Respuesta de las reporteras: El 11 de junio, dos semanas antes de la publicación, se envió un mensaje a Luis Fernando Domínguez, enlace de prensa del Inifed, con los hallazgos de esta investigación, pero no hubo respuesta más allá de la confirmación de recibido. En respuesta a sus anotaciones: 1. En el reportaje no se menciona que no hayan hecho reportes, sino que modificaron las cifras de escuelas afectadas y sus afectaciones. Para ello, citamos sus propios comunicados de prensa del 27 de septiembre de 2017 hasta el 7 de junio de 2018, así como el informe El sistema escolar ante los sismos de septiembre de 2017, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, que dan cuenta de la variación en la cifra de escuelas con daños y su nivel de afectaciones. 2. Entre enero y junio recorrimos más de una vez los nueve planteles con daños graves en la Ciudad de México y constatamos que sólo la primaria Suave Patria ha sido demolida por completo. No decimos que no tengan avance. Como señalamos en el reportaje, otras escuelas han tenido reconstrucciones parciales, como las secundarias técnicas 166 y 17, mientras que otras tuvieron reparaciones menores, como la secundaria técnica 45, tal y como el mismo director de esa escuela confirmó. Incluso, la semana pasada confirmamos que la escuelas Juan E. Hernández Dávalos,donde sólo hubo labores de reforzamiento, aplanado de muros y cambio de la plancha del patio y barda perimetral. La escuela de más de 40 años no fue demolida y reconstruida totalmente. En la Carolina Pino Cruz hubo renivelación de piso y cambios de mobiliario, tal y como confirmaron los propios encargados de ambas obras y las visitas que hicimos. 3. Pese a que niegan que se violentó la reglamentación de construcciones para la Ciudad de México, Luis Fernando Domínguez, enlace de prensa del Inifed, así como autoridades de la Ciudad de México confirmaron que los corresponsables en seguridad estructural eran muy pocos y no fueron suficientes para atender las 1,800 escuelas con daños en la Ciudad de México. Incluso, el INIFED respondió a la solicitud de transparencia 1114000002118 que no tiene la documentación solicitada: “En cuanto a los dictámenes se informa que de conformidad con “El Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad de otorgar apoyo a la Población en General por parte de los Directores Responsables de Obra DRO y corresponsables en Seguridad Estructural (CSE) para la emisión de los Dictámenes de su competencia” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de Octubre de 2017, mediante el cual la SEDUVI a través de los Directores Responsables de Obra, en coordinación y a solicitud de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, emitieron los Dictámenes de Seguridad Estructural de los planteles de educación básica ubicados en la Ciudad de México, motivo por el cual este Instituto no cuenta con la documentación necesaria para su atención”. Por otra parte, los dictámenes que la Autoridad Educativa Federal entregó vía solicitud de transparencia están firmados por DRO, no por corresponsables de seguridad estructural, como debería haber sido, según indica el artículo 71 del Reglamento de Construcciones para el DF. El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el ingeniero Renato Berrón, también confirmó la información. En las fachadas de las escuelas no hay ningún letrero indicando el tipo de obra que se lleva a cabo, como indica el Reglamento. En ninguna de las delegaciones políticas hay registro
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o documento de proyecto alguno o manifestación de construcción en los predios correspondientes, según contestaron en solicitudes vía transparencia. Aseguran también que no se señala un tiempo específico para la evaluación de daños, pero en su comunicado 311, el 16 de octubre dijeron que “Termina la revisión de escuelas en la Ciudad de México tras el sismo. Este lunes concluyó la revisión para evaluar la seguridad estructural de todas las escuelas públicas bajo control directo de la SEP en la Ciudad de México”. Tanto los dictámenes que entregaron, como la base de datos de Seduvi, confirman esas fechas. Es en ese periodo en el que se encuentran distintas evaluaciones de daños. Como afirman, hubo distintos criterios de evaluación para un mismo plantel porque no había un protocolo de actuación para revisar las escuelas después de un sismo, tal y como señalamos en el reportaje. Respecto a los estudios que mencionan, la UNAM respondió vía solicitud de información que “a la fecha de este comunicado, no se han generado resultados concretos” sobre el convenio que firmaron con el INIFED para determinar si las escuelas demolidas por los daños ocasionados tras los sismos de septiembre de 2017 podían reconstruirse en el mismo lugar. Hicimos esta consulta a la SEP vía transparencia y dijo no ser competente en el tema. En tanto, el Inifed remitió a una base de datos de Fuerza México, donde los únicos dictámenes a los que se hace referencia son de DRO con una liga que no funciona. Tanto la base de datos que aparece en la página Fuerza México, como el Instituto Mexicano para la Competitividad arrojan la cifra de 2,916 escuelas sin atender. En los contratos asignados por INIFED y por los estados se encontró que hasta el 31 de mayo de 2018, el 93% se habían realizado por adjudicación directa, según lo reportado en el portal de compras públicas Compranet. Aunque difieren en el señalamiento de la falta de mecanismos de transparencia, estas reporteras realizaron más de 40 solicitudes de información, ya que no estaba disponible en los portales que señalan. También se pidió información a la UNAM sobre los planteles que esta institución revisó y se negaron a entregarla, ya que habían firmado un convenio de confidencialidad con INIFED que les impedía brindar información sobre las evaluaciones que ellos revisaron. El reportaje señala que hay una falta de transparencia en los contratos que realiza la aseguradora, ya que no son públicos. El enlace de prensa del INIFED confirmó en entrevista que “el seguro contrata directamente a la empresa. Nosotros seleccionamos el plantel y validamos técnica y normativamente el proyecto ejecutivo”.