Criminalización, estigmatización y amenaza Bolivia

El racismo es un elemento habilitador de violencia. Valida actos de tortura que dejan fuertes secuelas físicas, psicológicas y sociales en individuos y colectividades.

Guerra del Gas (2003)

La ausencia de justicia y la impunidad contribuyen a reproducir estas conductas de odio, exclusión y xenofobia.

Hemos sido sujeto de torturas por pertenecer a comunidades indígenas. Las injustas criminalizaciones, estigmatizaciones y amenazas, han marcado nuestra historia reciente:

Caso 24 de Mayo (2008)

La 'Masacre de Octubre' fue el resultado de la violenta represión al movimiento indígena, obreros y pobladores de El Alto que se oponían a que el gas fuera exportado a EEUU vía Chile.

Defensa del TIPNIS (2011)

25 indígenas fueron torturados y humillados en un acto de violencia racista por parte de universitarios, autoridades, y miembros del Comité Interinstitucional en Chuquisaca.

Caso 19 de Noviembre (2019)

!vándalos¡

!salvajes¡

!ignorantes¡

La octava marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure fue violentamente reprimida por la policía. Cerca de 200 personas fueron detenidas y más de 100 resultaron heridas.

Los autores de tortura, en todos los casos, han sido funcionarios del Estado.

!terroristas¡

Tortura, represión masiva con adjetivos racistas contra la población de origen Aymara y Quechua acusados de sedición y terrorismo justi caron las masacres de Senkata y Sacaba.

Una experiencia similar vivió Andrés cuando tenía 12 años. Durante la Guerra del Gas, él y su hermana fueron interceptados por militares.

Les apuntaron con sus armas y los acusaron de espionaje. Al explicar que iban a la tienda ambos fueron reprimidos.

Retenidos en medio de alambres de púas, su hermana logra escapar.

Andrés recibió un culatazo que le fracturó el brazo. Un militar lo pateó en el muslo provocándole la caída al suelo y otro lo golpeó en la espalda.

Un grupo de personas se acercó con palos, distrayendo la atención de los militares. Su hermana logró acercarse en ese momento a Andrés y llevárselo.

A pesar de las múltiples fracturas que sufrió Andrés, el Hospital se negó a brindarle asistencia médica.

Luego de dos intentos para ser admitido, Andrés logra ser atendido y llevado a cirugía.

Las secuelas del incidente han marcado a Andrés de por vida a pesar de su corta edad.

Su rendimineto escolar bajó y la pregunta era siempre la misma:

¿Por qué los militares atacan a personas inocentes?

Luego de los hechos, Andrés sufrió depresión, ataques de pánico, estrés postraumático y continuos dolores físicos.

Un decreto emitido durante la Guerra del Gas habilitó a las Fuerzas Armadas para reprimir y violentar el pueblo en lucha. 63 personas fallecieron y decenas resultaron heridas. Casos de tortura física y desaparecidos fueron reportados.

El entonces presidente, y su ministro de gobierno, tienen un juicio pendiente en Bolivia por estos hechos. Sin embargo, lograron escapar y hoy viven en Estados Unidos. Los policías y militares involucrados han sido juzgados y sentenciados.

SE BUSCA Prófugo

Aunque en algunas ocasiones se ha identi cado a las autoridades que han ejercido represión y tortura, no hay procesos judiciales o sentencias contra todos los acusados.

Existe falta de diligencia estatal para intervenir oportunamente y agotar las acciones penales para evitar la impunidad y la revictimización.

La reparación de los derechos vulnerados se ha negado en varios casos y las víctimas han fallecido sin recibir justicia. Quienes sobreviven, no cuentan con un tratamiento diferenciado como personas indígenas.

El despojo de tierras ha sido una práctica histórica, generacional y permanente contra los pueblos indígenas. Se ejerce a través de amenzas, represión, criminalización y discriminación. Produce graves sufrimientos físicos, psicológicos y colectivos en las personas y la organización comunitaria y familiar indígena al destruir su relación con su territorio. Y, además, puede ser constitutivo de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La tortura contra el pueblo Q’eqchi’, ubicado en la zona del Estor,Izabal, responde a un racismo de Estado que se ejerce a través de sus instituciones, en complicidad con agentes de seguridad privados.

Durante los despojos nuestros niños son atemorizados, intimidados e interrogados.

En la lucha por la defensa del territorio hemos sufrido detenciones arbitrarias y criminalización de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y traductores de la comunidad.

... y nuestras mujeres y niñas se sienten amenazadas. Sus libertades son reprimidas y constantemente son víctimas de tortura sexual.

Además, a muchas mujeres embarazadas se les adelanta el parto, por el miedo, angustia y violencia durante los desalojos, exponiendo su vida y la de sus hijos.

Las protestas pací cas de resistencia son disipadas con gases lacrimógenos y ataques desproporcionados con armas de fuego y haciendo un uso excesivo de la fuerza. Esto ha producido el desplazamiento de la comunidad por temor a ser asesinados.

Al salir de nuestros territorios nos vemos expuestos al hambre y al frío de la intemperie.

En en el año 2017, la comunidad Chabil Choc habitaba el territorio donde se encuentra la Finca Santa Isabel, en Livingston, ejerciendo su derecho ancestral.

El 30 de octubre se llevó a cabo el desalojo ilegal de la comunidad. Estos hechos han sido recordados por el uso excesivo de la fuerza y por las múltiples violaciones a los derechos humanos.

Los cultivos y animales de crianza fueron quemados durante el desalojo...

... y muchas mujeres embarazadas sufrieron partos prematuros tras el impacto.

Entre algunos de los hechos está el caso de María Magdalena Cuc Choc.

María ha apoyado a las comunidades de El Estor y Livingston, Izabal, para dar a conocer sus reclamos traduciendo del Q’eqchi’ al español.

En 2018, María fue capturada y acusada de los delitos de amenaza, coacción y usurpación agravada.

La denuncia fue interpuesta por Lisbal S.A., quienes la responsabilizaban de invadir la nca junto a la comunidad.

Aunque María acompañaba a la comunidad como intérprete, hoy en dia enfrenta un proceso penal que lleva más de dos años de atraso.

A pesar de que la compañía reclama que el terreno es de su propiedad, es un territorio ancestral de la comunidad.

Este es uno de los casos más representativos de criminalización a líderes y lideresas.

La CIDH ha otorgado medidas cautelares rati cando el derecho ancestral para permanecer en el territorio. A pesar de ello, no existe mecanismo en Guatemala que haga valer nuestro derecho a la tierra.

Todo lo contrario, los desalojos no cesan y durante los mismos las comunidades indígenas son violentadas, heridas, torturadas, además del riesgo de muerte, por falta de acceso a servicios públicos básicos.

El despojo de nuestras comunidades, es un acto racista que nos provoca graves daños y sufrimientos... eso es ¡tortura!