en la última frontera agropecuaria
Oscar Álvarez
en la última frontera agropecuaria
U
n modelo ganadero extensivo marcado por la usurpación con violencia del territorio comunal de miskitos, mayangnas, ramas y creoles, en el caribe y Río San Juan, podría hacer colapsar las reservas de biosfera de Bosawás e Indio y Maíz que deben ser resguardadas como bien para la humanidad, poner en peligro la existencia de poblaciones indígenas que han habitado esos territorios por más de 500 años y destruir la valiosa biodiversidad existente en ambas regiones.
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Las poblaciones misquitas y mayangnas, que en su mayoría se asientan en lo que también es la Reserva de Biosfera de Bosawás dan testimonios de hechos de violencia que evidencian un aumento de las tensiones entre los llamados colonos que ocupan el territorio e indígenas que históricamente lo habitan y defienden. A mediados de julio de este año, pobladores de las comunidades Francia Sirpi, Santa Clara, Wisconsin y Esperanza del municipio de Puerto Cabezas se pronunciaron por la salida de los colonos, mientras les achacaban asesinatos, secuestros y asedios a sus aldeas. Antes, a inicios de mayo, el líder mayangna y ex diputado Noé Colleman denunció en su cuenta de redes sociales el ataque de colonos armados contra dos jóvenes indígenas. El resultado: un colono muerto y otro herido y un mayangna herido gravemente. La información no fue corroborada por la policía. Con el asesinato de al menos nueve indígenas a manos de grupos delincuenciales según la Policía Nacional, sale a luz el peligro real y la desprotección que viven esas comunidades. En medio de las reyertas y las subidas de tonos de la violencia, se trasluce el fenómeno de la tenencia de la tierra, primero porque casi en su totalidad es territorio indígena y están exentas del régimen comercial y a su vez, son reservas biológicas declarados por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas del inglés).
Cómo se expropia la tierra a los indígenas. La invasión de tierras como es catalogada por los indígenas tiene una mezcla de complicidades y omisiones. Primero un terrateniente o empresario de ganado que dice haber comprado una propiedad en territorio indígena, en ocasiones un indígena que ha vendido una parte del territorio y un abogado y notario público que da fe del acto de compra venta. Una acción a todas luces ilegal puesto que bajo ningún argumento el marco legal vigente establece la posibilidad de que las tierras indígenas se puedan vender.
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El experto en temas de propiedad indígena, Alejandro Bonilla en el Diagnóstico sobre el Saneamiento de los Territorios Indígenas y étnicos de la RAAN, Nicaragua en el 2013, explica que la metodología más común y controversial de apropiación y transformación ilegal de la propiedad comunal en propiedad privada, es la utilizada por los notarios públicos, quienes a solicitud de personas naturales o jurídicas no indígenas, autorizan y libran escrituras públicas unilaterales, denominadas Declaración de Derechos de Poseedor, o Declaración de Derechos de Poseedor y Plantador de Mejoras, o Cesión de Derechos Posesorios, entre otras, dando fe de que determinada persona está en posesión y dominio o goza de derechos sobre un lote, finca o parcela, que realmente pertenece a un territorio o comunidad indígena o étnica. Los notarios públicos son profesionales del derecho autorizados por el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia para ejercer esta función y dar fe de actos legales no judiciales que se realizan entre partes interesadas. Sin embargo, no están autorizados para legitimar “la apropiación y transformación de la propiedad comunal en propiedad privada”, afirma Bonilla en su análisis.
Ese acto da inicio a una cadena de irregularidades con firma y sello de entidades públicas y deja en evidencia el desconocimiento o desinterés sobre los asuntos indígenas. Incluso, por años las instancias judiciales del país han admitido juicios, demandas, recursos de amparos y apelaciones en casos relacionados a tierras comunales. Las irregularidades también están presentes en permisos de alcaldías, registros de propiedad, inspectorías ambientales y demás áreas relacionadas con la propiedad y la ganadería. Dicha documentación por lo general es tramitada sin mayor reparo y crea una aureola de legalidad a dicho actos. El papel de los notarios públicos ya ha sido abordado por la Corte Suprema de Justicia. En marzo del 2020, una circular de dicha instancia dejó sin efecto su actuación sobre las transacciones de compra y venta de tierras indígenas, sin embargo, la medida, aunque 3
podría ser catalogada como tardía, abre las posibilidades a los pueblos de recuperar el territorio usurpado, o por lo menos ejercer control real sobre el mismo, puesto que se reconoce una irregularidad. Producto de las invasiones de colonos a los territorios indígenas desde los años 90, se creó en el 2001 la Ley 445, Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, la que establece el saneamiento de su territorio y da a los indígenas el derecho, la capacidad institucional y el respaldo legal para decidir quién vive o no dentro de sus áreas tradicionales. Desde que la ley fue aprobada el proceso de saneamiento ha sido ignorado, pero es una de las demandas permanentes de las comunidades indígenas. El Estado de Nicaragua también firmó en el 2010 y adoptó como ley nacional el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre pueblos indígenas y tribales” el cual especifica que los pueblos indígenas pueden reclamar el territorio que han usado tradicionalmente. En todo caso, la particularidad de que se trate de tierras comunales de propiedad colectiva impide que una sola persona, inclusive indígena pueda vender una pulgada de terreno. Por el contrario, la comunidad misma tiene las posibilidades de administrar las mismas.
Un modelo ganadero nocivo. Pero el uso de artimañas legales y las omisiones de las instancias públicas quizás sean solo el medio para objetivos más oscuros: el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de sus territorios para la inserción de la ganadería extensiva; y cuyo modelo es nocivo tanto por su esquema de producción, como por el impacto negativo al medio ambiente. 4
Este modelo importado desde tiempos de la colonia requiere de una manzana de pasto por res, es decir, que por 100 reses se necesita un área de 100 manzanas. Por ello, la devastación de los bosques de los territorios comunales (indígenas y creoles) en el Caribe Norte y Sur y Río San Juan son el horizonte prometedor para ampliar la producción de carne bovina y cumplir las metas del mercado estadounidense en recortes para hamburguesas y tacos y suplir las demandas locales de leche y carne.
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Por ejemplo, entre enero y julio del 2021, la exportación de carne se mantiene en el tercer lugar con la suma de US$ 392, 999,200.3 según cifras del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). Pero si se suman la exportación de carne, ganado en pie y queso, la ganadería se convierte en la principal actividad exportadora de bienes. Los números solo reflejan la importancia de este rubro para la economía nacional, pero más para el sector ganadero que obtiene ganancias líquidas y libres de impuestos a costa de avanzar sobre los territorios indígenas.
Otro factor que hace de la ganadería una actividad perjudicial con el modelo actual en su aporte al calentamiento global. Según las estimaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), a escala global el sector ganadero contribuye con el 14% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas por actividades humanas responsables del calentamiento global. El sistema digestivo rumiante del ganado produce entre 250-500 litros de metano por día. A nivel mundial, es responsable de emitir el metano equivalente a 3,1 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera anualmente. En el caso de Nicaragua se suma que esta actividad destruye los bosques de las áreas de reservas que hacen frente al cambio climático por medio de la captura de carbono.
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Datos de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC) del 2018 dicen que en Nicaragua hay cuatro regiones ganaderas. Para entonces en La zona 1 en el Caribe Norte y Sur, y Río San Juan, habría aproximadamente 2 millones 355 mil cabezas de ganado, en la zona 2 Matagalpa y Chontales 1 millón 352 mil cabezas, en la zona 3 la Costa del pacífico 921 mil cabezas y la zona 4, Estelí, Nueva Segovia, Madriz y Jinotega 572 mil cabezas. Lo anterior es la aceptación explicita del sector ganadero del uso de las tierras indígenas y las áreas de reservas para la expansión ganadera. Puesto que resulta improbable que la mayor producción de ganado se de en áreas privadas, porque dicho territorio en su mayoría es de propiedad comunal. Para este 2021, según entrevista del director ejecutivo de la Cámara de Plantas Exportadoras de Carne Bovina, Canicarne, Juan Velázquez al boletín Confidencial, la ganadería espera crecer al ritmo de los años anteriores a la pandemia del Covid-19, o sea, 5%, lo que sugiere que la presión sobre las tierras indígenas aumentará.
Los colonos, la punta de lanza de la invasión. Uno de los protagonistas visibles de este conflicto es el “colono”. El número 414 de septiembre de 2016 de la revista Envío, describe que la migración de mestizos hacia lo que hoy es Bosawás inició hace más de un siglo, alentada en aquel momento por los enclaves estadounidenses establecidos en la Costa Caribe y promovida por los gobiernos de la época bajo el supuesto de colonizar e integrar esas regiones a la economía nacional. Una buena cantidad de estos migrantes se nucleó alrededor de las explotaciones mineras y madereras y otra se asentó en áreas boscosas, dedicándose a abastecer de productos agropecuarios a esas empresas. Hoy persisten en los núcleos urbanos de Bonanza, Rosita y Siuna. A inicios de los 90 otras versiones de colonos aparecen en campesinos que buscan un lugar para vivir y cultivar la tierra. Son acompañados de sus familias y se establecen en la zona. También están los que inician la 7
cadena de usurpación, toman un área del territorio y la venden a un productor de ganado bajo el concepto errado para este caso, del “derecho de posesión”. A esta fila se suman los trabajadores permanentes o temporales de hacendados ganaderos que han acumulado tierra y establecido sus pastizales. Estos colonos jornaleros por lo general salen en grupos en periodos de varias semanas o meses de municipios como Boaco, Camoapa, Juigalpa, Santo Tomas, Villa Sandino, Nueva Guinea y otros de la región. El fenómeno se ha hecho común, tanto que sus familiares los ubican en destinos como, por ejemplo: la comunidad de “Los Camoapa”. Este tipo de colono al final de cuentas es una víctima del desempleo en el campo que tiene que asumir el papel de fuerza de ocupación en favor de los intereses de sus patrones. Son quizás el primer escalón para al reclutamiento en los grupos de colonos armados que se sienten con derecho de cuidar las nuevas propiedades, o por el contario, como los testimonios de misquitos y mayangnas aducen, asedian la región y comenten actos como los asesinatos colectivos de las comunidades de Alai y Wasakin en el 2020 y el reciente evento ocurrido en el cerro Kiwa kumbaih. Al momento se desconoce la cantidad de colonos que se encuentran en el territorio indígena, pero se consideran en miles. Esa falta de información estadística y el constante movimiento de personas hacen más complejo el fenómeno.
Etnocidio y destrucción de las reservas de biosfera. Bosawás es denominado el “Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano”. El área es reconocida por su rica biodiversidad y numerosas especies escasas o en peligro de extinción como el oso hormiguero gigante, el tapir de Baird, el mono araña centroamericano, el jaguar, el águila arpía y el cocodrilo americano. 8
El avance desenfrenado de la ganadería sobre la Reserva es registrado por Guardabosques Comunitarios; por lo menos es así en el Territorio Mayangna Sauni As, uno de cuatro ubicados en el municipio de Bonanza. Un mapa elaborado con la metodología de la observación describe la presión de los colonos que ya ocupan más de la mitad de esa área. Algunos puntos de asentamiento aparecen totalmente deforestados, mientras otras áreas son ocupadas en franco avance sobre los bosques de la reserva y alrededor de las comunidades indígenas. El asunto se vuelve crítico debido a que los colonos se valen de actos de violencia en el intento de desplazar a las comunidades indígenas que llevan más de 500 años asentados en la zona, hoy convertida en la última frontera agropecuaria. El desplazamiento forzado del territorio solo puede catalogarse como un acto de etnocidio. Ello implica la pérdida de áreas de cultivo para la subsistencia de la población, provoca hambruna, la pérdida del hogar, la posible separación de la familia que debe buscar otras alternativas
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de sobrevivencia incluida la migración y finalmente la desarticulación de las comunidades y perdida de sus tradiciones y saberes milenarios, que forman parte de la riqueza biocultural del país y de la cual se presume en foros internacionales. Según la Unesco las poblaciones indígenas que habitan Bosawás han desarrollado un conocimiento complejo y extenso de la flora y fauna locales, y ha moldeado el sistema biológico mediante sus prácticas culturales. Cultivan lo necesario para vivir, complementan su dieta con la pesca en caudalosos ríos y la caza de la guarda tinaja, el venado o el armadillo. Incluso, especies como el chancho de monte también les provee de aceite para cocinar. Algunas de estas prácticas ya se han modificado en algunas comunidades. Un ejemplo, las asentadas en las cercanías del cerro Cola Blanca cuya deforestación es total y donde han desaparecido los animales que les han servido de alimento. Hoy forman parte de los consumidores de productos procesados de alto costo en la zona, lo que hace de los indígenas dependientes asalariados para subsistir. Por el momento el tema del saneamiento es omitido en la opinión pública, pero los actos con violencia que se vuelven comunes afloran un tema que debe ser debatido con visión de país. Los empresarios ganaderos deben sentarse al fin y reconocer su parte en la problemática, primero porque a nivel internacional se hace más visible la participación de la empresa privada en la destrucción de las reservas de biosfera y su relación con la violación de derechos humanos y ancestrales de los pueblos indígenas. Por su parte, el sector de gobierno que dio un paso con la regulación del papel de los notarios públicos y cuenta con presencia en las zonas de conflicto con fuerzas como el Batallón Ecológico para el cuido de las reservas, enfrenta el reto de hacer efectiva su presencia.
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Oscar Álvarez es periodista con experiencia en temas de desarrollo y poblaciones vulnerables,, desarrollo comunitario y participación . Una publicación de Sección Nicaragua / Reporte Centroamérica. Web: reportecentroamerica.wixsite.com/seccionnicaragua Facebook: @reportecentroamerica
Managua, Nicaragua,. Septiembre 2021.