Informe Observatorio de Conictos Territoriales
Junio - 2020 Cuarta Entrega
[TERCERA ENTREGA: Junio 2020]
BALANCE GENERAL DEL PERIODO Para el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de junio de 2020 fueron procesadas 155 no cias registradas en medios locales, regionales, nacionales e internacionales, así como también en plataformas y comunicados públicos de organizaciones sociales, polí cas y defensoras de Derechos Humanos. Las fuentes de información documentadas para este periodo fueron: La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), La Opinión, Periódico Virtual, Colombia Informa, El Espectador, La Opinión, El Tiempo, Blu Radio, Cabildo Indígena Nasa DXI'J PHA'DENA "Abriendo Caminos", Caracol Radio, Cauca Extra, Chicago Tribune, Chinano cias.com, Consejo, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Comando General de las Fuerzas Militares, Conexión Putumayo, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Cuarto Poder, Diario del Cauca, Diario del Norte, Diario del Sur, Ejército Nacional, El Cierre Digital, El Colombiano, El Economista, El Heraldo, El País, El Pilón, Equipo Jurídico Pueblos, France 24, Kaos en la Red, La FM, La Guía Cundinamarca, La libertad, La Opinión, La Silla Llena, La Voz del Cinaruco, Las 2 Orillas, Lis n Diario, Mi Putumayo, Mongabay Latam, Periódico Virtual, Prensa La na. Agencia Alterna va La noamericana, Proclama del Cauca, Radio Macondo, Radio Super Popayán, RCN Radio, Rebelión, Revista Ecclesia, Seguimiento, Semana, Sucesos Cauca, TeleSur, Trochando Fronteras, Vanguardia, Va can News, VoaNo cias y Wradio.
TABLA DE CONTENIDO 1. Movilización social ........................................................(pág. 4) 2. Conflicto Armado ..........................................................(pág. 7) 3. Acuerdos de Paz e iniciativas .......................................(pág. 11) 4. Estado & Política ..........................................................(pág. 14) 5. Ordenamiento Territorial ...............................................(pág. 16)
Movilización Social
Durante el mes de junio se registraron 6 no cias referentes a esta temá ca, concentradas en las regiones de Bogotá, Santander, Cauca, Córdoba y Catatumbo. La dinámica de las movilizaciones sociales con nuó alrededor de las exigencias por condiciones dignas para la vida en medio de la pandemia generada por el COVID-19, principalmente vinculadas a la falta de recursos y ayudas oficiales con las que hacer frente a la escasez y crisis económica que se ensaña especialmente en las capas populares, las más desfavorecidas, al no poder acudir al empleo informal diario, que ocupa a más de la mitad de la población. Las banderas rojas en las puertas y ventanas de las casas siguen siendo el símbolo más evidente de la crisis social y humanitaria que afronta el país. Sin embargo, en el mes de junio se evidencia una amplitud en los repertorios de movilización por la indignación generada por la violación de los derechos laborales de los trabajadores/as, el asesinato de líderes/as sociales, firmantes de paz y defensores/as de DD. HH, el asesinato de miembros de comunidades afrodescendientes, el abuso policial, los feminicidios, la violencia sexual y la erradicación forzada. En Bogotá, las trabajadoras y trabajadores de Ecopetrol, pertenecientes al sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO) realizaron un plantón para exigir respeto a los derechos obreros y sindicales y rechazar la venta de esta empresa al capital extranjero. En Santander, se realizaron manifestaciones en el municipio de Piedecuesta, con ocasión del alza de los servicios públicos domiciliarios en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia del Covid19. En la movilización se expresó: ¡El Pueblo Garrotero exige dignidad y garan as ante su situación actual! En el departamento del Cauca, más de 200 personas marcharon con camisetas blancas por las calles del municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca, rechazando los asesinatos de Anderson Arboleda de 19 años y Janner García de 22 años, jóvenes afrodescendientes asesinados por la Policía Nacional. En la región del Catatumbo, se realizaron Asentamientos Campesinos en las veredas Corinto y Campo Lajas en el municipio de Sardinata para evitar erradicaciones forzadas, exigir la suspensión de todos los opera vos de erradicación en medio del Covid19 y demandar el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sus tución (PNIS). El hecho más importante para este periodo de empo, ene relación con la Marcha por la Dignidad que impulsan dis ntas organizaciones sociales del suroccidente colombiano. Desde el 25 de junio iniciaron el recorrido desde la ciudad de Popayán hasta Bogotá, por la defensa de la vida y del territorio. En su paso por el Valle del Cauca, en Cali se realizó una gran movilización de recibimiento y en Cartago la Policía Nacional hos gó la movilización, hecho que fue denunciado por la organización de la movilización.
Conflicto Armado Esta categoría es la que más no cias registra, lo cual revela indicios de la con nuación de la polí ca militarista del actual gobierno para tratar la crisis social y humanitaria en todo el territorio nacional. En total se documentaron 114 no cias sobre el conflicto armado en las regiones del Catatumbo, Cauca, Putumayo, An oquia, Santander, Magdalena Medio, Nariño, Arauca, Bolívar, Urabá, Valle del Cauca y Sur de Bolívar. En medio de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Iván Duque fortaleció su alineamiento con la polí ca an droga de Donald Trump. Muestra de ello es la llegada de 48 soldados estadounidenses a Colombia y la imposición de polí cas de muerte como el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los territorios con presencia de cul vos de uso ilícito. La llegada de los 48 uniformados de las Brigadas de Seguridad de la Fuerza de Asistencia (SFABs), cuya misión principal es llevar a cabo “la formación, el asesoramiento, la asistencia” y acompañamiento a las operaciones de las tropas de las naciones aliadas y asociadas. En tanto, durante el debate virtual de control polí co en la plenaria del Senado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “ningún Estado puede acudir al principio de soberanía, para desconocer obligaciones internacionales adquiridas”. La bancada alterna va del Congreso de la República, advir ó los riesgos que trae para Colombia la presencia militar de Estados Unidos y denunció la tradición de “violar todos los procedimientos previstos en la Carta Polí ca” Para la injerencia de tropas norteamericanas en Colombia se ha u lizado como bandera “la lucha contra el narcotráfico”. No obstante, las cifras de dis ntas en dades hablan de una reducción en las hectáreas cul vadas en comparación con años anteriores, lo cual contradice e invita a cues onar la violación a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos en los territorios más afectados por el conflicto armado y la violencia polí ca en el país. Según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia, el país registró 154.000 hectáreas cul vadas, una baja de 9% frente a las 169.000 de 2018, lo que “rompe la tendencia de crecimiento que se inició en 2014". Se redujeron las hectáreas de hoja de coca, aunque la producción se mantuvo estable en 2019. Desde que comenzó 2020, el Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cul vos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Polí ca Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia. De hecho, según una inves gación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil has. A su vez, en este panorama debe considerarse el papel que juegan los cárteles mexicanos. En medio de la pandemia se ha observado su par cipación en la cadena de la economía de los cul vos de uso ilícito con la inyección de capital, la compra de armas y la ar culación con disidencias del paramilitarismo y la an gua guerrilla de las Farc, pasando de ser aliados a controlar directamente el narcotráfico en Colombia.
A su vez ante el incremento de la erradicación forzada de cul vos de coca y el asesinato sistemá co de los y las firmantes de la Paz, el par do FARC solicitó a la Jus cia Especial para la Paz (JEP) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una pe ción de medidas cautelares colec vas para proteger a excomba entes debido a los graves riesgos contra su vida. El departamento de Norte de Santander, de acuerdo con el informe publicado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cul vos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, es el segundo departamento con más cul vos de coca, con un aumento del 24,1 % en 2019. Esta cifra ha generado alerta en los once municipios que hacen parte del Catatumbo, donde campesinos y cul vadores de coca temen que se siga incrementando el pie de fuerza y la erradicación forzada. La erradicación forzada en la región ha aumentado los problemas, y no brinda soluciones, lo cual ha recrudecido el asesinato de líderes/as sociales, entre ellos, el de Carmen Ángel Angarita, integrante de la mesa direc va de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Hoyo y dirigente conciliador de ese espacio, y la captura masiva líderes sociales como Ramón Contreras, líder comunitario y social, y otros seis líderes. Según organizaciones sociales del territorio, este hecho configura prác cas de montajes judiciales similares a las realizadas por el Gobierno de Uribe entre 2002 y 2010, en las zonas de consolidación de su gobierno, ahora zonas futuro. Por otra parte, tropas de la Trigésima Brigada del Ejército hallaron dos depósitos que presuntamente serían del EPL, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander. Los depósitos, ubicados en la vereda Maravilla, contendrían material de guerra y material de comunicación y de intendencia. Presuntamente, este material sería u lizado para ejecutar acciones criminales contra la población civil, la Fuerza Pública y el ELN. A su vez, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, que se encuentran desplegadas en la región del Catatumbo, hallaron en las úl mas horas, en zona rural de los municipios de Sardinata y Convención, dos Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), los cuales habían sido instalados por el ELN, cerca de las veredas Macanal – Soledad y El Cairo. Las dinámicas de explotación sexual persisten en las fronteras, limitando el seguimiento a los derechos de las mujeres. En esta región, la trata de personas, el tráfico de migrantes y par cularmente la explotación sexual, se asocian a su carácter fronterizo y a la influencia de grupos armados ilegales. Las redes de explotación sexual han vinculado a niñas y mujeres colombianas y venezolanas, lo que representa un riesgo mayor en el contexto actual, sobre todo en la frontera colombo-venezolana de los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander y Cúcuta, así como en la frontera con Panamá, en los municipios de Turbo y Necoclí. En el Urabá an oqueño las organizaciones de mujeres han ac vado sus propias rutas de atención. En municipios como Apartadó, las mujeres víc mas de violencia perciben en las lideresas un puente confiable para su protección y para acceder a canales ins tucionales de denuncia. En esto, resulta clave la ar culación entre las en dades públicas que componen la ruta de atención a Violencias Basadas en Género VBG, y los procesos organiza vos de mujeres. En el Catatumbo, la atención de organismos humanitarios e ins tucionalidad nacional y regional se encuentra limitada por la con nuidad de acciones armadas, lo que aumenta los riesgos de protección y dificulta el seguimiento a las VBG. En el departamento del Cesar, El Comité de Solidaridad con los Presos Polí cos denuncia la desaparición de Ezequiel, hijo menor de edad de la defensora de Derechos Humanos Elvia Jiménez quien hace parte de la Plataforma de Mujeres Rurales, en el municipio de Valledupar, Cesar. Posiblemente el niño se encuentra en Zona Bananera, Magdalena y la Defensora del Pueblo ha sido víc ma de amenazas en su contra, por las cuales no se han tomado medidas.
En el departamento de An oquia, asesinan al líder comunitario Eider Adán Lopera de la vereda Caracolí, en Tarazá (An oquia) y hasta la fecha no se ha permi do el levantamiento de su cadáver. Por otra parte, la Asociación de Campesinos del Norte de Toledo -ASCAT-NA denunció el secuestro, tortura y asesinato del señor Alberto Elías Mora Uribe, quien era campesino residente en la vereda Buenavista del municipio de Ituango. En el momento no se conoce el grupo armado ilegal quien realizo este asesinato. La situación de seguridad en el municipio de Ituango se ha agudizado por los con nuos enfrentamientos entre las AGC y el Frente 18 de las disidencias de las Farc en esta zona del país. Presuntos integrantes del Clan del Golfo interceptaron el bus escalera que cubría la ruta hacia la vereda El Cedral, y bajaron al menor de edad Carlos Barrera de 17 años, primo de un ex comba ente de las FARC y lo asesinaron junto al conductor de la escalera William Pérez, y al menor de edad Camilo Sucerquia Durango de 15 años. Estos asesinatos, hacen parte de la violación de Derechos Humanos que se viene presentando contra la comunidad en proceso de reincorporación y los habitantes de la vereda Santa Lucía quienes el pasado 12 de mayo tuvieron que desplazarse al ETCR Román Ruiz por órdenes del Frente 18 de las disidencias de las FARC, quien les ordeno desocupar la vereda, por los enfrentamientos que sostenían con la Fuerza Pública y las AGC. En el departamento del Cauca, pobladores de municipios como Santander de Quilichao, Morales, Cajibio, Silvia, denunciaron sobre patrullajes de sujetos armados, quienes aprovechan esta ac vidad para repar r panfletos anunciando un toque de queda. La Comisión de Paz del Senado denunció que en combates con el Ejército, en marzo pasado, fueron asesinados "o bombardeados" cuatro menores de edad en la zona rural de Argelia, Cauca, y que el Estado no los ha reportado. El comunero indígena Jesús Antonio Rivera, de 32 años de edad, fue asesinado este fin de semana en el Resguardo Huellas, ubicado en el municipio de Caloto, norte del Cauca. Según lo dio a conocer el Consejo Regional Indígena del Cauca, un panfleto, al parecer de la autodenominada Columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, señala y amenaza al alcalde en ejercicio del Municipio de Caldono, norte del Cauca, José Vicente Otero Chate, al Concejo Municipal, funcionarios de la Administración Municipal, líderes y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, por supuestas irregularidades en el manejo de la ayuda humanitaria y recursos des nados a la atención del COVID-19. El CRIC y las autoridades indígenas del territorio ancestral del pueblo nasa Sa´th Tama Kiwe rechazaron de manera categórica y contundente las amenazas y señalamientos porque, según el comunicado, no aceptan “la intervención de terceros, ni muchos menos de fuerzas oscuras que quieran imponer su ley por medio de la in midación y las armas”. La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu) denuncia que estudiantes de la Universidad del Cauca, integrantes del Colec vo Macizo en Santander de Quilichao, recibieron amenazas de actores no iden ficados, por medios electrónicos contra varios de los estudiantes que hacen parte de procesos de defensa de la educación pública en el departamento. En el departamento de Bolívar, la lideresa de la comunidad de Mampuján denunció amenazas del Clan del Golfo contra su vida. Y en el municipio de El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar, el cuerpo élite de la Dirección de Inves gación Criminal e Interpol, y la Fiscalía, capturó una mujer iden ficada como alias "María" a quien se vincula con amenazas contra defensores y defensoras de Derechos Humanos y servidores públicos. A ella se la relaciona par cularmente con las cadenas de mensajes de textos in midatorios que recibió entre el 16 de enero y el 20 de mayo del presente año la lideresa Yirley Judith Velasco Garrido, actual presidenta de la asociación Mujeres Sembrando Vida, junto a su núcleo familiar.
En la región del Magdalena Medio, la Corporación Caribe Afirma vo, denunció este domingo que dos mujeres trans fueron asesinadas este fin de semana, pese al aislamiento social y confinamiento que persiste en el país por cuenta de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. El organismo llamó la atención también por otras tres muertes violentas –dos homicidios y feminicidios y otra aún por definir–, en otras zonas de la ciudad en lo que va del año: Sugey Guerra, mujer lesbiana, en el barrio San José, el 9 de junio; Alfredo Cassiani, hombre gay, en el barrio Las Llores, el 30 de marzo, y Daniel Osorno en la Cárcel El Bosque. Adicionalmente, en el Atlán co han sido asesinadas otras dos personas LGBTIQ. Por otra parte, la abogada y defensora de Derechos Humanos Pierangelly Hugueth Henríquez, fue asesinada por hombres desconocidos en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Según la información de las autoridades y los tes gos, Pierangelly fue interceptada por dos sujetos, quienes la in midaron con un arma de fuego y pretendieron llevarse sus pertenencias incluyendo la moto en que ella se movilizaba; ante su nega va, los atacantes le dispararon. En el departamento de Putumayo, se reportó una constante disputa entre las disidencias de las FARC, narcotraficantes y AGC. Según la Fundación Colombiana Paz y Reconciliación (Pares) el Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación han impulsado el fortalecimiento de grupos armados colombianos como Clan del Golfo, Caparrapos, Los Pachenca, Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, Grupos Armados Pos arc, especialmente del suroccidente colombiano, entre otros. Édison León Pérez, presidente de la JAC de la vereda San Juan del Bosco, fue asesinado por hombres armados en un predio cercano a su vivienda, "el líder comunal venía denunciando los excesos del grupo armado, del frente 48, sobre las medidas implementadas para evitar la propagación del coronavirus". Seis hombres armados ingresaron a la casa de Arnovis Bran Piedrahita, secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montebello, corregimiento de Piñuña Blanco, y dispararon en repe das ocasiones contra él. Piedrahita logró escapar de la casa, aunque en su huida se presentaron algunas lesiones menores.
!Que cese la guerra en nuestros territorios!
Acuerdos e iniciativas de Paz Un total de 19 no cias fueron registradas en relación con la línea de Acuerdos de La Habana para el mes de junio. Avances sobre reparación a las víc mas, construcción de memoria y esclarecimiento de la verdad: 1. La Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del municipio de El Zulia (Amuci), la comunidad de
Cerro Norte, y el pueblo gitano rom, residente en Cúcuta, finalizaron el proceso de reparación colec va en Norte de Santander. Se considera uno de los logros más significa vos de la Ley de Víc mas en los úl mos dos años en la región. 2. Cerca de 60 solicitudes de res tución de erras se empezarán a estudiar por parte de funcionarios de la Unidad de Res tución de Tierras (URT), desde su sede en el Magdalena Medio. En esta primera etapa del proceso se tratará de esclarecer las situaciones que generaron el desplazamiento ocurrido en las zonas urbanas de los municipios de Morales, Cantagallo, Santa Rosa, San Pablo y Simi , una vez se levante la suspensión de ac vidades por la pandemia del COVID-19 Inicia vas de paz por parte de la ciudadanía: 1. En el Peñón, Santander, sus habitantes fortalecieron el tejido comunitario y buscaron alterna vas a los
cul vos de uso ilícito y, mediante la memoria, curan las heridas dejadas por el conflicto armado. 2. 4.000 tapabocas fueron entregados por habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –Etcr– de la vereda de Pondores, jurisdicción de Conejo, zona rural de Fonseca, los cuales fueron elaborados en el marco de la estrategia 'Cuidándonos construimos confianza'. Este proyecto se implementa también en La Montañita (Caquetá) y en Planadas (Tolima) y busca fortalecer las capacidades de resiliencia colec va de la población en proceso de reincorporación y de las comunidades aledañas para prevenir la es gma zación y vic mización. Para el contexto nacional: El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) de Colombia eligió a los 10 nuevos miembros del Comité Nacional de Paz para el período 2020-2021. Siete fueron por parte de la sociedad civil y tres por parte del Estado. El CNPRC es un órgano asesor y consul vo del Gobierno conformado por 36 sectores de la sociedad civil y por instancias de la ins tucionalidad, el obje vo en que ambas partes puedan trabajar en la construcción de una polí ca de paz y reconciliación en el país luego de la firma del Acuerdo de Paz. 2. Según el reciente informe del Ins tuto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, los tres primeros años del Acuerdo de Paz de Colombia ya dejan resultados concretos: una cuarta parte de lo que pactaron la an gua guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano ya se cumplió. Sin embargo, de ese porcentaje, un 6% corresponde únicamente a 2019. 3. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso no será, juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Reconocimiento, que por primera vez estudió el some miento de un máximo responsable de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), le cerró sus puertas en primera instancia, argumentando que entre 1989 y 1997—periodo por el que solicitó ser aceptado como tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado—realmente fue un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función con nua de combate”. 4. Nombramiento del hijo de Jorge 40 -extraditado a los Estados Unidos en 2008-, en el Ministerio del Interior. 1.
Estado & Política Contexto Nacional: ● Este viernes 5 de junio se realizó la audiencia pública sobre el trabajo en el campo y la producción de alimentos. La reunión permi ó conocer una serie de preocupaciones del movimiento agrario colombiano, agudizadas en el marco de la emergencia sanitaria y ambiental por la pandemia del Covid-19. Varias organizaciones destacaron las profundas dificultades para garan zar que la producción campesina, menguada en el marco de la pandemia, pueda ar cularse a circuitos de comercialización, lo cual genera una amenaza latente para las economías campesinas, familiares y comunitarias. Cundinamarca: ● Ya van más de 90 días desde que el país entró en aislamiento por la pandemia del Covid-19, y aunque algunos sectores empiezan a reac varse lentamente, para otros la crisis es inminente. Este es el caso de más de 400 familias del municipio de Chipaque, en el suroriente de Cundinamarca, productoras de hierbas aromá cas. Santander: ● A través del “Programa Social Universidad del Pueblo”, la Gobernación de Santander realiza ajustes a los convenios con ins tuciones como la Universidad Industrial de Santander, UIS, las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, y el Ins tuto Universitario de la Paz, Unipaz, para cumplir con el compromiso de brindar educación gratuita a los estudiantes pertenecientes a estratos 1 y 2 del departamento. Catatumbo: ● ASCAMCAT anuncia a toda las comunidades indígenas y campesinas de la región del Catatumbo, que mediante la acción de tutela presentada por la ASCAMCAT en conjunto con otras organizaciones a nivel nacional se ha logrado en fallo de primera instancia, suspender el trámite para que reanude las fumigaciones aéreas con el letal herbicida GLISOFATO como una forma de erradicación de cul vos de uso ilícito.
Ordenamiento Territorial Putumayo: ● Director territorial de la Unidad de Res tución de Tierras, acogió las excepciones establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Jus cia y presentó, la demanda que busca restablecer los derechos territoriales de la comunidad indígena Siona de Vegas de Santana con su territorio ubicado entre Puerto Caicedo y Puerto Asís. La demanda cumple con todos los requisitos que exige la Ley y busca que la comunidad étnica recupere 114 hectáreas y 4.697 metros cuadrados de lo que fue su territorio ancestral, ubicado entre las inspecciones de San Pedro en el municipio de Puerto Caicedo y Santana en el municipio de Puerto Asís. Esta comunidad pertenece al pueblo indígena Siona- Zio Baín, quienes hacen parte de los pueblos indígenas originarios del departamento del Putumayo. Cundinamarca: ● La Región Metropolitana será, oficialmente, una realidad para Bogotá y Cundinamarca. Este viernes, las plenarias de Senado y Cámara en el Congreso de la República hicieron la conciliación del texto final de la reforma cons tucional que se hará en el ar culo 325 para habilitar la figura. ●
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizando su ejercicio de control y vigilancia a la minería ilegal, impuso en el municipio de Lenguazaque medida de suspensión inmediata a toda ac vidad relacionada con la explotación de carbón mineral, que se ejercía en la vereda Gachaneca, dentro de una zona prohibida de explotación en el Páramo Rabanal.
Boyacá- Santander: ● Entre los departamentos de Boyacá y Santander se encuentra uno de los úl mos relictos de selva húmeda tropical de la cuenca media del río Magdalena. El valor ambiental de la Serranía de Las Quinchas es tan grande que el 16 de diciembre de 2008 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), autoridad ambiental de gran parte del departamento, decidió declararlo parque regional natural. A pesar de su diversidad, en esta área protegida concentran fuertes conflictos socioambientales que hoy persisten. Antes de la creación del parque ya había gente viviendo allí. De la noche a la mañana muchas de sus ac vidades fueron prohibidas pero las alterna vas produc vas no llegaron con la misma rapidez. Por las Quinchas pasan oleoductos y gasoductos, persisten pequeñas áreas de cul vos ilícitos, se lucha contra la tala ilegal, la mayoría de campesinos no han podido resolver la tularidad de sus erras y, por ley, solo pueden venderle al Estado. Sur de Bolívar: ● Unas 450 familias de los municipios de Arenal del Sur, Norosí, Morales, Montecristo, en el sur de Bolívar que habitan zonas vecinas a dos quebradas que riegan la zona resultaron damnificadas por el desbordamiento de los cuerpos de agua ante las intensas lluvias que se presentan en la zona. El desbordamiento de las dos quebradas al parecer es producto de la tala indiscriminada de árboles y la minería ilegal en la parte de la Serranía de San Lucas. En Arenal están afectados los barrios Santa Rosa, Barrio Bajo, La Loma, San Antonio, Despertar, 2 de Enero, Pueblo Nuevo, La Invasión y parte de las veredas La Sabana, El Sereno y La Quebrada.
EDITORIAL COLECTIVA
Gobiernan para enríquecerse De 7 billones de pesos pedidos en préstamo a la banca internacional con la excusa de atender la pandemía, solamente se hanb invertido 0,89.
Lo que inicio como una disputa entre poderes locales y nacionales para el tratamiento de la pandemia y la atención inmediata de la incer dumbre generada por la llegada del COVID-19 al país, terminó por conver rse en un escenario permanente de crisis ins tucional, que le ha permi do al gobierno adelantar las más retardatarias contra reformas con la garan a de la ausencia de contrapesos polí cos y sociales. Para el equipo de erras del Ins tuto Nacional Sindical CEDINS, es de vital importancia iden ficar las líneas de acción ins tucional y los decretos firmados por la administración Duque para avanzar en escenarios de análisis colec vo que posibiliten el establecimiento de estrategias de acción polí ca. En este sen do, el presente documento presenta un breve análisis de los decretos expedidos en el marco de la pandemia de COVID-19 en Colombia, dividido en: a) Un recuento cuan ta vo y descrip vo de la información encontrada, complementado con una reflexión sobre la manera en que el gobierno nacional se ha relacionado con las personas y los diferentes sectores sociales en medio de la actual crisis, a través de la declaración de disposiciones legales y administra vas. Para el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 16 de junio de 2020 fueron revisados y sistema zados 346 decretos expedidos por la Presidencia de la República. Cabe señalar que la revisión par ó de la información brindada en la página oficial de la Presidencia, sección Norma vidad, dado que es allí en donde se puede encontrar la recopilación más completa de norma vas expedidas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el COVID-19. Para dar cuenta de lo encontrado, se agruparon los Decretos de acuerdo al sector al que se refieren o afectan. A con nuación, se exponen a grandes rasgos las categorías con mayor volumen de información y que, bajo los intereses inves ga vos de CEDINS, consideramos fundamental resaltar. Del total de registros (346), el 36% ene que ver con disposiciones económicas: subsidios, créditos públicos, exenciones de impuestos y cambio en la des nación del gasto público. El 34%, ene relación con la estructura del Estado: designación de funcionarios o cambio en la cartera pública. La tercera categoría con mayor representa vidad ene que ver con las decisiones administra vas relacionadas con ambiente y desarrollo (4%). La emergencia social solamente ene un 3%. Los sectores de salud, educación, trabajo, vivienda y asistencia social no enen una representación porcentual superior al 3%. Lo que quiere decir que el gobierno nacional ha limitado su gobernanza de escritorio a la modificación de par das presupuestales y ajustes de la cartera burocrá ca, como se describe a con nuación. En lo que ene que ver con el sector Hacienda, en relación con las disposiciones presupuestales y económicas que afectan a diversos sectores en la pandemia, encontramos que muchas de estas resoluciones hacen énfasis en la des nación de par das para el funcionamiento del aparataje ins tucional creado para, supuestamente, responder a la crisis (como es el caso de la Gerencia para la Atención de la Pandemia, Decreto 450 del 21 de marzo). En lo relacionado con los sectores sociales, la estrategia del gobierno nacional ha estado orientada al fortalecimiento del sector privado y la asignación de recursos por concepto de “ayudas sociales” a través de Cajas de Compensación y Bancos, que funcionan como intermediarios para las asignaciones económicas de Familias en Acción y los subsidios para trabajadores formales e informales. Para la atención de la emergencia en el sector agropecuario y la industria, el gobierno nacional des nó fondos del Presupuesto General de la Nación para la expedición de créditos bajo la modalidad de ayuda económica para los sectores produc vos. En el caso puntual de los créditos FINAGRO, se designó un total de 1 billón de pesos para garan zar las cargas de producción rural, estos recursos fueron des nados en su mayoría a grandes capitales, en una situación que recordó el desfalco de AGRO INGRESO SEGURO. Al respecto, el portal corrupción al día denunció:
“Cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito otorgados por Finagro para garan zar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, es decir $213 mil millones de pesos, fueron des nados a grandes comercializadores y agroindustriales, concentrándose en manos de beneficiarios que los están u lizando en ac vidades no produc vas.” (19 de abril, 2020)
Ante las alertas del Ministerio Público sobre los malos manejos de los recursos para el sector rural, FINAGRO argumentó que “los bancos no enen la capacidad de llegar directamente al campesino de áreas remotas” (elespectador.com, 2 de mayo). Por otro lado, en relación con la Administración Pública y la Cartera burocrá ca del Estado, fueron expedidos 118 decretos que hablan sobre nuevos nombramientos o cambios en cargos públicos, entre los que se incluyen secretarios de la presidencia, asesores de ministerios, viceministros, registradores y nombramientos temporales de miembros del gobierno para la firma y ejecución de proyectos. No es un elemento menor el hecho de que, conjuntamente, las decisiones administra vas sobre estos temas, comprendan el 34% de los registros realizados, pues manifiesta una tendencia del po de gobernanza que está ejecutando el gobierno Duque en empos de pandemia. Sobre los nombramientos que se han realizado durante el periodo de emergencia social, el nombre de Luis Guillermo Plata Páez al frente de la nueva gerencia para el manejo de la pandemia es el que ha generado mayores rechazos. Plata viene de dirigir la Fundación ProBogotá, responsable de grandes contrataciones con la administración de Enrique Peñalosa, canalizadora de recursos de Luis Carlos Sarmiento Angulo y financiadora de la campaña de Miguel Uribe Turbay en la con enda electoral de Bogotá. La otra cara de la misma moneda ene relación con el nombramiento de la senadora Paloma Valencia ante el Consejo Nacional de Paz, como parte de la estrategia de deslegi mar, aún más, los acuerdos firmados por el anterior gobierno. En lo referente al sector ambiente & Desarrollo, los 15 decretos registrados para este periodo se ligan a nombramientos en el Ministerio de Minas y Energía y en la Agencia Nacional de Tierras, así como también a la atribución de facultades al Ministerio de Minas y Energía para la celebración de contratos y convenios que conduzcan, según lo escrito en la norma, al fortalecimiento de la ac vidad produc va del sector minero energé co. Lo que quiere decir que en medio de la crisis social, humanitaria y económica que afrontan las clases populares ante la declaratoria de emergencia social por parte del gobierno nacional, la apuesta gubernamental es aumentar la explotación de los territorios y la persecución a los mineros artesanales como en el caso del Sur de Bolívar y el Bajo Cauca An oqueño (denunciado ampliamente por la Comisión de Integración Agrominera del Nordeste An oqueño -CIANA), con la intención de garan zar la hegemonía del sector privado en la explotación de la naturaleza. Por ende, estos decretos también incluyen facilidades y beneficios tributarios para los grandes capitales dedicados a esta labor. Para el sector mineroenérge co se está aplicando la misma fórmula que para la ruralidad. El gobierno Duque ha tomado una serie de determinaciones económicas que están enfocadas al fortalecimiento de los grandes capitales en detrimento de las comunidades rurales. Además, avanza en medio de la pandemia la venta de CENIT, empresa que aporta aproximadamente el 70% de aportes a ECOPETROL. En lo que ene que ver con el sector de jus cia, seguridad y defensa, se han expedido diez decretos sobre el tratamiento de la Emergencia social en el país. Estas determinaciones han estado directamente asociadas al tratamiento militar de las crecientes demandas sociales ante la incer dumbre económica y social. Para el gobierno Duque la pandemia es un asunto de orden público y así mismo ha legislado para militarizar barrios y veredas. Al respecto, sobre la violencia sistemá ca que se ha registrado durante el aislamiento contra líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos, solo se ha emi do un pronunciamiento frente a la protección de esta población, el cual se limita a prorrogar a Daniel Andrés Palacios Mar nez como director general de la Unidad Nacional de Protección, situación que no resuelve la crisis humanitaria y la avanzada del paramilitarismo en los territorios. En este mismo sen do, en lo correspondiente al Acuerdo de Paz solo se resalta el decreto 601 del 28 de abril, el cual otorga funciones específicas al Alto Comisionado para la Paz para adelantar conversaciones de negociación con Grupos Armados Organizados. En su momento, la decisión fue entendida como una movida para retomar los diálogos con el ELN y así fue solicitado por sectores de la sociedad civil; la respuesta de la ins tucionalidad fue nega va y hay ausencia de inicia vas de paz por parte del gobierno Duque.
Lo emi do sobre el sector Salud se refiere principalmente a disposiciones para el acceso a través del establecimiento de beneficios presupuestales des nados a las en dades prestadoras de salud (EPS), así como también, la suscripción de acuerdos de pago parcial para garan zar las prestaciones económicas y garan as laborales del personal médico, asistencial y de apoyo. De igual forma, se destaca la inclusión del Coronavirus en la lista de enfermedades laborales directas, expedida en el decreto 676 del 19 de mayo, para así garan zar el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas por parte de las ARL a quienes padezcan esta enfermedad. En el ámbito del trabajo, además de las excepciones que se han ido ampliando progresivamente a medida que se ha extendido la cuarentena para retomar las ac vidades económicas de diferentes sectores produc vos, el gobierno nacional apostó a la creación de instancias burocrá cas para limitar el acceso a los beneficios des nados por ley, de allí el Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF, la medida de protección al cesante, y la creación el auxilio a los y las trabajadoras a quienes les fueron suspendidos sus contratos laborales, el cual se sirve de recursos del Fondo de Mi gación de Emergencias –FOME. La aplicación a este po de beneficios está condicionada a la capacidad de demostrar ciertos requisitos que, probablemente, un amplio margen poblacional no cumple, limitando drás camente su acceso y atención. Apropósito de la situación de los y las trabajadoras del país con relaciones formales de trabajo, han sufrido las medidas del gobierno Duque y específicamente del ministro Carrasquilla. En cuanto, las decisiones económicas para alivianar la crisis han estado des nadas a la protección de los grandes capitales en detrimento de la economía familiar. Una muestra de dicha situación, es el decreto 770 que fue expedido bajo el argumento de que “se puedan llegar a acuerdos entre empleadores y trabajadores, de manera que el empleado reciba la prestación hasta en tres cuotas” (el empo.com, 04 de junio), aunque con la real intención de evitar el pago de primas laborales de mitad de año. Finalmente, en materia de enfoques diferenciales, el tema de juventud solo aparece en la producción de decretos en lo correspondiente a la designación de la persona a cargo de la Consejería Presidencia para la Juventud, mientras que, en lo referente a mujeres, se las contempla como sujetas produc vas en tanto se crea un patrimonio autónomo para la promoción, financiación y apoyo del emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres. Para el tema de víc mas, cabe mencionar que el decreto 640 del 11 de mayo, hace referencia a la asignación de erras a víc mas de desplazamiento del conflicto armado interno mediante la ar culación del Registro Único de Predios y Territorios Abandonas (RUPTA) con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente. Esta designación no supone la aplicación inmediata de procesos de res tución.
Con el fin de paliar la crisis producida en el país por la pandemia del Covid-19, el gobierno colombiano ha usado la figura de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, figura que es aplicada cuando ocurre alguna situación grave y que ponga en riesgo al país. Su función principal es otorgar al presidente amplias capacidades para promulgar decretos con fuerza de ley. Bajo esa premisa, el gobierno Duque ha generado desde el 13 de marzo decretos alrededor de temas económicos, laborales, ambientales, sociales, entre otros. De esa manera, aprovechando las actuales circunstancias, el gobierno Duque ha impulsado reformas que van en contravía del sector rural y a favor de los gremios económicos. Bajo esa perspec va, en el presente documento se presentarán tres grandes categorías construidas a par r de la iden ficación de puntos en común esbozados en los decretos a los que se hacía referencia con anterioridad. Polí co-económico: Aprovechando la declaratoria de Emergencia, el Estado central ha aumentado la centralización y la concentración de poder y ha con nuado con sus polí cas de priva zación de bienes públicos. Es así como, no sólo se ha apropiado de los recursos de las en dades territoriales, como el FONPET, aumentando así la dependencia de Presidencia, sino que además crea un fondo central autónomo para “atender, mi gar y superar los efectos adversos causados por la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19” (Dec. 417/2020 p.11). En esa vía de conseguir más recursos bajo la excusa de atender la crisis generada por la pandemia, el Estado considera que es importante facilitar la priva zación de bienes públicos. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el decreto referenciado anteriormente se habla de “ac vos”, cabe la pregunta ¿también se está considerando priva zar, y por ende despojar, la naturaleza?, teniendo en cuenta los enfoques recientes del gobierno Duque de entenderla como ac vo estratégico de la nación y como consecuencia de ello ha aumentado la militarización de territorios. De igual manera, desde el Estado central se considera importante modificar el Sistema General de Regalías, lo que se traduciría además de mayor concentración de la riqueza extraída de las regiones y en la no inversión en los lugares que la generan, profundizando de esa manera la desigualdad social y regional en el país. Finalmente, las directrices emi das desde presidencia ordenan que prevalecen las órdenes emi das por presidencia sobre las de alcaldías o gobernaciones, de esa forma, las decisiones que se tomen no concordarán con las necesidades de las regiones, sino que responderán a los obje vos gubernamentales de poner por encima la reac vación económica de los gremios económicos sobre la salud y economía de los habitantes del país. Lo anteriormente señalado es clave para tratar las otras dos categorías, dado que, como se indicó en los párrafos anteriores, las polí cas de todo orden se construyen para alcanzar obje vos económicos, pero, además, porque cualquier decisión que se tome siempre estará mediada por la polí ca como expresión de poder. Alimentario y producción alimentaria: Son dos los decretos expedidos en medio de la emergencia decretada por el gobierno central referidos puntualmente a estos temas, el 513/2020 y el 523/2020. Estos dos decretos se centran esencialmente en dos puntos: En proyectos de inversión para el sector rural y la eliminación de aranceles para la importación de algunos productos respec vamente. De esa forma, se pretenden apoyar económicamente proyectos de agricultura y desarrollo rural, lo cual permite pensar que dichos proyectos se centrarán en la financiación del agronegocio. Es decir, ganadería extensiva y monocul vos. Lo que sin duda se traduciría en la ampliación de la frontera agrícola, crecimiento de la deforestación y aumento de la presión sobre los ecosistemas. De igual forma, el decreto permite la financiación estatal de proyectos para suministrar alimentos. Lo que permite tratar la finalidad del otro decreto en cues ón, pues puede entenderse como un complemento. Basado en un enfoque de seguridad alimentaria, el Estado colombiano ha eliminado los aranceles del “maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya” (Dec. 523/2020). De acuerdo con el decreto ese beneficio tributario para las importaciones regirá hasta el 30 de junio, pero se puede prorrogar por tres meses más. Lo anterior no es una nimiedad si se considera que el 13.3% de las importaciones del periodo enero-diciembre del 2019 corresponden al grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, y que su variación respecto al año 2018 fue de 1.4%.
En esa misma vía, los productos que más crecieron durante ese periodo fueron los cereales (en los que se incluyen el maíz, el sorgo y la soya) y los preparados de cereales, en los que podría incluirse la torta de soya. (INCP, 2020. p.1) Finalmente, Estados Unidos es el país al que Colombia más le compra sus productos. El mismo periodo al que se hacía referencia con anterioridad, las importaciones que se hicieron de Estados Unidos tuvieron un valor de USD 13277 millones (Ibidem). A ese panorama hay que añadirle el hecho de que al menos el 40% de los ingresos de los campesinos estadounidenses provienen de subsidios y ayudas que brinda el Estado. (El Mundo, 2020. P.1) Lo anterior profundizará aún más la crisis del pequeño y mediano campesino en el país, mientras se fortalecerá el sector agroindustrial, mientras aumenta poco a poco la dependencia alimentaria del país. Minero-energé co: Como era de esperarse, el sector recibió, y lo sigue haciendo, enormes beneficios en medio de la crisis sanitaria, respondiendo sin dudas a las polí cas de sobreexplotación de la naturaleza y exportación masiva de bienes naturales. Al igual que con la alimentación, el Estado pareciese que sustenta su discurso energé co en la seguridad energé ca. Alejándose cada vez más de la independencia y la soberanía energé ca. Esa idea el sector se fortalece con lo decretado por el Estado, al buscar crear las medidas necesarias para la importación y posterior comercialización de combus bles y así garan zar el abastecimiento nacional. Teniendo eso en cuenta, ¿para qué se explota en el país si luego se importarán combus bles? ¿Qué se hace con lo explotado para qué no se garan ce el suministro en el país? Ahora bien, la importación de combus bles y de las industrias extrac vas fue el segundo mayor grupo de importaciones en el 2019; en comparación al 2018, las importaciones crecieron 21.6%. Los productos que más se importaron fueron el petróleo y sus derivados y metales no ferrosos. (INCP, Op. Cit. p:1). El otro elemento a considerar proveniente de los decretos es las ayudas tributarias y exenciones que recibe el sector. En el decreto 444/2020 se señala como con recursos del Fondo de Mi gación de Emergencias -FOME- se brindará apoyo a las empresas que desarrollen ac vidades de interés nacional. Cabe recordar entonces, como el Estado colombiano ha considerado a la minería y la explotación de hidrocarburos como de u lidad pública, de tal forma que con recursos que deberían des narse para paliar la crisis sanitaria y social que vive el país, se financiarán ac vidades privadas que generan enormes ganancias que no se traducen en ingresos para la nación. En esa misma vía, por medio del decreto 457/2020 se crean exenciones tributarias para las ac vidades que garan cen el flujo energé co en el país, lo que sin duda alguna beneficiará a la generación energé ca, es decir, a las hidroeléctricas, la explotación de carbón, las termoeléctricas y la extracción de petróleo y gas. Además de lo anterior, el decreto genera excepciones a toda la cadena logís ca para la importación, exportación y suministro de hidrocarburos, agrocombus bles y minerales, de tal forma que genera un complemento a las medidas de importación mencionadas líneas más arriba. A par r de los lineamientos provenientes del decreto 574/2020, las empresas mineras se beneficiarán con el aplazamiento del pago del canon superficiario. Una suerte de arriendo que debería recibir el Estado por el uso de la erra. De acuerdo con la norma en cues ón ese beneficio sólo lo podrían u lizar las empresas que estén al día en el pago de este impuesto, pero si algo ha dejado la experiencia del estudio a los impuestos que deben pagar las empresas del sector es que esos beneficios se amplían a la generalidad de interesados. Es fundamental recordar que al 2019 las empresas mineras le deben al estado colombiano $60.500 millones (Portafolio, 2019) por este concepto..