De la Cumbre al Paro
PARAR PARA
Mayo de 2014 Suplemento Especial
Foto: Prensa Rural
AVANZAR
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De la Cumbre al Paro
2 Contenido
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PARO AGRARIO
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EL PROBLEMA AGRARIO
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¿POR QUÉ PROTESTAN?
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REPENSANDO EL TERRITORIO
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MOVIMIENTO CAMPESINO
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CONFLICTOS INTER -ÉTNICOS
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SUJETO CAMPESINO
Diseño y concepto gráfico Yesid Zapata Impreso Centro de artes gráficas Periferia
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EL LEÓN HA DESPERTADO Y RUGUE
Ya es una verdad a gritos aquello de que la terrible desigualdad en la distribución de la tierra y los usos inadecuados de ella han sido un combustible permanente para la guerra en Colombia. Pero la situación no mejora ni se ven políticas públicas orientadas a este propósito. Por el contrario, la política agraria de los sucesivos gobiernos se hace cada vez más descarada con la suerte de las comunidades rurales, el proceso paramilitar agenciado por importantes instancias del Estado ha provocado un destierro epidémico de los campesinos y una reconcentración de la tierra en manos de los terratenientes y las empresas transnacionales que la han puesto en función no de la producción de alimentos sino del desarrollo de proyectos mineroenérgéticos. Como si fuera poco, los tratados de libre comercio, el modelo extractivista impuesto por el gobierno y la locomotora mineroenergética como motor del desarrollo han arrinconado tanto a las comunidades rurales que las tienen hoy como especie en vía de extinción. Y las comunidades rurales ha reaccionado en diversas ocasiones y siempre han recibido la misma respuesta del Estado: represión, deslegitimación mediática e incumplimiento de los acuerdos. ¿Hasta dónde llegará esta dinámica infernal? El gobierno cree poder mantenerla indefinidamente, pero las comunidades rurales están empeñadas en romperla de una vez y para siempre. El paro que realizaron a finales del año pasado estremeció al país como hacía muchos años no lo sacudía ninguna movilización popular. El gobierno, cínicamente, quiso asumirlo como un juego, y hasta llegó a afirmar que el tal paro agrario no existía. Confió demasiado en su poder mediático, pero tuvo que lamentarlo después con creces, porque las comunidades campesinas, indignadas por el desprecio del gobierno, sacaron todos sus esfuerzos y paralizaron al país, generando una crisis de desabastecimiento en las principales ciudades y ganando la solidaridad combativa de buena parte de los sectores y organizaciones populares. Aún así, el gobierno siguió jugando, sin saber que lo estaba haciendo con fuego. Incumplió los acuerdos que se vio obligado a firmar con el movimiento campesino y creyó que podía seguir tan horondo. No se ha enterado el gobierno que la tragedia que ha sembrado en el campo engendra a su vez la fuerza de resistencia de las comunidades rurales, pues ahora dichas comunidades se enfrentan a la dicotomía perversa de luchar o perecer. El señor presidente ha despertado la fuerza de un león, pero cree que puede seguir jugando con el gato. Ese león proyecta paralizar nuevamente el país desde la primera semana de mayo. Y en estos meses de incumplimiento ha logrado madurar sus estrategias de lucha y clarificar sus propuestas y reclamos. Sobre todo ha logrado avanzar en la construcción de un proceso de unidad con todos los sectores populares, convencidos ya de que el problema agrario está desatando una crisis política y social sin precedentes, en la que se pone en juego la soberanía alimentaria y con ella la vida misma de todos los pobres del país. Un león ha despertado con toda su furia y nosotros publicamos este dossier para saludarlo con alborozo, porque ya era hora de que el movimiento popular se sacudiera su letargo y asumiera conciencia de su fuerza y de la ignominia que padece. También lo saludamos con la esperanza de que este movimiento se convierta al fin en un gran paro cívico que haga tambalear los cimientos del establecimiento y logre avanzar en transformaciones de fondo al modelo social y económico que nos han impuesto a sangre y fuego.
De la Cumbre al Paro
PARO AGRARIO: UNIDAD Y SOLUCIONES A LA CRISIS AGRARIA
Por Alejandra Porras y Oscar Cerpa - Cedins
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El debilitamiento del sector rural es un problema notable desde comienzos del siglo XX, cuando distintos gobiernos liberales realizaron algunos cambios bajo el nombre de “reforma agraria”, que realmente beneficiaron poco al campesino colombiano. Desde entonces la estructura de la tenencia de la tierra sirve de base para las peores inequidades hacia el campesinado, al tiempo que ha sustentado una clase parasitaria y violenta como son los terratenientes, convertidos hoy en empresarios del campo. Con la apertura económica y el neoliberalismo de los años 90, la situación empeoró, ya que las dinámicas productivas del país se orientaron a la importación de productos a menor precio. Esto destruyó líneas enteras de la economía agraria como los cereales; al mismo tiempo la guerra contra el campesino pobre, a través del destierro, le despojó cerca de 10 millones de hectáreas, utilizadas hoy para monocultivos y actividades mineroenergéticas. El gobierno de Uribe entre 2002 y 2010 institucionalizó esta práctica y legisló en favor de ella. La locomotora no deja prosperidad Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia y su plan de desarrollo “Prosperidad Para Todos”,
Foto: El Churo
l pasado paro agrario, que se inició el 19 de Agosto del 2013, fue el resultado y expresión de los problemas estructurales que sufren los campesinos, el campo y la agricultura del país. Estos problemas se han agravado en los últimos años por la orientación destructiva de las políticas públicas hacia ese sector y el debilitamiento de la institucionalidad rural que favorece intereses de las grandes transnacionales de los agronegocios y la minería.
las tendencias históricas en el uso del suelo se mantienen y se acentúan en un modelo extractivista que trae consigo el despojo de las tierras y el debilitamiento del sector agricultor a través de una gran cantidad de tratados de libre comercio (TLC), la pérdida de la soberanía sobre las semillas, los desplazamientos forzados a los habitantes del campo y, por otro lado, los fuertes impactos ambientales como la contaminación a fuentes hídricas. Con todo ello, la pobreza y la miseria se generalizan en los campos colombianos. Uno de los datos que permiten visibilizar los profundos niveles de desigualdad es el índice Gini de concentración de ingresos, que en el país es de 0.561. Por eso el 10 % más rico en Colombia se lleva la mitad de la riqueza, mientras que el 1
El índice Gini mide hasta qué punto la distribución entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución equitativa, entre más cercano este a 0 más equitativa es esta distribución.
10 % más pobre apenas tiene el 0,6 %. El índice de Gini rural, que mide la desigualdad en la propiedad de la tierra, en la última década pasó de 0,74 a 0,88. Hoy el 77% de la tierra está en manos de apenas el 13% de los propietarios. Además, aunque el 94% del territorio nacional es rural, solo el 32% de la población vive en el campo. Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Cabe resaltar que las zonas con alta densidad de población afro son prácticamente las mismas donde hay pobreza extrema. El incremento de estos niveles de desigualdad en gran parte responde a la fiebre minera que padece Colombia y el mundo, debido a los altos precios internacionales del oro, el níquel, el carbón y otros metales preciosos. Por eso nuestros suelos prometedores de riquezas se han 3
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convertido en el escenario propicio para despertar la ambición y el deseo de saqueo por parte de empresas trasnacionales que se apoyan en un gobierno laxo en materia de soberanía, flexible en normas ambientales y sesgado a favor de las empresas extractivas. Este gobierno pretende que la industria minera colombiana sea para el año 2019 una de las más
Despojo, guerra, destrucción de la producción, desconocimiento del campesinado, violación del derecho a la consulta son problemáticas que han obligado a que los campesinos se organicen y empiecen a trabajar tanto en reivindicaciones concretas como en políticas públicas. Este proceso se venía gestando desde el 2012, alcanzó su máxima manifestación con el paro realizado en agosto del 2013, que contó con la participación de 18 departamentos movilizados.
en aras de confrontar el capital y el despojo de una manera más organizada y eficaz contra los problemas estructurales. Así, los afros, campesinos e indígenas decidieron buscar caminos que permitieran el mejoramiento de la calidad de vida en el campo. Se sumaron grupos de pobladores urbanos que también se pusieron la ruana, por decirlo coloquialmente, y habilitaron un espacio de unidad, discusión y propuesta en diciembre de 2013: la Cumbre Agraria y Popular,.
Foto: Colombia Informa
El lanzamiento de la Cumbre fue propicio para realizar un balance común del Paro de 2013, proyectando así las apuestas de unidad y las distintas propuestas reivindicativas y programáticas de los sectores sociales en conflicto. Se avanzó también en la necesidad de construcción de un pliego unitario, que proyectara la lucha agraria y contribuyera a la transformación de la realidad política y social colombiana. Así se definieron las rutas estratégicas y los pasos a seguir para rechazar el “pacto agrario” firmado entre el gobierno Santos y los poderosos gremios del sector agrícola, que había dejado en peores condiciones a los campesinos pobres.
importantes de Latinoamérica y amplié su participación en la economía nacional, sin mostrar el más mínimo respeto por ecosistemas como los páramos, que producen la mayor parte del agua colombiana, ni de los parques nacionales, resguardos indígenas, territorios colectivos afrodescendientes, comunidades indígenas y campesinas. 26 de los 32 departamentos viven en carne propia el fenómeno del desplazamiento derivado de la explotación minera y energética. 4
el paro a la Cumbre y de la Cumbre al Paro Una de las estrategias usadas por el gobierno Santos durante el último paro fue dividir por zonas a los campesinos y así evitar una negociación unificada; esa es una estrategia usada hace bastante tiempo por las élites colombianas, creada bajo la vieja máxima “divide y vencerás”; y aunque fue un paro de gran importancia, la instalación de mesas diferenciadas hizo que se debilitara hacia el final. Sin embargo, esta experiencia mostró la necesidad de coordinación y unidad entre los distintos sectores,
Ya en este año, desde el espacio unitario del proceso se orientó la realización de precumbres regionales, las cuales se realizaron en 23 regiones y departamentos del país. Las precurmbres sirvieron para medir el pulso del campo, pero especialmente para entender y establecer condiciones de actuación unitaria y darle curso a la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular. Los días 15, 16 y 17 de marzo, en la ciudad de Bogotá, aproximadamente 4.000 delegados de comunidades campesinas,indígenas, afrodescendientes y populares deliberaron sobre las necesidades del paísentornoaprocesosdeOrdenamiento Territorial, donde las comunidades puedan redefinir la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, se protege el aire y se le dan soluciones reales al conflicto interno que vive el país, entre otros temas estructurales.
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Además del ambiente de hermandad que se alcanzó entre las diferentes vertientes y propuestas políticas, se logró discutir en 16 mesas de trabajo y construir y aprobar un Pliego Unitario, que en realidad es la base de un modelo de nuevo país, incluyente y defensor de la vida y el territorio. La cumbre logró sus objetivos de unidad, construcción de pliego y acuerdo de paro proyectado hacia la última semana de abril y la primera de mayo de 2014. La Cumbre fue culminada con una marcha de más de 30 mil personas. Los principales aspectos del pliego unitario construido y acordado por unanimidad en ella, son: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial: son las comunidades las que trabajan y conocen la tierra, y deberían ser ellas mismas quienes decidan cómo debe ser su aprovechamiento y distribución en una lógica de respeto por la naturaleza para beneficio de las comunidades y del país en general. Ordenamiento territorial nuevo: que incluya Resguardos indígenas y territorios ancestrales, Territorios colectivos afrocolombianos, Zonas de Reserva Campesina, Zonas Agroalimentarias, Zonas de biodiversidad, Territorios interétnicos e interculturales. Estas zonas así constituidas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero– energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas”. Cultivos de coca, marihuana y amapola: “Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.” Para las comunidades es complicado salir del cultivo de esas sustancias si no hay otra manera sostenible y continua de abandonarlo y sustituirlo. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. Se requiere reconocimiento político de los derechos de los campesinos, afrocolombianos e indígenas. Acabar con el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se
movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz. Derechos sociales: se insiste en demandas históricas como educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación. Relación campo-ciudad: se plantea una visión integradora del territorio, porque la tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial. Paz, justicia social y solución política: Todas estas reivindicaciones y propuestas hacen parte de la propuesta de paz que impulsamos y ofrecemos al país los movimientos agrarios, sociales y populares. El Paro, a despecho del presidente, no solo existe sino que ya tiene una hoja de ruta, una base de trabajo y una propuesta de país para la vida digna.
Economía propia contra el modelo de despojo. “Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económicos de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.” Foto: Cahucopana
Minería, energía y ruralidad. Dicen los pueblos indígenas que mientras la madre tierra esté enferma todos los hijos e hijas de ella estarán enfermos. La minería hace esta certeza indiscutible. “En ese marco, 5
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EL PROBLEMA AGRARIO
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l tema de propiedad y concentración de la tierra en Colombia ha sido parte integral de la política de Estado, en términos de proteger la concentración de la propiedad, en perjuicio de los campesinos y jornaleros sin tierra y en favor de los terratenientes y ganaderos. El problema agrario, entendido como la concentración de la propiedad de la tierra en pocos propietarios, es un factor generador de pobreza e inequidad de la sociedad, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, al tiempo que representa un obstáculo muy grande para el desarrollo de la industria y el comercio en el marco del mercado interno, en la medida que los campesinos empobrecidos y víctimas de la confrontación armada han migrado históricamente a las ciudades, abandonando la producción de alimentos y conformando cinturones de miseria urbanos. En Colombia, el problema agrario ha intentado ser resuelto a través de leyes y decretos. Esfuerzos como la ley 200 del 36 y la ley 100 del 44, resultados de la visión reformista de López Pumarejo ante el auge de las luchas agrarias y populares en las décadas de los veinte a los cuarenta, fueron frustradas por la oposición representada por el partido conservador, los terratenientes liberales y las jerarquías de la iglesia católica, dando origen, a partir del asesinato del líder popular Jorge E. Gaitán, a la violencia liberal – conservadora, la cual entre 1948 y 1957 ocasionó la muerte de 300.000 personas y el desplazamiento de 6
Por Jorge Alfonso Urrea Cepeda
centenares de miles de familias campesinas a los centros urbanos. El esfuerzo reformista más importante se realizó en 1961 con la ley 135 de Reforma Agraria, la cual partía de reconocer el problema agrario como un problema estructural en la sociedad colombiana y la causa principal de la violencia del periodo 48 -57 del siglo pasado. Sin embargo, el gobierno de Carlos Lleras (1966- 1970), con la reforma agraria, proyecto bandera de su administración, enfrentó la oposición de conservadores y terratenientes liberales, siendo sepultada durante el siguiente gobierno en el Acuerdo de Chicoral, pacto que firmaron liberales y conservadores en favor de los terratenientes y en el cual suprimieron la cláusula vigente desde la ley 200, atinente a la función social de la propiedad. Esta idea fue remplazada por el concepto de calificación de tierras adecuadamente explotadas, que sirvió como impedimento para que un predio fuera objeto de reforma agraria. Así se aplazó la solución del problema agrario desde una perspectiva reformista liberal y se orientó a los campesinos hacia la colonización de baldíos ubicados más allá de la frontera agrícola, con falsas promesas de obras de infraestructura, educación, salud, asistencia técnica, crédito y desarrollo socioempresarial. El proceso de la reforma agraria en el periodo de Carlos Lleras estuvo marcado por la conformación de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), con
el apoyo del gobierno, la cual se dividió en dos líneas: una que apoyaba el proceso oficial de reforma agraria, la Línea Armenia, y otra- Línea Sincelejo- que lo apoyaba críticamente y utilizaba mecanismos de lucha directa como la invasión de latifundios. Esta lucha presentó su mayor intensidad en la Costa Atlántica como lucha de resistencia al Acuerdo de Chicoral. El gobierno de López Michelsen, contrario a sus promesas de reforma agraria en tiempo del movimiento revolicionario liberal - MRL, implementó la estrategia de hacer más productivo el minifundio con la aplicación de la llamada Revolución Verde, a través del Programa DRI - Desarollo rural integral, consistente en proyectos focalizados de asistencia técnica, crédito supervisado, infraestructura vial, de salud, eléctrica y de aulas escolares, el cual operó en las áreas de mayor concentración de economías campesinas vinculadas a la producción de alimentos de canasta básica, dejando intacta la propiedad monopólica de la tierra. Esta política fue continuada por el gobierno de Turbay Ayala y finalmente debilitada durante el proceso de apertura económica de 1990- 1994 hasta liquidarla durante el gobierno de Ernesto Samper. En 1988, en el gobierno de Virgilio Barco, surgió otra propuesta de reforma agraria, también fallida, y en la cual se suprimió la barrera de la calificación de tierras introducida por el Pacto de Chicoral, y en el gobierno de Samper (1994- 1994)
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por los grupos paramilitares a los campesinos. En este gobierno las propuestas de reparación a las familias campesinas víctimas del despojo por parte de actores armados fue negada con el argumento que conduciría a la quiebra del Estado.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, se modificó levemente la ley 160 del gobierno anterior en el sentido de incorporar el tema de la vivienda rural. En el primer gobierno de Uribe Vélez se introdujo el criterio de pérdida de la propiedad a propietarios ausentistas por más de 5 años, sin embargo, esta propuesta tenía el ánimo de legalizar la propiedad usurpada
El gobierno actual ha revivido el tema del problema agrario en términos de la ley 1448 de 2011 relativa a Víctimas y Restitución de Tierras de ciudadanos despojados de sus propiedades a partir de 1991, como complemento a los posibles acuerdos de paz que firmen el actual gobierno y las FARC en la Habana. Este proceso ha estado marcado por la
lentitud burocrática y el asesinato de líderes del movimiento campesino y de campesinos objeto de la restitución de tierras. De 6 millones de hectáreas expropiadas por grupos al margen de la ley, especialmente por grupos paramilitares, solo 21.103 han sido restituidas durante el presente gobierno y el 85% de las familias afectadas no ha presentado reclamación, según informe de la Fundación Forjando Futuros, de marzo de 2014. Así, pues, sigue vigente en Colombia un sistema económico agrícola basado en la gran propiedad agraria y la miseria de los campesinos, sean éstos indígenas, afrodescendientes o mestizos.
Foto: Juan Santacruz
se formuló una nueva propuesta convertida en ley, que introdujo el criterio de que los campesinos recibieran subsidios para la adquisición de tierras, eliminando la función que el INCORA había tenido desde su fundación en 1961.
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¿POR QUÉ PROTESTAN Por Esteban Montaño
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Foto: El Churo
os campesinos vuelven a estar de moda. A siete meses del paro agrario que le recordó a la Colombia urbana su origen rural, los campesinos exigen el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron en ese momento con el gobierno de Juan Manuel Santos. Los campesinos sienten que no tienen cabida en este modelo productivo que ubica en la minería a gran escala y en la agricultura empresarial los motores del desarrollo económico y por eso lo desafían. En un contexto en el que, según el analista Alejandro Reyes, el 46 por ciento de los habitantes rurales está en condiciones de pobreza y el 22 por ciento en la indigencia, la disyuntiva es clara: resistir o desaparecer. “Tenemos la caña al lado de la cama” José Harold Gómez tiene 42 años y recuerda que en su infancia, después de salir del colegio, iba a bañarse con sus primos al río Desbaratado. Luego entraban a cualquier finca cercana y comían bananos y cacao hasta saciarse. “Pero hoy, en la parte plana de Miranda, el río parece agua muerta y el que desayuna no almuerza y el que almuerza no come”. Miranda es un pueblo del norte del Cauca cuya llanura está habitada en su mayoría por afrodescendientes. En un tiempo la economía estuvo sustentada por la producción en pequeña escala de plátano, yuca, fríjol, millo, soya, tomate y cacao. Ahora la caña ocupa todo el espacio hasta donde alcanza la mirada. José 8
Harold Gómez dice que antes sacaban alimentos al pueblo para venderlos. Hoy les toca ir a comprarlos porque ya no tienen tierra para sembrar. Según Gómez, los ingenios azucareros nunca han utilizado las armas para despojarlos de sus tierras. Sus estrategias han sido más sofisticadas. “Los ingenios compran una hectárea a un campesino, con sus máquinas levantan el terreno y el vecino queda en un hueco, entonces el agua que sale de sus procesos se viene y le daña todos los cultivos. Uno no tiene cómo competir y toca vender”, explica. El monocultivo de caña no ha significado progreso para los habitantes de Miranda. Gómez
dice que la producción de azúcar incluye la quema de la caña y su fumigación con glifosato. Y esto causa enfermedades pulmonares y la contaminación de las fuentes de agua que utilizan los habitantes de las zonas aledañas a los ingenios. Por si fuera poco, el desempleo es rampante porque estas empresas no alcanzan a absorber la mano de obra disponible en los municipios donde se alojan. José Harold Gómez llegó a Bogotá, a la Cumbre Campesina, étnica y popular para expresar su inconformidad con esta situación. Para solucionarla, le propone al gobierno que les asigne tierras para volver a producir alimentos.
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“Nosotros queremos que a través de la nueva ley de tierras nos adjudiquen unas parcelas para poder sembrarlas con pancoger, esa es nuestra cultura y por nada del mundo la queremos perder”.
Javith Perea se queja porque en
“Somos mineros tradicionales perseguidos como ilegales”
de retroexcavadora. Pero dice que
Javith Perea es el líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Dantas, en el municipio del Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Esta es una zona de tradición agrícola y minera, en donde la extracción del oro de las quebradas se complementa con la siembra de plátano, yuca y arroz. Según Perea, la minería ha sido siempre una actividad de rebusque porque en su pueblo la agricultura nunca ha dado lo suficiente para poder vivir.
tradicionales para que las tierras
“Aquí el agro no tiene un comercio bueno, no hay vías de acceso donde usted cultive diez o veinte hectáreas de yuca y sepa que las puede vender fácilmente, el arroz o el plátano tampoco tienen buen comercio. La agricultura no nos da para el sostenimiento general de la familia. La minería es para complementar lo de los cultivos, con eso se compra lo que hace falta para mantener a la familia”, enfatiza Perea. Hace unos años empezaron a llegar retroexcavadoras a catear los ríos de la región. Tras ellas llegaron los grupos armados cobrando un porcentaje de la producción e impuestos de hasta cinco millones de pesos por máquina. Hay empresas que tienen diez retros trabajando al mismo tiempo, revolcando la tierra y desviando los cauces. En el pueblo, la Policía detiene a todo el que saca un castellano de oro (4,6 gramos) porque dice que es un delito.
su vereda llevan mucho tiempo viviendo de esa labor y de un momento a otro los empezaron a tratar de ilegales. Está de acuerdo en que hay que castigar la minería también quieren sacar a los mineros sean
explotadas
transnacionales.
por Para
empresas impedirlo,
Perea le recuerda al gobierno que ellos son los dueños legítimos del territorio y que no quieren imaginar la vida fuera de él. “Tenemos el derecho a decidir nuestra vocación productiva” “Es que nosotros somos campesinos, por eso no queremos la minería en nuestros territorios”. Con esta frase, doña Silvia Guerra, del municipio de Támesis, intenta explicar la oposición que desde 2011 están ejerciendo cientos de habitantes del suroeste antioqueño frente a las posibilidades de que sus montañas sean arrasadas para extraer el oro que reposa en sus entrañas. En el Código Minero el Estado colombiano declara la minería como una actividad de utilidad pública e interés social que prevalece sobre otras formas de ocupación del territorio, entre ellas la agricultura. Pero doña Silvia Guerra insiste en que la soberanía reside en el pueblo y por eso festejó el Acuerdo Municipal número 009 de 2012 en el que el Concejo de su pueblo prohibió la exploración y la explotación minera de metales.
La alegría duró poco. Hace pocas semanas, y tras la consulta popular que le dijo no a la ubicación de residuos mineros en el municipio de Piedras, Tolima, la Procuraduría se pronunció en contra de este tipo de consultas argumentando que estas decisiones son de la órbita exclusiva del Presidente de la República. Así las cosas, doña Silvia Guerra siente que cada vez son menos los recursos para impedir que los despojen de sus territorios. Porque para ella la minería a cielo abierto equivale al destierro. Más allá de los conflictos sociales que son inherentes a los grandes proyectos extractivos, está segura de que si las empresas mineras llegan, a los habitantes del suroeste les tocará salir porque ya no habría agua ni animales, ni mucho menos tierra para cultivar. Y ese panorama es tan sombrío que doña Silvia piensa hacer todo lo que esté a su alcance para que les reconozcan su derecho a decidir el destino de sus territorios. A la espera de la respuesta del gobierno Javith Perea aclara que los campesinos son personas trabajadoras que se ven en la obligación de reclamar ante una situación que amenaza su existencia. El mensaje es claro. Si no hay una voluntad evidente de atender las demandas de los campesinos, las protestas continuarán. Para doña Silvia Guerra no es suficiente con pañitos de agua tibia que responden a la coyuntura. “Es imprescindible revisar el modelo de desarrollo que se aplica en el país, pues así como está planteado no hay espacio para la agricultura campesina”, explica.
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DESTERRITORIALIZAR LAS LUCHAS Y CONSTRUIR EL TERRITORIO Por Anyela Heredia
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n los últimos años las y los colombianos hemos tratado de reconstruir la noción de territorio, entendido este como el espacio, no solamente físico, en el que las comunidades construyen su identidad, su historia, sus propuestas y experiencias de vida en relación con la naturaleza. La pregunta que nos ronda, sin embargo, por contradictoria que parezca, es: ¿cómo proyectar nuestra lucha más allá del territorio específico que habitamos? Es decir, pensar el territorio como un todo, más allá de nuestro barrio, nuestra vereda, nuestro municipio, nuestra región, nuestra colectividad política o nuestro “sector” social, de manera que podamos articular nuestras luchas hacia una construcción de país que garantice condiciones de vida digna para todos. Dos escenarios de encuentro, reflexión y movilización en los últimos meses han puesto de manifiesto esa 10
inquietud, y a partir de ella han venido construyendo reflexiones y propuestas que van desde la formulación de exigencias concretas al Estado hasta propuestas de reorganización, administración y cuidado del territorio de manera autónoma. En esos dos escenarios: la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular (15-17 de marzo) y el Foro Social Urbano, alternativo y popular (6-9 de abril) se reflexionó acerca de la relación entre el campo y la ciudad bajo la conciencia de que todos, mujeres y hombres en espacios urbanos y rurales hacemos parte de una sola clase oprimida y nos une la lucha por la redistribución de la tierra y la necesidad de dar una valoración distinta a la naturaleza, al trabajo, al buen vivir, ajena al modelo extractivista y de explotación capitalista implementado por las elites de nuestro país.
Defender y cuidar el territorio En términos generales, los problemas resultantes de la implementación de proyectos mineros y energéticos en áreas rurales repercuten directamente en la ciudad porque amenazan el suministro de agua y la soberanía alimentaria de los pueblos. Plantear una nueva relación campo ciudad implica comprender, además de la relación de interdependencia del campo y la ciudad en lo relacionado con el suministro y la producción de alimentos, la relación que existe entre la llamada estructura ecológica principal y el aprovisionamiento de agua, aire y biodiversidad necesarios para el sostenimiento de la vida. El llamado que se nos hace a campesinos y habitantes urbanos es a juntarnos en defensa del territorio y la soberanía alimentaria y a que exijamos frenar la locomotora mineroenergética, detener la adjudicación de títulos mineros y campos petroleros y la
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Históricamente han sido nuestras comunidades ancestrales indígenas, afrodescendientes y también campesinas, las que han garantizado el cuidado y la protección de nuestros bienes comunes. De ahí que se plantee la necesidad de reconocer su labor y devolvérsela, arrancándola de las manos de las mal llamadas corporaciones autónomas y ambientales, pero garantizando los recursos suficientes para la subsistencia de las familias involucradas en el proceso. Impera la necesidad de derogar todas las leyes que atentan contra la soberanía de los pueblos en cuanto a la conservación y el intercambio de semillas, así como la cancelación de los tratados de libre comercio que atentan contra la soberanía alimentaria, el medio ambiente y la economía propia. De igual manera se propone promover el manejo público y comunitario del agua, así como la prestación de servicios públicos que garantice el acceso a mínimos vitales de agua y energía y unas tarifas accesibles a los habitantes del campo y la ciudad. Reorganizar el territorio Significa también que tanto las comunidades rurales como los habitantes de los centros urbanos nos involucremos activamente en la formulación de nuestros propios planes de vida y ordenamiento territorial. Esos planes deberán redefinir no solo las regiones del país (como nos lo enseñara el maestro Orlando Fals Borda), sino además los usos del suelo adecuados a las necesidades de las comunidades, priorizando el establecimiento de zonas específicas para la producción agrícola de mediana y gran escala y zonas de producción campesina para el autoabastecimiento. Debemos pensar y definir nuevos centros urbanos menos aislados, pero a la vez menos poblados, y eso implica planificar la construcción de una infraestructura de vías secundarias y terciarias que posibilite la comunicación y el intercambio de de productos entre localidades pequeñas.
Redefinir las tarifas del impuesto predial y establecer políticas de vivienda digna, con entornos agradables que cuenten con espacios comunitarios para la recreación, el ocio y la atención de las necesidades básicas de salud y educación. Y dejar de considerar estos últimos como servicios para exigirlos como derechos fundamentales. Las comunidades indígenas y afrocolombianas conservan y defienden el derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio. Pero es posible que haya comunidades urbanas interesadas y dispuestas a aprender y a construir asentamientos urbanos distintos, donde prime la conciencia comunitaria, con formas cooperativas de administración que propendan por la implementación de técnicas alternativas de construcción de vivienda, etc.
Descolonizar nuestro pensamiento exige un cambio de mentalidad que comprenda la interculturalidad, que garantice una división del trabajo justa y equitativa, que cuestione permanentemente y genere nuevas prácticas de consumo en torno a la satisfacción de necesidades básicas. Repensar el territorio nos exige, además, replantear la relación histórica de subordinación que existe del campo a la ciudad, de las mujeres a los hombres, de los trabajadores al patrón; y nos interpela para que volvamos a soñar, a encarnar y a llamar por su nombre nuestra utopía socialista, anticapitalista y antipatriarcal.
Se propone crear sistemas de economía propia, y para ello establecer acuerdos regionales de soberanía alimentaria que fortalezcan los mercados locales y regionales y recuperen el reconocimiento de plazas de mercado populares; impulsar la creación de circuitos económicos solidarios que permitan relaciones más justas en el intercambio de productos y servicios. Repensar el territorio Es importante la defensa del derecho de las comunidades afro e indígenas a tener una educación propia, así como una educación acorde con las particularidades territoriales y las dinámicas de la vida campesina. De igual manera es necesario que, así como en nuestras escuelas se enseñan idiomas extranjeros, se promueva entre nosotros la enseñanza de las lenguas nativas. Que así como se nos enseña a manejar computadores y otras herramientas tecnológicas, se nos enseñe desde niños a implementar prácticas agroecológicas de producción y de economía solidaria, tanto en la ciudad como en el campo. Hay que reconocer la necesidad de desmitificar los referentes teóricos europeos y angloamericanos para recuperar nuestros propios referentes africanos, y latinoamericanos, y sus prácticas ancladas en nuestra cultura, como lo son el convite, el trueque, la mano prestada, las mingas de pensamiento, entre otras prácticas comunitarias y anticapitalistas.
Fotos : Jimmy Fernando Torres
intervención de nuestros ríos para el aprovechamiento energético.
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EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN COLOMBIA
Foto: Prensa Rural
Por Robert Daza
“El campesino sobrevivió al esclavismo, el campesino sobrevivió al feudalismo, el campesino sobrevivió a la revolución industrial, el campesino sobrevivió al socialismo”. La pregunta es: ¿Sobrevivirá a la globalización, como expresión del modelo neoliberal?
L
os campesinos en Europa somos blancos, los campesinos en el Asia somos amarillos, los campesinos en medio oriente y en la India somos renegridos, los campesinos en África somos negros, los campesinos en América Latina somos negros, amarillos, blancos y rojos a la vez; somos hijos del “pecado”, es decir de la violación de las madres indias por los invasores europeos, acción que la real academia de la lengua llamó “mestizaje”. Qué le hacemos, hoy por nuestras venas corre sangre indígena, negra y blanca. La gesta libertadora de Bolívar conservó la hacienda como herencia de opresión española. Indígenas, negros y mestizos hicieron parte de las propiedades de las familias que se fueron configurando como los 12
nuevos señores del poder para la nueva república.
Primeras manifestaciones organizadas
Se tiene idea que en los albores del siglo XX, más o menos en la década de 1920 a 1930, en Córdoba reventaron las primeras luchas campesinas por condiciones dignas para trabajar. Estas primeras acciones, como expresión del movimiento campesino por la tierra, sentaron las primeras bases del fundamento histórico en el que la razón de ser del campesino es la tierra pues sin tierra no hay proyecto de vida campesina.
El primer intento de reforma agraria se dio en 1936, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con la ley 200 de 1936. Por eso en los años de 1.940, con influencia del partido comunista, del partido liberal, la Iglesia católica y una fuerte influencia de los sindicatos creció la organización campesina; se crearon los Sindicatos Obreros Rurales, que dinamizaron la construcción de organización campesina. En 1942 se registró la conformación de la Confederación Campesina e Indígena en contra de la organización terrateniente, opuesta a las luchas sindicales y campesinas. Estos terratenientes impulsaron la Ley 100 de 1944, para contrarrestar la ley 200 de 1936. Luego surgió la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada en 1946; esta fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
La lucha por la propiedad de la tierra y su administración para la agricultura ha sido el corazón de las luchas campesinas. La tierra debe ser para quien la trabaja, y la movilización campesina por este derecho ha sido el instrumento que ha hecho crecer el entendimiento de los campesinos como una clase en sí y para sí; quiere decir que para los campesinos no hay salvadores, que la salvación solo viene de nosotros mismos, con nuestras luchas y poniendo en práctica nuestras propias propuestas y la unión de clase.
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La ley 100 de 1944, que más bien se podría llamar de contrarreforma agraria, revivia la figura de la aparcería, eliminada por la ley 200; de manera que los campesinos no podrían convertirse en propietarios de la tierra que trabajaban a diario y durante años. Así se ponía en práctica un juego de reforma y contrarreforma que se mantiene hasta nuestros días. Hasta hoy se han llevado a cabo más de seis reformas agrarias, con más o menos el mismo número de contrarreformas; a la ley 200 de 1936 se le opuso la ley 100 de 1944; a la ley 135 de 1961 se le opuso el pacto de Chicoral en 1973; a la ley 30 de 1988 de Barco y a la 160 de 1994 de Gaviria, se le opusieron en la práctica los paramilitares y el gobierno de Uribe con su ministro Arias y su violencia sin precedentes. De la ANUC al movimiento cívico La Asociación Nacional de Usuarios campesinos- ANUC, fundada en 1.967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, nació como una alternativa oficial que cambiaría la distribución y propiedad de la tierra en Colombia. Los campesinos, principalmente en la Costa Caribe, Magdalena Medio y Suroccidente, alcanzaron un fuerte nivel de lucha y de carácter gremial que les permitió independencia de los partidos en el poder y se adentraron con la consigna de “la tierra para quien la trabaja”. Así surgió el más grande movimiento campesino que se haya registrado en Colombia. Luego de las luchas campesinas de la ANUC, se registraron diferentes formas de organización, con influencia de la Iglesia, las agencias gringas y las nacientes organizaciones no gubernamentales. El perfil de estas luchas se basó en el desarrollo de la organización campesina alrededor de los proyectos productivos, ambientalistas, de clubes de amas de casa, mujeres cabeza de familia; respondía a un fuerte trabajo ideológico en favor del establecimiento, que abordaba a
los campesinos como beneficiarios aislados de las luchas sociales y de la lucha por la tierra. Las luchas de los años 80 fueron luchas cívicas, por servicios públicos y por apertura democrática, lo que dio origen a la elección popular de alcaldes y gobernadores. Las expresiones de lucha campesina desarticuladas a mediados de los años de 1.970 vivieron entonces procesos de reagrupación y entraron de nuevo en acción en el contexto de las luchas cívicas con las marchas campesinas. Las marchas de la Bota Caucana, del sur de Bolívar, Santander y Centro Oriente, se hicieron sentir en Colombia por salud, educación, energía eléctrica, comercialización de sus productos y tierra para trabajar. La mayoría de estas fueron reprimidas por el gobierno, de lo cual recordamos las víctimas de la Llana Caliente, masacre perpetrada el 29 de mayo de 1988, en San Vicente de Chucurí, Santander, donde el ejército disparó contra los manifestantes dejando muertos y heridos. Las dinámicas actuales De estas marchas campesinas de mayo de 1988 quedaron las bases para la construcción de organizaciones tan importantes como el Comité de Integración del Macizo Colombiano, la Federación Agrominera del Sur de Bolivar, el Movimiento Campesino de Centro Oriente y tantas otras organizaciones campesinas que hoy hacen parte del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, CNA, integrado en el Congreso de los Pueblos y el Movimiento Campesino Internacional La Vía Campesina. En los años de 1990, con la puesta en marcha de la apertura económica, las organizaciones campesinas se vieron forzadas a movilizarse, principalmente los cafeteros, haciendo movilizaciones y paros como el del suroccidente colombiano y la toma del parque
Murillo Toro en Ibagué. Esta confluencia de organizaciones campesinas, indígenas y negras sentó las bases políticas de las nuevas luchas campesinas para el siglo XXI, colocando al centro de las reivindicaciones ya no únicamente la reivindicación histórica del acceso a la tierra sino la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, los derechos de las mujeres y los derechos de los campesinos y campesinas. Para ello acudieron a un instrumento de articulación que se lo llama el Coordinador Nacional Agrario, el cual se constituyó como organización agraria el 14 de febrero de 1997. Las décadas del 90 y el 2.000 fueron terribles para las comunidades campesinas. A la par que se sustentaba jurídicamente la aplicación del mode lo neoliberal para Colombia, se ejercía la más cruel violencia de la que se tenga registro en la historia. Las masacres y los asesinatos obligaron a salir desplazados de los campos colombianos a 2.500.000 personas, solo en los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En total se cuentan por lo menos unos 6 millones de personas en calidad de desplazamiento en todo el país. La combinación de fuerzas paramilitares con fuerzas represivas del Estado fue una práctica que se aplicó por todo el territorio nacional con el fin de “limpiar” los territorios y facilitar la llegada de las grandes empresas, ya fueran nacionales o extranjeras. Este período se caracteriza por la concentración de la tierra para el monocultivo, especialmente para la producción de agrocombustibles. También se presentan grandes escándalos políticos en los que aparecen siempre vinculados los ministros, los militares y el propio presidente de la república por utilizar la trampa, la ley y la criminalidad como instrumentos para garantizarle los negocios a sus amigos. La tierra se le despojó a los campesinos para entregársela a los grandes 13
Fotos : Jorge Silva
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empresarios y hasta se justificó por el entonces ministro de agricultura, Felipe Arias, que los únicos que sabían hacer producir el campo eran los ricos. Son décadas de violencia y despojo en contra de los campesinos. En Colombia el establecimiento ha practicado todas las formas posibles de violencia para acabar con las organizaciones y las luchas campesinas, a fin de instalar el modelo de la globalización, la extracción y la desertificación del agro nacional. Cada año crece la importación de millones de toneladas de alimentos y proliferan los tratados de libre comercio, la importación de insumos químicos, de semillas certificadas, y toda una red de negocios que atentan contra la soberanía y la seguridad alimentaria. El ejecutivo y el legislativo hacen todos los esfuerzos para armar un andamiaje jurídico que garantice esta indigna situación. No cabe duda que la gota llenó la copa y ante semejante mar de injusticias se levantaron en casi todos los departamentos del país 14
los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos desde julio de 2013. Emergió de las cenizas el sujeto campesino, demandando derechos y cobrando deudas pendientes al Estado. En estas luchas el concepto de Territorio tomó fuerza, ya no es solo la lucha por la tierra sino por la defensa de la cultura, de la soberanía alimentaria y por el buen vivir. Estas luchas están llenas de propósitos de fondo, marcados por la necesidad de transformar el modelo económico; son luchas que además vienen ganando legitimidad en las capas medias y en los sectores urbanos, porque, como dicen algunos, todos somos agrodescendientes, todos tenemos un ancestro en el campo, de él nos alimentamos y de él disfrutamos. Por eso los paros agrarios del año 2013 traían sed de unidad y reconocimiento. El campesinado que había sido casi diezmado por la guerra paramilitar continúa siendo atacado por las leyes del despojo heredadas y lideradas, con fuerza, por el presidente Juan Manuel Santos. Los Santos y los Lleras son nietos de los que en la
época de la violencia desplazaron a nuestros abuelos campesinos. Haciendo gala de desprecio y cinismo, han formulado leyes que intentan acabar la tarea que sus abuelos empezaron: exterminar el campesinado y apoderarse de sus tierras, agua, minerales, su fuerza de trabajo, su cultura, de sus hijos y volverlos mercancía para acumular el capital que les faltaba, para destruir a Colombia. En respuesta a estas leyes, en el año 2014 emerge la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para anunciar la unidad del movimiento agrario, interétnico e intercultural de Colombia. Esta cumbre presenta un Pliego Unitario de 8 puntos como propuesta para la solución de raíz a los problemas que nos aquejan a los campesinos, una mesa única de negociación de los problemas agrarios y el paro agrario como instrumento de presión para ser escuchados y llegar a soluciones; estas son las claves para la permanencia en los territorios campesinos, ancestrales y afros con bienestar, dignidad y autonomía.
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LA LUCHA EN EL CAUCA NO ES POR LA TIERRA SINO POR EL TERRITORIO
L
a lucha por el territorio no es la lucha por la tierra. La lucha por la tierra es la guerra de los blancos para apropiarse de ella. Los pueblos originarios, los negros y los campesinos que la han trabajado por siglos, ven en la tierra más que un pedazo físico de materia, la reconocen como proveedora de vida, como guarida para el buen vivir y tejen lazos con ella de otra naturaleza, espirituales y culturales. Por eso, los indígenas le dicen la madre tierra, al igual que los negros, que la tratan como a un ser vivo, como lo que es. Pero también significa mucho para los campesinos que, como ellos mismos dicen, la han moldeado a golpe de azadón, la han conquistado y se la han arrebatado a los terratenientes con sudor y sangre, literalmente. Hace más de cinco siglos los invasores españoles se apoderaron de los territorios que habitaban nuestros indígenas. Después, mediante modos de producción injustos cercaron la tierra y los pusieron a trabajar para ellos, a la fuerza los sometieron culturalmente; trajeron encadenados a nuestros hermanos negros del
Foto: Periferia Catalina Duque
Por Olimpo Cárdenas Delgado
África y de igual manera los abusaron; construyeron las ciudades a su antojo y planearon el territorio como les pareció; del mestizaje nacieron los campesinos pobres, sacrificados e igualmente abusados. En los tres millones de hectáreas que tiene el departamento del Cauca, al sur occidente de Colombia, habitan aproximadamente un millón trescientas mil personas, 20% son indígenas y se ubican en tierras fértiles al nororiente, el 58% son campesinos y están en la cordillera, y el 21% afrocolombianos en la zona occidental. Los indígenas tienen títulos coloniales que les entregó la Corona Española y que fueron reconocidos por Simón Bolívar en 1820; a los afros, luego de muchos reclamos y luchas, mediante la Ley 70 de 1993, les reconocieron títulos colectivos sobre algunos de sus territorios, y los campesinos vienen peleando su pedazo de tierra, la misma que se han ganado con trabajo, desde hace mucho tiempo y especialmente después de la violencia de los años 50. Ellos aún no tienen territorios colectivos por ley, pero los siguen exigiendo.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Universidad Javeriana de Cali, en una investigación muy completa, encontraron que: los títulos de comunidades indígenas suman por lo menos 612 mil hectáreas. Estas tierras hacen parte de 100 resguardos, 47 de ellos con títulos coloniales y republicanos, y otros 53 reconocidos mediante resoluciones emitidas por el Incoder y que les pertenecen a 13 comunidades indígenas. El mismo estudio indica que ante el Ministerio del Interior están registrados 22 consejos comunitarios de afros dueños de tierras colectivas, pero sólo 17 de éstos están avalados por resolución del Incoder y suman 574 mil hectáreas: cinco están en Guapi, siete en Timbiquí y cinco en López de Micay. Pero no hay información disponible sobre cuántos son los predios titulados o baldíos explotados por campesinos. El citado informe encontró que la mayoría de los campesinos se concentra en los municipios de Argelia, Rosas, Sucre, Cajibío, El Tambo, Sotará y La Vega. 15
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Pero más del 61% de la tierra en el Cauca está en manos del 5% de propietarios, empresas trasnacionales, terratenientes, familias como los Valencia, los Mosquera y los Arboleda, entre otras, que cultivan pino, caña de azúcar o se dedican al pastoreo intensivo o la producción de ganado de lidia en donde a un solo toro le dedican decenas de hectáreas. En 2012, el coeficiente Gini, de tierras, para este departamento estaba en 0,84, tal vez el más alto del país. Entre tanto, indígenas, afros y campesinos han luchado a brazo partido por recuperar el territorio, pero cada uno por su lado. De eso se han beneficiado el Estado y los grupos de poder que agencian la disputa interétnica, porque no pocas veces los ojos de una u otra comunidad se ponen sobre los mismos territorios y en varias oportunidades el mismo gobierno les ha prometido los territorios a unos y se los ha titulado a los otros, así causa los enfrentamientos. ¿Pero qué piensan sus propios habitantes acerca del conflicto interétnico?: Para los indígenas Representados mayoritariamente en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el primer elemento a tener en cuenta es que ellos son pueblos originarios del territorio del Abya Yala. Estaban allí antes de la llegada de los españoles y es legítimo que reclamen el derecho sobre su territorio ancestral. “No se trata de mezquindad ni egocentrismo, al contrario: bienvenidas todas las culturas a nuestro territorio, pero siempre y cuando respeten lo que estaba establecido, como la cultura, el amor por la tierra y en general a las nacionalidades indígenas”, manifiestan. Sin enbargo después de la independencia, en la república, se les desconocieron la figura del resguardo y los títulos reales acordados y se crearon leyes que les fueron despojando de su territorio. Además, afirman, todo se ha venido realizando con la aceptación política 16
de la sociedad y con la agresión ideológica y cultural del Estado, que ha impulsado y permitido su exterminio físico. Entonces, lo que reclaman los indígenas es básico: hay que restituir todo lo que les han quitado, es hora del descanso de la madre tierra y el retorno a sus verdaderos y legítimos ocupantes milenarios. Los que ocuparon sus territorios ya le sacaron suficiente fruto y ganancias; “bajo el argumento de la palabra, el respeto y observando la realidad actual, podemos llegar a establecer acuerdos de convivencia donde ganemos todos”, afirman en su documento ¿Por qué luchamos por la tierra?,de Gilberto Yafué, Inti Wayna Chicangana y Martín Vidal. ¿Qué opinan los afros? Para comprender la situación real del pueblo negro hay que entender los valores, los principios rectores e históricos o de buen vivir, afirma Armando Caracas, líder del Proceso de Comunidades Negras, PCN. La visión del territorio que tenemos privilegia la identidad, que es igual a la conciencia de nuestro origen y del proceso de construcción social, cultural, política y económica, la identidad es igual al territorio sumado a la autonomía. “La participación es el segundo elemento, hace parte de nuestra conciencia que día a día se moviliza para reiniciar sus derechos, teniendo en cuenta que todo ha sido conquistado, nada ha sido regalado”. Por otra parte la autonomía es la esencia del ser negro, cuando el pueblo negro autónomamente toma sus decisiones hay libertad y con ello la paz. Podemos concluir que, aunque las dinámicas organizativas y las cosmovisiones son distintas en cada grupo étnico, sumados todos estos elementos nos enseñan qué es el buen vivir para el bienestar colectivo. “Entonces no existen conflictos entre los dos grupos étnicos, negros e indígenas, ni tampoco con el grupo cultural de los campesinos. Los conflictos son gubernamentales, ellos los han creado y lograron que los que no conozcan de la identidad
cultural vean toda esta problemática como un conflicto. Antiguamente los ancestros resolvían los malos entendidos haciendo uso del palabrero, de las plantas para curar las rabias, de las oraciones para alejar las malas energías. Y así llevamos conviviendo desde 1636 negros e indígenas, sin que se hable de conflicto; la palabra conflicto es un término occidental para enfrascarnos en una guerra y así lograr obtener cantidades de recursos y seguir manipulando los países y pueblos enteros. Según Caracas, habrá regiones en donde probablemente existan esos casos, pero en los valles interandinos lo que hay es una usurpación del territorio por parte del capitalismo con su modelo desarrollista como es el caso de los monocultivos: de caña de azúcar, eucalipto, pino, palma aceitera, piñas y diversidad de cultivos transgénicos que han profundizado la pobreza en los grupos étnicos. “En el norte del Cauca, entre el radio de acción de los consejos comunitarios Cuencas del Río Cauca y micro cuenca de los ríos Teta Mazamorrero y el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez les otorgó tierras a nuestros hermanos indígenas para que se constituyeran como resguardo indígena, aun sabiendo que estos territorios ancestralmente pertenecen a los negros desde la trasatlántica. Es claro que el gobierno creó, planifico, y orquestó este conflicto para debilitar a los grupos étnicos. Pero no contaba con que los negros y los indígenas podíamos avanzar en unas concertaciones políticas y construyéramos una ruta de negociación que permitiera subsanar el conflicto creado por el corrupto de Álvaro Uribe Vélez”. Según Caracas, si el Estado colombiano quisiera subsanar todo el daño que han producido sus gobiernos, entonces reglamentaría la ley 70 de 1993, implementando
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el Auto 005 del 2009, realizando las consultas y consentimientos previos, libres e informados y vinculantes, antes de realizar cualquier proyecto que afecte al territorio de indígenas, negros y campesinos; reconociendo los territorios Ancestrales del pueblo Negro, constituyendo a los consejos comunitarios como entes territoriales, dando la aplicabilidad de la legislación afro con el enfoque diferencial, y que los planes de buen vivir sean políticas públicas dentro de las agendas nacionales o presupuestos del gobierno, impartiendo la cátedra afro y la etnoeducación a partir de las experiencias del pueblo negro. ¿Y los campesinos? Los campesinos llegaron mucho antes de la violencia de los años 50. La mayoría de los campesinos de Cajibio, incluso, son de ascendencia indígena, hijos o nietos de indígenas del nororiente o norte, que se fueron buscando territorios en el centro del Cauca y se asentaron allí. Su lucha frontal es por la titulación de las tierras; ellos tienen tierras, pero el Estado no ha querido titulárselas, al parecer tierra no hay para todos los que la reclaman mientras se mantenga la concentración en manos de los terratenientes. “Claro que en oportunidades al gobierno también le sirve dejar el tema en discordia, para instigar el conflicto interétnico”, afirma Marylen Serna, de la Asociación Campesina de Cajibio.
figura de resguardo; también cuando el gobierno le promete a los unos y le asigna a los otros, como por ejemplo en los Naranjos. Allí se le prometió a los campesinos y se le tituló a los indígenas y ellos investidos de legalidad procedieron a desalojar y ahí se formó el problema con los campesinos. Igual sucedió entre indígenas y negros en San Rafael, en el Municipio de Santander de Quilichao, pero entre indígenas y negros”. Algunos campesinos organizados han solicitado al Incoder que les formalice la propiedad de tierras que han cultivado durante años bajo la figura de Zona de Reserva Campesina. En el Cauca piden que les formalicen varios predios que han trabajado en Inzá-Totoró, ItaibePáez, Corinto, Miranda, Caloto y La Vega. Esto también genera inconformidades en unos y otros. “Por su parte, el Incoder ha planteado, ante las exigencias de los indígenas, la figura de un Cauca Indio y esto molesta a los demás que habitamos este territorio que es de todos”. “Pero las comunidades también tenemos la capacidad de concertar
entre hermanos; ha habido dos líneas de concertación, una mesa interétnica con presencia del Incoder, para evitar solicitudes sobre los mismos predios, allí participa también la gobernación, los ministerios del Interior y de Agricultura. Y la otra opción es la Mesa Interétnica Autónoma, de solo las organizaciones, con espacios locales y regionales. Se han llevado a cabo varios encuentros interétnicos con el fin de construir colectivamente una ruta para resolución de conflictos, que dio lugar a la mesa departamental interétnica. Aunque se mantienen algunas diferencias entre el CRIC y Fensuagro, estas dos organizaciones han adelantado recientemente reuniones y diálogos para superar los conflictos. “Lo más importante es el reconocimiento de todos como hermanos que convivimos y luchamos por la defensa del mismo territorio y nos encontramos identificados en la disputa frontal contra los verdaderos responsables de la injusticia y la desigualdad, que son los terratenientes, las transnacionales y el modelo económico neoliberal”.
Foto: Expresionesyvisiones
“El problema con los indígenas aparece cuando ellos van a recuperar la madre tierra, sus territorios ancestrales, lo que es legítimo y nosotros lo aceptamos. El problema es que estos territorios ya están ocupados con campesinos, y estos le han puesto todo su esfuerzo y su amor y se los han ganado a pulso. Entonces nadie se va a salir así no más de su territorio. Otra razón por la que se presentan los conflictos, es porque las comunidades indígenas a veces tienen unos cuantos de sus miembros en un territorio compartido y por ese solo hecho solicitan la 17
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SUJETO E IDENTIDAD CAMPESINA
Por Rubén Darío Zapata
vida campesina, sabía que no había oportunidades para nosotros. Y así han salido millones de personas del campo en el último medio siglo. El sueño de todo campesino es, en la medida de sus posibilidades, mandar a sus hijos a estudiar a la ciudad para que tengan acceso a una mejor vida, y la mayoría de ellos olvida sus raíces, se asimila a la vida urbana y al final se trae a sus padres, ya derrotados por la edad y la fatiga.
Foto: Periferia
Hasta ahora se han contabilizado, aunque malamente, los millones de campesinos desplazados por la violencia, pero no se ha hecho una estadística de los campesinos desplazados por la falta de oportunidades económicas en sus territorios, que seguramente son muchísimos más, con lo cual el fenómeno se ha asumido simplemente como algo natural. Pero esa realidad no es un destino del campesino, sino una proyección política de la elite colombiana. Ya en los años cincuenta el economista Lauchin Currie, como asesor del gobierno, proponía concentrar la tierra y ponerla en función de grandes procesos industriales de producción para el mercado, lo cual exigía el desplazamiento, a como diera lugar, del campesino.
M
is padres fueron campesinos sin tierra, como la mayoría de campesinos colombianos. Tuvieron 14 hijos, de los cuales se murieron 7 por desnutrición y otras enfermedades curables sin haber llegado a los cinco años. Los que sobrevivimos estamos todos en la ciudad y hemos olvidado cómo trabajar el campo, y, sobre todo, nadie puede imaginarse seriamente volver a la vida de campesino. Un día mi hermana mayor viajó al pueblo y alguien convenció a mi padre para que duplicara sus esfuerzos y la dejara estudiando. Esa hija se graduó de normalista, consiguió trabajo de profesora y se hizo cargo de sus otros hermanos, hasta que se le presentó la 18
oportunidad y nos trajo a estudiar a la ciudad. Liberado de las responsabilidades económicas con sus hijos, mi padre se dedicó a conseguir tierra para cultivar. Se empeñó con la Caja Agraria y compró algunos predios que nunca pudo poner a producir por falta de capital y de fuerzas para el trabajo duro del campo. Hasta el último día de su vida mi padre pagó en la Caja Agraria, aunque los últimos cinco años estuvo recluido en casa de mi hermana por un cáncer de estómago que lo doblegó. Por amor, mi padre nos mandó a estudiar a la ciudad, con la conciencia de que no volveríamos al campo sino de vacaciones. Aunque él amaba la
A parte de esta realidad está el embate ideológico de la modernidad a través de la educación, los medios de comunicación y los distintos mecanismos culturales a través de los cuales se relega a los campesinos a una posición de inferioridad frente a los habitantes urbanos. Y sobre todo ha llevado al campesino a renegar de sus propias formas de vida. Recuerdo de mis tiempos de niño el chiste con la consigna de que “Radio Cristal está en todas partes”, y no dejaba al campesino cagar tranquilo en el monte. La radio comercial fue la primera penetración cultural de la ciudad y todo su ideal de vida en el ambiente campesino. Hoy, en cualquier casa campesina, por pobre y aislada que esté, hay un televisor que presenta telenovelas, series de narcos y
De la Cumbre al Paro programas de chismes. Con él se instala la cultura consumista de las grandes urbes a través de toda la estrategia publicitaria del mercado. En la medida en que la ciudad moderna aparece como un ideal de la civilización y su infraestructura de concreto como un ideal de progreso, el campesinado la observa como una meta a donde llegar. Y esto crea en los jóvenes campesinos desprecio por la vida en el campo. Tengo un primo que se metió a soldado profesional porque no quería trabajar la tierra, le parecía la tarea más dura y degradante. Como él hay muchos jóvenes que abandonan el campo guiados por la industria cultural que les ha enseñado a despreciar la vida campesina y a añorar el vértigo de la ciudad. Lo peor es que ahora esos ideales de la vida citadina se llevan al campo de la mano de los megaproyectos mineroenergéticos y de infraestructura. En los pueblos más alejados hoy campean las grandes discotecas que muelen reggaetón, las motos de alto cilindraje y las camionetas vuelan por sus calles, y los jóvenes exhiben orgullosos sus ropas de marca. Así se imponen en el territorio rural los valores de la ciudad moderna, que privilegia el paisaje de cemento al paisaje natural y promueve una relación impersonal con el territorio.
intencionalidad de recuperar en la tradición aquellos elementos que permiten resistir el embate arrollador de la modernidad capitalista, dando un paso más allá de esta en términos de la valoración de la vida, de la cohesión social, del trabajo comunitario y de la apropiación colectiva de los recursos de la naturaleza. La identidad campesina está arraigada en el territorio y en la producción de todo lo necesario para la subsistencia, porque no hay nada de lo que nosotros necesitamos y consumimos que no provenga de la naturaleza, y el campesino (en este caso es válido para todos los pobladores rurales) es el contacto directo con esa nuestra fuente de subsistencia. Por eso ha develado los secretos de la naturaleza que le permiten obtener de ella lo mejor, sin dañarla. Son ellos quienes más cerca se mantienen de la vida en todas sus formas naturales y quienes han desarrollado la conciencia de que nuestra subsistencia depende de la preservación de la naturaleza misma. En ellos perviven los secretos
que pueden garantizar que volvamos a tener una relación simbiótica con la naturaleza, que se preserve la diversidad de la vida misma y de la producción, que se generalicen las prácticas de producción limpia y ecológica, por mencionar apenas algunos aspectos de la tradición campesina que pueden y de hecho se están constituyendo en pilares de resistencia contra la civilización impuesta por el capitalismo. Se trata de recuperar estos valores y estas lógicas no para que sean encarnados por los campesinos sino para que empiecen a permear nuestras formas de vida en todos los escenarios sociales, como forma también de romper la confrontación entre la vida rural y la urbana. Ojalá nuestros hijos y nietos aprendieran de nuevo a sembrar y regresaran al campo, no de vacaciones sino a instalarse allí y deconstruir las relaciones de instrumentación que la ciudad mantiene con el campo. La resistencia se nutriría entonces con esa tradición campesina que pone su mayor empeño en la preservación de la vida en todas sus dimensiones.
Foto: Jimmy Fernando Torres
Todo esto nos habla de un proceso de desdibujamiento de lo que podríamos llamar identidad campesina, que ha traído, desde luego, una reducción de la fuerza del campesinado como sujeto político. No obstante, muchas de las familias que viven en el campo y las organizaciones que las agrupan se han empeñado con fuerza en el sostenimiento de una tradición campesina que es hoy por hoy uno de los baluartes más importantes y eficaces en las luchas de resistencia contra el capitalismo. Así, pues, tenemos que asumir la tradición y la identidad campesina como algo que urge recuperar, fortalecer, renovar y proyectar más allá de las comunidades campesinas mismas. No se trata de una relación acrítica con dicha tradición, sino de la 19
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Imagen: Lisdey Alzate
...viva el paro agrario y popular !
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