Año 1
Edición N° 2
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Editorial Cerramos el 2012 publicando este segundo número de nuestro boletin, donde podrá encontrarse artículos de opinión de gente de diversa extracción política. Con ello, la idea del diálogo se plantea explícita en el nombre de este ámbito y también en el contenido de la presente. La importancia de esta dea ha sido objetada sobre la base de que la política implica tomar decisiones, y estas son tomadas por quienes en el marco de nuestro sistema (republicano y) representativo de gobierno están legitimados al efecto. Tal planteo reduce la pontificación del diálogo a quienes se encuentran afuera del poder, y recurren a este argumento desconociendo (o haciendo como desconocen) la naturaleza del mismo. Pensamos en cambio que la legitimidad política de los actos de gobierno es mayor cuando ha habido procesos que incluyen ciertamente a los actores políticos institucionales: cotejar las propias convicciones, los propios intereses, con los de los otros hace a la pluralidad. Recientemente se produjeron saqueos en distintas ciudades de nuestro país. La reiteración del multimedios de hecho afín al oficialismo, ha apuntado solamente al carácter organizado de los mismos. Pensamos, en cambio, que en todos existe un trasfondo social, económico y cultural que no puede desatenderse. No existe el país idílico que pretende el oficialismo y resulta retrógrada la pretensión del gobierno de legitimarse recurriendo al país de 2001. Seguimos con la necesidad de concertar e instrumentar políticas destinadas a que no exista clima social favorable para tales actos impropios de una nación civilizada.
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EL AÑO ELECTORAL EN CIERNES Cavilaciones en torno a la elección legislativa en Entre Ríos Cuando pensamos en elecciones legislativas de medio término, es frecuente que el entusiasmo para participar del proceso previo, e incluso en ir a votar, no resulte comparable al de aquél de elecciones a cargos ejecutivos. Esa percepción parece palpable, aún cuando, como en el año próximo, la Provincia deba elegir senadores nacionales. Este ejercicio, enmarcado en la democracia indirecta que la Nación Argentina adopta en el art. 1 de la Constitución, y que por su modalidad de representación senatorial igualitaria con base territorial resulta una derivación de la forma de estado federal, hace que las provincias envíen senadores al Senado Nacional cada vez que esa Cámara se renueva por tercios. Por ello no lo hacen todas al mismo tiempo, sino de forma alternada. Recordemos que el art. 54 de la Constitución dice que “El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto”. Pero más allá de ésa representación territorial (se suele decir con acierto que los senadores 1 representan a las provincias ), hay otros ingredientes que deben llamarnos a la reflexión acerca del perfil de senador que queremos, máxime en los tiempos que corren. En efecto, la tarea del Senado, en algunas materias, cobra una relevancia particular, que lo distingue de la Cámara de Diputados. Así, el art. 99 de la Carta Magna dice que “el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: … inc. 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos … inc. 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado”. Para enfocar esta reflexión en un aspecto de los tantos que requieren la intervención del Senado, me gustaría destacar que el cuerpo senatorial adquiere relevancia decisiva al momento de designar jueces, máxime en el caso de los miembros de la Corte Suprema, que no tienen una instancia previa de selección en el Consejo de la Magistratura. Recientemente, al momento de tratar el Senado la designación del candidato propuesto para ocupar el cargo de procurador general de la Nación, la opinión pública volvió la mirada a las eventuales mayorías, ante las febriles especulaciones sobre la cantidad de senadores que apoyarían el pliego. Fue recién allí cuando la letra constitucional pareció adquirir otra dimensión, cuando muchos se preocuparon por aquello de la mayoría agravada. La pregunta recurrente era ¿quiénes votarían? ¿cómo votarían?
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Yo me permitiría decir “deberían” representar a las Provincias.
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Así es que, fuera del debate de temas álgidos, resulta una ardua tarea la divulgación de la letra constitucional. ¿Cómo decirle al ciudadano, por ejemplo, que cuando vota senadores, también vota jueces? ¿no será éste un desafío para las nuevas generaciones de políticos? ¿no tendremos que hacer más hincapié en la letra constitucional al momento de publicitar las ofertas electorales? El proceso electoral en ciernes podría ser una buena oportunidad para traer a colación las incumbencias de los cargos que elegimos, más aún tratándose de la renovación de nuestra representación senatorial. Sin dudas ello constituye un desafío, pero que claramente redundará en un refuerzo del vínculo representativo, y una mayor calidad institucional.
Martín J. Acevedo Miño Abogado. Profesor de Derecho Constitucional. Convencional Constituyente (MC)
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SILENCIO FORZADO Salvo por honrosas excepciones, la realidad nos muestra, de manera dolorosa, que no existe independencia editorial en Entre Ríos; el libre flujo de información y de comunicación está seriamente obstaculizado por abusos sistemáticos del gobierno en cuanto a publicidad y recursos financieros. Ello, sin dudas, interfiere con la autonomía editorial y causa efectos intimidatorios muy serios sobre la libertad de los medios y el debate democrático en general. Como consecuencia, la presión del gobierno sobre propietarios y directores de empresas informativas dispara olas de autocensura que inhiben a salas de redacción completas y son capaces de silenciar incluso a los periodistas más valientes. Así, nuestra libertad de expresión se encuentra coartada por una suerte de “policía de la opinión” que tiene el objetivo último de que la prensa se convierta en una literal mensajera del gobierno. Estas restricciones a la libre circulación de ideas y opiniones, representadas a través de acciones como la compra de determinada información o la imposición de la misma, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y la utilización del poder del Estado y de los recursos de la hacienda pública para presionar, castigar, premiar o privilegiar a periodistas y medios de comunicación de acuerdo a sus líneas informativas; cercenan y amenazan gravemente nuestro derecho a expresarnos y a recibir información veraz de la realidad que nos circunda. Estos actos de censura indirecta y sutil se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas, llegando a su apogeo cuando los funcionarios usan el poder del erario público para interferir directamente con el contenido de la información. Como ejemplo, la pauta oficial se ha convertido en un claro indicador de objetividad y pluralidad, siendo que, cuanto menos “publicidad” oficial se observa en el medio periodístico, mayor objetividad en la información que difunde y mayor también es la pluralidad de voces y opiniones que se reproducen (de manera positiva) en el mismo. Esa pauta, en muchos casos, llega a transformarse en el único o el máximo sostén de algunos medios de comunicación; por lo que la mera posibilidad de una “censura financiera” de parte del gobierno que la aporta, genera un efecto inhibitorio absoluto sobre su libertad para informar, al depender de aquella su propia supervivencia. Como consecuencia, se reducen los límites de la crítica aceptable y se teme traspasarlos, a la vez que se genera un silencio forzado entre los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas que eleva considerablemente el “costo” de la expresión. Se vuelve así a un “periodismo a la antigua”, dejando de lado la investigación y las crónicas, impidiendo las coberturas incisivamente críticas, o evitando reflejar los aspectos negativos del gobierno, aún cuando se reflejen cotidianamente en nuestra realidad. Se hace un periodismo de nota diaria y solo se reproducen (positivamente) las opiniones de políticos oficialistas.
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Esa literal opresión que se vive en los medios de comunicación fuerza el despido, desplazamiento o castigo de periodistas, provoca la asfixia financiera de voces críticas, genera líneas editoriales favorables o “pro gobierno”, niega acceso o prohíbe la cobertura de voces opositoras o críticas, oculta las “malas noticias” o las edulcora, ejerciendo un control directo del tiempo de aire o del contenido del espacio impreso. Aquí la situación empeora, ya que no sólo se presiona a los medios mediante la pauta oficial, sino que, además, los principales titulares de los diarios impresos y digitales son redactados directamente desde las oficinas de prensa del Gobierno Provincial, con un control de hierro sobre los editores, o colocando en los lugares clave de decisión de los diarios a sus propios empleados. Ello es fácilmente observable, con un simple cotejo de las ediciones del mismo día de los diarios de Paraná y el interior, o con una comparación de las noticias y fotos que se destacan en los sitios web de toda la Provincia. Así es como en Entre Ríos, parece, todos los empresarios son prósperos y los obreros felices, todo el mundo consume, vende, compra y vive feliz y seguro, batimos todos los records de recaudación, de producción y de generación de empleo, todos los días hay una obra más y nadie debería tener motivo para quejarse de nada… Pero a pesar de ello, aumentan los impuestos, el gobierno se sigue endeudando para gastos corrientes, el campo está arruinado, el flagelo de la droga ha hecho estragos en nuestra población, el sueldo no alcanza, las obras están paralizadas, todos los días hay un homicidio más y las escuelas y rutas están destruidas. Entonces, cuando el relato deja de coincidir con la realidad, los ciudadanos nos sumergimos en un mundo falso, construido especialmente para nuestra supuesta satisfacción y felicidad, con el objetivo último de lograr la autocensura general y evitar el pensamiento crítico. Democracia y silencio no van de la mano: no solo debe garantizarse la pluralidad de medios informativos, sino que también debe evitarse que el gobierno sea dueño de nuestra opinión y de nuestra información, evitando que se utilice el poder del Estado para castigar a la prensa o para comprar las noticias del día. Derribar ese cerco ¿sutil? es la punta del ovillo a desenredar para lograr una prensa independiente y la garantía de nuestras libertades.
Alejandro Canepa Abogado. Secretario Legal y Administrativo Municipalidad de Paraná 2007/2011. Frente Entrerriano Federal (FEF)
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QUE VUELVA LA POLÍTICA La política visible se ha vuelto una insoportable catarata consignista. La consigna, más allá de sus ventajas para la propaganda, tiene al menos un gran defecto: no muestra las diversas aristas de una situación problemática, sino que tiene un efecto reduccionista que empequeñece la realidad e inhibe el pensamiento y la discusión. Sobre la discusión, hay algo que no está demás decir: sólo es posible discutir con alguien que acepta la posibilidad de modificar su propia visión como consecuencia de la discusión; y ello vale cuando uno mismo es ese alguien: la intransigencia, actitud que reivindicamos en lo que refiere a ciertas bases éticas, resulta incompatible con el normal ejercicio de la democracia republicana. Lamentablemente, el gobierno se ha caracterizado por una dosis enorme de consignismo. Pensemos en el slogan “Clarín miente”, que pretende esconder el hecho que (también) el gobierno hace lo propio. Pero sería un error pensar que el consignismo se encuentra sólo en el campo oficialista. Enfrente, aunque no necesariamente desde las diversas fuerzas de la oposición política, tiende a haber una visión simplista, que puede emparentarse con la visión antipolítica. En efecto, uno de los rasgos de este tipo de visión es no valorar la complejidad de los asuntos de gobierno. Debemos pues conjurar este mal apuntalando una visión crítica, que al mismo tiempo que impugne la política oficial deje lugar para el análisis sereno de la realidad y la formulación de programas posibles y realizables. El fastidio debido al abuso en torno a una supuesta “vuelta de la política” y de la “militancia” no debiera llevar a la reivindicación de un individualismo que quizás nunca dejó de estar entre nosotros. Asimismo, la política debe, efectivamente, volver. Es que se ha pretendido que la política ha vuelto como si la reivindicación del conflicto planteado desde los atriles oficiales fuera su equivalente. O como si bastara la retórica que pontifica el espacio público. Pensamos que la idea igualitarista esbozada en la parafernalia discursiva y audiovisual del oficialismo no logra plasmar en una política integralmente progresista que tienda a una sociedad con mayores niveles de igualdad. La situación educativa ilustra en buena medida nuestro punto. El aumento presupuestario declamado desde el gobierno no se ha traducido en mejoras verificables en la calidad de la educación que –en general- reciben los alumnos. Asimismo, vemos que la Escuela Pública es cada vez más una institución que cristaliza las desigualdades sociales, antes que un baluarte de la igualdad de oportunidades. La referencia a la calidad del gasto, lejos de economicismos que no dan cuenta de las complejidades sociales y políticas, está unida al logro del acceso efectivo a derechos, toda vez que no alcanza con que haya recursos destinados a un fin público si no existe una adecuada utilización de los mismos.
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Este acento en la calidad nos lleva a sostener que la vuelta de la política debe tener un carácter sustancialista. Precisemos la idea: la contracara del actual gobierno debe buscarse en la instrumentación de políticas públicas que procuren atacar las causas estructurales del atraso social y económico. Tales políticas, para ser sustantivas, deben pensarse en escalas temporales de mediano y largo plazo. Asimismo, su implementación requiere dosis importantes de racionalidad técnica. Durante los '90, la izquierda democrática (incluyendo a la Unión Cívica Radical) sostuvo la necesidad de subordinar el mercado a la política, interpretando tal consigna en el sentido de que el bienestar de la población no debía quedar en manos de agentes cuya lógica tiende a la maximización de ganancias. Pero tal esquema no significa en modo alguno que las decisiones políticas puedan tomarse prescindiendo de las realidades. La voluntad, atributo humano determinante para la vida en general y la política en particular, no alcanza sino es en el marco del realismo. La voluntad del gobernante no alcanza por sí sola. Al respecto, Alberdi sostenía hace siglo y medio que un decreto o ley no transformaba el desierto en civilización. Hoy día, el desafío de la política es constituir un sistema de partidos equilibrado, que permita conformar gobiernos con autoridad, sujetos a control, que utilicen los recursos públicos en políticas consistentes, sustanciales, transparentes y realistas.
Ramiro Pereira Abogado. Ex secretario Convención Nacional de la Unión Cívica Radical; miembro del Instituto Moisés Lebensohn.
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¿Somos una Nación? No es lo que están pensando. Este no es un texto separatista vasco, ni catalán, ni el lamento de un palestino desesperanzado. Tampoco es una broma, más bien todo lo contrario. Es una pregunta en serio y sobre un tema muy serio: ¿Somos, los argentinos, una Nación? Antes de responder, uno debería preguntarse ¿qué es una Nación?. Si lo hacen, es posible que se lleven una sorpresa. No es nada fácil definir el concepto de Nación. Y es lógico que así sea, porque se trata de un fenómeno social complejo. En rigor, hay dos definiciones: una jurídica y otra socio-cultural, pero me interesa hacer foco en esta última. Generalmente, se define a la Nación como un conjunto de personas con ciertas características en común: el idioma, la historia, la cultura; algunos teóricos también incluyen al territorio y a la religión en esta definición. En este punto, viene al caso la distinción: no son lo mismo Estado y Nación. El Estado es la organización jurídica que rige en un territorio, sobre la población que lo habita. La Nación, en cambio, es un conjunto de personas que comparten “algo”. Si esta definición no termina de convencerlos, es porque hay buenas razones para pensar que no es del todo correcta. Basta con ver algunos ejemplos para entender que no alcanza con compartir estas características para ser una Nación: a pesar de haberlas compartido todas en algún momento, Argentinos y Uruguayos no somos la misma Nación. Por otra parte, los Suizos son un buen ejemplo de Nación en la que no todos sus miembros comparten el mismo idioma. Pero, entonces, ¿Qué hace a una Nación? Para poder ser considerado Nación, el grupo de personas que la conforman tienen que sentirse parte de una misma Nación. Parece una definición que no dice nada, pero dice mucho. En otras palabras, para ser Nación esas personas tienen que tener “Conciencia Nacional”. ¿Y qué es la Conciencia Nacional? Es la convicción de que todos forman parte de un mismo conjunto, unidos por una historia y un destino común. Esto no quiere decir que sea una sociedad en la que todos piensan lo mismo, ni tampoco que no existan conflictos de intereses; es una sociedad donde sus integrantes son conscientes de un pasado compartido y creen en la existencia de un interés común a todos, superior a los intereses sectoriales o de clase, que los une en la construcción de un futuro mejor para todos. Resulta obvio, pero creo que es bueno destacarlo: no siempre fuimos una Nación. A lo largo de nuestra historia podemos encontrar grandes procesos y políticas de integración Nacional, que fueron ayudando a conformar nuestra Conciencia Nacional. Pero, si la Nación es una construcción social, así como pudo construirse, también puede destruirse.
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Posiblemente estén pensando que no todos los procesos ni las políticas fueron en el sentido de la integración Nacional. ¡Y es cierto! Los casos más evidentes fueron las reiteradas dictaduras militares, que mantuvieron a nuestra sociedad constantemente en situación de conflicto y fragmentación. Al cenit de la conflictividad lo alcanzamos en los '70, con una verdadera fractura social, y llegando al extremo de un Estado que buscó exterminar una parte de la Nación. Nunca como entonces quedó tan claro que Estado y Nación no son lo mismo. Nunca como entonces fue más oportuna la pregunta: “¿Somos una Nación?”. El gran desafío desde 1983 en adelante fue la reconstrucción de la Nación. No hablo del Estado de Derecho, ni de la Democracia, ni de la Economía del país. Hablo de la concepción de que todos los argentinos estamos en el mismo barco. Y creo que todavía sigue siendo una deuda pendiente. No voy a negar que se lograron algunos pequeños avances, pero las frustraciones económicas, las leyes de indulto en los '90 y la polarización política de los últimos años no ayudaron en este proceso. Afirmar que ya no somos una Nación puede ser una conclusión muy fuerte, incluso exagerada. Tal vez no dejamos de ser una Nación, pero somos una Nación degradada. Somos hinchas del mismo equipo de fútbol, pero ¿Creemos que realmente existe un interés común a todos?. Alguien podría cuestionarme si es realmente importante que exista una Conciencia Nacional y cuál es el problema de ser una Nación degradada. Piensen en un equipo de fútbol en el que a sus jugadores no les importa que gane su equipo, sino lucirse cada uno de ellos. Es más, piensen en un equipo en el que sus jugadores ni siquiera creen que jugando juntos pueden ganar. Así está hoy la Argentina, producto de años de frustraciones colectivas y confrontación social y política. Cada uno pateando para su propio lado. Muchos argentinos dudan de la existencia de un interés común a todos y aún más de que seamos capaces de construir un proyecto colectivo en pos de un interés común. Seguramente conocen a algún argentino que piensa que el problema de este país son los argentinos; y no me refiero a una sana autocrítica, sino a una acusación: el problema son los otros argentinos. Esta falta de unidad genera dos problemas esenciales: falta de compromiso con el resto de la sociedad y sesgo hacia el corto plazo. La falta de compromiso con el resto de la sociedad se puede ver en la escasa participación en actividades colectivas, como la política. El cortoplacismo se ve reflejado en un cambio de prioridades de la sociedad: no ocupan los primeros lugares la educación, la salud pública y el desarrollo económico a largo plazo, sino el incremento del bienestar económico y el consumo de corto plazo, aún en detrimento de las posibilidades de las generaciones futuras. Esto no es falta de generosidad, es degradación de la Conciencia Nacional. Simplemente, no creemos que valga la pena dedicar el tiempo a construir algo con los demás ni creemos que podamos construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos.
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Pero esto puede revertirse, aunque no va a ser fácil. El contexto internacional actual nos sonríe y estamos frente a una oportunidad histórica de volver a subirnos al tren del desarrollo, para comenzar a resolver el problema de la desigualdad en la Argentina que es un limitante muy fuerte para la unidad nacional y para borrar de la conciencia colectiva la idea de que no podemos construir un futuro mejor juntos. ¿Qué estamos haciendo para aprovecharla? “Odio a la puta oligarquía”, “Los piquetes de la abundancia”, “Les importa más lo que pasa en Miami que lo que pasa en San Juan”, “El 8N es un invento de una facción de ultraderecha paga”, “Los buitres y los caranchos no están solamente afuera”. No parece que desde el gobierno estén muy convencidos de que recomponer la armonía en nuestra sociedad sea una prioridad. Es más, el conflicto les ha resultado muy redituable a sus intereses de grupo, como partido gobernante. Incluso, de momentos, parece que confunden sus intereses de grupo con el interés nacional. Es como para no ilusionarse demasiado sobre la posibilidad de comenzar a revertir esta situación. Pero el contexto internacional no es nuestra única esperanza. Hay una nueva generación de jóvenes, nacidos, crecidos y/o educados en democracia, que no vivieron los procesos de degradación nacional que tuvieron lugar durante los '50 años de golpes militares y fragmentación social, o al menos no crecieron ni fueron educados durante ese periodo. Se abre una oportunidad inédita en nuestro país para reconstruir una Nación con argentinos que no creen que el problema somos los argentinos, sino que somos la solución. Es un camino largo, pero ya se están dando los primeros pasos. Y si necesitan alguna prueba, están estas páginas de Diálogo Paranaense, que muestran que no hace falta pensar lo mismo para sentarse a pensar juntos en futuro mejor para todos.
Francisco Uranga Ingeniero Industrial Miembro de la Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Gob. Dr. Raúl L. Uranga”. Movimiento de Integración y Desarrollo.