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EDITORIAL
Los úlƟ mos cuatro años estuvimos en peligro
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por El Director
Peligro de que se consolidara un esquema de dominación con rasgos autoritarios y represivos. Peligro de que se perdieran una serie de conquistas sociales. Todavía es temprano para ponerle nombre a esa época oscura: ¿intento de dictadura mafi osa?, ¿autoritarismo de nuevo tipo? Lo cierto es que en los países vecinos hay pruebas de sobra de “golpes blandos” y de groseras limitaciones al estado de derecho. La destitución de Lugo y de Dilma, el encarcelamiento de Lula, el golpe contra Evo. Y también hay evidencias de que en la Argentina se tramaba un proyecto autoritario y represivo: la doctrina Chocobar, la persecución judicial y mediática contra Cristina Kirchner y algunos de sus funcionarios, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel.
Fueron cuatro años de retroceso en derechos sociales, de condiciones de trabajo y de vida indecentes, de abusos e impunidad de los poderosos. Caída del empleo y, en especial, del trabajo registrado y protegido, caída del consumo popular, aumento de la pobreza y la indigencia. Los datos estadísticos son abrumadores. Pero lo más grave es la tendencia regresiva. El retroceso en un mundo del trabajo donde debería regir el principio de progresividad.
Fueron cuatro años de saqueo. Fuga de capitales equivalente a los dólares que entraron como préstamos externos. Negociados con un sello mafi oso en perjuicio del erario público. Aumentos exorbitantes de servicios públicos en detrimento del conjunto de la población y en benefi cio de grupos económicos ligados al poder. Entrega de recursos naturales a grandes empresas extranjeras.
Fueron cuatro años de endeudamiento escandaloso. El macrismo recibió un país desendeudado y lo entrega con compromisos de pago cercanos al 100% del producto bruto interno.
A diferencia de otros países hermanos, la Argentina está saliendo del infi erno. La resistencia a la pérdida de derechos y a los abusos fue masiva. Los protocolos represivos con asesoría de la CIA y el Mossad no alcanzaron para detener la ex
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tendida protesta social. Y los intentos divisionistas que intentaron frenar la oposición política y electoral no dieron resultado. Nuevamente, el “hecho maldito del país burgués”, es decir, el peronismo, le puso límites a la restauración conservadora. Y esta vez, el movimiento que Cooke defi niera como “gigante invertebrado y miope” ocupó el centro de la escena política con un gran sentido de unidad y con una conducción inteligente.
Nuevamente estamos saliendo del infi erno. Se activó la memoria colectiva y el dispositivo reaccionario no pudo consolidarse. Pero los últimos sucesos de Bolivia nos demuestran que el camino no será fácil. En la región predominan democracias tuteladas que se originaron en “golpes blandos”, como los que ocurrieron en Brasil, Paraguay y Bolivia, o en el emblemático “pinochetismo” como es el caso de Chile.
Los antiguos regímenes de “seguridad nacional” que reprimían a sus pueblos con la excusa de la “agresión comunista” ahora han mutado a regímenes de “seguridad democrática” que controlan a la población con la excusa de la inseguridad y el combate al narco. Ya no hay desapariciones forzadas masivas, como en los años 70, pero se utilizan ejecuciones extrajudiciales selectivas para eliminar insurgentes, la guerra judicial (law fare) para encarcelar cientos de opositores, y el fantasma del “narco-terrorismo” para militarizar y disciplinar las sociedades.
Pero las graves denuncias de connivencia con las mafi as contra funcionarios de Felipe Calderón, en México; de Álvaro Uribe, en Colombia; de Jair Bolsonaro, en Brasil; y de Mauricio Macri en Argentina demuestran que el nuevo esquema de dominación es incompatible con los derechos humanos y que los narcos y los paramilitares son funcionales a ese esquema que además se apoya en la política exterior de Estados Unidos. Afortunadamente, en México y en Argentina soplan nuevos vientos y la voluntad política es enfrentar el law fare y la militarización.
En este marco contradictorio es fundamental el futuro del trabajo. Ya pasaron veinte años del lanzamiento de la consigna de Trabajo Decente por la OIT, pero no se verifi ca un incremento del trabajo con salarios dignos, seguridad social y salubridad completas. Al contrario, las tendencias son negativas. Crecen los asalariados que caen debajo de la línea de pobreza. Crece la precarización, el fraude laboral y la evasión bajo el paraguas de las nuevas aplicaciones que ofrecen servicios (Uber, Rappi, Glovo, entre otros), y del concepto de emprendedurismo. Crece también la discriminación y la fragmentación con la excusa de la “meritocracia”.
Y en pleno siglo XXI crece el trabajo forzoso y la trata de personas con fi nes laborales en la agricultura de exportación y en la industria de la confección. A lo que deben sumarse las decenas de miles de rehenes laborales del crimen organizado, que está convirtiendo el control de migrantes y jóvenes vulnerables en un fabuloso negocio.
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Todo esto forma parte de una economía subterránea muy importante, cuyo componente de economía ilícita no deja de crecer. La evasión de obligaciones laborales y de seguridad social es una práctica sistemática e impune que carcome las políticas sociales de nuestro sub-continente.
Vivimos una suerte de capitalismo de desintegración, donde los poderes concentrados vienen demoliendo el estado de bienestar. Y donde se verifi ca una obscena fusión entre el gran capital fi nanciero y la economía ilícita en desmedro de la producción y el trabajo decente. La fuga de capitales y las guaridas fi scales son la contracara del crecimiento de la desocupación y la informalidad.
El escándalo protagonizado por el grupo económico Vicentin en estos días es representativo de esta situación. Se trata de un grupo agro-industrial originado en Santa Fe que avanzó signifi cativamente en los cuatro últimos años dentro del ranking de las empresas que más facturan. Las empresas del grupo son los mayores aportantes económicos del macrismo en la última elección, y desarrollan negocios tan variados como la exportación de aceites, producción algodonera, agro-negocios vinculados a la soja, lanzamiento de nuevos vinos y control de terminales portuarias como la de Rosario.
La repentina cesación de pagos del grupo evidenció una serie de presuntas ilicitudes que venía arrastrando. Un préstamo totalmente irregular del Banco Nación, concedido en forma dolosa por la gestión macrista, procesamiento de uno de sus directivos en la llamada “Causa de los Cuadernos”, posible complicidad en el terrorismo de Estado por secuestro de delegados, maniobras sospechosas de contrabando en la terminal portuaria de Rosario.
La investigación periodística y judicial sobre el grupo económico Vicentin recién comienza pero ya han aparecido datos signifi cativos. El CEO de una de sus empresas fue pre-candidato del PRO a gobernador de Santa Fe, y vetado por Elisa Carrió argumentando irregularidades en el puerto de Rosario. El grupo aparece mencionado en un audio del presunto agente de la DEA Marcelo D´Alessio, hoy con prisión preventiva. La referencia es muy precisa: Vicentín es “falopa”. Finalmente, aparecen varias irregularidades en las relaciones de trabajo de los alrededor de mil trabajadores del grupo y se denuncia fraude laboral, discriminación antisindical y otras prácticas ilícitas.
Ya hay voces que piden la estatización del grupo. Avanzar en la investigación y en la nacionalización del holding puede ser una señal de que se prioriza un rumbo económico basado en la producción y el empleo decente. Pero además sería el comienzo del fi n de la impunidad del capital concentrado.
Es hora de que se empiece a desarmar el entramado mafi oso. Hay grupos poderosos que combinan impúnemente negocios legales con ilegales. Les da lo mismo exportar soja legalmente que participar en acciones de contrabando.
El Director
La evasión de la legalidad, la fuga de capitales y las guaridas fi scales son la contracara del crecimiento de la pobreza, desocupación y la precariedad. La impunidad de los poderosos siempre afecta a los desposeídos.
Contra este estado de cosas, agravado por continuos intentos de ajustes, se está rebelando el pueblo de Nuestra América. En Ecuador, Chile, Colombia y Perú se desarrollan jornadas de protesta y huelgas generales inéditas. En México y Argentina, las políticas de ajuste fueron derrotadas por un aluvión de votos.
Nunca debemos olvidar que el trabajo permanente y efectivo es el gran organizador social. Una sociedad más igualitaria y con pleno empleo es la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y el mejor reaseguro contra la inseguridad.
En este número doble dedicamos un Dossier al tema del trabajo “indecente” en la Argentina y América Latina. Y continuamos con nuestras secciones habituales, siempre abiertas a los jóvenes investigadores. Desde las páginas de Trabajo y Derechos Humanos nos sumamos a una nueva etapa de propuestas y refl exión critica en la que está ingresando nuestro país. Es hora de construir un futuro más digno. Como investigadores de la universidad pública también hemos sido víctimas del macrismo. Entre otras cosas no hemos podido garantizar una continuidad adecuada de nuestra publicación. Con este número doble nuevamente estamos en la huella.