Memorias serie Houston 2010 by Partners Colombia

MEMORIAS SERIE HOUSTON2010 S EMINARIO S ERIE H OUSTON 2010 LA TENENCIA Y EL USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA

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S EMINARIO S ERIE H OUSTON 2010 LA TENENCIA Y EL USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA

Estimado lector, Durante los días 3, 4 y 5 de Diciembre de 2010 se llevó a cabo en Medellín, Colombia, la versión número catorce de la Serie Houston, un escenario de diálogo promovido por la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, en el que desde el año 1998, importantes personalidades del gobierno, del sector político, de la academia, de la sociedad civil, y expertos nacionales e internacionales, discuten, una vez al año, temas relacionados con la democracia, la seguridad y la paz del país y la región. Para Partners Colombia es un placer presentar las Memorias de la Serie Houston 2010, que abordó la temática de La Tenencia y Uso de la Tierra en Colombia.

Presentación Partners Colombia

II.

Participantes

III.

Bienvenida

IV.

Panelistas y Moderadores

Resumen

VI.

Relatoría Por el Instituto de Ciencia Política

Elaboración Partners Colombia Edición Mery Rodríguez, Partners Colombia Diseño y Diagramación Giovanny Pérez, Grafi-Impacto S.A.S. Fotografía Picnic Fotografía www.picnicfoto.com Impresión Grafi-Impacto S.A.S. www.grafi-impacto.com

SERIE HOUSTON2010

Memorias Serie Houston 2009 Institucionalidad y Democracia

Óscar Manuel Gaitán Sánchez

Estimado lector, El seminario Serie Houston, es un escenario de diálogo promovido por la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, en el que desde el año 1998, importantes personalidades del gobierno, del sector político, de la academia, de la sociedad civil, y expertos nacionales e internacionales, discuten, una vez al año, temas relacionados con la democracia, la seguridad y la paz del país y la región. En una estrategia de Colombianización, la Embajada de los Estados Unidos ha decidido delegar desde 2009, su coordinación y ejecución a PARTNERS COLOMBIA, organización colombiana miembro de una red internacional denominada Partners for Democratic Change International, con 20 años de experiencia y presencia en 20 países, cuya misión en Colombia es promover el fortalecimiento de la democracia, mediante el mejoramiento de las capacidades de incidencia, el apoyo a los procesos de diálogo y la transformación pacífica de conflictos sociales. Para Partners Colombia es un placer presentar las Memorias de la Serie Houston 2010, que son el resultado del trabajo realizado por cerca de 100 personalidades del país, durante los días 3, 4, y 5 de Diciembre de 2010 en la ciudad de Medellín, quienes a través de 3 paneles discutieron sobre la TENENCIA Y EL USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA. La discusión sobre la Tenencia y el Uso de la Tierra en Colombia no puede ser más pertinente, debido a que el país y la región atraviesan por un momento histórico de reforma estructural, en el que la sociedad civil, los grupos empresariales y el Estado discuten sobre una política integral de tierras, y la implementación de una ley de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta recopilación, que presenta un resumen de todos los paneles, así como una relatoría elaborada con el apoyo del Instituto de Ciencia Política, también contiene un DVD en el que el lector encontrará las intervenciones de los 27 panelistas, moderadores y conferencistas, así como las preguntas e intervenciones de los asistentes a cada panel, de tal manera que cada lector tenga acceso a la invaluable información del seminario Serie Houston 2010. Finalmente expresamos nuestro especial agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por el apoyo brindado durante más de diez años a esta iniciativa, apoyo que ha ayudado a consolidar este espacio de diálogo tan importante en el fortalecimiento de nuestra democracia. También agradecemos a los patrocinadores, y en general a todos los que apoyaron la realización del seminario Serie Houston 2010, cuyo apoyo ha enriquecido el éxito de estas experiencias a través de los años y cuyas memorias dejamos a su consideración en esta publicación. Gracias, Oscar Manuel Gaitán Sánchez Director Ejecutivo Partners Colombia

En la foto: Luis Alfredo Ramos, Gobernador de Antioquia

Analistas Políticos

Academia

La Serie Houston 2010 contó con la asistencia de 92 personas entre Panelistas, Moderadores e invitados. Teniendo en cuenta que una de las principales fortalezas de la Serie Houston es la capacidad de convocar a actores de diversos sectores, a continuación encontrará la lista de participantes discriminada por sectores, así como una estadística de la representación de cada sector:

Donny Meertens

Pontificia Universidad Javeriana

Lorenzo Morales

Universidad de los Andes

Alberto Naranjo

Universidad EAFIT

José Ramón Castrillón

Universidad Externado de Colombia

Salomón Kalmanovitz

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Jorge Enrique Mora

General retirado de las Fuerzas Armadas

Luis Jorge Garay

Economista Investigador

Alvaro Tirado

Miembro del Comité de Derechos Ecónomicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas

Alfredo Molano

Investigador, Columnista El Espectador

Gustavo Petro

Ex-Senador de la República, Ex-Candidato presidencial

Germán Vallejo

Investigador

Sector Empresarial Representación Internacional 4

Juan Carlos Vélez

Aviatur

César Caballero

Cifras & Conceptos

Jens Mesa

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma)

José Félix Lafaurie

Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan)

Ruben Darío Lizarralde

Indupalma

Ana María Gómez

Isagen

Luis Fernando Forero

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)

Peter Michael McKinley

Embajada de los Estados Unidos

Ken Yamashita

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Peter Van der Auweraert

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Lourdes Fabiola Armoa

Procuraduría General de la República de Paraguay

Iván Rodrigo Pérez

Procuraduría General de la República de Paraguay

Beatriz Sotelo

Procuraduría General de la República de Paraguay

Sector Público

Stephanie Lacouture

Acción Social

Diego Molano

Acción Social

Maria Julieta Pescador

Acción Social

Eric Wyss

Acción Social

Juan Felipe Palau

Alcaldía de Medellín

Iván Cepeda

Cámara de Representantes

Guillermo Rivera

Cámara de Representantes

Oscar Fernando Bravo

Cámara de Representantes

Ana Teresa Bernal

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

Patricia Buriticá

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

Jaime Alberto Arrubla

Corte Suprema de Justicia

Volmar Antonio Pérez

Defensoría del Pueblo

Luis Alfredo Ramos

Gobernación de Antioquia

Luz Dary Giraldo

Gobernación de Antioquia

Isabel Gutiérrez

Gobernación de Antioquia

Luis Fernando Pineda

Gobernación de Antioquia

Diana Patricia Taborda

Gobernación de Antioquia

Santiago Tobón Zapata

Gobernación de Antioquia

Silvio Garcés

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Juan Manuel Ospina

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Juan Camilo Restrepo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Alejandro Reyes

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Santiago Tobón

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Juan Camilo Cabezas

Ministerio del Interior y de Justicia

Pedro Santiago Posada

Ministerio del Interior y de Justicia

Sergio Jaramillo

Presidencia de la República

Juan Fernando Cristo

Senado de la República

Medios de Comunicación

Sociedad Civil 6

Mabel Lara

Canal Caracol

Ricardo Gutiérrez

El Espectador

Jorge Sáenz

El Espectador

Pedro Luis Mogollón

El Universal de Cartagena

Claudia García

Fundación Semana

Martha Ruíz

Revista Semana

Juanita León

Silla Vacía

Samantha Akins

AECOM

Rosa Linda Aguilar

Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de la Guajira

Linda Vanesa Ruiz

Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de la Guajira

Francisco Javier León

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Mauricio García, S.J.

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Fernán González

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Michael Reed-Hurtado

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)

Gustavo Gallón

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Emigdio Cuesta

Conferencia Nacional de Organizaciones Afro-colombianas (CNOA)

Gilberto Yafue Yafue

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Jorge Rojas

Consultoría para los DD.HH. y el Desplazamiento (CODHES)

Rafael Barrios

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

León Valencia

Corporación Nuevo Arco Iris

Sociedad Civil

Rodrigo Gutiérrez

Fundación Ideas Para la Paz (FIP)

Maria Victoria Llorente

Fundación Ideas Para la Paz (FIP)

Juan Carlos Palou

Fundación Ideas Para la Paz (FIP)

Ángela Rivas

Fundación Ideas Para la Paz (FIP)

Arnobio Córdoba

Fundación Phelps Stokes

Juan Sebastián Betancur

Fundación Proantioquia

Johana Fandiño

Instituto de Ciencia Política (ICP)

Marcela Prieto

Instituto de Ciencia Política (ICP)

Yamile Salinas

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

Marcelo Álvarez

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA)

Vincent Chordi

Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Henry Cabria

Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)

Catalina Acevedo

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Eduardo Medina

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Marcelo Pisani

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Daniel García-Peña

Planeta Paz

Absalón Machado

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD)

Yesid Fernando Castro

Programa “Más Inversión para Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS)” de USAID

Kimberly Stanton

Project Counselling Service (PCS)

Luis Ignacio Sandoval

Redepaz

Luis Alberto Villegas

Vallenpaz

De un total de 92 asistentes, 65 invitados y 27 ponentes, moderadores y conferencistas, es posible agrupar siete categorías de representación así:

Representación

Cant.

Academia

Analistas Políticos

6,5%

Sector Empresarial

Sector Público

29%

Representación Internacional

6,5%

Medios de Comunicación

Sociedad Civil

37%

100%

Tabla 1. Clasificación de asistentes al seminario Serie Houston 2010 de acuerdo a su representación

Serie Houston 2010 Representación de Asistentes 5% 6,5% 8%

Academia Analistas Políticos

37%

Sector Empresarial Sector Público 29%

Representación Internacional Medios de Comunicación

Sociedad Civil 6,5%

Gráfico 1. Estadística de asistentes de acuerdo a su representación

uerido lector,

Para facilitar la lectura y análisis de las presentes memorias, el formato escogido presenta inicialmente de manera fácil y amigable, los perfiles de los panelistas, moderadores y conferencistas presentes en la Serie Houston 2010, seguidos por los resúmenes de las discusiones y finalmente por la relatoría, realizada en colaboración con el Instituto de Ciencia Política. Para remitirse a las intervenciones completas de los panelistas, conferencistas y moderadores, así como las reacciones, preguntas y comentarios de los asistentes, y conforme a un compromiso con el conocimiento y el medio ambiente, se adjunta a estas memorias un CD compilatorio.

En la foto: Peter M. McKinley, Embajador de los Estados Unidos de AmĂŠrica

Peter Van Der Auweraert Asesor legal superior del Programa de Reclamaciones de Propiedad en Irak de la OIM

Experto en temas de propiedad en Irak. Ha trabajado estrechamente con la CRRPD, Commission for Resolution of Real Property Disputes, el órgano competente para resolver las reclamaciones de restitución antes del 2003. Asesor en temas de tierras, propiedad y justicia transicional post-conflicto, especialmente en temas de reparación. Ha trabajado en Burundi, Colombia, Timor Oriental, Irak y Costa de de Marfil.

Juanita León Directora de la Silla Vacía

Estudió derecho en la Universidad de los Andes y realizó una maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia. Después de trabajar en The Wall Street Journal Americas en Nueva York regresó a Colombia a El Tiempo, donde trabajó como editora de la Unidad de Paz cubriendo el proceso de paz con las Farc. En la revista Semana fue editora de reportajes y en 2006, ayudó a crear la edición diaria de Semana.com. Después de un año en Harvard como Nieman fellow dirigió el lanzamiento de la revista Flypmedia.com en Nueva York. Con capital semilla del Open Society Institute volvió al país a montar este proyecto de la Silla Vacía. Escribió los libros ¨No somos machos pero somos muchos, (cinco crónicas de resistencia civil en Colombia (2004)¨ y ¨País de Plomo, crónicas de guerra¨.

Diego Molano Alto Consejero Presidencial y Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-

Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario con una especialización en Integración Internacional de la Universidad Javeriana y una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ejerció como Director Adjunto del Programa MIDAS (Mas Inversión para Desarrollo Alternativo Sostenible) de USAID, hasta abril de 2008. Fue Director de Programas Presidenciales de ACCIÓN SOCIAL y previamente desempeñó funciones de Coordinador del Plan Colombia. También fue asesor de la Gerencia General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Auditor Practicante de la Oficina del Inspector General de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York.

Michael Reed-Hurtado Director del Centro Internacional Transicional –ICTJ/Colombia-

para

Justicia

Michael J. Reed Hurtado, BA, B.J. (Universidad de Texas) y J.D. (Universidad de Minnesota); también tiene una especialización en estadística aplicada (Universidad Nacional de Colombia). Abogado de derechos humanos que ha llevado a cabo investigación y activismo en los siguientes ámbitos: el proceso penal; las condiciones y reforma de las cárceles, la justicia penal militar, las desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia de pandillas y la libertad de expresión. También ha trabajado en la esfera humanitaria con ACNUR. Ha trabajado principalmente en América Latina, con trabajos esporádicos en Asia y África. En el ámbito académico, Michael Reed Hurtado es profesor del estudio teórico de la violencia y el castigo en la Maestría en Asuntos Internacionales que ofrece la Universidad Externado de Colombia, Universidad de Columbia y Universidad de Ciencias Políticas de París.

Iván Cepeda Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo

Es el vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización nacida en 2003 con el fin de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Su labor en el campo de los derechos humanos le hizo merecedor del Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin en 2007. Cepeda fue elegido Representante a la Cámara por Bogotá en las elecciones de parlamento del año 2010 por el Polo Democrático Alternativo, cargo con el cual ha promovido debates sobre el tema de desplazamiento, tierras y víctimas y sobre las iniciativas del gobierno para proteger territorios étnicos.

Juan Camilo Restrepo Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en Derecho Económico en el London School of Economics y se doctoró en Derecho Administrativo en La Sorbona. Vinculado a la antigua Junta Monetaria como secretario (1970-1971) y asesor (1976- 1977, 1979-1981) y a la Federación Nacional de Cafeteros como representante en Londres (1973-1975) y gerente comercial (1986-1990); también fue Superintendente Bancario (1977-1978) y Presidente de la Comisión Nacional de Valores (1982-1986). Su amplia carrera en los campos administrativo, financiero y económico le permitió acceder a la presidencia de Acerías Paz del Río en 1990 y un año después es designado Ministro de Minas y Energía por el presidente César Gaviria. En las elecciones parlamentarias de 1994 es elegido Senador como segundo renglón de Fabio Valencia Cossio. Miembro de la Comisión Tercera, de asuntos económicos, llega a ser nombrado el mejor senador de 1995. Fue Ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana y actualmente es nombrado Ministro de Agricultura por el presidente Juan Manuel Santos.

Yamile Salinas Asesora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-

Abogada independiente con amplia experiencia en derecho público, ambiental, agrario, étnico, cultural y en derechos humanos con énfasis en los derechos de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y víctimas. Ha sido consultora de la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T 025 de 2005, Codhes, Cijus y Cinep en aspectos relacionados con los derechos de las víctimas del despojo y del destierro. Se desempeñó como Directora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá, Delegada para los Derechos Colectivos y el Ambiente de la Defensoría del Pueblo y Secretaria General del Ministerio del Medio Ambiente. Ha asesorado a Wola y Oxfam, entre otros organismos internacionales. Actualmente es asesora de Indepaz y consultora del Grupo de Memoria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Agencia de Cooperación Alemana.

Alfredo Molano Bravo Investigador y Columnista de El Espectador

Cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional, donde obtuvo una licenciatura en 1971, y fue alumno de la Ecole Pratique de Hautes de París entre 1975 y 1977. Ha sido profesor de varias universidades; colaborador de revistas como Soho, Eco, Cromos, Alternativa, Cambio, Estudios Políticos, Semana y Economía Colombiana, y autor de numerosos trabajos de investigación. Ha sido director de varias series para televisión y ha obtenido el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas, de la Academia de Ciencias Geográficas, por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. Entre 2001 y 2002 vivió en Barcelona y en Stanford, donde fue profesor visitante.

Santiago Tobón Asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ex Viceministro de Agricultura, Ex Director del INCODER. Ha trabajado durante más de veinte años en entidades públicas y privadas en temas relacionados con el desarrollo rural. Tiene múltiples publicaciones en revistas especializadas. Economista con estudios de posgrado del Massachusetts Institute of Technology, MIT.

Luis Jorge Garay Investigador

Luis Jorge Garay Salamanca es uno de los economistas colombianos de mayor renombre. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, una maestría en Economía en la misma universidad y un doctorado en economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Actualmente es miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, creada por la Corte Constitucional. Adicionalmente trabaja como consultor internacional e investigador asociado para el programa de Estudios de Integración Regional Comparativos de la Universidad de las Naciones Unidas en Brujas -capital de la región belga de Flandes Occidental- (UNU-CRIS) desde el 2005. Ha sido asesor de varios gobiernos en comercio internacional e integración económica, manejo de la deuda exterior, desarrollo industrial y competitividad internacional, globalización y exclusión social. Ha sido investigador de Fedesarrollo, del Queen Elizabeth House en la Universidad de Oxford, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha coordinado estudios sobre costos económicos de la guerra para el Departamento Nacional de Planeación, donde ejerció varios cargos importantes.

Maria Victoria Llorente Directora Ejecutiva, Fundación Ideas para la Paz

Investigadora Principal del Grupo y Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Antes de ingresar a la FIP, María Victoria se desempeñó como Investigadora Asociada del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Facultad de Economía, Coordinadora del Grupo de Paz Pública, y profesora de las Facultades de Ciencias Sociales y Economía en la Universidad de Los Andes. Ha sido investigadora y consultora de múltiples proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así mismo, tiene amplia experiencia directa en la formulación, ejecución y evaluación de política pública en asuntos de defensa y seguridad, gracias a su desempeño en diversos cargos en la Consejería Presidencial de Paz, la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional. Ha trabajado sobre temas relacionados con política policial y seguridad ciudadana. Sus áreas de interés actualmente son: crimen, violencia, políticas de seguridad pública y policía. Cumple las funciones de coordinadora del área de Seguridad Ciudadana y Policía del Grupo. María Victoria Llorente es ex alumna del Curso de Planeación y Administración de Recursos de Defensa (Center for Hemispheric Defense Studies – National Defense University, 2001), del Curso Integral de Defensa Nacional - CIDENAL (Escuela Superior de Guerra, 1993), y Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Los Andes, 1988).

Absalón Machado Coordinador Técnico del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Economista de la Universidad de Antioquia, Magister en Economía de la Universidad de Chile, investigador y experto en temas agrarios y agroindustriales. Fue profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Investigador de la Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas "CEGA" entre 1983 y 1991. Coordinador e investigador del CID en el Proyecto Colciencias-CID “Prospectiva de desarrollo rural y agrario para la paz en Colombia” del 2002 al 2004. Consultor de la FAO, Coordinador del Proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia”, entre 2005 y 2006. Autor de cerca de 40 artículos publicados en revistas nacionales y en libros editados en Colombia y el exterior. Entre algunos de sus libros se destacan: El Problema Agrario en Colombia y sus soluciones. Fundación Mariano Ospina Pérez, Marzo 1981. (Mención de Honor del Premio Mariano Ospina Pérez 1980). El Problema Alimentario en Colombia. Universidad Nacional. Bogotá 1987. Democracia con campesinos, ó campesinos sin democracia. Coautor con Luis C. Castillo e Isauro Suárez. Fondo DRI-IICAUniversidad del Valle. Santafé de Bogotá, 1993. De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2002. Ensayos sobre seguridad alimentaria, Universidad Nacional de Colombia, 2003. Coordinador de la Serie La Academia y el Sector Rural. Publicaciones del Cid-Universidad Nacional, cinco volúmenes. Academia, actores sociales y políticas en el sector rural, en coautoría con Carlos Salgado. Universidad Nacional, Colciencias, IDRC, Bogotá, 2006.

Jose Félix Lafaurie Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos -Fedegan-

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Javeriana de Colombia con maestría en Economía, quien ejerce actualmente la presidencia ejecutiva de la Federación Colombiana de Ganaderos -Fedegan-. Asumió este cargo en agosto de 2004 luego de desempeñarse como Superintendente de Notariado y Registro durante los últimos dos años. Hasta 2001 fue Vicecontralor General de la República, entidad donde diseñó y desarrolló el Sistema de Información de la Contratación Estatal (SICE) y El Plan de Modernización Tecnológica de la CGR. En el sector público, ha ejercido cargos como: Viceministro de Agricultura y Ministro encargado de la misma cartera y asesor de Hacienda Publica en la Cámara de Representantes; director, Fundador de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR); coordinador ejecutivo del Comité de Rehabilitación y Promoción del Desarrollo del Departamento del Cesar (1983); Gerente General del Instituto del Seguro Social, Seccional Cesar y Diputado del mismo Departamento.

Luis Fernando Forero Secretario General de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC-

Profesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia. Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y terminó estudios en Relaciones Internacionales, en la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia en cargos directivos en los sectores público y privado, y conocimientos de las diferentes ramas del derecho y del sector agropecuario. Buena parte de su experiencia laboral se ha desarrollado en función del ámbito jurídico e institucional gremial. Ha sido integrante de varias juntas directivas de empresas entre las que se destacan: Miembro de la Junta Directiva Fundación Alimentación Sana, Presidente Junta Directiva Mesa de Alimentos – SENA, Representante de la Industria en el Consejo Nacional del Arroz, Miembro Junta Directiva del INCORA, en representación de la SAC. Desde 2006, fue Director Ejecutivo de la Cámara de INDUARROZ de la ANDI, y desde abril de 2010 es Secretario General de la SAC.

Alejandro Reyes Asesor del Ministro de Agricultura

Abogado de la Universidad Javeriana, sociólogo de la Universidad de California en Berkeley y Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor universitario, investigador social en temas como conflictos por la tierra, narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas y estrategias de seguridad y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo el libro "Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia" (2009). Actualmente, se desempeña como asesor para restitución de tierras del Ministro de Agricultura.

Sergio Jaramillo Alto Asesor Presidencial para la Seguridad Nacional

B.A. en Filosofía y Filología Clásica (griego antiguo), M.Phil en Filosofía, Universidad de Cambridge, candidato a doctorado (filología clásica), Universidad de Heidelberg. Ha sido asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la Diplomacia por la Paz (2000-2001), Consejero Político de la Embajada de Colombia en Francia (2001-2002), Asesor para asuntos políticos y estratégicos del Ministro de Defensa Nacional, encargado del desarrollo, la coordinación y redacción de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002 -2003), Director de la Fundación Ideas para la Paz (2004 – 2006) y Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional (2006 - 2010).

Martha Ruíz Editora de Seguridad y Justicia de la revista Semana

Es comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia con especialización en Televisión de la Universidad Javeriana y magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Realizó estudios en reportería de guerra con Jon Lee Anderson, de crónica periodística con Alma Guillermoprieto y ha participado en varios seminarios internacionales de periodismo. Trabajó en la Revista Cromos y en programas periodísticos de televisión como "Genio y Figura" de Caracol, "Zona Franca" en Señal Colombia, "Hechos y Personajes" en Canal Uno y "Bogotá Cuenta" en el Canal Capital. También fue coordinadora de la Especialización en Periodismo de la Universidad de los Andes y del Proyecto Antonio Nariño para la defensa de la libertad de expresión. Es autora del libro "Esta ciudad no me quiere" y coeditora de "Bajo todos los Fuegos" (2002).

Guillermo Rivera Flórez Representante a la Cámara por el Partido Liberal

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en derecho administrativo y Máster en Ciencia Política, Economía y Relaciones Internacionales. En 1998 fue Secretario de Gobierno en la Gobernación del Putumayo. En marzo de 2002 fue elegido, entre las listas del Partido Liberal, como Representante a la Cámara por el Departamento de Putumayo. En esta corporación se desempeñó como Segundo Vicepresidente, periodo en el cual citó a más de 38 debates en la Comisión Segunda y 4 en plenaria y presentó más de 18 proyectos de ley y actos legislativos. En el año 2006 fue reelegido, como Representante a la Cámara por el Departamento del Putumayo. Hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente y es miembro de la Comisión de Paz.

Gustavo Petro Ex-Senador de la República y Ex-Candidato Presidencial

Economista de la Universidad Externado de Colombia con una especialización en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, una maestría en Economía de la Universidad Javeriana y un doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas de la Universidad de Salamanca en España. En 1991 fue escogido como Representante a la Cámara por Cundinamarca, cargo que repitió en 2000, esta vez, por Bogotá. Fue agregado diplomático en Bélgica y se ha desempeñado como docente de las universidades Central y Externado de Colombia. En 2006 fue elegido como Senador de la República y para las elecciones de 2010 se convirtió en el candidato a la presidencia del Polo Democrático Alternativo.

Donny Meertens Coordinadora del informe Tierra en Disputa. Grupo de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR-

Antropóloga de la Universidad de Ámsterdam con doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Nijmegen (Holanda). Ha trabajado durante más de veinte años en Colombia en temas de género, desarrollo y conflicto, con particular énfasis en género y desplazamiento forzado. Fue asesora de género del ACNUR en Colombia y directora del Programa de Paz y Seguridad de UNIFEM en Bogotá. Actualmente es profesora de las universidades Pontificia Javeriana y Nacional de Colombia y coordinadora del Informe sobre Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Ha publicado numerosos artículos y varios libros, entre ellos “Bandoleros, Gamonales y Campesinos, el caso de la violencia en Colombia” (2006 [1983] con Gonzalo Sánchez), “Tierra, violencia y género” (1997) y “Colombia: brechas, diversidad e iniciativa” (2006, varia coautoras).

General (r) Jorge Enrique Mora Rangel Ex-Comandante Fuerzas Militares

Durante 42 años hizo parte del Ejército Nacional, desempeñándose hasta noviembre del 2003 como Comandante General de las Fuerzas Armadas. Como gestor de la reestructuración del Ejército, sacó adelante proyectos como la organización de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y la creación de la Aviación del Ejército. A partir de ahí, con la colaboración de las otras Fuerzas, apoyó el Plan Patriota. En el 2006 fue designado Embajador Residente de Colombia ante el Gobierno de Corea. Actualmente, se desempaña como asesor de seguridad de la Gobernación de Cundinamarca y Director del Centro de Estudios Regionales Estratégicos de la Universidad Sergio Arboleda.

Marcela Prieto Botero Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política –ICP-

Politóloga de la Universidad de los Andes con Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Ha sido profesora de políticas Públicas, en la facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y se ha desempeñado como asesora en diversas campañas políticas, consultora nacional e internacional de instituciones tales como Oxford Analítica y de la OEA, entre otros, y como asesora del Ministerio del Interior y de Justicia. Sumada a su calidad de Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, es la Editora de la revista Perspectiva, fue columnista del Diario La República y actualmente es analista del diario Portafolio.

En esta parte de la memoria, se compilan de manera resumida las principales ideas de los conferencistas y panelistas que participaron en la Serie Houston el 4 y 5 de diciembre de 2010. El evento consisti贸 en tres paneles que contaron con un presentador general del tema y 4 panelistas. Cada panel fue precedido por una conferencia relevante al tema general del evento: La tenencia y el uso de la tierra en Colombia. En esta secci贸n se encuentran las ponencias y conferencias resumidas, para leerlas en su totalidad, incluyendo el momento de preguntas y respuestas que se dio al final de cada panel y conferencias, puede remitirse al CD adjunto a las memorias.

En la foto: Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Durante la conferencia, el experto Van der Auweraert analizó las experiencias de países como Iraq y Turquía sobre la reparación administrativa y la restitución de tierras, haciendo énfasis en las lecciones aprendidas y su posible aplicación al contexto colombiano. Su conferencia giró alrededor de seis componentes: 1. Experiencias Internacionales en la Restitución de Tierras A lo largo de este componente, el conferencista compartió su experiencia en la restitución de tierras en contextos de conflicto interno y/o violento. Específicamente, se abordaron los casos de Bosnia, Iraq y Turquía: Peter Van der Auweraert. OIM.

• Bosnia: La experiencia de restitución en Bosnia se considera exitosa porque en sólo 10 años, se restituyeron 300.000 propiedades. Sin embargo este caso excepcional no tiene mucha aplicabilidad en el contexto colombiano, al considerar que los procesos de restitución se llevaron a cabo bajo el liderazgo de la comunidad internacional y la influencia ejercida por ésta en el gobierno. • Iraq: En el caso de Iraq, se conformó una Comisión de Restitución de Tierras después de la caída del antiguo régimen. Los procesos de restitución llevados a cabo en este país, han sido facilitados por la existencia de una administración burocrática que formalizó la titulación y registro de propietarios de las tierras. A partir del año 2004, la comisión ha recibido alrededor de 160 mil casos de restitución, sin embargo, a la fecha menos del 30% de casos se han resuelto, debido a que la Comisión se ha movido de procesos de restitución (20%) a compensaciones (85%). • Turquía: El gobierno turco estableció un programa para restituir a las personas que fueron desplazadas durante los períodos de conflicto de los años 90', y quienes no habían podido regresar a su propiedad. Sin embargo, debido al surgimiento de 300.000 reclamos compensatorios, el programa se centró en la compensación y no en la restitución. Sobre las experiencias internacionales en la restitución de tierras, el señor Van der Auweraert resaltó que cada proceso debe adaptarse a la complejidad de los contextos particulares, favoreciendo un abordaje descentralizado no tradicional.

2. Restitución y la situación de pre-desplazamiento El experto internacional reflexionó sobre las complejidades en el proceso de restituir los derechos, especialmente derechos informales. Asimismo se cuestionó sobre si esta restitución debería realizarse en el marco de una reforma o de un retorno a un estado de cosas previo al desplazamiento, en especial cuando este estado de cosas corresponde a una situación de desigualdad en el acceso a la tierra. También se consideró el hecho de que una vez las personas han sido desplazadas y han ocupado un nuevo territorio, usualmente urbano, existe la posibilidad de que la intención de volver haya desaparecido. En el caso de Turquía, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes, hijos de las personas desplazadas que ocupaban nuevos territorios, optaron por no volver. Devolver la tierra no significa obligar a la gente a volver a la tierra.

3. Restitución y urbanización del conflicto No es casualidad que paralelamente al conflicto y desplazamiento rural exista un crecimiento de la población urbana, que acrecienta una tendencia mundial hacia la urbanización de las poblaciones: más del 50% de la población mundial habita en ambientes urbanos. La restitución en esta situación, debe hacerse desde el sentido amplio, que incluye una perspectiva de desarrollo y de derechos, teniendo en cuenta que es posible que las personas restituidas, al volver a sus tierras, se encuentren en una situación tan o más precaria a la que se encontraban antes de la restitución. Esto pone de frente la posibilidad de disociar la restitución del retorno al lugar de origen y el reconocimiento de que no existe una conexión entre devolver la tierra y obligar a las personas a retornar a su lugar de origen.

4. Restitución y disputas de tierra Durante los procesos de restitución es posible que se presenten diferentes tipos de conflictos: • Conflictos recurrentes: (i) un ocupante actual y un reclamante; (ii) un ocupante actual y varios reclamantes y; (iii) un ocupante actual y un(os) heredero(s). En estas situaciones, los procesos de restitución se facilitan cuando existe documentación y registros suficientes sobre la historia de las propiedades, pero se complican cuando ocurre lo contrario, y aparecen varios reclamantes/herederos para decidir sobre un proceso de restitución, agravando la situación al tener expectativas diversas sobre qué hacer con la tierra. • Conflictos de linderos: en este tema deben considerarse dos preguntas, ¿Qué hacer cuando hay gran cantidad de linderos y títulos informales? y ¿Cómo evitar el abuso de los grandes terratenientes que buscan comprar a los restituidos a precios muy bajos?.

5. Aspectos institucionales de la restitución Se debe tener en cuenta el tipo de dinámica institucional necesaria según el contexto. El proceso administrativo debe ser claro y disponible para todos los beneficiarios. Es necesario buscar soluciones creativas y nunca olvidar la restitución simbólica. 6. La restitución y protección de personas y grupos vulnerables Es necesario asegurarse que las condiciones que causaron el despojo sean controladas antes de empezar la restitución. La restitución no implica olvidar la justicia y la verdad. Siempre debe tenerse en cuenta la creación de mecanismos para proteger a las personas más vulnerables.

Observaciones Finales Ante la pregunta hecha al experto sobre las recomendaciones para el proceso de restitución en Colombia y con base en lo que conoce del país, el señor Van der Auweraert consideró que se debe tener un sistema administrativo sencillo en lugar de una dinámica jurídica larga. El experto recomienda no perder de vista las realidades del país para hacer una reparación coherente, sin perder de vista las lecciones aprendidas en procesos similares en otros países y que sirven como referente para el caso colombiano.

Moderadora: Juanita León – Directora de La Silla Vacía La violencia en Colombia ha generado durante las últimas tres décadas el desplazamiento forzado de alrededor de 3,6 millones de personas (de acuerdo con el sistema de registro de Acción Social). Este fenómeno ha venido acompañado de una alta concentración de la tenencia de la tierra, estimándose que alrededor de 4 millones de hectáreas fueron dejadas por los desplazados. El gobierno ha asumido el reto de restituir las tierras a la población desplazada en un intento sin precedentes en la historia de Colombia. ¿Cómo hacer posible la restitución efectiva a la población desplazada?

Presentación: Diego Molano Aponte. Alto Consejero Presidencial y Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIALLa presentación a cargo del señor Molano abordó el tema sobre el reto que implica la restitución de tierras desde tres hipótesis: 1. Cómo restituir en medio de zonas donde hay violencia. No hay prosperidad sin restituir, sin sostenibilidad y sin superar la pobreza; 2. Debe haber zonas específicas de restitución y consolidación; 3. La restitución es un proceso integral. El número de desplazados en el país ha venido reduciéndose en los últimos tres años, lo que impacta la restitución. Cuando los indicadores de violencia se cruzan, dan como resultado unas zonas de concentración sobre las que se debe basar la restitución. La consolidación de esas áreas todavía con problemas de violencia, es fundamental. La apuesta del gobierno no es sólo restituir, es lograr reparación integral. ¿Qué tipo de esfuerzo se debe hacer para lograr esto? Se deben fortalecer las zonas de retorno y consolidación dando de manera integral a todas las personas salud, educación, seguridad, tierras, etc. También se debe hacer focalización en el programa “Retornar es vivir”, en el que la gente vuelve con mucho esfuerzo de manera voluntaria dándole las condiciones de seguridad y dignidad. Es importante hacer los retornos pues estos tienen efectos reparadores y apuntan a la reconciliación.

Acción Social, a través de la estrategia “Juntos” que se da a nivel nacional, ha hablado con 2000 familias que tienen la percepción que la seguridad ha mejorado y que algunos de los derechos se están garantizando en medio de grandes retos. Estas familias están en programas piloto que están dando señales e indicadores importantes para saber cómo se debe hacer el retorno correctamente a todo nivel. El director de Acción Social reflexionó sobre ¿cómo se da un buen retorno en la práctica? Es importante verlo con ejemplos como en el caso del Oriente Antioqueño que en compañía del gobierno local y la sociedad, en un esfuerzo integrado de coordinación sistemática y haciendo inversión social, se lograron retornos en los municipios de San Carlos y San Francisco. Se debe resaltar que Medellín tomó una decisión importante y ejemplarizante para todo el país: apoyar el esfuerzo de retorno y sostenibilidad de estos municipios en lugar de limitarse a atender la población vulnerable en la ciudad. En conclusión se debe concentrar el esfuerzo en retorno, reubicación y consolidación con miras a una seguridad integral, mientras se garantizan educación, salud, proyectos productivos y vivienda. Se debe tener en cuenta la seguridad, puesto que hay violencia presente que puede poner en riesgo los procesos de restitución con amenazas y problemas de seguridad, como es el caso en los Montes de María. El señor Molano termina su presentación recordando al auditorio que “un buen retorno es un buen retorno de todos”.

Panelista: Michael Reed-Hurtado. Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT – Colombia) Como experto en la concepción y práctica de la justicia transicional, el señor Reed hizo una ponencia que giró en torno a cinco reflexiones importantes a partir de la presentación del panel: 1. El riesgo de aplicar medidas de Justicia Transicional a destiempo. El destiempo es problemático en dos instancias, una es la materia penal en la que se puede alertar a los perpetradores que tendrían tiempo de destruir evidencia, evadir la justicia y sabotear procesos; y la segunda área problemática es en materia de verdad: se corre el riesgo no sólo de no confrontar sino de institucionalizar relatos parciales y la Comisión de la Verdad puede perder legitimidad. Reparar a destiempo conlleva a futuras reparaciones. La restitución incluye nuevas vulnerabilidades por lo que es importante revelar nuevas amenazas. 2. Una vez lo jurídico esté definido, nuevas violencias revestidas en la lógica del mercado abierto pueden presentarse, esto quiere decir que una vez los propietarios superan la incertidumbre jurídica, se aumentan las presiones económicas y armadas para “conducir” al propietario a la venta de sus tierras. Por ello los mecanismos de protección a todo nivel son necesarios.

3. Es importante recordar que el despojo está revestido de intencionalidad, no es solo producto sino que es explicativo del conflicto; es claro que muchas víctimas no fueron despojadas y desplazadas como consecuencia del conflicto, sino que el despojo y la violencia para apoderarse de sus tierras explica el conflicto, por lo tanto el análisis debe incluir los patrones de acción e intenciones de los despojadores. 4. La protección es fundamental. Según cifras de ACNUR, hay un 35% de asesinados que son líderes y restituidos en los departamentos de Córdoba, Sucre y Urabá, por lo que existen fuertes dudas sobre la seguridad en un eventual proceso de restitución de tierras, ¿cómo restituir cuando no se puede garantizar la vida? 5. Los predios problema. En el pasado ha habido dificultades grandes y es necesario prestarles atención en sus diferentes modalidades, especialmente en cuanto a los riesgos de seguridad de las personas que los ocupan. De igual manera, en el manejo de los predios problema se debe tener en cuenta que muchos desposeídos, actuales tenedores y posibles restituidos están en condiciones precarias de subsistencia. En conclusión es importante aprovechar las oportunidades, pero diciendo lo que hay que decir y previendo riesgos; se debe mirar las fortalezas de las organizaciones sociales y sobretodo; se debe avanzar con precaución.

Panelista: Iván Cepeda. Representante a la Cámara El señor Cepeda afirmó que la reparación debe ser un doble proceso: devolución y desmantelamiento de organizaciones criminales de tal forma que se dé realmente la garantía de No Repetición a las víctimas despojadas; teniendo en cuenta que la reparación efectiva se fundamenta en la estabilidad fiscal y en que el Estado pueda pagar realmente por los gastos que implican las indemnizaciones y restitución de tierras. Aunque son muchas las críticas y necesidades de definición o replanteamiento del proyecto de Ley, algunas áreas principales donde se debe trabajar mejor la ley son: •

La definición de temporalidad. Se afecta víctimas totales de 1993 a 2011, lo que implica que no toma en cuenta la realidad y los hechos sucedidos en los ochentas y sus víctimas. De igual manera al limitarlo a 2011 no reconoce lo que está ocurriendo actualmente y las víctimas que en este momento están siendo desplazadas, despojadas y sufriendo actos de violencia.

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No se tienen en cuenta las tierras urbanas ni los desplazamientos intraurbanos en el análisis de la problemática de despojo y desplazamiento.

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El alcance es insuficiente en cuanto a institucionalidad y procedimientos.

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En la restitución no se tienen en cuenta los bienes, patrimonio y vivienda, lo que se constituye en una limitación de fondo para el retorno de las personas y las comunidades y para su sostenibilidad en el futuro.

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La protección a las víctimas, que está obviamente ligada a la garantía de no repetición. Es evidente que en las Zonas de Consolidación aún persisten las estructuras y aparatos criminales que causaron muchos de los problemas, uno de los ejemplos más claros sigue siendo Montes de María, donde en plena consolidación se dieron compras masivas de tierra por parte de consorcios y que el propio Ministro de Agricultura ha señalado como fraudulentas. De donde se desprende una pregunta clara: ¿Hay voluntad política para combatir los aparatos criminales?

El Representante Cepeda terminó resaltando la importancia de tener en cuenta todos los ajustes y procesos necesarios para mejorar la ley, pues de lo contrario se puede correr el riesgo de tener un buen instrumento desde el punto de vista legislativo que en la realidad genere un baño de sangre. La ley es una oportunidad para avanzar en la organización de las víctimas y en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y desde ahí se asume el debate en el Congreso.

Panelista: Alfredo Molano. Investigador El investigador y periodista Alfredo Molano inicia su participación asumiendo que el anuncio del Ministro de Agricultura de restituir 2 millones de hectáreas es posible de hacer, sin embargo, la principal pregunta en torno al proceso actual es: ¿Cómo hacer para que la restitución no sea cooptada? Y una parte de la respuesta está en la Ley 160 del 94 que creó las Zonas de Reservas Campesinas, modelo que merece ser tenido en cuenta en el marco del actual proyecto. Después de hacer un recuento histórico sobre cómo se crearon las zonas de reserva campesina, el panelista desarrolla algunos puntos sobre la actualidad de las zonas de reserva campesinas, así como algunos puntos sobre la figura en sí misma como parte del problema de despojo de tierras en el país:

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En la era Uribe se acabaron las Zonas de Reserva Campesina, debido a que “algunos militares dicen que son Caguanes chiquitos”.

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Si el campesino restituido no quiere volver a su predio y quiere vender la tierra, debe venderle a otro campesino y no a grandes tenedores, de tal manera que se garantice la vocación campesina de la tierra.

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Es necesario tener buen crédito para economías campesinas de tal manera que puedan sostenerse.

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Debe haber óptimas condiciones ambientales, lo que implica desarrollar planes de sostenibilidad. La gran propiedad debería tener licencia ambiental.

Para terminar, el señor Molano resaltó que el esfuerzo de las zonas de consolidación es válido y que la presencia de los militares es necesaria, sin embargo, la presencia del ejército debe ser para garantizar la seguridad y no para dirigir la restitución.

Panelista: Alejandro Reyes. Asesor Ministerio de Agricultura El señor Reyes abordó el tema del panel desde su posición como experto en el tema y asesor del Gobierno Nacional, y empezó diciendo que no debería sorprender a nadie que la recuperación de lo que se posesionaron los narcotraficantes sea restituido a los campesinos. En Colombia se debe tener claro cuánto se necesita de justicia reparativa y cuánto de justicia distributiva. El problema con el pasado (reparativo) es que no hay un modelo o estado de cosas al cual volver, debido a la economía falsa de la coca, la inflación de precios locales y la seguridad difícil; el presente (distributivo) basado en la restitución con buenas tierras y eficiencia económica. Se debe recuperar el tejido campesino al mismo tiempo que se debe recuperar la institucionalidad rural, la cual se llenó con actores de la sociedad civil que se convirtieron en la nueva institucionalidad, como por ejemplo los 20 programas de desarrollo y paz. La lógica a seguir en el proceso de restitución, es una combinación eficiente entre lo administrativo y lo judicial, puesto que ningún conflicto de tierras es sencillo. El señor Reyes terminó su intervención resaltando que aunque este es un proceso complejo que nunca será perfecto, hay que comparar la columna de cuánto cuesta hacer la restitución, con la columna de cuánto cuesta el no hacerla.

Presentación: Juan Camilo Restrepo. Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural El Ministro Restrepo realizó su presentación basada en cuatro puntos fundamentales alrededor de los compromisos y dinámicas del gobierno sobre despojo: restitución, normas transicionales, procedimientos y, mitos a superar. A manera de introducción, el Ministro aclaró que es importante entender que las víctimas del despojo de tierras son parte de un universo mayor que es el de las víctimas en general. La razón por la cual el gobierno de Santos decide ponerle cuidado al tema de restitución de tierras, es porque acepta que aunque no es victimario, sí es responsable de la deuda insoluta con las víctimas, entre ellas los despojados. El gobierno reconoce que hay dificultades gigantescas para lograr la restitución, pero esto no hace que se decline en la tarea y en la voluntad de lograrlo.

1. Restitución: • •

Es deber del Estado superar el estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional. No menos de 2 millones de hectáreas fueron despojadas, de estas se han devuelto hasta el momento 17 mil.

2. Normas Transicionales: • • •

Se restituirá a las víctimas desde 1993 a 2011. Se da la inversión de la carga de la prueba a favor del despojado. Habrá presunción de nulidad de las transferencias de propiedad, suspensión o terminación de la posesión, la tenencia o la ocupación.

3. Procedimientos: • • • • • • •

Se hará un registro de los predios despojados ante una Unidad Especial que se va a crear para tal efecto. La gestión de restitución de tierras despojadas, será una especie de catastro retrospectivo. El catastro se hará con geo referenciación y otras técnicas existentes. Es un catastro social con todo el rigor científico. Sólo se puede iniciar el procedimiento en relación con predios registrados. Procedimiento sumario ante las salas agrarias de los tribunales superiores de distrito judicial. Restitución de la propiedad y posesión despojada. Si por alguna razón no es posible restituir al despojado, éste será compensado. Compensación a terceros de buena fe exentos de culpa.

4. Mitos a superar: • • • • •

La ley propicia el abuso contra propietarios legítimos que serán acusados de despojadores y pesará sobre ellos la inversión de la carga de la prueba. La ley genera inestabilidad de la propiedad. Los adquirientes de buena fe perderán sus derechos. El Estado expropiará a propietarios legítimos. La restitución de tierras generará una guerra civil.

Para concluir su presentación, el señor ministro resaltó que una vez sea aprobado el marco jurídico de la ley, la lógica de restitución será focalizada, empezando por aquellas zonas de mayor densidad de despojo hasta las de menor densidad. Estos son los primeros pasos hacia la reposición y el pago de la deuda histórica del país, por eso todos los sectores deben unirse alrededor de lograr la reparación.

La conferencia analizó los retos jurídicos que se presentan en el marco de la política de restitución de tierras contemplada dentro de la ley para la atención y reparación de las víctimas. El análisis se desarrolla en tres partes: (i) se hace referencia a la restitución de tierras en la ley de víctimas; (ii) se analizan las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales y los fallos de la Corte Constitucional en materia de derechos humanos y su importancia en el tema; (iii) se mira la restitución a la luz de estándares internacionales y los retos que estos estándares proponen.

Yamile Salinas. Indepaz.

La asesora sugirió que como punto necesario para alcanzar la paz, es necesario incluir los estándares internacionales dentro del bloque de constitucionalidad de Colombia, dichos estándares se basan en los principios internacionales en materia de restitución (principios Deng y Pinheiro).

Asimismo reflexionó en cuanto a vacíos y limitaciones que tiene la política de restitución de tierras, como el desconocimiento de la ley ante la restitución de la vivienda no sólo de la tierra; algunas fallas dentro de la ley a la protección efectiva de la tierra; fallas en cuanto al esclarecimiento de crímenes ligados al desplazamiento, tanto por actores ilegales como legales; vacíos en la diferenciación de víctimas dictada por la Corte Constitucional mediante sentencia; fortalecimiento de la justicia transicional y; la armonización legislativa y de otros proyectos con la restitución de tierras. Se concluye que es necesario revisar los vacíos y limitaciones de la ley, la necesidad de ajustarla a estándares internacionales y de armonizar estos estándares al caso colombiano, y por último la necesidad de lograr una congruencia de la política con los fallos y mandatos que hace la corte constitucional sobre el tema de victimas y restitución.

Moderador: María Victoria Llorente – Directora Fundación Ideas para la Paz Para avanzar hacia un desarrollo rural sostenible, estabilizar la población en el territorio y hacer un uso adecuado de las tierras es indispensable promover una articulación más eficaz de las políticas agraria, minera, ambiental, de ordenamiento territorial y otras. De igual manera, un desarrollo rural efectivo parece imposible sin políticas claras que promuevan una solución eficiente de los conflictos entre la vocación, el uso y la ocupación de los suelos. Colombia debe definir con claridad los criterios para promover el uso adecuado y productivo del territorio. ¿Está el país preparado para este reto?

Panelista: Santiago Tobón. Asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural El señor Tobón, en su calidad de asesor del Ministerio y experto sobre el tema en el país, puso sobre la mesa algunos puntos de discusión acerca de cómo se debe abordar el problema del desarrollo rural y el uso de la tierra. El primer punto de discusión que se debe tener en cuenta es el de las zonas de reserva forestal, puesto que hay 9 millones de hectáreas que están por fuera del régimen de reserva y 6 millones que son zonas de reserva y están pobladas. El segundo punto es que se necesita reglamentar el cierre de la frontera agrícola, pues la ley sobre la que se actúa hoy en día es obsoleta y se están destruyendo las reservas forestales y las zonas boscosas. Colombia debería tener mucha más agricultura y más productos de exportación, así como un mejor uso del suelo. El reto principal actual es tener una política que responda a las necesidades de la agricultura y de una ganadería tecnificada y concentrada y no un sistema de incentivos para cada sector y sin un entendimiento de lo agropecuario en general.

Panelista: Luis Jorge Garay. Investigador Como representante de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, el señor Garay considera importante dar a conocer algunos de los resultados de la II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010 hecha por la citada Comisión y que entre otros puntos, resalta los siguientes: Mandato de verificación:

• Es importante hablar de la diversidad de cifras que existen sobre este tema, esta encuesta se hizo en 10433 hogares y es un verdadero estudio probabilístico; las cifras de Acción Social no se pueden extrapolar porque no son probabilísticas. El estudio de la comisión se basó en los patrones de desplazamiento. • Abandono y despojo no son lo mismo. Sólo el 22% de los desplazados sabe que pasó en su tierra, el 48% piensa que sigue abandonado y el 28% no tiene idea. • ¿Qué pasa con el abandono forzado? El 68% dice “soy propietario”, sólo el 21% tiene escritura registrada y el 9% escritura no registrada. • El patrimonio está en el conjunto de bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo animales para ingresos agropecuarios. • Es erróneo pensar que el pagar por la restitución contemplada en el proyecto de ley no es costoso, pues no es sólo el dinero que vale la tierra, sino es lo que cuesta garantizar la sostenibilidad de la capacidad de subsistir de los restituidos, cuando la mayoría de ellos está por debajo de la línea de pobreza. En cuanto al desarrollo rural:

• El país tiene un agotamiento de los modos productivos. • Se debe reestructurar no sólo la minería, sino todos los sectores. • El territorio es la unidad productiva clave del país. • Es necesario reducir y desmontar el rentismo, cambiar la estructura y montar un mercado de tierras. • El 40% de los abandonos forzados fueron: colectivos, más de 10 personas ó grupales, entre 3 y 10 hogares. Este fue un crimen sistemático provocado por grupos legales e ilegales con lo que se produjo ruptura del tejido social. Se requieren entonces nuevas formas de asociación campesina que permitan salvaguardar en contra de los grandes proyectos productivos. Se requiere una cadena interinstitucional que garantice no solo seguridad física sino humana. • Hay que aprovechar el capital humano y el capital de los activos que tenían los despojados. • La regla fiscal: debe haber una consulta clara de la capacidad de pago. El señor Garay concluye diciendo que se debe hacer un proceso de reparación integral, distributiva en equidad, que consulta el equilibrio fiscal. El elemento distributivo en equidad es fundamental porque si va a haber restitución, no es lo mismo restituirles el 100% a los latifundistas que el 100% a los pequeños propietarios.

Panelista: José Félix Lafaurie. Presidente de Fedegan El señor Lafaurie inició su intervención aceptando que en el país hay un entorno socioeconómico que es una realidad: hay una crisis de pobreza que genera nuevos retos de producción. La Food and Agriculture Organization (FAO) dice que los países que aportarán en 2030, las hectáreas necesarias para producción de alimento en el mundo serán seis: Sudán, Congo y Angola en el África; más Bolivia, Brasil y Colombia en América del Sur. Ante dicha perspectiva, la tierra debe ser un activo productivo en todo el país. Es por ello que FEDEGAN reconociendo el pasado, presente y futuro, desarrolla una propuesta para una política de desarrollo rural en Colombia, la cual puede ser consultada en el documento: “La tierra y el desarrollo rural en Colombia: Una propuesta de política pública”, publicado por Fedegan en noviembre de 2010. La propuesta se basa en seis pilares metodológicos fundamentales: (i) actualizar el inventario nacional de tierras; (ii) fijar la rentabilidad, promedio nacional anual, para cada actividad económica del sector agropecuario; (iii) establecer los avalúos catastrales “diferenciados”; (iv) fijar las tarifas del impuesto predial “diferenciadas” y “progresivas”, en al menos tres categorías: pequeña, mediana y gran escala; (v) fijar un régimen de sanciones por contravenciones al régimen de vocación del uso adecuado de la tierra y; (vi) fijar un régimen de estímulos para la inversión, por el uso adecuado y el desarrollo sostenible y sustentable de las tierras. El señor Lafaurie afirmó que al final lo que se busca es no continuar con el conflicto entre la tierra y su vocación.

Panelista: Luis Fernando Forero. Secretario General de la SAC El señor Forero, en representación de la Sociedad de Agricultores de Colombia consideró importante que el país sepa que la SAC no frena los procesos, solo expresa los riesgos posibles de la información. La SAC cree que debe blindarse el proceso tanto para la víctima como para el tenedor o “propietario” de buena fe y que debe tenerse en cuenta el desempeño del sector agropecuario en su totalidad. Para cualquier debate y proyecto sobre tierras se debe reconocer la multifuncionalidad de la misma. De igual manera el señor Forero resaltó que debe crearse una institucionalidad fuerte que le apunte y genere desarrollo sostenible en lo social y lo productivo y que tenga la capacidad de generar empleo para que realmente se convierta en locomotora de lo agrario.

Durante la conferencia se presentaron los puntos más importantes del informe PNUD para Colombia 2011, focalizado en tierras y los principales problemas que se presentan en Colombia alrededor del campo y sus pobladores. El informe hace énfasis en: la vulnerabilidad de la población rural, la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, la alta concentración de la tierra, los problemas que tendría una política de restitución sin pensar un cambio integral en la estructura de la tenencia, la discriminación de las minorías y en especial del campesinado y la falta de democratización y de atención al desarrollo humano de esta población por parte del Estado, la sociedad y del mercado.

Absalón Machado. Coordinador Informe PNUD.

A su vez mencionó la necesidad de la implantación de una política de restitución de tierras integral, enmarcada en lo que se denomina como “una reforma rural transformadora” que incorpora de manera integral al Estado, la sociedad y el mercado. Esta tiene como principales objetivos: la sostenibilidad, la ampliación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la intervención del Estado para lograr un buena reparación y redistribución de la tierra, una apuesta política por lo rural y la integración de lo rural a la escena política, la seguridad y el control del territorio, la modernización y el mejoramiento y fortalecimiento de la institucionalidad que gira en torno a la tierra y a lo rural en Colombia.

Moderadora: Martha Ruiz – Editora Revista Semana Los altos niveles de inseguridad en diferentes zonas rurales colombianas, acompañados de problemas estructurales como la deficiente infraestructura física, la informalidad e ilegalidad en la tenencia de tierras y la debilidad de las políticas de desarrollo rural son una barrera para el desarrollo del sector agropecuario nacional colombiano. Históricamente, ha habido una interrelación entre la imposibilidad de garantizar el derecho de propiedad de la tierra por parte del Estado y los niveles de seguridad del campo, lo que ha llevado a millones de colombianos a abandonar sus tierras. ¿Estamos frente a un nuevo panorama que garantice la seguridad de la población que decida retornar a sus tierras?

Presentación: Sergio Jaramillo. Alto Consejero para la Seguridad Nacional La presentación realizada por el señor Jaramillo giró en torno a unos puntos críticos en la política de restitución de tierras y a la gran importancia que tiene la institucionalización de las mismas tierras, no sólo para hacer que ésta política se lleve a cabo, sino para que con el tiempo el programa de consolidación sea positivo. La presentación se realizó en torno a cuatro problemas que son: (i) la visión macro del ordenamiento territorial; (ii) la información que se tiene sobre estas zonas; (iii) la inexistente infraestructura de las diferentes regiones y; (iv) cómo hacer de ese campo un campo productivo. En cuanto al proceso de consolidación de la política de tierras, se señalan cuatro puntos de gran importancia para lograr su efectividad: la visión del territorio; los planes concretos de información; los mecanismos de funcionamiento para la intervención y; que toda ayuda o intervención debe ser hecha de forma ordenada y secuencial para lograr mejores resultados. Esto enmarcado en un esquema de seguridad integral que sea aplicado antes que empiece la política de restitución de tierras y su posterior titulación, con el ánimo de asegurar el bienestar y la tenencia de la tierra de los campesinos. En conclusión, este proceso se debe hacer de manera gradual: por fases y con tiempo y se debe manejar con cuidado las expectativas, al basarse en realidades y no en metas agregadas.

Panelista: Guillermo Rivera - Representante a la Cámara La intervención realizada por el Representante Guillermo Rivera comenzó con un breve recuento histórico de la tenencia de la tierra y su concentración en Colombia desde el siglo XV, esto con la intención de ilustrar el problema de seguridad y plantear tres grandes desafíos que se tienen hoy en día respecto al tema: el primer desafío está relacionado con la ley de reparación de victimas en cuanto a la capacidad de restitución y titulación y saber cuál va a ser el alcance del proyecto. El segundo gran desafío propuesto se enmarca en la ley general de tierras y hace referencia a la contemplación dentro del proyecto de un proceso de democratización de la propiedad rural, además de una ordenación territorial productiva y un criterio general de desarrollo integral que contenga marcos en lo social, económico y cultural. Como tercer desafío se propone un rediseño de la política de seguridad y un replanteamiento de los objetivos que tendría que pasar de una lucha contra los grupos ilegales a un esquema más social y en el que se tenga en cuenta un seguimiento de los casos y se evite por todos los medios el abandono de la población posterior a la restitución y titulación de tierras.

Panelista: General(r) Jorge Enrique Mora Rangel. Ex-Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia La intervención del General Mora giró en torno a la seguridad, la guerra y la tierra. Empezando por un breve recuento histórico de los actores que son los primeros y principales responsables del despojo en Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia y su relación con la tenencia de la tierra. Como punto principal de su intervención, el General Mora mencionó la seguridad como el factor más importante del proyecto, que a su vez debe ser integral e incluir de forma activa y profunda a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, esto debido a que el conflicto no ha terminado y el proyecto de restitución comenzará y se ejecutará dentro de ámbitos de violencia. Se insiste en que lo judicial y lo jurídico deben estar en concierto con la seguridad y las acciones de la fuerza pública y el gobierno debe ser cuidadoso en que estas instancias no se politicen. El General concluye resaltando la importancia de generar procesos donde la acción militar y policiva tenga respuesta y acción concreta en otras instancias del gobierno, de tal manera que haya acciones coordinadas y más efectivas, especialmente viendo hacia futuro las necesidades y retos de seguridad que traerá consigo un proceso de restitución.

Panelista: Gustavo Petro, Ex-Candidato presidencial La presentación del ex-candidato presidencial y ex-senador, se centró en la posibilidad y la efectividad de la aplicación del proyecto de restitución de tierras y reparación de víctimas en Colombia. El ex-senador demostró que el territorio ha sido y es un factor e instrumento de poder en la sociedad colombiana. A partir de 1983 y de la importancia de la tierra se ve el fenómeno de los desalojados y de los usurpadores de la tierra en cabeza de los narcotraficantes y la creación de una nueva clase que se puede denominar una “clase mega-narco-terrateniente” con un gran control y concentración de la tierra en el país, debido a la ruralización del narcotráfico. La propuesta que se plantea es la de la integración de la política de restitución y de reparación a la política antinarcóticos, de tal manera que se tenga una política articulada, con la intención última de lograr una reconciliación en la totalidad del territorio colombiano. Asimismo, se debe construir democracia desde lo local.

Panelista Donny Meertens, Coordinadora del Informe Tierra en Disputa Teniendo en cuenta que el despojo es una cadena de múltiples acciones y actores que van de la violencia a la legalidad, la señora Meertens hizo su presentación alrededor de cuatro problemáticas de seguridad que son: (i) el despojo armado de las tierras; (ii) el despojo de aguas y playones en el cual se hace un énfasis en las ciénagas y su usufructo; (iii) la reforma agraria en reversa como denomina el informe a la venta de predios colectivos adjudicados por el INCORA y el INCODER y; (iv) la venta forzosa y la compra masiva de tierras. Estas problemáticas están enmarcadas en un estudio de casos específicos desarrollados y analizados en el informe de la CNRR en donde se encuentran casos de los departamentos de Córdoba y Sucre y de las diferentes modalidades de despojo que se presentaron en estas zonas. La panelista mencionó una serie de propuestas importantes para la seguridad integral de las poblaciones a quienes iría dirigida la ley de restitución de tierras. Las propuestas son: depurar y blindar la institucionalidad local, condonar las deudas de la población víctima, un enfoque de género en la protección y titulación de tierras reconociendo la vulnerabilidad de la mujer propietaria y como último punto, el rediseño del modelo de desarrollo rural. La investigadora Meertens, igualmente resaltó la importancia de la memoria, en este caso particular, la memoria de la resistencia campesina. Hay líderes que están recuperando su tierra pero están desterritorializados. Es importante hacer una acción integral que le permita al campesinado ser un actor político – social legítimo, portador de confianza y que basado en el capital social existente, empiece la reconstrucción del tejido social.

En la foto: Juan Felipe Palau, Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín

La sociedad civil, los grupos empresariales y el Estado son conscientes de la importancia de llevar a cabo una política integral de tierras como la base para el desarrollo social y económico del sector rural colombiano, incluyendo variables que se interrelacionan de una manera que nunca antes se había hecho en Colombia. Por tal razón, aplauden la iniciativa del gobierno de llevar a cabo la mayor reforma estructural de su historia: una política integral de tierras. El proyecto de restitución de tierras presentado al Congreso de la República busca establecer mecanismos administrativos y judiciales que permitan, entre otras cosas, restituir los derechos de propiedad de quienes han perdido la tierra a causa de la violencia en Colombia. El gobierno nacional ha mencionado que esta iniciativa –que ha sido contemplada como un capítulo adicional del proyecto de ley de Víctimas– es el primer paso para la incorporación de una política integral de tierras y, sin duda, es un avance significativo hacia una política que introduzca temas de igual o más trascendencia, como lo son el uso de la tierra, los mecanismos de acceso, la formalización de los derechos de propiedad, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial, entre otros. Bajo este panorama, la Embajada de Estados Unidos, con el apoyo técnico de USAID y la coordinación de Partners Colombia, ha abierto un espacio en el que diferentes sectores se han unido a discutir acerca de los principales temas en torno a la tenencia y el uso de la tierra en Colombia, a través del Seminario Serie Houston 2010. La serie Houston 2010 se trabajó a partir de tres grandes temas: 1. Reparación y restitución de tierras, un reto de grandes proporciones; 2. Desarrollo rural y uso de la tierra; 3. La tenencia de la tierra y los retos para la seguridad rural. Con el fin de estructurar la discusión, esta relatoría se desarrolla a partir de: puntos de acuerdo, elementos que hacen parte del debate, y retos.

Durante las discusiones, los panelistas estuvieron de acuerdo en que problemas en torno a la política de tierras en Colombia son de larga data, dado que la experiencia y la historia del país permiten identificar que existe una territorialidad del narcotráfico, grupos paramilitares y del campesinado armado vía guerrillas, lo cual ha impactado de manera directa la distribución y el uso de la propiedad, creando dinámicas muy particulares en el campo colombiano, relacionadas con el desplazamiento, desalojo, compra forzada del territorio o usurpación física del mismo. Para los participantes, superar el despojo al que ha sido sometida la población colombiana requiere de decisiones de fondo que garanticen a los reclamantes de la tierra y desplazados su seguridad física y patrimonial, a través de: • • • • •

Censos regionales de tierras y víctimas. Mejoramiento del sistema de información catastral. Inversión de la carga de la prueba. Revocatoria de las resoluciones del Incoder que afectaron los derechos a las víctimas. Normatividad especial para la restitución.

De igual manera, reafirmaron la importancia de desarrollar un proceso de restitución directa, que permita la cancelación de títulos de propiedad fraudulentos, que dé lugar a la adjudicación de baldíos productivos y que lleve al retorno de las personas desplazadas a sus territorios. Para ello se hace necesario que los primeros procesos de restitución se hagan de manera FOCALIZADA, pues esto garantizará cierto nivel de seguridad para las víctimas, al percibir el acompañamiento del Estado u organizaciones cooperantes del proceso.

Conflicto En Colombia los problemas en torno a la tierra y la distribución han representado un problema social estructural a lo largo de la historia, dado que múltiples conflictos se han desatado en relación con el asunto y no son pocos los afectados. La explicación del fenómeno se da en parte por el hecho de que en nuestro país la acumulación de suelo ha servido como una fuente de poder político y económico de las élites regionales. La forma ilegal como han sido transferidas enormes cantidades de predios rurales y, en menor medida urbanos, ha significado un retroceso en la distribución de la tierra en el país. Instituciones del Estado y organizaciones sociales han descubierto que, a través de procesos delincuenciales o fraudulentos, pequeñas parcelas de campesinos se han convertido en grandes fincas a nombre de un solo propietario y, han sido despojadas fincas que habían sido adquiridas o expropiadas por el Incora y luego parceladas y adjudicadas a familias campesinas.

Así las cosas y ante las tendencias consolidadas con el tiempo, como la concentración excesiva de los derechos de propiedad sobre la tierra, la baja productividad del campo y la subutilización de muchos suelos útiles, se le exige al país plantear una política de explotación agraria seria y con vocación de permanencia. Es por eso que el tema de la tenencia de la tierra en Colombia, su papel en la estructura agraria y los conflictos que se configuran a su alrededor estuvieron presentes en la mayoría de las ponencias sobre el problema agrario en Colombia. No podía ser de otra manera si se considera que el país ha desaprovechado distintas coyunturas históricas para resolver de manera estructural su cuestión agraria, y arrastra consigo un problema que hoy adquiere dimensiones diferentes a las existentes hace cincuenta años, en especial por la irrupción del narcotráfico en la compra de tierras, la expansión de los cultivos ilícitos, los vínculos de los diferentes grupos armados al margen de la ley con el narcotráfico y las pretensiones de dominio territorial que éstos ejercen en diferentes zonas del país. Se suma el aumento de los crímenes contra la población y el desplazamiento forzado, estrategias utilizadas como mecanismos de bajo costo para despoblar territorios, lo que permite a los actores armados ampliar su área de influencia, establecer mecanismos de control territorial, transportar armas y abrir corredores para el desarrollo de actividades ilícitas. Formalización del territorio y desarrollo rural Cabe recordar que muchos de los ponentes estuvieron de acuerdo en que uno de los principales problemas en torno a la formalización del territorio ha radicado en que, históricamente, las élites políticas y económicas del país, particularmente aquellas de orden regional, usaron la acumulación de tierras como una forma de ahorro privilegiada; por lo cual la innovación y el emprendimiento no tenían mayores incentivos. Al mismo tiempo se recordó que fue a partir de esa realidad social que se desencadenaron grandes conflictos en torno al suelo rural ya que, además del modelo que se había implantado, subyacía la existencia de un campesinado sin derechos de propiedad formales sobre la tierra, lo que era aprovechado por los grandes terratenientes para aumentar sus dominios territoriales. En los años recientes los problemas sociales en torno al campo se han incrementado y vuelto más complejos, principalmente por el exceso de tierras productivas subutilizadas en ganadería extensiva y concentradas en gran y mediana propiedad. La ganadería es una industria que utiliza la tierra de manera estacional, por lo que ésta permanece improductiva en varios periodos del año; la actividad ganadera raramente hace inversiones en tecnología sobre el suelo, por lo que la productividad no aumenta. Sin necesidad de atacar este importante sector de la economía, es necesario replantear el uso que se está haciendo de las tierras más productivas del país. Por otro lado, los intentos de reforma agraria en el país no han logrado una transformación significativa en la estructura de la propiedad. El funcionamiento del mercado asistido de tierras está condicionado a la disponibilidad de recursos del Estado para otorgar los subsidios a la compra de tierras, por lo tanto su dinámica es lenta.

Es así como la problemática de la tierra en Colombia se complejiza debido a la desigualdad en términos de distribución, fragilidad institucional alrededor de los derechos de propiedad, desactualización de la información catastral y los frecuentes conflictos que se generan por el uso del suelo. Tal situación llevó a que el capítulo de restitución de tierras del proyecto de ley presentado al Congreso, se enfocara en tres elementos principales: la figura de la carga de la prueba a favor de los despojados, la formación de una estructura institucional para el proceso de restitución y la delimitación de los aspectos procesales. Por otra parte, durante el seminario se habló del propósito de la nueva ley integral de tierras, la cual piensa hacer una fórmula de separación entre los derechos de propiedad y los derechos de usufructo de la tierra en Colombia. Dicha separación, para muchos, podría ser la base para la creación de un mercado de usufructos de la tierra con seguridad jurídica, que permita romper en Colombia con una estructura de rentas monopolistas de la tierra inoficiosa que excluye a la población campesina del acceso al territorio. Con eso se consolidarían: seguridad, posibilidades de eficiencia económica hacia el futuro y, reparación a las víctimas. Justicia transicional Los mecanismos de justicia transicional deben basarse en tres principios fundamentales: 1. El derecho a la verdad. 2. El derecho a la justicia. 3. El derecho a la reparación. Recogiendo dichos principios, la mayoría de los ponentes coincidieron en que la justicia transicional exige a los Estados la difusión y búsqueda de la verdad histórica y de programas de reparación integral a las víctimas, las cuales no deben quedar sujetas a una indemnización, ni ser condicionadas a la renuncia de otros derechos. En este orden de ideas, es fundamental destacar que la finalidad de la justicia transicional debe enmarcarse en la reconciliación, la cual no puede lograrse a costa de la memoria histórica ni de la justicia formal. En concordancia con la jurisprudencia constitucional y con los estándares internacionales en materia de reparación, la iniciativa de ley incluye directrices en cuanto a medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición. Con todo, en el seminario se llegó a la conclusión de que el proyecto de ley se esfuerza por crear mecanismos de construcción de memoria histórica, sin embargo no debe dejarse atrás el hecho de que la memoria no se construye por ley, sino que es un proceso social que implica el compromiso e involucramiento de todos los sectores. En el marco de la comprensión de los procesos de justicia transicional, varios de los ponentes discutieron en torno al concepto de víctima1 y a quién se reconocería como víctima dentro del proceso de restitución de tierras. En este sentido, el proyecto de ley señaló que se reconocerá como víctima a toda aquella persona que hubiese sufrido afectaciones a partir de 1991. Sin embargo, el público que participó en el seminario consideró que los años ochentas representan un momento en el tiempo que significó para el país una forma de violencia que dejó a las personas en condiciones de despojo de su territorio, simbolizando una década que merece ser reconocida y subsanada.

1 El proyecto de ley presentado al Congreso de la República señala que es víctima quien "individual o colectivamente ha sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales". Así mismo, lo es quien ha sufrido afectaciones patrimoniales o extrapatrimoniales, que si bien no tienen el carácter de derechos fundamentales, se constituyen en un detrimento para la integridad de la víctima.

Aunque los ponentes aplauden el esfuerzo de reconocimiento de las víctimas, la fijación del año parece contraria al principio de igualdad a las víctimas, pese a que la decisión temporal se sujeta a restricciones presupuestales. En este sentido, el impacto fiscal es un punto que preocupa dentro del proceso de restitución y reparación a las víctimas, dado que dentro del proyecto no son públicos los estimativos de sus costos, ni se conocen sus fuentes de financiación. En este orden de ideas, la voluntad de crear una justicia transicional no es suficiente para garantizar la plena y efectiva restitución de tierras a las víctimas. En efecto, la puesta en marcha de una justicia especial no significa necesariamente celeridad, eficacia y realización de los derechos de las víctimas, si no transciende las limitaciones de una justicia residual ajena al sistema judicial y si no cuenta con los recursos presupuestales suficientes para su plena operación.

Proyecto de ley de restitución de tierras Para la mayoría de los asistentes es claro que el proyecto de ley busca crear un mecanismo de restitución de los derechos de propiedad sobre la tierra, a aquellas personas que los han perdido por causa del conflicto y que en la mayoría de los casos han sido desplazados violentamente de sus lugares de residencia, viéndose obligados a abandonar sus propiedades dejando a la suerte los derechos que sobre ellas detentaban o, incluso, obligándolos a transferirlos por la fuerza. Tal situación ha demandado que los procesos de restitución y reparación deban enmarcarse en: 1. 2. 3. 4.

La creación de una institucionalidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras Reglamentación de un procedimiento judicial especial Garantía de derechos a las víctimas Establecimiento de un régimen penal especial

Según los asistentes, la conformación de una estructura administrativa que registre los predios objeto de despojo, brinde apoyo jurídico a los afectados e implemente herramientas de restitución y compensación es urgente para el éxito de este tipo de procesos. Al mismo tiempo, el procedimiento judicial y demás aspectos jurisdiccionales con miras a proporcionar un proceso transicional, ágil y flexible para titularizar los derechos de propiedad que han sido vulnerados en Colombia a causa del conflicto armado, son elementos esenciales que debe contener la ley.

En cuanto a la figura de la inversión de la carga de la prueba a favor de los despojados, el proyecto de ley presentado al Congreso señala en uno de sus apartes que, se introducirá una presunción legal a favor de los despojados, a quienes, siempre que sus predios se encuentren en una zona definida como afectada por el despojo violento, se les entenderá que el abandono o disposición de derechos de propiedad sobre sus tierras estará viciado por la fuerza, con lo que el acto jurídico que dio lugar a la situación de transferencia no generará efectos.

Esta presunción, para los panelistas, representa una ventaja para los despojados, pues bajo las herramientas normales del derecho, la tarea probatoria se convertiría en un imposible. Es necesario precisar que la fuerza de la presunción no es absoluta, es decir, queda abierto el espacio para que cualquier tercero que se considere con mejor derecho que el pretendido por el supuesto despojado, se acerque al proceso y ejerza su derecho de la debida forma. Al mismo tiempo se discutió en torno a los procesos de compensación en los casos que no fuese posible devolver el predio original o cuando las víctimas no pueden retornar a sus territorios por razones de seguridad.

Es necesario precisar que el proyecto de ley tiene un ámbito de protección amplio, pues no sólo protege a quienes detentaban el derecho de propiedad sino también a los poseedores, es decir, a quienes venían ocupando un predio sin un título jurídico válido, sino que lo ocupaban con la alternativa de ganarlo bajo la figura de prescripción adquisitiva, e incluso a los tenedores, que podían estar en el predio por cuenta de un contrato de arrendamiento. La intención del proyecto de ley es considerar que todos ellos tenían derechos adquiridos que fueron transgredidos por los violentos, por lo que merecen una reparación efectiva. Los asistentes están de acuerdo en la necesidad de que el proyecto se refine en cuanto a cómo serán los mecanismos de restitución o reparación en cada uno de esos casos, pues es cierto que son diferentes. Por ejemplo, es necesario saber si a quien se define como poseedor le será adjudicado un bien como propietario, independientemente del tiempo que reconozca ó, qué clase de reparación se le entregaría a un tenedor. Es comprensible que el proyecto dé amplias facultades de regulación al gobierno nacional, sin embargo sería deseable que el legislativo estableciera los lineamientos básicos para ese proceso.

En el desarrollo de la Serie Houston 2010 se concluyó que los procesos de construcción de paz son, antes que nada, proyectos complejos y de múltiples niveles que es imposible impulsar por la sola fuerza de las leyes, por lo que es necesario que se materialicen como un objetivo social. En Colombia, la iniciativa gubernamental que fue presentada ante el Congreso es un buen inicio para semejante objetivo, por lo cual, con ánimo de reiterar lo dicho, lo importante es que todos los sectores políticos y la sociedad civil tomen parte en el proceso. Esto no es una invitación de los participantes en el seminario a generar una unanimidad vacua en torno al proyecto. Lo necesario es incentivar un debate público serio y profundo, de forma tal que toda la sociedad tome parte en la elaboración de una ley de semejante importancia como la ley de víctimas. La ley propuesta es un buen comienzo pues está reivindicando el papel de las víctimas como gestoras de la reconstrucción social. Las medidas que introduce la iniciativa, así como el enfoque de la política de tierras que es complementaria a la ley, facilitan medios para que quienes han sido vulnerados por el conflicto armado, hagan las justas demandas a la administración y a la sociedad. De allí la importancia de reconocer que más allá de la Ley de Víctimas, el proceso de reconstrucción social que necesita Colombia requiere un fuerte compromiso de la sociedad, con el fin de atender las múltiples necesidades que surjan, sean ellas de tipo económico, cultural o incluso moral.

Es evidente que iniciativas como la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas son un giro importante en la política pública dentro del marco del conflicto armado en Colombia. Hay una evolución notable desde la preocupación necesaria por temas de seguridad, hacia una mirada más compleja y completa del conflicto. Más allá de las buenas intenciones que le acompañan y los halagos que merece, el proyecto de ley también será un escenario interesante para medir las condiciones políticas actuales del país y, más que todo, la solidez de la coalición legislativa que acompaña al actual gobierno.

Formalización del territorio y desarrollo rural En el bloque de desarrollo rural discutido durante el seminario, se habló del concepto “desarrollo rural hacia el inmediato futuro”2. El país tiene en el momento un agotamiento de las fuentes principales de crecimiento económico que por varias décadas usó, generándose la desindustrialización, la desagriculturación, la ganaderización extensiva y una terciarización no creativa. Hoy día Colombia está ad portas de avanzar a una nueva forma de reprimarización, a través de la minería. Para ello, se requiere que dicha reprimarización no sólo se concentre en minería sino en toda la reestructuración del desarrollo rural colombiano. Dentro de esta nueva concepción de desarrollo rural, es fundamental que la política pública y la estrategia de desarrollo partan de un concepto fundamental: - la unidad productiva -. Dentro de esta territorialización es fundamental avanzar en una caracterización clara de las medidas centrales, para reducir y desmontar el rentismo en Colombia. Es decir, para que funcione un mercado de tierras eficiente, se debe hacer un cambio fundamental en la estructura tributaria, en la estructura de los catastros y en la creación de un mercado de tierras.

También se hace fundamental el desarrollo de nuevas formas de producción de los campesinos, que logren no sólo mejores niveles de efectividad y eficiencia sino mejores canales de comercialización. Al mismo tiempo, es importante establecer una mayor capacidad de negociación contra los grandes productores, bien a través de la producción de alimentos o de insumos a las cadenas agro-alimentarias.

De igual manera, se requiere una intervención integral interinstitucional que establezca canales de seguridad, pero no sólo la seguridad militar sino la seguridad jurídica y seguridad humana en el proceso de retorno y restablecimiento de la propiedad, pues de lo contrario el proceso de restitución y desarrollo rural no será sostenible.

Proyecto de ley de restitución de tierras La mayoría de inconvenientes alegados tienen que ver con la sostenibilidad fiscal del proyecto, pues no es un secreto que la demanda de recursos públicos que genera es muy alta. Sin embargo, lo relevante en este caso es llevar la discusión a todos los sectores de la sociedad, con cifras ciertas y compromisos fiscales claros. No puede aceptarse que de entrada se diga que como no hay recursos se debe renunciar a una iniciativa necesaria.

2 Ver ponencia Luis Jorge Garay.

Otras voces señalaron que el proyecto no viene acompañado de una política agraria, por lo que no tiene futuro. Al respecto, los panelistas aclararon que el país requiere una política agraria integral, seria y discutida públicamente, sea que se asuma un modelo de desarrollo basado en la gran propiedad o en el pequeño latifundio. Lo cierto para los asistentes es que se necesita una estrategia articulada y discutida para lograrlo. Esta ley no está llamada a ser una política integral de tierras, pues su intención es restablecer la situación de la distribución de tierras, que tiene ya un desarrollo histórico muy importante; es a partir de ese punto que debe pensarse lo que va a hacerse a futuro con el campo colombiano. Quienes afirman que la iniciativa no tiene sentido para el futuro del campo, corren el riesgo de hacer que en Colombia la criminalidad y el despojo violento se conviertan en mecanismos legítimos de adquirir el dominio. Por otro lado, la fragilidad institucional del país, en relación con los derechos de propiedad y la precaria información catastral existente en algunas zonas rurales, llevó a pensar en la discusión en la importancia de definir y delimitar las funciones de cada una de las instituciones involucradas en el proceso de restitución, todo con el fin de evitar la duplicidad. Al mismo tiempo, se ve la necesidad de fortalecer y actualizar la información catastral a través del fortalecimiento del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), las oficinas de registro de instrumentos públicos y las oficinas de catastro. Igualmente, se hace importante aclarar los programas específicos de apoyo y asistencia a las víctimas a quienes se les restituye sus tierras y a quienes las abandonaron, de manera que las puedan explotar y aprovechar. La gran conclusión del debate se relaciona con el acuerdo entre diversos sectores políticos y de la sociedad civil en torno a la necesidad urgente de una reformulación de la política de tierras en el país. Para ello, se hace fundamental:

• Garantizar a los reclamantes de la tierra y desplazados su seguridad personal. • Que los grupos que se han apropiado del territorio ilegalmente entreguen la totalidad de las tierras. • El Congreso apruebe la ley de víctimas y restitución de tierras. • Se cree un mercado de uso de la tierra a través de la integración del sector al mercado de capitales. • Democratización de la propiedad rural. • Restablecer los derechos de los desposeídos. • Establecer estándares internacionales que garanticen el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. • Garantizar el derecho de la no repetición. • Lograr una inter institucionalidad efectiva. Queda por ver cuál será el desenlace de la iniciativa en el Congreso de la República y de qué manera el Estado enfrentará los obstáculos a los que sin duda se enfrentará la política de distribución y usos del suelo rural en el país.

Titulación

Lo que se busca con este tipo de programas es aclarar los derechos de propiedad. La principal meta es otorgar títulos de propiedad a aquellos hogares que vienen haciendo uso de la tierra y que no tienen un documento formal que establezca la tenencia legal de la propiedad. El registro de dichos títulos permite el acceso a mayor información por parte del Estado, lo que lleva a su vez a aumentar la base de recolección de impuestos y mejorar los planes de uso de la tierra a nivel local. En Colombia la mayoría de los pequeños propietarios carecen de título de propiedad, cosa que no ocurre con los medianos y grandes latifundistas, sin dejar atrás la ilegal apropiación de los grupos paramilitares de las tierras productivas de los campesinos.

Zonas de Reserva Campesina (ZRC)

La frontera agrícola se expande cuando las oportunidades de supervivencia son pocas. Esto se ve en gran medida a raíz del conflicto social y armado por el que atraviesa nuestro país. Las minorías afectadas migran hacia zonas que en muchas ocasiones son ambientalmente frágiles y con alta posibilidad de desastres naturales. Lo que se busca con las ZRC es fomentar y estabilizar la economía campesina en zonas de colonización, controlando no sólo la expansión fronteriza sino también asegurando una mayor participación de las comunidades rurales.

Reforma agraria

Ha sido la forma principal de intervención en el mercado de la tierra. Debe ser una política estructural que busque una mejor distribución de la propiedad de la tierra, promoviendo mayor eficiencia en los patrones de uso de los suelos y un cambio en la estructura de distribución de las tierras con potencial de uso agropecuario, esto debe ir más allá de la búsqueda de una división más equitativa de la tierra. En nuestro país, programas rurales que no han incluido cambios en la tenencia de la tierra se han tomado como sustitutos de reforma agraria. Esto refleja la ineficacia del Incora, dando como resultado su reforma transformándose en el actual Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes

• Propietarios: Aquellos que tienen registrada la propiedad de su predio en una Oficina de Registro de Instrumentos públicos. • Poseedores: Dueños de un predio con un documento de propiedad no registrado. • Tenedores: quienes trabajan un predio, ya sea en calidad de arrendatarios, cosecheros (quienes viven de recoger las cosechas) u otros. • Ocupantes: colonos que explotan un terreno baldío y luego les puede ser adjudicado por la Nación.

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia www.mij.gov.co – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural www.minagricultura.gov.co

El señor Yamashita empezó por agradecer a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia por permitir la realización del evento y el apoyo para que se llevara a cabo con éxito. Agradeció a las instituciones del gobierno, especialmente por atender la invitación en medio de la emergencia invernal. De igual manera agradeció al sector privado por participar y financiar parte del evento. También dio gracias a los invitados internacionales y en general a todos los invitados por participar en un diálogo abierto y respetuoso, como ha sido siempre la intención de la Serie Houston. El director de USAID Colombia resaltó que cuando empezaron las discusiones para hacer el evento sobre el tema de tierras, nunca se imaginó que se daría la coyuntura que sobre el tema, hay en el país. De igual manera resaltó la importancia que todos los presentes asumieran el reto de que lo discutido en la Serie no se quede en lo hablado sino que se aseguren de llevar las importantes conclusiones a los hechos, que en el siguiente año no se hable de lo que no se hizo sino de lo que se hizo y que esto lleve a acciones concretas para mejorar la vida de los colombianas y colombianos.

En la foto: Ken Yamashita, Director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Peter M. McKinley, Embajador de los Estados Unidos de América

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