El COVID-19 y el 1º de mayo en República Dominicana

de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corren peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento».

A tal fin, la OIT plantea el desafío que enfrentará el trípode formado por autoridades, trabajadores y empresarios en la reactivación económica: «La OIT y sus mandantes –gobiernos, trabajadores y empleadores– tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo».

No obstante, ante la grave situación que se vive hoy hay una pregunta que muestra la preocupación. ¿Cómo se insertarán los trabajadores informales a la vida económica y social? Todo esto implica establecer medidas de política urgentes para lograr la reactivación de la economía y proteger los sectores productivos de la nación.

Por primera vez, en muchos años en el país –al igual que en otros países– el confinamiento obliga a evitar las manifestaciones del «Día del Trabajo» con las que en otro momento se conmemoraba esta efeméride.

En República Dominicana el movimiento obrero tuvo un papel relevante desde mediados del siglo XX, a partir de la muerte de Trujillo, época durante la cual surgieron varios sindicatos y centrales sindicales para defensa de las reivindicaciones de los trabajadores. Este movimiento fue adquiriendo un peso específico en la sociedad dominicana. Sin embargo, este ha ido perdiendo ese papel de gran significación, sobre todo porque la informalidad es mucho mayor en número que los trabajadores con salario fijo.

Hoy 1º de mayo, los trabajadores dominicanos se encuentran en una difícil situación socioeconómica por la paralización, producto del confinamiento y de las medidas de las autoridades para evitar la propagación del virus. Quienes poseen empleo formal están en suspensión en unos casos y en otros cancelados.

El Ministerio de Trabajo registró, hasta el 2 de abril, 36,015 solicitudes de empresas que pedían las cancelaciones que incluían 434,620 trabajadores. El 23 de abril el Ministerio informó que 49,831 empresas habían pedido la suspensión de 81,709 de los contratos laborales de sus empleados, cuyos efectos se hicieron sentir en 814,326 empleados. Posiblemente los números se incrementarán a partir de los próximos días.

La situación de los trabajadores se agravó a mediados de marzo con la suspensión temporal de más de 655,000 trabajadores, casi el 28 % de los empleos formales del país, según el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena (Twitter).

Ante las dificultades generadas por el coronavirus, el Gobierno dominicano ha implementado medidas para paliar la crisis. Se creó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), para el que 756,273 trabajadores solicitaron su participación; de estos 599,413 fueron aprobados y 112,193 fueron rechazados (Diario Libre, 2020). El Gobierno autorizó a entregar $8,500 pesos mensuales a los empleados formales suspendidos de sus trabajos.

La Vicepresidencia de la República informó que 1.5 millones de hogares han recibido subsidio temporal a través del programa «Quédate en Casa» con la tarjeta Progresando con Solidaridad. El programa transferirá $5,000 peso a cada familia (Ministerio de Hacienda). Esto corresponde a la primera fase. Además, se incluirían 600,646 familias que no poseen la tarjeta Progresando con Solidaridad para lo cual utilizarían su cédula de identidad. Los datos fueron suministrados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). (Cedeño, 2020)

Las medidas anteriores, como paliativos, estarían bien por el momento, pero el Gobierno no podrá mantenerlas de modo permanente. En el contexto social, el impacto de la crisis se está sintiendo sobre todo en las capas más vulnerables de la sociedad, repercutiendo en el empleo y en la informalidad, e incidiendo negativamente en la dinámica económica del país.

Otro intento de paliar la crisis consistió en mantener el Seguro Familiar de Salud a los trabajadores suspendidos y a sus dependientes por 60 días, de acuerdo con la Resolución núm. 492-01 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), de 7 de abril de 2020. Empero, podría hacerse el cuestionamiento siguiente: ¿cómo accederían a los servicios sanitarios los cancelados y los informales?

Es fundamental que ante el desarrollo de la pandemia y el problema del empleo resulta necesario extender la protección social a los sectores más vulnerables. Esto significa que la carencia de ingresos de estos sectores conlleva la falta de alimentos, de seguridad, de salud. El reto está ahí. Solo hay que establecer medidas de política que posibiliten enfrentar la situación

El país se encuentra ante un futuro incierto que produce desesperación, ansiedad, angustia y la incertidumbre de no saber hacia dónde nos dirigimos

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