VIII. Conclusiones y recomendaciones

87. Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales. En 2021, estos desafíos están particularmente relacionados con la desigualdad y la discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y la participación ciudadana. Este contexto impide avances significativos para asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos.

88. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso para seguir apoyando a Guatemala en el fortalecimiento de la protección de todos los derechos humanos para todas las personas. Basándose en las actividades del ACNUDH en Guatemala, y en adición a las recomendaciones anteriores, la Alta Comisionada recomienda al Gobierno:

a) Incrementar acciones para enfrentar la situación de desigualdad sobre todo en favor de las personas en mayor situación de pobreza y condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, ampliando la inversión social e incrementando la cobertura de los programas sociales no contributivos;

b) Incrementar esfuerzos para la promoción del diálogo social y las consultas para fortalecer la inclusión de todos los grupos en los procesos de toma de decisiones, incluyendo a pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; c) Garantizar la independencia de las instituciones de justicia y fortalecer las carreras profesionales de las funcionarias y los funcionarios de justicia, incluyendo el fortalecimiento de la protección de estos, y la creación de programas nacionales o mecanismos institucionales de protección que permitan detectar y abordar adecuadamente los retos en relación con la independencia judicial;

d) Continuar tomando medidas para garantizar el acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, acelerando los procesos de resarcimiento, investigación y juzgamiento de casos, la búsqueda de personas desaparecidas y facilitando el uso adecuado de los archivos relativos a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado;

e) Fortalecer la legislación, políticas y estructuras institucionales para la protección, incluso contra la criminalización, de defensoras y defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas;

f) Fortalecer la relación de confianza entre las instituciones públicas y los pueblos indígenas a través de la implementación de medidas para la protección y realización de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales; a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; a la propiedad intelectual colectiva, y a la salud sexual intercultural;

g) Promover e institucionalizar políticas y programas a nivel nacional para garantizar los derechos de los pueblos garífuna y afrodescendientes;

h) Garantizar la participación de todos los actores sobre todo de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, en el esfuerzo de realizar el plan nacional de acción en empresas y derechos humanos;

i) Actualizar planes de contingencia y protocolos para la gestión de las manifestaciones, incluido el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con arreglo a los estándares internacionales de derechos humanos;

j) Garantizar los derechos humanos de las personas en movimiento, también en relación con el retorno, más allá de su estatus migratorio, fortaleciendo las capacidades del Consejo de Atención y Protección.