PERIÓDICO ALMA MATER 630 ABRIL DE 2014 by Universidad de Antioquia

SISTEMA DE COMUNICACIONES • http://almamater.udea.edu.co • almamater@udea.edu.co • ISSN 1657-4303

Fotoilustración Juan Andrés Álvarez Castaño

Nº 630 Medellín, abril de 2014

Nº 630, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2014

Foto Luis Javier Londoño Balbín

Por CLAUDIA PUERTA SILVA Profesora del Departamento de Antropología y directora del Instituto de Estudios Regionales - Iner

on la excusa del Foro Urbano Mundial que celebra en Medellín desde el 5 de abril, un grupo de académicos ha planteado una serie de actividades que les permita emitir algunas posturas frente al crecimiento urbano mundial, las limitaciones crecientes para la vida digna, las brechas de pobreza e inequidad, las experiencias urbanas tan desiguales, la vulneración de los derechos al territorio y a la ciudad y, en todo esto, a la supremacía de los proyectos económicos y los conocimientos expertos frente a la vida urbana. La alianza de la Universidad Nacional de Colombia, Clacso1, Habitat International Coallition HIC, Asociación de investigadores urbano-regionales ACIUR, con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales-Iner de la Universidad de Antioquia, la Corporación Región, la Fundación Social, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Museo Casa de la Memoria y otras organizaciones comunitarias y civiles en los territorios, ha propuesto, además de las actividades oficiales al interior del Foro, otras actividades independientes que buscan promover los encuentros entre actores para hablar de la experiencia de ciudad, el goce o no de los derechos al territorio, la vida urbana, todo ello en clave de la confluencia entre conocimiento y praxis2. Para comprender la diferencialidad de la experiencia urbana y, en particular, de la experiencia frente a las intervenciones económicas, planificadoras y sociales, hemos apostado3 por comprender la configuración de los espacios vitales y

La ciudad, las intervenciones y los conflictos su transformación. En general, nos hemos concentrado en describir, analizar y comprender lo que pasa con las personas cuando son despojadas, desplazadas o relocalizadas, están inmersas en conflictos socioambientales, se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Para nosotros los despojos y conflictos son los fenómenos observables; son la consecuencia de regímenes de intervención económica4 que están operando sobre los espacios vitales, transformándolos dramáticamente e imponiendo, desde conocimientos expertos, modalidades de vida urbana, conceptos y visiones de desarrollo, espacialidades económicas, etc. Entendemos que el régimen de intervención es un complejo de prácticas y discursos que ejercen un ordenamiento del espacio y de las espacialidades en torno al proyecto económico que lo sustenta: un equipamiento o infraestructura, un proceso de gentrificación urbana, un proyecto industrial, inmobiliario, etc. Aunque las intervenciones suelen ser puntuales, los regímenes se configuran geohistóricamente y se fundamentan en las cosmovisiones propias del desarrollo y el capitalismo. Por su parte, el espacio vital es el complejo socioespacial configurado, entre otros, por redes de significado, relacionamientos sociales, espacialidades, dinámicas y relaciones socioambientales, dinámicas de vulneración /violencia estructural o de dignificación de la vida. Es en este espacio en donde se vive la intervención de manera más dramática y es en este mismo espacio en donde las personas

sufren, resisten, confrontan, se acomodan, se articulan con el régimen de intervención. Lo que nos parece sugerente de este enfoque es la posibilidad de abordar la diferencialidad de las implicaciones del régimen de intervención sobre la vida de las personas desde su propia experiencia. Así, podemos entender cómo conciben la vida digna, cuáles son sus expectativas de presente y futuro, cuáles son sus estrategias para dignificar su vida cotidianamente, en fin, cómo producen y fortalecen la acción política urbana. En una ciudad como la nuestra, podemos reconocer logros en cuanto a la apertura y democratización de ciertos espacios urbanos (parques, espacios deportivos, rutas de transporte público, etc.), el acceso de un mayor número de personas a infraestructuras de servicios de salud y educación, al mismo tiempo que seguimos evidenciando fuertes procesos de segregación espacial, de exclusión en la toma de decisiones, de supremacía de los proyectos económicos sobre los sociales y de imposición de los conocimientos expertos y técnicos sobre el territorio en detrimento de la experiencia vital urbana de los pobladores. Enfocarse en los espacios vitales de las personas y colectivos puede permitir observar las diferentes y diversas espacialidades urbanas que se producen en la ciudad, con el fin de consolidar políticas que en respeto por dicha diversidad promuevan la equidad y la justicia espacial. El problema al que nos enfrentamos no es tanto de acceso al suelo o a la vivienda, nos enfrentamos a territorios en conflicto. Pero los territorios,

aún en conflicto, siguen siendo horizontes de posibilidad, condición de esperanza para la existencia de las personas y de sus colectivos5. Horizontes basados en identidades profundamente territoriales pero que al mismo tiempo producen territorio. Horizontes ligados a las relaciones sociales tejidas en el territorio que garantizan la acción política. Horizontes reivindicados por la reproducción geohistórica de los espacios vitales que las personas se empeñan en defender.

Notas 1. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. De esta red forman parte el Iner y el Instituto de Estudios Políticos, entre otros 9 centros en Medellín. Se prepara para realizarse en Medellín para noviembre de 2015 la Conferencia trianual de ciencias sociales de América Latina y el Caribe. 2. Ver programación en http://www. conocimientoyaccionunal.com/web/ featured/737/. 3. Profesora Claudia Puerta Silva, estudiante de la maestría en estudios socioespaciales Carlos Serna y estudiante de antropología Ana María Silva, Grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales del Iner. Profesor Vladimir Montoya, estudiante de la maestría en estudios socioespaciales Yenni Perdomo, Grupo Estudios del Territorio del Iner. 4. Concepto que se ha venido desarrollando en el marco del proyecto Regímenes de intervención económica y conocimientos expertos en Colombia, desarrollado en el marco de la convocatoria Universidad de Antioquia - Universidad de los Andes. 5. Reflexión que hace parte de la relatoría de la mesa “Territorios y hábitats sometidos al despojo y desestabilización por conflictos y violencias”, del seminario nacional “Pensamiento y praxis académica y social en torno al derecho a la ciudad y el territorio”, realizado en Manizales el 21 y 22 de febrero de 2014.

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Lugares de acogida para el ser humano

Nueva filosofía política de la ciudadanía

Por EDUARDO DOMÍNGUEZ GÓMEZ Profesor de la Facultad de Comunicaciones

iez y ocho autores por el mundo, entre quienes tengo el honor de contarme, presentamos sendas reflexiones para el documento “Carta Medellín” que nos permite pensar la realidad de lo que hacemos y la u-topía (lo que no ha tenido lugar) anhelada. He aquí partes de mi contribución: Las ciencias sociales y humanas concuerdan en la importancia que los lugares de acogida tienen para el ser humano desde su nacimiento. El hogar, el hospital, el templo, la escuela o el ambiente laboral son decisivos para establecer relaciones sociales armónicas o de discordia, de reconocimiento o de desprecio. Y en tanto que la ciudad es sede de todos estos lugares, si ha de convertirse en habitación satisfactoria para la mayoría de la población del planeta, tiene el deber urgente de convertirse en ambiente acogedor que permita a todo individuo y agrupación desplegar todas sus facultades para desarrollar un buen vivir. No basta disponer de espacio citadino para ocuparlo y sobrevivir en él. Es indispensable que obtenga sentido y significación de morada, en la que las personas encuentren las condiciones para actuar y pensar; y para existir encarando el diseño de su propio ser, la emulación y la diferenciación, la organización y la espontaneidad de sus actos.

Para la restauración moral del ser humano Parte de las herencias inconvenientes que legan las ciudades al perder su tamaño de pequeña villa, al compás de la división social del trabajo y de la propiedad, son el anonimato y la sospecha. De vecinos con nombre y apellidos que se conocen, se pasa a citadi-

Foto Luis Javier Londoño Balbín

nos ignorados, representados por un número de cédula, sin saludo ni reconocimiento alguno. Todos se vuelven sospechosos para los demás. Por esta vía se abren espacio el desentendimiento, la ruptura de vínculos familiares y de amistad, y la hostilidad. En vez de administrar la independencia personal en búsqueda de afinidad y comprensión, las instituciones sociales terminan cediendo ante la prevención frente a los demás. Se configura una sociedad que desprecia y abandonamos toda intención de comprender al otro como sujeto, ser pensante, de sentimientos y acciones, para verlo como un objeto moldeable que en adelante se llamará ciudadano.

Por fortuna, el bullicio del diario acontecer no ha impedido que surjan voces de filósofos, científicos, académicos, intelectuales, líderes de opinión y movimientos sociales en todos los continentes, que invitan al cambio de rumbo. Ya el ensimismamiento y la insolidaridad han demostrado hasta la saciedad que son el factor central de un modo de vida turbulento. Lo que distancia a la especie humana de otras especies vivas es su capacidad de diferenciar lo conveniente de lo inconveniente para su supervivencia; y crear un legado de valores y principios que la fortalecen, para proyectar modos de vida innovadores que le permitan poner en movimiento todas sus potencialidades.

Con una conciencia de apoyo mutuo, acato, reconocimiento y respeto, las ciudades del siglo XXI deben ser escenarios de una nueva filosofía política de ciudadanía que identifique los umbrales justos de crecimiento, desarrollo y consumo, en relación con los planes de subsistencia colectiva y posibilidades de sostenibilidad para las generaciones futuras. Promotoras del desarrollo desigual entre individuos, grupos y sectores sociales, sabrán establecer las condiciones básicas de enriquecimiento y pobreza en lo económico, cultural, científico, político y social. Habrán de buscar la finalización del “sálvese quien pueda” para abrirle espacio al “juntos nos va mejor”, aunque seamos diferentes y aprovechemos las oportunidades de manera distinta. En tales circunstancias, el ciudadano retoma su ser pensante y la iniciativa para el beneficio propio y el de la ciudadanía. Todo citadino puede rescatar su nombre y entenderse con los demás porque se valora y los valora en un mundo con nuevos horizontes. No esperará soluciones definitivas ni sociedades perfectas, ni abolición de padecimientos o injusticias; simplemente mantendrá su estado de alerta para encontrar alternativas y comprenderá que el ser humano se desafía sin fin, vía clara para forjar su emancipación. Será un nuevo ciudadano que entenderá que la armonía social consiste en la gestión no violenta de las dificultades y desentendimientos, que debe mantener su constante labor de crear acuerdos y deshacerlos; de planear operaciones y saber cambiar las direcciones cuando las condiciones así lo impongan. Actuará con decisión para identificar los nutrientes de las distintas violencias y los orígenes de las diversas voluntades que buscan hacer sufrir; y no declinará en su búsqueda porque sabrá que ninguna institución social puede sustituirlo ni eximirlo de responsabilidades.

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Hacia un futuro urbano, humano y sostenible Por GUSTAVO LÓPEZ OSPINA

Foto Luis Javier Londoño Balbín

“No puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas” dice un proverbio chino. La humanidad afronta problemas fundamentales que ponen en peligro la vida en el planeta, los cuales exigen cambios de rumbo y nuevas miradas, en particular en ciudades. Errores y desastres producidos por sueños y una prepotencia sin límites del ser humano, han conducido al presente estado de calamidad e inseguridad internacionales, precisamente cuando los progresos científicos y tecnológicos, el avance en las comunicaciones y la información, la pujanza y diversidad de los mercados y la economía daban para presagiar la posibilidad de un mundo diferente, incluyente, equitativo, justo y en paz. Con ocasión de sus cincuenta años de existencia a fines del siglo XX, el Sistema de Naciones Unidas promovió cumbres de jefes de Estado sobre los asuntos más preocupantes para toda la humanidad: la educación, la niñez, el clima, la población, la mujer, lo social, el hábitat, la información, el conocimiento y la visión integral del desarrollo sostenible. Desde la adopción de la Agenda 21 en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, dos décadas pasaron para que la comunidad internacional, de regreso a Río de Janeiro, lanzara alertas mayores sobre los inmensos riesgos en que se encuentra la humanidad si no cambia de rumbo. Hoy, cuando la comunidad internacional trabaja y promueve consensos sobre una Nueva Agenda Mundial del Desarrollo (2015) y una Nueva Agenda Urbana Mundial (2016-2036), parece el momento propicio para repensar en profundidad el rol de los ciudadanos, la sociedad, las ciudades y la gobernanza consensuada; y, en consecuencia, comprender el protagonismo que la cultura, la educación, la ética y la sabiduría de cada pueblo tienen en la regeneración constante del vivir. El destino común de la humanidad fortalece, a cada momento, la idea de la sociedad-mundo y del ciudadano planetario, con la que será posible dar respuesta colectiva a los retos mayores. El futuro humano sostenible para todos se pensará y logrará en las ciudades, donde residirán cerca de setenta por ciento de la humanidad en las

próximas décadas. En la segunda década de este siglo, las ciudades se convertirán en los laboratorios más refinados para concebir y llevar adelante de manera consensuada las transformaciones que el mundo requiere. Sin duda alguna, se convertirán en los motores de la humanización de la tierra y la planetarización del vivir apropiado de cada persona, y así salvaguardarán la vida como valor sagrado. “Ciudades para la vida con equidad” contribuirá a abrir y despejar el camino que consolidará la conjunción de mutaciones profundas y metamorfosis del sistema tierra, con vías e instancias legítimas de comprensión para adoptar decisiones y políticas en todos los campos y sectores: mundo urbano, rural y mega-diverso —con sus mares, aguas y montañas— y espacial; y mundo económico, social, científico, tecnológico y cultural. Las ciudades permitirán la realización de la unión de voluntades humanas en medio de la esplendorosa diversidad del planeta, potenciando e integrando la riqueza y propuesta de civilizaciones y culturas, en ocasiones milenarias. Facilitarán el diálogo y el encuentro entre muy diversas expresiones y actitudes multiculturales; procurarán integrar, en una concepción renovada de la cultura, la fecunda conexión entre el humanismo, la ciencia y la tecnología; e incorporarán las dimensiones ética, estética y espiritual. Lanza-

rán con nuevo vigor los ideales de verdad, belleza y bondad, subyacentes en todas las civilizaciones del planeta; y comprenderán que la cultura estimula no solo producir, sino que ante todo facilita pensar sobre aquello que se produce. “Ciudades para la vida con equidad” encontrarán en la educación la posibilidad de construir e impulsar las reformas que favorecen una vida iluminada por el bien vivir; la manera de ofrecer los ingredientes necesarios para liberarse de todos los objetos que esclavizan la existencia y contribuyen a la degradación de la vida y el planeta, con múltiples dependencias que desvían del acceso a la poética de la vida, a la serenidad y a la solidaridad fraterna. Progresivamente, deberá aparecer un nuevo pensamiento, en el caso de América Latina y el Caribe, a manera de ejemplo, desde el alma mestiza y multicultural, poniendo en sintonía y colaboración las vertientes indígena, afroamericana e hispana en cada uno y en relación con el otro. El territorio volverá a considerarse y utilizarse como sagrado, porque guarda en sí mismo el orden del mundo, apoyado en los rituales, los mitos, los imaginarios, los anhelos, los sueños y las metas de cada ciudadano. En consecuencia, se refundarán la dimensión cualitativa de la vida en sociedad y las formas de construcción de la verdad, en tanto que máximas expresiones del ser humano.

Las ciudades serán escenario propicio para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la técnica que, con herramientas y productos cada vez más potentes, facilitarán la vida de todo ciudadano, así como el avance de la colectividad. Vía que abrirá las puertas a economías plurales, equitativas, solidarias y justas. Desde un nuevo pensamiento económico y social, que parta de la consideración integral de la riqueza y de las necesidades de cada persona, se guiará el logro de la inclusión y la justicia social estables. La ciudad alcanzará la victoria sobre la pobreza, la marginalidad y la crisis del capital, problemas recurrentes desde hace más de quinientos años, surgidos como consecuencia de la búsqueda del éxito económico a toda costa, y de miles de prácticas que nada tienen que ver con una humanidad que ha alcanzado su madurez. La ciudad, como laboratorio para la aparición de vías factibles en la conducción de la humanidad a un nuevo amanecer, viabilizará la comprensión transdisciplinar y global de los problemas y retos fundamentales por enfrentar en el presente siglo, y provocará los cambios de comportamiento y modos de vida requeridos. Esta será la perspectiva eficaz para proponer escenarios y opciones en pro de la toma de nuevas decisiones, y para asegurar la transición hacia la sostenibilidad, principalmente en las ciudades.

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Asegurar rigurosamente todos los derechos ciudadanos y las sociedades verdaderamente incluyentes, equitativas y justas. La nueva conciencia sobre lo social y lo ético sobrepasa de lejos los límites tradicionales que por décadas marcaron la búsqueda en las ciudades, casi única y suficiente, de la elevación del ingreso monetario, el acceso a servicios de salud, la vivienda apropiada y la seguridad en el empleo, entre otros. En el terreno de las solidaridades, la política social actual y futura debe comprender todos los derechos de cada ciudadano, incluidos los que se conocen como de cuarta generación. Desde esta perspectiva, es necesario movilizar a todas las instituciones en la ciudad y la sociedad, por el logro de una “inclusión integral” que facilite la participación activa e interconectada de los ciudadanos, abriendo espacios a la actuación eficaz. Dar soporte al cambio social desde la integralidad del desarrollo de la ciudad y de cada territorio. La eliminación de las causas de la pobreza estructural en el corto y largo plazo constituye la primera política en la formulación y adopción de las estrategias integrales. Esto significa eliminar las barreras que impiden la generación de excedentes económicos; mejorar la distribución equitativa de beneficios en la ciudad y el territorio; contar con la oferta y la demanda de medios apropiados para satisfacer las necesidades básicas de toda la población; hacer inversiones económicas y sociales; canalizar esfuerzos de manera equilibrada en todas las zonas de la ciudad; crear incentivos y normas incluyentes para los más desprotegidos y necesitados; y construir bordes urbanos y conexión con el medio rural. Las relaciones estrechas entre informalidad, empleo y pobreza en las ciudades señalan el nivel educativo y de formación como la causa primera de que los pobres y excluidos no puedan incorporarse al sector formal de la economía. De ahí que al desempleo y al subempleo crecientes se les mire como las fuentes directas de inequidad social, desarticulación y desestabilización general de la sociedad. La integración del aparato productivo y la economía, en su expresión más amplia, se impone desde la modificación de los empleos generados en el sector informal, la microempresa, el trabajo por cuenta propia y la valoración social de las capacidades y destrezas de los ciudadanos. La generación de empleo y riqueza estará vinculada a la aparición de la nueva estructura productiva aquí sugerida y a la internacionalización de las ciudades.

Foto cortesía El Mundo

Pactos de sociedad (De la “Carta Medellín”) Agendas que promuevan la construcción social de ciudad sostenible y del bien vivir. Cinco políticas procuran crear e incentivar la aparición de una sociedad estable y sostenible, integrada y cohesionada socialmente en las ciudades.

Necesariamente, la integración y la cohesión social plantean una nueva mirada sobre la forma de gobierno y de utilización de los recursos públicos, lo mismo que de su trabajo articulado con el mundo productivo, el sector privado y los actores sociales en general. Mantener la viabilidad y factibilidad permanentes del nuevo orden social procurando compromiso político sólido, con decisiones y prácticas sustentables y sostenidas en el tiempo. Pensamiento macroeconómico apropiado que considere el desarrollo humano sostenible como parte integral; que aliente y garantice el crecimiento de los ingresos de los más pobres; provea recursos para trabajar por las metas socioeconómicas prioritarias y urgentes; y facilite actuaciones de bajo costo. Gasto público orientado a lo social y comprometido con la búsqueda de nuevos equilibrios, oportunidades y realizaciones de todos los ciudadanos. Actuación compensatoria de posibles recursos internacionales y otras fuentes que puedan destinarse a las ciudades para materias sociales, y así facilitar la reestructuración obligatoria del esquema de prioridades en curso. Aprovechamiento de oportunidades, formas y procedimientos que saquen de la pobreza extrema a parte considerable de la población; vinculen e incluyan a todos los grupos sociales y a cada ciudadano al proceso de desarrollo integral de la ciudad; y abran caminos

de progreso eficaz a cada una de las zonas o áreas que la componen. El enfoque de género es punto de partida para acciones radicales socioeconómicas de alivio de la pobreza crítica, la exclusión, la marginalidad, el abandono y el desplazamiento forzado. Este enfoque prioritario sobre la mujer ha demostrado la energía y la dedicación suficientes para enfrentar cambios sociales de gran aporte. Las ciudades tienen demostraciones muy positivas en este campo que deberán utilizarse bien en el futuro. Hay que apostar en todo momento por un progreso social rápido y acelerado, tal como los países que recientemente lo han conseguido: Tailandia, Corea y Chile. La primera barrera que se debe eliminar es la opinión de que es imposible cambiar una larga tradición. Por el contrario, hay que estar realmente dispuestos a pensar en todos los más necesitados y no solamente en algunos; a proteger a los más vulnerables y a contar con una ciudad que progrese colectivamente en sana convivencia y cooperación. No es que se desconozca la manera de hacerlo, sino que no se dan los pasos correctos para alcanzar cambios sociales tan exigentes. Tampoco el factor determinante serán los recursos financieros, pero sí su uso y aplicación seria, tanto de lugar como de nivel en el que se debe intervenir. Crear y sostener redes de protección integral del pacto o de la agenda social consensuada en favor de la vida en la ciudad. Se requiere establecer las redes sociales y

reconocerlas como parte del conjunto de las políticas y medidas socioeconómicas orientadas hacia la profunda transformación de la ciudad. Así se puede garantizar su éxito y repercusión efectiva en los necesitados, excluidos, marginados y desplazados. Estas son acciones que fundamentalmente se deben promover como respuesta a las demandas de la población y que exijan de esta su participación plena; acciones que facilitarán el incremento de su poder económico y de su presencia política en la conducción consensuada de la ciudad. La estructura institucional, el compromiso vigente y los recursos disponibles siempre serán parte esencial en la búsqueda del éxito de las redes de protección integral de las mayorías más necesitadas en la ciudad. Promover una gestión social que posibilite una sociedad nueva, pujante y articulada a procesos de internacionalización, es la política social que concibe la gerencia social como recurso estratégico indispensable para alcanzar los resultados tangibles y prácticos procurados en la ciudad. En consecuencia, se trata de focalizarse y ofrecer la respuesta apropiada desde un profundo conocimiento de un contexto en permanente mutación, que exige soluciones gerenciales inéditas y no la simple actuación rutinaria de burocracias que solo miran hacia el pasado, o hacia un presente cambiante y poco comprendido.

Fotos Sergio Urquijo Morales

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Con Eduardo Chamorro (derecha), de la Universidad Andrés Bello de Chile, la Alma Máter establece vínculos con el país del sur.

Trabajo en química computacional en los laboratorios del grupo Quirema.

Los lazos australes de la física-química Por SERGIO A. URQUIJO MORALES

a ciencia es una de las actividades humanas que más ayuda a tender lazos; el conocimiento suele vencer lazos geo grá fico s y po l í t i c o s , t al como sucede con colaboración establecida entre el grupo de investigación Química de recursos energéticos y medio ambiente de la Universidad de Antioquia – Quirema– y el equipo que lidera el profesor Eduardo Chamorro, de la Universidad Andrés Bello, de Chile. Chamorro, químico egresado de la Alma Máter, vive hace 13 años en dicho país. Allí, tras hacer su doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad de Chile, continuó una importante carrera en investigación teórica en física-química. Hoy dirige el Departamento de Ciencias Químicas de la Andrés Bello, una de las mayores universidades privadas del país austral, desde donde propende continuamente por establecer lazos científicos con su Alma Máter. “Para mí, volver a la Universidad de Antioquia es siempre un privilegio. La formación recibida en esta universidad en química es de primer nivel, y la Universidad Andres Bello tiene muchos vínculos beneficiosos con la de Antioquia”. Esos vínculos incluyen la movilidad de estudiantes a laboratorios en Chile y el desarrollo de proyectos conjuntos.

La investigación conjunta con el grupo Quirema abunda en beneficios. “En Quirema tenemos en marcha un proyecto con la participación del profesor Chamorro, llamado Hidrogasificación catalítica de materiales carbonosos”, expuso Juan Fernando Espinal López, investigador del grupo. “La investigación busca proponer mecanismos para la reacción entre hidrógeno molecular y materiales como carbón o biomasa, con el fin de producir principalmente metano”. Dicho proyecto es financiado por Colciencias por la convocatoria 547 de 2011, la cual busca conformar un banco de proyectos que estimulen los vínculos entre la diáspora científica colombiana y quienes investigan en el país. De este modo, el proyecto con Quirema incluye intercambio de conocimiento y movilidad de personal, como fue el caso de Lucas Calderón, estudiante de doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad, quien realizó una pasantía de seis meses de investigación en la Andrés Bello, bajo la asesoría del profesor Chamorro. Así mismo, se financió una estadía de un mes del profesor Chamorro en la Alma Máter, en donde dictó el curso ‘Modelos de reactividad química desde la teoría de funcionales de la densidad –TFD–’. “Además, la visita facilitó la discusión y análisis de los resultados obtenidos hasta el momento en el desarrollo de la investigacion”, afirmó el profesor Espinal López.

Una de las principales ventajas de este trabajo conjunto es la amplia experiencia del profesor Chamorro en temas de reactividad química, desde la TFD y la química computacional. “Su experiencia, disposición y valiosos aportes son de gran valor para nuestro grupo”, complementó Espinal López. “El vínculo con Colombia está siempre en nuestras prioridades, y lo expresamos a través de proyectos conjuntos, a través de las vías institucionales de Colciencias y Conicyt (su equivalente en Chile)”, expresó Eduardo Chamorro. “Hay mucha cooperación internacional, muchos canales para hacer proyectos conjuntos”. Como él mismo lo afirma, este proyecto es un fuerte eslabón en la cadena de colaboración e intercambio científico: “Ya he venido antes a Colombia a trabajar con otros grupos e investigadores, como Fernando Quijano, en la Universidad Nacional, o Fanor Mondragón, actual vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia. La comunicación es muy fluida”.

DTF y química computacional Chamorro investiga en un área de la físico-química teórica: el desarrollo de modelos de reactividad química en el contexto de la teoría del funcional de densidad –DFT–. “Es una teoría mecánico cuántica, muy versátil, aplicable tanto en física como en química para abordar los misterios de la estructura electrónica de átomos y moléculas”, explicó.

Para estudiar las partículas subatómicas se trabaja en forma probabilística: “Se trata de encontrar los estados posibles para un sistema de átomos, de núcleos y electrones”, indicó el profesor Chamorro. Se busca en qué región del átomo o molécula ‘puede’ estar un electrón en un momento dado, ya que en los espacios subatómicos no existen la certeza y la predicción tal como la conocemos en nuestro mundo macroscópico. Gracias a herramientas computacionales que facilitan el arduo trabajo matemático, la teoría permite elaborar en computador modelos de cómo funcionan ciertas reacciones químicas desde sus características atómicas. Así se puede predecir luego cómo los materiales y procesos evaluados se comportarán ante una perturbación. “En Quirema hay gente modelando computacionalmente los procesos que ocurren en las combustiones de materiales carbonosos o en procesos aplicados de catálisis”, indicó el científico. “Uno muchas veces tiene una mezcla y si no tiene un modelo no puede predecir un comportamiento ni modificarlo controladamente. Dependería del ensayo y error”. Como lo indicó el investigador Juan Fernando Espinal, “trabajar con el profesor Chamorro ha sido gratificante y muy productivo; de la pasantía del estudiante en Chile obtuvimos resultados de investigación que podrían generar al menos tres publicaciones científicas en revistas de circulación mundial, además de presentaciones en congresos internacionales”. Estos lazos entre países, universidades y grupos traen beneficios en muchos sentidos, pero principalmente en el intercambio de conocimiento y la apertura mental. La ciencia construye puentes en América Latina.

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Científicos deben aprovechar los escenarios internacionales

l nuevo programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020, compromete recursos por más de 70 billones de euros para el periodo 2014 - 2020 y pone todos sus instrumentos a disposición de científicos del mundo entero. “La clave para salir de la crisis es invertir en ciencia y tecnología. Es el único rubro del presupuesto público que se ha incrementado, porque sabemos que hay una correlación directa entre éste y el producto interno bruto”, explicó en visita a la Universidad de Antioquia Jan Marco Müller. El asistente de la Asesora Científica Principal de la Comisión Europea añadió que el propósito es trabajar con los mejores grupos del mundo. “En Colombia hay muchos que son excelentes en su campo de investigación; además, tiene ciertas ventajas, como sus ecosistemas y lugares donde hacer investigación, las cuales el país debe aprovechar para participar en el programa”. Müller, quien en marzo tuvo la oportunidad de recorrer algunos proyectos de desarrollo urbano en Medellín, reconoció que la ciudad es líder mundial en ese campo. “Europa puede aprender mucho de lo que se está haciendo aquí, porque hay grandes talentos y gente capaz de desarrollar nuevas ideas”, resaltó. Por su parte, Diego Franco, asesor de Relaciones Internacionales de la Universidad, observó que otra de las ventajas de Horizonte 2020 es que se amplía el espectro de cooperación científica internacional. “La Universidad y el país deben apropiarse de esas plataformas y de las posibilidades de construir conocimiento en un escenario global, poniendo en interacción sus fortalezas y aprendiendo de las de los demás”, afirmó. El Programa Horizonte 2020 convoca a la comunidad científica europea e internacional a que resuelva problemas que, en un principio, están relacionados directamente con Europa, pero que terminan siendo problemas globales porque tienen que ver con la sociedad, el conocimiento, los sistemas productivos y los retos de desarrollo, en temas como cambio climático, salud, energías renovables y manejo de recursos y materias primas. La principal novedad de esta plataforma es que agrupa bajo un solo techo todos los programas de investigación e innovación, enfocándose

en tres pilares: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Además, simplifica al máximo los procesos administrativos, contractuales y financieros, porque, como explicó Müller, lo que se quiere es que “los científicos hagan lo que mejor que saben hacer que es investigar y no llenar formularios”.

Cómo acceder Cada uno de los tres pilares del Programa tiene no solo instrumentos y montos de financiación, sino que deben estar permeados por un enfoque en ciencias socioeconómicas y humanidades. “Se habla de proyectos cada vez más multidisciplinarios y multidimensionales, donde la transversalidad de los asuntos sociales, culturales y económicos está abierta y donde ese ciclo que comprende desde la investigación básica hasta la inno-

vación y el mercado, está integrado y es visto de manera conjunta y sistémica”, explicó Franco. En la página web ec.europa. eu/programmes/horizon2020/ hay una completa plataforma de información, orientación, asistencia y aplicación para los interesados, quienes también pueden asesorarse con la Dirección de Relaciones Internacionales y participar en las rondas internacionales donde se formulan y estructuran los proyectos, aprovechando los instrumentos que tiene la Universidad como el Fondo de Apoyo a la Internacionalización de la Investigación, que ofrece recursos de cofinanciación para la movilidad entrante y saliente de investigadores. Según Müller, “lo más importante es tener una buena idea de lo que se quiere hacer, buscar la convocatoria adecuada y establecer relaciones con

Foto Archivo Periódico ALMA MATER

Por LAURA GARCÍA RESTREPO

El Programa Horizonte 2020 es el más ambicioso en la historia de la Unión Europea, con un presupuesto de más de 70 billones de euros para el periodo 2014 - 2020.

grupos de investigación en Europa, los cuales, a su vez, pueden ayudar a encontrar otros socios para el consorcio, ya que se necesita la participación mínima de tres miembros europeos”. En el caso particular de la Universidad de Antioquia existen unas fortalezas en sus procesos de investigación, desarrollo y gestión tecnológica que le podrían permitir una mayor participación en programas como Horizonte 2020. “Hemos venido aumentando la masa crítica de investigadores y tenemos personas que se han formado en ambientes internacionales, que tienen habilidades básicas como competencia en idiomas y en manejo, formulación y ejecución de proyectos. Son científicos que han convivido en escenarios de investigación en otros países, que han participado de proyectos colaborativos y que tienen buenas relaciones académicas con sus pares extranjeros”, aseguró Diego Franco. El profesor e investigador de Odontología, David Arboleda, destacó otros beneficios al ingresar a programas como Horizonte 2020, como “el acceso a un ambiente multidisciplinario con posibilidades de realizar movilidad, la facilidad para interactuar y enriquecer las ideas que uno tiene y la posibilidad de trabajar de igual a igual de una manera horizontal”. Del mismo modo, Eliana Martínez, investigadora del grupo de Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública, aseguró que se trata de una oportunidad de aprendizaje colaborativo y cooperativo en la gestión del conocimiento multidisciplinar, dado que la experiencia en el abordaje temático con pares internacionales motiva asuntos de excelencia académica y conduce al fortalecimiento de capacidades de los investigadores de la Universidad de Antioquia y de sus grupos de trabajo. Pero sobre todo —añadió— fomenta la cultura de la investigación de cara a las agendas propuestas internacionalmente, y concluyó que será necesario profesionalizar mucho más la gestión de proyectos y perder el temor a estar en escenarios internacionales de negociación, donde se toman las decisiones sobre cómo intervenir, estructurar y configurar proyectos. “Entre los grandes retos para interactuar con este tipo de procesos investigativos están superar las barreras idiomáticas, las de tipo administrativo y los desafíos que las mismas culturas pueden develar de manera expedita en una construcción conjunta”, afirmó la profesora Martínez.

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La Universidad creó observatorio de derechos humanos en Oriente Por ELIZABETH OTÁLVARO VÉLEZ

racias a sus riquezas naturales el Oriente antioqueño ha sido asiento de grandes proyectos hidroenergéticos, mineros y de infraestructura, pero también zona de disputa por el control territorial, donde el Estado, los grupos guerrilleros y paramilitares han confluido. Los homicidios, desplazamientos forzados y demás oprobios sucedidos allí, en una clara violación de los derechos humanos, parecen paisaje a los ojos de la sociedad colombiana. Ante este panorama, y ante la necesidad de recuperar la memoria y la verdad histórica, nació el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para la zona Páramo del Oriente antioqueño, aprobado en la octava convocatoria de proyectos de extensión en las regiones, promovida por la Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia. El objetivo —dice el proyecto— es fortalecer las instituciones responsables de garantizar y promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la subregión Páramo del Oriente antiqueño; entregar información veraz, pertinente y oportuna de la situación de violación de los derechos humanos y de la infracción del derecho internacional humanitario; analizar la dinámica de tal situación y formular recomendaciones a través del observatorio propuesto por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La zona Páramo, donde se desarrolla el proyecto, está compuesta por los municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño, donde en el pasado se enfrentaron los frentes 9 y 47 de la guerrilla de las Farc con el frente paramilitar José Luis Zuluaga del Magdalena Medio, lo que provocó, entre muchos otros dramas, que 493 hogares abandonaron

Municipio de Sonsón.

Sonsón entre 2006 y 2010, según cifras del Registro Único de Población Desplazada. Para Edgar Álvarez, estudiante de Derecho de la sede Sonsón y ponente principal del proyecto, el observatorio es un verdadero aporte a la formación de ciudadanía. “Hemos podido aportar conocimiento y experiencia a la subregión. Igualmente, somos apoyo para las instituciones promotoras y garantes de los derechos humanos, lo mismo que para las organizaciones de la sociedad civil”, asegura. Según Agustín Vélez, coordinador del pregrado de Derecho en las regiones, la función de un observatorio es tan simple como mirar y contar qué pasa. Pero en la aparente simpleza de esta labor está la complejidad de advertir sobre asuntos que pueden trascender política y socialmente en una comunidad. Observa, además, que el Oriente antioqueño ha sido escenario de importantes procesos de orga-

Foto Elvira Ángel Franco

nización social, y la Universidad, como constructora de ciudanía, no puede abstraerse de estos esfuerzos, en una región que merece el aporte de la academia, desde la proyección social y la formación que esta propugna. En la etapa inicial, el observatorio ha trabajado con las secretarías de Gobierno, las personerías y la población civil; realizado talleres sobre derechos humanos con enfoque diferencial, pedagogía y didáctica de los derechos humanos, y políticas públicas orientadas a los derechos humanos; así como un foro subregional de derechos humanos. Además del trabajo adelantado con las personerías y secretarías de Gobierno de los municipios de la zona Páramo, el observatorio ha aunado esfuerzos con la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño, con las secretarías de Educación, los concejos municipales, la Oficina de Enlace de Víctimas, y con Municipios Unidos del Sur de Antioquia.

El apoyo interinstitucional es clave, máxime cuando, en los términos del observatorio, “la dinámica de observación a los derechos humanos no puede ser una mera alimentación de base de datos […], ha de ser éste un insumo de análisis y de recomendaciones que permita a las instituciones públicas o privadas, a las organizaciones y a la sociedad en general contar con elementos de juicio respecto al avance de las políticas encaminadas a la garantía de los derechos fundamentales […]”. Tal es la tarea en la que están empeñados los estudiantes y profesores congregados en este espacio para observar y contribuir a la articulación de las instituciones y voluntades que procuran recuperar la memoria de las víctimas y la constancia de los vejámenes que sembraron de dolor a la subregión del Páramo, en el Oriente antioqueño, con la esperanza de que los daños que ha dejado el conflicto armado nunca más se repitan.

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La Universidad de Antioquia propone...

ara una institución pública como la Universidad de Antioquia resulta un imperativo extender permanentemente sus reflexiones académicas más allá de sus laboratorios y de sus aulas de clase. En ese sentido, la mirada crítica del entorno, el seguimiento a los diversos procesos que se generan en la sociedad y el análisis de los impactos de las decisiones y acontecimientos que afectan a las comunidades, se convierten en un insumo de cuyo estudio se derivan propuestas y puntos de vista que deberían ser acogidos por quienes tienen el poder de aplicar las políticas de gobierno. Por eso hoy, en un momento en el que el país se prepara para elegir a un nuevo presidente, la Alma Mater ha invocado la participación de grupos de investigación para que desde sus saberes específicos planteen a los candidatos a la presidencia lo que consideran deben ser puntos clave en sus propuestas para llegar a la jefatura del Estado. Como resultado de esa tarea se presenta en este especial del periódico ALMA MATER un resumen de las ideas centrales de lo que significó el ejercicio académico alrededor de temas tan disímiles como la paz, la justicia, la educación, la salud, la economía, la política, la cultura, el medio ambiente, la recreación, la ciencia y la tecnología, entre otros. El análisis de dichos tópicos, fruto de proyectos de investigación o de estudios elaborados previamente por profesores y estudiantes, no representa una mera visión coyuntural de los hechos, sino que se deriva de los intereses de los investigadores en sus áreas de estudio aplicadas a los problemas sociales que las impactan. En tal sentido, el soporte de las concepciones aquí expresadas se evidencia en un interés estrictamente universitario y como tal debe ser interpretado y comprendido. Si bien son muchas las aristas que se quedan sin explorar, los textos que componen esta separata pretenden, ante todo, poner en debate elementos de juicio que sirvan como puntos de partida y rutas posibles de solución a las dificultades que más nos aquejan como nación. Por último, es importante anotar que en este especial el lector encontrará, en la mayoría de los casos, versiones de los textos originales, cuya edición íntegra y complementada se publicará en un cuadernillo que circulará impreso y en formato electrónico a finales de abril, como un aporte al debate electoral por la presidencia.

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l Instituto de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia, en ejercicio democrático y con base en el conocimiento acumulado de años de investigación, considera relevantes los siguientes ejes de trabajo para incluir en las agendas de los y las candidatas presidenciales:

1) Producción de modelos económicos alternativos con parámetros más humanos para la medición del desarrollo: inclusión, autonomía y espacios de vida Es necesario reivindicar otras economías que coexistan con la economía mundial y que procuren desarrollos locales y territoriales sensibles a las historias de poblamiento, las relaciones socioambientales y las configuraciones socioculturales particulares. La justicia social y la humanización de la economía pasa por reconocer la existencia de distintas visiones de desarrollo entre los colombianos y la imposibilidad de aplicar los mismos modelos extractivos o productivos en todos los territorios. Es necesaria la regulación interna del sector privado para contrarrestar las políticas financieras mundiales que se superponen a los derechos sociales y económicos de los colombianos, los cuales deben ser garantizados por el Estado. Las políticas económicas de nuestro país perpetúan y aumentan la exclusión histórica y la vulneración en salud, educación, hábitat, ingresos económicos dignos, empleo, entre otros indicadores. Las poblaciones locales no discrepan del desarrollo sino que su inconformidad, muchas veces, es por no estar incluidos en él con la garantía de tener una vida digna. Urge reconocer la coexistencia de modos de vida urbanos y rurales que no pueden seguir erosionándose por la expansión de una lógica mercantil focalizada en atender

una determinada forma de desarrollo. Se requieren acciones reguladoras en las zonas rurales para protegerlas de la privatización y explotación de los territorios. Así como políticas de regulación de la urbanización. Los planes de desarrollo con un enfoque diferencial deben expresarse en políticas públicas, usos del suelo, gestión de los recursos y modelos sociales formulados desde las personas y que repercutan en su bienestar. Así como los territorios, los modelos económicos también deben ser diferenciales. Si la minería es la vocación en algunos, la agricultura y otras actividades lo son en otros. La propagación de la minería a gran escala, que no es viable en todas las circunstancias, debe ser limitada por el Estado y, este, además de recuperar su soberanía sobre los recursos, no puede permitir la extracción acelerada a cambio de impuestos irrisorios y regalías a corto plazo. De esa manera seguiremos favoreciendo políticas para los mercados y no para los territorios, generando deterioro ambiental, pobreza y destrucción de modos de vida y culturas tradicionales que son nuestro patrimonio. En la actualidad, los conflictos socioambientales se perfilan como una fuente importante de desplazamientos y de empobrecimiento de poblaciones que dependen de los recursos para su sustento. Las formas de medición del desarrollo no pueden seguir enfatizando en cómo le está yendo al mercado sino en cómo va la vida de las personas de acuerdo con las particularidades territoriales. Debemos revertir la visión actual y reivindicar la idea de que mercado, infraestructura, políticas públicas, inversión social, están al servicio de la vida de las personas. Nuestro modelo económico no resuelve las necesidades básicas de la población ni nuestros modelos de medición del desarrollo indican cómo están viviendo las personas.

La sociedad que queremos ¿Cómo garantizar el derecho a la vida digna, al territorio y a las prácticas económicas propias?

2) La tramitación política para fortalecer nuestra cultura política: participación, ciudadanías, ejercicio de derechos y resolución de conflictos El escenario actual nos reta a construir ciudadanías diferenciadas y plurales, primero, en la convivencia entre quienes participaron de forma activa en el conflicto armado y, segundo, en la coexistencia de formas de tramitación de las diferencias e injusticias en un amplio contexto de violencias, simbólicas y prácticas, continuas ejercidas desde el Estado y otros actores económicos y sociales. Quizá la clave para asumir estos retos radique en comprender la vida democrática más allá de procesos electorales y partidistas. Las ciudadanías plurales deben poder

expresar sus desacuerdos y diferencias en la sociedad concebida como ámbito público: nos referimos a jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, pequeños mineros, pescadores, estudiantes, víctimas del conflicto armado, profesores, líderes, abstencionistas y muchos otros actores individuales y colectivos de la sociedad colombiana. El desafío es entender el devenir de la ciudadanía en un plano cotidiano de acción social individual y colectiva. Las subjetividades políticas se forman y transforman en diálogo y contestación con las políticas de reconocimiento. El cine, el teatro, la danza, y todas aquellas estéticas y prácticas cotidianas de cohesión, que también permiten la consolidación de las subjetividades, no están disponibles para todos por la inequidad de oportunidades. Vemos con preocupación el aumento de la justicia por mano propia practicada, cada vez más, por grupos particulares que

deslegitiman al Estado e impiden la vida en comunidad. Resulta indispensable superar las relaciones entendidas desde la perspectiva amigo-enemigo por relaciones que hagan posible los antagonismos políticos y la consideración de otras posiciones. Requerimos acciones gubernamentales en formación política, ciudadana y democrática, dirigidas de manera creativa y propositiva hacia la pluralidad política en los distintos territorios. Las ciudadanías plurales se gestan en ámbitos familiares, escolares, barriales, espacios de socialización política que, con los medios de comunicación, tienen un papel preponderante en la formación de subjetividades democráticas y participativas. Es papel fundamental del Estado apoyar y potenciar estas ciudadanías fortaleciendo, por ejemplo, la radio y la televisión públicas que ofrezcan diferentes modelos de representación identitaria, socioeconómica y socioambiental.

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Hacia la reforma política

Foto Archivo Periódico ALMA MATER

horizontes de posibilidad para construir agendas territoriales diferenciadas

Proponemos también políticas desde la seguridad humana basada en enfoques socio-preventivos, en los que se tome como centro a las personas y a las comunidades locales; políticas que sean receptivas a sus iniciativas, con énfasis en el tratamiento pacífico de los conflictos, con políticas sociales que fortalecen el respeto a los derechos humanos y que doten a las fuerzas policiales de alta capacitación en derechos humanos. En fin, invitamos a superar las tradicionales políticas de seguridad cuyos resultados dependen del aumento del pie de fuerza y de acciones represivas y a promover la resolución pacífica y política de conflictos. ¿Cómo promover ciudadanías incluyentes y participativas de forma efectiva y con viabilidad institucional?

3) Un escenario de transformación que avanza hacia el posconflicto y brinda

Requerimos un gobierno comprometido con una salida negociada del conflicto armado interno aunque éste no sea el único conflicto de nuestra sociedad. Cualquier pacto social debe tener en cuenta las particularidades territoriales por las implicaciones diferenciales del conflicto armado en las localidades y, en consecuencia, las particularidades de los procesos de reparación, restitución y memoria también deben ser sensibles a las múltiples historias del conflicto. Para este enfoque diferencial es clave la mirada a las jurisdicciones, órdenes e institucionalidades legales, ilegales, informales, formales, alternas al Estado y consolidadas en los territorios, que deberán ser transformadas para construir agendas ciudadanas y colectivas. Dado que una política de posconflicto no resume las múltiples formas de violencia o conflictos sociales, el Estado deberá: —Acoger la visión territorial desde el mismo territorio con base en la propia experiencia del conflicto armado, pues el mismo modelo de postconflicto con sus acciones de reparación y reconciliación no pueden ser formalizados de manera homogénea en los distintos territorios. —Enfoques de seguridad, desde la seguridad humana. —Promover la reconciliación y la reparación haciendo posible todas las formas de memoria desde los diversos actores del conflicto armado y darle nuevas denominaciones a los actores de modo que no favorezcan el estigma social. La inclusión, además de discursiva, debe implicar oportunidades laborales efectivas para todos los actores y proyectos sociales consolidados y viables hacia el largo plazo. ¿Cómo potenciar los escenarios de posconflicto y abordar los otros conflictos sociales y las violencias en los territorios de manera diferencial?

a reelección presidencial inmediata como escenario posible para favorecer electoralmente a partidarios del presidente-candidato en la contienda parlamentaria; los evidentes problemas del sistema electoral colombiano, y la politización de las ramas del poder público, hacen parte del transfondo en el que se debe reflexionar sobre la conveniencia para el país de abordar una nueva reforma política. Una respuesta positiva implicaría una reforma a la Constitución de 1991 con todo lo que ello conlleva, pero el consenso entre los analistas consultados por el periódico Alma Mater es que, con reforma o sin ella, es necesario abrir el debate frente a algunos temas sensibles. Bernardita Pérez, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, considera que se debe eliminar la reelección presidencial inmediata, pues ha generado corrupción y desigualdad entre los candidatos a la presidencia. En igual sentido opina John Fredy Bedoya, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, al afirmar que más bien debería pensarse en ampliar el período presidencial a 6 años y que esto mismo se aplique para alcaldes y gobernadores. Al contrario, Juan Carlos Arenas, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, no ve necesario una nueva reforma. En su concepto, las últimas dos, con las modificaciones que sufrieron, han contribuido progresivamente a generar los incentivos para estructurar un sistema de partidos ordenado y pequeño, y para perfilar la distribución de las fuerzas políticas de izquierda y derecha en el país.

Sistema electoral Arenas considera que la actual coyuntura exige deslindar partidos, candidaturas y criminalidad, una de las razones por la cual surgió la reforma política de 2009. Recalca que es necesario que el Congreso gestione un código que haga coherente al sistema electoral colombiano. En tanto Armado López, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, plantea que a los partidos semejantes debe exigírseles más desde el punto de vista programático; además, limitar los costos de las campañas electorales, pues la participación democrática se volvió inalcanzable con tanto capital invertido en propaganda y publicidad electoral; también endurecer las sanciones al clientelismo. Bedoya advierte que a los partidos políticos se les debería imputar responsabilidades por las acciones de sus integrantes y cree conveniente controlar los movimientos significativos de ciudadanos para presentar listas a elección popular, pues actualmente, dice, no se entiende qué es un grupo significativo de ciudadanos, excepto por la recolección de firmas. Pérez precisa que hay un asunto de ajustes a la norma. Para ella hay que garantizar que no haya violencia electoral, en términos de fraude; pulir la institución del voto en blanco; que el Consejo Nacional Electoral funcione mejor como tribunal judicial que

como órgano administrativo, y considera que debería existir una regulación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades mucho más fuerte para congresistas y representantes de elección popular. Arenas habla de un proyecto de código electoral que ordene el sistema y actualice las reglas de competencia. Algo así como atar los cabos sueltos de la actual legislación para darle dientes a la autoridad electoral a la hora de investigar y juzgar delitos electorales como compra y venta de votos, la infiltración de grupos criminales, y la determinación de resultados por parte de ellos en algunas regiones del país, entre otros.

La reforma y el proceso de paz Una reforma política debería facilitar el cumplimiento de los acuerdos que se logren en las negociaciones de paz con las FARC y sentar precedentes para una posible negociación con el ELN. Así lo afirma Bedoya. Para él, la reforma debe plantear las normas de juego que ayuden a delimitar los alcances de los acuerdo logrados, como lo referido a la participación política, y opina que deberían afinarse las garantías para que la oposición en general pueda participar en igualdad de condiciones en el debate electoral, con acceso a recursos del Estado, espacios en medios de comunicación, y lo más importante, seguridad para los miembros de los partidos políticos.

Senado no representa todo el país Los problemas del sistema electoral colombiano se ven reflejados en el Senado. En las pasadas elecciones cerca del 50% de los senadores electos provienen de cuatro regiones, y cerca de la mitad de los departamentos del país se quedaron sin representantes. López y Pérez ven en esto una dificultad del sistema, porque es claro que departamentos con gran poder económico tienen una representación exagerada en el Senado. Para ellos eso es una clara concentración de la política del país en pocos nombres y regiones.

Los poderes del procurador Según Bedoya, hay que pensar seriamente en cuál es el papel de la Procuraduría y cuáles son los alcances de sus decisiones. Indica que se deben determinar los mecanismos sobre quiénes y cómo deben ser procesados los funcionarios públicos que cometan faltas disciplinarias, para que no se presenten investigaciones y sanciones desproporcionadas que puedan usarse con fines políticos.

La justicia Para López, se tendría que hacer una reforma a la justicia en lo relacionado con la elección de magistrados. Una reforma, subraya, en la que se respete la independencia de la justicia, pero que le quite a la administración de justicia algunas facultades electivas que tiene en la actualidad, porque la rama se contagió de politiquería y clientelismo. Ajustar la normatividad existente o aventurarse en una reforma política será útil en la medida que no se comentan los errores del pasado. “… Hay que aprender de ellas, advertir sus defectos… esa reformitis continua es fatal para un régimen político”, recuerda Pérez.

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Política de ciencia, tecnología e innovación en la educación superior Su papel en el bienestar social y el desarrollo económico

oy existen suficientes evidencias que demuestran que la diseminación del conocimiento y la formación y entrenamiento en habilidades son los factores más importantes para promover la productividad económica y la disminución de la inequidad social; en tal sentido, la universidad se ha convertido en uno de los actores centrales de crecimiento y transformación de las sociedades en los dos últimos siglos. Sin embargo, en nuestro país esto no ha ocurrido en la magnitud suficiente para lograr dicho cambio porque no es claro el modelo de universidad a priorizar. La Ley 30 de 1992 estableció que un elemento central para que una institución de educación superior fuera reconocida como universidad era que desarrollara investigación científica, pero sin que existiera un concepto sistémico de ciencia y tecnología como elemento fundamental de un ecosistema de innovación. En el artículo 19 de dicha Ley se establece: “Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y pos-

doctorados, de conformidad con la presente Ley.” Por su parte en el literal a del artículo 20 se precisa que se podrá reconocer como universidad a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener experiencia en investigación científica de alto nivel. Esto se convirtió en una estrategia para promover la investigación por parte de las instituciones de educación superior, IES, con el fin principal de “Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia y la tecnología” (Artículo 31, literal g), lo cual, en conjunto con otras políticas e iniciativas de orden estatal e institucional, ha conducido a que no exista claridad de lo que debería ser la misión de la universidad en Colombia: 1. Muchas IES han asumido como parte de su misión la investigación científica y tecnológica sin tener las condiciones académicas, de capital humano y financieras para desarrollar esta actividad, solo lo han hecho para tener el reconocimiento como universidad de forma que puedan acceder a recursos del sistema universitario estatal o para ser competitivas en el mercado de la educación superior. 2. Esta primacía de la investigación en las universidades ha conducido a que se desatiendan otros aspectos esenciales de la función universitaria, en particular lo que tiene que ver con la formación de alta calidad en el pregrado, pues en la medida que los docentes universitarios dedican más tiempo a la investigación ha sido necesario recurrir a docentes de cátedra para cubrir las necesidades de docencia en muchos de los programas académicos.

Foto Juan Andrés Álvarez Castaño

3. El modelo de investigación que se constituyó alrededor de iniciativas particulares de personas o grupos no ha permitido una articulación suficiente entre distintos campos del conocimiento y entre la generación y aplicación del conocimiento. Aunque han existido iniciativas para avanzar hacia modelos interdisciplinarios e interinstitucionales de investigación, estas no han recibido el adecuado apoyo por parte del gobierno o de las mismas IES para favorecer su consolidación. Es de particular relevancia la falta de un trabajo interdisciplinario entre las ciencias sociales y humanas y la educación con otras áreas de investigación de forma que se produzcan procesos convergentes de generación y aplicación del conocimiento. 4. En vez de promover una sinergia entre las universidades y los centros de investigación y desarrollo tecnológico que existían en el país, la política de educación superior generó una competencia por los recursos limitados que

entregaba el Estado para la ciencia y la tecnología, de lo cual salieron menos favorecidos dichos centros y por tanto se perdieron muchas capacidades que se habían venido consolidando en sectores importantes para la innovación y el desarrollo basado en conocimiento. 5. La fragmentación institucional de la investigación ha hecho que la masa crítica de investigadores en muchas, sino en todas las áreas del conocimiento, siga siendo muy baja o al menos está demasiado dispersa pues la prioridad ha sido responder a los indicadores propios de cada institución. 6. A pesar de que en las dos décadas pasadas se le apostó a que fueran las IES las que lideraran los procesos de generación y transferencia del conocimiento, la reciente política de regalías para ciencia y tecnología le entregó la mayor responsabilidad a los gobiernos territoriales, lo cual ha conducido a que se presente un desencuentro entre las capacidades existentes para investiga-

ción y desarrollo con los intereses propios de los gobernantes en las distintas regiones del país. 7. C o m o c o n s e cuencia de estos nuevos arreglos institucionales, Colciencias ha perdido peso como ente líder de la política de ciencia, tecnología e innovación y ha sido relegado a responder por aspectos más operativos del sistema que estratégicos. Lo anterior ha sido un factor importante para que Colombia no tenga una industria lo suficientemente competitiva que le permita un crecimiento sostenible con indicadores sobresalientes de desarrollo económico y equidad social. Para lograr este tipo de industria es necesario fortalecer las capacidades de generación de nuevo conocimiento, condición necesaria para potenciar la innovación, la cual a su vez nos abrirá el camino para competir globalmente con productos y servicios de alto valor agregado. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 2012),

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En otra región del mundo, en 2013, el parlamento de Kenia aprobó destinar el 2% del PIB para actividades de ciencia y tecnología, recursos que se empezarán a ejecutar a partir de 2014. Los ejemplos en todo el mundo nos indican que en un período corto Colombia debe invertir alrededor del 2% del PIB en actividades de ciencia y tecnología, lo cual representaría alrededor de 7.000 millones de dólares anuales. Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OECD por sus siglas en inglés— plantea que Colombia necesita aumentar los recursos para ciencia y tecnología a valores que sean significativos para impulsar las reformas que requiere el país.

Elementos para una política en educación superior A partir de los aspectos anteriores es posible plantear una serie de elementos en los que una política para la educación superior del país debería hacer énfasis con el fin de lograr una construcción de un verdadero sistema de ciencia, tecnología e innovación, que permita el flujo de conocimiento desde las universidades hacia los demás actores de la sociedad. Los elementos más importantes podrían ser: 1. Se requiere que los decisores de las políticas públicas en ciencia y tecnología tengan la formación, la experiencia y el liderazgo suficientes para posicionar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como elementos esenciales para el crecimiento económico y el bienestar social del país. 2. Es necesario un modelo pedagógico en todos los niveles de la educación que promueva la indagación y la investigación como aspecto central de forma que sea posible tener una cultura en la que el conocimiento sea considerado como la base de los procesos que buscan no sólo generar mayor riqueza sino además disminuir la inequidad social.

3. El país requiere de un ente rector de política de ciencia, tecnología e innovación con la suficiente valoración y reconocimiento para que se puedan promover políticas de estado en este ámbito. Colciencias puede cumplir este papel siempre y cuando su función principal sea la de construir una visión estratégica que permita posicionar el conocimiento como uno de los recursos más importantes para el desarrollo socioeconómico de Colombia. 4. Se necesita una política adecuada de financiamiento por parte del Estado de las actividades de ciencia y tecnología acompañada por estrategias de estímulos al sector empresarial, que promuevan no solo la generación de conocimiento sino, sobre todo, su transferencia para la resolver problemas y necesidades tanto del sector productivo como de la sociedad civil. 5. Es fundamental un sistema de ciencia, tecnología e innovación que promueva el trabajo articulado entre las distintas

IES y entre estas y los centros de investigación y desarrollo tecnológico que tiene el país, de forma que se logre una optimización del uso de los recursos, y en particular la convergencia entre distintos campos del saber. 6. Se debe discutir la creación o la reconversión de algunas IES existentes, en unas pocas instituciones que tengan como misión fundamental la generación y aplicación del conocimiento de manera que Colombia pueda tener verdaderas universidades de investigación. 7. Definición y financiamiento apropiado de institutos nacionales de investigación, independientes de las universidades, especializados por sectores, con una estructura que responda a las exigencias de competitividad mundial, y que se adecúen a las condiciones del país. Serían espacios donde trabajan científicos dedicados a la solución de problemas específicos a partir de la generación de conocimiento fundamental, pero inspirado en

Foto Juan Andrés Álvarez Castaño

Colombia se viene desindustrializando desde 1975 debido al bajo valor agregado que le se le da a las materias primas. Hace tres décadas la producción industrial contribuía con el 24% del PIB, mientras que para el período 20122020, si la tendencia sigue igual, la contribución al PIB estaría entre 9-12%. Este efecto se ve reflejado directamente en la disminución del empleo en el renglón del sector industrial. Es también importante tener presente que en el periodo 2005-2011 la inversión extranjera fue alrededor de US$10.000 millones por año, de los cuales cerca del 65% fue para minería (explotación y exportación) y casi nada para desarrollos industriales, como sí ocurre en otros países de Latinoamérica y otras regiones del mundo. El futuro para Colombia es bastante incierto porque los TLC se están firmando con países donde hay desarrollos de alta tecnología con mano de obra altamente calificada, lo cual se refleja en una mayor productividad con costos menores de producción que los de los países en proceso de desarrollo que en buena medida continúan utilizando tecnologías del siglo pasado. Se requiere entonces adoptar una política de Estado que favorezca el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sólida, consistente y de largo plazo. Se trata de medidas adoptadas exitosamente por países como Israel, Alemania, Italia, Bélgica, Corea, Malasia, Singapur, entre otros, donde la innovación basada en el conocimiento les ha permitido aumentar su competitividad en el mundo globalizado, asegurar economías estables, mejorar el empleo y disminuir la inequidad social, entre otros efectos importantes. Por ejemplo, Corea del Sur, con una población similar a la colombiana, invierte anualmente alrededor del 3,7% del PIB, representado en aproximadamente 37.000 millones de dólares, en actividades de ciencia y tecnología.

las potenciales aplicaciones para la solución de problemáticas sociales, económicas o académicas. Estos institutos podrían ser fundamentales en el desarrollo de las regiones, ya que estarían ubicados en diferentes departamentos. Una evolución de esta estrategia es definir y crear parques científicos y tecnológicos en los sectores económicos o sociales relevantes para el país. 8. Promover una política de formación de talento humano de alto nivel. Por un lado es es necesario impulsar la formación de ingenieros en diversas áreas del conocimiento: se requiere, por lo menos, triplicar el número de ingenieros en Colombia, profesión directamente involucrada en el desarrollo social y económico de cualquier nación. De otro lado, se debe incrementar el número de doctores formados en Colombia y en el exterior, como mínimo a 2000 por año, lo cual debería acompañarse por un programa de financiación de posdoctorados. Igualmente, se requiere una política clara de estímulos para la repatriación de científicos colombianos trabajando en el exterior. 9. Desarrollo de políticas de estado que permitan blindar los recursos para CTI y que permitan hacer evaluaciones cada cinco años para hacer los ajustes que se requieran. Solo con la definición y ejecución de estrategias claras de parte del gobierno será posible tener un cambio en el desarrollo social y económico del país que nos permita mantener un crecimiento económico de largo plazo y, sobre todo, reducir la inequidad. Esto será posible si utilizamos de manera inteligente nuestros recursos naturales, dándoles valor agregado y no simplemente vendiéndolos en el mercado mundial como mercancías. Pocos países en el mundo tienen tan abundante cantidad y calidad de recursos naturales como para ser usados como fuente de riqueza.

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Foto Archivo Periódico ALMA MATER

n este momento histórico colombiano la ingeniería tiene retos sin precedentes. A partir de los nuevos liderazgos gubernamentales se han proyectado y construido obras de infraestructura que esperan potenciar la economía del país, subir el producto interno bruto y el bienestar social. Esta tendencia de los últimos años ha creado una demanda de ingenieros que nos ha llevado a tomar acciones otrora impensables como vincular personal especializado de otros países por no contar con la suficiente mano de obra calificada en el nuestro o porque la demanda no corresponde a las ofertas de formación local. En algunos casos extremos, y como respuesta a estas necesidades, hemos caído en el afán de ofrecer desde las instituciones de educación superior personal parcialmente calificado con las competencias justas para iniciar una vida profesional. En este contexto, lo que realmente está preocupando a la comunidad académica responsable de la formación de ingenieros son los resultados observados en la sociedad como efecto de las nuevas generaciones de egresados, con tendencia a degradar el ejercicio de la profesión antes que enaltecerla aceptando y realizando con altura los retos que demanda esta nueva oleada de crecimiento. Este comportamiento ha sido estudiado por asociaciones de ingenieros y en especial por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, tratando de establecer qué está pasando en la formación de los ingenieros y qué intervenciones se pueden realizar de tal forma que se pueda revertir la tendencia de aquellos egresados en ingeniería hacia lo fácil y rápido. A continuación se expone los elementos esenciales identificados como precursores de la tendencia y relacionados con las políticas de gobierno.

Es clave promover una ingeniería socialmente responsable Son varios los factores provenientes de las políticas actuales resultado de gobiernos pasados que se están volviendo de facto en políticas de Estado y que se identifican como influyentes en los procesos de formación, constitutivos del cambio de actitud de algunos egresados. La primera es la tendencia a pasar la responsabilidad de la formación de los estudiantes desde las comunidades académicas a las comunidades de contratistas. El estado dejó de proveer los recursos necesarios para mantener la estructura de formación basada en comunidades académicas consolidadas demandando una masiva participación de estudiantes en el aula sin fortalecer la base profesoral formada en las buenas prácticas que ocurren en la academia, direccionando las instituciones hacia la contratación de expositores de temas que, debido a su precariedad contractual, no tienen tiempo de interactuar con los estudiantes fuera del aula, así como tampoco de asesorarlos en sus dificultades de aprendizaje, y mucho menos tienen tiempo de reflexionar sobre el mejoramiento del sistema de formación. En general, se estima que 1 de cada 7 docentes en una universidad acre-

ditada está vinculado de manera indefinida, esto quiere decir que son ellos, los 1, quienes quedan como responsables de las buenas prácticas académicas de una comunidad consolidada, sobre la cual sólo es posible formar ingenieros basados en la ética, la calidad y la pertinencia. Los otros 7 se han inoculado en el sistema con otra lógica, basada en el logro por el logro, sin tener espacio ni auditorio para su evaluación. La segunda tendencia que está socavando las bases de una buena formación de ingenieros es el cambio impulsado por la nueva dinámica proyectada a las universidades por los gobiernos de turno de incentivar la investigación productiva en la universidad. Es claro que era algo que el país estaba en mora de realizar y que ha traído beneficios tangibles especialmente en la exitosa articulación de la universidad, la empresa y el Estado. No obstante, esta nueva dinámica no fue acompañada con los elementos necesarios para que no afectara a la misma universidad y su formación de profesionales. Los laboratorios que otrora estaban destinados a la docencia han sido tomados por la fuerza de las circunstancias para

realizar investigaciones, dada la dificultad de encontrar recursos frescos para la construcción, sostenimiento y desarrollo de nuevos espacios para la investigación. Las plazas de docentes, que antes dedicaban todo su tiempo a la formación de profesionales, ahora son reemplazados por investigadores que requieren tiempo para desarrollar sus proyectos, dejando en el peor de los casos cualquier relación con el pregrado a eventos anecdóticos de vinculación de auxiliares de actividades de investigación, quedando entonces la docencia a los contratistas previamente mencionados. Los recursos que provenían del Estado hacia las universidades para la vinculación de nuevos docentes o investigadores siguen en la práctica congelados, pasando de presupuestos indexados a bolsas de estímulo económico para realizar nuevas actividades en la universidad dirigidas a todo tipo de público, basados en la premisa del rédito a ultranza de indicadores anuales, sin estudios previos o proyecciones realistas que permitan consolidar una comunidad que por su naturaleza se cuece lentamente para alimentar debidamente la

formación de los nuevos profesionales. Es de remarcar que una de estas tendencias es la presión que hay sobre la ampliación de la oferta hacia aspirantes cada vez menos formados en los ciclos previos, con prebendas para su ingreso imposibles de subsanar en el sistema de formación profesional. Dicho de forma coloquial, estamos haciendo un segundo piso con los ladrillos del primero, con más metros cuadrados que su base, lo cual ineludiblemente hará que al final la estructura no aguante y se caiga. La tercera tendencia, consecuencia de las anteriores, es que las decisiones curriculares están quedando en manos de personal administrativo, fundamentada en la lógica de la productividad, lo que de fondo tiende a dejar de lado todo aquello “no necesario” o “improductivo” para el ejercicio profesional como la educación en conceptos de ética, socio humanística y economía, los cuales pueden sonar suntuosos y onerosos respecto a una visión tecnicista de los administradores. Unido a todo lo dicho hasta ahora, comienza a desdibujarse el concepto que desde una comunidad académica se conoce como base para la formación de profesionales éticos, de calidad, pertinentes y con sentido social, debido a la pérdida de las buenas prácticas que de la comunidad se derivan. Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia proponemos la realización de un trabajo conjunto, que incluya los actores que requieren un profesional íntegro, aquellos que se encargan de recibir la formación y realizarla, así como todos los actores políticos que ofrecen representatividad desde la sociedad, para que definamos las nuevas rutas a seguir, desde una concepción que debe venir del entendimiento de Estado, en articulación con sus organismos de creación, seguimiento y control, a la luz de todos los ciudadanos.

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Ciencias exactas y naturales, esenciales para el desarrollo

ebe decirse que discurrir sobre este tema resulta redundante puesto que ha sido ampliamente discutido tanto en el contexto nacional como internacional, desde los sectores académicos, económicos y en Colombia, incluso desde el Departamento de Planeación Nacional. No obstante estar tan ampliamente diagnosticado y habiéndose establecido la educación y el avance de la ciencia como uno de los factores diferenciadores entre los países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, aspecto claramente analizado por la misión de sabios a inicio de los 90, el Estado Colombiano no ha logrado establecer este como un eje esencial para el desarrollo del país. En un país como Colombia, con un gran y diverso patrimonio natural, la generación de riqueza debería estar fundamentada en el

aprovechamiento sostenible de estos recursos, pero sobre todo en que ese aprovechamiento no sea solo extractivo (como lo ha sido ya por varios siglos) sino centrado en la adición de valor agregado a las materias primas naturales de que disponemos. Para transformar los recursos disponibles en la naturaleza el primer paso es conocerla desde sus entrañas, en su composición biológica, estructura química, comportamiento físico, en fin, todo aquel conocimiento que precisamente las ciencias exactas y naturales proporcionan. Este conocimiento de base permite cultivar desarrollos que conduzcan tanto a la exportación de productos derivados de nuestros recursos naturales, así como a la sustitución de importaciones de diversas materias primas, que son actualmente procesadas en otras latitudes a partir de nuestros recursos crudos, retornando al país

con valor agregado, y un sustancial incremento en los costos, lo que explica la paradoja histórica: países ricos en recursos naturales y pobres en desarrollo económico y social. Desde hace unas dos décadas, en Colombia se habla de innovación y de cómo la ciencia debe estar orientada a generar productos o procesos que resuelvan problemas de la sociedad, no obstante hay que considerar que no se puede innovar si primero no se tiene el conocimiento de base y que, como lo demuestra la historia, pueden pasar décadas entre la generación del conocimiento y su aplicación y puesta en uso. Es claro también que el reto es cada vez más grande, cuando se busca hacer contribuciones relevantes desde la ciencia, puesto que la generación de información es avasalladora y la competencia, queramos o no, es global, y así mismo los países en vía de desarrollo se enfrentan a exigencias mucho mayores que aquellos que han construido su progreso, progresiva y sostenidamente durante siglos. No se puede esperar tampoco que sean las entidades generadoras del conocimiento, universidades y centros de investigación, las que hagan el ciclo completo entre educaciónciencia-tecnología-innovación y por tanto es imprescindible que la industria se articule al proceso e invierta en él, lo cual tal vez solo ocurra si el sistema ofrece incentivos llamativos. Asunto que tampoco es una novedad, pues desde comienzos del siglo XX la industria estaFoto Archivo Periódico ALMA MATER

dounidense se persuadió de la necesidad de patrocinar su propia investigación de modo que les permitiera mantenerse vigentes6. En todo este engranaje es importante considerar también la divulgación de la ciencia como un elemento que facilita entre la sociedad y sobre todo entre los tomadores de decisiones y los inversionistas un acercamiento al lenguaje de las ciencias exactas y naturales, el reconocimiento de lo que son y el papel que han jugado en el crecimiento económico de los países desarrollados. Así mismo la popularización de la ciencia contribuiría a desmitificarla como profesión y hacerla atractiva a las nuevas generaciones, como una opción de vida. Pero no habrá tecnología si no hay ciencia y no habrá ciencia sin educación, de modo que en materia de formación en ciencia básica es necesario considerar el fortalecimiento de los pregrados con mayor inversión en recurso docente, instrumental y de infraestructura física, así como un aumento en la oferta de becas para maestría y doctorados, acompañado de mayores recursos para los proyectos de investigación, que son nicho fundamental para la formación de los estudiantes de posgrado y que además nutren la formación en pregrado. Todo lo anterior implica políticas de Estado que propendan por una mayor inversión en las ciencias básicas, tanto en educación como en investigación, pero que además impulse la inversión del sector productivo e incentive de manera decidida la vinculación de científicos con alto nivel de formación a la industria nacional. Es posible también que el país desarrolle una política científica de Estado, en la cual defina áreas prioritarias, que enlace de manera coherente todos los elementos del sistema educativo y de in-

vestigación, trazando una estrategia de largo plazo, que le permita a la comunidad educativa y científica establecer, con base en sus fortalezas e intereses, hacia qué áreas prioritarias direccionar sus esfuerzos y los planes de desarrollo de las instituciones, lo cual podría implicar además reformas sustanciales tanto a la educación superior como a la educación básica, con la consolidación de programas de carácter técnico, tecnológico y por competencias laborales. La definición de políticas es determinante para que se articulen los diferentes actores; nada de lo propuesto resulta factible si como parte de dichas políticas de Estado no se considera una inversión relevante en ciencia para el país, lo cual está suficientemente claro cuando se revisa el porcentaje del producto interno bruto que invierten en este reglón los países desarrollados y aquellos que en las últimas décadas han alcanzado avances importantes, lo cual fluctúa entre el 2 al 4%, mentras que para Colombia, aún con la reciente inyección de la ley de regalías, solo llega a medio punto, de modo que en el próximo quinquenio se esperaría que crezca al menos en un 100%, para acercarse al 1% del PIB. En síntesis, mayor inversión, empezando por la educación, genera mejores condiciones para el desarrollo de la ciencia, la cual a su vez, en un entorno propicio de relacionamiento con la industria, da lugar al desarrollo tecnológico y finalmente al crecimiento económico del país. El crecimiento de la economía, no necesariamente implica mejoramiento del bienestar general, puesto que esto último depende de la distribución equitativa de la riqueza con generación de más y mejores oportunidades de empleo y educación, pasando aquí al terreno de las ciencias sociales y humanas.

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El sistema de salud qu

ara la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia la definición del modelo y del sistema de salud no puede depender exclusivamente de las tendencias y políticas predominantes en el mundo, sino principalmente de las particularidades como país, la composición socio-demográfica, los valores y preferencias de la población de acuerdo con la diversidad cultural, y las condiciones económicas, políticas y de infraestructura nacionales. La balanza pone de un lado el deterioro o escaso progreso en términos de indicadores de salud, carga de enfermedad y satisfacción de los ciudadanos, en contraste con aumento del gasto en salud, trabas administrativas y enriquecimiento del intermediario o asegurador. Organizar el sistema de salud bajo la premisa de hacer coincidir el bienestar y el negocio es incompatible con considerar la salud un derecho fundamental y elemento prioritario de progreso social y económico. Inclinar la balanza hacia algo más equitativo y de mayor satisfacción para los colombianos implica el reconocimiento y garantía de la salud como derecho fundamental y la completa eliminación de la intermediación financiera con dineros de la salud. Se requiere inversión y apuesta política por un modelo de atención primaria en salud, sin descuidar en el periodo de transición la atención adecuada de la enfermedad y sus complicaciones. Además de estos principios del modelo, es importante instaurar medidas estructurales sin las que ningún modelo de salud puede alcanzar resultados favorables para la población. La primera es establecer un sistema de información nacional que permita identificar las características y ubicación de los ciudadanos y conocer sus necesidades en salud, de tal manera que sea posible ofrecer las actividades de promoción, prevención y atención que requieran. Un sistema de información bien estructurado es el insumo para definir

políticas en salud, planear y hacer seguimiento de las intervenciones. En efecto, la estimación de necesidades en recurso humano y la planificación de su formación debe responder a la identificación clara de cuáles falencias tenemos, en dónde las tenemos y para qué queremos ese recurso humano. Continuar afirmando que se requieren más especialistas, sin precisar claramente cuántos, en dónde y qué tipo de especialistas, es seguir dando respuesta a presiones polarizadas del mercado. El país debe definir a dónde quiere llegar en metas de salud, qué tenemos en la actualidad para hacerlo y qué recurso humano adicional se requiere para alcanzar esas metas. La segunda medida también es facilitada por un sistema de información. Se refiere a fortalecer los organismos de vigilancia y control a las instituciones de salud y al gasto en salud específicamente. Es imposible lograr la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos si el Estado no está dispuesto a asumir con determinación las funciones de control. Si se continúa dejando al mercado la función regulatoria continuaremos asistiendo al enriquecimiento de particulares con recursos de la salud. Las entidades de control no sólo deben tener mayores recursos para hacer más y mejor vigilancia, también se necesita que exista una estructura legal que implique sanciones de peso para aquellos que utilicen los dineros de la salud para su propio usufructo a expensas de restringir el derecho a la salud de la población y poner en riesgo sus vidas. La tercera medida clave en cualquier sistema de salud es contar con herramientas de control a la industria de tecnologías médicas, bien sea la de producción de medicamentos o de manufactura de dispositivos. Ningún sistema de salud en el mundo puede incorporar todas las tecnologías que la industria produce, a los precios que la producen. Como otros países en Latinoamérica y el mundo, Colombia debe tener reglas claras de negociación con la industria

y regulación a la propiedad intelectual. Además se deben prohibir los incentivos inmorales que la industria ofrece a los profesionales de la salud, de tal manera que las decisiones sobre qué tecnologías usar respondan a criterios de evidencia científica de efectividad, seguridad y preferencia de los pacientes. Cuando estos aspectos previamente descritos se hayan incorporado al modelo y sistema de salud tendrá sentido implementar medidas como un fondo nacional que sirva de pagador único, pues es más fácil vigilar y controlar un fondo que varios. Pero si el fondo único se instaura antes de tener sistemas de información, vigilancia, control, regulación de la industria de tecnologías, prohibición de la especulación financiera con recursos de salud y modelo claro, lo único que se hace es pasar la corrupción y las irregularidades de un lado a otro. Continuar discutiendo cómo financiar el sistema, aisladamente de estas otras medidas, no impactará positivamente los resultados en salud ni la satisfacción de los colombianos con el sistema. Estas medidas deben acompañarse de principios como el trabajo decente de todo el recurso humano en salud, del respeto a la autonomía profesional y del estímulo a la auto-regulación ética de los mismos. Además, promover mayor participación de los colombianos en su propio cuidado de la salud, en la toma de decisiones de acuerdo a las preferencias para la atención en salud, no sólo en dónde se atiende o por quién, sino además en poder aceptar o rechazar intervenciones de acuerdo con sus propios valores. Finalmente, el país debe apostar por la formación del talento humano con calidad y sentido de responsabilidad social con el país. Aunque estas propuestas no implican la totalidad de cambios que deberían generarse en el sistema de salud colombiano sí recogen los más significativos y prioritarios, que han hecho parte del debate político y social en el que la Facultad de Medicina ha participado en los últimos años.

La salud, derecho fundamental (...) La propuesta principal es el cambio del artículo 49 de la Constitución Política actual, en cuanto al derecho a la salud, por medio de un acto legislativo o un referendo constitucional, a fin de determinar de una vez por todas la fundamentalidad de tal derecho, el cual podría ser consagrado en estos términos: El derecho a la salud es un derecho fundamental. En los casos de los menores prevalece sobre los derechos de los demás. En su faceta de servicio público esencial, es garantizado por el Estado a todas las personas, tanto en su dimensión de salud pública como en su dimensión de salud individual. Al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar, controlar y vigilar la prestación de servicios de salud a los

habitantes del territorio nacional, conforme a los principios de solidaridad, universalidad, integralidad, participación, unidad, eficiencia social, calidad e internacionalización, con énfasis en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención primaria de salud. Así mismo, corresponde al Estado instaurar las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. El servicio público esencial de salud se organizará en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. El servicio público esencial de salud será administrado por el Estado y podrá ser prestado por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su

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ue Colombia necesita

salud y la de su comunidad. El derecho fundamental a la salud debe articularse con los demás derechos de esta Constitución. En todo caso, se interpretará de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales sobre el derecho a la salud ratificados por Colombia. Derivado de la anterior propuesta, o aun sin su materialización, se debe expedir una ley estatutaria, un estatuto o un código que unifique la normativa vigente sobre el derecho fundamental a la salud. Que contemple los aspectos básicos de su regulación, enfatizando en la resolución de los aspectos conflictivos que ha demostrado el sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, en lo que va corrido de su vigencia. Así mismo, contemplar en dicha normativa los componentes mínimos que integran o deben integrar el concepto del derecho fundamental a la salud. En dicha ley, y con base en el artículo 89 de la Constitución de 1991, se debe contemplar una ac-

ción de defensa del derecho a la salud, que en los casos de extrema urgencia, y sin necesidad de interponer la acción de tutela, y en ella una medida provisional, se pueda solicitar la inmediata protección del derecho fundamental a la salud, que podría denominarse como habeas salud. En la misma óptica, se deben concertar socialmente las prioridades de salud de los colombianos. Acordar democráticamente cuál será el objetivo de una plan de beneficios, cuáles los criterios de conformación, cuáles sus contenidos, sus exclusiones, cómo será el procedimiento de su actualización o revisión, cómo y cuáles sus fuentes de financiación, cómo se accederá a tales beneficios, cómo será el mecanismo de la solidaridad, a fin de contribuir al cierre de la brecha de equidad7. En fin, una norma, social y democráticamente discutida y concertada, que garantice a través de un nuevo POS o de un nuevo plan de beneficios, cualquiera sea su denomi-

nación, la eficacia del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y los residentes en su territorio8. En todo caso, definir un modelo de salud cuyo centro sea, precisamente, la salud y no la enfermedad, y que de solución a las fallas estructurales del actual SGSSS que de igual forma afectan la eficacia del derecho fundamental a la salud en ambos regímenes9. En ese mismo orden de ideas, buscar la estructuración de incentivos económicos para la EPS e IPS –en el evento de seguir el modelo actual– que permita el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y la garantía de la libertad económica a tales actores. Entre otros, podrían ser: exención de impuestos sobre material e insumo médico, deducción de los gastos incurridos en la capacitación de personal de salud especializado, deducción de los gastos realizados en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, siempre y cuando se demuestren niveles de calidad y de oportunidad en la atención de los servicios de salud y de reconocimiento real del POS. De otra parte, definir un efecto inter pares a las sentencias de tutela que versen sobre el derecho fundamental a la salud, o la unificación oportuna de la línea jurisprudencial, cuando se refiera a temas relacionados con tal derecho o con el SGSSS e, igualmente, definir sanciones por la reiteración de las negativas en las EPS, en casos en los cuales haya unificación de líneas jurisprudenciales o en los casos que se falle en contra de estas entidades y se demuestre su negligencia en el cobro de las cotizaciones a los empleadores morosos o que hayan recibido en forma extemporánea dichas cotizaciones e intereses de mora, y que pese a ello se hayan hecho tutelar. Así mismo, en el caso de existir comprobada temeridad en la interposición de una acción de tutela se condene en costas al tutelante a favor del SGSSS o de la rama judicial.

Finalmente, se propone la creación de una jurisdicción especial que conozca de todos los conflictos jurídicos relacionados con la seguridad social y con el derecho fundamental a la salud, sin diferenciar si el conflicto proviene del SSSI, del SGSSS o de los regímenes excepcionados. Así mismo, que exista un ministerio exclusivamente dedicado al tema de la seguridad social y del derecho fundamental en salud.

Políticas públicas (...) Sin duda, definir el nuevo modelo del sistema de salud colombiano, como se ha venido debatiendo desde diferentes actores, es un tema urgente pero no el único en la agenda propuesta. Según el vocero de la Comisión de seguimiento a la sentencia T-760 y de reforma estructural del sistema de salud, CSR, en él se juegan como mínimo: la salud y el bienestar de la población, los diferentes enfoques sobre la seguridad, la salud y el papel del Estado en su garantía, los diferentes intereses económicos y políticos que participan en el sector, y una parte importante del poder. (...) En este contexto son prioritarias políticas que tomen en cuenta o definan de una vez por todas en el país, la universalidad en: i) acceso al agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas, ii) acceso a alimentos sanos y a la nutrición adecuada, basados en políticas de soberanía alimentaria, iii) la tenencia de una vivienda digna, adecuada y saludable, iv) condiciones saludables y dignas en el trabajo, v) la protección ambiental frente a todos los riesgos principalmente los de orden socio-antropogénico, vi) el acceso a la educación adecuada en todas sus etapas de la vida, vi) la participación ciudadana y ejercicio efectivo de los derechos políticos de

todos los ciudadanos; vii) por supuesto que también el universalismo en el acceso a los bienes y servicios de salud y de atención integral. (...) Debe hacerse énfasis en algunas ideas-fuerza: entender la salud como un derecho ligado a la condición humana, bajo exigencias de igualdad y dignidad, no restringido por una ley limitada por la sostenibilidad financiera de un sector sin consultar las posibilidades amplias de todo un país; el norte de las políticas públicas en salud durante el cuatrienio que se avecina deberá estar marcado por una perspectiva positiva de la vida y del bienestar individual y colectivo; guiado por un Estado encaminado al bienestar ciudadano y garante de los derechos sociales. Debe legislarse en contra de las asimetrías de poder, en defensa de la equidad en salud y corrigiendo los efectos de los determinantes políticos globales, con especial desvelo por la protección ambiental.

Conclusión Es necesario avanzar en Colombia, siguiendo la orientación anterior, por un real derecho a la salud con sentido político y no económico, ampliando y dándole participación a la ciudadanía, integrando las acciones de todos los niveles del gobierno y los de la sociedad en su conjunto, logrando la articulación de todas las políticas, en los objetivos y principios de la salud pública. También obliga esta perspectiva a mantener siempre la salud en la agenda política, a considerar los problemas y la soluciones desde los propios afectados, de los ciudadanos y de los pacientes, en particular. Se ampliará su rango de acción, al dar un vuelco en la perspectiva de las políticas transectoriales y considerar la “salud en todas las políticas”. Un elemento insustituible será la capacidad del gobierno en el próximo cuatrienio para liderar procesos políticos participativos basados en la concertación.

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Medio ambiente

Ideas para superar la catástrofe

as recientes emergencias ambientales en Chocó, Casanare y Magdalena, que dejaron como consecuencia la destrucción de ecosistemas y la muerte de miles de animales, pusieron de nuevo sobre la mesa la pregunta de qué tanto ha avanzado Colombia en regulación y atención ambiental y cuáles deberán ser las prioridades en esa materia para quien asuma en agosto las riendas en la Casa de Nariño. Esa realidad coincide con la divulgación, por parte de la organización europea Enviroment Justice Organizations, Ejolt, del primer Atlas global de justicia ambiental, según el cual Colombia es el segundo país con mayor cantidad de conflictos de ese orden en el mundo, 72 casos en total, solo superado por la India con 112 casos. Una buena parte de esos conflictos, como lo anota el investigador de la Universidad del Valle y colaborador de Ejolt en Colombia, Mario Alejandro Pérez, tienen lugar en las regiones más pobladas del país, afectan a 7,9 millones de personas e involucran 25 millones de hectáreas, el equivalente al 2,2 % del territorio nacional.

En el trasfondo, aseguran los expertos, se encuentra el impacto causado por fenómenos como el cambio climático y por actividades como la minería, la explotación de combustibles fósiles, la generación de energía de biomasa, y el manejo de los recursos hídricos, problemáticas cuya solución sigue siendo esquiva, en buena medida por lo que esas actividades representan económicamente para el país: según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solo en 2013, alrededor del 72% de las exportaciones del país estuvieron representadas en productos obtenidos mediante la explotación de minerales y la extracción petrolera, actividades de gran impacto ambiental y social que cuentan con regulaciones muy flexibles. A pesar de que algunos han señalado como un logro en los últimos años la creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, voces como la del ex ministro Manuel Socorro Becerra han llamado la atención sobre el poco tiempo del que disponen los funcionarios del ministerio para

estudiar las solicitudes de licencias ambientales para proyectos de gran impacto, solo cinco meses, mientras que en Estados Unidos se llevan entre tres y siete años. “Es fundamental, frente al reto del futuro ambiental en términos institucionales, sobre todo en lo relacionado a los temas minero, energético, de agrocombustible y a los cultivos de productos para exportación, consolidar y fortalecer la institucionalidad ambiental”, considera el profesor Pérez. Para Jairo León Zapata, director de la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia, la prioridad durante los próximos años debe ser el cambio climático, fenómeno que implicaría el incremento de las aguas a nivel oceánico y una reducción significativa en la biodiversidad debido a la potencial reducción de especies, tanto en flora como en fauna, incluyendo las especies y los organismos marinos. “Sabemos todavía muy poco de los cambios que podrían afectar un incremento de 50 centímetros del nivel del agua en las costas y de cómo cambiaría toda la dinámica de los ecosistemas y las relacio-

nes entre los organismos y el hombre”, dice Zapata. El impacto del cambio climático ya se percibe en Colombia con la pérdida de entre 3% y 5% de la cobertura glaciar por año y el aumento de la temperatura del aire, principalmente en zonas de alta montaña como los páramos. En este contexto, Zapata señala que un punto que se debe fortalecer es un sistema de información ambiental de carácter nacional, que permita ver comportamientos históricos de algunos factores y generar alertas tempranas para mitigar el impacto de emergencias como las de los últimos meses. “Necesitamos que toda la información fragmentada en universidades, institutos y alcaldías se pueda subir a ese sistema, para mirar cómo se ha comportado en el tiempo el océano, la costa, la deforestación, y para poder determinar su manejo, protección, cuidado y sostenibilidad”, afirma. Para Fabio de Jesús Vélez, jefe del pregrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, hay que poner cuidado a la histórica inequidad en la distribución de las tierras como problemática ambiental. Según las estadísticas, observa, el 30% de los colombianos posee el 70% de la tierra. “¿Cómo vamos a distribuir de mejor manera esos territorios en una población más amplia, y cómo vamos a hacer para poner a producir la tierra”, se pregunta.

Según Vélez, otro asunto que impacta al medio ambiente y necesita atención urgente son las megaciudades, con un poblamiento que no fue planeado, y con un crecimiento desordenado. “Si seguimos evidenciando el cambio climático, lo que se puede predecir es que vamos a tener en el futuro unas poblaciones más grandes, carentes de recursos. El país nunca se ha sentado realmente a planificar el territorio”, asegura. Según Néstor Aguirre, biólogo y docente, otra prioridad que debe consultar la agenda de los próximos gobiernos es el suministro de agua potable, no solo para las comunidades menos favorecidas sino para toda la población colombiana, cuya cobertura, dice “debería ser del ciento por ciento”, ya que de acuerdo con el documento Conpes 3550 de 2005, recuerda, de las 189.022 muertes producidas en todas las edades en Colombia, 1.137 correspondieron a muertes por enfermedades infecciosas intestinales (0.6%), de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron en niños menores de 5 años. Para Jenny Leal, investigadora del programa de Ciencias del Mar de la U de A, “el próximo presidente deberá trabajar para que los colombianos seamos conscientes de que nuestro territorio marino es una gran riqueza que debe ser reconocida, estudiada, aprovechada y cuidada, antes de que perdamos los recursos que aún nos quedan”. En ese sentido la pesca marina, que en países como Perú y Chile es una actividad económica de vital importancia, debe por fin hacer parte de la agenda del próximo presidente, fortaleciendo a las entidades encargadas del sector y destinando recursos para la investigación científica dirigida a resolver los problemas asociados. Sobre la presencia de los temas ambientales en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, los expertos consultados coinciden en que se trata de un tema vital que pasa por la reforma agraria y la sustitución de cultivos, y que si llegan a buen término deben tomarse las precauciones para que la inversión no resulte contraproducente.

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La paz: un imperativo moral y político

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n imperativo es una necesidad urgente y deseada, es moral cuando alude a la conciencia humana y es político cuando vincula el poder de decisión. En este sentido los colombianos estamos en la obligación moral de promover la paz y el respeto de los derechos humanos; y exigir a otros, cuando no lo hacen, tomar las decisiones más convenientes para lograr y/o conservar los principios y estados convenientes de convivencia pacífica, en una sociedad multicultural y diferenciada. Es indudable que la paz ha sido uno de los temas recurrentes en todos los escenarios de la vida pública y privada, donde se tejen en el día a día esperanzas de un mejor futuro para este país hermoso, pero lleno de problemas. Las tensiones permanentes que la opinión pública recrea, no son más que el testimonio elocuente de una sociedad polarizada, optimista y pesimista, sobre un devenir cargado de mucha emotividad, pasión y cálculos instrumentales sobre los efectos de un escenario posible de dejación de armas y de desmovilización de las FARC- EP, en los próximos meses. De cara a las elecciones presidenciales del próximo 25 mayo el país se juega una carta aplazada durante 60 años. El conflicto armado que hemos vivido los colombianos ha condicionado y determinado los sueños, los proyectos de vida y el desarrollo integral de una sociedad que ha tenido limitada sus esperanzas. Más de cinco millones de desplazados, alrededor de 100 mil desaparecidos y 711 mil homicidios entre 1985 y 2014, según la Unidad de Víctimas son cifras escalofriantes que deberían conmover y movilizar a una sociedad entera; son más víctimas que todas las dejadas por las dictaduras del cono sur, lo que sirve para se-

guir dejando a Colombia como uno de los países más violentos del mundo. “Una guerra sin nombre”, fue lo que dijeron Francisco Gutiérrez y Gonzalo Sánchez, dos de los más avezados investigadores sobre la violencia y el conflicto en el país, es lo que ha pasado en Colombia. No sólo por la cantidad de víctimas, sino también por la recursividad y maniobrabilidad de los actores de la guerra. Actores de diversos matices ideológicos, quienes se han atrincherado entre la sociedad civil, entre algunos políticos en ejercicio y entre algunos empresarios inescrupulosos que han colindado sus intereses particulares con los intereses de quienes han pretendido resolver sus conflictos y necesidades a punta de bala e intimidaciones. De modo que los actores del conflicto en Colombia, que no han sido solo las FARC y el ELN, son respaldados por muchos colombianos y colombianas. Esta es una realidad que no podemos desconocer y por tanto las iniciativas para lograr la paz en el país deben involucrar no sólo al Estado y sus instituciones, a los actores armados en este caso en primer instancia a las FARC, para que no se levante de la mesa de negociación de La Habana; al ELN, el otro grupo insurgente, el cual ha manifestado su intención de sentarse a

conversar, sino también a la ciudadanía en general, en el marco de una vindicación de la apropiación de una realidad que nos compete a todos y todas. Para aludir a esta apropiación de la realidad hay que realizar un reconocimiento inicial, y es el de la co-implicación entre ciudadanía y conflicto. Es decir, la ciudadanización del conflicto, algo que tienen que ver con el reconocimiento del mismo por parte de sujetos de derecho, lo que implica la construcción de esferas colectivas de asimilación de realidades, adversas a los principios de justicia, libertad y convivencia pacífica. Es así que dichas colectividades adquieren la capacidad de responder a través de diversas estrategias a los efectos de la violencia e injusticia que acarrea el accionar de todos los grupos armados, e introduciendo la deliberación allí donde tiene cabida la confrontación violenta y restituyendo las causas y comportamientos estructurales del conflicto como objeto de la política. Así las cosas, una ciudadanización del conflicto, como estrategia, actitud y aptitud para afrontar los flagelos de la guerra en Colombia, exige no sólo compromisos individuales y colectivos, además demanda un reconocimiento y aceptación de que las salidas políticas siempre serán menos estruendosas, menos dolorosas y

menos desesperanzadoras. Adicionalmente, la comprensión integral de los flagelos del conflicto que nuestro país ha vivido exige miradas menos pasionales, que permitan entender, como sostiene Johan Galtung, que tener una imagen consciente y cabal del conflicto, con todos sus aspectos profundos, sus condicionantes históricas, será una conditio sine qua non para la transformación del mismo4. Las condiciones históricas del conflicto colombiano han demostrado la diversidad de intereses que se agrupan alrededor de los discursos de la paz y de la guerra. Así mismo, se ha demostrado en los últimos años, que esos discursos han tenido la capacidad de seducir y movilizar a la población en distintos episodios, uno de ellos fundamental para la democracia y el país en general, las elecciones. (...) Ad portas de las elecciones presidenciales es inaplazable señalar cuatro puntos para la reflexión y las acciones a tomar como colombianos el próximo 25 de mayo: 1. La paz no se logra sólo con el diálogo, negociación y desmovilización de los grupos insurgentes FARC y ELN, pero sin este paso continuaremos siendo un país en guerra y con un conflicto armado interno, no resuelto por falta de voluntad o por la incapacidad de estos actores y nuestros gobernantes

de negociar el conflicto que ya lleva 60 años. 2. Los actores armados que se han configurado, luego de la mutación de los paramilitares reinsertados en Colombia, deben ser objeto de un tratamiento “especial”, es decir, se debe implementar una acción de desmantelamiento de estas estructuras criminales de parte del Estado y promover la entrega de armas y sometimiento a la justicia. De lo contrario, el conflicto continuaría, pese a la ausencia de guerrillas en Colombia, en el caso de su desmovilización. 3. Las condiciones sociales y económicas de los afectados por el conflicto social y político deben ser atendidas integralmente, de manera que las oportunidades en educación y trabajo constituyan el factor más importante que desestimule el involucramiento con estructuras armadas, llámense bandas, combos o grupos insurgentes. 4. Finalmente, las elecciones no resuelven las necesidades generales de una sociedad, en ocasiones resuelven los egos personales de candidatos con sed de poder, y en otras, las necesidades de quienes venden un voto por una compensación pueril y descabellada. Pero para la democracia, imperfecta y limitada, y para una búsqueda permanente de un futuro mejor para el país, significan una oportunidad. Para los candidatos presidenciales significan un momento estelar de la vida a la hora de dirigir los destinos de más de 45 millones de personas y poder enderezar una torcida realidad, que sería menos dolorosa si se continúa por la senda de las salidas políticas y negociadas del conflicto. Para los ciudadanos, por su parte, la elecciones representan la oportunidad de elegir conscientemente en aras de apoyar a quienes sí creen en la paz y en un país con grandes potencialidades, pero que ello implique, obviamente, una paz con justicia social.

Nº 630, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2014

Ilustracion Juan Andrés Álvarez Castaño

ace algunos años, poner el tema de la educación en boca de candidatos al Congreso y a la presidencia de Colombia no era algo que “registrara” en los medios ni en la opinión pública. La coyuntura actual ha dado un espacio importante para que personas influyentes hablen sobre la educación en medios de comunicación y pongan el tema al orden del día. No obstante, el debate se ha centrado en la educación formal y en la formación de los maestros y maestras, tocando de manera directa a las facultades de educación. El tema ha estado centrado en el servicio educativo prestado por instituciones públicas y privadas de las grandes y medianas ciudades y no ha tocado la provincia colombiana, que es en donde se presentan los grandes desafíos para los gobernantes. El caso del Departamento de Antioquia es una muestra del tamaño del desafío. El actual gobernador se montó en la idea de hacer de Antioquia la más educada, eslogan luego retomado por el presidente Santos para Colombia. No obstante, el territorio de Antioquia y Colombia no son homogéneos y las diferencias en cuanto a las oportunidades muestran a las principales ciudades con grandes ventajas sobre los municipios periféricos. Estas ventajas se ven reflejadas en la disponibilidad de recursos humanos calificados, recursos materiales y económicos, facilidad en el uso de recursos educativos (museos, centros interactivos, parques y centros interactivos de ciencia y tecnología, entre otros). En el caso de Antioquia, la diferencia entre logros educativos de un municipio a otro está directamente relacionado con su distancia a la ciudad capital o el área metropolitana de influencia. Un gran porcentaje de instituciones educativas públicas de los municipios de Antioquia que están en un radio de entre 100 y 150 kilómetros de distancia de Medellín y del área

Educación, la prioridad metropolitana presentan de manera consistente mejores resultados que las instituciones públicas de municipios cuya distancia a estos mismos puntos está más allá de los 200 kilómetros. Al parecer existen dos antioquias, la primera Antioquia cercana a las oportunidades, representada por los municipios que conforman las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Norte y, la segunda Antioquia, la de las precariedades, la violencia y el subdesarrollo, en donde están los municipios de las subregiones de Occidente, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Urabá. La Antioquia más educada puede decir que tiene a 14 de los municipios con instituciones educativas más educados dentro de los 100 municipios con mejores desempeños en las pruebas saber, mientras la Antioquia de las precariedades tiene la gran mayoría de sus municipios ubicados en las posiciones entre los 600 a 1.100 en el ranking nacional. Qué hace diferentes los municipios de Entrerríos, puesto 7 en el escalafón de los municipios del país, y Vigía del

Fuerte, puesto 1084 en este ranking? Resolver esta pregunta es la clave para comprender por qué no es posible asumir el tema educativo con una única mirada y sobre todo con una mirada inmediatista. Tomar como parámetro de medida los resultados de las pruebas saber tiene a los gobernantes preocupados por no poder cumplir sus promesas de campaña. El problema no radica en centrar la acción del Estado en promover a las instituciones educativas para que sus desempeños sean cada vez mejores en las pruebas saber; el problema es mucho más complejo y tiene que verse en perspectiva y a largo plazo. No de otra manera los departamentos de Colombia lograraán hacer que los municipios que están lejos de las oportunidades se acerquen a un futuro mejor, independiente de que estén cerca o lejos en kilómetros de los centros urbanos. La educación en Colombia pasa por reconocer el contexto de la ruralidad, la diversidad humana representada en las diferentes culturas que hacen presencia en el territorio, los

fenómenos de violencia, que en algunas regiones parece endémico, la no presencia del Estado y en su lugar la influencia de grupos al margen de la ley con el control y decisión sobre el territorio. Considerar que el problema de la educación es culpa de los maestros y maestras, y por extensión de las facultades de educación y las escuelas normales superiores, no deja de ser una forma fácil de ver el asunto. Pero, además, representa un enfoque equivocado que desconoce los aportes realizados por esos maestros y maestras a la gobernabilidad, la presencia del Estado y a la construcción de oportunidades de poblaciones históricamente olvidadas. Una política pública y una acción coherente del Estado en educación pasa por reconocer a los maestros y maestras y a las instituciones formadoras como parte de la solución y no como el enemigo a eliminar. En este sentido la Fundación Compartir ha entregado un documento que tiene como aspectos básicos las siguientes propuestas: • Avanzar en la conformación de excelentes

programas de formación docente (previa, en servicio y avanzada) en los que la práctica y la investigación sean fundamentales. • Constituir un programa de becas de estudio y subsidio de manutención en pregrado y posgrado para quienes deciden seguir la profesión docente. • Mejorar los procesos de selección de quienes se presenten a las carreras para formar maestros. • Lograr el reconocimiento social por vía de la remuneración, para que el salario de los maestros sea equiparable o esté por encima de otras profesiones que gozan de mejor prestigio. Los anteriores aspectos son deseables de alcanzar mediante la implementación de una política pública de Estado, no sujeta al vaivén de los gobernantes de turno. Sin embargo, el desafío va más allá de mejorar el salario, cualificar los procesos y programas de formación e implementar un programa de subsidios que incentive el ingreso y permanencia de los mejores bachilleres como futuros maestros en las facultades de educación. El desafío para que la educación sea el eje transversal de la sociedad colombiana pasa por reconocer y avanzar en propuestas de solución para reconocer y corregir: • El carácter pluri étnico de Colombia y la necesidad de hablar de diferentes educaciones para diferentes poblaciones y regiones. En este sentido no tiene presentación utilizar un único instrumento para medir el logro escolar en Colombia. • El compromiso de los gobernantes (alcaldes y gobernadores) para que sus localidades y regiones cuenten con la infraestructura necesaria que permita suplir necesidades básicas como la salud, la vivienda, la nutrición, la seguridad y la educación. No es posible hablar de calidad de la educación cuando la prioridad de los individuos sea la supervivencia. • Avanzar de manera rápida en la expansión universitaria permitiendo

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Educación y actividad física para la salud

a educación física, el deporte, la recreación y la actividad física para la salud se han constituido como prácticas y disciplinas científicas y, como tales, son objeto de estudio y formación de profesionales en el contexto universitario. En Colombia actualmente hay más de 40 universidades e instituciones de educación superior que ofertan más de 60 programas con registro calificado dirigidos a la formación de licenciados, profesionales y tecnólogos en el área. Los problemas de nuestro campo de formación aún son indeterminados y como tales constituyen objeto de reflexión permanente, sin embargo en general hacen referencia a la educación, la formación y la promoción de talentos, los cuales implican una concepción del ser humano como potenciación del sí mismo en relación con el otro y con el mundo que lo rodea. En Colombia, con la participación de las comunidades académicas, se ha avanzado en la legislación de las profesiones relacionadas, como la Ley 115 de 1994 (ley general de educación); Ley 934 de 2004 (política nacional de educación física); Ley 729 de 2001 (por la cual se crean los centros de acondicionamiento y preparación física en Colombia); pro-

yecto de ley 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 de Cámara, por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del entrenador deportivo; asimismo, otras leyes que hacen alusión a la actividad física, la educación y la salud, igualmente la ley de infancia y adolescencia y la ley de obesidad.

Elementos de política fundamentales para el desarrollo del área En educación física y deportes en el sistema nacional de educación, como ya está estipulado en las normas, la ley, y la academia, es fundamental, entre otros, garantizar el acceso y el cubrimiento universal de calidad en todos los niveles de la educación formal, con el nombramiento pertinente de profesionales idóneos

en el área para todos los grados; programar una intensidad y frecuencia mínima de tres sesiones o clases por semana; mantener adecuada dotación de recursos didácticos e infraestructura de calidad; garantizar la cualificación y formación de los educadores mediante el acceso a oportunidades, la promoción en la educación, la formación avanzada y la investigación. En entrenamiento deportivo es necesario aplicar la ley que reglamenta el ejercicio de la profesión del entrenador deportivo, la cual define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen y establece sus entes rectores de dirección, organización y control del ejercicio profesional. En actividad física y salud es indispensable

modificar el artículo dos de la Ley 729 de 2001 (por la cual se crean los centros de acondicionamiento y preparación física en Colombia) porque, como su nombre lo indica, son más que un servicio médico, pues son, ante todo, “centros de acondicionamiento físico y preparación física”; por tal razón, los licenciados en educación física, los profesionales en deporte y los entrenadores deportivos que reciben formación científica y profesional específica en el área objeto de la ley, son formados en universidades e instituciones de educación superior con programas con registro calificado y algunos con acreditación de alta calidad, son competentes para ejercer su ejercicio profesional en calidad de profesores, instructores, directores y coordinadores de los centros.

Foto Juan Andrés Álvarez Castaño

que las regiones y municipios periféricos tengan las condiciones de formación y bienestar que brindan las universidades de calidad. Lo anterior es lo que permite que las facultades de educación puedan cumplir con su cometido de formar maestros y maestras idóneos y de igual manera ofrecer un acompañamiento en el proceso de formación en servicio y posgraduado. • Fortalecer el sistema de ciencia y tecnología dotando a Colciencias de herramientas legales y financieras para impulsar la investigación educativa como un eje sustancial y estratégico para el desarrollo nacional. • Ampliar la base social e institucional con responsabilidad directa e indirecta sobre la educación. En este sentido la reflexión debe ir más allá de centrar el problema en el modo de la educación formal; existe hoy un consenso que la escuela (sistema educativo desde preescolar hasta la universidad) ya no tiene el monopolio de la educación y que han emergido otros actores e instituciones que hacen presencia en las grandes ciudades y que pueden ampliar el espectro de posibilidades de aprendizaje y formación de los ciudadanos. En este sentido es necesario reconocer el aporte que pueden hacer las instituciones que están en el sector de la educación no formal e informal. Dentro de esta base social e institucional la familia, los medios de comunicación, la internet, los museos y centros interactivos, entre otros, ejercen gran influencia sobre las experiencias de aprendizaje de los individuos, en algunos casos más definitiva que las ofrecidas por las instituciones de educación formal. Muchos de los temas que se plantean aquí son de largo aliento y no obedecen a un asunto que se pueda resolver en un período de cuatro años. Necesitamos de políticas públicas y gobiernos que se comprometan con asumir estos compromisos corrigiendo las inequidades del país.

Autores del especial “La UdeA propone” Claudia Puerta Silva, María Ochoa Sierra, Catalina Tabares Ochoa, Clara Inés Aramburo Siegert, Pablo Emilio Angarita Cañas, Heidy Cristina Gómez Ramírez, Guberney Muñetón Santa, Paula Hinestroza Blandón, Elizabeth Montoya Ochoa, Marcela Galeano, Sara Baena, Alexánder Otálvaro, Pablo Patiño, Fanor Mondragón, David Fernández, Nora E. Restrepo, Marcela Vélez, Jaime Gañán, Álvaro Franco, Juan Andrés Álvarez, Luis Alfredo Atehortúa, Carlos Arturo Soto, Gloria María Castañeda, Adriana González, Francisco Londoño, Ramón Javier Mesa, Mauricio López.

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Foto cortesía

as agendas educativas de muchos países en el mundo se orientan a la formación de ciudadanos competitivos en el mercado laboral globalizado. Dos componentes sobresalen en la preparación para un mejor desempeño: el ser capaz de comunicarse en inglés y el usar de manera eficiente las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Colombia no se ha sustraído de esta tendencia. El gobierno nacional se ha propuesto desde hace varios años como ejes que sobresalen en planes de desarrollo y de educación para lograr estas dos competencias el Programa Nacional de Bilingüismo, PNB, y el uso y acceso masivo a las TIC. Con relación al primero, se propuso para 2019 el alcance de metas que se traducen en competencias lingüísticas en inglés, tanto para todos los estudiantes del país, como para los docentes de dicha lengua. Para el segundo, el aumento de la cobertura tecnológica y conexiones de banda ancha, y la promoción de diseño y difusión de contenidos digitales, entre otros. Específicamente en el sector educativo, desde la propuesta del PNB como política lingüística, nombre que posteriormente se modificó a Programa de fortalecimiento del desarrollo de competencias en lengua extranjera, PFDCLE, se han desarrollado acciones tales como la adopción del Marco Común Europeo de Referencia, MCER, para la enseñanza del inglés; el establecimiento de estándares de aprendizaje para la educación básica y media; la realización de evaluaciones masivas de las competencias lingüísticas de los docentes de inglés; el desarrollo de proyectos de infraestructura y compra de materiales educativos; y la promoción de programas de desarrollo profesional para estos profesionales. Todas estas acciones apuntan a que en 2019 todos los estudiantes se ubiquen en el nivel B1 y

Por un país de veras bilingüe todos los docentes en el nivel B2 del MCER en sus competencias en inglés. Si bien se reconoce un avance importante en la inversión para la enseñanza del inglés en el país, este proyecto ha generado algunas reacciones de varios sectores académicos, teniendo como base las investigaciones desarrolladas antes y durante el diseño e implementación de esta iniciativa. Un primer punto que se ha discutido es que el PNB, o el PFDCLE, restringen la visión del bilingüismo al hacer un énfasis tan particular a la promoción del inglés. Esta perspectiva desconoce que los colombianos bilingües y multilingües son muchos en el país, pero como las lenguas que usan no cuentan con prestigio económico o social, no se proponen acciones educativas que les permitan desarrollar competencias en ellas. Tampoco se apoya de manera decisiva la enseñanza de otras lenguas extranjeras en los currículos del ciclo educativo. (...) En las condiciones actuales no hay ni siquiera el número de profesores que se requiere para cubrir la demanda educativa de la educación media. Para responder a la carencia de profesionales para la educación básica primaria los docentes del sector público deben enseñar una

hora de inglés a la semana, independientemente de su formación académica de base y de que no tengan competencias en la lengua inglesa. Esto por supuesto afecta notoriamente la calidad de del aprendizaje del inglés y hace que la mayoría de niños y niñas lleguen a sexto grado sin los conocimientos que se espera. Se carece de libros de texto, diccionarios, material audiovisual o software educativo al que pueda acceder cada estudiante. Otro elemento es el limitado tiempo de instrucción en la lengua inglesa que tienen los estudiantes. Para la educación primaria es una hora y para la educación media está entre dos y tres horas por semana. En cuanto a la formación en inglés y en metodologías de enseñanza que se da en programas de capacitación para los docentes en ejercicio, se apunta muchas veces más a la cobertura que a la calidad. Adicionalmente, muchos fallan en su objetivo ya que pretenden desarrollar en un número reducido de horas las competencias lingüísticas y didácticas que desarrolla un licenciado en cuatro o cinco años de formación universitaria. Un último aspecto, aunque se podrían abordar muchos más, como las condiciones laborales de los docentes, es el número de estudiantes por clase.

A pesar de que un profesor pueda ser bastante creativo y que promueva el trabajo en grupo, el promedio de alumnos de la mayoría de las aulas duplica el número ideal de 20, recomendado tanto por la literatura de enseñanza de lenguas como por las investigaciones que tienen en cuenta las voces de los educadores. (...) La respuesta del sector educativo privado a la política del PNB, o PFDCLE, ha sido contundente en muchas instituciones del país. Si bien sabemos que los colegios privados de un nivel élite, llamados “colegios bilingües”, han considerado el inglés, la enseñanza de contenidos en inglés desde la educación prescolar y una mayor intensidad semanal de instrucción antes que se creara la política, muchos otros colegios privados han emprendido cambios para lograr las metas del país. Dos acciones sobresalen en este nuevo escenario: el nombramiento de docentes formados como licenciados en idiomas desde la educación básica primaria y el aumento de las horas de instrucción en inglés. Este factor ha fortalecido la demanda laboral de docentes bien preparados y ha hecho que la mayoría de egresados de los programas de licenciaturas en idiomas se vinculen al sector privado urbano.

Como puede deducirse de esta argumentación, el diseño y la implementación de la política nacional de bilingüismo han aumentado la brecha de calidad de la educación pública y la privada, de la urbana y la rural, a pesar de la mayor inversión en recursos y las iniciativas para tener formación para docentes en ejercicio. Las pruebas estandarizadas de medición de las competencias en inglés hechas por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para estudiantes y docentes, y los exámenes internacionales como los que ha realizado Education first para determinar el índice de nivel de inglés, muestran a Colombia con mínimos avances en su bajo desempeño en las competencias lingüísticas en esta lengua extranjera. Los análisis hechos tanto por el MEN como por algunos expertos internacionales, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, tienen como responsables primarios de estos pobres resultados a los docentes de inglés. En esta cadena de responsabilidades se ha incluso cuestionado la calidad de los programas de licenciatura en idiomas que ofrecemos las universidades. Nada más desacertado que esta conclusión. Los análisis de los académicos y de los docentes mismos han repetido en muchos espacios que para lograr las metas educativas en inglés necesitamos muchos más docentes formados como licenciados en idiomas, especialmente en el sector público, que puedan empezar su trabajo desde la educación primaria; que tengan más y mejores recursos educativos, mayor tiempo de instrucción y, por supuesto, mejores condiciones laborales. Finalmente, sería más que ideal que al menos una mínima parte de las acciones llevadas a cabo para fortalecer el desarrollo de las competencias en inglés, y de las que aún se necesitan, llegaran a impactar la enseñanza y el aprendizaje de nuestras lenguas nativas. Así sí seríamos verdaderamente un país bilingüe.

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El fortalecimiento de los escenarios para la cultura y el arte nacional de una cultura nacional, la marginalidad de la educación artística en el contexto de la oferta nacional y en el currículo de la educación básica y el incipiente desarrollo de la investigación en artes y para las artes. (...) Pero si, como todos deseamos y avizoramos, el futuro cercano de la nación nos pondrá de cara a unas nuevas realidades políticas y sociales, sería entonces necesario que nos preparáramos para la construcción de unas propuestas académicas, disciplinares y sociales que nos garanticen que podremos vivir en el futuro en un país más consciente de sus grandes riquezas culturales, que podremos disfrutar de forma más democrática de las expresiones artísticas y que tendremos un reconocimiento más claro de nues-

nes regionales, la formación de públicos, la creación de industrias culturales, el estímulo a la creación y el apoyo a las instituciones culturales y de formación básica y del nivel superior. Será necesario además garantizar la formación de los cuadros directivos y gestores para que se encuentren capacitados y comprometidos con los procesos de cambio del país. La investigación en artes y para las artes es todavía incipiente y todos los desarrollos que se puedan impulsar con miras a favorecer su consolidación deben ser bienvenidos; el papel que debe jugar Colciencias en la promoción y financiación de estos proyectos es definitivo. El país requiere también de una red de museos que haga aportes significativos en la recuperación, conservación, circulación y difusión

el desarrollo del sector, pero además es un piloto para medir el impacto transformador de una política pública que bien podría extenderse a otros ámbitos de la producción artística. En temas de arte y cultura son manifiestas las diferencias en el desarrollo y las oportunidades con que cuentan las zonas urbanas, mucho más ricas y variadas en oferta y desarrollo y las zonas rurales donde la carencia de oportunidades y desarrollos es muy notable. La oferta de programas de formación en artes es supremamente escasa y está concentrada en unos pocos centros urbanos, lo que deja completamente marginados a los niños y jóvenes de las pequeñas localidades y las zonas rurales del país; incluso las ciudades intermedias están al margen.

tros valores patrimoniales. La construcción de ese nuevo país podría hacerse de mejor manera si pudiéramos garantizar el fortalecimiento de procesos artísticos y culturales que nos permitan impulsar conceptos nuevos de nación y de ciudadanía, en escenarios en los que todos resultemos ganadores. Para lograr estas metas será necesario fortalecer conceptual y financieramente el ministerio de Cultura, favorecer desde allí y desde otros ministerios, como el de Educación, el apoyo efectivo a las manifestacio-

del patrimonio mueble e inmueble de la nación y que apoye con programas de diversa índole la formación de públicos alrededor de las distintas disciplinas artísticas. De igual forma es necesaria una clara política de restauración y conservación de los bienes patrimoniales y los monumentos públicos. La implementación de la nueva ley del espectáculo es un instrumento de transformación de las condiciones de producción y difusión que seguramente producirá muy buenos resultados a medida que su aplicación vaya afectando

(...) La construcción de un país más equitativo pasa también por el fomento del desarrollo artístico y cultural de las zonas rurales, donde pueda funcionar con eficacia un sistema de formación y difusión de las artes, lo cual se podría alcanzar con base en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y con la presencia de las universidades en las regiones. El día que los niños y jóvenes de todos los rincones de Colombia conozcan en detalle la conformación instrumental de una or-

Foto Juan Andrés Álvarez Castaño

ablar de arte y cultura en relación con el desarrollo social de las comunidades es algo realmente reciente, pero si algún aspecto se reconoce en la actualidad como fundamental para el desarrollo social desde las disciplinas que analizan la actividad humana y las características de las sociedades es el protagonismo que tienen el arte y la cultura en la construcción de una mejor calidad de vida para los individuos y los pueblos. Tanto la Unesco como otras instituciones de carácter internacional en diversas declaraciones señalan al arte y los instrumentos de la cultura como aspectos esenciales para el desarrollo social de las comunidades e incluso los reconocen como factores cada vez más importantes del desarrollo económico de los pueblos. En el país empieza de igual manera a reconocerse la importancia de dichos factores a partir de conceptos un poco abstractos para algunos pero ya presentes en los preceptos constitucionales desde la constitución del 91, allí ya se señala, por ejemplo, la diversidad cultural como un valor esencial de la nacionalidad. (...) Pero en este país que todos reconocemos como diverso y especialmente rico en expresiones culturales autóctonas, en legados patrimoniales ancestrales y en producciones artísticas, debemos también aceptar el hecho de que esta realidad está también afectada por los más incipientes desarrollos y el papel más bien marginal que la actividad cultural tiene en la construcción de ciudadanía; los proyectos que realmente impactan esta realidad son escasos. Debemos reconocer la pobreza de las instalaciones e infraestructuras dedicadas al desarrollo y difusión de la actividad cultural, el escaso apoyo a los creadores, sean estos individuos o grupos, la carencia de políticas para apoyar el fortalecimiento

questa sinfónica, disfruten de nuestros ritmos dancísticos tradicionales, puedan enterarse de las propuestas de los artistas del mundo y pueden acceder con éxito a las pruebas específicas de admisión de los programas de pregrado en artes, contaríamos con seguridad con una sociedad significativamente diferente, donde las diferencias no signifiquen inequidad ni exclusión. Por la vía del fomento de las industrias culturales y creativas es posible articular las variadas expresiones artísticas, artesanales y culturales a la economía del país, lo cual no solo beneficia a los individuos y sus familias, sino que además constituye una fuente inigualable de recuperación y protección del patrimonio cultural de la nación. En este aspecto el Estado debería atender el desarrollo de comunidades hoy olvidadas y que conservan la tradición de oficios y procesos diversos y bastante desconocidos. La educación artística desde edades tempranas constituye la mejor forma de acercar las nuevas generaciones a los escenarios del arte y de brindarles la oportunidad de desarrollar sus talentos, es la mejor forma en la que podríamos garantizar que nuestros jóvenes podrán competir de manera más exitosa de acuerdo con parámetros internacionales. La doble tarea de la educación artística se ubica en la necesidad de formar a nuestros artistas de acuerdo con parámetros internacionales, pero garantizar al mismo tiempo su capacidad para alcanzar un reconocimiento de lo que podríamos llamar las expresiones autóctonas y que de esa forma se conviertan en artífices de la construcción de una cultura y un arte nacional. La oportunidad única de poder participar en la construcción de una nueva conciencia nacional pasa por la construcción de una forma de ciudadanía renovada, a la cual el arte y la cultura tiene grandes aportes por hacer, un escenario donde la universidad pública podría hacer importantes contribuciones.

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Foto Archivo Periódico ALMA MATER

Elementos para una política económica

onsolidar el crecimiento económico por encima del 4.5%, recuperar la industria y fortalecer la agricultura con miras a aumentar los niveles de empleo de calidad, reducir la informalidad y mantener la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años, son algunos de los retos más importantes que enfrentará el próximo gobierno en el cuatrenio 2014-2018. Esto no es tarea fácil, si se tiene en cuenta el escenario de incertidumbres que hoy caracteriza el desempeño de la economía nacional, donde se destacan: (i) en el frente externo, la inestabilidad del precio de los commodities y el lento proceso de recuperación de las economías industrializadas; (ii) a nivel local, los problemas estructurales que enfrentan la industria y la agricultura y la dinámica de crecimiento que registran la minera y la construcción y (iii), la eventual firma de un acuerdo de paz. En el caso de la realidad que enfrentan sectores productivos tradicionales, la pérdida de dinamismo de la industria nacional, la cual se ha visto agravada por el deterior del empleo formal y la fuerte desindustrialización, requiere de la construcción y puesta en marcha de una verdadera política industrial

que defina una acertada política de diversificación productiva con un alto componente de innovación y creatividad, que le permita a la industria nacional, no sólo hacer explícitos mediante programas de reconversión industrial los beneficios de los TLC, sino, también, insertarse en la nueva dinámica de los mercados mundiales de manufactura. Vale la pena recordar que por su naturaleza son muchos los valores agregados que se generan en este sector, de modo tal que su contracción afecta los objetivos que en materia de empleo se trace el gobierno. La situación también es delicada en el sector agropecuario, otro campo de la economía nacional que concentra un número importante de empleos. Al respecto, el gobierno debe definir una ruta clara frente a los procesos de restitución de tierra y de reparación de las víctimas del conflicto armado, si quiere en el mediano plazo impactar positivamente la producción agrícola y pecuaria. De igual forma, al interior del sector, la tecnificación de los procesos, mejorar la distribución del ingreso, reducir la concentración de la tierra, impulsar una política eficiente en el uso de la tierra y mejorar la infraestructura, son tareas esenciales en el camino

de lograr una agricultura sostenible y con impacto social y económico. Al igual de lo que ocurre con la industria, el campo hoy sobrevive por iniciativas privadas que atienden en gran medida los requerimientos impuestos por el mercado local y con una mirada hacia el sector externo con muy poco valor agregado. El reto, por tanto, consiste en promover un crecimiento equilibrado del sector, en el cual no solo se logren mejores niveles de productividad asociados a una mayor diversificación de cultivos, sino que a su vez promueva una mayor oferta interna y un fortalecimiento de las exportaciones. En otros frentes los problemas son diferentes. Por ejemplo la construcción y la minería, sectores que han venido soportando el crecimiento económico en los últimos años, tienen que contar con una mayor regulación, vigilancia y control por parte del gobierno, con el fin de evitar los choques negativos de una posible burbuja inmobiliaria y los efectos adversos de la degradación ambiental y social que trae consigo parte de la producción minera. Adicionalmente, en ambos casos el gobierno tiene la obligación de revisar el funcionamiento en estos sectores y las concesiones brindadas,

para evitar una captura de rentas públicas por parte de particulares. En tal sentido, un aspecto transversal a los señalados tiene que ver con el manejo de la hacienda pública. Ciertamente, los próximos años deberán servir para consolidar procesos como el de la regla y la sostenibilidad fiscal, al tiempo que el gobierno reduzca el gasto y los niveles de endeudamiento, tanto interno como externo. Al respecto es necesario recordar que el manejo de la política fiscal debe hacerse en forma contraria a la dinámica del ciclo económico, es decir llevar una postura contracíclica, lo cual garantiza recursos en épocas de vacas flacas. En el frente de las finanzas públicas, un eventual posconflicto implica el diseño por parte del gobierno nacional de un plan de choque que permita contar con los recursos necesarios, tanto para incorporar a los actores armados al aparato productivo, como para continuar con los procesos de reparación de víctimas. En consecuencia, ante la urgencia de recursos, se requiere de una nueva reforma tributaria, y la continuidad del impuesto al 4 por mil, que se creó para atender necesidades de primer orden en el país. Del lado de la demanda, el gobierno tiene que propiciar políticas para la

recuperación de la inversión privada, entre ellas, la facilidad de promover incentivos tributarios para aquellas empresas que impulsen la productividad y el empleo, y la creación de fondos de garantías para dinamizar el crédito empresarial. El crecimiento de la economía colombiana en el mediano y largo plazo dependerá en gran medida de las expectativas que se creen hoy en los inversionistas nacionales e internacionales. Al respecto resultan positivas las miradas que se tienen sobre la economía nacional, la cual resulta atractiva dados sus niveles de estabilidad económica y política. No obstante, la permanente turbulencia internacional también ha creado un ambiente de agitación e incertidumbre, en el cual los actores que mejor comprenden e interpretan las diferentes situaciones son quienes obtienen mayores ganancias. En síntesis, si bien hoy la economía atraviesa por un buen momento, esto no quiere decir que el próximo gobierno la tenga fácil. Los retos no solo tienen que ver con mantener y mejorar el actual ritmo de crecimiento, sino que a su vez deberán recuperarse sectores tradicionales de la economía nacional, que son fuentes permanentes de empleo y bienestar para un conjunto importante de colombianos.

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Suroeste también acoge estudiantes de otras subregiones Por ANTONIO RODRÍGUEZ MARENCO

dos sus sueños de ser comunicadora social y periodista y viajó lejos de la arenosa. Su destino inicial: Medellín. Su destino final: Andes. En completo sigilo Lauren rastreó las universidades que ofrecían programas de comunicación social y periodismo. Sus padres ignoraban que la niña de la casa dejaría atrás la seguridad y las comodidades de su hogar. Lo que tampoco sabía Lauren era que el viaje planeado inicialmente hasta la capital antioqueña se extendería 100 kilómetros más. La noticia convulsionó la casa de los Ortiz Rodríguez. Lauren no tenía claro aún eso de la regionalización y las seccionales y sólo al llegar se percató de que su sede de estudios no era en Medellín, sino en Andes; eso sí, con la misma calidad, los mismos profesores y el mismo prestigio. Lauren presentó y aprobó el examen de admisión, y en su casa no sólo se hicieron a la idea de que la niña se iría lejos, también se sintieron orgullosos de la decisión que en secreto tomó. La costeña no se quedó en Barranquilla, empacó su alegría y calor humano y viajó en busca de sus oportunidades.

esde que la Universidad de Antioquia implementó su proyecto de regionalización en el suroeste antioqueño, cambiaron las perspectivas para muchos jóvenes que querían profesionalizarse en diversas ciencias y saberes. Quince años después, los egresados de la sede localizada en el municipio de Andes suman 606, mientras que el número de estudiantes matriculados asciende a 528. Del total de matriculados 196 provienen de otros municipios de la región distintos a Andes y 19 provienen de otros departamentos. Testimonios de los estudiantes ‘extranjeros’ a los cuales, como sucede en otras sedes de la Universidad de Antioquia, la seccional Suroeste los acogió.

Desde su natal Santa Fe de Bogotá llegó en busca de lo que ella denomina “una carrera integral, que en ninguna de las universidades de su ciudad ofertan”. Hoy hace parte de la segunda cohorte de Comunicación Social y Periodismo, pregrado que se ofreció por primera vez en el primer semestre de 2013. Amante del teatro, las artes y de la comunicación, esta joven de 20 años no reparó en alejarse de su familia, sus amigos y de su vida en la gran urbe. “Mijita, pero es que no sabés nada de ese pueblo”, fueron las palabras de doña María Olinda Robayo, su madre. La decisión estaba tomada y hoy doña Olinda se siente orgullosa de que su hija estudie en nuestra Alma Mater y, cada vez que puede, lo comenta con sus compañeras de trabajo en el Hospital Pablo VI de Bosa. Ivon extraña la vida cultural de la capital, los teatros, los cines, así como las actividades familiares; sin embargo, sopesa la nostalgia con el entusiasmo que le causa saber que se está formando en una universidad que, independientemente de la sede, le garantiza una formación íntegra y de calidad.

Lauren Ortiz Rodríguez “En Barranquilla me quedo” afirma en una de sus más famosas canciones un gran compositor de música tropical, premisa que en este caso no aplicó para Lauren Ortiz Rodríguez. Ella, a diferencia de Joe Arroyo, decidió empacar todo, inclui-

Foto cortesía Luis Fernando Suárez, Seccional Suroeste

Ivón Quitian Robayo

Sede de la Universidad en Andes La presencia de estudiantes provenientes de distintas zonas del país se presenta, como en Suroeste, en todas las sedes y seccionales de la Universidad. El fenómeno va en aumento. Subregión

Estudiantes matriculados

Otras regiones

Otros departamentos

Urabá

986

Bajo Cauca

668

177

Suroeste

528

196

Magdalena Medio

201

Oriente

1.531

137

111

Occidente

332

Norte

262

Envigado

Amalfi

241

Sonsón

153

Segovia- Remedios

Juliana Diosa Vargas —Para llegar de Supía a Andes uno se demora más o menos tres horas. Hay que subir a la Pintada, llegar a Puente Iglesias, bajar a Peñalisa, y de ahí, hasta Andes. —¿Y viajaste sola? —No señor. Conmigo se vinieron la abuela, mi tía y mi hermanita. —¿Y tus padres? —Mi papá está en Medellín, mi mamá se quedó en Supía. —¿Y qué dice la abuela, la tía y la hermana? —Ellas dicen que están dispuestas a acompañarme y ayudarme a cumplir mis sueños. —¿Y con qué sueñas? —Sueño con ser comunicadora social y periodista”. Juliana Diosa Vargas tiene 17 años, pero se expresa como si tuviera 25. Sabe que no le puede fallar a su familia, quienes no dudaron en embarcarse con ella en esta aventura y decidieron dejar todo en Supía. Andes y la Universidad de Antioquia recibieron a Juliana y a su familia, pero también a Ivon, Lauren y a decenas de jóvenes provenientes de Chocó, Cartago, Sabaneta y Medellín. La seccional Suroeste mantiene abiertas sus puertas a los jóvenes de la subregión, pero también a quienes desde otras latitudes ven allí la oportunidad para sus estudios y sus vidas.

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Asoprudea. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Ciudad Universitaria. Bloque 22, oficina 107. Teléfono 2195360. Fax 2636106 • http//Asoprudea.udea.edu.co • La columna “Ágora” es responsabilidad de Asoprudea.

La representación profesoral universitaria: Un pretexto para pensar la transformación de la sociedad y de la universidad y para reflexionar acerca de la crisis del sistema representativo Por MARÍA ROCÍO BEDOYA BEDOYA Presidenta Asoprudea

l pasado 9 de marzo de 2014 asistimos a las elecciones de los nuevos senadores y representantes a la Cámara que durante los próximos cuatro años representarán a los colombianos en el Congreso de la República. El alto abstencionismo de los colombianos en estas elecciones que supera el 70%, así como los altos porcentajes de votos nulos y votos en blanco, dan cuenta de la crisis política de representación por la que atraviesa el país y que tiene su expresión en la universidad pública. Una de las expresiones de la crisis política que vive Colombia es la crisis del sistema representativo, sus principios y sus instituciones (congreso, partidos y elecciones), que, a su vez, es una de las causantes de esa brecha cada vez más grande entre lo social y lo político, entre los gobernantes y los gobernados, entre la sociedad civil y el Estado, entre ciudadanos y autoridades o, si se quiere, entre lo público y lo privado (Uribe, 1995), y que en la universidad pública colombiana hoy se expresa en la existencia de gobiernos universitarios cada vez más alejados del sentido de lo público, de la defensa de los proyectos y bienes colectivos y de la construcción del conocimiento para la resolución de los problemas de la sociedad y

no para la defensa de los intereses del mercado y de las empresas. En este contexto, bien valdría la pena abordar la reflexión de la representación profesoral en los distintos ámbitos de la vida universitaria como pretexto para pensar la transformación de la universidad pública y de la sociedad. En este escenario adquieren relevancia las siguientes preguntas: ¿Qué sentido tiene la representación? ¿Por qué hablamos de la representación? ¿La representación para qué y en qué condiciones ¿Es justificable la restricción de esta representación para los profesores vinculados o es posible plantear alternativas de ampliación de la admisibilidad de esta figura a otros profesores como los de cátedra? ¿Ha fracasado la democracia representativa, tanto en la Universidad de Antioquia, como en otras universidades públicas? ¿Implica la representación realmente una administrativización de la función de representación profesoral o se puede hacer de ésta una actividad académica? ¿Se puede plantear que la representación profesoral ante los consejos de facultad, es una actividad gremial? Retomando algunos elementos discutidos el pasado 24 de febrero por el claustro de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia respecto al sentido, alcance e incidencia real de la figura de la representación en el contexto normativo y académico de la Universidad de Antioquia, se señalan varios asuntos problemáticos, con el ánimo de participar y contribuir

en este debate que debe ser abierto a toda la universidad. En primer lugar, conviene reflexionar acerca del sentido de la representación frente al tipo de democracia que se practica en nuestra Universidad. En este sentido, preocupa la forma como el actual proyecto de universidad orientada exclusivamente por los principios de eficiencia, eficacia y gestión administrativa, no sólo distancia a la comunidad universitaria de la importancia y del sentido de lo público y sus problemas en relación con el devenir universitario, sino que afecta, a la vez que limita, las cualidades, acciones y efectos reales de la representación en los escenarios de toma de decisiones de la Universidad. El impulso que da este modelo de universidad a un tipo de representación que pretende limitarse cada vez más al plano formal, técnico y administrativo, condiciona fuertemente la capacidad de acción e incidencia real de nuestra representación, si se trata de pensarla más allá de las tareas formales y los procedimientos que demanda dicho rol. No se trata de ninguna manera de cuestionar la labor de nuestros representantes; se trata más bien de cuestionar los límites y condicionamientos reales que impone, por ejemplo, la normativa universitaria a los objetivos políticos y académicos de representantes y representados y a la posibilidad de que todos sus profesores independiente de su condición contractual, puedan participar de ella. Dichas restricciones a la representación conducen, más que

a la existencia de una verdadera democracia representativa, a la instauración de un tipo de democracia delegativa en la que los gobernantes o representantes utilizan los recursos e instituciones gubernamentales, normativas y legales para su beneficio exclusivo y el de las tramas clientelares sobre las cuales se asientan (Guillermo O’Donnell, citado por Uribe, 1995), lo que restringe el alcance de la representación frente a la toma de decisiones que conciernen a toda la comunidad universitaria. En segundo lugar, se considera importante la pregunta por el tipo de representación que requiere la universidad pública en sus distintos ámbitos académico, administrativo y de bienestar universitario, cuya composición actual se restringe a la presencia exclusiva de profesores de planta y ocasionales de medio tiempo y de tiempo completo. Nos preocupa el alcance de dicha labor más allá de las tareas formales a la que esta conduce, la restricción legal para que en ella puedan participar los profesores de cátedra, los tiempos que se debe dedicar a ésta, que no se corresponden con los tiempos de descarga en los planes de trabajo. Urge un debate abierto sobre la representación profesoral en la Universidad de Antioquia y sobre la necesidad de modificar la normativa universitaria en función de los intereses de la universidad pública como institución comprometida con la producción de conocimiento, y con la transformación de la sociedad y de la universidad.

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA HACE CONSTAR: • Que se encuentra en trámite el reconocimiento del traspaso de la pensión jubilación que percibía el señor LUIS GERARDO CADAVID GÓMEZ, quien falleció el 11 de noviembre de 2013. Se ha presentado a reclamar la señora MARÍA VELÁSQUEZ DE CADAVID en calidad de cónyuge. • Que se encuentra en trámite el reconocimiento del traspaso de la pensión jubilación que percibía el señor OSCAR RODRIGO LEÓN PEDRO LÓPEZ DE MESA GRANDA, quien falleció el 2 de noviembre de 2013. Se ha presentado a reclamar el señor LEONARDO ANTONIO PAEZ RODAS en calidad de compañero permanente. • Que se encuentra en trámite el reconocimiento de prestaciones sociales del señor MARIO LEÓN OSPINA LÓPEZ fallecido el 17 de noviembre de 2013. Se han presentado a reclamar el señor AMADOR DE JESÚS OSPINA MUÑOZ y la señora LILIAM ROSA LÓPEZ SÁNCHEZ en calidad de padres. • Que se encuentra en trámite el reconocimiento del traspaso de la pensión jubilación que percibía el señor HORACIO IDÁRRAGA CADAVID, quien falleció el 18 de diciembre de 2013. Se ha presentado a reclamar la señora MARÍA JUDITH OSPINA MONTOYA en calidad de cónyuge. • Que se encuentra en trámite el reconocimiento de prestaciones sociales del señor FRANCISCO JAVIER CADAVID SIERRA, fallecido el 4 de febrero de 2014. Se ha presentado a reclamar la señora ISABEL CRISTINA PALACIO ESCOBAR en calidad de cónyuge y en representación de la hija menor SOFÍA CADAVID PALACIO. Otras personas que se consideren con derecho, presentarse dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Nº 630, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2014

Foto Juan Andrés Álvarez Castaño

Ospina, ganador en 2009 del premio Rómulo Gallegos y considerado en 2010 como uno de los diez nuevos rostros del pensamiento en Iberoamérica, ha escrito más de veinte libros entre poesía, novela y ensayo y ha convertido la educación en uno de los motivos más constantes de reflexión en obras como Los maestros de la noche y la Lámpara maravillosa, colección de ensayos en los que propone la educación como un proceso en el que en lugar de llenar de información y de certezas incuestionables, se debe conducir al alumno por su propio camino de búsquedas personales.

El maestro William Ospina en la plazoleta central de la UdeA antes de su conferencia el pasado 31 de marzo.

No hay nadie que esté solo para enseñar y no tenga nada que aprender Por JUAN ANDRÉS ÁLVAREZ CASTAÑO

omo parte de los actos conmemorativos de los 60 años de la Facultad de Educación, el escritor William Ospina disertó en el Teatro Camilo Torres Restrepo alrededor de “La facultad de educar”, conferencia en la cual reflexionó sobre el papel de los maestros y de la universidad, sobre Colombia y sobre la vigencia de la poesía. Según el escritor tolimense, un maestro no está necesariamente para transmitir sabiduría o conocimiento, sino más bien para dialogar con las capacidades de

sus alumnos, para despertarlas y estimular sus potencialidades, para ayudarles a descubrir y, sobre todo, para buscar elementos que impulsen esa vocación. “Conviene no alimentar demasiado la ilusión de que hay unos que solo enseñan y otros que solo aprenden, porque aquí no hay nadie tan privilegiado que solo esté para aprender y no tenga nada que enseñar. Y no hay nadie tan despojado que esté solo para enseñar y no tenga nada que aprender”, dice. Sobre el reciente debate generado por el último lugar que los estudiantes colombianos ocuparon en la pruebas PISA —Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes— que promueve la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, Ospina apuntó que si a la opinión

pública del país le alarmaran los resultados de su modelo educativo, deberían alarmarle también los índices de violencia. “Al fin y al cabo desde hace cierto tiempo la educación se propone como un camino hacia la estabilidad económica y hacia la integración a un modelo productivo, de manera que si no nos alarmamos de los niveles aterradores de violencia juvenil, si no nos alarmamos de los niveles terribles de indigencia, de marginalidad, de pobreza y de subempleo, que son consecuencias también de un modelo educativo defectuoso, alarmarnos demasiado porque la gente no tenga suficiente capacidad de comprensión de lectura o una estructura de pensamiento matemático básico es ser muy parciales en el análisis”, plantea.

El autor del País de la canela y de las Auroras de sangre, premiado en 1993 con el premio Nacional de Literatura por su libro El país del viento, exaltó el papel de la poesía en el mundo contemporáneo: “Yo creo que la poesía está muy viva pero que ciertamente no es un arte de mayorías. Pero siento que hay poesía más allá del verso, hay poesía en la prosa, en el ensayo, por ejemplo. No concibo un ensayo sin poesía, y más allá de eso la poesía no es solamente un hecho verbal. Alguien decía que la poesía no era una manera de escribir sino fundamentalmente una manera de vivir”. El poeta y ensayista también se refirió a las nuevas tecnologías como significativas y valiosas, pero enfatizó en la necesidad del contacto real y cercano entre las personas: “A veces exageramos también en razón de la novelería propia de la época y de que todo lo nuevo siempre es lo mejor. Yo creo que la humanidad necesita un contacto tibio y directo, y el contacto frío a través de aparatos en los que hay que estar siempre conectados para poderse encontrar con el otro encubre cosas. Por ejemplo cada vez son más importantes los que están lejos y cada vez menos los que están cerca. En las oficinas públicas se atiende mucho más al que llama por teléfono que al que está esperando en la ventanilla”. A propósito de Para que se acabe la vaina, su último libro de ensayos sobre Colombia, publicado en 2013, expresó: “El libro es una reflexión indignada. No quiero que la indignación menoscabe el deber de reflexión lúcida y el deber de serenidad en el análisis, pero tampoco quiero que la serenidad de un análisis, ni la lucidez de la reflexión se quede solamente en una observación fría de lo que ha pasado y de lo que pasa. Creo que se necesita en estos tiempos más compromiso. Comunicar la sensación de que yo personalmente me siento comprometido con unas ideas, con unos procesos. Y espero de los lectores, no que estén de acuerdo con lo que digo, pero sí que asuman también una actitud más comprometida a favor o en contra de lo que en esos libros se pueda plantear”.

Nº 630, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2014

Por ELIZABETH CAÑAS RODRÍGUEZ

a meta es desarrollar modelos o escalas propias que faciliten el reconocimiento de las características o atributos que acompañan el desarrollo del pensamiento crítico en la Universidad y con ello, generar un índice de pensamiento crítico en la Alma Máter. Esta herramienta de la que poco se habla en Latinoamérica pero sí en otras latitudes como Estados Unidos, África, Europa y Asia, no es otra cosa que un indicador científico que da cuenta de la capacidad cognitiva y la disposición afectiva o atributos como la mente abierta, la facilidad para comunicarse con otros, el interés, la motivación, la emisión de juicios, la evaluación, la inferencia y la autoevaluación, entre otros. “Hasta ahora, es un asunto que no ha sido suficientemente estudiado en nuestro medio y que es necesario reconocer en la Universidad, porque el pensamiento crítico no ha sido mirado con la intencionalidad explícita o develada en el proceso de formación en el aula de clase, por fuera de ella, ni en la vida misma”, comenta la investigadora y docente de la Facultad de Enfermería, Beatriz Elena Ospina Rave. El pensamiento crítico requiere de un proceso educativo que estimule la problematización, el planteamiento de preguntas, la búsqueda de fuentes de información que enriquezcan el conocimiento, la construcción de alternativas y argumentos que orienten a la solución de problemas que plantea el conocimiento y la práctica profesional. Un aspecto importante es la capacidad del estudiante de comunicar sus hallazgos e interactuar con otros en forma individual y colectiva. De igual manera la pedagogía y las didácticas que apoyan el proceso deben promover el pensamiento crítico y tener una intencionalidad que debe ser clara para el docente y el estudiante. El estudio emprendido por profesores y estudiantes de las

La medición del pensamiento crítico en la universidad ha sido un asunto poco investigado. Ahora, empieza develarse esa posibilidad, gracias a una investigación que adelantan profesores y estudiantes.

Ni ángel ni súper hombre, es un pensador crítico facultades de Enfermería y de Ciencias Sociales y Humanas, pretende desarrollar un índice de medida para la valoración del pensamiento crítico y reflexivo en la formación profesional, establecer las características y desarrollos que tienen los estudiantes en pensamiento crítico, y descifrar cómo el modelo de enseñanza-aprendizaje facilita o inhibe condiciones para fortalecer ese proceso. Existe la creencia de que un

pensador crítico es el que reclama, el que tiene ideas libertarias o simplemente el que es capaz de conocer mucho. Sin embargo, dicen los expertos, el asunto no es tan sencillo porque es un concepto muy polisémico y de fragmentado uso, que incluye características relacionadas con las habilidades cognitivas y las disposiciones o actitudes. Especialmente en la educación superior, donde la investigación es fundamental y se hace nece-

UN TRABAJO COMPROMETIDO El trabajo en el que participan los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Carlos Andrés Aristizábal y Edinson Brand; de la Facultad de Enfermería, Beatriz Elena Ospina Rave, es un empeño académico y regional sui-generis. Representa un esfuerzo interdisciplinar al que se han unido los estudiantes de ambas facultades: Ana María Pérez, Carolina Ruiz, Yesenia Acevedo, Lisseth Gómez, Alejandro Mejía y Camilo Martínez. “El objetivo es consolidar y promover atributos generales para ser mejores, para ser pensadores críticos, porque tanto estudiantes como profesores entramos a la universidad con lo que somos y tenemos, pero necesitamos una educación que fortalezca o estimule el ser, el pensar, y el actuar, dice la profesora Beatriz Elena Ospina Rave. La Universidad mide, hasta ahora, lógicas de razonamiento matemático, la comprensión lectora en el proceso de ingreso. Sin embargo durante la permanencia académica es necesario promover el desarrollo del pensamiento crítico y para ello es necesario considerar la relevancia y pertinencia de los contenidos, de las pedagogías y didácticas, que correspondan a la construcción de pensamiento con el compromiso social y profesional. No se trata de encontrar el súper-hombre ni el ángel universitario, el propósito es identificar las condiciones necesarias y los atributos que distinguen el pensamiento crítico, e igualmente, las condiciones académicas y de contexto del entorno que le acompañan.

sario entender qué, cómo y para qué se aprende. También dilucidar que los niveles de pensamiento se van formando a lo largo de la vida social y académica y que el pensamiento crítico hace parte del contexto diario, que marca una tendencia en cada persona. En las ciencias de la salud, el pensamiento crítico se ha relacionado con el juicio clínico que debe asumir un profesional en el momento en que necesita un buen criterio para tomar decisiones, pero es apenas una parte del contenido del concepto. Lo que abordará el estudio es el reconocimiento de las características del pensamiento crítico, y para conseguirlo se evaluarán los consensos logrados conceptualmente por expertos, se analizarán las aplicaciones de escalas científicas en el mundo. En la actualidad se trabaja en la elaboración de una matriz metodológica con los principales atributos para así definir qué constructos se usarán en el contexto y en contraste con escalas internacionales. La meta es adoptar o construir una escala propia, siendo esta última opción una condición más cercana y conveniente porque incluirá las particularidades inicialmente aplicables en áreas como las ciencias de la salud y de las ciencias sociales y humanas. Esta será la primera escala en Antioquia y promete aportar al desarrollo conceptual sobre el pensamiento crítico, a la sistematización de las estrategias de medición y a concretar un índice de medición del pensamiento crítico en la formación profesional para las ciencias sociales y la salud, áreas donde se harán las pruebas pilotos.

Comité editorial: profesores John Jairo Arboleda Céspedes • Luquegi Gil Neira • Patricia Nieto Nieto • Eufrasio Guzmán Mesa • Fabio Giraldo Jiménez • Heiner Castañeda Bustamante Director: Heiner Castañeda Bustamante • Edición de contenidos: Luis Javier Londoño Balbín • Ilustraciones: Juan Andrés Álvarez Castaño • Auxiliares: Diana Sofía Villa Múnera, Sara Giraldo Maestre, Carolina Sánchez Álvarez • Diagramación: Juan Camilo Vélez Rodríguez • Secretaria: María Mercedes Morales Osorio

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (Artículo 20. Constitución Política de Colombia)

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Viajando con los clásicos

José Guillermo Ánjel, Reinaldo Spitaletta. Editorial Universidad de Antioquia®, 2014. ISBN: 978-958-714595-3. 286 pp., $30.000. “Obertura” (pp. xi-xviii) —Fragmento—

eer será siempre, aun en los tiempos del dominio de las imágenes y de la aparente falta de interés en la lectura, un acto supremo de la inteligencia y la imaginación. Quien lee, piensa. Quien lee, puede fabular y crear y ser distinto. Hay lecturas de juventud que son para toda la vida: marcan, determinan, orientan (o desorientan, según el caso) y producen una sensación de despertarse en otro espacio. Hay lecturas de juventud que abren caminos al conocimiento, pero también a lo que se denomina la educación sentimental, los primeros contactos con lo desconocido, las ganas de saber, el principio de un fuego que puede durar toda la vida. En los años mozos las lecturas pueden formar, preparar el futuro, abonar la huerta que florecerá en la madurez; ofrecen los primeros contactos con la belleza, con otras maneras de observar y examinar la condición humana, con sonidos antes no escuchados. Por eso, llegar a ciertos autores, a determinados libros, en los tiempos en que todavía no se han abierto los abismos de las crisis existenciales ni de los desengaños, puede ser una oportunidad irremplazable para tener modelos superiores, que son necesarios para, más tarde, tener otros. O crear nuevos modelos. Es decir, las lecturas primeras forman criterio. Hay muchas maneras de ver y sentir y apreciar un texto clásico. Un clásico es aquel libro que, además de resistir a la vorágine

del tiempo, sigue diciendo asuntos hondos a los hombres de la posteridad. Los interroga, los intranquiliza, les sugiere. Los pone en alerta. Un clásico tiene preguntas renovadas. Así, por ejemplo, Don Quijote les dice unas razones (o sinrazones) a los hombres del siglo xvii, pero cosa distinta les puede transmitir a los del xxi. Un clásico trasciende clasificaciones, periodos y modas. Siempre es nuevo. Decía Ítalo Calvino que un clásico es un libro que jamás termina de decir lo que tiene que decir. Es como un grito de plaza pública: para todos hay. Sí. Un clásico tiene preguntas para todos los tiempos y para todos los hombres. La lectura de los llamados textos clásicos ofrece sorpresas. Cuando uno cree que ya lo ha agotado todo, de pronto saltan asuntos impredecibles, no dichos, ni siquiera prefigurados, porque el clásico goza —he ahí su condición de eternidad— de infinitud, de belleza inacabada; y su capacidad de generarse a sí mismo. Por eso tiene entresijos, laberintos, pasadizos no vistos ni transitados antes. El clásico no está inscrito en los parámetros de la actualidad, pero es actual. Las sirenas de Ulises o las de Simbad el marino pueden enloquecer a los hombres de estos días con sus cantos míticos. Entonces, comencemos el viaje, apertrechados con las ganas de asombrarnos en estos recorridos que también son infinitos. Partir es mi meta, diría un clásico. Y recordemos que solo el ignorante (el que no tiene preguntas) se aburre en los caminos. Viajar es transportarse de un lugar a otro o de un tiempo a otro. Desde antes del descubrimiento del avión, el viaje estaba cifrado en conocer mientras se iba avanzando. En este sentido, los viajes de la Edad Media eran maravillosos, porque no solo se aprendía de geografía, flora y fauna, sino de costumbres, gastronomía, formas de pensar, creencias religiosas, mitos, leyendas, lenguas, historia y de la condición del viajero mismo, que al enfrentarse a estos hechos e interpretarlos, descubría finalmente quién era, o qué le faltaba por ser. Desde este punto de vista, el viaje —en nuestro caso la lectu-

ra— es una experiencia de vida a través de la cual el ser humano es otro al finalizar el itinerario que se ha propuesto. Precisamente, en este libro proponemos un viaje para conocer distintos tiempos, diferentes historias, muchas palabras nuevas y permitir el cambio intelectual y humano de quien avance por los caminos de los clásicos. Invoquemos a un viajero ciego, que bien podría ser Jorge Luis Borges, Homero, Milton o aquel piloto “como un pájaro sin luz” que se guía en las corrientes del océano para pasar de América a la China. Solo en la ceguera es posible la imaginación, y esta es el inicio del descubrimiento de la realidad y de su transformación. Los clásicos aparecen y se eternizan rompiendo la ceguera humana (la ignorancia) y ahí es donde el viaje cobra sentido. Viajaremos de la mano de un viajero ciego que recupera la vista en la medida en que se encuentra con los clásicos y de ese modo acaba con lo que antes era lejano e incomprensible. Por un clásico entendemos, además, sobre la memoria de un tiempo, las razones de los episodios, el entendimiento de las palabras y la creación de un mundo siempre nuevo y diferente. Porque el mundo no es uno solo, sino las distintas memorias que ha tejido, y en ellas hay múltiples voces, abundantes hombres, muchos principios y finales; inconmensurable universo en construcción. Un clásico es una provocación que la cultura le hace a la inteligencia. ¡Ah!, y un clásico no siempre llega de tierras lejanas. También existen —por fortuna— los clásicos regionales, los que logran leer las culturas locales, extraer de allí la identidad de un grupo, dar cuenta de territorios, comportamientos y modos de ser de un conglomerado, como pasa, por ejemplo, en estos contornos, con Manuel Mejía Vallejo y sus novelas La casa de las dos palmas y Los invocados. O con Carrasquilla y su Marquesa de Yolombó y Frutos de mi tierra; lo mismo que con Alfonso Castro y El señor doctor (obra en la que describe bichos y enfermedades en tiempos de discursos higienistas en la ciudad).

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: Sergio Fajardo Valderrama, Gobernador del Departamento y Presidente de la Corporación • Alberto Uribe Correa, Rector • Antonio Yepes Parra, Representante del Presidente de la República • Paula Marcela Arias Pulgarín, Representante de la Ministra de Educación Nacional • Francisco Londoño Osorno, Representante del Consejo Académico • Rafael Nieto López, Representante Profesoral • Mario Arturo González Arboleda, Representante de los Egresados • Manuel Santiago Mejía Correa, Representante del Sector Productivo, Luis Javier Arroyave Morales, Representante de los ex Rectores • Luquegi Gil Neira, Secretario General. CONSEJO ACADÉMICO: Alberto Uribe Correa, Rector • Fanor Mondragón Pérez, Vicerrector de Investigación • Juan Carlos Amaya Castrillón, Vicerrector de Docencia • Pablo Javier Patiño Grajales, Vicerrector de Extensión • Rubén Alberto Agudelo García, Vicerrector Administrativo • Francisco Londoño Osorno, Decano Facultad de Artes • Luis Guillermo Palacio Baena, Decano Facultad de Ciencias Agrarias • Ramón Javier Mesa Callejas, Decano Facultad de Ciencias Económicas • Nora Eugenia Restrepo Sánchez, Decana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales • Gloria Patricia Peláez Jaramillo, Decana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas • David Hernández García, Decano Facultad de Comunicaciones • Clemencia Uribe Restrepo, Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas • Carlos Arturo Soto Lombana, Decano Facultad de Educación • Sandra Catalina Ochoa, Decana Facultad de Enfermería • Carlos Alberto Palacio Tobón, Decano Facultad de Ingeniería • Élmer de Jesús Gaviria Rivera, Decano Facultad de Medicina • María Patricia Arbeláez Montoya, Decana Facultad Nacional de Salud Pública • Clara Eugenia Escobar Güendica, Decana Facultad de Odontología • Juan Carlos Alarcón Pérez, Decano Facultad de Química Farmacéutica • Lucía Stella Tamayo Acevedo, Representante Profesoral Consejo Académico • Luquegi Gil Neira, Secretario General. Invitados: John Jairo Arboleda Céspedes, Vicerrector General • Fabio Giraldo Jiménez, Director de Posgrado • Jaime Ignacio Montoya Giraldo, Director de Desarrollo Institucional • María Carolina Laverde Velásquez, Directora de Relaciones Internacionales • Daryeny Parada Giraldo, Directora de Bienestar Universitario • Dora Nicolasa Gómez Cifuentes, Directora Programa de Regionalización • Liliana Marcela Ochoa Galeano, Directora Escuela de Microbiología • Edilma Naranjo Vélez, Directora Escuela Interamericana de Bibliotecología • John Jairo Giraldo Ortiz, Director Escuela de Idiomas • Berta Lucía Gaviria Gómez, Directora Escuela de Nutrición y Dietética • Francisco Cortés Rodas, Director Instituto de Filosofía • Gloria María Castañeda Clavijo, Directora Instituto de Educación Física y Deporte • Jaime Cardona Usquiano, Director Oficina de Asesoría Jurídica • Claudia María Rivera Osorio, Auditora Interna • Heiner Castañeda Bustamante, Director de Comunicaciones.

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Poemas en el arte:

“la mirada cómplice”*

Por LUIS GERMÁN SIERRA J. Sistema de Bibliotecas

or razones quizás comprensibles, muchos poetas escriben textos sobre arte: ensayos y poemas. Poetas ensayistas como Charles Baudelaire, Henry Michaux, Octavio Paz, Juan Calzadilla, Juan Manuel Roca, Santiago Mutis, Pablo Montoya, para mencionar algunos, han escrito libros sobre pintores o sobre la pintura o sobre aspectos diversos de las artes visuales en general. Y han escrito poemas, muchos poemas sobre este mismo tema que siempre los ha seducido. Aunque es inútil tender ninguna teoría exploradora en este sentido, se podría arriesgar que tal sintonía se debe a que en la obra de ambos artistas — poeta y pintor— predomina un silencio que dice, muchas veces, más de lo que se ve en el lienzo o se lee en la página. Y el poeta imagina, siempre imagina (y acierta) más allá de lo que simplemente ven sus ojos o escuchan sus oídos. Los colores del pintor, sus claroscuros, sus misterios, el rasgo de sus personajes, sus atmósferas y la belleza de sus líneas son asumidos por el poeta y reinventados. El silencio del pintor el poeta lo convierte en mundos. Cuántas veces en historias paralelas, unidas o no —eso siempre es lo de menos— a la vida de la obra o del pintor. Y casi nunca es lo mismo acercarse a la obra pictórica por medio de los textos o las cátedras de los especialistas

y los críticos profesionales, a hacerlo por medio de las percepciones de un poeta, a instancias de su palabra que esclarece sin diseccionar, amplía sin saturar, recrea sin aleccionar, sugiere sin explicar. Ambas obras incólumes, ambas obras completas. En abril, en la celebración de la Semánala de la lénguala, el Sistema de Bibliotecas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia editarán Poemas en el arte, un cuadernillo que reúne cuarenta textos de cuarenta poetas de todo el mundo sobre, a su vez, cuarenta obras y autores. Es el cuarto cuadernillo. Antes fueron Medio pan y un libro, de Federico García Lorca, y las selecciones de poemas: Tenemos la palabra y Poemas de todos los días. Baudelaire, Lezama Lima, René Char, Meira Delmar, Rafael Alberti, Eugenio Montejo, María Mercedes Carranza, Constantino Kavafy, Piedad Bonnett y Raymond Carver, entre otros poetas, escriben sobre Bonnard, Delacroix, Chagall, la Gioconda, Frida Kalho, Van Gogh, Picasso, las pinturas rupestres, etc. La palabra y la imagen. Una muestra: *Título de Juan Gustavo Cobo Borda. Apuntes sobre artistas colombianos

Precedentes de la Philips

Del diario de Paul Klee

Como en los cuadros de Turner, donde la luz piensa. Octavio Paz

Te nombro a ti, Eveline, un verde sueño bajo las hojas. Recuerda cómo crujía el verano en el campo, recuerda a la ronca alondra en los aires. Solo a los seres minúsculos les es dado ser laboriosos y activos: abejas, hormigas, escarabajos. A mí, en cambio, me paraliza la paz del mediodía. Ahora, en pleno otoño, ardo en mi seco lecho.

Las investigaciones de la Philips prueban que la luz no la creó dios en el primer día. Fue Turner —desvelado en una noche de Venecia— el que dijo hágase la luz y la luz fue hecha. En el principio fue su pincel y hasta las nieblas de Londres lo reconocieron. Luego hubo un hombre llamado Monet que vino a dar testimonio de la luz entre los suyos y los suyos sí le recibieron. Desde entonces la luz habita entre nosotros llena de Van Gogh con sus tristezas.

Jaime Alberto Vélez (Colombia)

María Mercedes Carranza (Colombia)

Lascaux I Hombre pájaro muerto Y bisonte moribundo Largo cuerpo que tuvo el entusiasmo exigente, Ahora perpendicular al bruto herido

Herbert Read (Inglaterra). Traducción de E. L. Revol

Ilustraciones

Juan Andrés

Álvarez Casta

ño

Cranach Pero había una vez las hojas de roble y los jabalíes Antonio Antonio la vieja herida está sangrando. Estamos en Silvertown hemos venido aquí con el modesto deseo de aprender un poquito sobre el río comiendo queso y cebollitas en una terraza junto al Támesis. ¡Dulce Támesis! El vaporcito se desliza a través de tu seno como el cisne de Leda. Las fábricas ah esbeltas gracias taimadas damiselas desnudas agitan sus suaves plumajes.

¡Oh sacrificado sin entrañas! Sacrificado por aquélla que fue todo y, reconciliada, Muere; Él, bailarín de abismo, espíritu, siempre redivivo, Pájaro y fruto perverso de magias cruelmente Salvado. Rene Char (Francia). Traducción de Javier Zugarrondo.

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PROCESO DE ADMISIONES PARA EL SEMESTRE 2014-2 Aspirantes nuevos, reingresos, transferencias y cambios de programa

Pago de derechos de inscripción: 3 de marzo al 21 de abril de 2014 Inscripción por internet: 3 de marzo al 23 de abril Examen de admisión para aspirantes nuevos: 3 de junio Resultados admitidos aspirantes nuevos, reingresos, trasferencias y cambios de programa: 16 de junio de 2014

Camino a la UDEA. Pasos 1

Aspirante, antes de adelantar cualquier otro proceso lea completamente la GUÍA DE INSCRIPCIÓN, la cual detalla las instrucciones del proceso de admisión para el semestre 2014-2.

Pague los derechos de admisión en línea a través del enlace: http://inscripciones.udea.edu.co; o en el Banco Popular. El costo es de $46.000 para programas en las sedes de Medellín y $14.000 para los programas en regiones.

Una vez tenga el PIN, debe diligenciar el formulario web en: http:// inscripciones. udea.edu.co

¡Prepárese para el examen de admisión! Si quiere realizar un simulacro del examen, ingrese a http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ lms/admision/

Inscripciones a programas de posgrado que inician actividades en julio-agosto de 2014 La Dirección de Posgrado de la Universidad de Antioquia presenta la oferta de posgrados para el segundo semestre de 2014. Gracias al compromiso con el aseguramiento de la calidad en los procesos académicos, la institución cuenta con 19 programas acreditados en alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. Tres doctorados, nueve maestrías y siete especializaciones médicas cuentan con resolución de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.

Doctorado en Biología (Código Snies 9303) Doctorado en Biotecnología (Código Snies 54787) Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas (Acreditación de alta calidad por 8 años) (Código Snies 677) Doctorado en Ciencias del Mar (Código Snies 90528) Doctorado en Ciencias Química (Código Snies 4758) Doctorado en Ciencias Sociales (Código Snies 53942) Doctorado en Física (Código Snies 5330) Doctorado en Ingeniería Ambiental (Código Snies 90795) Doctorado en Ingeniería de Materiales (Código Snies 91286) Doctorado en Ingeniería Electrónica (Código Snies 53834) Doctorado en Ingeniería Química (Código Snies 90794)

Maestría en Administración (Código Snies 90717) Maestría en Biología (Código Snies 516) Maestría en Biotecnología (Código Snies 16857) Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas (Acreditación de alta calidad por 8 años) (Código Snies 519) Maestría en Ciencias Contables (Código Snies 54396) Maestría en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana (Código Snies 53532) Maestría en Ciencias de la Información (Código Snies 90657) Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias (Código Snies 15929) Maestría en Ciencias Químicas (Código Snies 9302) Maestría en Ciencias Odontológicas (Código Snies 102971) Maestría en Economía (Código Snies 52451) Maestría en Enseñanza de las Matemáticas (virtual) (Código Snies 101929) Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (Código Snies 54696) Maestría en Física (Código Snies 517) Maestría en Gerencia de Proyectos (Código Snies 102671) Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación (Código Snies 90350) Maestría en Ingeniería (Código Snies 52546) Maestría en Ingeniería Ambiental (Código Snies 515) Maestría en Ingeniería de Materiales (Código Snies 101606) Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones (Código Snies 54264) Maestría en Ingeniería Mecánica (Código Snies 102250 Maestría en Ingeniería Química (Código Snies 90785) Maestría en Investigación Psicoanalítica (Código Snies 20046) Maestría en Microbiología (Código Snies 53847) Maestría en Psicología (Código Snies 54135) Maestría en Sociología (Código Snies 102831) Maestría en Terapia Familiar y de Pareja (Código Snies 101534) Maestría en Traducción (Código Snies 102004) En el Portal Universitario puede consultarse el calendario de convocatoria y la información general de cada programa ingresando a www.udea.edu.co por Estudiar en la UdeA, Posgrados, Programas de Posgrado.

Especialización en Asesoría y Consultoría de Organizaciones (Código Snies 6556) Especialización en Bolsa y Banca (Código Snies 19429) Especialización en Democracia Escolar (Código Snies 103037) Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos (Código Snies 494) Especialización en Finanzas (Código Snies 53125) Especialización en Gestión Tributaria (Código Snies 2833) Especialización en Gerencia de Mantenimiento (Código Snies 19456) Especialización en Logística Integral (Código Snies 5012) Especialización en Responsabilidad Social Empresarial (Código Snies 101537) Especialización en Salud Internacional - Virtual (Código Snies 91096) Especialización en Salud Ocupacional (Código Snies 478) Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social - Urabá (Código Snies 103038)

Especialización en Administración de Servicios de Salud Seccional Urabá - Turbo (Código Snies 55059) Especialización en Administración de Servicios de Salud Seccional Bajo Cauca – Caucasia (Código Snies 55057) Especialización en Auditoría en Salud - Seccional Urabá - Turbo (Código Snies 55060) Especialización en Derecho de Familia - Seccional Oriente – Carmen de Viboral (Código Snies 101423) Especialización en Problemas de la Infancia y Adolescencia Seccional Oriente – Carmen de Viboral (Código Snies 102732)

Alergología Clínica (Código Snies 17456) Anestesiología y Reanimación (Acreditación de alta calidad por 6 años) (Código Snies 484) Cardiología Clínica (Código Snies 20606) Cirugía General (Código Snies 458) Cirugía Pediátrica (Código Snies 55171) Cirugía Plástica Maxilofacial y de la Mano (Acreditación de alta calidad por 8 años) (Código Snies 479) Cirugía Vascular (Código Snies 8212) Dermatología (Acreditación de alta calidad por 8 años) (Código Snies 460) Endocrinología Clínica y Metabolismo (Código Snies 52375)

Endocrinología Pediátrica (Código Snies 52804) Ginecología y Obstetricia (Acreditación de alta calidad por 6 años) (Código Snies 462) Hemodinámica y Cardiología Intervencionista y Vascular Periférico (Código Snies 10010) Hepatología Clínica (Código Snies 54108) Imagen Corporal (Código Snies 10916) Medicina Aplicada a la Actividad Física y al Deporte (Acreditación de alta calidad por 4 años) (Código Snies 485) Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (Código Snies 16164) Medicina de Urgencias (Código Snies 17651) Medicina Física y Rehabilitación (Código Snies 463) Medicina Interna (Código Snies 464) Medicina Vascular (Código Snies 52144) Nefrología (Código Snies 465) Nefrología Pediátrica (Código Snies 15852) Neonatología (Código Snies 54319) Neurocirugía (Código Snies 466) Neurología (Acreditación de alta calidad por 6 años) (Código Snies 467) Neurología Infantil (Código Snies 17652) Neurorradiología (Código Snies 10917) Oftalmología (Código Snies 468) Ortopedia y Traumatología (Código Snies 469) Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Código Snies 470) Patología (Código Snies 471) Pediatría (Acreditación de alta calidad por 8 años) (Código Snies 472) Psiquiatría (Código Snies 473) Radiología (Código Snies 474) Radiología en Trauma y Urgencias (Código Snies 10915) Radiología Intervencionista (Código Snies 10914) Reumatología (Código Snies 476) Toxicología Clínica (Código Snies 8563) Urología (Código Snies 477

Especialización Clínica en Endodoncia (Código Snies 91355) Especialización Clínica en Odontología Integral del Adulto (Código Snies 481) Especialización Clínica en Ortodoncia (Código Snies 54015) Especialización Clínica en Ortopedia Maxilar (Código Snies 101319)

Para la inscripción a estos programas se debe consultar inicialmente la guía de inscripción y pago, luego hacer previamente un registro a través del enlace Preinscripción, donde se puede efectuar el pago en línea o descargar la factura o el recibo de pago para cancelar en una entidad bancaria. Después del pago se debe ingresar a la pestaña Consultar Preinscripción para realizar todo el debido proceso de inscripción al programa deseado.

Información adicional: Dirección de Posgrado. Teléfonos: (54) 219 53 75, (54) 219 53 78. Conmutador (54) 219 83 32. Correo electrónico: posgrados@udea. edu.co. Portal Universitario http://www.udea.edu.co

Nº 630, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2014

Siga este martes 8 de abril, a las 10:00 a.m. la rendición de cuentas a la sociedad por parte de la Alma Máter, por el Canal U, la señal streaming de Teleantioquia y la de nuestro portal universitario. También puede hacerlo a través de la red de televisión interna y de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. CONTAR LO QUE HACEMOS es un ejercicio de comunicación pública en el que se presentan la gestión y los resultados sociales de la institución durante 2013, fruto del compromiso y de la responsabilidad compartida de los universitarios.