PASTA DE CONCHOS ANTE LA CIDH La tragedia sin rescate El 19 de febrero de 2006, la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 26/2006, determinó que “los servidores públicos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”. Inexplicablemente, las labores de rescate quedaron a cargo de la propia compañía responsable de las condiciones de trabajo: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 3 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, y en una decisión inédita, la empresa y el Gobierno mexicano decidieron suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos; en ambos casos, la parte patronal es Grupo México. Las familias y organizaciones acompañantes señalaron que la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa. Meses después de la explosión se encontraron los cuerpos de Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo, cuyas necropsias revelaron que murieron por aplastamiento debido a la precaria estructura de la mina y no por la explosión en sí. Los 63 trabajadores restantes fueron abandonados en la mina.
Un siniestro que sigue impune A la fecha no existe una investigación activa para esclarecer exhaustivamente lo sucedido y procurar justicia para las 65 víctimas y sus familias. Tampoco se ha demostrado voluntad política del Estado para hacer el rescate. Sin embargo, las familias de los mineros no han cesado en su demanda de que se rescaten los restos de los trabajadores y de que se investigue y finquen responsabilidades por lo sucedido, contemplando a todos los responsables. Después de recurrir a todas las instancias jurídicas en México –en las que los rechazaron con argumentos como su falta de interés jurídico para reclamar el rescate o el castigo a los responsables-, las familias acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de febrero de 2010 a presentar el caso, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
El caso, admisible Las familias y sus representantes argumentaron ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, y aportaron pruebas para demostrar la demora injustificada y falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos. La postura del Estado ante el organismo interamericano fue que el caso era inadmisible puesto que las y los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia. Tras analizar las pruebas de ambas partes, en febrero de 2018 la CIDH dio la razón a las familias; señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso. A doce años del siniestro en Pasta de Conchos, 114 mineros del carbón han muerto, de los cuales, casi el 70 por ciento, debido a las malas condiciones laborales en la misma región carbonífera.