Protecciรณn a operadoras y operadores del sistema de justicia en Guatemala
Observaciones y recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos: Protecciรณn a operadoras y operadores del sistema de justicia en Guatemala
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Protección a operadoras y operadores del sistema de justicia en Guatemala
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íNDICE Presentación
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Sistema universal de protección de los derechos humanos
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1. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al Estado de Guatemala (104º período de sesiones, 2012)
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2. Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Leandro Despouy (2003-2009), misión a Guatemala 2009 3. Examen Periódico Universal: Guatemala (2º ciclo 14ª sesión, 2012)
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4. Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- sobre las actividades de su Oficina en Guatemala • Informe OACNUDH-Guatemala 2016 • Informe OACNUDH-Guatemala 2015 • Informe OACNUDH-Guatemala 2014 • Informe OACNUDH-Guatemala 2013 • Informe OACNUDH-Guatemala 2010
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Sistema interamericano de protección de los derechos humanos
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1. Observaciones preliminares de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- a Guatemala, 2017 2. Informe de la Relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, Guatemala, 2003
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PRESENTACIÓN La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) tiene como mandato observar e informar sobre la situación de los derechos humanos con el fin de asesorar y proveer asistencia técnica a las autoridades guatemaltecas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas, para promover y proteger los derechos humanos en Guatemala. En cumplimiento de su mandato, corresponde a la OACNUDH asesorar y brindar asistencia técnica a las instituciones del sistema de justicia para que las acciones que les compete realizar se ajusten a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Guatemala con base en la ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo las recomendaciones y decisiones formuladas por los órganos de protección de tales derechos. Este documento compila las principales observaciones y recomendaciones que mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto del sistema universal como del regional, han formulado sobre la protección de operadoras y operadores del sistema de justicia en Guatemala. Asimismo, persigue brindar insumos sobre las medidas que debe adoptar el Estado para la prevención, protección y garantía de la seguridad e integridad de operadoras y operadores del sistema de justicia, a fin de que realicen sus funciones sin presiones, amenazas, ataques o intromisiones indebidas, y por consiguiente de manera independiente e imparcial, conforme a las obligaciones internacionales del Estado en esta materia.
Protección a operadoras y operadores del sistema de justicia en Guatemala
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Sistema Universal de protección de los derechos humanos 1. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al Estado de Guatemala (104º período de sesiones, 2012) “Al Comité le preocupa que no se hayan realizado las reformas necesarias del sistema de justicia para permitir que los avances notables que han sido iniciados en la investigación criminal y persecución de casos emblemáticos se conviertan en un mecanismo institucional, permanente y sostenible. Las intimidaciones, las amenazas y los ataques sufridos por algunas víctimas, testigos y operadores de justicia en procesos relacionados con casos del pasado o con la criminalidad organizada continúan siendo un obstáculo al cumplimiento de los derechos a la verdad y a la justicia (art. 14)” 1.
2. Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Leandro Despouy (2003-2009), misión a Guatemala 2009 “ (…) Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Guatemala sigue afrontando una difícil situación en diversos ámbitos, entre ellos, el sistema de justicia. Este último adolece de una serie de graves deficiencias provenientes principalmente de factores estructurales y de la violencia ejercida sobre los operadores de justicia, lo que contribuye a un clima generalizado de impunidad, la cual no solo comprende los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sino los presentes (…)”2. “El sistema de protección de los operadores de justicia y de los sujetos procesales es ineficiente y está disperso en varias instituciones. El MP protege a sujetos procesales, incluyendo jueces y víctimas; el OJ ha asumido la protección de varios de sus jueces; el Ministerio de Gobernación apoya la ejecución de medidas de protección por el MP y la COPREDEH coordina la protección de personas protegidas por medidas adoptadas en el marco del sistema interamericano. El PDH también tiene algunos programas de asistencia a personas amenazadas, pero no tiene capacidad de protección. La capacidad y acciones de protección no logran cubrir a muchas personas, en su mayoría abogados y familiares de víctimas. Es
1 Comité de derechos humanos. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a Guatemala. CCPR/C/GTM/CO/3,19 de abril de 2012, párrafo 25, pág. 7. 2 Consejo de Derechos Humanos. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy (Adición Misión a Guatemala). A/ HRC/11/41/Add.3, 1 de octubre de 2009, párrafo 11, pág. 5.
6 necesario que el sistema de protección se reestructure totalmente”3. “El Relator Especial considera que es necesario establecer una política unificada en materia de justicia. (…).Tal es el caso de la protección brindada por el Estado a personas que son objeto de ataques, hostigamientos y amenazas, entre otros, operadores de justicia (…)”4. “Se debe fortalecer la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia (…). El MP deberá definir claramente las competencias de la unidad, de manera que tenga competencia sobre todos los casos de violencia en contra de operadores de justicia”5. “El Relator Especial reitera su profunda preocupación por los hostigamientos, amenazas y asesinatos a los profesionales del derecho por motivos relacionados con su profesión, y hace un llamamiento al Estado para que garantice la independencia y la seguridad de la actividad de los operadores de justicia a fin de evitar que sean víctimas de cualquier tipo de represalias por el desempeño de sus funciones”6.
3. Examen Periódico Universal: Guatemala (2º ciclo 14ª sesión, 2012) “Adoptar medidas para garantizar una disminución de los ataques a cualquier persona que trabaje para promover y proteger los derechos humanos y enjuiciar a los autores de esos ataques (Noruega);”7. “Concluir la transferencia de competencias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a las instituciones guatemaltecas y proteger a las que sean más vulnerables a los delitos debido a la impunidad, en particular los jueces, los testigos, los fiscales, los defensores de los derechos humanos y laborales, los periodistas y las personas víctimas de la trata (Estados Unidos de América);”8.
3 Ibid. pág. 17. 4 Ibid. pág. 22. 5 Ibid. pág. 24. 6 Ibid. pág. 9. 7 Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Guatemala. A/HRC/22/8, 31 de diciembre de 2012, párrafo 99.53, pág. 19. 8 Ibid. pág. 20.
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4. Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala Informe OACNUDH-Guatemala 2016 “Insta a las autoridades del Poder Judicial a diseñar e implementar un protocolo para la protección de las y los jueces en caso de amenazas y ataques en su contra, especialmente a aquellos involucrados en casos de alto impacto, con el propósito de proteger su integridad y la de sus familias de forma integral y sistemática”9. “Para garantizar que los progresos en casos de impunidad por crímenes del pasado y del presente sean consolidados, es crucial asegurar que las autoridades judiciales lleven a cabo su labor en un entorno seguro. El Alto Comisionado está seriamente preocupado por los ataques y amenazas contra autoridades judiciales, que incluyen a la Fiscal General (...) y al juez que preside muchos casos de corrupción de alto impacto (..)”10. Informe OACNUDH-Guatemala 2015 “Continuaron siendo motivo de preocupación los ataques y amenazas contra la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados. OACNUDHGuatemala recibió información sobre ataques armados en por lo menos dos juzgados y amenazas a la seguridad e integridad física de jueces (…)”11. Informe OACNUDH-Guatemala 2014 “En perjuicio de la independencia judicial, se registró una serie de ataques y amenazas en contra de jueces y fiscales involucrados en casos de alto impacto, así como también campañas en medios de comunicación y redes sociales, descalificando su labor”12.
9 Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. A/HRC/34/3/Add.1, 11 de enero de 2017, párrafo 100 b), pág. 19. 10 Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. A/HRC/34/3/Add.1, 11 de enero de 2017, párrafo 8, pág. 4. 11 Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. A/HRC/31/3/Add.1, 19 de febrero de 2016, párrafo 14, pág. 7. 12 Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. A/HRC/28/3/Add.1, 12 de enero de 2015, párrafo 19, pág. 7.
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8 Informe OACNUDH-Guatemala 2013 “Continuaron las amenazas a operadores de justicia, sin que se registraran avances en la investigación y persecución penal de estos casos, lo que refleja la necesidad de fortalecer la Unidad de Operadores de Justicia del MP. Esta situación se presentó particularmente en contra de jueces, fiscales, víctimas y testigos en el contexto del juicio por genocidio. La Fiscal General también sufrió ataques constantes y campañas mediáticas encaminadas a desprestigiar su trabajo. Tres magistrados sufrieron ataques públicos por emitir resoluciones apegadas a los estándares internacionales de pueblos indígenas (…)”13. Informe OACNUDH-Guatemala 2010 “La oficina en Guatemala recibió informes de amenazas y presiones a jueces, fiscales y otros sujetos procesales, que incrementan el riesgo en el que se encuentran estas personas, en particular las involucradas en casos de alto impacto y de derechos humanos. El Organismo Judicial y el Ministerio Público aún no han implementado medidas para asegurar la protección de los operadores de justicia, testigos y acusados”14.
13 Consejo de Derechos Humanos. Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Adición Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala. A/HRC/25/19/Add.1, 13 de enero de 2014, pág. 8. 14 Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala. A/HRC/16/20/Add.1, 26 de enero de 2011, párrafo 30, pág. 8
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Sistema interamericano de protección de los derechos humanos 1. Observaciones preliminares de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- a Guatemala, 2017 “Adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión. Para ello, fortalecer las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia (…)”15. “Asegurar que las autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia (…)”16. “(…) ante el contexto de presiones e intimidaciones de las cuales son objeto, la Comisión insta al Estado a fortalecer las labores de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia reconociendo la importancia de sus funciones en la garantía del derecho de acceso a la justicia, como del debido proceso”17. “Tanto en reuniones con jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos la Comisión recibió información sobre hostigamientos, agresiones y amenazas como instrumentos de control e intimidación en el ejercicio de sus labores, especialmente de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos. La Comisión tuvo conocimiento de fuertes campañas de estigmatización en medios de comunicación y redes sociales tildando a las y los operadores de justicia como “guerrilleros” o “detractores del desarrollo”, que se suman a otras estrategias de intimidación que incluyen la sujeción reiterada a procesos disciplinarios y/o penales infundados, y amenazas a través de mensajes escritos o llamadas telefónicas”18.
15 [Comunicado de prensa] Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Guatemala, 4 de agosto de 2016, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114A.asp 16 Ídem. 17 Ídem. 18 Ídem.
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2. Informe de la Relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, Guatemala, 2003 “El Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a los miembros de la sociedad que son amenazados y agredidos. Tampoco ha adoptado medidas suficientes que aseguren un ambiente propicio para el desarrollo de la labor de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia, como piezas esenciales para el fortalecimiento de la democracia. Por último, los ataques a defensores de derechos humanos y operadores de justicia permanecen casi en su totalidad impunes. La Comisión reitera que la impunidad de las violaciones contra los defensores de derechos humanos favorece la comisión de nuevos ataques dirigidos a impedir u obstaculizar su trabajo en la defensa de los derechos humanos”19. “En relación con las amenazas, el hostigamiento y la intimidación contra los operadores de justicia, la Comisión recomienda al Estado: 1. Dedicar sus mayores esfuerzos para incrementar la asignación presupuestaria destinada a la protección de los jueces, abogados y fiscales. Otorgar la capacitación y la remuneración adecuadas al personal de seguridad que la Policía Nacional Civil y la Corte Suprema colocan a disposición de jueces y fiscales para su protección. 2. Establecer una unidad especial de la Policía Nacional Civil que trabaje directa y permanentemente con la Unidad Fiscal sobre Delitos contra Operadores de Justicia, a efecto de realizar las investigaciones respectivas. 3. Adoptar y emprender todas las medidas pertinentes para garantizar la investigación, el procesamiento y la sanción de las amenazas, ataques y demás actos de intimidación contra los operadores de justicia. Asimismo, dedicar los recursos y la protección necesarios al Fiscal Especial que debe investigar los ataques llevados a cabo contra los operadores de justicia, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos”20.
19 OEA-CIDH. Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala. OEA/ Ser.L/V/II.118, Doc. 5 rev. 1, 29 diciembre 2003, párrafo 206, pág. 96. 20 Ídem.
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