Año 1
Edición N° 1
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¿Porqué Diálogo Paranaense? Cuando comenzamos a reunirnos en este foro al que dimos en llamar “Diálogo Paranaense” y a poco de conversar sobre realidades y experiencias, nos dimos cuenta que a pesar de nuestras distintas identificaciones políticas existían “puntos de encuentro” que entre nosotros generaban coincidencias objetivas. Así creímos en el valor de auspiciar y difundir debates, y sobre todo diálogos, sumando inteligencias y voluntades sobre situaciones de la realidad cuya problemática nos une, aún desde esa mirada plural que brinda la diversidad de pertenencias e ideas. Nuestro desafío está en ayudar a difundir premisas capaces de guiar la buena política, aquella que se encara como un emprendimiento colectivo, sin enemigos, pero con actores cuya pluralidad termine enriqueciéndola con diálogos, debates y consensos; y no disimulándola con actitudes agresivas, obedientes o sumisas. El Foro se nutre de esa diversidad, esa es nuestra condición de libertad. Preservamos y defendemos nuestras propias pertenencias políticas y partidos, y junto a ello aspiramos a una reflexión activa que, haciendo hincapié en aquellos “puntos de encuentro” y coincidencias, resulte un insumo para la acción, más allá de las diferencias entre los protagonistas y actores. Atentamente
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Guillermo Alfieri disertó sobre periodismo. El pasado jueves 19 de julio, en un salón colmado de la Biblioteca Popular del Paraná, el reconocido periodista Guillermo Alfieri fue el encargado de inaugurar un ciclo convocado por el Foro de Discusión Política "Diálogo Paranaense", que reúne a jóvenes de variadas extracciones políticas, profesionales y sociales. El encuentro, denominado “Variaciones sobre Periodismo”, es el primero de una serie que pretende abordar temas polémicos y de actualidad para promover el debate y el intercambio de ideas". Entre la nutrida concurrencia se encontraban importantes dirigentes políticos, ex funcionarios y ref rentes sociales. Durante la charla, Alfieri no sólo abordó la problemática actual del periodismo, sino que realizó un recorrido histórico sobre distintos momentos del periodismo nacional y entrerriano, destacando los conceptos que, a su entender, resumen los valores que debe preservar un periodista para actuar como tal. En ese orden, puntualizó: pluralidad, libertad de conciencia, ejercicio de la crítica, apego a los hechos, chequeo de la información, cuidado de las fuentes, rigor y veracidad en la transmisión de la información, y sostener los límites éticos. Así habló de la prensa en épocas de Yrigoyen y de Perón, del debate Rucci – Tosco en el 73, destacando la altura de los protagonistas "que hablaban de política, de sindicalismo y de importantes temas de estado". "Hoy no es posible pensar ese escenario", lamentó Alfieri. También analizó el papel de la prensa durante la dictadura, señalando que "no se persiguió a los medios, sino a los periodistas". "Si uno recorre las hemerotecas de los grandes medios podrá ver que todos saludaron la dictadura y el genocidio", remarcó. Respecto de la Ley de Medios, dijo que "si la discusión es terminar con los oligopolios, sí me parece importante, pero si el debate pasa por, justificar como lo hizo el Jefe de Gabinete en la Legislatura, la compra de grupo Hadad por parte de Cristobal López, no me parece serio". "Estoy con la idea de que se debe terminar con todos los oligopolios o monopolios, de cualquier carácter, que llegue a concentrar y manipular la información que debe servirse a la ciudadanía. Se debe terminar con Clarín, pero también con Cristobal López, Hadad, Vila – Manzano y otros tantos que también se sirven de los dineros públicos para montar empresas periodísticas”, manifestó. Reveló que no lee Clarín desde que, estando detenido por la dictadura, pudo ver publicado en su tapa una foto de la Sra. De Noble con Massera. Tampoco lee El Diario de Paraná, desde que, según opinó, "su conducción dejó de ser diáfana y se apartó del rigor y el ejercicio de la crítica periodística que supo desarrollar". "Me dá mucha lástima", se lamentó.
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Respecto del ejercicio de la profesión, destacó las redacciones pluralistas de antaño en los grandes medios de comunicación, en los cuales "sus dueños buscaban la pluma sin importar que idea política tenía". "Ahí convivían comunistas con peronistas y conservadores, ahora ya no hay debate en las redacciones, son ambientes tabicados, donde cada uno tiene su compu y prácticamente no dialoga con los otros periodistas", opinó. En otro tramo de la charla, Alfieri se mostró crítico con la manipulación de periodistas y medios a través de la pauta oficial. “Se ha eliminado el ejercicio del periodismo", sentenció, “una cosa es ser periodista, y otra muy distinta, ser empleado de una empresa periodística o de un medio de comunicación. El medio está signado y condicionado por la pauta, y también sus empleados. Los periodistas no deberían estarlo. Por lo menos que no digan que son periodistas, digan que son empleados de la empresa, es más digno”, expresó. En ese sentido recomendó, con su estilo mesurado pero contundente y preciso, a la dirigencia política y social presente a utilizar los mecanismos institucionales apropiados para ponerle freno a la injerencia de la pauta estatal en el ejercicio pleno del periodismo, y valorar el pensamiento crítico. Desde el Foro de discusión política “Diálogo Paranaense”, organizador del ciclo, Cynthia Cabrol, Ramiro Pereira, Alejandro Cánepa y Alejandro Mildenberger, destacaron que en esta primera actividad “se cumplieron los objetivos de reunir a una variada dirigencia social y política en torno a un tema que fue duramente denunciado durante la campaña electoral pasada por todos los partidos políticos, e incluso en momentos anteriores a la misma y que aún hoy sucede, como es la falta de crítica periodística y de manipulación de la información que se brinda a la ciudadanía en función de intereses sectoriales, manejados con dineros públicos y con pura propaganda oficial, lo que lleva a tener medios y diarios amigos”. “Frente al maquillamiento de la realidad a la que asistimos diariamente, es importante que en éste, y otros puntos de encuentro o coincidencias que existan entre distintas corrientes y expresiones sociales y políticas, exista una insistencia plural sobre la realidad e las cosas, para instar su cambio y su reconocimiento, y no ceder ante agravios o descalificaciones oficiales, ni quedar inmóviles frente al ocultamiento de los problemas que más afectan a los entrerrianos y a los argentinos”, sostuvieron. En canto a la valoración de la propuesta, consideraron que "resultó por lo menos novedosa. Puesto que se logró reunir un amplio espectro político entre el público asistente, ya que estuvieron desde el ex Gobernador Jorge Busti, hasta dirigentes sindicales y líderes de organizaciones sociales de Paraná". Además de Busti, se encontraban presentes los actuales concejales Miguel Rettore (presidente del Bloque de la UCR), Enrique Ríos (FEF) el ex Diputado Juan Domingo Zacarías (MSE) junto a su ex compañera de fórmula en la candidatura por la Intendencia de Paraná, Cynthia Cabrol. Los ex funcionarios y concejales del gobierno municipal de José Carlos Halle y dirigentes del FEF, Alejandro Cánepa, Alvaro Piérola, Mónica Barbabianca, Graciela Traverso y Marcela Abalos, dirigentes radicales como Arturo Etchevere, Antonio Tardelli , Marcelo Viola, Ramiro Pereira, Lucrecia Rodríguez (secretaria ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina), junto a otros dirigentes políticos como Darío Olivera (Proyecto Sur), Ricardo Sánchez (CTA Paraná) y Silvina Calveyra (Red Alerta), y personalidades como Marciano Martinez, Hermo Pesuto, Gustavo Lambruschini, entre otros dirigentes, jóvenes, estudiantes y periodistas de Paraná. DP
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UADER, NACIONALIZACIÓN Y AJUSTE Mucho se ha dicho contra el proyecto aprobado en comisiones del Senado de la Nación, cuya autora es la actual Intendente Osuna. Todas críticas que comparto. Sin embargo, sabemos que el proyecto de nacionalización apunta a un objetivo fundamental, totalmente alejado de cualquier plan pedagógico. La motivación de traspasar la universidad a la esfera nacional es de estricto orden económico. Significa lisa y llanamente un recorte al presupuesto educativo de la provincia. La comunidad movilizada resistió el ajuste con éxito, pero no quiere decir que el propósito no siga en pie. La UADER es un problema político para el gobierno provincial, porque evidencia de modos inocultables los principios que rigen su accionar. Una institución que construye con ahínco su autonomía y sale a conquistarla a pesar de todos los obstáculos que le han puesto en el camino. Así pone blanco sobre negro que las prioridades oficiales no pasan por financiar adecuadamente la educación pública para los entrerrianos. Esta comunidad maravillosa, siempre movilizada detrás de un fin noble y que no pudo ser dividida hasta el momento por el poder político, pudo resistir un nuevo embate. El gobierno tuvo que retirar su proyecto pero no sufrió una derrota total, pudo plantar la idea de la nacionalización como tema de agenda y eso es, en definitiva, su objetivo. En la medida que logren desentenderse de UADER habrán conseguido, primero, “ahorrar” lo que consideran un gasto que no merece priorizarse, y segundo, transferir el problema político a otra parte. No pretendo manifestar posición sobre el tema ni debatir sus méritos, pero visto de esta manera, nacionalizar sería caer un una trampa que nos sitúa, como comunidad educativa, respaldando la voluntad de ajuste a la educación que Urribarri viene ejecutando, por ejemplo, al pagar uno de los peores sueldos docentes en el país, aportes vergonzantes a los comedores escolares y tantas otras medidas, entre las que se cuentan también la negación sistemática de los recursos necesarios en la UADER para su óptimo funcionamiento. El gobernador profirió mentiras realmente agraviantes hacia nuestra casa de estudios. Entre otras cosas, dijo que “está claro que el nivel de los títulos aumentará toda vez que serán emitidos por una universidad nacional”. Miente, ya sea por desconocimiento o maliciosamente, porque sabemos que todos nuestros títulos tienen validez nacional. Al intentar plantear una cuestión de “jerarquías”, pretende transmitir que una universidad nacional tendría mas prestigio que una provincial. Sin embargo la única diferencia es la procedencia de los recursos que la financian. Estas actitudes no son nuevas, son coherentes con una animosidad histórica. La UADER se crea en el año 2000 por iniciativa del gobierno radical con una enorme resistencia del Justicialismo. Durante sus primeros años debió sostenerse entre una pobre capacidad de gestión, escasez de recursos y los continuos reparos del partido opositor. Cuando el justicialismo asume el gobierno, esa situación cambió. Los reparos se convirtieron en una acción concreta para clausurar nuestra universidad, avalada por Jorge Busti y Sergio Urribarri (Gobernador y Ministro de Gobierno respectivamente).
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Ante la reacción de la comunidad educativa, ese gobierno entendió que la institución debía seguir y, ya sin la resistencia del partido ahora oficialista, solo le quedó esa incapacidad de gestión crónica, que condujo a un gran conflicto en 2007. En ese entonces las autoridades interventoras junto a la conducción celeste de AGMER, en eterna concordancia con el PJ, quisieron imponer un procedimiento diferente al concurso ordinario para el ingreso a la carrera docente, lo que hubiese dejado a la UADER fuera del sistema universitario. Fue en ese momento donde los estudiantes movilizados garantizaron reglas claras en igualdad de condiciones con cualquier universidad nacional. Sin embargo, no todos los errores fueron ajenos, quienes participamos de ese proceso nos debemos una autocrítica. En aquel momento no fuimos capaces de construir una organización que garantice la continuidad al proceso que debía concluir en 2010 a través de elecciones limpias, amplias y transparentes, como lo establecía el acta acuerdo firmada por todas las partes con la mediación nacional. Por el contrario, los promotores de los “no concursos” Mingo y Schneeberger (entre muchos otros) tomaron el control de la universidad, lo que ya significaba un mal augurio. Al año siguiente se renovaron los consejos consultivos y, según se puedo ver después, falló de algún modo la elección de representantes. La información necesaria ya no nos llegaba como antes. Esa sucesión de errores dejó a los estudiantes sin las herramientas y los condujo, en definitiva, a la necesidad de volver a pelear por la normalización durante este año, antecedido por elecciones amañadas y ajustadas a las necesidades de la gestión interventora. La legitimidad y el empeño puesto por los estudiantes en el objetivo de lograr el autogobierno nos llena de orgullo pero no subsana lo tramposo del proceso electoral impuesto. En el ánimo de promover un debate generacional, resulta necesario y oportuno asumir los errores y aprender de ellos. Si una lección dejo el proceso, es la necesidad de mantener al movimiento estudiantil organizado y servirse de las diferencias para enriquecer esa organización, mas allá de las coyunturas políticas. A 12 años de su creación, la UADER sigue siendo gobernada por autoridades elegidas desde la Casa Gris. Nunca un rector en nuestra universidad representó nuestros intereses. Eso explica el comportamiento degradado de Schneeberger ante la propuesta de la Fermin Chavez. Luego de la normalización podremos comenzar a ver si los temas que se imponen en la agenda de la comunidad educativa serán los de la propia institución o los implantados por un gobierno que pretende ajustar el presupuesto educativo y, aún así, proclamarse nacional y popular. Javier Cabrol Ex Presidente del Centro de Estudiantes y consejero directivo de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, y ex consejero superior de la UADER. Militante del Partido Socialista en el Frente Amplio Progresista
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Esos malditos disidentes Comencemos estableciendo un principio de convivencia básico: no existe ninguna razón, salvo la conveniencia personal, para que una persona renuncie a sus ideas para hacerlas más parecidas a las del resto. Nadie puede estar obligado a ello, y nada ni nadie pueden tampoco obligarnos. Enfaticemos entonces que son esas diferencias las que permiten abrir espacios de verdadero pluralismo en nuestra sociedad; y por el contrario, es la incapacidad de pensar críticamente lo que explica la vigencia de un pensamiento único, homogeneizador y totalitario, que crea una falsa impresión de unanimidad. El declive del modelo actual alcanzó un nivel en el que la disidencia dejó de ser solo una opción y ya no es más aplazable. El resultado ha sido, hasta ahora, un debilitamiento de todo el estado de derecho y el permanente atropello a las instituciones republicanas, el sometimiento de los gobiernos provinciales y municipales al poder central pulverizando el federalismo, el hundimiento de toda ética pública, la progresiva subordinación de la prensa y el abuso de la propaganda, un capitalismo de favoritos que genera crecientes desigualdades, una demagogia que ofende a la oposición política, un autoritarismo ascendente, y la exacerbación de una larga lista de conflictos sociales que, en los últimos meses, han generado una animosidad creciente entre la ciudadanía y las autoridades. El “modelo” muestra gran preocupación por parecer democrático y pluralista, pero no lo es. Por el contrario, no tolera la disidencia; se victimiza ante la oposición formal y aún ante cualquier grupo divergente, respondiendo sus críticas con calumnias y difamaciones. La demagogia desplegada consiste en “hacerse el ofendido” y en distorsionar intencionalmente los hechos, individualizando al adversario en un único enemigo: el enemigo de lo popular, el antinacional, el antipatria. Es notable la falta de sinceridad y honestidad para contestar la crítica, evadiendo su responsabilidad con falsos ataques a quienes piden cuentas. El gobierno busca hacer aparecer al disidente como pesimista, desinformado o reaccionario, y por lo tanto, perjudicial para el país. El extremo de esa actitud se presenta cuando se pretende hacer creer, como ha hecho en ocasiones, que las personas que formulan esas críticas lo hacen con la intención de provocar el caos y el desastre nacional; siendo que con tales exageraciones lo único que logra es reducir su propia credibilidad en lugar de la de los críticos y disidentes. Esa demagogia oficial dirigida en contra de la oposición (formal o informal) refleja las características autoritarias del “modelo” y termina por consolidarlas; y en la medida en que tiene eficacia, obstaculiza el proceso de evolución política de nuestra sociedad, cerrando las puertas a un auténtico desarrollo democrático. Entiendo que el camino que debe conducir a ese desarrollo pasa por una conciencia moderna de la ciudadanía, para quien los derechos son fundamentales y la participación un deber. También la oposición política y los grupos que disienten del relato oficial deberíamos tener esa conciencia para trabajar sobre aquellos “puntos de encuentro” que entre nosotros generan coincidencias objetivas, haciendo que la pluralidad de pertenencias e ideas, de mayor valor al debate y sirva para exponer aquello que se quiere ocultar, o simplemente callar.
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Hoy ser disidente pasa por plantear con claridad los problemas de los argentinos por su nombre real, con el objetivo que se reconozca que el problema existe y se encare una solución. Pero irrita que, por el contrario, el gobierno niegue los problemas, difame, agreda, los atribuya a algún “proyecto destituyente” o “golpista”, o peor, recurra a algún eufemismo que esconda y matice sus propios pecadillos. Así, la re-reelección de Menem era un asalto a las instituciones, pero la de Cristina es para la salvación de la patria… el Per Saltum de la Corte de Menem (caso “Aerolíneas…”) era violatorio de las garantías constitucionales, pero el de Cristina termina siendo un valuarte democrático (y eso para resolver UNA SOLA causa: 7-D). Así tampoco hay inflación, inseguridad, cepo cambiario, impuesto a las ganancias, Ciccone, TBA, Shocklender, presión sobre jueces, periodistas y trabajadores; no hay propaganda oficial abusiva… en fin… todo es un invento de ese 46% que mira TN, lee Clarín, cena con Magnetto, forma parte de la derecha más recalcitrante de la Argentina y está a favor del golpe de estado… es de locos… Se acallan todas las voces que no sean funcionales y en esa práctica no hay miramientos, caen en aquella caracterización todos – absolutamente todos - los que manifiesten aunque sea apenas un esbozo de pensamiento independiente (disidente); y por el contrario, pertenecen al campo de lo “nacional y popular” también todos los que aún a pesar de su propia historia, acomodan convenientemente sus ideas y conductas al relato oficial. Pero entonces, en nombre de ese modelo del que nadie puede disentir se han aplaudido despidos masivos de empleados públicos, traslados y persecuciones políticas, se vetó el 82% móvil a los jubilados y existe un atropello sistemático y cotidiano a nuestras instituciones republicanas: al Congreso, al Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, al INDEC, a la prensa, a las Universidades públicas y a los gobiernos provinciales, negándoles la coparticipación que les corresponde y, encima, recortándoles el presupuesto para obras. Como corolario, nuestro Vicepresidente ofende a la política y a su propio cargo. Negar los problemas no los hace desaparecer, ni tampoco nos convence de que no existen. Frente a ello, el desafío de esta época termina siendo animarnos a madurar las disidencias y explotar nuestros contrastes para darle legitimidad política a una democracia que resulte verdaderamente pluralista y participativa. Por ello, y retomando lo expresado en un párrafo anterior, ser disidente hoy en día implica no dejar de reconocer lo bueno, pero también plantear coincidencias sobre los temas de los que debemos ocuparnos: queremos frenar la inflación, trabajar por la seguridad de los ciudadanos, ampliar los derechos de los trabajadores, pelear por la coparticipación que nos corresponde, garantizar el federalismo, permitir la pluralidad de voces, cuidar nuestras instituciones, nuestra universidad, nuestra caja de jubilaciones y también nuestro sistema democrático diciéndole NO a la reforma de la Constitución para la re-reelección de nadie. El autoritarismo está en declive en el mundo entero, y nuestro país no puede ser la excepción.
Alejandro Canepa Abogado. Secretario Legal y Administrativo Municipalidad de Paraná 2007/2011. Frente Entrerriano Federal (FEF)
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REELECCIÓN INDEFINIDA Y DEBILIDAD DEL ESTADO Un gobierno debe ser lo suficientemente fuerte para poder gobernar y a la vez, no tanto que pueda avanzar sobre las libertades y derechos de los ciudadanos. La primera afirmación implica reconocer el cometido básico de la política –de todos los tiempos- cual es garantizar cierto orden social, y eventualmente transformarlo e instaurar otro. En las sociedades modernas tal orden no puede ser sino democrático y ajustado a derecho, y en tal sentido la reforma constitucional de 1994 apuntaló un Estado Social de Derecho: es decir, un orden que respete las libertades del individuo (ciudadano) y su igualdad ante la ley, su soberanía en la toma de decisiones públicas por medio de representantes; y la directriz constitucional de garantizar un mínimo de bienestar material a cada uno, sin lo cual las libertades individuales se transforman, para quienes no tienen los recursos suficientes, en libertad de morirse de hambre. La fortaleza del gobierno se torna necesaria ante la debilidad de las instituciones estatales. Desde 1983, el voto de la mayoría obtenido en una elección transparente es considerado el único criterio válido de legitimidad para acceder al gobierno del Estado. Pese a ello, la debilidad institucional ha sido un dato persistente: la puja distributiva en una economía estancada en los '80, la pérdida de moneda propia (1989/2002), la dependencia financiera de tributos de fácil obtención y de carácter regresivo como el IVA en la última década, dan una pauta de la configuración de un Estado grande y débil. El punto es que, sino se fortalecen las instituciones estatales, la suerte de la sociedad civil estará atada sólo a la relativa fortaleza de un gobierno y a los ciclos políticos y económicos. ¿De que hablamos? De la transparencia electoral, (pauta publicitaria, recursos públicos, utilización de los datos del correo el día del comicio); de la independencia de las ramas del poder público, en particular del Poder Judicial (jueces federales inferiores, ministerio público fiscal); de organismo públicos de contralor eficaces y honestos; de la autonomía de la Administración Pública de las corporaciones privadas –en general, y en particular las económicas y las político facciosas- y en líneas generales, de la moralización administrativa. Hablamos del patrimonialismo, el cual hoy es escandaloso, pues lo público (aparato del Estado) es utilizado como recurso personal, familiar y del grupo político propio, en grados que exceden cualquier concesión al realismo político: pensemos en el dato mínimo de un avión del Estado utilizado por el hijo de un funcionario. Tras el desmantelamiento del Estado en los '90, con el sistema de representación quebrado y los partidos políticos deslegitimados, la debilidad estatal quiso compensarse con un liderazgo fuerte desde 2003. La salida de la convertibilidad y un tipo de cambio competitivo, el default declarado y los altísimos precios de los productos de exportación dotaron de recursos al Estado Nacional para trabajar la fortaleza presidencial. Tal fortaleza existe en una realidad concreta: la desinstitucionalización, el desquicio administrativo, y el incumplimiento de pautas normativas básicas de la vida democrática. El campo de los medios masivos de comunicación brinda un ejemplo claro: la actuación de estos, muchas veces limitante de la política democrática a partir de prácticas desleales e infames, como la perpetrada durante el gobierno de Illia en 1963/66, pretende ser reemplazada en estos años por un poder mediático para-estatal.
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Lejos de la democratización, esto se emparenta con el fascismo y con regímenes autoritarios actuales como la Rusia de Putin. La realidad socio-económica y política de Santa Cruz nos muestra el riesgo de un Estado que no es republicano, y apenas, limitadamente democrático. Quizás debieran mirarse bien las implicancias interventoras del Estado en la emblemática figura del secretario de Comercio, Guillermo Moreno: el actuar arbitrario e ilegal no es mera forma donde lo central es la recuperación de la intervención activa y reguladora del Estado, esto es, recuperación de la política, frente a los avances del mercado. No hay recuperación estatal sin obrar legal y razonable. La intervención arbitraria deslegitima al Estado, reducido a pura fuerza (del gobierno). Junto a la estatidad se diluye la política, encontrándonos hoy frente a un esquema muy particular de retórica de la anti-política, paradojalmente afirmado en el lugar común de la recuperación de la política, en el que desgraciadamente cae cierta intelectualidad. La política –la política democrática, ya que política también hacían los dictadores- implica discusión racional con argumentos para la búsqueda de comunes denominadores, y por tanto –al menosalgún dejo de buena fe. En este marco, el debate instalado sobre la reforma constitucional debe encontrar despierta nuestra conciencia democrática. Se trata de la defensa de los Derechos Humanos, porque tales derechos son violados por los poderosos, y la reelección indefinida del titular del ejecutivo en nuestras democracias delegativas de baja densidad institucional generaría un poder político permanente más fuerte que la ley. La vida cotidiana, en la cual enfrentamos problemas concretos e inmediatos de diversa índole, no debiera llevar a la subestimación del riesgo de un progresivo retroceso autoritario. No es idealismo, sino necesario realismo político, plantearse mantener la periodicidad de los gobernantes como un requisito central de la república. Frente al sentido común reaccionario y conservador de mantener al jefe en el poder, debemos oponer firmeza y preservar la aspiración de un poder público que mire a la realidad concreta donde hay problemas y necesidad de política dirigida a solucionarlos y aún transformarlos en oportunidades, para la vigencia de los derechos fundamentales en el país de los argentinos.
Ramiro Pereira Abogado. Ex secretario Convención Nacional de la Unión Cívica Radical; miembro del Instituto Moisés Lebensohn.
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Sobre el voto a los 16 años Frente a la actual discusión sobre el reconocimiento del derecho a sufragar a los jóvenes a partir de los 16 años creo pertinente hacer algunas consideraciones. En primer lugar, y como adelanto de mi opinión en general de la cuestión, analizo positivamente el cambio por considerarlo una medida ampliatoria de derechos políticos. A esto lo hemos visto a largo de la historia del voto en nuestro país, que ha nacido y crecido siempre en un esquema de avances progresivos desde que fue consagrado como derecho para los argentinos. Pero no me interesa aquí anclar el análisis en su faz histórica sino desde una perspectiva crítica en las reglas políticas de este presente que atravesamos. La medida, anunciada e impulsada por senadores del oficialismo nacional, no es para nada novedosa si analizamos que existen otros proyectos de ley modificatorios del régimen electoral actual que han ido en este sentido pero nunca fueron puestos en la agenda. Entonces, por qué estamos hoy analizando la cuestión. Quizás por el modo de instalación de los temas por parte del gobierno, que utiliza todo el aparato de propaganda oficial para desviar algunas atenciones a temas de real y cotidiana preocupación para los argentinos, y a los cuales aún no les han encontrado una respuesta concreta y satisfactoria. Claro está que me estoy refiriendo a la inflación que mella los salarios de todos quienes tienes la posibilidad de tenerlo -, la pobreza y la justa distribución de la riqueza, que se intenta negar en un proceso de crecimiento económico sostenido sin verdadera y genuina inclusión. Frente a ello entonces, surge el cuestionamiento respecto a si el voto a los 16 ¿es una medida pensada para los jóvenes verdaderamente, o mas bien pensada desde un mero oportunismo en vísperas a un año electoral cuyo resultado será determinante para ciertas aspiraciones re-reeleccionistas? Creo que desde esta segunda opción parte el actual impulso espasmódico del asunto. Si no, cómo explicar la falta de debate y desinterés del oficialismo en todos los proyectos de este tipo presentados por legisladores de distintas fuerzas políticas en el parlamento nacional, relegando así lo que ahora se muestra como urgente: dar mas participación a los jóvenes. Pensar políticas para la juventud y su verdadera inclusión social es un tema que comprende sus derechos electorales, claro, pero que también comprende otros derechos de igual trascendencia que, reclamados por los mismos jóvenes, continúan siendo desoídos. Repárese en la falta de oportunidades para acceder a un primer empleo - o la precarización del mismo para quienes lo detentan -, de jóvenes a partir de los 16 años. Según las estadísticas recientemente publicadas por la propia Organización Internacional del Trabajo, en la Argentina tenemos un 17,9 % de desocupación en la franja de edad que van entre los 15 y 24 años, con una marcada tendencia a la precarización progresiva de sus condiciones laborales. Similar análisis podemos hacer en relación a la falta de resultados en lo que a inclusión educativa respecta para jóvenes a partir de la misma edad, que constituye una clara – pero también negada - expresión de la desigualdad social y de los fuertes índices de pobreza que aún subsisten. Pues entonces, de lo que se trata es que el Estado garantice a los jóvenes la protección de sus derechos en un marco de coherencia, pluralidad y despojado de cualquier oportunismo coyuntural.
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Es importante resaltar este dato. La mayoría de edad hoy está establecida a los 18 años, momento a partir del cual los sujetos adquieren capacidad civil plena. Ahora bien, para responder por sus acciones, el Estado entiende que a los 16 años están capacitados para hacerlo. Continuando este razonamiento, no debería sorprendernos que esa capacidad de responder por sus acciones se extienda a la esfera de la ciudadanía política. Si el Estado puede fijar un límite de edad para restringir derechos y aplicar todo el rigor de la ley penal, o sea puede lo máximo, ¿cómo no podría lo mínimo? ¿cómo podría justificar que los jóvenes son aptos para ser responsabilizados penalmente y castigados y no habrían de ser aptos para elegir sus representantes? Si un joven es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y por ende puede ser sancionado, por qué no reconocerle a este mismo joven su capacidad de elegir en términos de lo bueno y lo malo políticamente hablando. Por esto, considero que debemos evitar continuar con ciertos mensajes confusos hacia los jóvenes en tanto se los considera hábiles en un plano (el del castigo) pero inhábiles en otro (el del ejercicio de sus derechos). De acuerdo con ello, saludable sería que quienes detentan la mayoría parlamentaria se avoquen a la sanción definitiva de un sistema de justicia juvenil que sea superador de la vieja pero cruelmente vigente Ley Nº 22.278. Altamente positivo sería que el Congreso Nacional analice un sistema coherente de capacidades para los jóvenes a modo de suprimir la diáspora de edades cumplidas las cuales los jóvenes adquieren la aptitud legal de realizar por sí mismos diversos actos de la vida en sociedad. Desde esta perspectiva se unificaría también el sistema de responsabilidades laborales, civiles, penales y políticas que para los jóvenes puedan caber, generando así un mensaje mas claro para ellos y la sociedad en su conjunto. Como corolario entonces, vale afirmar que es positivo que los pibes voten a los 16, pero si esa es la decisión, que sea para todos. Obligatorio en términos del artículo 37 de la Constitución Nacional. Considerar a los jóvenes con capacidad para ejercer sus derechos electorales implica fundamentalmente su involucramiento en la construcción colectiva de políticas públicas. Para ello los jóvenes necesitan ser considerados, justamente, como ciudadanos y desde ese lugar construir o fomentar a construir las políticas para ellos, pero fundamentalmente con ellos, dejando de pensarlos como el futuro sino más bien como lo que son y deben ser: actores protagónicos del presente.
Álvaro Pierola Abogado. Sub secretario Derechos Humanos Municipalidad de Paraná 2007/2011. Frente Entrerriano Federal (FEF)