventura, 32,3%) y

franceses (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 24,7%), más la participación del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (5%), ingresó a Cajamarca en 1992 y empezó sus operaciones extractivas en el segundo semestre de 1993.1


INFORME

Como resultado de las actividades de la empresa, el crecimiento del PBI de Cajamarca fue exponencial, hecho especial si se consideran más de dos décadas de estancamiento económico por el descenso de la productividad ganadera en la región.2 En este período, la capital del departamento experimentó un rápido proceso de cambio gracias al efecto multiplicador de la actividad minera. No obstante, desde el inicio de sus actividades Yanacocha mantuvo relaciones tensas con la población, sobre todo rural. Un factor de estas desavenencias radica en el método de extracción utilizado en el yacimiento. A diferencia del viejo socavón, la nueva minería a «tajo abierto» compromete un uso abundante de recursos naturales, específicamente tierra y agua, por lo que se encuentra en competencia con las actividades agropecuarias. Las transacciones económicas rurales principalmente agrícolas fueron transformadas por el surgimiento del nuevo núcleo productivo. Muy pronto, el cierre de canales de riego y la contaminación de las fuentes de agua enfrentaron a la población rural con la empresa. Esta pugna es un fenómeno “natural” de la reconfiguración del territorio, al que se añaden factores específicos que han determinado el rechazo a la empresa. Entre ellos, destacan los accidentes ambientales, como el derrame de mercurio en los centros poblados de San Juan, Magdalena y Choropampa, que contaminó alrededor de 1,200 personas. Aunque los funcionarios de Yanacocha no lo percibieron en su momento, la inacción respecto a “escándalos de contaminación” como el ocurrido en Chorapampa y la ausencia de una estrategia estructurada de relacionamiento con la población, tendría altos costos en el mediano plazo para el desarrollo de sus actividades económicas. Debido a los errores cometidos, a doce años de iniciadas sus actividades, Yanacocha sufría de un amplio desprestigio social que afectó las pretensiones de expansión.3 El primer

conflicto de magnitud se inició el año 2000, cuando la empresa hizo pública su intención de extender el complejo minero al cerro Quilish, ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Luego de tres años de disputas legales el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) concedió el permiso para la explotación y la empresa movilizó maquinaria a la zona en el 2004. La historia es conocida: la población inició una movilización indefinida con el objetivo de impedir la instalación de maquinarias y luego de cerca de 15 días de manifestaciones el MINEM emitió una resolución que suspendía el permiso otorgado a Yanacocha. La llamada “gesta por Quilish” reconfiguraría el escenario de la región. A los comités de regantes y las rondas campesinas —actores rurales que habían sido hasta el momento la oposición más visible frente al proyecto— se sumaron actores principalmente urbanos que cumplieron un papel importante en las manifestaciones: el Frente de Defensa de Cajamarca, creado durante la década de 1990 por activistas de izquierda, y un conjunto de ONG ambientalistas recientemente creadas en la región, como GRUFIDES y ADEA. Ello permitió a organizaciones sociales y partidos políticos

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“A diferencia del viejo socavón, la nueva minería a tajo abierto compromete un uso abundante de recursos naturales” canalizar el descontento frente a la empresa minera. Aunque la movilización no devino en la formación de un movimiento social, fue útil para que los opositores a Yanacocha, dispersos hasta el momento, estrecharan vínculos entre sí. A partir de entonces, la defensa del medio ambiente adquirió un carácter predominante en el debate político regional. Por su parte, la empresa entendió que para permanecer en Cajamarca y explotar su cartera de proyectos la estrategia de relacionamiento con la comunidad debía cambiar. A partir de 2006 destinó más de 267 millones de soles a través del Fondo Solidaridad con Cajamarca para proyectos de desarrollo en la región en áreas de salud, nutrición, educación e infraestructu-

La Compañía de Minas Buenaventura presidida por Roque Benavides tiene el 43.65% de acciones en Minera Yanacocha.

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INFORME

“Existe temor frente a los efectos negativos que puede ocasionar la minería, principalmente la contaminación de las aguas” ra. Si bien muchos de estos programas sociales privados lograron mejorar la calidad de vida de un sector de la población rural, esta fue la manera más pragmática de establecer relaciones que facilitaran la convivencia entre ambos actores creando vínculos de carácter clientelista, lo cual estableció un escenario asimétrico durante los procesos de negociación. En ese contexto, sin haber logrado revertir un amplio desprestigio social y con la vida útil del yacimiento base en expiración, Yanacocha buscaría llevar a cabo su proyecto expansivo más importante: Minas Conga.

La batalla por Cajamarca El año 2004 Buenaventura adquirió la Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras (CEDIMIN) la cual exploraba desde 1991 los yacimientos mineros de Chailhuagón y Perol, los que conformaban el proyecto Minas Conga, ubicados a 25 kilómetros del complejo Yanacocha. Con la compra de CEDEMIN, entre 2004 y 2010 Yanacocha completó el proceso de exploración y planificación del proyecto. Conscientes de su desprestigio, la empresa desarrolló una nueva estrategia de comunicación y relacionamiento con las comunidades que se encontraban dentro del área de influencia del nuevo proyecto. Desde enero del 2009, el equipo de Asuntos Externos de Yanacocha, en coordinación con la agencia de publicidad limeña Toronja, inició una estrategia de relacionamiento que permitiese presentar el proyecto en el área de influencia directa y facilitar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a cargo de la empresa consultora Knight Piésold Consulting. El documento presentado en las comunidades estipulaba que se contribuirían reservorios artificiales con la finalidad de garantizar la cantidad y calidad del agua. No obstante

Desde enero del 2009, el equipo de Asuntos Externos de Yanacocha inició una estrategia de relacionamiento que permitiese presentar el proyecto y facilitar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana del EIA.

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ello, el plan era especialmente controversial porque significaba que las lagunas de Mala, Azul, Chica y Perol serían trasvasadas a los depósitos. Hay que mencionar que la inversión en una zona de baja productividad, altos niveles de pobreza y débil presencia estatal hace que la población experimente una fuerte sensación de incertidumbre. Por un lado, existe temor frente a los efectos negativos que puede ocasionar la minería, principalmente la contaminación de las aguas y un posible descenso en la productividad agrícola; por otro lado, se crean expectativas de obtener beneficios materiales además de empleos. Estos dos aspectos, incertidumbre y expectativas, generan un ambiente propicio para la acción política, tanto para la empresa como para sus opositores. Por parte de la empresa, la estrategia diseñada consistía en generar vínculos con los 32 caseríos del área de influencia a través de “pre acuerdos” relativos a la construcción de obras de infraestructura, transferencia de tecnología y empleo. Los testimonios de las personas relacionadas con la empresa como los de aquellas que están en contra del proyecto coinciden en que el proceso de información a la ciudadanía del EIA tuvo una connotación visiblemente política: fue el escenario en el cual la empresa demostró respaldo social a sus actividades a través de la movilización social. Lo importante del asunto es que ilustra cómo objetivos que inspiran el proceso de participación ciudadana, acceso a la información y diálogo, son reconfigurados por la propia asimetría existente entre un actor pletórico en recursos y una población mayoritariamente pobre. Debido a este contexto, el proceso se convirtió en un espacio de negociación política. Para los ciudadanos, fue el escenario donde se podía establecer demandas hacia la empresa, las cuales no estaban ligadas, en su gran mayoría, a establecer salvaguardas a favor del medio ambiente (aspectos altamente técnicos, los cuales son comprendidos


INFORME

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Las comunidades “estaban inseguras frente a la posibilidad de que las aguas fueran contaminadas o disminuidas por la actividad extractiva sin recibir ningún tipo de compensación”, afirma Zavaleta.

por un reducido grupo de expertos) sino a obtener beneficios de la explotación como trabajo, servicios e infraestructura; mientras que para la empresa se trataba de una plataforma política para obtener respaldo a sus actividades a través de la movilización social. Como resultado de este proceso, las 32 comunidades del área de influencia aprobaron el EIA del proyecto en la audiencia pública celebrada en San Nicolás de Chailhuagón, la cual tuvo la participación aproximada de tres mil personas, un record de asistencia en este tipo de actividades. Sin embargo, un proceso de connotaciones políticas opuestas se gestaba en paralelo. Desde el año 2010 una serie de organizaciones sociales, entre las que destaca el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y, sobre todo, la Plataforma Interinstitucional de Celendín, cuestionaron públicamente la viabilidad del proyecto y se opusieron a su realización. Estas organizaciones en su mayoría integradas por actores urbanos con vínculos en las zonas rurales, realizaron trabajo político en las comunidades cercanas al proyecto —pero fuera del área de influencia establecida por la propia empresa— que estaban inseguras frente a la posibilidad de que las aguas fueran contami-

nadas o disminuidas por la actividad extractiva sin recibir ningún tipo de beneficio en compensación, inseguridad que se acrecentó por la mala reputación de Yanacocha en materia ambiental. Paradójicamente, la creación de reservorios artificiales, que había sido planificado como el principal mecanismo de mitigación ambiental, se transformó en el eje de la lucha política de los operadores opuestos al proyecto, los cuales mostraron material gráfico sobre desastres de contaminación durante la primeros años de la actividad minera. Como la complejidad del debate sobre la calidad del EIA concernía a especialistas en la materia, los opositores sociales articularon su discurso sobre la base de supuestos socializados a partir del conflicto Quilish. Así, el argumento central esgrimido contra la actividad minera pude ser resumido de la siguiente forma: el ecosistema de Cajamarca consiste en un sistema complejo, cuyas aguas se encuentran interconectadas de manera subterránea y cualquier alteración a una parte afecta al conjunto. Este discurso ambientalista, difundido con éxito en menos de una década, constituye la respuesta política al im-

pacto profundo que han dejado las actividades mineras y los errores en torno a gestión ambiental en los cuales la empresa incurrió durante sus primeros años de operación. Ello ha derivado en que, tanto Yanacocha como su oposición, reivindican argumentos técnicos para lograr sus objetivos centrales: realizar el proyecto o paralizarlo, respectivamente. En ese sentido, el conflicto surgido en torno a Conga constituye un capítulo, acaso el último, del enfrentamiento entre una élite local y la población rural con la empresa respecto al uso y cuidado de los recursos de la región. Cuando la empresa anunció el desembolso del saldo de ejecución del proyecto el 27 de julio del 2011, un día antes de la toma de mando de presidente Ollanta Humala, las fichas ya estaban alineadas, con gran anticipación, para el inicio del conflicto. 1 Posteriormente, debido a un enfrentamiento de las empresas asociadas, la composición accionaria cambió de la siguiente forma: Newmont: 51,35%, Buenaventura: 43,65%, International Finance Corporation: 5%. 2 De acuerdo con Mendoza y Gallardo (2011), entre 1992 y 2005 el PBI de Cajamarca experimentó crecimiento constante, que se detuvo a partir de 2005. El desaceleramiento de la economía responde a la reducción productiva de Yanacocha y la oposición a la expansión de los proyectos mineros. 3 Desde el 2004 en adelante, sus proyectos fueron bloqueados por la oposición de la población en Cerro Quilish (2004), Carachugo II (2006), La Quinua Sur (2007), Solitario (2009) y, finalmente, Minas Conga (2011).

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PROGRAMAS SOCIALES

Los retos de Qali Warma TERESA SANTILLÁN – JUAN ARRIBASPLATA

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inco son los programas sociales que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado mediante Ley N° 29792 el 20 de octubre de 2011, impulsa: Cuna Más, JUNTOS, FONCODES, Pensión 65, y Qali Warma. Estos no buscan resultados inmediatos, más bien apuntan a mejorar la calidad de vida de los niños de hoy, cuyos resultados serán visibles más adelante; sus metas se enmarcan al 2016 en reducir la pobreza extrema de 7.6% a 5%; reducir la desnutrición crónica infantil de 23.2% a 10%; incrementar la cobertura de servicios básicos (agua, desagüe, luz y telefonía) en los hogares de 59.4% a 70%; incrementar la asistencia de los niños y niñas a escuelas de nivel inicial de 73.8% a 85%1.

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Los vaivenes de un inicio El programa más importante dentro de la política de inclusión del gobierno es Qali Warma (Niño Vigoroso) que se ejecuta en 5 mil 600 instituciones educativas de nuestra región Cajamarca lo que significa un promedio de 229 mil 700 alumnos y alumnas beneficiados. El objetivo de este programa es contribuir a la asistencia y a la permanencia escolar, mejorar la atención en clases, así como fomentar hábitos alimentarios saludables en niños de educación primaria de los colegios estatales más pobres del Perú. Sin embargo, en Cajamarca diversos padres de familia se han quejado por algunos inconvenientes de este progra-

ma. Han denunciado que los alimentos que llegan a las instituciones educativas no son los más adecuados, señalando además que las raciones que reciben los menores no son las óptimas para combatir la desnutrición. A esto se suma, la demora en la disposición final de los alimentos, los cuales finalmente llegan en mal estado, y con riesgo para los niños y niñas que se deben beneficiar del programa.

La respuesta del MIDIS Ante estos lamentables incidentes la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, explicó que anteriormente estos programas sociales no tenían un sistema de fiscalización, por lo que ahora era necesario contratar supervisores que cumplan dicha tarea, y que ayuden a hacer llegar al Estado donde realmente se necesita. Sobre las quejas de los padres, el coordinador de la Oficina Regional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Cajamarca (MIDIS), Wilder Araujo Castañeda, señaló que la adquisición de los productos alimenticios no se hace desde el MIDIS. Explicó que ésta se realiza a través de un proceso de contratación monitoreado por un comité multisectorial, integrado por el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, acompañado de un representante de los padres de familia de la escuela inicial y/o primaria en donde se entregaran los alimentos, el gobernador de la provincia o distrito y el director de la red de salud provincial. “Lógicamente hay que tener en cuenta a los proveedores, para que una vez que se gane las licitaciones dejen los productos adecuados”, dijo. Pese a que el proceso de adquisición de los productos ha sido participativo, y con especialistas en el tema alimentario, persiste el descontento de los padres de familia. Quizá haga falta especificar mejor los requisitos o ser más drásticos. En ese sentido, Wilder Araujo, indicó que dada la irresponsabilidad de los proveedores se les puede sancionar de diversas formas: desde la suspensión sin derecho a poder ser


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contratado otra vez, hasta el retiro del Registro Nacional de Proveedores.

Ojo a la filtración El coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Cajamarca, Reynaldo Alvarado, en entrevista con Voces recomienda que “tanto la vigilancia ciudadana como la vigilancia social deben ser efectivas”. De la misma forma, añade que debe tomarse en cuenta lo que la población manifiesta, para que realmente se sienta la inclusión que tanto se busca. Como segundo aspecto, Alvarado agregó que debe haber una exigencia extrema con los proveedores de los alimentos, especialmente en relación al cumplimiento de los estándares de calidad, debiendo entregar una buena calidad de productos y verificándose las fechas de vencimiento de los mismos. Asimismo, resaltó que debe haber un seguimiento muy cercano a los beneficiarios. “Los beneficiarios deben ser realmente las personas que lo necesiten, y no aquellas que se hayan filtrado por algún burdo mecanismo. De lo contrario, los programas sociales que están creados para una finalidad en concreto, se convertirían en programas que deterioran una actividad social”, dijo.

Mirando hacia adelante Muchos ciudadanos critican la aplicación de estos programas sociales por el asistencialismo que implica. La enseñanza de nuevas formas de actividades productivas no están contempladas, aspecto que debería sumarse a esta ayuda social. Otro asunto pendiente es la corrupción que empaña y resquebraja la labor y razón de estos programas, pues se han detectado personas que no deberían ser beneficiadas en los programas Juntos y Pensión 65. En ese sentido es necesario mejores sistemas de auditoria, seguimiento y registro de los beneficiados que ayuden a transparentar la ejecución de estos programas sociales.

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OJOS ABIERTOS

Chavismo Antichavismo FERNANDO ROMERO

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stamos en medio de una discusión en la que la situación de Venezuela se ha convertido en el centro de la atención de la coyuntura. La crítica conservadora antichavista quiere colocar un falso dilema al que algunos seguidores del chavismo le hacen el juego. El hecho de que, en el pasado, los partidos tradicionales y un importante sector del empresariado venezolano hicieran del Estado un botín, empujando a que una gran mayoría de los ciudadanos de ese país se distanciara de ellos y vieran en Hugo Chávez a una suerte de salvador, no es razón para que quienes en Perú cuestionan estos desempeños, cierren los ojos ante prácticas políticas y decisiones públicas que, a la larga, no crean las condiciones para que Venezuela logre una economía y un Estado al servicio de la mayoría y una institucionalidad basada en reglas de juego democráticas. ¿Es el régimen chavista un modelo para quienes cuestionan la privatización de las decisiones públicas y la corrupción de la política? ¿Si llegarán al poder aplicarían las mismas medidas? ¿El respaldo que hoy se brinda a ese régimen se debe a la desconfianza frente a quienes son sus adversarios, que no han roto con el pasado oligárquico de ese país?

En el Perú deberíamos prevenir estas adhesiones ya que hemos sufrido a Sendero Luminoso y al fujimorismo, de cuyas acciones el país aún no se logra recuperar. Hemos vivido las consecuencias del intento de imponer un pensamiento único y de entender a todo los que discrepan con él como enemigos. También seguimos viendo las consecuencias que tiene en las instituciones democráticas y en la práctica de la política, la ejecución de políticas de Estado creadas conscientemente para fomentar la adhesión de los sectores más pobres a liderazgos autoritarios. Desde esa perspectiva, un importante sector de quienes cuestionan al chavismo en el Perú, no lo hacen en realidad en defensa de la democracia, sino por el temor que les genera la posibilidad de que “la plebe” se exprese a través de cauces distintos a los controlados por quienes detentan el poder. La presión de este sector al gobierno de Humala, se orienta en el mismo sentido: continuar en su esfuerzo por alinear al Presidente y a su gestión en el mismo camino que recorrió Alan García. En ese sentido, promovamos un análisis crítico de lo que sucede en Venezuela y saquemos lecciones en favor de propuestas de cambio para el Perú.

1 http://www.midis.gob.pe/index.php/es/atencion-al-ciudadano-informacion/informacion/preguntas-frecuentes-midis

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LOCAL

El conflicto por las aguas termales de Baños del Inca La preocupación de las autoridades del distrito de Baños del Inca en Cajamarca, por la disminución de sus recursos hídricos y sus aguas termales que podrían ocasionar la actividad extractivas que pretende realizar Minera Yanacocha en el acuífero La Shacsha, a pesar de la existencia de la Ordenanza 051- 2006 que la declara como zona protegida, ha llevado a la realización de diversas mesas de diálogo con representantes de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM). JUAN ARRIBASPLATA

Antecedentes El 16 de noviembre de año 2005, el pleno del Concejo de Baños del Inca, bajo la alcaldía de José Pajares Abanto, acordó declarar Área de Conservación Municipal a las cabeceras de cuenca del cerro Carachugo, en respuesta a la preocupación por los impactos que podían generar las actividades de Minera Yanacocha en el lugar. Tras ello, el 2006, emitieron la Ordenanza municipal 051-2006 declarando al acuífero La Shacsha como zona protegida. El Ing. Mauro Sánchez, especialista del INGEMMET, respecto al origen de estas aguas que mantienen en actividad a los baños termales dice: “El origen no se encuen-

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tra donde éstas afloran sino a varios kilómetros de distancia. Cuando el agua de lluvia cae hay rocas especiales que la dejan pasar hacia las profundidades y mientras más profundo lleguen se irán calentando más”. Estima que por cada kilómetro que el agua baja se calienta 30 °C. Por ello recomienda proteger los orígenes para garantizar su continuidad. Asimismo, se sabe que las aguas termales de Baños del Inca cuentan con dos áreas: la zona de Los Perolitos perteneciente al Complejo Baños del Inca y El Tragadero o Llactama, en la propiedad del Hotel Laguna Seca. Estas dos fuentes que son las más grandes del lugar son capaces de producir hasta 220 litros de agua por segundo.

Amenaza latente Las cotas de las zonas donde posiblemente se desarrollen los proyectos mineros son de 3,400 a 4,200 msnm. Baños del Inca se encuentra a 2,689 msnm. El especialista en hidrología Guido Peralta, explica: “Estudios del INGEMMET indican que las aguas termales alcanzan grandes profundidades, por ello existe el riesgo de que cualquier actividad que pueda afectar el circuito de abastecimiento de estas aguas, ocasione daños irreversibles e incluso provocar su desaparición total”. Frente a esta situación el regidor de Baños del Inca, Fernando Chuquiruna, entrevistado por VOCES, indica: “Nosotros


OPINIÓN

de manera particular estamos haciendo los estudios técnicos dentro de las mesas de trabajo sobre la posible desaparición de los manantiales que se ocasionaría por los trabajos de Yanacocha. Todavía no tenemos resultados sobre esos estudios pero estarán listos en los próximos meses”.

El diálogo infructuoso En lo que va del 2013 se han realizado 4 mesas de diálogo. El 20 de marzo se instaló la primera mesa, donde autoridades y pobladores de Baños del Inca expusieron la problemática del acuífero La Shacsha al jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, Vladimiro Huároc. Seguidamente se programó otra reunión para el 10 de abril que no llegó a ningún acuerdo. Así el 17 de abril se celebró una tercera reunión con el mismo resultado. Una cuarta mesa de diálogo se llevó a cabo el 7 de mayo donde después de varias horas de conversación se acordó instalar tres grupos de trabajo para ver aspectos legales, ambientales y de desarrollo. No obstante, la posición de las autoridades de Baños del Inca es que se reconozca la ordenanza 051-2006 que declara como zona intangible a La Shacsha. Cabe destacar que en ninguna reunión se han hecho presentes representantes de Minera Yanacocha y tampoco han emitido opinión alguna al respecto. Por su parte, el regidor Fernando Chuquiruna señala: “Sólo defendemos nuestros recursos hídricos pero los representantes del gobierno vienen como defensores de Yanacocha, lo cual no vamos a permitir”. Asimismo, las autoridades del distrito han amenazado que si la empresa minera no se retira de la zona, tomarán otro tipo de medidas como colocar hitos en la zona para delimitar el territorio.

Opinión de la PCM El representante de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM en Cajamarca, Pastor Paredes informó a Voces, que es muy saludable que después de 4 reuniones con las autoridades de Baños del Inca se haya podido llegar a acuerdos respecto a la conformación de grupos de trabajo para discutir diversos temas. Destacó que a éstas han sido incorporados los alcaldes de los centros poblados del distrito.

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A OJO DE PÁJARO

De la burrocracia a la cleptocracia MIGUEL GARNETT

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asta hace poco, cualquier ciudadano hubiera pensado que ya había llegado al tope la capacidad del Congreso de la República del Perú para ofrecernos espectáculos vergonzosos: algunos congresistas durmiendo durante las sesiones, otros conversando ad nauseam por celular durante los debates, y hasta congresistas involucrados en coimas y delitos, indiferentes a una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, que es el nivel de corrupción en el país. Todo esto, más los resultados torpes de muchas de sus deliberaciones y las leyes que aprueban, era una faceta notable de la burrocracia o gobierno de burros ––con la debida disculpa a aquellos animales–– que se encuentra en todos los niveles de gobierno y de la administración pública. Pero ahora, el Congreso nos ha mostrado que es capaz de un espectáculo aún más vergonzoso, con el auto concedido aumento de sueldo para cada uno de sus miembros, que no es más que un robo a los ciudadanos. Pasamos, entonces, de la burrocracia a la cleptocracia o gobierno de ladrones. Esto hace pensar en lo que hicieron los jefes de los bancos europeos cuando vino el crac del 2008. Después de que ellos mismos provocaron el colapso económico que devino en miseria y desesperación para millones de personas, los banqueros se auto premiaron con bonificaciones monetarias astronómicas. Puede

ser que nuestros congresistas no hayan creado miseria y desesperación, pero tampoco han creado felicidad. Bajo cualquiera criterio resulta caro que los congresistas están muy lejos de merecer un alza de sueldo. Y una vez más, nos están demostrando que de veras vivimos en El País de las Maravillas, donde pagamos excesivamente por mantener un show político que nos da cólera y vergüenza. Felizmente, algunos congresistas, muy pocos, han tenido el valor y la capacidad de no cobrar las jugosas alzas. Todo esto debería hacernos reflexionar sobre la escala de remuneraciones en el trabajo. Los profesionales hacen hincapié en el hecho que han estudiado en la universidad y, por tanto, merecen una remuneración más alta que un trabajador de mando medio. Sin embargo, frecuentemente, este último es más capaz y trabaja mejor, y su labor puede ser aún más importante que aquella de un profesional. Personalmente, soy de la opinión que el humilde barrendero de calle es más importante para la felicidad y bienestar de los ciudadanos que muchos miembros del concejo municipal; pero gana una miseria. A fin de cuentas, si los barrenderos se declaran en huelga, pronto lo sentimos y sufrimos. Si un miembro del concejo se ausenta, no pasa nada. Esto me lleva a pensar que si todos los congresistas se ausentarían, no sólo no pasaría nada grave, sino probablemente el país funcionaría mucho mejor.

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LECTURAS RECOMENDADAS

Conflictos extractivos en la Región Andina

“Más allá de Conga”

I

mportante publicación que reúne los trabajos de una serie de investigadores que analizan el escenario del conflicto en torno a las industrias extractivas y los cambios institucionales que estos vienen generando en tres países de la Región Andina. En el prefacio, el editor Anthony Bebbington, indica: “El libro parte de la convicción de que esta expansión de las industrias extractivas en Latinoamérica, y particularmente en la región andina y amazónica, se está dando a tal escala y velocidad que está transformando a las sociedades, las economías políticas y los territorios en los que viene ocurriendo”.

VOCES

R

eciente publicación del economista y ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, José de Echave y del antropólogo Alejandro Diez, que se suma a la bibliografía académica que se viene produciendo en relación al conflicto Conga desde el momento de su estallido. En la introducción se dice: “En el plano de la articulación intergubernamental, Conga es el primer caso a nivel nacional en el que el Gobierno Regional toma partido por una posición abiertamente contraria a la del Gobierno Central, pero mayoritariamente legítima para la población cajamarquina”. Seguidamente, los autores se preguntan: “¿Acaso Conga marca una diferencia con los conflictos socioambientales anteriores? ¿Marcará algún punto de quiebre en la naturaleza del conflicto y de las protestas, o en las respuestas del Estado o de las empresas mineras?”, interrogantes que “Más allá de Conga”, intenta responder. El libro está dividido en tres partes. En la primera se presenta el contexto minero de Cajamarca, cuya producción de oro representa el 31.62% del total nacional. Otro dato relevante es

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que el 47.32% de su territorio se encuentra concesionado. En otro apartado de esta primera sección se analiza el canon y las regalías mineras en Cajamarca a nivel de los gobiernos locales como del gobierno regional. En la segunda parte se analiza el conflicto Conga haciendo una la descripción y análisis del proceso de aprobación del EIA, los antecedentes de otros conflictos en Cajamarca a propósito de la presencia de Minera Yanacocha. Finalmente se hace un análisis de los temas críticos en juego: los recursos hídricos y la lógica del desarrollo minero, los temas ambientales y las posiciones políticas de los actores.

El libro está dividido en tres partes: “Las economías políticas de la extracción”, “Conflictos, transformaciones y cambio institucional” y “Conclusiones comparativas”. La primera parte incluye tres artículos desde una perspectiva general de la situación en América andina, y los casos puntuales de Bolivia, Ecuador y Perú. La segunda parte presenta siete estudios, donde destaca “El proyecto de gas de Camisea: Los movimientos sociales indígenas y las ONG internacionales en la Amazonía peruana” de Brian Pratt. En la tercera parte, a modo de conclusiones, se presenta “Anatomías del conflicto: la negociación de las geografías de la industria extractiva en los países andinos”.

En la tercera y última parte del libro, a manera de conclusiones, se abordan “las lecciones de Conga y la necesidad de pensar en escenarios de transición”. Muy recomendable su lectura para acercarse más al corpus del conflicto minero en Cajamarca y sus consecuencias, que hasta el día de hoy se siguen viviendo en nuestra región. “Más allá de Conga” José de Echave – Alejandro Diez RedGE, CooperAcción Marzo 2013 158 pp.

Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la Región Andina. Anthony Bebbington (editor) IEP, CEPES, Grupo Propuesta Ciudadana Lima, enero 2013 444 pp.


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