REVISTA DEBATES N° 57

No. 57

SEPTIEMBRE — DICIEMBRE/2010

REVISTA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Nº. 57

Contenido La crisis de la Universidad como crisis de su idea

Pasados en conflictos De memorias dominantes, subterráneas y denegadas

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Nuevo ataque a los derechos de las mujeres

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¿…la Universidad que soñamos…?

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Tratamiento prevención legal al abuso sexual de niños y niñas de cero a 12 años en Colombia

68

La formación ciudadana se encuentra en saldo rojo y no por falta de normas

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Por Carlos Emel Rendón

Por Ludmila da Silva Catela

19

Por Juan Guillermo Londoño Cardona

¿Democracia? ¿Cuál democracia?

Por Ivannsan Zambrano Gutiérrez

Por José Ramiro Galeano Londoño

Por Francisco Cortés Rodas

72

¿Qué nos deja la cumbre del G20 en Corea?

La salud debe dejar de ser un campo privilegiado para el mercado y la acumulación económica

74

EEUU: Avanza el neonazismo

Propuestas para la Seguridad Social en Salud en Colombia

77

EEUU: La democracia tutelada por la CIA

36

Yo disiento

82

Otros opios para estos tiempos

44

La Universidad de Antioquia y el problema universitario colombiano

84

Domine, non sum dignus

27

32

Por Luis Fernando Restrepo Aramburo

Por Julio C. Gambina

Por Frida Modak

Por Germán Gorraiz López

Por José Carlos García Fajardo

Por Julián Reyes Vélez

Por Juan Guillermo Gómez García

49

¿Invicta en su fecundidad?

Por Santiago Gómez Velásquez

Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

Alberto Uribe Correa, Rector - Luquegi Gil Neira, Secretario General Editor: Alberto González Mascarozf, agonzale@arhuaco.udea.edu.co Correción: Luis Javier Londoño Balbín Diseño original: Saúl Álvarez Diagramación: Juan Camilo Vélez Rodríguez Departamento de Información y Prensa – Secretaría General - Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín.

Teléfonos 2195023 y 2195026. Fax 2331627. E-mail: almamater@udea.edu.co Consulte DEBATES en http://almamater.udea.edu.co/debates El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus —1— afirmaciones sólo a ellos compromete.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Pasados en conflictos De memorias dominantes, subterráneas y denegadas Por Ludmila da Silva Catela*

“De cada época de nuestra vida, guardamos algunos recuerdos, sin cesar reproducidos, y a través de los cuales se perpetúa, como efecto de filiación continua, el sentimiento de nuestra identidad” (Maurice Halbwachs, 2004:111).

Como un álbum de familia o como objetos que heredamos de nuestros antepasados, la memoria carga con la identidad y los recuerdos. En los álbumes de familia se registran los “buenos momentos”, se ocultan las peleas y disputas familiares y pasan al olvido aquellos hechos cotidianos que “no merecen” ser registrados, preservados. Los objetos que heredamos pueden estar ocultos en el fondo de un cajón, llenos de polvo en el desván y de repente, por un evento fortuito, por situaciones afectivas punzantes o por placer, pueden volver a la luz para ser apreciados durante un tiempo. Su sola presencia provocará memorias de una historia familiar, evocará una identidad colectiva.

Sin embargo, ni el álbum de fotos refleja la realidad

* Texto editado (por razones de espacio) de la conferencia dictada por la profesora argentina Ludmila Da Silva Catela en la Universidad de Antioquia, el 27 de octubre de 2010, en el marco de la celebración de los 10 años del Grupo de Investigación Cultura, Violencia y Territorio, adscrito al Instituto de Estudios Regionales –INER–.El texto completo está publicado en http://almamater.udea.edu.co/debates Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto “Etnografías de las violencias en el interior del país” que se desarrolla en el Núcleo de Estudios de la violencia de la UNC, con subsidio del PAV-065.

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de lo retratado ni los objetos retienen el ambiente en los que fueron usados y las causas, el sentido o la historia del momento en el que fueron adquiridos. Ellos están presos de los limitados y arbitrarios significados que hoy somos capaces de refractarles; están a merced de una dialéctica incesante entre pasado y presente, es decir, una relación de tiempo que varía según los momentos, individuos y grupos que gravitan en torno a ellos. En ese vaivén caen en el olvido ciertos hechos e ideas y se recuperan representaciones más estables, pero que, como en los mitos, nunca se tornan presentes del mismo modo. La memoria resuelve pues la tensión homeostática entre el recuerdo y el olvido.1 No son otros los procesos cognitivos y culturales que subyacen a la producción de la memoria de un pueblo, de una nación. La memoria familiar es un laboratorio de ideas y recursos para imaginar y reconstruir aquello que en una nación se produce y construye en torno a la idea de memoria, a lo que se recuerda, lo que se silencia u olvida. Producto de la interacción y la construcción entre la subjetividad de los individuos y las normas colectivas, sociales, políticas, religiosas y jurídicas, el trabajo de la memoria fabrica las identidades sociales, enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de diferenciación. Como en las memorias familiares, las memorias nacionales pueden responder a tres tipos de funciones: transmisión, reflexión y reminiscencia. ¿Por qué es necesario recordar? El historiador francés Vidal-Naquet responde a esta pregunta de manera simple y contundente, la memoria es fundamental para la formación de la identidad de un pueblo, una nación, de un Estado. La historia la escriben los historiadores, pero la memoria es la transmisión de vivencias particulares y personales. Y afirma, “siempre he creído en la necesidad de la memoria e intento a mi manera, ser un hombre-memoria…” (1994:85).2 De allí su poder simbólico y su naturaleza social y conflictiva. La respuesta puede complementarse con el planteo del historiador Pierre Nora sobre la necesidad del recuerdo y la construcción de memorias colectivas.

Diferenciándola de la historia, Nora resalta que la memoria se caracteriza por sus reivindicaciones de emancipación y liberación, a menudo es popular y siempre contestataria y es reivindicada como historia por quienes no tuvieron derecho a la Historia y reclaman su reconocimiento. Así, las memorias sociales de este siglo, que surgen de “(...) la insondable desgracia del siglo, del alargamiento de la duración de la vida, del recurso posible a los testimonios de sobrevivientes, de la oficialización también de grupos y de comunidades,

La memoria familiar es un laboratorio de ideas y recursos para imaginar y reconstruir aquello que en una nación se produce y construye en torno a la idea de memoria, a lo que se recuerda, lo que se silencia u olvida.

Producto de la interacción y la construcción entre la subjetividad de los individuos y las normas colectivas, sociales, políticas, religiosas y jurídicas, el trabajo de la memoria fabrica las identidades sociales, enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de diferenciación. Como en las memorias familiares, las memorias nacionales pueden responder a tres tipos de funciones: transmisión, reflexión y reminiscencia. ligadas a su identidad, su memoria, su historia”, tienen la pretensión de proveernos de una “(...) verdad más ‘verdadera’ que la veracidad de la historia, la verdad de lo vivido y de lo recordado –recuerdo del dolor, de la opresión, de la humillación, del olvido–, cualquiera sea, en síntesis, la parte de reconstrucción y de reconducción artificial de esta memoria” (Nora 2002: 29-30, citado en Lythgoe, 2004:80).

La necesidad de memorias implica, por otro lado, reconocer su carácter social y colectivo. Si bien sabemos que el individuo porta sus memorias, las produce y las comparte, no podemos poner en duda que la memoria está arraigada y situada allí donde compartimos espacios, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades. Si la memoria posibilita la creación de espacios de cohesión familiar, social, nacional, es justamente esta fuerza la que permite entender, porqué en los períodos sociales más calmos tiene menor visibilidad y en los momentos de tensión y crisis –cuando las identidades y pertenencias se desestabilizan y desestructuran– adquiere mayor fuerza y visibilidad. Finalmente, se puede decir que la memoria (con sus olvidos y silencios) puede intervenir con una fuerza inusitada y de manera conjun-

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Pasados en conflictos De memorias dominantes, subterráneas y denegadas

La necesidad de memorias implica, por otro lado, reconocer su carácter social y colectivo. Si bien sabemos que el individuo porta sus memorias, las produce y las comparte, no podemos poner en duda que la memoria está arraigada y situada allí donde compartimos espacios, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades. Si la memoria posibilita la creación de espacios de cohesión familiar, social, nacional, es justamente esta fuerza la que permite entender, porqué en los períodos sociales más calmos tiene menor visibilidad y en los momentos de tensión y crisis –cuando las identidades y pertenencias se desestabilizan y desestructuran– adquiere mayor fuerza y visibilidad.

ta tanto en la aprehensión y clasificación del mundo, como en la constitución de la personalidad, la construcción de la subjetividad, la elaboración de conocimiento, la transmisión de herencias y saberes.

Memoria: entre la tradición oral y la escritura Una marca fundamental que distingue el uso y las formas de las memorias está dada por el carácter ágrafo o no ágrafo de las sociedades. Sin embargo, tanto en unas como en otras, la memoria se presenta como una de las formas usadas para transmitir la herencia cultural, social, religiosa y política de una generación a otra. Esto se debe a que la incorporación de la escritura no abolió ni clausuró las formas de transmisión oral3 y el trabajo de la memoria sigue teniendo un lugar privilegiado en todos los pueblos y grupos humanos. Para las comunidades étnicas, cultura y memoria se asocian de manera indisoluble. Los individuos y grupos considerados “desprovistos de cultura” son aquellos que no han adquirido jamás los conocimientos, mitos, enseñanzas y gestos de sus antepasados, o que los han olvidado o perdido.

En este sentido, y en términos de la concepción de Goody (1996) sobre memoria, se observa que cuando una generación entrega su “herencia cultural a la siguiente entran en juego tres aspectos relativamente independientes”. Primero, “la sociedad traspasa sus acervos materiales, incluyendo recursos naturales accesibles a sus miembros. Segundo, transmite pautas de comportamiento. Estas formas habituales de conducta se comunican sólo parcialmente por medios verbales; las maneras de cocinar los alimentos, de cultivar la tierra y de criar los hijos pueden transmitirse por imitación directa. Pero los elementos más significativos de toda cultura humana son sin duda canalizados a través

de palabras y residen en la particular gama de significados y actitudes que los miembros de cada sociedad asignan a sus símbolos verbales. Estos elementos incluyen no sólo lo que consideramos conductas habituales, sino también, aspectos tales como las ideas de tiempo y espacio, las metas y aspiraciones generales”.

De esta forma, todo el contenido de la tradición social, fuera de las herencias materiales, se conserva en la memoria. Lo que el individuo recuerda tiende a ser lo que tiene crucial importancia en relación con su experiencia y con las principales relaciones sociales. “En cada generación, por lo tanto, el recuerdo individual se medirá en la herencia cultural de tal modo que sus nuevos componentes se ajustarán a los viejos a través del proceso de interpretación, y los aportes que hayan dejado de tener importancia en el presente tenderán a ser eliminadas través del proceso del olvido” (Goody, 1996: 42). Así, el lenguaje se desarrolla en íntima asociación con la experiencia de la comunidad y el individuo lo aprehende en el contacto personal con los otros miembros. Lo que continúa teniendo importancia social es almacenado en la memoria (individual, colectiva y social), mientras que el resto habitualmente se olvida o queda registrado en los hábitos corporales, en las maneras de comer, dormir, soñar, bailar.

La cuestión entonces es plantear preguntas que permitan entender la selectividad de los procesos de memoria, ¿qué cosas se recuerdan y cuáles se olvidan? ¿por qué?, ¿quién/nes luchan para mantenerlas en el recuerdo, en el olvido o en el silencio? O en palabras de Ricoeur (2004), ¿de qué hay recuerdo?¿de quién es la memoria? […]

Según apunta Elizabeth Jelin, “hay por parte de los actores, en diversos escenarios, la intención o voluntad de de presentar una narrativa del pasado, y las luchas son por intentar imponer su versión de ese pa-

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sado como hegemónica, legítima, ‘oficial’, normal o parte del sentido común aceptado por todos. (…) estos intentos serán siempre cuestionados y contestados por otros” (2007: 307-308). Esto arrastra consecuencias metodológicas en el análisis. Siguiendo a esta misma autora, se pueden distinguir algunos ejes. Primero, partir de una noción en plural, “las memorias”, para poder abordar los procesos ligados a sus construcciones en escenarios políticos donde se desatan las luchas sobre los sentidos del pasado; segundo, abordar el tema desde una perspectiva histórica, es decir en un devenir que implica cambios y elaboraciones en los sentidos que individuos y grupos específicos dan a esos pasados en conflicto; tercero, considerar las memorias no sólo como fuentes históricas, sino como fenómenos históricos, a partir de los cuales podemos reconstruir la génesis social del recuerdo como problema social y pensar las memorias como instrumentos de reconstrucción de la identidad y de reflexión sobre sí mismo; cuarto, reconocer que el “pasado” es una construcción cultural siempre delimitada y representada desde el presente.

Memorias en conflicto: de memorias dominantes, subterráneas y denegadas4 Es necesario aclarar que las formas y construcciones de estos procesos de rememoración sobre el pasado reciente implican tiempos “internos” (en relación a cuándo, cómo y en boca de quién emergen) y tiempos determinados por factores “externos” (coyunturas políticas, ciclos históricos, ciclos judiciales, etc.). Estas memorias implican, además, formas ideológicas que, utilizadas como banderas políticas de denuncia o de visibilidad, van más allá del recuerdo o los sentidos concretos dados al pasado. Si bien todas son iguales frente al análisis, desde un punto de vista social y político son muy diferentes, están diversamente jerarquizadas y opuestas por relaciones de dominación, formas de visibilidad y legitimidades públicas. Finalmente, es necesario decir que el proceso que lleva al

análisis e interpretación de estas memorias no significa justificar ni valorar moralmente las acciones y prácticas que ellas recuerdan o defienden […]

Puede decirse que hacia inicios del presente siglo el Estado argentino no limita su política a instancias formales de reconstrucción de la verdad y la justicia, sino que actúa además en espacios directamente relacionados con los tiempos y calendarios de la memoria creados y defendidos por las organizaciones de derechos humanos. Se inaugura así un momento que puede denominarse de estatización de la memoria.5 Entre otras cuestiones, esto implica la creación en el ámbito nacional y provincial de archivos y museos de la memoria, políticas educativas de alto impacto, borramiento de acontecimientos históricos e invención de un nuevo feriado nacional. Queda abierto el interrogante en relación con las consecuencias de esta estatización y de una posible cristalización de ciertas formas de memorias que, “legitimadas” por el Estado y “autorizadas” por los familiares de las víctimas, puedan opacar otros relatos más débiles, menos visibles, más periféricos y subterráneos. O generar memorias cargadas de resentimientos y odios.6

De memorias dominantes Asociadas a este momento de estatización de la memoria, analizaremos las memorias dominantes, tomando como principal eje las conmemoraciones del 30° aniversario del golpe militar de 1976. Sabemos que las fechas “redondas” son “buenas para pensar”, ya que cristalizan los elementos estructurales, que muchas veces, en las fechas “comunes” pasan desapercibidos. Vale preguntarse entonces: ¿Qué se recuerda? ¿Qué se silencia? ¿Cómo se presenta la memoria en el espacio público? […]

Pasados treinta años del golpe militar, una de las cuestiones centrales que surge es el porqué de la imposibilidad de poner sobre la mesa la discusión sobre la violencia política de los años setenta, la lucha armada, los grupos guerrilleros, etc. La pregunta, entonces, es cómo incluir en ese relato “dominante” la acción,

Según apunta Elizabeth Jelin, “hay por parte de los actores, en diversos escenarios, la intención o voluntad de de presentar una narrativa del pasado, y las luchas son por intentar imponer su versión de ese pasado como hegemónica, legítima, ‘oficial’, normal o parte del sentido común aceptado por todos. (…) estos intentos serán siempre cuestionados y contestados por otros”

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muchas veces armada, de aquellos que optaron por la violencia como una forma de hacer política en los años setenta; desde dónde incluirlo, si el propio discurso de los derechos humanos y la memoria cuestionan la legitimidad de la violencia, la guerra y la vía militar, poniendo en entredicho las posibles formas de narrar el pasado de quienes han participado en episodios de violencia o pertenecían a grupos armados en defensa de sus ideales políticos. Este dilema desestabiliza de alguna manera la propia noción de derechos humanos y nos impone pensar la noción de memoria no ya en singular, sino como memorias, con sus conflictos, luchas, consensos pero también silencios, tabúes y olvidos. Pensarlas no sólo en su carácter de emblemas, sino también como generadoras de estigmas. Así, la noción de derechos humanos y memoria nos plantea la ya clásica pregunta respecto a sus usos en un sentido “literal” o “ejemplar”, al decir de Todorov. La cuestión es si los individuos, los grupos sociales o el Estado optan por un uso “literal” recuperando todos los detalles, agotando la memoria en sí misma, como un evento que no puede ser comparado con otros, o se opta por un uso “ejemplar”, en el sentido de pensarla como un modelo que permita comprender principalmente situaciones nuevas, del presente, sacrificando la singularidad del suceso en sí mismo. Aquí nuevamente se plantea la necesidad de preguntarnos cuándo y para qué se usa el discurso de la memoria y de los derechos humanos. La pregunta es, entonces, si la memoria se usa en su literalidad, en su sacralidad del pasado o para dar espacio a lecturas “ejemplares”, colocando de esta manera una pluralidad de puntos de vista, con los que podemos no estar de acuerdo, pero que pueden permitir pensar más complejamente el presente.

De todo esto se desprende la necesidad de analizar las disputas por los sentidos del pasado para observar si en las fronteras, grietas y silencios se plasman o se pueden encontrar algunas respuestas a la pregunta arriba planteada, a partir del recorrido por las memorias subterráneas y (de) negadas vistas en relación y perspectiva con las dominantes.

De memorias subterráneas A continuación voy a girar la mirada hacia lo local, pasando de una mirada del centro a la periferia. […] En estos territorios locales aparecen en escena lo que denominé memorias subterráneas, en las cuales conviven memorias largas (basadas en el recuerdo de las violencias sufridas a lo largo de los años) y memorias cortas (aquellas que restringen los recuerdos a la violencia del último

...cómo incluir en ese relato “dominante” la acción, muchas veces armada, de aquellos que optaron por la violencia como una forma de hacer política en los años setenta; desde dónde incluirlo, si el propio discurso de los derechos humanos y la memoria cuestionan la legitimidad de la violencia, la guerra y la vía militar, poniendo en entredicho las posibles formas de narrar el pasado de quienes han participado en episodios de violencia o pertenecían a grupos armados en defensa de sus ideales políticos. golpe militar de 1976). […] Como se vio más arriba, la memoria emanada del Estado y de los centros de poder, a partir del léxico que utilizan y de las formas particulares de enunciar la violencia, terminan restringiéndola a un período corto (1976-1983), delimitando actores polares definidos básicamente en torno a las fuerzas represivas del Estado (Fuerzas Armadas, policía y gendarmería). Estas memorias cortas terminan por imponer formas de dominación simbólica sobre qué y cómo debe recordarse el pasado, dejando de lado períodos más largos y complejos en relación a las vivencias de violencia. […] La imposición de discursos y la utilización de las categorías nacidas en relación con la lucha por los derechos humanos violados a partir de 1976 pueden reducir las memorias a un capital político intercambiable y aplicable a todos los contextos sin tonalidades ni diferencias, dejando de lado u opacando memorias más complejas, cargadas de tonalidades y zonas grises.

Al incluirlas o al pretender hacerlo dentro del considerado “universal discurso de los derechos humanos”, muchas veces estos grupos sociales sufren una nueva modalidad de “victimización”. Se les imponen modelos ya ensayados en las ciudades: monumentos y placas a los desaparecidos, marchas y manifestaciones como el “Apagón de Ledesma”, una poblada de militantes de derechos humanos llegados desde Buenos Aires, actos públicos dónde raramente se “habla” del pasado de violencia vivido concretamente en estas zonas, ritua-

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les que los despojan de su condición de protagonistas activos, de su propio devenir histórico y que torna sus memorias largas en memorias “subterráneas”, imposibilitando, de alguna manera, la transmisión en el espacio público de sus propios sentidos sobre el pasado.

Al no incorporar las categorías, conceptos y performances nacidas y creadas en relación con la noción de derechos humanos violados en la última dictadura militar y sus memorias dominantes, las personas que entrevisté en relación con sus vivencias frente a la violencia en Tumbaya y Calilegua construyen memorias más laxas, menos “políticamente correctas”, menos encuadradas. Familiares de desaparecidos y ex presos de ambas localidades se permiten usar en el mismo discurso la noción de “revolucionario” con la de “subversivo”, construir estrategias diferentes sobre sus identidades, donde la memoria de la represión puede ser un emblema a defender y recordar o un estigma a silenciar y querer olvidar. Pero sobre todo, una de las cuestiones que más tiempo me llevó comprender es que sus experiencias del pasado reciente son unas entre otras (y no necesariamente las centrales en términos de experiencia, memoria e identidad) y que son interpretadas a la luz de códigos culturales comunitarios únicos y singulares, surgidos de una manera propia de entender el mundo y representarse su devenir.

De memorias denegadas7 Escritos, fotos de militares asesinados, memorias en recuerdo de las víctimas de la guerrilla, la noción de guerra en oposición a la de terrorismo de Estado, son algunas de las estrategias que los grupos, claramente alineados en la derecha, tejen para tornar públicas sus memorias. En los últimos años las páginas web son sus lugares favoritos, más usados y muy visitados. Allí hay foros, debates y mucha información sobre la guerrilla. Una característica particular es que estas páginas se montan contestando una a una las consignas y denuncias realizadas por los organismos de derechos humanos o apelando a la utilización de categorías tales como “crimen de lesa humanidad”.

Así, las memorias denegadas pretenden ser reconocidas por el Estado nacional, solicitándolo formalmente y luchando en el espacio simbólico de la Plaza de Mayo bajo la consigna: “la plaza es de todos”. Pero el Estado niega sus relatos y sentidos dados al pasado, justifica esta negación afirmando la impureza de esas memorias, el origen nocivo de los relatos, principalmente porque provienen de comunidades identificadas o pertenecientes a la “familia militar”. De esta manera, estas me-

morias no son integradas, bajo ninguna forma, al relato oficial. Claramente, son las memorias del otro lado, las memorias perdedoras. Lo interesante es el sistema moral que se construye en torno a ellas para “denigrarlas”: no es tanto arrastrándolas hacia el crimen que se cometió, sino, más bien “denigrando” a sus portavoces.

Los militares son acusados de ser “fachos” y las mujeres son tildadas de “prostitutas” o “locas”. Por otro lado, se les niega su valor de verdad, incluso cuando los hechos que se presentan públicamente están documentados y algunos han pasado a ser juzgados en causas judiciales, como la de Larrabure, donde está acusada la cúpula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). […]

A modo de cierre: los mecanismos de la negación, el silencio y el espejo En relación con las prácticas de memorias realizadas por estos grupos, es interesante ver cómo se construyen en espejo. Pudimos ver como entre las memorias dominantes y las denegadas hay una relación de oposición.

Las memorias denegadas copian en negativo las memorias dominantes. Fotos en blanco y negro, apelación a los lazos primordiales, uso de la figura femenina en los reclamos, consignas. Además, en sus formas de construcción estas memorias que se denominan “completas” ponen en cuestión, resaltan y cuentan con lujo de detalles las acciones y trayectorias guerrilleras que las memorias dominantes silencian u ocultan. Por otro lado, los términos usados: subversión, defensa de la patria, guerra, comunistas, extranjeros son, paradójicamente, los mismos conceptos utilizados por las memorias subterráneas para señalar a los “culpables” de sus denuncias.

Si comparamos el uso del espacio de estas formas de expresión, las memorias denegadas tienen como principal modo de manifestación el espacio virtual,

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Escritos, fotos de militares asesinados, memorias en recuerdo de las víctimas de la guerrilla, la noción de guerra en oposición a la de terrorismo de Estado, son algunas de las estrategias que los grupos, claramente alineados en la derecha, tejen para tornar públicas sus memorias.

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mientras que el ámbito de las memorias subterráneas es la comunidad (pueblo o villa) y el de las memorias dominantes es la calle, la plaza, la justicia, los proyectos de políticas de memorias (museos, archivos, plazas de memorias). En su designación de “memorias completas”, esos relatos demandan una mirada “integral” sobre el pasado, pero silencian el principal motivo de movilización, que a su vez es el eje de la protesta y denuncia de las memorias dominantes: el crimen de la desaparición. En relación con esto hay silencio absoluto por parte de las memorias denegadas.

Se puede decir entonces que mientras las memorias dominantes se expresan cada vez más en su monumentalidad: libros, sistema educativo, edificios y museos, conmemoraciones y rituales, o sea, en la creación constante de marcas materiales de una memoria “nacional” que ocupa fundamentalmente el espacio público, las memorias subterráneas y largas se expresan básicamente por medio de la transmisión oral, casi no construyen o necesitan de marcas materiales (lo que muchas veces es equivocadamente leído como olvido). Usan, entre otras cuestiones, al cuerpo como uno de sus soportes.

Finalmente, las memorias denegadas, eligen como espacio de construcción y difusión el espacio virtual: las web y las cadenas de mails, en un accionar casi clandestino. Mientras estas últimas son vistas como memorias resentidas, las dominantes son “tranquilizadoras”. Las dominantes y las denegadas se disputan en el espacio público, mientras que las subterráneas no encuentran ni el reconocimiento público ni un lugar de escucha.

Si volvemos a las preguntas iniciales sobre quienes luchan para mantener las memorias en el recuerdo o quienes luchan para silenciarlas, las formas que se trabajaron aquí muestran una posible entrada al complejo mundo de la producción de sentidos sobre el pasado.

Así, el conflicto de memorias, al decir de Pollak (2006), demuestra que al definir aquello que es común a un grupo, por un lado, se refuerzan los sentimientos de pertenencia, pero por otro, esas memorias pasan a ser imposiciones, formas específicas de dominación y de violencia simbólica. Lo que intenté mostrar con estos tres casos es que a más de treinta años del golpe de estado, cada grupo recuerda y construye sus memorias en relación con los silencios, ambigüedades y olvidos de los otros. Como mostramos al inicio de este texto, esto sin duda interviene de diferentes maneras en la aprehensión y clasificación del mundo, así como en la elaboración de conocimiento, la transmisión de herencias y saberes. Así, las memorias subterráneas y largas no se cristalizan en el período de la dictadura militar

Se puede decir entonces que mientras las memorias dominantes se expresan cada vez más en su monumentalidad: libros, sistema educativo, edificios y museos, conmemoraciones y rituales, o sea, en la creación constante de marcas materiales de una memoria “nacional” que ocupa fundamentalmente el espacio público, las memorias subterráneas y largas se expresan básicamente por medio de la transmisión oral, casi no construyen o necesitan de marcas materiales (lo que muchas veces es equivocadamente leído como olvido). Usan, entre otras cuestiones, al cuerpo como uno de sus soportes. Finalmente, las memorias denegadas, eligen como espacio de construcción y difusión el espacio virtual: las web y las cadenas de mails, en un accionar casi clandestino.

–aunque la reconocen–, y no es solamente el Estado represor lo que está en juego en sus relatos, sino, principalmente, la violencia largamente ejercida por las élites locales. Los que demandan memorias “completas” pretenden que sus recuerdos sean incluidos en el relato de la nación, acentuando la noción de guerra y validando sus recuerdos en torno a los “muertos por la subversión”. De manera contraria, la memoria nacida de los organismos de derechos humanos, y actualmente tomada como propia por el Estado nacional, pone un sutil manto de silencio sobre las militancias políticas y especialmente sobre la lucha armada; reivindica así la memoria en nombre de las violaciones a los derechos humanos. Estos tres tipos de memoria generan resentimientos, enfrentamientos simbólicos y reales, oposiciones irreconciliables y exclusiones. La pregunta que queda abierta es ¿por qué y cómo a treinta años del golpe se creó un espacio para que las memorias denegadas, junto a las dominantes disputen el espacio de lo público? ¿Estamos atravesando un momento de construcción de la memoria hacia la Historia?

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Bibliografía

Notas

Ansart Pierre (2004), “Historia e memoria dos ressentimentos”. En Memoria e (res)sentimento. Indagaçoes sobre uma questão sensible. San Pablo, Editora UNICAMP.

1. En “Funes el memorioso”, Borges planteó de modo claro la necesidad del olvido como posibilidad de la memoria.

Craviotti, Clara (1992), Azúcar y conflictos en el Norte argentino. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Cavalcanti, Mariana (2003). “Memoria y cotidianidad de la represión en el Morro do Borel” En Del Pino, Ponciano y Jelin, Elizabeth (org.). Luchas locales, comunidades, identidades. Madrid, Siglo XXI España y Argentina Editores.

Da Silva Catela, Ludmila (2001), No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. La Plata, Al Margen Editorial.

Del Pino, Ponciano y Jelin, Elizabeth (org.). (2003), Luchas locales, comunidades, identidades. Madrid, Siglo XXI España y Argentina Editores.

Halbwachs, Maurice (2004 (1950)) La memoria colectiva.

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

Isla, Alejandro (1992), Sociedad y articulación en las tierras altas jujeñas. Crisis Terminal de un modelo de desarrollo.

Buenos Aires, Asal/MLAL. Isla, Alejandro y Julie Taylor (s/f), “Transformaciones y fragmentación de identidades bajo el terror en el Noroeste Argentino”, Mimeo.

Jelin, Elizabeth (2007), “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado”, en Franco, Marina y Levín, Florencia (comps.), Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires, Paidós.

Goody, Jack (1996), Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona, Gedisa, Karasik, Gabriela (1994), Cultura e identidad en el Noroeste Argentino. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Kindgard, Adriana (2001), Los orígenes del peronismo jujeño. Jujuy, UNJU. Lythgoe, Esteban (2004) “Consideraciones sobre la relación historia-memoria en Paul Ricoeur”, Revista de Filosofía, Nº 60, pp. 79-92. (Versión digital en: www.historiaviva. cl/wp-content/uploads/2007/11/consideraciones-sobre-larelacion-historia-memoria-en-paul-ricoeur.pdf)

2. Algunas de las tensiones y diferenciaciones entre memoria e historia tienen parte de su génesis en la diferenciación entre cultura escrita y cultura oral, que recorremos abajo.

3. Gandz observa, por ejemplo, que la cultura hebrea siguió transmitiéndose en forma oral hasta mucho después de que empezara a ponerse por escrito el Antiguo Testamento.

Según el autor, la introducción de la escritura no cambió de inmediato los hábitos de la gente ni desplazó el viejo método de la tradición oral. Debemos distinguir siempre entre la primera introducción de la escritura y su difusión general. A menudo se requieren varios siglos y a veces hasta un milenio o más, para que esta invención se convierta en propiedad común de la gente. Al principio, el libro escrito no está destinado a tener un uso práctico. Es un instrumento divino, que se coloca en el templo “al lado del arca del pacto de Jehová, su Dios y tiene que servir allí como testigo” (Deuteronomio XXXI 26) y se guarda en ese lugar como una reliquia sagrada. Para el pueblo, la instrumentación oral seguía siendo el único modo de aprender, y la memoria, el único medio de preservación. La escritura era una ayuda adicional para la memorización. (Goody, 1996: 51) 4. A partir de estas consideraciones, la autora aborda el análisis de las memorias y los sentidos otorgados a la violencia política de los años setenta, que a más de treinta años del golpe militar de 1976, se expresan y entran en conflicto en el espacio público. Estas son: 1. Memorias que se nuclean en torno al rechazo y la denuncia del terrorismo de Estado. Estas serán denominadas memorias dominantes y cortas. 2. Memorias locales (del interior del país) que se reconocen en períodos de violencia de largo plazo y que no se limitan a fechas ligadas a democracias o dictaduras.

Las mismas son mencionadas en este texto como memorias subterráneas y largas.3. Finalmente, aquellas memorias que reivindican acontecimientos de violencia previos al golpe de Estado, más específicamente, las que se construyen en relación con los recuerdos de los familiares de militares asesinados por la guerrilla. Estas son denominadas por los propios actores como “memorias completas”. A los efectos de este trabajo serán llamadas memorias denegadas. (Nota de la editora)

Pollak, Michael (2006), Memoria, olvido y silencio. La producción social de identidades frente a situaciones limite. La Plata, Al Margen Editora.

5. Por estatización de la memoria me refiero al papel central que ocupa el Estado como agente de memoria y su pretensión de generar una política centralizada de memoria, negando implícitamente la pluralidad de memorias que circulan y son defendidas por diversos grupos e instituciones.

Ricoeur, Paul (2004) La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

6. Para un análisis sobre el resentimiento y la memoria recurrir al lúcido ensayo de Pierre Ansart (2004).

Uribe Alarcón, María Victoria (2004), Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia. Bogota, Grupo Norma Editorial.

7. En el sentido literal del término, tal como aparece en el diccionario de español: “no se le concede lo que se pide o solicita”.

Vidal-Naquet, Pierre (1994) Los asesinos de la memoria.

México, Siglo Veintiuno Editores.

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Nuevo ataque a los derechos de las mujeres Por Juan Guillermo Londoño Cardona Ginecoobstetra Profesor Facultad de Medicina Universidad de Antioquia*

Las decisiones reproductivas libres y responsables hacen parte de los derechos humanos e implican el derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno y el derecho pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.

Pocas decisiones de la Corte Constitucional Colombiana han contado con tantos enemigos y de tan diversa índole como la despenalización del aborto: medios de comunicación, clérigos, médicos, jueces, etcétera, y, para completar, ahora se suman a esta lista algunos “Padres de la patria”, muchos de los cuales se han confabulado contra la legislación que protege la vida y la

* Coordinador de Educación Centro NACER/UdeA (Nacer, Salud Sexual y Reproductiva, Facultad de Medicina - Departamento de Obstetricia y Ginecología - Universidad de Antioquia). Calle 70 52-72 oficina 504. Teléfonos (4) 2195400 y 2195405. Fax (4) 2191031. Medellín -ANT 050010 – Colombia.

Línea de atención en sífilis: 3146225688 www.nacer.udea.edu.co

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Lo que pretenden los impulsores de la reforma constitucional que busca echar para atrás la despenalización del aborto, es un ataque infame a los derechos humanos y, en especial, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Éstos últimos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos. salud de las mujeres. Parece que las únicas que no tienen derecho a hacer respetar sus derechos son precisamente las mujeres. Echar para atrás la Sentencia C355 de mayo de 2006 que despenalizó el aborto en Colombia es tan absurdo y retardatario como pretender hoy desconocer el derecho de las mujeres al voto.

Trascurridos 10 años del siglo 21, llamado por algunos el siglo del conocimiento, el desarrollo y los derechos humanos, muy pocas cosas han cambiado para las mujeres, de manera especial en los países del tercer mundo: la inequidad es la regla y en este tema Colombia es considerado uno de los países más inequitativos de América después de Haití; la violación persiste como demostración de poder por parte de los “vencedores” de un conflicto que por más de cinco décadas golpea a nuestro país.

Si bien la corte despenalizó el aborto en tres circunstancias especiales por tratarse de un problema de salud pública responsable de la muerte y discapacidad de cientos de mujeres, problema que en la actualidad ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna en Colombia, no podemos perder de vista que en lo fundamental se trata de un problema de derechos humanos.

Lo que pretenden los impulsores de la reforma constitucional que busca echar para atrás la despenalización del aborto, es un ataque infame a los derechos humanos y, en especial, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Éstos últimos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherente a todos los seres humanos. Dado que la sa-

lud es un derecho fundamental, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Estos derechos deben ser reconocidos, respetados y difundidos por todas las sociedades y por todos los medios. A manera ejemplo, la agenda de la salud para las Américas 2008-2017 de la OPS, propone la inclusión, la universalidad y la accesibilidad a los derechos humanos, así como la disminución de la inequidad entre los países y al interior de los mismos como una prioridad para la región.

Argumenta el Senador proponente de la reforma que pretende el desconocimiento de los derechos adquiridos por las mujeres en franca lid, que se ha abusado de la norma. Nada más carente de rigor y verdad, ya después de cuatro años de promulgada la Sentencia C355 en Colombia se han practicado aproximadamente 650 abortos legales frente a aproximadamente 200.000 ilegales lo que equivale a la conservación de la vida o la salud de estas 650 mujeres que, de no haber contado con este derecho, seguramente se sumarían a los cientos de muertes evitables que año tras año destruyen cientos de hogares colombianos con las graves consecuencias sociales que esto implica.

Cuando un país despenaliza el aborto, inicialmente hay un incremento en número de mujeres que lo solicitan, luego se entra en un periodo de estabilización con una caída significativa de la mortalidad materna por esta causa.

Lo que pretenden los opositores a la Sentencia C355 no es precisamente atacar un capricho de feministas como lo manifiestan algunos, es desconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional por los

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Derechos Civiles y Políticos de 1976, la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres –CEDAW 1981–, la Convención sobre Derechos Humanos de Viena, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo 1994 y la Política de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia, entre otros, para no alargar la lista.

Conferencias y convenciones a las cuales ha asistido Colombia y se ha comprometido en promover y respetar sus decisiones. Lo triste y preocupante es que el promotor de este nuevo ataque a los derechos humanos es precisamente un “Padre de la patria” que al posesionarse juró defender la Constitución y Ley y no precisamente acomodarlas a sus creencias religiosas y convicciones personales.

Porque si bien Colombia es un país con mayoría católica, también lo son Italia, España, Inglaterra, Alemania y la inmensa mayoría de países europeos donde el aborto está despenalizado para proteger la salud, la vida de la mujer y la estabilidad de la familia, así lo demuestran sus indicadores de salud sexual y reproductiva, específicamente los referentes a mortalidad materna. En Alemania la iglesia católica es poderosa e influyente; sin embargo allí también está despenalizado el aborto por idénticas razones que la Corte lo hizo en Colombia.

En nuestro país el 52% de la población es femenina, el 34% de los hogares tienen como cabeza a una mujer y hace ya muchas décadas sabemos que la ausencia de una madre implica desnutrición de la familia, mortalidad infantil, deserción escolar, abuso al menor, esclavitud laboral, embarazo adolescente, prostitución y drogadicción, problemas muchos de ellos derivados del aborto inseguro. Situación que los países desarrollados entendieron y abordaron desde finales del siglo XVIII cuando descubrieron que los problemas de población y desarrollo de las naciones se resolvían cuando se abordaba la salud sexual y reproductiva de manera integral, seria, con programas que trascendieran las administraciones y dejando de lado esa visión teológica que aún predomina en los países pobres y que los aleja de alcanzar lugares de privilegio en equidad y salud pública a nivel mundial y por ende el tan anhelado desarrollo.

Porque si bien Colombia es un país con mayoría católica, también lo son Italia, España, Inglaterra, Alemania y la inmensa mayoría de países europeos donde el aborto está despenalizado para proteger la salud, la vida de la mujer y la estabilidad de la familia, así lo demuestran sus indicadores de salud sexual y reproductiva, específicamente los referentes a mortalidad materna.

Vale la pena citar a manera de ejemplo a Kofi Annan ex Secretario General de las Naciones Unidas, quien recientemente manifestaba: “No se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, a menos que se aborden decididamente las cuestiones de población y salud reproductiva; y para esto es preciso intensificar los esfuerzos por promover los derechos de la mujer y aumentar las inversiones en educación y salud, inclusive salud reproductiva y planificación de la familia”.

En la visión y propósito de los proponentes de este nuevo atropello a los derechos humanos, seguramente está la respuesta al por qué Colombia no logrará saldar una deuda centenaria con la equidad de género y específicamente con la salud de las madres.

Mientras en Sudamérica se está produciendo un profundo cambio cultural y político, y para ello fue necesario dos siglos de historia republicana para que Chile fuera escenario de la primera elección de una mujer como Jefa de Estado, ejemplo que en buena hora han imitado otros países de la región, en Colombia hay legisladores que todavía piensan que la mujer es menor de edad, que los derechos humanos son un embeleco de minorías y que la Constitución y las Leyes se pueden acomodar a sus creencias religiosas y a sus intereses personales.

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Tratamiento prevención legal al abuso sexual de niños y niñas de cero a 12 años en Colombia

Los estudiantes de Clínica Jurídica en Familia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Política, Fabiana María Barrientos Estrada y Jaime Antonio Escobar Álvarez, y la docente - asesora, Lina Marcela Estrada Jaramillo, realizaron este artículo dentro de esta asignatura, con el objetivo de mostrar la realidad jurídica en que se encuentra el tratamiento-prevención al abuso sexual contra niños y niñas de 0 a 12 años en Colombia.

Por tanto, para dar respuesta a este tema se utilizó la metodología hermenéutica, la cual busca realizar análisis en las normas aprobadas por el Congreso de la República, la Ley 1098 de 2006, la normatividad penal, las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y derechos de petición enviados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de la Protección Social, toda vez que

El artículo 5º de la Ley 1098 de 2006, es enfático al resaltar que las normas de protección a los niños y niñas “son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”.

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tratamiento – prevención legal al abuso sexual de niños y niñas de 0 a 12 años en Colombia

el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1146 de 2007, por la cual se expide normas para la prevención de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes y señaló al Ministerio de la Protección Social como responsable de las acciones, programas o proyectos para ejecutar la Ley y, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, como responsable de la Secretaría Técnica Permanente de este comité, con la finalidad de evaluar las acciones, programas o proyectos que se han emprendido a partir de la entrada en vigencia de la Ley, para la prevención del abuso sexual contra niños y niñas.

Al realizar esta búsqueda se encontró que: en el Congreso de la República, hasta el momento, no hay un registro en las gacetas que muestre un estudio sobre el tratamiento – prevención de la violencia sexual en niños y niñas de 0 a 12 años; lo que sí es muy notorio, es la gran dificultad para presentar propuestas para su prevención y que éstas sean aprobadas por el ente productor de normas. La Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia es la normatividad especial en Colombia para la protección de los derechos de los niños y niñas. Esta Ley es una norma general y abstracta, que debe adecuarse a casos concretos en su aplicación. La primera parte del articulado manifiesta mayor concreción frente al tema en cuanto a la violencia sexual, estímulo y constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente en este campo contra la persona menor de edad.

Se hace escasa mención de este tema, la cual se puede resumir en unos cuantos puntos, así: 1) Una referencia a que los niños y niñas deben ser protegidos de la explotación y violencia sexual. 2) Una referencia a la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en la pornografía. 3) La aprobación de los dos protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño, que tienen que ver con la prostitución y su utilización en la pornografía; esta ley presenta al Estado conformado por una serie de instituciones que deben cumplir como conjunto una labor de cuidado y protección de los niños y niñas.

El Artículo 41 del Código hace clara referencia a ese Estado como un todo en cuanto su obligatoriedad frente a esta clase de población.

Con respecto a la normatividad penal (Ley 599 de 2000), la norma distingue el abuso sexual que se cometa contra niños y niñas menores de 14 años, esto con el fin de agravar la pena punitiva. Es amplio

¿Por qué el tema del abuso sexual en niños y niñas no es un tema prioritario para el Congreso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Rama Judicial, ni para las políticas sociales del Estado? ¿En qué medida se ha beneficiado la sociedad, en su conjunto, al aplicársele al autor del delito de abuso sexual en menores de 12 años penas drásticas e incluso se haya propuesto la cadena perpetua? ¿Por qué se protegen los derechos de los adultos por encima de los derechos de los niños y niñas en los procesos de abuso sexual?

frente a la tipología de delitos que atentan contra el derecho a la integridad personal de niños y niñas, no sólo se regula lo concerniente al acceso carnal abusivo con menor de catorce años, (Artículos 208 y 209 C.P), sino también, tipifica el proxenetismo, la prostitución, la pornografía y la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores (Artículos 216 a 219A C.P.).

El Código Penal como política criminal penaliza estas conductas desde una justicia retributiva, es decir, sanciona al delincuente por haber infringido una norma penal, mas no se encuentra dentro del articulado una remisión especial a una justicia restaurativa para los niños y niñas: hace falta que el agresor se responsabilice frente al hecho punible cometido, restaure el daño causado y se rehabilite para que no vuelva a cometer este delito.

En países como Argentina se han tomado medidas adicionales, esto es, además de la penalización, la castración, como una manera de rehabilitar al delincuente, lo cual ha sido criticado por la psiquiatría y la medicina, porque no se da una solución definitiva al problema, ya que, el abusador, más que un problema biológico, lo que presenta es

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un problema psicológico. Está demostrado que el agresor, sufre un placer al violentar a la otra persona, al ponerla en incapacidad de resistir.1

Señala la Corte Constitucional que los derechos de los niños y niñas tienen prelación sobre los derechos de los demás y que tanto el texto constitucional como los tratados internacionales suscritos por Colombia se encaminan a garantizar el mayor grado de protección posible. Este énfasis especial del sistema jurídico permite entender, como razonable, que el legislador no autorice que la acción penal se suspenda, se renuncie o se termine cuando el delito de que se trata afecta gravemente la integridad, la libertad y la formación sexual del menor.

Las anteriores consideraciones generaron los siguientes interrogantes: ¿Por qué el tema del abuso sexual en niños y niñas no es un tema prioritario para el Congreso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Rama Judicial, ni para las políticas sociales del Estado? ¿En qué medida se ha beneficiado la sociedad, en su conjunto, al aplicársele al autor del delito de abuso sexual en menores de 12 años penas drásticas e incluso se haya propuesto la cadena perpetua? ¿Por qué se protegen los derechos de los adultos por encima de los derechos de los niños y niñas en los procesos de abuso sexual?

En cuanto a las sentencias analizadas, se encontró la sentencia hito o sentencia de referencia que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia en el fundamento de sus decisiones judiciales. Proceso N°. 23706, enero 26 de 2006, M.P. Dra. Marina Pulido de Barón. En ésta, la Corte Suprema de Justicia señaló que al testimonio de los menores hay que darles el valor que merecen, dada su situación de indefensión; señaló, además, que no se puede minar la contundencia a lo dicho por los menores, objetivamente descriptivo, con base en excusas irrelevantes, y, más grave aún, condicionar su confiabilidad en la práctica de un dictamen siquiátrico sobre sanidad mental, que no sólo invierte la carga probatoria en contra de los menores, sino que se aparta de las pautas legales en esta materia. Consideró que la providencia no se realizó con referencia a los postulados de la sana crítica y se configuraron diferentes errores de hecho por falso raciocinio.

Se vulneraron los siguientes derechos: derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, a la salud, a la seguridad social, a la intimidad y al buen nombre, a la protección, al cuidado y custodia personal y al debido proceso.

Esta sentencia tuvo tres salvamentos de voto, en los cuales se adujo: 1) El Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, señala que, “en materia de casación, para dar vía libre a la infracción indirecta de la ley sustancial, por error de hecho por falso raciocinio, es imprescindible demostrar que flagrantemente el juez ha vulnerado la sana crítica, es decir, que de manera abrupta se ha alejado, entre otras cosas, y, sobre todo, de las reglas de la experiencia, de los postulados científicos o de los principios lógicos”. 2) El Dr. Sigifredo Espinosa Pérez sostiene “que existe un error de hecho en la

apreciación de la prueba cuando la equivocación en que incurrió el sentenciador fue de tal magnitud que, prima facie, se advierta una antinomia rotunda entre la verdad que éste cree ver en el proceso, y la realidad de los hechos. Es así como no se muestra contrario a la lógica y a la sana crítica del testimonio, independientemente de que, con ello, se haya absuelto a una persona, a la que se ha endilgado la comisión de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual, aun cuando es cierto que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, entre los que se encuentra la integridad física, debiéndoseles proteger contra el abuso sexual”, (Artículo 44), no es menos cierto que ello no puede ser patente de corso para desconocer los derechos de los demás integrantes de la sociedad colombiana, otorgándoseles, per se, plena credibilidad a sus dichos, pues la experiencia, igualmente enseña, que, en la actualidad, los menores tienen una gran capacidad imaginativa, a raíz de la gran cantidad de información que se les brinda a diario en los diferentes medios, –radio, televisión,

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prensa, internet, etc.–, sobre aspectos relacionados con la sexualidad, lo que los lleva a fantasear sobre el particular y, en ocasiones, a tergiversar algunos comportamientos de los adultos que se les acercan”. 3) Dr. Jorge Luis Quintero Milanés indica que “dentro del recurso extraordinario de casación, se presenta la causal de infracción indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso raciocinio, cuando la equivocación en que incurrió el juez es de tal grado que al rompe se observa que se ha distanciado, especialmente, de las reglas de la experiencia o de los principios de la lógica.

En el caso de estudio, consideró que el análisis probatorio realizado por el sentenciador de segunda instancia no aparece contrario a los postulados de la lógica y de la sana crítica testimonial. Por el contrario, la decisión tomada es fruto de un estudio ponderado de la prueba, especialmente del testimonio de la menor ofendida, llegando a la conclusión que tal deposición, no ofrece la credibilidad requerida para constituirse en fundamento de un fallo condenatorio”.

Por otro lado, la Corte Constitucional, frente al análisis de la Ley 1098 de 2006 no ha abordado el tema del abuso sexual en niños y niñas en forma directa. En la mayoría de sus decisiones se ha declarado inhibida para pronunciarse como ocurrió en la sentencia C-033 de 2008.

Por otro lado, la única referencia que se tiene sobre el tema a tratar es en el proceso C-738 de julio 23 de 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy C., donde se demandó el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que trata acerca de los mecanismos sustitutivos en casos de homicidio o lesiones personales bajo dolo y, también, en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o secuestro contra niños y niñas, toda vez que no procedía la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad (Ley 906 de 2004 Art. 328 numeral 8), no procedían las rebajas en las penas por preacuerdos y negociaciones entre imputado y Fiscalía (Ley 906 de 2004 Arts. 348 a 351) y no procedía ningún otro beneficio o subrogado administrativo. En estos articulados se violan derechos como el principio de oportunidad al procesado, el debido proceso del imputado y de la víctima, el goce efectivo de los derechos de los habitantes en Colombia, la reparación de perjuicios, la rebaja de la pena y el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad del condenado.

La Corte indica que “el legislador tiene autonomía para fijar los eventos en que el principio de oportunidad es procedente. Ello implica que también es autó-

nomo para establecer los casos en que dicho principio no tiene aplicación. La libertad de configuración, le permite establecer tanto las circunstancias en que procede como en las que no lo hace.

Señala la Corte Constitucional que los derechos de los niños y niñas tienen prelación sobre los derechos de los demás y que tanto el texto constitucional como los tratados internacionales suscritos por Colombia se encaminan a garantizar el mayor grado de protección posible. Este énfasis especial del sistema jurídico permite entender, como razonable, que el legislador no autorice que la acción penal se suspenda, se renuncie o se termine cuando el delito de que se trata afecta gravemente la integridad, la libertad y la formación sexual del menor.

La Corte evidencia que la protección de los derechos de los menores no sería efectiva si el Estado renunciara a sancionar las conductas que afectan, de manera grave, derechos de categoría prevalente.

La función disuasiva de la pena se encamina a que los abusos cometidos contra los niños y niñas dejen de cometerse, por lo que al renunciar a ella despojaría al Estado de una herramienta crucial en la lucha contra el abuso infantil. Se inaplicaría, por esta vía, la imposición de protección integral que la propia Ley 1098 ha previsto para los menores, cuando dispuso: “Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.”

En concordancia con lo anterior, los compromisos de protección al menor que Colombia adquirió en el escenario internacional tampoco podrían honrarse si el país renunciara a perseguir y sancionar los delitos que atentan gravemente contra la integridad personal, la libertad y la formación sexual del menor. El artículo 5º de la Ley 1098 de 2006, es enfático al resaltar que las normas de protección a los niños y niñas “son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”.

En cuanto a los derechos de petición enviados al Ministerio de la Protección Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF contestó que se han establecido políticas de protección y seguimiento a la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección,

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con miras a evitar un deterioro en sus condiciones emocionales y psicológicas, a través de capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de abordar el tema de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en temas de atención e intervención, a nivel nacional por medio de la estrategia “No más explotación sexual, comercial y abuso de niños, niñas y adolescentes iSon delitos!”. Se capacitaron 5.200 personas del sector turístico, educativo, padres de familia y servidores públicos, con el fin de aunar esfuerzos para la prevención y erradicación del abuso sexual en Colombia. Se han desarrollado diferentes campañas de prevención, dentro de las cuales se tiene: “No al abuso sexual”, “Respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, “Cómo prevenir la inducción de niños, niñas y adolescentes a la explotación comercial infantil, pornografía en internet, revistas, fotos y prostitución infantil, tomando como referencia el nuevo Código de Infancia y Adolescencia”, “Yo no soy un destino turístico”, entre otras. Además, se realizan procesos de capacitación con el objetivo de cualificar el seguimiento y atención a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, proceso de inducción y capacitación a profesionales y funcionarios sobre la atención en casos de violencia sexual, así como actualización técnica en características y detección del abuso sexual. También capacitación en entrevistas forenses para niños y niñas víctimas de abuso sexual.

Conclusiones 1. El tema es importante porque desde la Constitución Nacional, el Artículo 44 ha señalado la prevalencia de los derechos de los niños y niñas frente a los derechos de los demás; además, por las falencias que hay en el tratamiento de estos derechos cuando se presenta la práctica de abuso sexual contra niños y niñas. Es también relevante porque desde la prevención se logra tener resultados más efectivos y eficaces, busca eliminar los temores que desde los diferentes estamentos públicos se presentan para abordar este tema, a pesar de que la Ley de Infancia y Adolescencia no ha sido reglamentada para llevar a la práctica situaciones más concretas, evitando que sólo se quede en una norma general y abstracta.

2. Con esta investigación, cuando hablamos de prevención del abuso sexual en niños y niñas debemos comprender que no se trata sólo de una tarea limitada a las cuatro paredes de una escuela, de un hogar o a

cualquier sistema social que pretenda de una manera lacónica salir al paso con leyes que a la larga no están funcionando y que, por el contrario, estamos hablando de un hecho más cotidiano y permanente que lamentablemente no ha disminuido.

3. Por otro lado, la televisión y los medios de prensa son los sistemas por medio de los cuales se puede difundir mejor el problema o los conflictos que afectan a los niños y niñas cuando son abusados sexualmente.

El ejemplo debe partir de la prevención y un real compromiso ético con los valores por parte de todos los actores sociales, muy al margen de principios políticos e ideológicos que motivan su accionar.

4. Teniendo en cuenta las consideraciones del doctor Juan Carlos Amaya Castrillón2, catedrático de la Universidad de Antioquia, en el área de Derecho Penal, quien señala que el Derecho Penal no le ha dado solución a este delito, porque la penalización no es el mecanismo para solucionar estos problemas o, sí es un mecanismo, pero es el último que se debe utilizar, porque el trabajo se debe hacer, fundamentalmente, en áreas como la educación, la prevención, el establecimiento de unas relaciones mutuas más respetuosas, más reconocedoras del otro y del valor del otro; sin eso, se podrían triplicar las penas y aún así habría poca capacidad de impacto del derecho penal en este problema. El problema del abuso sexual se ha agravado, porque el sistema judicial no está preparado para enfrentar la recurrencia de este delito. Es decir, el sistema judicial tiene pocos recursos económicos, de personal, de infraestructura para hacer una investigación. Hay un manto de impunidad muy grande sobre ese tipo de problemas. Frente a las posibles acciones para la familia y los terceros que realizan este tipo de actos contra un menor la educación sexual es fundamental desde una perspectiva preventiva. Cuando se descubre que una persona tiene este tipo de conductas o de inclinaciones puede ser sometida a tratamiento que tenga el carácter preventivo, para que no realice ese tipo de prácticas, para que reconozca el valor del otro, el significado del otro. Ese tipo de acciones pueden ser más útiles, así sean más costosas, mas difíciles, más dispendiosas de llevar a la práctica, pero, dejar eso sólo en la tarea del derecho penal por la vía, incluso, del aumento de las penas, no parece que sea una estrategia útil y de hecho el sistema penal no ha tenido la efectividad que se espera. Por supuesto, también hay que fortalecer el sistema penal en el sentido de incrementar el número de funcionarios judiciales encargados de esa tarea de investigación, incrementar los recursos tec-

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nológicos, científicos, incluso de carácter social o ayudar a las víctimas, facilitar el resarcimiento de perjuicios. Todo ese tipo de cosas pueden ser más útiles que la misma sanción penal, cuando, muchas veces, la misma sanción penal no tiene capacidad para responder a la dinámica del problema. En este caso, expresado en el abuso sexual contra menores, se crea más una conciencia de que el sistema, en últimas, no ofrece ninguna pena, ninguna sanción, entonces, esa actividad se puede desarrollar con mucha facilidad. No hay una percepción del abuso sexual como una conducta mala.

5. Hay que resaltar en esta investigación las actividades que realizan instituciones como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la UNICEF, la Personería de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más los diferentes estamentos, desde las universidades públicas y privadas, que han tratado a través de sus diferentes programas de realizar acciones con el fin de prevenir la violencia y el maltrato infantil. Prueba de ello, fue la feria “Buen comienzo” realizada los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Palacio de Exposiciones, por la Secretaría de Bienestar Social – Unidad de Niñez, donde no sólo se le dio diversión - enseñanza a los niños y niñas-, sino que también se dictaron charlas alusivas a la prevención de la violencia y el maltrato infantil.

6. La pregunta con las conclusiones que nos debemos hacer sería: ¿qué le pasa a la sociedad, a los maltratadores? Instituciones como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la UNICEF, la Personería de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han abordado esta problemática desde una forma de solucionar o intervenir en falencias alimentarias, educativas y recreativas para los niños y niñas, entonces ¿por qué si los menores tienen resueltas estas necesidades, siguen siendo maltratados? ¿Hace falta más prevención por parte del Estado?

7. Otro tema podría ser el de pre-venir, no intervenir cuando ya ha sucedido, realizar charlas, encuestas, encuentros, programas donde con un grupo interdisciplinario se detecten conductas que puedan ser tratadas, pre-venidas a tiempo; como puede ser el caso de los violadores, claro está que sin entrar a violar derechos fundamentales como el de la dignidad y por un mal diagnóstico se estigmatice a quien ni siquiera sabe qué le está pasando.

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Bibliografía Legislación Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000.

Ley 1098 de 2006 Ley 1146 de 2007 Jurisprudencia Proceso N°. 23706, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Magistrada Ponente: Marina Pulido de Barón.

Enero 26 de 2006.

Proceso No. 32868, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: Sigifredo Espinoza Pérez. Marzo 10 de 2010.

Sentencia C-738, Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Julio 23 de 2010.

Artículos de revista “Polémica por castración química para violadores”. En: El Tiempo (14, Jun., 2010) p. 1-10 GIL ARRONES J., OSTOS SERNA R., LARGO BLANCO E., ACOSTA GORDILLO L., CABALLERO TRIGO Ma. Valoración médica de la sospecha de abuso sexual en personas menores de edad. A propósito del estudio de tres casos. En: Cuaderno Medellín. Forense. No 43 – 44 (Enero – Abril.

2006). Sevilla - España. [Sin página]

Libros GORPHE, François. Manual de Psicología Jurídica: La Apreciación Judicial de las Pruebas. 2 ed. Bogotá - Colombia: Editorial TEMIS S.A., 2004. 399 p.

Notas 1. “Polémica por castración química para violadores”. En: El Tiempo (14, Jun., 2010) p. 1-10 2. Entrevista realizada el día 10 de septiembre del año 2010 en la Universidad de Antioquia.

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¿Democracia? ¿Cuál democracia?

Por Francisco Cortés Rodas Profesor Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia E-mail: franciscocortes2007@gmail.com

Parecería que el concepto “democracia” manejado por los actores de siempre diera para todo. Pero no. Para comenzar, las cosas no cambian por el hecho de añadirle la palabra “prosperidad” a la seguridad democrática.

Legal pero fuera de la ley No hace falta argumentar mucho para mostrar que las tesis de la política democrática en Colombia han estado en serias dificultades en los últimos tiempos.

Esta impresión surge del análisis de las prácticas políticas que hemos experimentado, orientadas por la pretensión de garantizar seguridad. Ellas buscaron justificar una estructura de relaciones de poder en el Estado, con un predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes.

Esta pretensión se realizó a través de los mecanismos procedimentales previstos en la ley, pero también por caminos ilegales. En efecto: • Con la pretendida segunda reelección presiden-

...la política la hace el pueblo cuando se constituye como pueblo y expresa su voluntad soberana dictando una Constitución.

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cial se buscó desarrollar una reforma institucional que desarticulaba el sentido fundamental de Constitución; • Se manejaron prácticas corruptas para controlar y eliminar a la oposición, dentro de las cuales se utilizó a la policía secreta con fines políticos; • Se asesinó y desapareció a personas inocentes para mostrar ante la opinión pública triunfos inexistentes de las fuerzas militares; • Se distribuyeron los recursos del Estado, pocos o muchos, entre los más ricos; • Se pagaron los votos favorables al régimen con notarías, otros cargos y contratos oficiales; • Se entregaron las zonas francas como beneficio dinástico; • Se favoreció un proceso de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial en alianza con élites regionales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo; y, por último, • Se establecieron condiciones de negociación con el paramilitarismo sobre la base de la aceptación de un alto grado de impunidad, del sacrificio de la verdad y de la inexistente política de reparación a las víctimas.

Refundar el Estado El poder ejecutivo, aliado con sectores del Congreso cercanos a las políticas del ex presidente Uribe, intentó adelantar procesos de reforma de la Constitución, con el fin de proponer una nueva estructura del Estado y de consolidar un proyecto hegemónico de dominación, centrado en la idea de la seguridad.

Se argumentó que un tipo de política autoritaria, de mano fuerte y de orientación militarista estaba determinada por una necesidad histórica: la única forma de enfrentar el proyecto armado de la insurgencia era mediante la derrota militar. Los partidarios de esa solución pensaban que debido a la profunda crisis política, social y económica en la que se debate el país desde hace varias décadas, la democracia, con sus incertidumbres, era más un obstáculo que un medio útil para salir del abismo.

Democracia de cartón En este contexto el modelo de Estado se orientó hacia el despotismo y el autoritarismo, y muchos llegaron a creer que esa alternativa política era la correcta para superar los problemas del país. Por ese camino se avanzó hacia un tipo de concepción autoritaria de la política, según la cual, para ganar la guerra, el Estado

Desde un punto de vista institucional, los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en la transformación de la estructura del Estado, tal y como había sido establecida en la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. o quienes pretendan actuar a su nombre pueden disponer de la vida de las personas desconociendo los derechos individuales y las garantías democráticas.

Contra la oposición política, los magistrados de las cortes, la prensa independiente, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores campesinos, indígenas, académicos y sindicales, pero particularmente contra la articulación institucional de los tres poderes establecida en la Constitución de 1991, se adelantó y consolidó en forma dramática ese tipo de solución.

Por todo esto se puede afirmar que en Colombia, la política democrática está en crisis. Hay un profundo déficit democrático. La política de la seguridad desarrollada por el régimen de Uribe es en gran parte responsable del mismo. Y aunque a partir del nuevo gobierno vaya acompañada de la idea de la prosperidad democrática, sus efectos desestabilizadores sobre la estructura política del Estado se seguirán reproduciendo.

El reto de la democracia frente al paramilitarismo Desde un punto de vista institucional, los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en la transformación de la estructura del Estado, tal y como había sido establecida en la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. ¿Quién o quiénes fueron los actores políticos responsables de esta radical transformación del Estado? ¿Fue la parapolítica, es decir, la mafia y el paramilitarismo, el promotor de un proceso de transformación del Estado, quien con un proyecto político y legislativo propio buscó poner los poderes del Estado en función

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de sus intereses? ¿Se trató de un proceso de captura del Estado y sus instituciones políticas realizado por el paramilitarismo? ¿Se trató de un proceso de reconfiguración cooptada del Estado? ¿Se trató de la consecuencia lógica de un proceso histórico de dominación política de una clase que busca expandir y garantizar de manera permanente las condiciones de su dominación? o ¿fue el Ejecutivo, no los parapolíticos, quien tiene un proyecto político, ideológico y legislativo propio para llevar adelante este cambio radical del Estado?

La interpretación oficial sobre el paramilitarismo afirma que éste es un fenómeno externo al Estado que ha infiltrado las instituciones y el mundo de la política. Se argumenta que los paramilitares, convertidos en señores de la guerra, a partir de la economía de la guerra y de la usurpación de funciones estatales en el ámbito local, lograron una infiltración mafiosa de la estructura del poder político.[1] El paramilitarismo es concebido como el actor que impulsó un proceso de transformación del Estado, mediante una calculada estrategia de terror, penetración de las instituciones políticas y mediante un proyecto político e ideológico propio. Defensores de esta postura afirman que el paramilitarismo “es una reacción de los traficantes de droga a las exacciones y al secuestro de las fuerzas insurgentes, a la cual se habrían sumado sectores de las fuerzas militares y sectores económicos legales y regionales (terratenientes ganaderos, comerciantes, etc.) con fines de autodefensa.”[2] Otros afirman que el paramilitarismo “es una reacción de elites rurales, en alianza con narcotraficantes y fuerzas militares, a la agresión insurgente ante el desamparo estatal, a las negociaciones de paz y a las reformas políticas democratizantes”.[3] El paramilitarismo es visto, en esta interpretación, como resultado de una reacción de la sociedad a las amenazas a la seguridad de la vida y el patrimonio, ante la carencia de la autoridad estatal en muchas regiones del país. De este modo, se concibe, de un lado, que el Estado ha sido penetrado por el paramilitarismo y que ha sido víctima de la acción de las mafias de narcotraficantes y paramilitares; de otro lado, se niega o minimiza la responsabilidad estatal en la conducción de la guerra contrainsurgente.

Resultados de investigaciones recientes han demostrado que esta interpretación es absolutamente falsa.

El paramilitarismo no es un fenómeno externo al Estado, afirma Liliana Franco. El paramilitarismo no ha penetrado al Estado, ni las transformaciones estructurales del Estado son consecuencia de una infiltración mafiosa de la estructura del poder político, se asevera

Todo indica”, escribe López, “que el que tiene un proyecto políticoideológico-legislativo propio es el Ejecutivo, no los parapolíticos, y es aquel el que está en capacidad de sacarlo adelante, usando instrumentalmente a los investigados por parapolítica como parte de sus mayorías políticas y legislativas.” en el libro coordinado por Claudia López, Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. El paramilitarismo ha sido un factor fundamental en los procesos de cambio institucional de la estructura del Estado colombiano, pero el paramilitarismo no es el actor determinante de estos procesos de transformación, quien con un proyecto político propio haya buscado poner los poderes del Estado en función de sus intereses. Las evidencias encontradas en estas investigaciones indican que es al contrario. El actor determinante de este proceso de reconfiguración del Estado es el Ejecutivo.

“La función del aparato estatal, escribe Franco, en la organización del bloque contrainsurgente se despliega a través de la rama ejecutiva porque este es el aparato que concentra el poder de la fracción hegemónica y reviste el papel dominante en el Estado”.[4] Todo indica”, escribe López, “que el que tiene un proyecto político-ideológico-legislativo propio es el Ejecutivo, no los parapolíticos, y es aquel el que está en capacidad de sacarlo adelante, usando instrumentalmente a los investigados por parapolítica como parte de sus mayorías políticas y legislativas.”[5] Esta conclusión de Franco y del equipo de investigación coordinado por López es muy impresionante y determina un cambio profundo en la percepción que podemos tener tanto del paramilitarismo como de los actores políticos responsables de las actividades de gobierno y legislación en los últimos períodos presidenciales.

A partir de los conceptos de “captura del Estado” y “reconfiguración cooptada del Estado”, propuestos por Luis Jorge Garay, se trata de mostrar en el libro coordinado por Claudia López, qué papel jugó el Ejecutivo en este proceso de reconfiguración del Estado. “Reconfi-

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guración por introducir cambios sistémicos en la estructura del Estado colombiano, prevista en la Constitución de 1991, y “cooptada” por el nivel de participación e influencia de actores e intereses ilegales e híbridos en su trámite legislativo.”[6] El concepto de reconfiguración cooptada del Estado, presupone la interacción entre organizaciones legales e ilegales que buscan mediante prácticas ilegítimas realizar reformas institucionales para transformar la estructura estatal en función de sus beneficios particulares; estos actores persiguen beneficios no sólo económicos sino principalmente penales o judiciales, políticos y de legitimación social; ellos se valen de métodos de coerción o alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno y se da en diferentes ramas del poder público. “De esta manera, se ha definido la “reconfiguración cooptada del Estado” como la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social.”[7] Así, una conclusión central presentada en este libro, dice que el Ejecutivo es el agente de un proceso de “reconfiguración cooptada del Estado” en tanto que ha promovido un cambio sistémico del Estado para impulsar un proyecto político propio, en asocio con actores e intereses ilegales e híbridos en su trámite legislativo, en función de profundizar los procesos de concentración de la riqueza y de la propiedad territorial, vinculados a los intereses de algunas elites tradicionales locales y regionales y del narco paramilitarismo.

Liliana Franco defiende una posición más radical.

El paramilitarismo no es un fenómeno externo al Estado que ha infiltrado las instituciones y el mundo de la política. Por el contrario, el paramilitarismo, en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, es un elemento substancial del Estado. Es decir, la violencia mercenaria contrainsurgente, que se ha dado desde los años ochenta hasta el presente, es la forma de violencia que ha adoptado el Estado para enfrentar a las guerrillas, pero es sólo una nueva forma de violencia, que reproduce de otra manera la violencia estatal, que ha sido utilizada siempre a lo largo de la historia por el Estado colombiano y ha sido la que le ha permitido someter, eliminar, controlar, disciplinar y desorganizar a quienes pretenden oponerse al

orden de dominación. “El mercenarismo corporativo contrainsurgente es una forma de reorganización de la fuerza que responde a un vínculo orgánico con el poder político así como a una dimensión privada, es decir, expresa una alianza de intereses económica y políticamente dominantes con una misión de seguridad y estabilización del orden en un contexto específico de guerra irregular. El objeto de esta forma de organización, y el núcleo de la misión de orden en el marco de una relación antagónica, es la violencia. A partir de un motivo político definido por el Estado, en correspondencia con los intereses de la sociedad útil a los que sirve, ésta es violencia ejercida en nombre de la seguridad, la libertad (de locomoción), la propiedad y la paz; ejercida en defensa del Estado y los “ciudadanos de bien”; conducida para prevenir y castigar, para disciplinar y desorganizar, para estabilizar y regular; practicada contra los rebeldes en armas o sin ellas, pero sobre todo contra colaboradores y simpatizantes actuales o potenciales [...] En síntesis, esta violencia, es el fundamento material de un nuevo consentimiento con la estructura de poder.”[8] Así, si se concibe al paramilitarismo en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, puede, entonces, decirse que el desarrollo del paramilitarismo es intrínseco a la reestructuración de las relaciones sociales y del poder de las elites en las regiones que vie-

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El concepto de reconfiguración cooptada del Estado, presupone la interacción entre organizaciones legales e ilegales que buscan mediante prácticas ilegítimas realizar reformas institucionales para transformar la estructura estatal en función de sus beneficios particulares; estos actores persiguen beneficios no sólo económicos sino principalmente penales o judiciales, políticos y de legitimación social; ellos se valen de métodos de coerción o alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno y se da en diferentes ramas del poder público.

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ne afianzándose en Colombia desde los años 80. Esta reestructuración del bloque de poder se ha dado en forma paralela con un proceso de concentración de la propiedad territorial y de participación de importantes grupos de las elites regionales en el narcotráfico.

De los resultados de estas investigaciones podemos plantear lo siguiente: los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en los cambios estructurales del Estado, contrarios al sentido de la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. Estos dos procesos fueron promovidos, apoyados, coordinados y administrados por el Ejecutivo, que gobernó desde 2002 hasta 2010. Estos dos procesos son funcionales entre sí. Esto quiere decir que el Ejecutivo es el agente de un proceso de transformación del Estado en tanto que ha promovido tanto una reestructuración de las relaciones de poder entre sus tres ramas para así asegurar su potestad absoluta, como una reestructuración de las relaciones sociales y del poder de las elites. Y esto lo ha hecho en función de impulsar un proyecto político -ultraconservador y de derecha- de concentración de la riqueza y de la pro-

...el paramilitarismo, en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, es un elemento substancial del Estado. Es decir, la violencia mercenaria contrainsurgente, que se ha dado desde los años ochenta hasta el presente, es la forma de violencia que ha adoptado el Estado para enfrentar a las guerrillas, pero es sólo una nueva forma de violencia, que reproduce de otra manera la violencia estatal, que ha sido utilizada siempre a lo largo de la historia por el Estado colombiano y ha sido la que le ha permitido someter, eliminar, controlar, disciplinar y desorganizar a quienes pretenden oponerse al orden de dominación.

piedad territorial, vinculado tanto a los intereses de algunas elites tradicionales locales y regionales, como a los intereses de la mafia y al paramilitarismo. Podemos denominar a este proceso como “transformación patológica del Estado”. “Transformación patológica” porque introduce cambios radicales en la estructura del Estado colombiano, contrarios a la Constitución de 1991 y porque realiza estos cambios con el apoyo de los parapolíticos que formaban parte de la coalición del gobierno, en función de promover intereses de actores ilegales.

El delegado sólo es un delegado Así las cosas, es válida una pregunta: ¿se pueden superar en Colombia las dificultades que obstaculizan hoy el ejercicio de la política democrática? Responderla es el propósito de este artículo. ¿Con qué argumento puede defenderse la democracia del peligro que representa la seguridad democrática?

Siguiendo a Locke[9], Rousseau[10], Sieyes[11], Montesquieu[12] y Kant[13]/[14], el argumento es definitivo: la política la hace el pueblo cuando se constituye como pueblo y expresa su voluntad soberana dictando una Constitución.

En términos de Sieyes, el pueblo tiene el poder constituyente, es decir, el poder de determinar la forma de gobierno que quiere darse. “El pueblo es el único que puede decidir cuál sea la forma de la república”[15], es el único que puede darse una Constitución y el único que puede cambiarla. “La nación existe antes de todo, es el origen de todo. Su voluntad es siempre legal. Ella es la propia ley. [...] La voluntad nacional sólo necesita de su realidad para ser siempre legal, es el origen de toda legalidad.”[16] Ahora bien, si la Constitución es la que crea el orden, y de ella nacen los poderes, no puede ser obra de esos mismos poderes. Es más, no cabe dentro de las atribuciones de esos últimos la posibilidad de modificarla, ni de alterar su equilibrio. “Ningún tipo de poder delegado puede cambiar lo más mínimo las condiciones de su delegación.”[17] .

Al poder lo conforman las diferentes ramas del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones definidas por la autoridad soberana.

El intento del ejecutivo en alianza con sectores del Partido de la U y del Partido Conservador, mayoritarios en el legislativo, de realizar reformas institucionales con las que se pretendió desarticular el sentido fundamental de los principios plasmados en la Carta de 1991, fue contrario a este principio básico del constitucionalismo liberal.

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Se puede y no se puede Repito: no pertenece a las atribuciones del poder ejecutivo la posibilidad de modificar la Constitución.

Su función es ejecutar las leyes que hace el legislativo.

Nada más. “El gobierno sólo ejerce un poder real porque es constitucional; sólo es legal porque es fiel a las leyes que le han sido impuestas.”[18] Pero el ejecutivo pretendió tener más poder que los otros poderes y, así actuó contra el dictum de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder.”[19] Aquí no se trató de que el poder frenara al poder, sino del abuso del poder.

El poder ejecutivo subyugó al legislativo a través del control aplastante, que el partido de gobierno -el Partido de la U-, ejerció en las dos cámaras.

Además, algunas de las altas magistraturas del control público quedaron bajo el dominio del ejecutivo (la Fiscalía y la Procuraduría fueron los ejemplos más notables). Se intentó también transformar la composición de las altas cortes en beneficio de los intereses particulares del gobernante y de su grupo. Al poder judicial lo sometió a la persecución, el espionaje y el chantaje. Y lo mismo hizo con la oposición y con la prensa crítica.

Al producirse una gran concentración del poder en el ejecutivo y la coalición de gobierno se limitaron las posibilidades de controlar sus acciones. Esto alteró el sistema de pesos y contrapesos establecidos en el texto constitucional y en la intención de los constituyentes de mantener un equilibrio entre los tres poderes. Esta concentración del poder puede ser descrita como un proceso de sometimiento al poder ejecutivo de las instituciones que hacen parte del sistema de pesos y contrapesos, que la Constitución de 1991 estableció mediante la articulación de los tres poderes y la definición de sus funciones.

Un simple delegatario Dije antes que en primera instancia la política la hace el pueblo cuando expresa su voluntad soberana y crea una constitución.

Pues bien. En segunda instancia la hacen los tres poderes que representan la voluntad soberana del pueblo. La del legislativo se concreta en hacer la ley, la del ejecutivo en seguir la ley (o en aplicar las leyes a acciones o personas particulares), y la del judicial en sentenciar lo que es de derecho en cada caso. “Es más, en la medida en que la política es la vida del Estado y el derecho es la vértebra del Estado, política, en tanto actividad que afecta la sustancia misma del Estado, la

...algunas de las altas magistraturas del control público quedaron bajo el dominio del ejecutivo (la Fiscalía y la Procuraduría fueron los ejemplos más notables). Se intentó también transformar la composición de las altas cortes en beneficio de los intereses particulares del gobernante y de su grupo. Al poder judicial lo sometió a la persecución, el espionaje y el chantaje. Y lo mismo hizo con la oposición y con la prensa crítica. hacen sobre todo el legislativo y el judicial, poderes relacionados con la ley en sentido estricto.”[20] En el sentido del republicanismo, representado por Rousseau y Kant, la política del ejecutivo es de un nivel inferior. Es más una técnica, diferente del tipo de conocimiento que le corresponde al derecho. El poder ejecutivo no es propiamente representante, es simplemente delegatario. La función del gobierno es derivativa, no es más que un encargo: hacer cumplir las leyes que propone el poder legislativo o que falla de forma irrevocable el poder judicial.

Patología de la política De esto se sigue que si el ejecutivo intenta asumir la función de los otros poderes o no cumple con su propia función, da origen al despotismo o la anarquía.

“Si el magistrado quiere dar leyes”, escribe Rousseau, “el desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad no actúan ya de consuno, y el Estado, disuelto, cae en el despotismo o en la anarquía.”[21]. En el despotismo, cuando el ejecutivo asume para sí la función del legislativo; en la anarquía, cuando los súbditos no obedecen las leyes o los decretos del ejecutivo.

Si el ejecutivo pretende ser el único poder que hace política, estamos ante una patología estructural del Estado y de la política. ¿Qué son los acuerdos del gobierno de Colombia con el de Estados Unidos para permitir el uso de bases militares sin la aprobación legal del Congreso? ¿Qué significado tienen los acuerdos de negociación con la cúpula del paramilitarismo que se reflejaron en el proyecto de ley de Justicia y Paz? ¿Qué significado tienen los intentos ilegales, avalados desde la Casa de Nariño, de detener los procesos de inves-

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tigación y de judicialización de parlamentarios vinculados a la parapolítica, mediante prácticas de terror e intimidación como el espionaje y las chuzadas?

En estos casos se trata de un proceso político y legislativo de transformación del Estado promovido por el ejecutivo para impulsar un proyecto político propio, centrado en la seguridad y el apoyo a los planes de concentración de la riqueza y la propiedad territorial.

Para esto el ejecutivo ha buscado asumir para sí la función de los otros poderes y ha pretendido ser el único que hace política. “Todo estaría perdido”, escribe Montesquieu, “si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.”[22]

Patología del Estado El equilibrio de los poderes, esencial en la democracia, se rompe cuando la voluntad del gobernante quiere sacar de sí mismo algún acto absoluto o independiente, o cuando pretende tener una voluntad particular más activa que la voluntad general del soberano legislador, y para ello hace uso de la fuerza pública que está en sus manos. ¿Qué significa que la fuerza pública, bajo el control del ejecutivo, haya participado en los asesinatos y desapariciones de más de dos mil personas para hacerlos figurar como caídos en combate? ¿Qué significa que algunos miembros de la fuerza pública, bajo el control del ejecutivo, se hayan aliado con el paramilitarismo y el narcotráfico para impulsar el más poderoso proyecto de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial que se haya dado en los últimos tiempos en Colombia con el pretexto de enfrentar a la insurgencia? ¿Qué significa que el Partido de la U y el Partido Conservador, por orden del ejecutivo, hayan votado en forma mayoritaria contra la ley de víctimas y no se hayan ocupado de los procesos legislativos y judiciales para restituir a los campesinos las tierras robadas por los paramilitares? ¿Qué significa que el Ejecutivo y la coalición de gobierno -compuesta en gran parte por los congresistas vinculados a la parapolítica- hayan impulsado la Ley de Biocombustibles y la Ley Forestal, diseñadas en función de legalizar el despojo?

Todo esto quiere decir que el ejecutivo es el agente de un proceso de “transformación patológica del Estado”.

Los responsables

De esto se sigue que si el ejecutivo intenta asumir la función de los otros poderes o no cumple con su propia función, da origen al despotismo o la anarquía. “Si el magistrado quiere dar leyes”, escribe Rousseau, “el desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad no actúan ya de consuno, y el Estado, disuelto, cae en el despotismo o en la anarquía.”

• En primer lugar, el poder ejecutivo del gobierno anterior por haber actuado con los parapolíticos en la coalición que ha gobernado al país desde el 2002 hasta la fecha y por haber instrumentalizado cambios sistémicos en la estructura del Estado colombiano, contrarios a la Constitución del 91.

• En segundo lugar, en las mayorías del Congreso, agrupadas en la coalición del partido de gobierno. Ellas permitieron que el poder legislativo se uniera al ejecutivo en una sola persona, y admitieron que el gobernante promulgara leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Ellas promovieron una legislación en función de los intereses de los grupos ilegales del narco paramilitarismo para favorecer su impunidad, reducir su exposición penal y buscar su legitimidad política; permitieron que el poder legislativo se uniera al poder ejecutivo en la misma persona, admitiendo que el gobernante promulgara leyes contrarias al sentido y alcance de los textos constitucionales y a la intención de los constituyentes de crear un Estado social de derecho. Así, los representantes, elegidos para hacer la ley traicionaron la función política del legislativo.

• En tercer lugar, en gremios, estamentos, empresas privadas, grupos de presión, organizaciones locales y medios de comunicación, que aceptaron y avalaron una política en la que se podía disponer abiertamente de la vida de las personas, desconociendo los derechos individuales y las garantías democráticas.

• Y, finalmente, en las mayorías silenciosas formadas por ciudadanos corrientes, que por complacencia y fascinación con el autoritarismo aceptaron como normal e incluso como deseable una situación de dominio despótico, arbitrario y criminal.

¿Quiénes son los actores políticos responsables de haber impulsado este proceso de transformación patológica del Estado?

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El despotismo continúa Por eso digo que estamos, no que estuvimos, ante una

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patología estructural del Estado. En efecto, los actores políticos responsables de impulsar ese proceso siguen ocupando las más altas magistraturas. El ministro de Defensa del gobierno anterior es hoy el Presidente de la República. Los partidos de la U y Conservador continúan siendo mayoritarios en el Congreso. Los gremios, empresas privadas, grupos de presión y medios de comunicación siguen aprovechándose de la política del Estado. Y las mayorías silenciosas no han alzado una voz crítica ante el predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes, es decir, ante el hecho político del despotismo.

Pienso, entonces, que para sanar al Estado de esta patología no basta con añadirle “prosperidad democrática” a la “seguridad democrática”. Los cambios que se necesitan son de fondo. Deben ir más allá de las personas y tienen que ver con las instituciones, con la creación de prácticas y hábitos democráticos y con la recuperación de la libertad democrática.

No hay que olvidar que el proceso de doblegar el Estado sometiéndolo a la voluntad del gobernante absoluto estuvo acompañado de la violencia paramilitar, con sus secuelas de terror, desolación y desplazamiento, de concentración de la riqueza (con el consiguiente aumento de pobreza y miseria de la mayoría de la población), y del crecimiento inusitado del desempleo, del despojo de tierras a los campesinos y del aumento de violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales.

Constitución y en la conformación y estricto control de los tres poderes que representan al soberano.

En consecuencia, el propósito de la política democrática es definir cómo cada uno de los poderes que representan al soberano participan del fin básico de la política, que en sentido kantiano tiene que ver con la posibilidad de que los hombres alcancen su felicidad en este mundo.

Notas [1] Duncan, Gustavo: De paramilitares, mafiosos y autodefensas, Bogotá, Planeta, 2006.

[2] Franco, Vilma Liliana: Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2009, 355.

[3] Franco, Vilma Liliana: Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2009, 355.

[4] Franco, Vilma Liliana: Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2009, 231.

[5] López, Claudia (Ed.): Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Debate, Bogotá, 2010, 72.

[6] López, Claudia (Ed.), Op.cit., 69.

[7] Garay, J., Salcedo, E., De León, I.: “Redes de poder en Casanare y la costa Atlántica”, en: López, Claudia (Ed.), Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Debate, Bogotá, 2010, 220.

[8] Franco, Liliana, Op. Cit., 496.

¿Cuestión de forma?

Así que la recuperación de la libertad democrática no se hace simplemente cambiando el tono o la fachada. Se requieren cambios estructurales en la distribución del poder político y económico.

En relación con estos cambios en la esfera política: El ejecutivo debe volver a su función fundamental, subordinada frente a las de los otros dos poderes: ejecutar las resoluciones públicas del legislativo o las que sentencia en forma irrevocable el judicial; El legislativo, que viene de un largo proceso de traición a su función política fundamental, debe recuperar su potestad, haciendo que sus leyes conviertan en realidad, del mejor modo, los derechos de cada uno.

[9] Locke, John: Dos ensayos sobre el gobierno civil. Espasa Calpe, Madrid, 1991.

[10] Rousseau, Jean Jacques: El contrato social, Aguilar, 1978, Madrid [11] Sieyes Emmanuel: ¿Qué es el Tercer Estado?, Alianza editorial, Madrid, 1989.

[12] Montesquieu: Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1972.

[13] Kant, I.: Metafísica de las costumbres, Tecnos, 1989, Madrid.

[14] Kant, I.: Teoría y práctica, Tecnos, Madrid, 1986.

[15] Locke, John, Op.cit., & 141.

[16] Sieyes Emmanuel, Op.cit., 143.

[17] Sieyes Emmanuel, Op.cit., 144.

[18] Sieyes Emmanuel, Op.cit., 145.

La felicidad como propósito Ante la desestabilización de la estructura política del Estado producida por la seguridad democrática, la política democrática debe defender el ejercicio estricto, fiel, responsable y no enajenable de la expresión de la voluntad soberana del pueblo, que se produce en la —26—

[19] Montesquieu, Op.cit., 150.

[20] Villacañas José Luis: Res publica. Los fundamentos normativos de la política, Akal, Madrid, 1999, 206.

[21] Rousseau, Op.cit., 61.

[22] Montesquieu, Op.cit., 152

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La salud debe dejar de ser un campo privilegiado para el mercado y la acumulación económica Uno de los conceptos más significativos alrededor del cual se han formado consensos entre quienes reclaman esta reforma estructural, es que la salud debe dejar de ser considerada como un campo privilegiado para el mercado y la acumulación económica y ser asumida como un Derecho Humano Fundamental, inherente a la dignidad de las personas.

Los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia Álvaro Cardona (Decano), Luís Eliseo Velásquez (Vicedecano), Emmanuel Nieto (Asistente), Luz Mery Mejía (Asistente) y Eduardo Guerrero Espinel (Consultor), presentaron una propuesta de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el marco del debate que actualmente cursa en el Congreso de la República.

La crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano es estructural y cada día que transcurre serán más evidentes los obstáculos para superarla, en tanto se acepte que son suficientes los ajustes marginales y “cosméticos” del ordenamiento legal que soporta este sistema.

Esta profunda crisis ha sido ampliamente documentada en múltiples investigaciones académicas, que han mostrado retrocesos en salud pública y la persistencia de barreras de acceso que vulneran el derecho humano fundamental a la salud. Frente a esta crisis, ha emergido en el país una fuerte corriente de opinión que de-

Revista DEBATES ofrece a los lectores aspectos centrales de esta iniciativa, la cual está publicada en su totalidad en http://almamater.udea.edu.co/debates

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Propuesta de Sistema de Salud para Colombia

manda que el actual sistema de salud sea reformado estructuralmente.

Uno de los conceptos más significativos alrededor del cual se han formado consensos entre quienes reclaman esta reforma estructural, es que la salud debe dejar de ser considerada como un campo privilegiado para el mercado y la acumulación económica y ser asumida como un Derecho Humano Fundamental, inherente a la dignidad de las personas.

Con el ánimo de participar en el debate social que debe preceder el reordenamiento a fondo de nuestro sistema de salud, los firmantes ponemos en consideración pública la propuesta de reforma que aquí presentamos. Ella está delineada en los aspectos más generales y esenciales que permitan al Estado colombiano garantizar eficazmente a todos los residentes en el país el derecho fundamental a la salud, al tiempo que consulta la realidad económica, social, política, administrativa y técnico-científica de nuestra sociedad.

La puesta en circulación de esta propuesta busca que sus contenidos, bien en forma general o parcial, sean considerados en el actual debate y que diferentes actores acojan lo que consideren pertinente para afianzar el proceso de concertación social necesario para estructurar un nuevo sistema de salud. Por nuestra parte, estaremos en permanente disposición de valorar las sugerencias que se hagan sobre esta propuesta inicial, para integrarlas a versiones renovadas de la misma en tanto mantengan consistencia con sus formulaciones centrales.

Aun cuando la forma en que se presenta la propuesta tiene la estructura tradicional de un Proyecto de Ley, de ninguna manera es nuestra intención gestionar trámites para que llegue a hacer curso en el Congreso de la República a nuestro nombre. El objetivo que nos anima es que desde nuestra actividad académica podamos construir una propuesta suficientemente sólida que nutra la discusión intelectual al respecto.

Que ella pueda llegar a articular, en el corto o en el mediano plazo, un Proyecto de Ley con-

La puesta en circulación de esta propuesta busca que sus contenidos, bien en forma general o parcial, sean considerados en el actual debate y que diferentes actores acojan lo que consideren pertinente para afianzar el proceso de concertación social necesario para estructurar un nuevo sistema de salud.

sensuado para la reforma que requiere nuestro sistema de salud, será consecuencia exclusivamente de que los legisladores del país y otros actores relevantes lleguen a considerarlo así.

Por lo demás, el contenido de este documento compromete únicamente a sus proponentes.

Objeto Reformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud a fin de garantizar a toda la población del territorio colombiano el goce efectivo del derecho humano fundamental a la salud, a través del fortalecimiento de la salud pública, el cuidado integral de la salud, el aseguramiento público universal, de acuerdo con el fundamento jurídico político del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de 1991. Así mismo, establecer los mecanismos administrativos y financieros mediante los cuales el Estado colombiano materialice de manera eficaz las finalidades del Estado consagradas en el artículo 366 y los demás preceptos constitucionales que propenden por la vida digna y el bienestar de todos los ciudadanos.

Fundamentos conceptuales El Sistema General de Seguridad Social en Salud articulará y estructurará sus instrumen-

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tos administrativos de tal manera que su desarrollo y consolidación atienda a los siguientes fundamentos conceptuales: —LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LA VIDA ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Para todos los efectos legales y reglamentarios, y de acuerdo con la Constitución Política, la pro-

tección de la salud y de la vida es un derecho humano fundamental, inherente a la dignidad de las personas, independiente de su condición económica, de sus creencias religiosas, de sus convicciones políticas, de sus características étnicas, de género o de cualquiera otras circunstancia derivada de su inserción en la sociedad.

El derecho humano fundamental a la salud estará protegido y garantizado por todos los principios y las garantías que a nivel internacional cobijan tal derecho y que hacen parte de la constitucionalidad o que lleguen a ser parte de estos. El Estado colombiano promoverá los pactos y convenios internacionales que permitan la reducción de riesgos derivados de procesos de carácter mundial y promoverá las oportunidades y condiciones para favorecer la salud pública y la protección y cuidado de la salud y de la vida de todas las personas en el territorio nacional.

—LA GOBERNABILIDAD AFIRMATIVA ES UNA RESPONSABILIDAD INDECLINABLE DEL ESTADO PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y LA VIDA

La gobernabilidad afirmativa del Estado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud consiste en la acción sistemática, continuada e indelegable que el Estado debe ejercer a través de los instrumentos establecidos por la Constitución Política, a fin de garantizar en nombre de toda la sociedad la rectoría del Sistema y de esa manera dar cumplimiento eficaz al postulado de que la protección de la salud y la vida es un derecho humano fundamental.

La gobernabilidad afirmativa del Estado se materializa en la asunción directa de las responsabilidades de definir y desarrollar políticas públicas en salud, dirigir los procesos administrativos y técnicos necesarios para implementar adecuadamente las políticas públicas definidas,

El derecho humano fundamental a la salud estará protegido y garantizado por todos los principios y las garantías que a nivel internacional cobijan tal derecho y que hacen parte de la constitucionalidad o que lleguen a ser parte de estos.

ejercer la regulación de la actuación de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asesorar y vigilar el desarrollo de las políticas públicas en salud en todos los niveles territoriales e imponer las sanciones que sean necesarias a quienes infrinjan las disposiciones legales establecidas.

—LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD Y LA VIDA NO SE REDUCEN A LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES

La protección y cuidado de la salud y la vida contempla un amplio rango de decisiones de políticas públicas y de actividades, que incluye: • La intervención sobre los Determinantes Sociales, Económicos y Medioambientales de la salud y del bienestar • Las políticas públicas y las actividades de promoción de la salud • Las políticas públicas y las actividades de prevención y detección temprana de las enfermedades • Las políticas públicas y las actividades de tratamiento oportuno de las enfermedades • Las políticas públicas y las actividades de rehabilitación de las secuelas de las enfermedades y para la mejor adecuación a la vida social de quienes las padecen.

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Propuesta de Sistema de Salud para Colombia

Lo anterior significa que la adecuada protección y cuidado de la salud y de la vida no puede circunscribirse exclusivamente al ofrecimiento de actividades asistenciales para intervenir sobre las enfermedades ya causadas, sino que es preciso fortalecer el conjunto de políticas y actividades indicadas atrás, que propenden por prevenir y/o retrasar la aparición de enfermedades y buscar la mayor cantidad de años de vida saludables en las personas.

odas las personas recibirán el beneficio de las políticas y actividades orientadas a garantizar el derecho humano fundamental a la salud de acuerdo con las necesidades especificas de cada persona y sin que en ello interfiera ninguna circunstancia de diferenciación en razón de su condición económica, género, etnia, creencia religiosa o de otro tipo.

—EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SE DESARROLLARÁ DE ACUERDO CON LAS POSTULADOS CIENTÍFICOS DE LA SALUD PÚBLICA Y OTRAS DISCIPLINAS CIENTIFICAS

El Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá acogerse a los conocimientos acumulados como resultados de los procesos de investigación que en el mundo y en el país se realizan en los campos disciplinares de la salud pública y de otras disciplinas científicas de la salud y de las ciencias sociales y humanas que concurren con sus conocimientos a la protección y cuidado de la salud y la vida de las personas. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional promover el desarrollo científico de esas disciplinas e incorporar juiciosamente sus aportes de conocimiento para el propósito de garantizar el derecho humano fundamental a la salud.

Principios rectores Son principios rectores del Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar el derecho humano fundamental a la protección de la salud y la vida los siguientes: • Equidad. Todas las personas recibirán el beneficio de las políticas y actividades orientadas a garantizar el derecho humano fundamental a la salud de acuerdo con las necesidades especificas de cada persona y sin que en ello interfiera ninguna circunstancia de diferenciación en razón de su condición económica, género, etnia, creencia religiosa o de otro tipo.

• Universalidad. Todas las personas residentes en Colombia estarán cobijadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuer-

do con las características que para el sistema se definen en artículos posteriores.

• Continuidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud garantiza a todos los habitantes del territorio nacional la continuidad del conjunto de prestaciones de salud pública y de protección a la salud y en ningún caso se podrán determinar acciones ni medidas regresivas que vulneren el derecho humano fundamental a la salud y la vida.

• Integralidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud dispondrá los mecanismos administrativos, financieros, científicos y técnicos requeridos para intervenir directa e indirectamente sobre las condiciones que ponen en riesgo y/o afectan la salud y calidad de vida de las personas, en los ámbitos social, comunitario, familiar y personal.

• Solidaridad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa en el concepto de que todos los miembros de la sociedad económicamente activos aportan parte de su esfuerzo productivo para garantizar la protección de la salud y la vida de quienes por razón de su edad o de sus condiciones de salud no se desempeñan productivamente. Del mismo modo que las personas con mayor capacidad económica aportan parte de sus recursos para financiar la

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protección de la salud y la vida de quienes disponen de menor capacidad económica.

• Intersectorialidad. La protección de la salud y la vida de todas las personas, familias y comunidades requiere del esfuerzo coordinado de los diversos sectores de la actividad social (educativo, financiero, laboral, agrícola, industrial, comercial, político, comunitario, etc) para que las actividades propias de cada sector se orienten sinérgicamente a intervenir positivamente sobre los determinantes de la salud y a evitar que las acciones propias de cada sector pongan en riesgo la salud y la vida de las personas. · Pertinencia. Todas las políticas, estrategias, acciones, servicios e intervenciones que se emprendan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud deben ser funcionales y correspondientes al propósito de proteger la salud y la vida de las personas, de acuerdo con los mejores niveles de eficiencia posibles en el uso de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. · Participación y concertación. El Sistema General de Seguridad Social en Salud debe incorporar en todas las etapas del proceso de toma de decisiones la participación de los diferentes actores y la búsqueda de acuerdos que diriman democráticamente y con fundamento en el interés general, los intereses contrapuestos que puedan presentarse. · Calidad técnica y humana de los servicios.

Todos los procesos administrativos y los servicios que el Sistema General de Seguridad Social en Salud deba disponer para la protección de la salud y la vida de las personas tendrán que realizarse con óptima calidad y oportunidad guardando absoluto respeto por la dignidad de las personas que demanden atención. · Corresponsabilidad. La protección de la salud y la vida en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud compromete el esfuerzo de todas las personas, todas las familias, todos los grupos sociales y todas las instituciones, que deberán estimular el autocuida-

do de la salud, la conservación de ambientes saludables, la protección de los recursos financieros y técnicos del sistema, el acceso oportuno a los servicios asistenciales en caso de necesidad, así como la adecuada rehabilitación e incorporación a la actividad social y laboral de los enfermos y/o discapacitados. · Aceptabilidad: Para proteger la salud y la vida de todos los habitantes del territorio nacional, el Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará el respeto a la diversidad étnica y cultural en la formulación de políticas públicas, el desarrollo del talento humano en salud, la elaboración de Planes Decenales de Salud e implementación de los modelos de atención basados en la Atención Primaria Integral de la Salud.

DESTINATARIOS: Gobierno Nacional • Ministerio de la Protección Social • Congreso de la República • Superintendencia Nacional de Salud • Instituto Nacional de Salud • Instituto de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA • Secretarías Departamentales y Municipales de Salud • Procuraduría General de la República • Contraloría General de la Nación • Defensoría de Pueblo • Instituciones Académicas • Instituciones del sector salud • Centros de Investigación • Organizaciones de la Sociedad Civil • Organizaciones de usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud • Medios de Comunicación • Oficina Regional de la OPS/OMS • Representación de la OPS/OMS en Colombia • Organismos Internacionales.

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Propuestas para la Seguridad Social en Salud en Colombia La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia –mediante la Comisión para el Estudio de la Legislación en Talento Humano en Salud, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, así como el Consultorio de Seguridad Social Integral–, en alianza con la Facultad de Derecho, se expresa sobre el debate actual del Sistema de Seguridad Social en Salud, y considera que: a) Es necesario adelantar un debate amplio en el país para la búsqueda de consensos mínimos, basados en el pluralismo, con el objetivo de concertar un sistema que reconozca el derecho fundamental

La política de salud pública del país debe ser de Estado y no de gobierno, con el objeto de impactar positivamente en la situación de salud con acciones de largo aliento, sostenibles y con una fuerte inversión en ciencia y tecnología.

Contemplará las necesidades reales de la población con énfasis en la más vulnerable.

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a la salud como indispensable para el progreso de las personas y de toda la población. El reconocimiento de la crisis que vive nuestro país en el sector salud, debe pasar a una construcción colectiva que establezca ese componente del bienestar como uno de los fundamentos para el desarrollo equitativo, con el propósito de hacer posible vivir con dignidad e integridad. Las mesas de discusión deben estar abiertas a los distintos actores interesados en esa participación. b) Los postulados que configuren la base del nuevo sistema deben seguir las orientaciones que las naciones han acordado como desarrollos esenciales en salud, mediante los lineamientos de la OMS y la OPS, así: salud como derecho fundamental y base del desarrollo personal y colectivo; la Atención Primaria en Salud (APS), como eje del sistema, entendida como un conjunto de valores y principios, que se basa en la participación comunitaria y la acción intersectorial, mediante redes de servicios que actúan en forma articulada, en los distintos niveles de atención y complejidad; la promoción de la salud, como la acción sobre determinantes sociales para alcanzar el mayor nivel posible de salud que se debe brindar a cada uno de los ciudadanos sin discriminaciones. Además, está la consideración de que cada persona es un fin en sí misma y no se le puede entender solo como medio, según lo sustentó Kant como una de las bases sustanciales del desarrollo de la modernidad. En ese contexto, la atención en salud, en la que se juega la dignidad y la integridad de las personas, no puede ser el medio para lograr fines particulares. La Rectoría del Sistema de Salud estará en cabeza del Estado, que tendrá a su cargo el reconocimiento, respeto, protección y realización del derecho fundamental a la salud en sus diferentes dimensiones y campos de relación con otros derechos humanos y, por delegación del mismo, será ejercida por el Ministerio de Salud, con enfoque de salud pública. c) El modelo de atención debe fundamentarse en lograr el acceso universal a los servicios de salud.

La estructuración de los mismos debe contemplar: servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención y rehabilitación de la salud.

Estos se prestarán mediante un sistema organizado en redes de atención bajo la responsabilidad del Estado según las necesidades de la población, basado en perfiles epidemiológicos confiables. d) La salud pública como disciplina científica será

El reconocimiento de la crisis que vive nuestro país en el sector salud, debe pasar a una construcción colectiva que establezca ese componente del bienestar como uno de los fundamentos para el desarrollo equitativo, con el propósito de hacer posible vivir con dignidad e integridad. Las mesas de discusión deben estar abiertas a los distintos actores interesados en esa participación. el soporte del modelo de atención del Sistema; por lo tanto, estará fortalecida con investigaciones en ese campo y tendrá en cuenta la dimensión ambiental para el bienestar de la población y al considerar la naturaleza como fuente de valores. e) La política de salud pública del país debe ser de Estado y no de gobierno, con el objeto de impactar positivamente en la situación de salud con acciones de largo aliento, sostenibles y con una fuerte inversión en ciencia y tecnología. Contemplará las necesidades reales de la población con énfasis en la más vulnerable. f) La financiación de la salud debe ser vía impuestos generales. Mientras se logra, podrá establecerse un período de transición en el cual se contemple dicha financiación con los recursos actuales del Estado y con las contribuciones de los patrones y los trabajadores. g) El Sistema de Salud funcionará de tal manera que la prestación de los planes básicos estará bajo el monopolio del Estado, sin ningún tipo de intermediación que aumente costos y sea objeto de lucro de actores privados. Mientras esto se alcanza, se podrá establecer un período de transición con una reglamentación estricta y con vigilancia y control exhaustivos. El sector privado podrá participar en la prestación de servicios de hotelería y complementarios diferentes a los planes básicos. h) El Sistema deberá tener una política laboral, basada en contratos que garanticen la vinculación

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Propuestas para la Seguridad Social en Salud en Colombia

estable y digna de los trabajadores y profesionales de la salud. Reivindicará el contrato de trabajo a fin de obtener garantías laborales de origen constitucional, legal y convencional y eliminará toda forma de tercerización laboral. i) Se contará con una política que estimule y garantice la idoneidad y cantidad suficiente de trabajadores de la salud que contarán con unas condiciones dignas de trabajo. La formación integral de los profesionales es una dimensión propicia para acompañar muchos procesos comunitarios en el marco del sistema de salud, en la búsqueda de mejores condiciones en la atención, con el respaldo del Estado y el compromiso institucional. Así, se logrará un talento humano más consciente de las necesidades, expectativas y potencialidades de la población. Se debe contar con una política de educación continua según las necesidades de las regiones y del país, con énfasis en los principios éticos y perfiles epidemiológicos. j) La política de calidad para la prestación de los servicios deberá garantizar la integralidad que incluya la oportunidad. Cuando sea necesario, al usuario debe proveérsele la atención en los servicios disponibles debidamente habilitados cerca a su residencia. Si es necesaria la remisión, se contará con la red de servicios para hacer el proceso de referencia y contrarreferencia y se garantizará el servicio evitando dilaciones y demoras que afecten las condiciones de salud de los pacientes. k) Este es un país de regiones donde las inequidades en la situación de salud se expresan en los espacios poblacionales; por lo tanto, las políticas de salud pública para lograr mayor justicia social, deben recuperar el concepto de Unidad Espacio Población en la planeación y ejecución de las acciones de salud. Esto facilita la integración de los servicios (vs. la segmentación y la fragmentación) que es esencial en la APS. Si no se retoma este concepto de la salud pública: unidad-espacio-población, no será factible la implementación de esa estrategia y no pasará de ser algo meramente formal y engañoso. l) Para hacer realidad el derecho fundamental a la salud, se debe facilitar el acceso equitativo a los servicios, al propiciar las condiciones culturales, sociales y económicas que favorezcan la atención a la población. Esta orientación debe tener énfasis en el apoyo a los grupos poblacionales más vulne-

La Rectoría del Sistema de Salud estará en cabeza del Estado, que tendrá a su cargo el reconocimiento, respeto, protección y realización del derecho fundamental a la salud en sus diferentes dimensiones y campos de relación con otros derechos humanos y, por delegación del mismo, será ejercida por el Ministerio de Salud, con enfoque de salud pública.

rables, para evitar que se potencialice su fragilidad socio-cultural. Esta tradicionalmente les dificulta y, con frecuencia, les impide alcanzar la atención que requieren. La cultura ética en el sector salud en nuestro país debe orientarse a la conciencia de que los usuarios son la razón de ser de los servicios, no la desmotivación de la demanda. La consideración de la cobertura debe atender a los perfiles epidemiológicos de la población con atenciones sin discriminaciones, ni exclusiones. m) Se considera la participación en salud como un pilar fundamental. El involucramiento activo y constante de las personas, los grupos organizados y los movimientos sociales en los procesos y decisiones relacionadas con el derecho a la salud, representa una garantía fundamental para hacer valer las obligaciones que competen al Estado con el derecho y las prioridades que debe atender, para dar respuesta a los problemas que lo afectan o pueden afectarlo.

Por ello la participación supone contar con espacios y mecanismos para ejercerse, primordialmente los que hagan posible la exigibilidad y justiciabilidad del derecho fundamental a la salud. n) La red pública de servicios debe ser referente de control y calidad para la totalidad de las instituciones que hacen parte del sector. El flujo de recursos debe darse sin obstáculos y con transparencia, orientado por una distribución acorde con las situaciones prioritarias de los perfiles epidemiológicos. El Sistema de Salud garantizará los medios para el fortalecimiento real de la red pública de

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reduce a la intersectorialidad, pero se omiten otros aspectos esenciales que la configuran, entre ellos, la salud como derecho fundamental y la importancia de la participación activa de los individuos, las familias y las comunidades. La promoción de la salud se distorsiona al plantearse como asunto de prestación de servicios. Esto confunde, de plano, su carácter político y social desde lo cual promueve políticas públicas, ambientes y entornos saludables; el reforzamiento de las potencialidades individuales y el cambio en la orientación de los servicios.

La red pública de servicios debe ser referente de control y calidad para la totalidad de las instituciones que hacen parte del sector. El flujo de recursos debe darse sin obstáculos y con transparencia, orientado por una distribución acorde con las situaciones prioritarias de los perfiles epidemiológicos.

salud, la cual será el eje central de la prestación de servicios de salud. Se permitirá el funcionamiento de instituciones prestadoras de servicios de salud del orden privado, sin que por ello signifique detrimento de la red pública de servicios de salud. ñ) El nuevo sistema de salud deberá contar con vigilancia efectiva con capacidad de sancionar y actuar conforme a las normas, sin privilegios y sin corrupción. La sistematización de la información es inaplazable y no puede haber más excusas para su cumplimiento. Está demostrado que la voluntad política para ese avance es determinante, lo que se puede comprobar con la información para impuestos y en el campo financiero. Este es un requisito básico para la vigilancia y el control de recursos. o) Desde la perspectiva planteada se encuentra que hay que evitar la confusión que se logra al mezclar propuestas reconocidas ampliamente como la APS, pero que al ser reducidas en su esencia, pierden el propósito de buscar el mejor nivel de salud para las personas y las comunidades. En ese marco, llamamos la atención sobre el proyecto de Ley 011 de 2010 que se radicó recientemente en el Congreso por los puntos que se exponen a continuación.

Se observa que falta coherencia y consistencia con la APS, al proponer un modelo que continúa siendo segmentado y fragmentado, con la atención a la población en forma diferencial, lo que potencializa la inequidad. De otra parte, la consideración de redes es confusa y demasiado general, cuando estas son factor muy importante para garantizar la integralidad de la atención.

La salud publica queda reducida a planes de beneficio sin que sea posible su articulación a la propuesta, pues en esta persiste la falta de rectoría del Estado a pesar de las intenciones, al diluir las responsabilidades. Además, la estructura planteada sigue siendo propicia para la corrupción, sin aporte significativo en vigilancia y control. En el flujo de recursos planteado, persisten las dificultades para las IPS, especialmente las públicas, como se observa por ejemplo, al quedar establecidas las fechas de aceptación de facturas, pero no las de pago.

Estos planteamientos con respecto al proyecto de Ley 011 de 2010 son producto del análisis desde el campo académico que asume el deber ciudadano de hacer los debates necesarios para construir un sistema de salud que se corresponda con las necesidades y potencialidades del país.

Esa propuesta lo que hace es reformar el Sistema de Seguridad Social con algunos ajustes a la legislación vigente. Sin embargo, la complejidad de la normativa actual es de tal magnitud, que ha hecho cada vez más difícil el acceso a la seguridad social, lo que va en contravía de la APS y sus postulados.

Esta y la promoción de la salud están consideradas de manera imprecisa y contradictoria. La APS se —35—

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Yo disiento Por Luis Fernando Restrepo Aramburo Egresado de Derecho y ex funcionario UdeA

Las normas jurídicas no son un fin en sí, sino una técnica de control del comportamiento humano en sociedad; y a la consagración normativa de algo, no se debe proceder antes de tener claro qué contenido regular, y qué resultados se espera obtener en el comportamiento de relación de los asociados; por tanto, no tiene sentido que cambiemos los estatutos universitarios, sin antes debatir sobre la universidad y la democracia interna que queremos.

Según el Presidente de la Asociación de Profesores, el número 38 de La Palabra –agosto de 2010–, será el núcleo de la puesta en debate de una posible salida normativa al “nuevo reto…la designación de decanos”; sin embargo, después de leer los dos textos que esa publicación contiene –la propuesta del Claustro de Derecho y la reflexión del profesor Jorge Mahecha– [ver http://asoprudea.udea.edu.co, “Medios para el activismo”], encuentro profundas diferencias frente a los planteamientos de mis ex colegas, y paso a presentar a consideración las razones de mi disenso.

Las normas jurídicas no son un fin en sí, sino una técnica de control del comportamiento humano en sociedad; y a la consagración normativa de algo, no se debe proceder antes de tener claro qué contenido

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regular, y qué resultados se espera obtener en el comportamiento de relación de los asociados; por tanto, no tiene sentido que cambiemos los estatutos universitarios, sin antes debatir sobre la universidad y la democracia interna que queremos.

Hoy, debe resultar claro para todos que la figura de decano, que sirvió para la universidad predominantemente profesionalizante, no es la que se requiere para desarrollar el modelo de universidad de investigación por el que se optó en 1994; y sin modificar el contenido de esa figura, modificar su sistema de elección sólo puede llevar a más descontento de los administrados y a sacrificar a más personas, pues las nombraríamos olmos esperando que nos provean de peras.

El punto de partida no puede ser, como se propone, la norma interna, la mirada hacia el interior, ignorante del entorno institucional y normativo del que se desprende la posibilidad de crear las propias normas; tal punto de partida tiene que ser el orden constitucional que nos diferencia de las agencias ejecutivas, y nos garantiza la autonomía de la universidad pública frente al príncipe.

La universidad, por más autónoma que seamos capaces de pensarla y hacerla, seguirá siendo una institución cultural, socialmente encargada de prestar un servicio público: la educación superior; y la prestación de ese servicio, subsidiado por el erario público, es un mecanismo para igualar las oportunidades –democratizar la sociedad nacional–, y contribuir a conformar el orden social, político y económico justo al que apunta la Carta Política colombiana. Ignorarlo en pro de los intereses de un gremio, no es democrático, sino la privatización de lo público en provecho de particulares, sean éstos profesores, estudiantes, o empleados. La idea de la universidad como una torre de marfil, enteramente confiada a los privilegiados que en ella viven –a quienes coyunturalmente conviene mirar sólo hacia adentro, ignorando el entorno y el papel que la institución cumple en él, para dedicarse a jugar a la reconstitución de una republiquita independiente–, no sólo es errado, sino que deviene profundamente antidemocrático.

Ya que este es un punto fundamental de la organización institucional, ha de insistirse en que ese ámbito externo, y la función que en él cumplen las universidades públicas, explica la conformación legal de sus consejos superiores –Ley 30/92–, y el interés legítimo de los no universitarios en lo que se hace y decide en esos centros de estudio; frente a esa orga-

La universidad, por más autónoma que seamos capaces de pensarla y hacerla, seguirá siendo una institución cultural, socialmente encargada de prestar un servicio público: la educación superior; y la prestación de ese servicio, subsidiado por el erario público, es un mecanismo para igualar las oportunidades –democratizar la sociedad nacional–, y contribuir a conformar el orden social, político y económico justo al que apunta la Carta Política colombiana.

Ignorarlo en pro de los intereses de un gremio, no es democrático, sino la privatización de lo público en provecho de particulares, sean éstos profesores, estudiantes, o empleados. nización política de las universidades públicas en el entorno nacional, la reivindicación de que sean sólo los universitarios los que participen en la toma de decisiones, resulta una privatización de lo público que, por más natural que pueda parecerle a los estamentos universitarios, resulta excluyente, antidemocrática y contraria al orden constitucional; recordemos que la composición del consejo superior –la que recoge en los términos de la Ley 30/92 las razones expuestas-, fue impugnada ante la Corte Constitucional, y ésta señaló y reiteró el interés público en la participación de la sociedad y el Estado en el órgano máximo del gobierno universitario, llamado a adoptar los estatutos autónomos. Lo anterior, para señalar que idénticas razones asisten para afirmar que ese interés público exige que el consejo superior no puede, válidamente, renunciar a favor de los estamentos, el ejercicio de la autonomía que la ley le encomienda.

Por otro lado, es necesario que se redefina el rol del funcionario en cuya designación quieren participar más activamente los estamentos. En la figura

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Yo disiento

del rector, de acuerdo con los estatutos actuales, se confunden las competencias para la administración del patrimonio material y rentas de la universidad, con la del patrimonio inmaterial, de la enseñanza y el aprendizaje, de la producción del conocimiento y su expresión oficial, así como la de la transferencia cultural y tecnológica a la sociedad, y a la misma universidad. Esa confusión de competencias se refleja en los decanos, y está orientada por la reglamentación, más a la administración del patrimonio material que a la del inmaterial; así, sin aclarar lo que el decano debe ser o proponemos que sea, participar en su elección seguirá siendo azaroso, y tarde que temprano nos enfrentará al recurrente descontento de éstos o aquellos, pues cada vez es más notorio que el modelo de organización institucional con el que se enfrentó –Estatuto General de la Universidad– el viraje hacia la universidad de investigación, ya hace agua y debe rediseñarse, pues no sólo la elección de los decanos –coyuntural florero de Llorente–, requiere ajustes urgentes.

La actual distribución de competencias es, básicamente, la que se concibió en la década de los sesenta, para reorganizar la universidad en el nuevo campus, sobre el modelo del College norteamericano. Sobrevivió a la agitación política y la duplicación de cupos de los setenta sustentó la revisión de todos sus estatutos para empezar la década de los ochenta –con cierre rectoral de año y medio de por medio–, y acompañó, como consecuencia de la Constitución del 91, el paso de ser un ente del Ejecutivo a convertirse en una Institución Autónoma Especial por un lado, y por el otro, de ser una universidad de pregrado en Medellín, a una universidad siendo de investigación en la región, el país y el subcontinente latino, parte periférica de la comunidad académica de Occidente, en la que se empieza a ser menos insignificante.

Durante los últimos veinte años, la Universidad más que duplicó su número de estudiantes, creció en posgrados más de lo que lo hizo en pregrados durante el siglo anterior, creó y sostiene el sistema

universitario de investigación de más rápido crecimiento en el país, y enfrenta los retos y oportunidades de la internacionalización y la creación de empresas de base tecnológica y de instituciones de producción regional de conocimiento, colocándose a la vanguardia nacional en el desarrollo del modelo universidad/empresa/Estado/comunidad; y como consecuencia de ese crecimiento institucional, el modelo de asignación de competencias y responsabilidades cada vez resulta más insuficiente e ineficiente, y la mayor o menor participación que puedan lograr los estamentos en ésta u otra coyuntura en la elección de sus autoridades, en nada obstará para que tal participación resulte frustrante, pues el asunto no es de muchos o pocos méritos de las personas, sino de las limitaciones del entorno institucional en el que les toca desempeñarse.

En consecuencia, deben analizarse las competencias que concurren en el rector y los decanos y directores, así como la relación estatutaria entre el primero y los segundos, para proponer una reorganización de tal asignación de competencias, con miras a facilitar la continuidad –y hasta la aceleración–, del desarrollo institucional en curso, restando de paso razones para descontentos como los que sirvieron de acicate al conflicto reciente.

La competencia para la administración del patrimonio material de la Universidad, en el caso del rector, y del de la facultad, escuela, instituto o corporación académica, en el de los decanos o directores, es una que poco margen de discrecionalidad permite a su titular, pues tal patrimonio está y debe seguir destinado a posibilitar el cumplimiento del objeto de la institución, por lo que la mayoría del presupuesto se aplica a atender gastos de funcionamiento ya existentes cuando el ordenador del gasto se posesiona, que permanecerán cuando termine su período –nómina, implementos, papelería, etc. –.

Tal restricción y las que impone la ley para el manejo de los bienes inmuebles y su dotación cuando son propiedad de un ente público, deben bastar, junto

Por lo demás, el campus de los sesenta hace tiempo copó su capacidad, y va camino a convertirse en la “ciudad prohibida”, en medio de más y más dependencias que la circundan, a más del vínculo con las sedes regionales.

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La competencia para la administración del patrimonio material de la Universidad, en el caso del rector, y del de la facultad, escuela, instituto o corporación académica, en el de los decanos o directores, es una que poco margen de discrecionalidad permite a su titular, pues tal patrimonio está y debe seguir destinado a posibilitar el cumplimiento del objeto de la institución, por lo que la mayoría del presupuesto se aplica a atender gastos de funcionamiento ya existentes cuando el ordenador del gasto se posesiona, que permanecerán cuando termine su período –nómina, implementos, papelería, etc. –. con el plan de desarrollo y los planes de acción, para que se le pueda entregar la gerencia de este patrimonio y, por tanto, la representación legal de la Universidad para esos efectos, no al rector, los decanos y directores, sino al vicerrector administrativo, quien responderá ante el rector por las adquisiciones, el sostenimiento y la enajenación de bienes inmuebles, muebles, y servicios de apoyo logístico para toda la Universidad; de esa manera, decanos y directores no tendrían que interrumpir sus ocupaciones académicas para ocuparse del daño de un grifo, o la falta de papel con membrete. Por lo demás, el campus de los sesenta hace tiempo copó su capacidad, y va camino a convertirse en la “ciudad prohibida”, en medio de más y más dependencias que la circundan, a más del vínculo con las sedes regionales.

La administración de las rentas de la Universidad, sometida a restricciones similares a la del patrimonio material, en lo que hace a la elaboración del presupuesto anual y el manejo de los pagos, se complica innecesariamente con el sistema de pretender que cada dependencia es un ente aparte y distinto a la administración central, con la que se relaciona más como un cliente que como una dependencia de la misma entidad. Unificada esta competencia para toda la Universidad, también quedaría a cargo del vicerrector administrativo y sus administradores y financistas, sometidos en lo general al rector y en lo relativo a las dependencias a los decanos o directores.

También urge que se traslade la contratación y, por ende, la representación legal para celebrar y ejecutar contratos y convenios, de cabeza del rector, quien también pasa a ser presidente en este aspecto, cediendo la gerencia de la contratación al vicerrector general, quien debe proceder a sistematizarla, y a diferenciarla para la enseñanza y el aprendizaje –sobre

el actual estatuto–, y de manera más adecuada para la investigación y la extensión, que requieren de términos, cuantías y modalidades diferentes.

De esa manera, dirigir la planeación de la Universidad queda en manos del rector, y a cargo de los decanos y directores la de las dependencias; y sometidas a los planes de desarrollo y acción, quedan las competencias para la gerencia de las 26 sedes actuales, encargadas a administradores de carrera –salvo posiblemente el vicerrector administrativo–, con lo que se atiende a los espacios, su dotación, y el apoyo logístico de todas las tareas a realizar, por lo que los académicos se entenderán fundamentalmente con lo académico, y empezará a tener sentido que al rector, los decanos y directores se les exijan méritos académicos en un campo del saber determinado, ya que se ocuparán de la administración de tal conocimiento, y no de la planta física, los insumos, los servicios logísticos y el mantenimiento, aunque estos aspectos también estarán sometidos a su control. Por lo demás, ha de insistirse en que la administración tiene pendiente la tarea de actualizar la planta de cargos y poner en marcha la carrera administrativa.

Se trata de reacomodar las competencias en la Universidad, de tal manera que el rector sea quien presida la planeación y realización del proyecto institucional en lo cultural, científico y tecnológico, y los decanos y directores se dediquen a presidir la planeación y realización del desarrollo institucional en el ámbito del(os) saber(es) objeto de estudio de su respectiva dependencia. Si lo que queremos impactar es el desarrollo institucional de una universidad, hemos de enfocarnos en el logro de resultados académicos, que requieren pero no sólo constituyen crecimiento de la planta física y del número de

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estudiantes matriculados; empero, no es para ese enfoque que están fijados los períodos reglamentarios del rector y de los decanos y directores.

La elaboración de los documentos base, la consulta participativa a los estamentos, y el trámite de aprobación formal de un plan decenal de desarrollo para la Universidad requieren, de acuerdo con nuestra experiencia, de año y medio a tres años; así, quien preside la adopción del plan, no podrá más que dejarlo aprobado, para que su sucesor deba ajustarlo antes de que se empiece a ejecutar, para que a los tres años nuevamente se reajuste, y el cuarto rector de esa serie reinicie el ciclo. No es de extrañar entonces, que esos períodos cortos conlleven un alto incentivo para buscar –los funcionarios y los nominadores–, la reelección inmediata en el cargo, con no pocas reacciones adversas, como ocurrió en el caso reciente.

Está entonces en el orden del día la ampliación de los períodos de los funcionarios a los que nos venimos refiriendo, hasta el doble del período actual o, preferiblemente desde el punto de vista de la planeación, hasta ocho años, pues no contamos con comunidades académicas tan acendradas como para pensar en decanaturas vitalicias, ni convienen los rectores eternos.

Liberados de ocuparse principalmente de los supuestos materiales de las actividades a cargo, pero con control sobre su provisión, rector, decanos y di-

Se trata de reacomodar las competencias en la Universidad, de tal manera que el rector sea quien presida la planeación y realización del proyecto institucional en lo cultural, científico y tecnológico, y los decanos y directores se dediquen a presidir la planeación y realización del desarrollo institucional en el ámbito del(os) saber(es) objeto de estudio de su respectiva dependencia.

rectores estarán en condiciones para dedicar la mayor parte de su tiempo a un proyecto académico de largo aliento, y de intentar seriamente realizarlo.

La agenda inaplazable de ajustes a la organización institucional, da cabida a todos los modelos de desarrollo académico, dentro del paradigma general de la universidad de investigación; sin embargo, ha de adoptarse uno, el que subyace en el actual plan de desarrollo 2006-2016 u otro, para que los ajustes a la organización resulten lo útiles que pueden ser y se requiere.

Porque a cuatro años de aprobarse el actual plan, la docencia de pregrado se resiente del rápido desarrollo de los posgrados y la investigación, el sistema de investigación y la SIU cada vez resultan más estrechos para los grupos consagrados y los nuevos, y los desarrollos en extensión, especialmente en la aplicación del modelo universidad/empresa/Estado/comunidad, sólo podrán seguir adelante si se adquieren y dominan capacidades hasta ahora no requeridas.

Es claro que las políticas de exigir la preparación de posgrado y el bilingüismo como estándar mínimo para los docentes deben mantenerse; pero la administración del conocimiento no puede quedarse en esos mínimos respecto de la primer función misional de la universidad: la enseñanza y el aprendizaje.

Consecuencia de esas políticas, sin embargo, la participación porcentual de los docentes de cátedra y ocasionales en el servicio de los programas de pregrado, sobrepasó los porcentajes recomendables para mantener altos estándares de calidad y coherencia docente en el servicio de los programas, con el agravante de la falta de comunidad académica en el profesorado de las distintas dependencias. La preeminencia de la organización gremial sobre la académica de los profesores en las dependencias, herencia de los setenta y los ochenta, hace de cada profesor de la universidad un “llanero solitario” del saber que administra, delimitado sólo por la asignatura que se le encarga dictar, sin una comunidad académica que le añada la impronta propia que debe distinguir a nuestra facultad y egresados de los de otras instituciones.

Si dejamos atrás la identificación de la igualdad que tiene que caracterizar a la organización gremial de los docentes, con la que no puede darse en la comunidad académica, que por naturaleza es una comunidad de desiguales, y empezamos a aplicar la jerarquía de la carrera docente como está regulada

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en el estatuto profesoral actual, el trabajo del profesor titular de una asignatura de pregrado no sería, al igual que el del docente de cátedra, el de incluir en su plan de trabajo servir uno o dos grupos de la materia, más sí el de liderar el diseño, ubicación curricular y servicio de la asignatura correspondiente, tarea en la que deben participar también quienes sirven los cursos, adelantan los talleres y las otras experiencias didácticas diseñadas, aplican y califican las pruebas, atienden preguntas y orientan el estudio personal, etc.

Una política tal de rejerarquización de la carrera docente, permitiría reorganizar y vitalizar las comunidades académicas de las dependencias, fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en los pregrados mejorando su calidad, y contar con más y mejores candidatos para la formación de posgrado. Sin embargo, el logro de tales objetivos enfrentaría dos grandes debilidades: las actuales condiciones de vinculación de los docentes de cátedra y ocasionales por un lado, y la inercia organizativa y gremial; por tanto, lograr algún adelanto en este aspecto requerirá, en cabeza de decanos y directores, más liderazgo y capacidad para construir consensos, que títulos y publicaciones en su hoja de vida.

La parcelación y especialización del saber que se administra en la enseñanza y el aprendizaje de pre y posgrado, se complementa en las maestrías y doctorados con entrenamiento para el trabajo en equipo, con pares la mayor parte del tiempo; sin embargo, en pregrado existe una falencia grande en agregar al entrenamiento profesional correspondiente –parte de la parcelación de saberes–, el entrenamiento en la labor de grupos de profesionales de disímiles campos que se complementan y forman una comunidad productiva de conocimiento en el lugar de trabajo –es decir, en la empresa propia de la globalización, que propia o ajena, es el ámbito de desempeño para el cual los debe preparar la universidad. Tal tarea enfrentará a decanos y directores a buscar y realizar alianzas y complementariedades de saberes, que pueden enfocarse inicialmente a la producción de contenidos para la telecomunicación en 3D, mientras los grupos empiezan a buscar sus propios caminos.

Para avanzar en las tareas académicas pendientes, la universidad debe aceptar y asumir que en ella se da una práctica política a través de los gremios y sus organizaciones; ella aporta un valor agregado a la formación del estudiante de pregrado, sea o no

Consecuencia de esas políticas, sin embargo, la participación porcentual de los docentes de cátedra y ocasionales en el servicio de los programas de pregrado, sobrepasó los porcentajes recomendables para mantener altos estándares de calidad y coherencia docente en el servicio de los programas, con el agravante de la falta de comunidad académica en el profesorado de las distintas dependencias.

activista, pero tal práctica debe formalizarse, obtener su reconocimiento institucional, y su regulación o, mejor aún, autorregulación.

La marca UdeA, la masa crítica de investigadores y los resultados obtenidos, sumados a los compromisos adquiridos para obtener la financiación de los estudios de posgrado, y al régimen salarial especial de los decentes de las universidades públicas, tendrán que seguir siendo las compensaciones sobre las cuales basarnos para atraer a los nuevos investigadores, a pesar de los bajos salarios de entrada que no podemos mejorar, y nos privan de incorporar a algunos de los que podrían efectivamente ayudarnos a avanzar.

Aumentar la cuantía de los fondos concursables para financiar proyectos de investigación, y multiplicarlos, indudablemente ayudaría a conservar el ritmo de crecimiento del sistema de investigación; sin embargo, el modelo de funcionamiento que permitió y sustenta el crecimiento acelerado de este sistema: grupos que compiten por recursos escasos, está llegando a su límite, pues los costos de negociación que imponen los fondos disponibles –más los del Codi que los de Colciencias–, cada vez son mayores, y la financiación obtenible es menor.

El paso siguiente para el sistema de investigaciones de las más grandes universidades públicas del

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Yo disiento

mada a un período financieramente difícil para la Universidad, relegaron ambos proyectos a la trastienda académica y postergaron su desarrollo, no sin causar daños quizá irremediables. Esperemos que el reciente interés del Gobernador pueda al menos rescatar y revivir el primero de ellos.

El paso siguiente para el sistema de investigaciones de las más grandes universidades públicas del país: diseñar y realizar proyectos de investigación de largo aliento, con la concurrencia y colaboración –ya no competencia–, de grupos de investigación consagrados de varias universidades o los de una región, tuvo su primer intento de realización con los centros de excelencia que promovió y financió Colciencias, pero no lograron consolidarse en redes productivas, e independizarse económicamente de su mentor inicial, como se esperaba.

El caso es que se requiere otra vuelta de tuerca para el sistema de investigaciones, y si no se logra con esas formas de organización, ha de adelantarse con otras, pues si el equipo rectoral, los decanos y directores no lo lideran, tendrán que intentar luego normalizar y estandarizar los resultados dispares a los que actualmente se dirigen las demandas del medio, y la dispar capacidad de negociación de los grupos, a los que también se convierte en unidades administrativas, sin dotarlos de la capacidad de disposición y el apoyo logístico que requieren para autofinanciar su funcionamiento y desarrollo.

país: diseñar y realizar proyectos de investigación de largo aliento, con la concurrencia y colaboración –ya no competencia–, de grupos de investigación consagrados de varias universidades o los de una región, tuvo su primer intento de realización con los centros de excelencia que promovió y financió Colciencias, pero no lograron consolidarse en redes productivas, e independizarse económicamente de su mentor inicial, como se esperaba.

Las lecciones aprendidas con ese intento, fueron asimiladas en la Universidad, y se aplicaron al diseño de dos modelos mejorados: por un lado, la alianza de los grupos de investigación dedicados a un área básica del conocimiento en el Departamento, asociados con el sector público departamental y municipal, a través de una combinación de fundación y corporación, como forma jurídica apropiada y adecuada al proyecto “Expedición Antioquia”; y por el otro lado, se diseñaron los Centros de Investigación de Excelencia de Antioquia, para tener como socios financieros y comerciales, a empresas privadas y spin off de la Universidad. Sin embargo, una sucesión accidentada del equipo rectoral, su-

Buena parte del crecimiento de los grupos de investigación consolidados y, por ende, de la investigación de la Universidad –la que no se logra financiar con los aportes del Codi y Colciencias–, es investigación pagada por terceros, que sólo excepcionalmente acrece el patrimonio inmaterial –derechos de propiedad intelectual– de la Universidad. Para lograr esa participación financiera, el director del grupo de investigación tiene que convertirse en bróker de conocimiento o tecnología, sin contar con auxilio institucional para la valoración y negociación de intangibles. Así, de nuevo se encuentra que los avances logrados no caben en el modelo organizativo, ni pueden evitarse o postergarse, por lo que decanos y directores se ven precisados a darle salida a tales demandas sin una política, unos procedimientos, y unas formas jurídicas, probados y establecidos.

En cuanto hace a la transferencia de cultura y conocimiento por un lado, y al empresarismo por el otro, la Universidad cuenta con indudables fortalezas en lo que hace a la cultura que ofrece a los moradores del campus principal y las demás sedes, así como en la que lleva a la comunidad, y en la participación que tiene en la definición de la política pública.

La transferencia de conocimiento hacia la Universidad, está iniciando la segunda y tercera fases del cambio en la capacitación básica del cuerpo profesoral: la renovación del conocimiento que se administra en la enseñanza y el aprendizaje de pre y posgrado, con el regreso de la primera ola de becarios recién graduados, sumados a los que ya eran

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docentes y han cursado sus posgrados –segunda fase del cambio–, y su aporte al sistema de investigaciones con la ampliación de las líneas existentes y la generación de otras (tercera fase). Urge articular esta tendencia del desarrollo académico, con la integración de los docentes de cátedra a las comunidades académicas de las dependencias, donde se debe cerrar el ciclo de escalamiento de la capacitación docente con la comunicación a los pares; y sin el liderazgo consistente de los decanos y directores, el proceso en curso arrojará resultados más variopintos de lo que conviene.

Lo que llamábamos “extensión solidaria”, que no es más que la transferencia gratuita de conocimiento o tecnología a comunidades particularmente necesitadas, financiada por un tercero o por la misma Universidad, enfrenta básicamente dos problemas: el orden público por un lado, y la financiación por el otro. El primero, no depende de la Universidad, y tenemos quienes aprendieron a manejar las situaciones difíciles que puede plantear; en cuanto al segundo, se pueden afirmar las mismas deficiencias y posibles soluciones que adelante se apuntan para el mercadeo de proyectos, productos y servicios.

Buscar financiación más allá de los fondos de la Universidad, vender proyectos, licenciar bienes o servicios originados en la institución, patentar resultados de investigación, o proteger de otra manera derechos de propiedad sobre intangibles, así como su valoración y negociación, son actividades que se encargan en la Universidad, a quienes están altamente capacitados para hacer otras cosas; es decir, al rector, los vicerrectores, los decanos y directores o, principalmente, a los directores de grupos de investigación o extensión, llegándose al caso de que incurrimos en los gastos que requieren patentar y sostener una patente, sin que el conocimiento o prototipo se desarrolle en forma de bienes y servicios comercializables, que lleguen al mercado como innovaciones cubiertas con esa protección a la exclusividad.

Para resolver los problemas de financiación de los proyectos, de desarrollo de los resultados en bienes y servicios comercializables, y obtener de paso, los recursos que se requieren para el desarrollo institucional más allá de lo mandado por la Ley 30/92, se requiere que al rector, y los decanos y directores, se les libere de tanta preocupación por la administración del patrimonio material de la Universidad, y se les asigne la función decisoria en la administración del patrimonio intangible, que debe encargarse, del

Para resolver los problemas de financiación de los proyectos, de desarrollo de los resultados en bienes y servicios comercializables, y obtener de paso, los recursos que se requieren para el desarrollo institucional más allá de lo mandado por la Ley 30/92, se requiere que al rector, y los decanos y directores, se les libere de tanta preocupación por la administración del patrimonio material de la Universidad, y se les asigne la función decisoria en la administración del patrimonio intangible, que debe encargarse, del rector para abajo, a personas preparadas para esos menesteres, y no para la docencia o investigación. rector para abajo, a personas preparadas para esos menesteres, y no para la docencia o investigación.

Así, el problema que nos aqueja no es sólo el de la forma de elección de un decano, más bien consiste en que el modelo de organización, especialmente su asignación de competencias, sirvió para el despegue de la universidad de investigación por la que se optó a principios de los noventa, pero deviene en progresivamente insuficiente e inadecuado, dados los desarrollos ya alcanzados.

En esos términos, vale la pena considerar la posibilidad de que se rompa definitivamente con el modelo actual, y que permanezcan los actuales decanos y directores hasta la terminación de este período del rector Alberto Uribe Correa, para que se elija un equipo completo –rector, vicerrectores, decanos y directores–, para que lidere la reconstitución estatutaria de la Universidad, y allane los caminos que nuestros académicos de vanguardia vienen recorriendo azarosamente.

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La Universidad de Antioquia y el problema universitario colombiano

Por Juan Guillermo Gómez García Profesor Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

Mientras en los años setenta y ochenta la universidad colombiana, en general, amplió su matrícula y multiplicó sus universidades y planes de estudio o carreras, en forma inusitada, y desorganizada, por la iniciativa privada, y en tanto que el Estado mismo trató de enmendar ese desorden con nuevas políticas de acreditación y estándares de competencia más exigentes en los años noventa y en la primera década del siglo XXI, en esta misma década se impone a la universidad, y casi solamente a la universidad pública, aumentar desconsideramente sus cupos.

En forma espasmódica, pero con una persistencia desconcertante, la universidad pública colombiana se sacude por disturbios y por paros desde hace casi medio siglo. Las razones de unos y otros son más o menos semejantes y las manifestaciones que los secundan son casi calcadas por la plantilla de los conflictos más severos y profundos que padece la vida nacional en este mismo período.

Sin embargo, el planteamiento del problema universitario y la comprensión de las anomalías persistentes se tratan de solventar por atajos interpretativos y con excusas que se pasan de las directivas a los profesores y de estos a los estudiantes y de los estudiantes al gobierno y sus representantes en el seno de la universidad, en un carrusel de argumentos y contraargumentos aproximados, es decir, apenas creativos y constructivos. Cada año y hasta cada semestre, un

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espectador interesado y un partícipe comprometido puede constatar que lo abrupto de la magnitud de la situación se resuelve con fórmulas transitorias y, desafortunadamente, irresponsables y no serias. Así el problema universitario colombiano, que implica el problema de su modernización conforme a las demandas de una economía en crecimiento y cambio internacional, y conforme sobre todo a estándares de competencia científica, se enreda en el espeso complejo de los problemas de orden público, los problemas políticos y sociales inmanentes a una sociedad traumatizada por su gigantesca explosión demográfica y las demandas de consumo y representación política de las masas, articuladas en movimientos sociales específicos y con orientaciones ideológicas contrastadas.

Esto, por su puesto, con su pragmatismo chato, a las directivas universitarias les tiene sin cuidado.

Esto, por supuesto, al gobierno nacional y al Ministerio de Educación les resulta indiferente, por la simple razón de que al tratar de precisar los problemas, analizarlos con juicio, comprenderlos en sus diversas dimensiones y planificar racionalmente conforme a sus premisas, escapa a las competencias mentales de sus funciones burocráticamente consagradas. En otros términos, los problemas, al no ser planteados correctamente, se dilatan, se esfuman en la bruma de la confusión pragmatista o, lo que es lo mismo, la astucia del poder en su descaro craso.

La Universidad de Antioquia no pasa por una crisis de transición cualquiera, sino que esa crisis está inserta en su desarrollo institucional desde mediados o, más precisamente, desde finales de los años sesenta, cuando los gobiernos nacionales se vieron impelidos a reestructurar la vieja universidad de corte decimonónico, inapta para la modernización, bajo el impacto de la revolución cubana y por asesoría del programa de la Alianza para el progreso norteamericana. Este antecedente es de suma importancia, porque fue bajo esta égida que se ha replanteado el problema de la ineficiencia e ineficacia científica de nuestras universidades, motivado por los peligros derivados del comunismo internacional y su expansión en América Latina. Así, Colombia acusa un efecto colateral de la revolución castrista (1959). Pero ese efecto se ve, en realidad, comprometido por una tendencia internacional, desde el fin de la Segunda guerra mundial que es el de la expansión de la matrícula universitaria a sectores de la población cada vez mayores. De modo que a

...el problema universitario colombiano, que implica el problema de su modernización conforme a las demandas de una economía en crecimiento y cambio internacional, y conforme sobre todo a estándares de competencia científica, se enreda en el espeso complejo de los problemas de orden público, los problemas políticos y sociales inmanentes a una sociedad traumatizada por su gigantesca explosión demográfica y las demandas de consumo y representación política de las masas, articuladas en movimientos sociales específicos y con orientaciones ideológicas contrastadas.

Colombia, o mejor dicho, en Colombia se tiene que resolver diversos axiomas de la vida universitaria, que no estaban asimilados en su seno, por efecto de la tradición dominante, la católica, y que no pudo organizar desde el siglo XIX sus estudios universitarios entendidos como estudios para la investigación científica y su cuerpo profesoral como un equipo altamente competente en materia científica, generosamente dotado para el desarrollo de la ciencia y la exaltación de la personalidad científica del profesor. De modo que en Colombia, los diversos atrasos de estos postulados, el atraso de al menos un siglo en la formulación concreta y correcta de la significación de los estudios en las sociedades modernas, se encontró con un tema dominante desde hacía pocas décadas, como fue el de la expansión o masificación universitaria en el mundo occidental, como presupuesto de su sistema económico altamente industrializado, y con una tensión política feroz, en la disputa a muerte de las imágenes del mundo, a saber, la capitalista y la comunista. ¿Cómo lograr, entonces, en medio de estas adversas y excitantes circunstancias, aclimatar un espíritu o una cultura universitaria que respondiera a todos los

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA La Universidad de Antioquia y el problema universitario colombiano

retos, los científicos, los sociales y los políticos en que se veía envuelta? Si se cuenta que en Colombia no se había organizado una burocracia estatal modernizada, competente por formación, funciones, servicios y directrices morales y éticas, es decir, sin una clase política capacitada para asumir los retos de la modernización, vale decir, comprender histórica y socialmente los presupuestos del cambio o transición de las viejas estructuras semi-estamentaria y colonial retardataria de cuño hispánica a las exigencias de la europeización u occidentalización demandadas por la burguesía mundial, sobre todo a partir de la Revolución Francesa; si se cuenta, pues, con una dirigencia inepta y provinciana, a media tecnócrata (como son nuestros economistas y planificadores), entonces se puede empezar a comprender que los problemas que agobian y seguirán agobiando la vida universitaria colombiana, no dependen de una pedrea más o un disturbio más o de una tarjeta TIP o TOP, más o menos.

Se deben asumir o mejor dicho, se precisa establecer un orden de prioridades, una jerarquía de valores administrativos estatales, que no derivan de

La Universidad de Antioquia sufrió el impacto de su masificación entre 1960 y 1970, cuando su viejo claustro en el centro de la ciudad se transformó en un campus de tipo norteamericano, para albergar 12.000 o máximo 15.000 estudiantes. Por razones propias de nuestro subdesarrollo –subdesarrollo es sólo otra manera de decir imprevisión, falta de planificación, infantilismo político– este campus, relativamente reducido, se fue achiquitando cada vez más, al punto que a finales de los noventas había unos 25.000 estudiantes más o menos acomodados a estas circunstancias.

un capricho de un jefe, o de un gerente, o de un rector, cualquiera sea este, mientras no se sepa que las demandas por las que atraviesa la universidad colombiana, particularmente desde hace medio siglo, son demandas de su incorporación a los circuitos de competencia científica internacional, y lo que ello implica (inversiones adecuadas a estas demandas, en sus diversos órdenes como política de Estado y no por voluntad de este u otro presidente, ministro o comité ad hoc). La creación de esta burocracia no es obra del destino o el azar, sino un producto histórico concreto, que encontró en Prusia un modelo paradigmático, en la época que se llamó de las Reformas prusianas, entre 1809-1812, y que respondía a los retos de una reorganización estatal frente a las demandas extremas de Napoleón, pero cuyos efectos se hacen sentir hasta hoy. Esta “modernización defensiva” fue, en efecto, una modernización de la sociedad desde el Estado, o la encarnación racional de él, el burócrata profesional y, en el siglo XX, adecuado a la planificación estatal dentro del capitalismo como respuesta a la planificación estalinista y las fascistas.

Si se suma que los países hispanoamericanos, y muy particularmente Colombia se vio arrastrada a un paisaje social inédito por la masificación urbana, y que ella hizo explosión espectacular entre las décadas del cincuenta y ochenta, en el marco de las cuales las ciudades multiplicaron por cinco o más su población urbana, entonces podemos ir replanteando un complejo de circunstancias poco comprensibles a primera vista. Las ciudades masificadas colombianas implicaron un reto, o mejor, abrieron como una zanja enorme en la vida nacional y cuyos efectos están a la vista, a saber, las inmensas zonas de “colonización” popular que dan un paisaje tan peculiar, entre urbano y rural a nuestras grandes ciudades. Los cinturones de miseria, el agolpamiento por masas incontroladas de miles y miles, millones de personas procedentes de un campo desolado económicamente y a veces arrasado militarmente, por diversos ejércitos en pugna despiadada, es el fenómeno o resultado negativo de una sociedad adormilada en los laureles de sus convenciones en medio del impacto arrollador de un capitalismo mundial. Este es el fenómeno, el de la masificación urbana, menos comprendido y en realidad menos estudiado en nuestras ciencias sociales.

Esta traumática transición y lo que lo implica para el cambio de mentalidades o, mejor, para la coexistencia de mentalidades rural-urbana, en una cifra indecisa entre el pasado heredado y un proyecto de futuro

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sin precisión y apenas dibujado en los deseos de un “mejor mañana”. Las masas urbanas y ahora también las rurales, se ven no sólo impactadas por desplazamientos forzados –en realidad, todos desplazamientos forzados, motivados por diversas causas, no sólo militares o de violencia o amedrentamiento– sino sometidas a las presiones de la industria del consumo que modifica abruptamente sus valores tradicionales de convivencia y los somete a una anomia creciente.

Si ve observa los problemas de la universidad colombiana y la Universidad de Antioquia a la luz de este complejo y, hasta cierto grado, insoluble problema nacional o social, es forzoso concluir o inferir el despropósito de resolver sus problemas con paños insólitos de agua tibia o lo que es lo mismo salvar la situación con el cinismo acostumbrado. La Universidad de Antioquia sufrió el impacto de su masificación entre 1960 y 1970, cuando su viejo claustro en el centro de la ciudad se transformó en un campus de tipo norteamericano, para albergar 12.000 o máximo 15.000 estudiantes. Por razones propias de nuestro subdesarrollo –subdesarrollo es sólo otra manera de decir imprevisión, falta de planificación, infantilismo político– este campus, relativamente reducido, se fue achiquitando cada vez más, al punto que a finales de los noventas había unos 25.000 estudiantes más o menos acomodados a estas circunstancias. Hacia el año 2000 se podría pensar que el campus había logrado un semi-equilibrio entre su espacio y su gente, entre las instalaciones físicas y las demandas de la actividad docente e investigativa, de su profesorado y estudiantes. Para nadie era ajeno el pasado turbulento de los años anteriores, de las agitadas décadas de los setenta y ochenta que se convirtieron, en el imaginario nacional, como emblemas del radicalismo político, de la resistencia y de la inoperatividad, a la par, de la universidad pública colombiana.

Cuando justamente, gracias en gran medida por una renovación de la vida universitaria por efecto de las demandas del BID, que se concretaron en las políticas académicas de Colciencias –y estuvieron generosamente acompañadas por las misiones de ciencia y tecnología y las de la modernización de la universidad a principios de los años noventa– se había logrado una especie de consenso del nuevo rumbo de la universidad, es decir, cuando se pusieron en ejecución políticas modernizadores para la competencia científica en la región latinoamericana, y cuando una cierta fuerza interna impulsó estos primeros resultados, la universi-

Cualquier rector de Universidad privada de la ciudad –UPB, EAFIT o Medellín– sabe qué es tener 10.000 estudiantes, de estratos más o menos altos, y cómo controlarlos, bajo un régimen más o menos escolar. Pero esos 10.000 estudiantes son el producto histórico de cuatro o cinco o siete décadas de crecimiento planificado, bajo las directrices de la iniciativa privada, vale decir, de la rentabilidad económica y la proyección financiera de empresa privada.

dad pública colombiana se volvió a encontrar con el callejón sin salida de las aventuras políticas del poder central. Mientras se habían dado unos pasos adelantes, a la vez se ponía la reversa bajo las presiones indefinidas de la ingobernabilidad de los regímenes de Ernesto Samper Pizano y de Andrés Pastrana Arango. La volatilidad propia de las relaciones políticas en nuestro país empezó a deteriorar los logros alcanzados, con esfuerzos conjuntos y concentrados.

Con todo, cabe resaltar que la impronta dada por ese empeño primitivo y, de todas maneras, provechoso, se vio envuelto en las vicisitudes de la vida nacional, como en contracorrientes de la planificación racional y profesoralmente proyectada. Pero, pese a todo, esta impronta sigue determinando los caminos de un sector o de una función vital para la universidad pública, particularmente la de Antioquia, que se precia por sus logros en el campo de la investigación y su alto presupuesto para superar sus metas. Mas, cuando se planifica en este campo, se deja llevar a la Universidad por consideraciones nada misteriosas a una nueva aventura, a la llamada “cobertura” indiscriminada, que no es más que una re-masificación de los predios de por sí ya estrechos de la Universidad, sin planificación, sin presupuesto, sin inversiones, es decir, en contra de la racionalidad que debe presidir la planificación estatal, más en términos de la economía educativa.

De este modo, se vive o coexisten varias y simul-

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táneas universidades, o mejor, la realidad proyectada sobre la base de la planificación, por un lado, se desbarata por la imposición presidencial y ministerial de abrir, a cualquier precio, cupos a miles de estudiantes, con el fin de cumplir con metas exigidas o referenciadas por el BID y el Banco Mundial. Colombia se ve, así, sometida a una nueva ola de masificación universitaria. Mientras en los años setenta y ochenta la universidad colombiana, en general, amplió su matrícula y multiplicó sus universidades y planes de estudio o carreras, en forma inusitada, y desorganizada, por la iniciativa privada, y en tanto que el Estado mismo trató de enmendar ese desorden con nuevas políticas de acreditación y estándares de competencia más exigentes en los años noventa y en la primera década del siglo XXI, en esta misma década se impone a la universidad, y casi solamente a la universidad pública, aumentar desconsideramente sus cupos. En esta desmesurada desplanificación o contra-planificación estatal, o mejor, por orden caudillesca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, las universidades públicas colombianas, y muy particularmente al Universidad de Antioquia, abrió sus puertas, sin más ni más a miles de estudiantes. Se puede argüir que la Universidad de Antioquia tiene ahora casi 10.000 estudiantes más que hace 10 años. Esta presión sobre un sistema que antes era de semi-equilibrio explota bajo su propio peso, porque esos 10.000 cupos más en la matrícula implican nuevos retos, nuevas expectativas que no estuvieron planeadas, ni previstas. Diez mil cupos más son diez mil estudiantes más, cada uno de los cuales trae y porta sus propias presiones sociales, culturales, que, son, en fin, seres humanos, jóvenes levantados, casi su mayoría, en condiciones de gran fragilidad y volatilidad cultural. Levantados en barrios o comunas en permanente conflicto, levantados en medio de una violencia paramilitar, militar y guerrillera, o de mafias organizadas o semi-organizadas, es decir, levantados, criados y educados en instituciones escolares deplorables, en la mayoría de los casos, levantados en contra de sus circunstancias adversas y llenos de una necesidad y sed de superar estos saldos negativos que marca la condición de los jóvenes colombianos, no levantados en estratos altos de privilegios. Estos 10.000 cupos más, señor rector, señores directivas, traen sus consecuencias; tratar de responder a estos diez mil cupos con medidas como cerrar una semana la universidad como profilaxis a nuevos brotes de violencia, es una forma

descarada de asumir las responsabilidades que les compete como directivos.

Ni el Estado central colombiano, ni la gobernación, ni la municipalidad, pero tampoco la empresa privada ni las universidades privadas, en su nirvana de auto-sugestión irresponsable, han asumido o pensado o recapacitado en la dimensión que ha asumido la Universidad de Antioquia y las adversas formas de espacio y tiempo en que se le exige marchar en fila ordenada. Cualquier rector de Universidad privada de la ciudad –UPB, EAFIT o Medellín– sabe qué es tener 10.000 estudiantes, de estratos más o menos altos, y cómo controlarlos, bajo un régimen más o menos escolar. Pero esos 10.000 estudiantes son el producto histórico de cuatro o cinco o siete décadas de crecimiento planificado, bajo las directrices de la iniciativa privada, vale decir, de la rentabilidad económica y la proyección financiera de empresa privada. Lo que les impongo es que les relleno sus claustros, en una década, con otros 10.000 estudiantes, de estratos bajos, sin la menor planificación, casi con el mismo presupuesto anual, etc. Y veremos cómo cantan estos gallos-rectores, ufanos de la tranquilidad y modernización de sus predios, cómo se les esfuma, su celo evangélico y empresarial. En otros términos, el estado central no ha obligado, como corresponde, a la sociedad y sus universidades privadas a asumir y compartir los riesgos, los retos y los problemas sociales de la sociedad en su conjunto, y sí ha descargado sobre los hombros de la universidad pública, de la Universidad de Antioquia, todos los conflictos, todo el desorden, toda la violencia en los pocos metros cuadrados de un campus, diseñado por los americanos en los años sesenta y que estaba destinado a estudiar. Así que el conflicto actual no se contrae a esto u aquello, a que un señor decano descaradamente se siente en su potro mal o bien, y pare la universidad tres meses, o porque a las directivas les de la flor de controlar lo incontrolable, en esos términos, con una graciosa contraseña electrónica.

El conflicto es nacional, departamental, municipal; lleva medio siglo, al menos, y sus manifestaciones eruptivas son la mínima manifestación de una carencia pertinaz de plantear los problemas en forma conveniente, sin atajos o astucias de turno.

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¿Invicta en su fecundidad?

La Universidad tendrá que dar testimonio de su fecundidad científica, académica, y democrática; y frente a esto los estudiantes estamos obligados a reevaluar las formas de expresión y participación política. Será necesario trascender de la espontaneidad y la euforia trivializante, hacia la investigación, la argumentación y la generación permanente de ideas, como condición imperante para superar el absurdo, reconocer los errores, invisibilizar los referentes perversos y cambiarle la cara al movimiento estudiantil; mientras tanto algunos sectores docentes y administrativos, principalmente de las ciencias sociales y humanas (de quienes por razones obvias se esperaría posiciones un tanto liberales) tendrán que quitarse la sotana, guardar las charreteras y permitir que la Universidad permanezca invicta en su fecundidad.

Por Santiago Gómez Velásquez Estudiante Ingeniería de Alimentos Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Química Farmacéutica

Es cierto que la crisis actual que afronta la Universidad está condicionada por problemáticas internas que venían tomando consistencia desde tiempo atrás. Pero más importante que esto, es la manera en que la convulsa situación que se viene presentando pone de nuevo en evidencia el conservadurismo virulento que signa el accionar político de quienes la dirigen y administran.

Antes que arrojar nuevas interpretaciones o análisis a la sobre diagnosticada problemática actual o de proponer caminos alternos que puedan contribuir a la solución de aquellas situaciones por las que el Alma Mater fue

cerrada, es preciso plantear, como condición primaria, la necesidad de protegerla frente a la intencionalidad mezquina de algunos sectores políticos regionales que buscan tras bastidores hacer de la Universidad una de las piezas madre en el actual contexto pre electoral, persiguiendo una figuración preeminente en el proceso de “pacificación de la Universidad de Antioquia” y su posterior efecto inductivo en la consecución de réditos políticos. Esa situación ha generado que personajes sibilinos y arrogantes posen como defensores a ultranza de la universidad pública mientras que paralelamente han promovido hasta la saciedad

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿Invicta en su fecundidad?

un halo de ingobernabilidad y anarquía que les permita concretar sus propósitos non- sanctos.

De la consulta implementada se puede concluir a primera vista que existe un hastío generalizado frente a tanta desmesura y un compromiso irrestricto con el ethos de la Universidad, pero esta interpretación comulga con la misma obviedad anodina y simplista de quien diseñó las preguntas. La consulta no trascendió de ser una herramienta para tabular y sistematizar un sentir casi unánime en todos los estamentos, que permita su posterior utilización como elemento tangible de justificación y legitimidad frente a las acciones que se deseen implementar desde el Consejo Superior Universitario (CSU). Cabe plantear entonces que se presentó un desacierto evidente frente al uso de este mecanismo, puesto que aseverar que la consulta de marras contribuirá a generar soluciones, afianzará compromisos y fortalecerá la pertenencia, es totalmente falso.

Si la Universidad desea superar las actuales desavenencias es obligatorio que las soluciones planteadas germinen desde una perspectiva que abarque todas las características y complejidades que la constituyen. Donde espacios de participación, paridad y reconocimiento permitan que los diferentes estamentos construyan conjuntamente las soluciones apropiadas.

Aquellos en quienes recae la responsabilidad de tomar las decisiones que configuran el presente y futuro de la Universidad han demostrado nuevamente que existen posiciones diametrales entre lo que promulgan y lo que aplican. Los pronunciamientos del CSU y del Consejo Académico resaltan por sus palabras edulcoradas, sus párrafos academicistas y sus loas interminables por la libertad, la democracia y el conocimiento. En contraste a esto la Universidad se mantiene abiertamente antidemocrática en su administración y en su funcionamiento interno, ronda cierto talante autoritario que considera a las libertades como obstáculos a remover en la consecución del orden; y el horizonte del conocimiento se es-

Si la Universidad desea superar las actuales desavenencias es obligatorio que las soluciones planteadas germinen desde una perspectiva que abarque todas las características y complejidades que la constituyen. Donde espacios de participación, paridad y reconocimiento permitan que los diferentes estamentos construyan conjuntamente las soluciones apropiadas.

trecha inexorablemente frente a la hegemonía de un pensamiento unidimensional, avasallador y homogenizante.

Frente a lo expuesto considero que si existe un compromiso real por parte del CSU y del Consejo Académico de cara a ese modelo de universidad democrática, científica y humanista que dicen defender, será necesario tener en cuenta: 1. La afamada Democracia a la que tanto se exhorta no puede seguir siendo el producto de densas elucubraciones filosóficas plasmadas en artículos, pronunciamientos o comunicados, pero que no se aplica nunca de la manera más primaria y procedimental. La Democracia debe garantizar mecanismos reales y prácticos para que el “demos” se transforme en “kratia”. No se trata de hacer evocaciones apologéticas a discursos de antaño sobre el polémico co-gobierno, pero sí es necesario aclarar que en el Alma Máter las formas democráticas de elección y participación resaltan por su ausencia; trabajadores, estudiantes y profesores permanecen relegados de decisiones tan fundamentales para el ejercicio democrático como determinar quién administra la Universidad en sus diferentes dependencias (rectoría, facul-

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tades y departamentos). Esta lógica no sólo desconoce e invisibiliza la voluntad de los estamentos mayoritarios que componen la comunidad universitaria, sino que permite que un modelo único de universidad prevalezca y se arraigue, negando la posibilidad que otras formas de entender, sentir y pensar la Universidad tomen consistencia real.

Mientras en la Universidad de Antioquia prolifere este sentido alegórico y abstracto de la democracia los problemas que arroja su compleja dinámica interna serán irresolubles.

2. La Universidad deberá ser vertical y severa contra quienes utilicen el campus universitario para el expendio y trafico de drogas, frente a esto no pueden haber contemplaciones ni puntos medios. Pero una cosa muy diferente es que aun proliferen las posiciones que consideran que el deber de la Universidad también comprende la persecución, el señalamiento y la sanción de quienes son consumidores. La Universidad no puede adoptar la misma lógica policiva del Estado colombiano en donde se atenta contra las libertades básicas, se trata al ciudadano como niño y se niega la concepción de sujeto capaz de autodeterminarse y regirse. Este modo de abordar la problemática propio de imaginarios fachistas y camanduleros ha demostrado con argumentos de sobra su esterilidad y fracaso.

Sin salirse del marco legal y constitucional la Universidad puede implementar una política interna seria y contundente, dirigida a la transformación de la cultura universitaria frente al uso del campus; con un discurso que promueva la autorregulación, que hable del consumo responsable y que arroje elementos políticos, sociales y científicos que pongan a toda la comunidad universitaria a gravitar en torno al rechazo moral y efectivo del microtráfico.

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3. La cuestión sobre lo público reviste una importancia ineluctable en la esfera de las libertades y los derechos básicos, trasciende la condición de comunidad universitaria y se ubica en el ámbito de la ciudadanía. Conviene entonces advertir que el discurso de lo publico viene siendo vulgarmente ajado según las necesidades que el momento político demande. El modo de caracterización, organización y conformación de lo público se desdibuja frente al lenguaje institucional que por conveniencia lo invoca y embellece pero que en muchas de sus prácticas lo niega y desconoce.

Cada vez que la Universidad presenta conflictos o problemáticas internas, el paquete de respuestas o soluciones planteadas toma como eje cardinal la restricción, vigilancia y control del uso del campus universitario como espacio público. Estas medidas inmediatistas que sólo camuflan las raíces del problema, terminan por lo general debilitando la misión de la Universidad y negando su naturaleza publica.

Inmersa en un modelo de Estado que abiertamente ataca, sataniza y desmonta lo público, el discurso y la praxis univer-

La Universidad deberá ser vertical y severa contra quienes utilicen el campus universitario para el expendio y trafico de drogas, frente a esto no pueden haber contemplaciones ni puntos medios.

Pero una cosa muy diferente es que aun proliferen las posiciones que consideran que el deber de la Universidad también comprende la persecución, el señalamiento y la sanción de quienes son consumidores.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El ostensible detrimento del pensamiento crítico al interior de la Universidad de Antioquia –desconocido o desvirtuado principalmente por amplios sectores del estamento profesoral–, hace que un proyecto de sociedad éticamente sustentable sea difícil de pensarse o fortalecerse desde el Alma Máter.

sitaria están obligados a construir imaginarios individuales y colectivos que de forma contraria lo exijan, preserven, dignifiquen y embellezcan.

Sólo cuando se decida adelantar una política permanente que genere apropiación y pertenencia del campus como espacio público, a partir de un nexo ético, cultural e identitario entre la ciudadanía y la Universidad, será posible contrarrestar el uso inadecuado que se le da a los espacios que brinda el Alma Máter. De otra forma la Universidad seguirá aislándose y cerrando sus puertas a la comunidad, y su esencia pedagógica, creadora y humanista se habrá desvanecido.

4. Si partimos de la premisa que la democracia es –hasta la fecha– el mejor sistema para la convivencia y organización social, toda propuesta educativa debe reconocer la importancia del pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje; entendiéndolo como categoría imprescindible para el ejercicio pleno del intelecto en relación a las diferentes dimensiones que configuran la condición humana, tanto en la experiencia individual como colectiva.

Existe una orientación estrictamente tecnócrata que viene interviniendo to-

dos los espacios de producción de conocimiento y que se ha posicionado como el sustrato referencial para la educación universitaria, construyendo un discurso totalizante que vincula a la Universidad única y exclusivamente con los requerimientos estrictos del sector productivo y el desarrollo tecnológico.

Más que un profesional con formación universitaria en un campo disciplinar concreto, la aciaga complejidad económica, política y social que caracteriza a nuestro país demanda de la Universidad la producción de ciudadanos íntegros en su formación, bien informados y altamente preparados para asumir decisiones y soluciones en su vida privada y, más aún, en la esfera publica.

El ostensible detrimento del pensamiento crítico al interior de la Universidad de Antioquia –desconocido o desvirtuado principalmente por amplios sectores del estamento profesoral–, hace que un proyecto de sociedad éticamente sustentable sea difícil de pensarse o fortalecerse desde el Alma Máter.

La Universidad tendrá que dar testimonio de su fecundidad científica, académica, y democrática; y frente a esto los estudiantes estamos obligados a reevaluar las formas de expresión y participación política. Será necesario trascender de la espontaneidad y la euforia trivializante, hacia la investigación, la argumentación y la generación permanente de ideas, como condición imperante para superar el absurdo, reconocer los errores, invisibilizar los referentes perversos y cambiarle la cara al movimiento estudiantil; mientras tanto algunos sectores docentes y administrativos, principalmente de las ciencias sociales y humanas (de quienes por razones obvias se esperaría posiciones un tanto liberales) tendrán que quitarse la sotana, guardar las charreteras y permitir que la Universidad permanezca invicta en su fecundidad.

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La crisis de la Universidad como crisis de su idea Por Carlos Emel Rendón Profesor Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín carlosemel@yahoo.es

…resulta prácticamente imposible acoger, por debilitadora o falsificadora de la Idea de la Universidad, la idea de que la Universidad es el “reflejo de la sociedad”: la Universidad, sencillamente porque es la educadora de la sociedad y, en sentido amplio, la educadora de la Humanidad, lejos de ser su reflejo, ha de ser su refutación.

Resultaría difícil aceptar que la crisis por la que actualmente atraviesa la Universidad de Antioquia se pueda explicar a partir de los hechos desnudos que hoy son materia de toda suerte de comentarios, comunicados y, en no poca medida, de escándalo para la sociedad. Tal y como se presentan las cosas, lo que hoy sucede es sólo la consecuencia, y, bien considerado todo, la consecuencia necesaria, de una serie de prácticas y conductas cuyo surgimiento y afianzamiento parecen comprometer la responsabilidad de todos, es decir, no sólo de la comunidad espiritual que definen los estudiantes, docentes, cuerpo administrativo y egresados, sino también de la comunidad

En mi calidad de egresado del pregrado y el doctorado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, he creído una obligación moral e intelectual de mi parte expresar mi punto de vista sobre la presente crisis de la Universidad. Para ello, he escrito un ensayo que quisiera dar a conocer al público académico a través de la propia instancia universitaria.

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA La crisis de la Universidad como crisis de su idea

Es en este sentido como afirmamos que la actual crisis de la Universidad de Antioquia, crisis que no es de hoy ni de ayer sino que se extiende largamente en su pasado, es, fundamentalmente, una crisis de su Idea, esto es, de la comprensión de lo que la Universidad es como universo teórico y práctico de saber, y que, por lo mismo, es una crisis enteramente espiritual, justamente porque la Universidad es la expresión espiritual más acabada de la vida y la organización de la sociedad y por cuanto esa sociedad es constitutiva –y no solamente beneficiaria– de la organización del saber que la Universidad representa.

más amplia de la sociedad en general, a la que aquella comunidad espiritual se debe.

Por ello mismo, una simple explicación empírica de la situación, que se limitara a describir la lógica o la causalidad de los hechos, no podría aportar mucho a la comprensión de lo que, en el fondo, está en juego: la Idea de la Universidad. Pues no deja de ser más que evidente, que para que las cosas hubiesen llegado a este punto, se tuvo que haber perdido, en algún momento, y por alguna razón, la Idea que identifica y define a la Universidad en su esencia y espíritu más propios, esto es, la de la Universidad como organización universal del saber y como forma práctica de vida orientada por esa organización. Puede que esta Idea sea mucho más amplia de lo que se expresa aquí; puede que ni siquiera tengamos –ni hayamos tenido– una idea clara de lo que significa la Universidad; pero, sea como fuere, no parece probable desmentir el punto de vista –que aquí queremos defender y nos motiva a esta reflexión– de que la actual crisis de la Universidad obedece a una crisis en la comprensión, por parte de la comunidad académica y social, de lo que ella es.

Bastaría contrastar lo que hoy es y rige los destinos de la Universidad con lo que, en sentido estricto, es la Universidad según su función y misión esenciales, según su Idea, para percatarnos de que no estamos ante una simple cuestión de hecho: estamos ante algo que trasciende lo que se nos presenta en la forma patética en que lo conocemos o padecemos, y que se asienta, en gran medida, en la mentalidad misma de los miembros de la comunidad académica y social, sea cual sea el tipo de relación que ésta tenga con la Institución. Es en este sentido como afirmamos que la actual crisis de la Universidad de

Antioquia, crisis que no es de hoy ni de ayer sino que se extiende largamente en su pasado, es, fundamentalmente, una crisis de su Idea, esto es, de la comprensión de lo que la Universidad es como universo teórico y práctico de saber, y que, por lo mismo, es una crisis enteramente espiritual, justamente porque la Universidad es la expresión espiritual más acabada de la vida y la organización de la sociedad y por cuanto esa sociedad es constitutiva –y no solamente beneficiaria– de la organización del saber que la Universidad representa.

Para la comprensión del punto de vista enunciado, resulta procedente aclararnos ante todo una serie de opiniones y convicciones que, mantenidas a lo largo del tiempo y reforzadas por la falta de penetración en la naturaleza de las cosas, se han convertido ya en prejuicios y lugares comunes. Lo primero que hemos de considerar al respecto es la conocida opinión de que la Universidad es el reflejo de la sociedad, y, por tanto, de que la crisis de la Universidad refleja la crisis de la sociedad. El que la Universidad se componga, al fin y al cabo, de miembros de la sociedad no implica el que estos miembros, en tanto que miembros de una comunidad de saber, hayan de repetir en esa comunidad las prácticas y visiones de mundo que observan en su vida social cotidiana.

Si esta implicación fuere necesaria, carecería de todo sentido la idea de “formación” que solemos vincular a la Idea de Universidad, cuando aceptamos, tácita o expresamente, que la Universidad es algo que forma, en algún sentido, el espíritu y el carácter humanos.

La estilización de la vida que es inherente a la formación es, quizá, una de las más grandes y bellas oportunidades que confiere la Universidad a todo el que decide hacer parte de ella, y es sólo en la me-

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dida en que acogemos ese estilo de vida (que radica, entre otras cosas, en la decantación de la propia racionalidad y las formas mismas del lenguaje y el trato intersubjetivo), como marcamos una diferencia ostensible y, en gran medida, irreductible con el mundo social que nos rodea.

Es esta diferencia lo que se hace consciente en la expectativa que la sociedad en general tiene sobre el estudiante universitario: espera de él, en efecto, que actúe y se conduzca como alguien que ha tenido la oportunidad de educarse y como alguien en quien ella ve parte de su futuro. Toda neutralización de esta diferencia por vía de una apelación a la condición social del estudiante no hace más que trivializar la capacidad transformadora que tiene la Universidad sobre sus miembros, capacidad que no se circunscribe, por supuesto, a la transmisión de saberes determinados, sino que alberga también la implantación de puntos de vista caracterizados por la amplitud de su horizonte y la penetración crítica de su medio. No se va a la Universidad para seguir siendo el mismo, sino –y en ello reside la esencia de la formación que ella ofrece– para elevarse sobre sí mismo y tomar distancia respecto de sí. Pues ella, en efecto, no sólo nos transforma en relación con los otros: también nos transforma en relación con nosotros mismos, y es quizá el mayor deber para con nosotros el asimilar esta transformación propia como base de la anhelada transformación social.

La Universidad es una experiencia propia de vida que enriquece a sus miembros en virtud de la tendencia universalizadora que ella imprime a los diferentes procesos pedagógicos que la constituyen, y que operan sobre la vida del estudiante como puntos de quiebre y de ruptura con aquello que asimila acrítica y resignadamente de la sociedad que le rodea. La Universidad configura, desde el universo teórico del saber, un universo práctico de la vida, en el que se encuentran inmersos por igual todos sus miembros.

Si quisiéramos describir este universo práctico en términos de los valores, prácticas y conductas que configura, cabría mencionar desde el espíritu de la coexistencia pacífica entre sus miembros, pasando por la tolerancia de las visiones de mundo encontradas y la honestidad ante el compromiso que impone la respectiva condición universitaria, hasta el respeto por el valor simbólico que encar-

Es esta diferencia lo que se hace consciente en la expectativa que la sociedad en general tiene sobre el estudiante universitario: espera de él, en efecto, que actúe y se conduzca como alguien que ha tenido la oportunidad de educarse y como alguien en quien ella ve parte de su futuro. na el campus universitario. A la vista de este ethos configurador y transformador del ser y el hacer de la vida de la Universidad, ethos que ha permitido la formación y mejoramiento de las condiciones de vida de generaciones enteras, que ha de elevar a la Universidad por encima de cualquier actitud o tendencia utilitarista e instrumentalizadora de ella, y que ha de estar presente entre sus miembros a manera de un intangible moral que regula la relación de ellos entre sí y con ella en tanto que Institución espiritual, resulta prácticamente imposible acoger, por debilitadora o falsificadora de la Idea de la Universidad, la idea de que la Universidad es el “reflejo de la sociedad”: la Universidad, sencillamente porque es la educadora de la sociedad y, en sentido amplio, la educadora de la Humanidad, lejos de ser su reflejo, ha de ser su refutación. Esto, naturalmente, no significa desconocer –como se insinuará líneas más adelante– la fuerte mediación social que, en su condición de institución pública, ella experimenta en la totalidad de su propia organización.

Como segundo argumento a cuestionar se presenta el relacionado con la concepción de la Universidad como espacio para ganarse la vida, como espacio para el “derecho al trabajo”. Es evidente que en esta tendencia a hacer de la Universidad un medio de ganarse la vida, se perfila una concepción asistencialista y benefactora de la Universidad, que parece sobrepujar la idea de la Universidad como institución dedicada a la investigación y formación científica y académica de sus miembros.

No se puede desconocer que esta mentalidad de la supervivencia obedece, al menos en sus orígenes,

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La Universidad es una experiencia propia de vida que enriquece a sus miembros en virtud de la tendencia universalizadora que ella imprime a los diferentes procesos pedagógicos que la constituyen, y que operan sobre la vida del estudiante como puntos de quiebre y de ruptura con aquello que asimila acrítica y resignadamente de la sociedad que le rodea. La Universidad configura, desde el universo teórico del saber, un universo práctico de la vida, en el que se encuentran inmersos por igual todos sus miembros.

a un afán por escapar a la falta de oportunidades de trabajo que caracteriza nuestro mercado laboral y que golpea tan drásticamente la vida socio-económica de amplios sectores de la población estudiantil.

Como búsqueda motivada en el deseo y el derecho de asegurarse un mínimo de condiciones materiales para el sostenimiento propio y la propia permanencia en la Universidad, aquel afán de supervivencia se encuentra justificado en sí mismo, y sólo alguien que desconociera la dramática realidad que vive nuestra sociedad en materia de oferta laboral y condiciones de empleo dignas, se atrevería a condenarla como práctica nociva para el normal desempeño de la Universidad. Si tuviéramos una sociedad igualitaria y justa, nos uniríamos a esa voz, y entenderíamos que aquella mentalidad esconde un afán mezquino de enriquecimiento, o en todo caso, de lucro económico a expensas de la Universidad y sus bienes. No creo que podamos elevar esta voz. Hemos de ser plenamente conscientes del hecho de que, para aquellos estudiantes que viven en situaciones económicas de penuria y que acuden a la Universidad en condiciones poco o nada propicias para el normal desempeño académico, la Universidad no puede ser sólo el lugar donde se

forman: es ante todo, y quizá prioritariamente, el lugar donde sobreviven. Hace años que esto ha llegado a ser una dura e inocultable realidad, entre las muchas que agobian la Universidad. Ignorar esta realidad es ignorar las formas y expresiones que, entre nosotros, adquiere la pobreza.

En consecuencia: ¿Cómo habría de escapar la Universidad a ese poder de configuración de imágenes, mentalidades y proyectos de vida con que la pobreza ha moldeado los más elementales cimientos de nuestra sociedad hasta amenazar no sólo su viabilidad, sino la del Estado en general?

Si esta pregunta pareciera provocadora o legitimadora de un estado de cosas indeseable, piénsese por un momento en lo que ha llegado ser, para grandes capas de nuestra sociedad, el así llamado “ganarse la vida como sea”: se trata de algo frente a lo cual –para nadie es un secreto– desaparece todo sentido de la legalidad, toda instancia moral, toda institución familiar y educativa y, en suma, el valor mismo de la vida. Hoy es un hecho –pues los hechos hace mucho tiempo están a la vista– de que algo de esta fatídica mentalidad se ha apoderado de la Universidad, y que, en gran medida, es responsable de su crisis… Quizá no sea ésta la última de las razones para poner en duda toda posible defensa de la mentalidad que reivindica el “derecho al trabajo”, incluso en la forma bien intencionada y justificada que presenta considerada en sí misma. Veamos por qué.

Dicha mentalidad descansa en una falacia: exige de la Universidad algo que no pertenece a su misión.

La Constitución, ciertamente, consagra el derecho al trabajo: no dice que se lo pueda ejercer a cualquier precio; tampoco se lo demanda a la Universidad como misión o tarea suya; se lo demanda al Estado.

En cuanto derecho constitucional, es un derecho de todos, no sólo de los más necesitados. ¿Qué pasaría si todos los estudiantes lo ejercieran? Tampoco puede decirse que por ser pobre se lo tenga que ejercer –no todos los estudiantes pobres de la Universidad lo hacen–; y es probable que sus condiciones sean aún más precarias que las de los que lo reclaman y usufructúan. El ejercer este derecho sin consultar a las instancias universitarias sobre su pertinencia y sin atender a las implicaciones que esto tiene para el propio bienestar de los demás estudiantes, es un acto de suyo violento: con él, en efecto, el estudiante parece imponer a la Universidad sus condiciones, en la

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Hemos de ser plenamente conscientes del hecho de que, para aquellos estudiantes que viven en situaciones económicas de penuria y que acuden a la Universidad en condiciones poco o nada propicias para el normal desempeño académico, la Universidad no puede ser sólo el lugar donde se forman: es ante todo, y quizá prioritariamente, el lugar donde sobreviven.

Hace años que esto ha llegado a ser una dura e inocultable realidad, entre las muchas que agobian la Universidad. Ignorar esta realidad es ignorar las formas y expresiones que, entre nosotros, adquiere la pobreza.

medida en que la obliga a cederle parte de su espacio y de sus bienes para el ejercicio de su actividad.

Vemos expresado este fenómeno, quizá en su forma más lamentable, en el paulatino y creciente proceso de apropiación de los bienes materiales que contiene el campus universitario, y que ha conducido a que éste tenga, literalmente, dueños y a que, por esa misma razón, se excluya a los demás estudiantes del uso de tales bienes, originalmente destinados a su beneficio. Se produce así, una suerte de privatización de lo público, en la medida en que sus bienes, que son de toda la comunidad, son objeto de explotación económica por parte de individuos particulares; diríase, en otras palabras, que es otra forma de privatización de la Universidad, como quiera que ya no es el estudiante el que puede ejercer su derecho a disfrutar de esos bienes, sino que ha de dejarlo a quien se sirve de él para su trabajo. Es perceptible el perjuicio que esto conlleva no sólo para aquellos estudiantes que no cuentan con otro espacio de estudio que el que les ofrece el campus universitario, sino también para la Universidad misma, en virtud del deterioro a que se ven expuestos los bienes empleados en aquellas actividades. Expresión extrema de todo esto es el deterioro generalizado de la calidad de vida dentro de la Universidad, por cuanto que la diversidad de actividades y su extensión por el campus da lugar a una especie de ambiente de compra-venta, que resulta todo lo menos propicio para el estudio y el encuentro académico o de diversión entre los miembros de la comunidad universitaria.

El fenómeno de la apropiación de lo público con fines de explotación económica, es, pues, una práctica que, además de violentar un mínimo de legalidad jurídica, violenta asimismo el derecho al estudio

de todos aquellos estudiantes que se mantienen al margen de aquellas prácticas y que, tanto simbólica como fácticamente, se ven privados de lo que aquel derecho les concede ya por su sola condición de estudiantes. Esto último obliga a considerar lo que es la responsabilidad ética de parte del estudiante-trabajador frente a la propia comunidad universitaria.

En efecto, cabría pensar en lo que es esa falta de solidaridad y cooperación que conlleva el excluir a otros de bienes destinados en un uso común y compartido. Cada mesa, cada silla, cada muro, cada metro de espacio del campus universitario tiene en sí mismo un valor propio, ese que le viene dado intrínsecamente tanto por el derecho y la necesidad de todo estudiante, como por el destino final al que ese bien debe ser entregado: es probable que la necesidad de trabajar –que aquí no está en cuestión– sea ciega a esa significación irreductible que tiene las cosas de las que insolidariamente se apropia, y que no vea en ellas otra significación que la que le impone el sentido egoísta del propio provecho.

Quien en nombre del derecho al trabajo niega a su propio compañero de institución el uso de algo que, acaso con más derecho y necesidad, requiere ese compañero para su estudio, ejerce, a su manera, una cierta violación del derecho al estudio, que es el que, en esencia, ese compañero reclama. Si suponemos que el que invoca el derecho al trabajo es, como el otro, un estudiante, se verá la crasa inconsecuencia que encierra su actitud: reclama la solidaridad de la comunidad universitaria, esa solidaridad que le hace posible su subsistencia, pero la niega para su propio como compañero de institución. A menos que se crea que el tener que trabajar para vivir justifica cualquier medio para

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA La crisis de la Universidad como crisis de su idea

Sobre el trasfondo de lo planteado hasta aquí, podría alguien pretender inferir que la crisis de la Universidad compromete primeramente, como responsables directos de la misma, a los actores que, con las prácticas referidas, han terminado por distorsionar su Idea. Con todo lo que implica para la Institución la presencia de estos actores, no puede desconocerse el hecho de que en la crisis se haya implicado por igual la Administración misma de la Universidad y, como institución social que éste es, la sociedad misma.

lograrlo, es una norma de conducta elemental el respeto al derecho al estudio por sobre cualquier otro pretendido derecho dentro de la Universidad.

La observancia de esta conducta está lejos de ser un simple favor o cumplido que se le hace a quien reclama ese derecho, es una obligación que resulta del hecho de compartir un mismo espacio de acción y, por lo mismo, una misma condición como miembros de ese espacio. La imposición del derecho al trabajo sobre el derecho al estudio rompe sin remedio la igualdad de condiciones en la que la Universidad pone a sus estudiantes al reconocerlos y tratarlos, sin discriminación alguna, como portadores irremplazables de un mismo derecho: el derecho a la educación. Por ello mismo, el relacionarse y tratarse de sus miembros entre sí como sujetos de ese derecho es fundamental para el aseguramiento de relaciones inspiradas por la solidaridad, la confianza y la cooperación recíprocas, prácticas determinantes de la posibilidad de toda vida en común, y, por ende, de la propia vida y convivencia en la Universidad.

A esta serie de implicaciones cabe agregar una que, aunque acaso menos evidente, no es menos impactante que las señaladas. Podríamos caracterizarla en términos de la desnaturalización de la relación entre el estudiante y la Universidad, esto es, de esa relación que existe originariamente entre ella como institución pedagógica y el estudiante como alumno de la misma, relación que opera a la manera de un pacto o acuerdo regulador entre ella en calidad de responsable principal de la formación profesional del estudiante y éste en calidad de miembro obligado a observar los compromisos que su condición de alumno le impone.

El perjuicio que trae consigo tanto para la institu-

ción como para el estudiante esta violación (unilateral) del pacto académico que los vincula originariamente, no puede ser minimizado por más que se apele al argumento (falaz) de que el estudiante cumple, después de todo, con sus tareas. El perjuicio es por partida doble: se perjudica la Universidad en la medida en que ella ve así estropeada la posibilidad de cumplir con el deber de ofrecer al estudiante la formación profesional a que tiene derecho, no sólo por el estado de zozobra a que continuamente se ve expuesto el curso normal del funcionamiento de la institución por la colisión de sus políticas con el ejercicio de las actividades económicas (sin mencionar el considerable perjuicio económico que esto representa para una entidad ya en dificultades de este tipo), sino también por razón de la pérdida paulatina del sentido del compromiso académico en que incurre un estudiante que ha decidido hacer de la Universidad el medio de su subsistencia, no ya de su formación; y se perjudica, además, el estudiante dado que la mencionada pérdida de sentido de pertenencia a su condición de alumno no deja de intervenir en su rendimiento académico, pues el tiempo e interés que, bajo otras condiciones, dedicaría al estudio, se ven menguados por la misma lógica que le impone las actividades económicas a que se dedica; y no sería exagerado aventurarse a suponer que la propia labor del docente se ve alterada en algún sentido, pues el docente no está en este caso frente a la figura del estudiante propiamente dicho, sino ante la figura ambigua del estudiante-trabajador (o negociante), frente al cual es presumible que se vea obligado, al menos inconscientemente, a tener un orden de exigencia diferente del que tiene frente al estudiante regular1.

Y, sin embargo, sería enteramente banal y no ajus-

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tado a la historia de los hechos que hoy lamentamos, querer identificar la actual crisis de la Universidad con la facticidad inmediata que describen los hechos desnudos, esto es, aquellos que se concretan en la alteración del modus vivendi de la Universidad.

Por lo mismo, no bastaría con ofrecer una explicación empírica de lo que sucede ni, menos aún, con pensar soluciones inspiradas por el apremio que la gravedad de la situación ocasiona. Es necesario apropiarse de las verdaderas raíces de la crisis, si se quiere llegar, en alguna medida, a una solución sostenible a futuro. Es esta apropiación lo que hemos intentado en la consideraciones precedentes, en la medida en que ellas buscaban ante todo despejar un poco el horizonte conceptual para encarar la cuestión de fondo que mencionamos al principio, la cuestión relativa a que la crisis de la Universidad es, en esencia, la crisis de su Idea, y que, por tanto, es necesario ir más allá de lo empíricamente dado para tratar de comprender dicha crisis en su fuente misma, esto es, en la mentalidad que subyace a la forma en se ha llegado concebir, entre nosotros, la función y misión de la Universidad.

En tal sentido, lo afirmado hasta aquí es, antes que una postura simplemente crítica de los hechos, una valoración crítica de los prejuicios en que aquella mentalidad se expresa, los cuales, en tanto que se concretan en prácticas y visiones de mundo que intervienen con gran poder de alteración en el desarrollo de la vida académica e investigativa de la Universidad, violentan el derecho universal al estudio de toda su comunidad académica y, con consecuencia, de la comunidad social en general.

Las observaciones precedentes intentan así mostrar que es en esta mentalidad en donde comienza a distorsionarse sensiblemente la Idea de la Universidad, en tanto somete a ésta, así en su ser espiritual como material, a una instrumentalización generalizada que termina por hacer de ella un simple medio para la consecución de los fines pragmáticos que imponen por sí las actividades que se ejercen en sus espacios. Como consecuencia mayor del proceso que ha desatado la mentalidad en cuestión, hemos querido hacer resaltar la desnaturalización que tal proceso provoca en la relación originaria entre la Institución y su comunidad, en tanto que desvirtúa esta relación, originariamente mediada por los procesos cognitivos, científicos y éticos que emanan por sí de la idea de la Univer-

El fenómeno de la apropiación de lo público con fines de explotación económica, es, pues, una práctica que, además de violentar un mínimo de legalidad jurídica, violenta asimismo el derecho al estudio de todos aquellos estudiantes que se mantienen al margen de aquellas prácticas y que, tanto simbólica como fácticamente, se ven privados de lo que aquel derecho les concede ya por su sola condición de estudiantes. Esto último obliga a considerar lo que es la responsabilidad ética de parte del estudiante-trabajador frente a la propia comunidad universitaria.

sidad, al desplazar a un segundo plano el compromiso que adquiere el estudiante con la institución, con la comunidad universitaria y consigo mismo, compromiso que se sigue del hecho de participar de tales procesos y de asumir así, ante el conjunto de la sociedad, la responsabilidad en el mejoramiento material y espiritual de ella misma.

Sobre el trasfondo de lo planteado hasta aquí, podría alguien pretender inferir que la crisis de la Universidad compromete primeramente, como responsables directos de la misma, a los actores que, con las prácticas referidas, han terminado por distorsionar su Idea. Con todo lo que implica para la Institución la presencia de estos actores, no puede desconocerse el hecho de que en la crisis se haya implicado por igual la Administración misma de la Universidad y, como institución social que éste es, la sociedad misma. Y es sólo en la medida en que estás instancias se sometan a una autocrítica en términos de la asunción de las responsabilidades que les competen por la situación del presente, como podemos ir despejando el camino para la soluciones que, con todo derecho, la Administración reclama de todos sus miembros y de la sociedad. Hablamos de la necesidad de la au-

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Las observaciones precedentes intentan así mostrar que es en esta mentalidad en donde comienza a distorsionarse sensiblemente la Idea de la Universidad, en tanto somete a ésta, así en su ser espiritual como material, a una instrumentalización generalizada que termina por hacer de ella un simple medio para la consecución de los fines pragmáticos que imponen por sí las actividades que se ejercen en sus espacios.

tocritica, pues ante la lamentable situación de la Institución resulta ineludible la pregunta ¿por qué y cómo se llegó hasta aquí?, pregunta que reclama una respuesta sincera de parte de quienes, como responsables del manejo de la Institución, tendrían que haber encarado los problemas en el momento mismo de su génesis. Pues lo que hoy vemos, no sucedió de la noche a la mañana, y es precisamente porque se trata de algo que obedeció a un proceso paulatino de descomposición, que no se encaró a tiempo, como se nos hace inevitable cuestionar el papel que asumió la Administración mientras se desarrolló dicho proceso.

Esto no significa, por lo demás, desconocer los esfuerzos e intentos emprendidos por la Administración para tratar de asegurar la marcha de la Institución y garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho al estudio, de la convivencia pacífica de sus miembros y de la autonomía de la Institución frente a las instancias del poder, legales o ilegales. Pero salta a la vista la total ineficacia de estas medidas, como lo muestra de manera incontestable el hecho de que la Universidad haya sido cerrada, medida que da a entender, explícitamente, que la situación era ya inmanejable, (por mucho que se quiera ver también en ello un espacio para la reflexión).

No es sólo llamando al respeto, al diálogo y a la tolerancia como la Administración podrá recabar el poder que la han arrebatado los hechos. Pues ese llamado, además de resultar tristemente convencio-

nal y ya gastado en todas sus manifestaciones, tiende a aminorar la responsabilidad que hoy se cierne sobre ella, por cuanto hace aparecer la situación actual como provocada, exclusivamente, por los fenómenos conocidos y sus secuelas desestabilizadoras. No es por esta vía como se podrá recuperar el control de los hechos, y – lo que no es poco– recuperar la credibilidad que, al menos en gran parte de la población académica y no académica, ha perdido la actual Administración en lo que atañe al manejo que, históricamente, ha dado a la crisis. Creer que la causa única de lo que hoy sucede en la Universidad es la crítica situación social y económica que vive la ciudad, y que, en tanto fenómeno externo a la Universidad, es algo que desborda el gobierno de la Institución, es, simplemente, querer asumir un papel tristemente secundario ante la magnitud de los hechos y, en esa medida, ocultar la realidad que la presente política administrativa, acaso sin quererlo, pero sin ser por ello menos responsable, ha terminado agravando.

El ejercicio de esta autocrítica no termina aquí, sin embargo: ha de competir también y quizá de una manera más radical y sincera, a quienes, en nombre de una situación económica determinada, han puesto el riesgo el derecho al estudio de toda la comunidad.

Es hora de que el estudiante se enfrente críticamente al falso dilema que, con su errónea comprensión de su condición de sujeto necesitado de trabajo, ha creado en el todo de la vida académica: el falso dilema de “o estudio o trabajo”. Esta autocrítica cabría, así, formularse en forma de respuesta a la pregunta: ¿Qué idea de Universidad es aquella que se tiene en mente como para pretender convertir el bien público que la Universidad representa y que, como tal bien, es patrimonio de toda una sociedad, en medio e instrumento de satisfacción de necesidades de individuos particulares? (pues es claro que el interés que rige el ejercicio de aquella actividades –como actividades mercantiles que son– es esencialmente un interés privado). Aunque suene a humor negro o, por el contario, a falta de humor, no estaría de más pensar si la mejor forma de ejercer esta crítica de sí mismo y, con ello, de restablecer el orden ideal de la Universidad y pagar así la deuda que se tiene con aquellos a quienes se ha perjudicado en su derecho al estudio, si la mejor forma, decimos, no sería la devolución espontánea a la Universidad, por parte de todos estudiantes trabajadores, de los espacios ocupados en aquellas actividades, y la

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Una última reflexión servirá para hacernos un llamado en nombre del compromiso y la gratitud que enmarcan nuestra relación con la Universidad: en medio de una sociedad tan convulsionada y viciada en sus valores, y de unas circunstancias tan adversas como las que de tiempo atrás hemos vivido en materia de convivencia pacífica, respeto al pensar diferente y, en general, a la más mínima forma de vida racionalmente orientada, la Universidad es el único bastión que nos queda para hacer repulsa a toda forma de barbarie.

consiguiente renuncia voluntaria al ejercicio de las mismas en todo el campus universitario.

Sea lo que se piense de ello, no vemos por qué no podría ser posible. Al menos, no carecería de gran valor simbólico diseñar una política institucional orientada a crear esta conciencia, como conciencia necesaria para la restauración de un mínimo de condiciones de la vida universitaria, para el comienzo de la reconciliación del espíritu universitario consigo mismo, y, finalmente, para la recuperación definitiva de la Idea de la Universidad. Un gesto de esta naturaleza equivaldría a una “entrega de armas”, gesto solo tras el cual una sociedad se pone en el camino hacia el reencuentro de sus condiciones fundamentales de conservación y supervivencia.

Una última reflexión servirá para hacernos un llamado en nombre del compromiso y la gratitud que enmarcan nuestra relación con la Universidad: en medio de una sociedad tan convulsionada y viciada en sus valores, y de unas circunstancias tan adversas como las que de tiempo atrás hemos vivido en materia de convivencia pacífica, respeto al pensar diferente y, en general, a la más mínima forma de vida racionalmente orientada, la Universidad es el único bastión que nos queda para hacer repulsa a toda forma de barbarie.

Este sólo hecho debería bastar para asumir una posición de conjunto que, por encima de todas las diferencias, una a todos los miembros de la Universidad para su defensa, su protección y su respeto.

Las amenazas que sobre ella se ciernen desde las propias estructuras sociales y estatales, en un juego macabro por desacreditar su sentido y su misión, y propiciadoras de políticas represivas y de señalamientos fatales, son, en el fondo, amenazas contra la razón, la inteligencia y la libertad, es decir, contra los valores constitutivos de su Idea y determinantes de su función. Por lo mismo, son amenazas contra la posibilidad misma de la coexistencia civilizada.

Ser indiferentes a este hecho –que no sería otra cosa que ser indiferentes a la Universidad, su futuro y a nosotros mismo– es asumir una actitud ciertamente irresponsable ante la situación presente, dado que así se favorecerían los intereses y las prácticas degradantes que tratan de arrebatarle a la Institución su razón de ser.

El legado y la herencia espiritual en los que ella, a través de la trasmisión universal del saber y de la respectiva forma de vida, se prolonga y vive en sus miembros de hoy y de ayer, han de concretarse en todos nosotros en una conciencia crítica y un sentido de pertenencia enteramente dispuestos a hacer valer su Idea ante todas las instancias de poder y todas las formas de influencia, tanto internas como externas, y a invocarla al momento de recordarles que, en cuanto patrimonio espiritual de toda una sociedad, es el mejor saber y la mejor forma de vida que ésta puede darse a sí misma.

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Notas 1. Vale decir que en estas consideraciones sobre la figura del estudiante-trabajador no nos referimos, por supuesto, al tipo de estudiante que trabaja para vivir en actividades requeridas por la propia Universidad para su funcionamiento (como en el caso de las monitorias), o en calidad de empleado o empleador de alguna empresa. Por lo mismo, lo dicho acerca de la mentalidad de la supervivencia en el campus universitario, no pretende valer para esta otra situación, entre otras cosas porque es dicha mentalidad, no la condición misma del tener que trabajar para vivir, la que está implicada en la crisis.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

¿…la Universidad que soñamos…?

Por Ivannsan Zambrano Gutiérrez Estudiante Licenciatura en Pedagogía Infantil* Universidad de Antioquia wisdomivannsan@hotmail.com

“El mito narraba las acciones del rey o de los dioses para ordenar el cosmos…El mito era un relato, no la solución a un problema”1.

El sonido de las bombas no es en ningún modo sublime y los enfrentamientos carecen de gloria; estamos a la espera de quien escriba el himno de la juventud condenada.

J.A.E

El interés de este escrito es mostrar a través del conjunto de letras que lo componen, una mirada crítica pero propositiva a los sucesos del 15 de septiembre de 2010 en la Universidad de Antioquia, que se entienden como un “estado de excepción Universitaria”; trata de incitar al diálogo y debate en la búsqueda constante del consenso por una Universidad en prosperidad continua. Así las cosas, se propone una óptica de análisis que no absolutiza sino que prolifera los caminos reflexivos que estamos convocados a transitar, para desde allí crear una nueva Universidad.

La Universidad de Antioquia es el corazón, es el alma y el aliento de Antioquia; la Academia Superior nunca ha sido ni será un lugar distante y amurallado en la ciudad. El Alma Máter también es Antioquia: las dos

A Aki, Mónica M, Teresita G, Alexander Y, Jorge A, y Alberto: estudiantes y maestros. * Candidato a Representante Estudiantil

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conforman una unidad, ambas se deben en mutua existencia, por ende sus virtudes, hazañas, logros y triunfos conciernen y son orgullo de una y otra, además es necesario reconocer que los problemas y conflictos de una son simple equivalencia de la otra; lo que se vive en Antioquia se refleja en la Universidad y viceversa; ambas vibran y envuelven su esencia, por lo tanto escribir sobre ellas como cuerpos independientes es un acto vacío y sin fines en lo que corresponde a los temas sociales y educativos, ya que quienes habitamos la Universidad somos –entre otros– los mismos que compartimos los sueños, logros y frustraciones de nuestra Antioquia.

El Alma Máter también es Antioquia: las dos conforman una unidad, ambas se deben en mutua existencia, por ende sus virtudes, hazañas, logros y triunfos conciernen y son orgullo de una y otra, además es necesario reconocer que los problemas y conflictos de una son simple equivalencia de la otra; lo que se vive en Antioquia se refleja en la Universidad y viceversa;

Sanando sin sanar y la universidad Esta ciudad, Medellín, que tanto hemos llorado por una historia llena de sangre, es hoy una apuesta cultural, artística e intelectual para el mundo; sin embargo, nadie desconoce que en la actualidad a pesar de las bajas en los índices de violencia y homicidios estamos nuevamente en ascenso, pues las acciones armadas lideradas bajo distintos nombres en todo el espacio metropolitano edificaron cambios, pero también, otros modos de operar donde nuevos grupos armados y pandillas funcionan de modo diferente; la situación es que dichas operaciones militares no han dejado los resultados deseados. Siendo así, la Universidad se dispone a abrir sus puertas para la intervención de fuerzas represivas en su campus, intentando con ello cambiar algo que ya en la historia de Medellín, se ha demostrado, no funciona; es un hecho que las alternativas propuestas por el Estado no tienen el impacto que debieran tener en su planeación; a pesar de ello, el propósito de que la Universidad sea habitada por este tipo de control se mantiene en pie como una operación mesiánica para salvarla de su enfermedad, pero, ¿es ésta la cura para la enfermedad? ¿…y los efectos secundarios de la misma?

La situación que nos aqueja es motivo de reflexión constante; palabras más palabras menos, necesitamos sentarnos a conversar, a pensar y meditar el futuro de nuestra Alma Máter. El día 15 de septiembre de 2010, un hecho innecesario de evocar, trajo bajo la intensidad e inmortalidad de los acontecimientos que transforman, un nuevo horizonte a partir del cual ya nadie es igual; todos somos y fuimos obligados a cambiar. Testigos y sufrientes del suceso observamos el hogar que nos forma asistir a una metamorfosis de sí mismo, en la que irremediablemente existe la posibilidad de mermar o eliminar la vitalidad crítica tan característica de su historia; así las cosas, la academia pública se presenta a las

puertas del Siglo XXI de rodillas, argumentando sus diferencias y exigiendo tal vez, sus derechos.

La Universidad violentada y en silencio después del 15 de septiembre, se ve así misma amarrada con las cadenas del poder y la injusticia, sus puertas cerradas y cercadas por los cuerpos de control2 anunciando su irremediable establecimiento no solo hacia afuera sino en la misma interioridad universitaria; de manera legal el Alma Máter se prepara para tiempos de silencio y opresión; sin embargo, en la exterioridad de los rostros estudiantiles se puede leer y ver una profunda preocupación por el devenir de nuestra casa, es necesario anunciar de esta forma que por ningún motivo a la academia se le puede silenciar u obligar a dejar de pensar y manifestar sus puntos de vista, así éstos sean contrarios a los grupos de poder: la academia somos todos y a cada uno de nosotros por derecho en Colombia, se nos debe respetar nuestro derecho a opinar, pensar y actuar diferente, por lo tanto, dicha violación a la Universidad de Antioquia, se constituye en un “estado de excepción Universitaria”: que no se hable, que no se piense, que no se actué y menos se muestre inconformidad o discrepancia; viva el silencio en la Universidad, que a cualquiera que desee gritar se le debe callar…

¿Un “estado de excepción Universitaria”?

Si a la universidad la invaden los cuerpos de control, si a la universidad la habitan los cuerpos de

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sin debate, sin posiciones contrarias, no es Nación, a lo sumo es una administración de cuerpos sin vida, sin órganos, sin voz ni conciencia, una administración de máquinas productivas, consumistas y elitistas.

...en la exterioridad de los rostros estudiantiles se puede leer y ver una profunda preocupación por el devenir de nuestra casa, es necesario anunciar de esta forma que por ningún motivo a la academia se le puede silenciar u obligar a dejar de pensar y manifestar sus puntos de vista, así éstos sean contrarios a los grupos de poder: la academia somos todos y a cada uno de nosotros por derecho en Colombia, se nos debe respetar nuestro derecho a opinar, pensar y actuar diferente,

No se desconoce que al interior de la Universidad suceden y acontecen movimientos ilícitos, peligrosos y prohibidos, sin embargo, solo una concientización y acción colectiva de los habitantes de la Universidad (estudiantes, maestros, personal administrativo, etc.) acorde con la justicia y el orden interno de la academia logrará poner en correspondencia con los fines educativos y éticos esta situación: un dialogo constante, una creación de alternativas de fuerza y oposición a este tipo de actividades nos debe llevar por senderos más apropiados y sabios al final de aquellos malestares universitarios, no solo en nuestra casa sino en las otras Universidades Públicas (incluso privadas) del País.

control, si a la universidad la controla el cuerpo de control, pues, abajo todo derecho a la libertad de expresión, al pensamiento libre, autónomo y crítico, si a la Universidad la asaltan los cuerpos de control desde sus propias entrañas que caiga toda educación abierta, ya que, es en ella en donde nos consolidamos como sujetos políticos en el acto pedagógico; en palabras de Kant, “la capacidad de usar la razón para orientar el propio destino, hace relación a un elemento fundamental de lo pedagógico. En el mismo acto pedagógico se inscribe una dimensión política”3 Con gases, armaduras y armas cargadas de balas para controlar y callar los cuerpos de control no son sino un excelente aparataje punitivo y disciplinario para aquellos que no se acogen a la norma normalizadora y reproductora de sujetos vía estandarización y regularización de la mente; esos que no se acogen son anormales, entendiendo por estos últimos, todos aquellos que como Simón Bolívar –a propósito del Bicentenario–, Manuelita Sáenz y Antonio José de Sucre, lucharon contra la opresión, la injusticia y la inconformidad, entre otras… y no es que en el presente los estudiantes o los maestros lideren ese tipo de empresas libertadoras, pero, en el lento fluir de las palabras llenas de denuncia, inconformidad y discrepancia, se construyó después de 1810 la Nación que hoy somos; un país

Concomitante a lo anterior se demanda hablar desde la multitud de voces y experiencias que nos habitan; crear en medio de una crisis de la que nacemos y renacemos como Universidad, es el comienzo constante que se exige ante la cotidianidad de la vida en las aulas de la U; que los Maestros hablen, que los estudiantes digan, que los cargos administrativos dialoguen, que todos nos encontremos en un hablar reflexivo y continuo para nuevamente parar. Detenernos es preguntarnos por lo que somos y seremos después del 15 de septiembre, hacer un alto en el camino es aceptar que la “herida de realidad” duele sobre nuestros cuerpos y que sólo a través de la palabra llena de esperanza sanaremos la vida de nuestra academia.

Se solicitan foros, debates, seminarios, actividades lúdicas y de pensamiento, se requiere meditar y publicar lo meditado, es urgente convocar a todos y cada uno de los habitantes del Alma Máter a vernos y escucharnos en los auditorios de nuestra casa; que los auditorios se llenen de vida a través del sonido de nuestras voces, cual lluvia constante de ideas sobre el pavimento de la historia que se hace y vuelve a hacer en y con la participación de todos.

Así las cosas, justicia y orden no son ni deben ser control y coerción o ejercicio punitivo de limitación a la libertad de las palabras reflexivas, pues, como lo señala Mejía citando a Habermas: “cada modelo […] se fundamenta en una determinada interpretación de la justicia social, proporcionada por su respetivo marco de justificación moral, que le permite inferir criterios de legitimación política sobre las instituciones económicas, políticas y sociales, en general. Di-

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mensiones estrechamente interdependientes pero cuyo punto de fuga gravita en torno, básicamente, al carácter del poder político, tanto en lo que atañe al sistema que ha de regularlo (lo cual implica una determinada concepción de la ciudadanía y de los procesos políticos institucionales) como el papel del Estado en el marco del mismo”4 Si el Estado considera que su interpretación de justicia social se corresponde con el uso de cuerpos de control, en la medida del control punitivo y represivo tanto física como mentalmente hacia el espacio de la corporeidad como objetivo de la violencia5 y el establecimiento de un “Estado de excepción Universitaria” a través de un sistema penitenciario mediante el cual, los habitantes de la Universidad sean vigilados, controlados y señalados como sujetos peligrosos a los cuales hay que controlar, es necesario, por un lado, elevar nuestra voz con argumentos sólidos y contundentes que desestabilicen y transformen dicha concepción errónea del orden social contemporáneo; esto implica, entre otras, pensar y actuar sobre la relación que teje el saber con la autoridad y la autoridad con el saber. Y, por el otro lado, reflexionar al interior de nuestra colectividad universitaria qué tipo de justicia social deseamos al lado de un policía cuando se dictan las clases con o sin él.

El sistema penitenciario universitario no es el nombre ni modo de funcionamiento de nuestra Academia, ella opera con fines educativos y políticos, constituyendo espacios de creación científica, humanística y artística; es dadora de conocimiento, de expresión escrita y corporal, es campo de crítica a los nuevos saberes y la evolución de las tendencias de pensamiento; a su vez forma el hombre del mañana, deposita semillas para una mejor Nación y cree contundentemente en el futuro de la raza humana. El Alma Máter no cultiva ni educa terroristas, sicarios o ladrones; así las cosas, no somos ni la casa universitaria es una penitenciaria.

A mi parecer, en la Universidad no debe ni puede existir un “Estado de excepción Universitaria” en el que vía control de habla y expresión se nos “eduque” para no hablar y callar en el silencio de la eterna agonía, asfixiando nuestros deseos por una Nación democrática, en paz y equitativa. Con ello recurro a las palabras de Negri y Hardt, citadas por Carrion en 20076 contra un estado de excepción: “…dadas las condiciones de estado de excepción permanente no es posible delimitar los espacios que permitan controlar los excesos del poder, ni impe-

dir que los mecanismos de control y disciplinares construyan una forma de vida que esté en pos de las intenciones capitalistas de productividad y las intenciones estatales de control de las ideologías, en las que se evidencian claramente características totalitaristas e imperialistas de las democracias actuales”.

El control de los sujetos a través de un panóptico constante y la presión simbólico-real que intentan establecer los altos mandos del Gobierno en la Universidad, construyen –en caso de materializarse– las condiciones adecuadas y precisas para la imposición y reproducción de un Estado Neoliberal basado en el control de los cuerpos y las mentes, específicamente a través de la fuerza, teniendo como resultado la construcción de sujetos políticamente forzados a callar en la Universidad, en tanto organismo del Estado Moderno; el problema va más allá, éste refiere a un tipo de Universidad, en la que los sujetos no tengan posibilidad de manifestar sus desacuerdos o discrepancias políticas por medio de marchas o actividades simbólicas sin miedo a ser intervenidos punitiva y represariamente por agentes de control que comparten su hábitat. Así la situación, la amenaza perpetua, logra su fin cuando los sujetos interiorizan la ley soberana del orden; “…individualización no como opción personal, sino como un aspecto de la transformación social que va mas allá del control del propio indivi-

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Se solicitan foros, debates, seminarios, actividades lúdicas y de pensamiento, se requiere meditar y publicar lo meditado, es urgente convocar a todos y cada uno de los habitantes del Alma Máter a vernos y escucharnos en los auditorios de nuestra casa; que los auditorios se llenen de vida a través del sonido de nuestras voces, cual lluvia constante de ideas sobre el pavimento de la historia que se hace y vuelve a hacer en y con la participación de todos.

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recho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Sin embargo, para imponer la fuerza, el Estado Social de Derecho se convierte en el sendero legal y jurídico liderado por el Estado que como soberano de la Nación encuentra una retórica legislativa para controlar, desvirtuando su constitucionalidad, [convirtiéndose] en estado de excepción (negándose a sí mismo), autorizándose así a obrar desmedidamente –el fin justifica los medios-– para –reitero– justificadamente eliminar todo indicio de desorden e inseguridad, causas principales del estado crítico e incontenible de la Universidad o la Nación..

No se desconoce que al interior de la Universidad suceden y acontecen movimientos ilícitos, peligrosos y prohibidos, sin embargo, solo una concientización y acción colectiva de los habitantes de la Universidad (estudiantes, maestros, personal administrativo, etc.) acorde con la justicia y el orden interno de la academia logrará poner en correspondencia con los fines educativos y éticos esta situación:

El deber de la Universidad que somos todos…

duo, aunque sin negarlo. Por lo tanto se trata de una individualización en lo social”7 (Elias, 1994b), consolidando así, en los adentros del sujeto, una única alternativa de hablar y pensar por las rutas de la normalidad que no implican encerramiento ni aislamiento, sino el establecimiento del orden y una única visión de progreso totalitarista en la comunidad.

El Gobierno ha entendido su función de mando y control a través del abandono de los principios democráticos para utilizar a cambio de ellos la fuerza represiva como elemento político; así, antes que la reflexión está la acción, dada su supuesta efectividad; justifica el uso de ésta por medio de comunicaciones donde pone de antemano la situación crítica e incontenible que pasa –en nuestro caso– la Universidad: lugar de expendio mayoritario de drogas, según Pirry para ésta y otras Universidades; lugar de reclutación guerrillera8 y otras tantas noticias que los medios comunicativos anuncian, manifestando que no hay más camino, que era necesario y oportuno controlar y aniquilar por medio de la fuerza aquel enemigo interno en el Alma Máter, culpable de la crisis de violencia e inseguridad actual9. De esta forma, el Estado legitima sus acciones punitivas, los medios comunicativos justifican dichas acciones y el pueblo colombiano las aprueba, pues, no había más remedio.

Colombia, según la Constitución Nacional de 1991, es un Estado Social de Derecho, como lo reza el artículo 1: “Colombia es un Estado Social de De-

Sobre lo anterior, no es momento de marchar, tampoco de vivir sin sentir la Universidad, menos de oír y no escuchar. Es tiempo de pensar y proponer alternativas llenas de prosperidad para el futuro de nuestro hogar. Ha llegado la hora –como siempre lo ha hecho– de mirar donde estamos; recordar que los pisos que nos sostienen huelen a estudio, a aprendizaje, a maestros, a estudiantes, a academia, a reflexión, a futuro y ante todo a vida. Nunca terminar –como se hace a veces con el amor– para olvidar lo que pasó y seguir –como si nada–, terminar para volver a comenzar, ya no en clases académicas con un tema especifico, sino en algo universal, nuestra Universidad.

Es tiempo de pensar sobre lo que nos pasa, que eso que nos pasa se investigue, se cuestione, se ponga en el centro de los pensamientos individuales y colectivos, que se presente en los debates y en los foros, que se escriba y se exprese artísticamente (temas que cuestionen desde lo que somos hasta lo que llegaremos a ser, y en ese trayecto cavilar sobre la democracia, la educación, el orden, entre otros, es necesario), ya que en los caminos por la defensa de la Universidad Pública, un proceso de investigación a fondo, significa adquirir un nuevo sentido de la realidad que nos acontece; eso que pasamos no es sino la reiteración de la necesidad de cada día ser mas reflexivos y consecuentes con nuestros actos en el ejercicio educativo y político, es decir, volvernos a pensar como Universidad, como campus y lugar

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Necesitamos una Universidad libre de toda atadura, en libertad de hablar y denunciar, en facultad de exigir y derecho de educar a sujetos crítico-reflexivos y visionarios; si la Universidad se escribe con las letras del silencio;, letras cautivas con tendencia a la muerte a través del veneno inocuo del rechazo y el silenciamiento, entonces, ya no es Universidad, por fin ha vencido el capitalismo maquinal; celebremos, ¡arriba la fábrica de sujetos, abajo las diferencias!

Notas 1. Pierre.,Vernant, J. (1973). Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Editorial Ariel, Barcelona.

2. Los cuerpos de control tienen por función el disciplinamiento de los cuerpos humanos en lo social y colectivo. Su trabajo a parte de proteger es ser actores en lo que sucede fuera de los límites del orden establecido, hacen presión sobre todo en el comportamiento de las personas, la manera en que viven, piensan e interactúan.

3. Citado en: Sequeda, Osorio, M. (1985). Educación y comunidad: una alternativa pedagógica. Revista Educación y Cultura. No 5 .P 48

de formación en los diferentes saberes de un futuro a nivel individual, colectivo o de Nación.

La Universidad debe tomar distancia frente al mercado y sus exigencias de controlar milimétricamente la vida cotidiana de los habitantes de la misma, mediante un control informativo y corporal que pretende saber todo lo que hacemos y somos; el control que nos hace víctimas del encierro de nuestros pensamientos e ideales, a aquellos que obedecemos e incluso a aquellos mandan; todos somos víctimas y victimarios de lo que nos pasa, y sólo mediante el dialogo y una concientización de la realidad que nos lleve por otros senderos más equitativos y menos autoritarios, construiremos la Universidad que todos deseamos, una universidad autónoma, progresista y líder en la formación de humanos capaces de transformar la sociedad.

Necesitamos una Universidad libre de toda atadura, en libertad de hablar y denunciar, en facultad de exigir y derecho de educar a sujetos crítico-reflexivos y visionarios; si la Universidad se escribe con las letras del silencio;, letras cautivas con tendencia a la muerte a través del veneno inocuo del rechazo y el silenciamiento, entonces, ya no es Universidad, por fin ha vencido el capitalismo maquinal; celebremos, ¡arriba la fábrica de sujetos, abajo las diferencias!

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4. Mejia Quintana, Oscar. (2003).La concepción neoliberal de la justicia; asunción y superación de una falacia. En. Darío I Restrepo Botero (ed), La falacia neoliberal. Crítica y alternativas. (pp 107-153), Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. P 107 5. “Porque la violencia no es sólo suprimir, desaparecer, golpear, la violencia busca someter el cuerpo y a través de éste en una espiral que envuelve: se somete la conciencia para someter el cuerpo y éste para someter la conciencia”.

Londoño V, A. (1987). “La pobreza absoluta tiene rostro de mujer”. Revista Educación y Cultura, No. 11, p 41 6. Sánchez, Ruben A.(2007). Biopolitìca y Formas de vida, Bogotà. Universidad Javeriana.

7. Citado en: Honorato,T. (2009).Institución escolar y Cultura en la civilización Moderna. Poder, prácticas sociales y Proceso Civilizador: los Usos de Norber Elias. Ed, Noveduc.

Buenos Aires. P 111.

8. Canal RCN. Especiales Pirry. “Los reclutas de la U” pasado el 6 de junio de 2010.

9. Que nada tiene que ver con la Historia de violencia, guerra y Narcotráfico de Medellín y la Nación, tampoco con la pobreza y marginalización de las Comunas y mucho menos con lo que pasa actualmente en estas últimas.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

A propósito de las normas de papel

La formación ciudadana se encuentra en saldo rojo y no por falta de normas Por José Ramiro Galeano Londoño Profesor Titular Investigador Jubilado Universidad de Antioquia Integrante Grupo Uni-pluri/versidad (Grupo CHHES) jrgaleano@une.net.co

Resumen El artículo da cuenta de la normatividad existente y la intención social en la formación de educadores colombianos, rastreado la Constitución Política de 1991, las Leyes y Decretos hasta los más recientes en el 2010. El recorrido se hace identificando artículos y conceptos que dan cuenta de la intención de los gobiernos de modernizar el aparato educativo, más no siempre su ingreso a la modernidad, entre otros asuntos por la ausencia de aplicación de las mismas normas.

1. Introducción Nuestras normas: Constitución, Leyes y Decretos no siempre han sido pertinentes y coherentes para el ingreso de la modernidad en nuestro país. En este sentido no han servido de marco referencial para una transformación social desde la educación y el currículo. Ésta es la preocupación que tenemos desde la investigación Presencia de la pedagogía social en la formación de maestros. Dos estudios de caso: la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y la Escuela Normal Superior “Genoveva Díaz” del Municipio de San Jerónimo. Investigación en ejecución por el Grupo CHHES. Facultad de Educación Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2010.

Hacer una etiología de la cultura, la educación y el currículo en Colombia para observar los referentes desde donde han sido formados los maestros, ha

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sido, es y seguirá siendo cuestión de gran importancia, pero también de muchas interpretaciones. Lo cierto es que los educadores de ayer estuvieron atados a una tradición, a una historia como parte de su formación, en la cual se dio continuidad a la vida escolar tradicional, una vida que es distinta al interior y exterior de la escuela.

Era una formación pedagógica reducida a la enseñanza magistral; una transmisión de información tradicional, repetitiva y memorística, reductiva y enciclopédica desde el solo enfoque del profesor; un currículo descontextualizado y al margen de la vida que emerge de la cotidianidad. Es así como la pedagogía no había sido valorada como parte de las actitudes a formar en un profesional de la educación, y no siempre los currículos habían sido permeados por una sensibilidad hacia la problemática social.

No había coherencia en la formación en cuanto a una filosofía social que diera identidad personal al maestro y reconocimiento institucional. Los contenidos y metodologías fueron tomados de autores del momento, trayendo consigo la falta de identidad individual y colectiva. En el país se confundían las reformas curriculares con el paso de los personajes de la pedagogía por la historia de la educación colombiana.

Las reformas educativas en Colombia eran soportadas en paradigmas y autores del momento, una normatividad pregonada desde circunstancias alejadas de la realidad local, regional y nacional pero que a la vez eran tomados para dar cuenta de la historia de la educación o de la pedagogía en el momento.

Los maestros de ayer bebieron de la fuente y el espíritu de la Constitución de 1886 con su reforma educativa, la Ley 39 de 1903 o Ley orgánica de educación. Esta norma respondió a un ideal de hombre y de sociedad caracterizada por ser estática, acrítica, y rígida, dentro de un marco de democracia representativa, de verdades absolutas y contenidos generales en el currículo.

No había conciencia en el pueblo de la importancia de la educación, era un espíritu educativo que hundía sus raíces en la Edad Media, donde el memorismo, la repetición, el miedo, la violencia (la letra con sangre entra) eran parámetros de la vida cotidiana de la escuela.

Era un currículo estático, perenne, limitado, apoyado con textos elaborados por expertos igualmente descontextualizados de la vida real, que condujo a formar un colombiano de poco compromiso ciudadano. Era más bien una educación para responder a una casuística política, que ha una filosofía de desarrollo humano integral, con un educador formado en la misma casuística de los autores y métodos educativos del momento.

La nueva Constitución de 1991, trajo consigo un nuevo proyecto educativo y una nueva sociedad, pero que necesita, entre otros, de nuevos educadores para hacerla realidad. Si la anterior era breve y parca en materia de educación, la cual se limitaba solo a vigilar, controlar e inspeccionar, la nueva Constitución es moderna en el recorrido de sus 380 artículos.

La nueva Constitución de 1991, trajo consigo un nuevo proyecto educativo y una nueva sociedad, pero que necesita, entre otros, de nuevos educadores para hacerla realidad. Si la anterior era breve y parca en materia de educación, la cual se limitaba solo a vigilar, controlar e inspeccionar, la nueva Constitución es moderna en el recorrido de sus 380 artículos.

En primera instancia se pasó de una legislación educativa centralizada en el ejecutivo, en los rectores, a una legislación educativa descentralizada y colegiada, desde el Congreso, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, los Consejos Institucionales; con igual intención, desde las instituciones, la localidad, la región, el país. Es decir se abre la posibilidad a la participación, la regionalización, la descentralización, para formar un ciudadano más dueño de sí, gestor de su propia historia. Una educación como servicio público enmarcada dentro de los derechos fundamentales de la persona, abarcadora de la familia y la sociedad (Artículo 67). Antes la educación se concebía como una actividad para guardar el orden dentro de un currículo técnico tradicional y conductista, hoy los paradigmas han cambiado hacia un currículo integral, global, concebido dentro de un espíritu de diálogo, de conversaciones didácticas en el aula. Ayer el maestro se imponía con su verdad y su disciplina rígida, hoy la profesión de maestro implica “idoneidad ética y pedagógica” (Artículo 68).

La nueva Constitución trajo imperativos éticos para los nuevos educadores, pedagogía de la paz, la tolerancia, la convivencia, el respeto por los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la vigilancia de la moral y la democracia, el reconocimiento de sí y del otro; una pedagogía para dentro y para fuera de la es-

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA La formación ciudadana se encuentra en saldo rojo y no por falta de normas

cuela, para el campo y la ciudad: una pedagogía social.

La modernización y modernidad a los procesos educativos desde la Constitución ha implicado una modernización y modernidad de los métodos de enseñanza como de aprendizaje; ¿como enseña el profesor?, pero también, ¿como aprende el estudiante? Aquí hay unos cambios de paradigmas para unos y otros. En el profesor de transmitir, vigilar y controlar a un profesor que le da participación al estudiante, que despierta su creatividad y responsabilidad para la investigación, para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes, y la humanización de la vida cotidiana. Un maestro portador de una pedagogía social integral formado en y para la democracia, competente para atender el devenir acelerado de la sociedad del siglo XXI, que demanda de la escuela un foro permanente de democracia.

2. La nueva normatividad La Constitución de 1991, la Ley General de Educación de 1994 y los posteriores Decretos Reglamentarios, el 1860 de 1994, el 1290 de 2009, traen valores y principios como: la transparencia, la coherencia, la idoneidad ética. Un maestro que no solo es transmisor de información, sino que, se concibe como escultor de hombres y mujeres íntegros, con competencia para explorarse, autodescubrirse, construirse, hacerse, perfilarse y con una profunda sensibilidad humana y social. Así, la pedagogía ha comenzado a dejar de ser un privilegio de las instituciones educativas para volcarse sobre la vida social y cotidiana, haciendo de la ciudad, de la vida rural, un real contexto educador y el maestro un animador social y cultural, intérprete de contextos desde lo humano y lo social con una capacidad crítica, imaginativa y democrática.

En la Constitución y en la Ley General de Educación encontramos un proyecto de ciudadanía: “Un proceso de formación permanente personal, cultural y social” (artículo 1. Ley General). El articulado constitucional se fundamenta en la dignidad humana (Constitución. Artículo104). Una educación que parte de los derechos humanos y perfila un educador con competencias ciudadanas, y su vida un proyecto permanente de formación escolar y social. En la triada cultura-educación-currículo encontramos la ruta esencial para el desarrollo humano de la personalidad cuando se afirma “la educación es un derecho de la persona” (Art.67) y sin más limitaciones que la dignidad humana y su carácter inviolable.

3. La democracia participativa La nueva Constitución transforma el sistema de democracia representativa que existió a lo largo de

La educación contemporánea se mueve de manera desigual. Estamos ante un desajuste de sistemas, en particular de la educación pública. No estamos añorando la educación que se está diluyendo en todo el mundo, pero sí es necesario identificar los nuevos pilares de la que necesitamos construir para el siglo XXI. ¿Será que estamos educando con los paradigmas del pasado?

100 años por un sistema de democracia participativa, abriendo así la posibilidad a la ciudadanía de ser objeto de la una pedagogía social. Esta es la pedagogía desde donde se impulsa metodologías de carácter participativo, la autonomía curricular, la participación y lectura de contextos; una formación democrática en la diferencia y en el desarrollo integral de la persona, con un educador con un alto sentido de la vida y de la dignidad humana, la identidad cultural, la pluralidad, la innovación, el desarrollo humano, la ética y la moral.

Una pedagogía social de estas características demanda un currículo integral: local - global, (Galeano, R. 2009) por cuanto demanda un conocimiento de quien asume la acción pedagógica y esa actitud surge no solo del estudio y ejercicio de una disciplina o una profesión, sino ante todo de unos valores y un conocimiento del medio, en una constante interacción entre las intenciones y la práctica en un enfoque integrador; un currículo que se juega en la cotidianidad de la escuela, de la universidad, en su contexto social Esta visión holística introduce de manera globalizante una formación para sí, para el otro, para el descubrimiento del conocimiento. Un currículo en donde se amplia el concepto de Sthefen Kemmis en su libro “El currículo: más allá de la teoría de la reproducción”, para dar cabida a tres tipos de interés: el técnico, el práctico y el crítico, los cuales proponemos integrar.

4. La educación desde la intersubjetividad y desde nuevas ciudadanías Las reformas educativas no son fáciles de observar desde las políticas públicas en educación, porque éstas son asuntos políticos de modernización, esto es

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sólo una parte del asunto de la educación, esto es solo la capilaridad del fenómeno, las políticas educativas en educación son un nombre –pomposo- en donde se observa, que no solo es necesario mirar desde las normas, políticas públicas en educación, o modernización, es necesario también mirar desde la cultura y la cotidianidad de las aulas y las instituciones educativas, la gobernabilidad local y la participación de las gentes en los destinos de la localidad, que va desde lo simbólico a la forma como los individuos interactúan. “Se reforma para progresar, pero también la enfermedad progresa” (Marcos R. Mejía). Una reforma como ajuste a una política educativa, no es transformativa, es adaptativa, es un camino de la norma a la normalidad, para que sea admitido como natural.

Las reformas como modernización están en marcha, es decir, de la institución educativa disciplinada que ingresa en la vigilancia y control por medio de la autoevaluación. Para la década del sesenta se hizo control de la educación desde los currículos por contenidos y la pedagogía tradicional, para la década del setenta desde los currículos por objetivos y la pedagogía conductista, para los ochenta se hizo control desde los currículos por logros, los indicadores de logros y la pedagogía desarrollista y constructivista. Para la década del noventa, el control se hace desde los estándares y competencias y la pedagogía capitalista, aún con la presencia del currículo como diseño instruccional.

En la década del 2000 se está pasando del control por medio del currículo a la evaluación tanto interna como externo, por medio del Registro calificado, la acreditación, la re-acreditación, las pruebas saber, las pruebas ECAES, acreditación internacional, evaluaciones internacionales, etc.

De los conceptos de instrucción, educación, formación, formación integral o desarrollo humano integral, se esta pasando a la mente como desarrollo de la inteligencia, las competencias.

No es la infancia lo que se forma sino la mente, los niños ya comienzan a expresan la caducidad de los modelos, ya no es necesaria la educación por medio de la conciencia sino de la mente. La mente como el alma del cuerpo, la relación inteligencia computador. El problema ya no es el aprendizaje sino el ambiente de aprendizaje –relaciones, trabajo en grupos, conectividad, innovación–. Ya llegamos tarde cuando decimos que educamos para ser productivos, cuando necesitamos ser competitivos, participar de la producción inmaterial.

En esta micro lectura de la contemporaneidad ¿cuál

es la pedagogía que define el quehacer del maestro, profesor, el formador, el profesor investigador? ¿Cómo reconoce su subjetividad? ¿Cómo se relaciona con los otros? Y aquí, encontramos un espacio de trabajo desde la intersubjetividad, desde nuevas ciudadanías, desde la pedagogía social y el reconocimiento del otro.

La educación contemporánea se mueve de manera desigual. Estamos ante un desajuste de sistemas, en particular de la educación pública. No estamos añorando la educación que se está diluyendo en todo el mundo, pero sí es necesario identificar los nuevos pilares de la que necesitamos construir para el siglo XXI. ¿Será que estamos educando con los paradigmas del pasado?

Las grandes decisiones sobre la educación ya no se toman en los Ministerios, sino entre los representantes de la globalización: el FMI como organizador de las políticas públicas en educación; todo se regula por las leyes del mercado; la educación entra de manera decidida en el concepto de mercancía, lo que hace necesario refundir los sistemas educativos locales para su ingreso a nivel mundial, y un reto para nosotros: reinventar el sistema educativo público.

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[NOTA: el artículo completo léalo en http://almamater.udea.edu.co/debates]

Bibliografía Amaya Castrillón, Juan Carlos (2010). ¿Normas de papel?

Periódico Alma Mater No. 588 de junio de 2010. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia.

Galeano Londoño, José Ramiro (2009). Innovar en el currículo universitario. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 197 pp.

Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de Colombia, Bogotá D. C. Colombia.

República de Colombia, Presidencia de la República. Decreto 230 de febrero 11 de 2203. “Por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional”.

República de Colombia. Ministerio de Educción Nacional.

Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, por el cual se reglamenta la ley 1188 de 2008.

Zapata, John Jairo, Galeano Londoño, José Ramiro. (2010).

“Presencia de la pedagogía social en la formación de maestros. Dos estudios de caso: la Facultad de educación de la Universidad de Antioquia y en la Escuela Normal Superior “Genoveva Díaz” del Municipio de San Gerónimo. Investigación en ejecución. Grupo CHHES. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

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¿Qué nos deja la cumbre del G20 en Corea?

Por Julio C. Gambina Analista*

Terminó la reunión del G20 en Seúl (11 y 12 de noviembre de 2010) y tal como se esperaba, sin muchas precisiones con capacidad de incidir en la marcha de la economía mundial y sí, con incertidumbres sobre el futuro inmediato ante el desorden generado por la crisis mundial, que vuelve a ser amenazada por una sucesión de crisis nacionales que cambian periódicamente de escenarios, desde EEUU a Europa y viceversa. Ahora la novedad es Irlanda y en cualquier momento reaparecen en la escena de la crisis, España, Portugal o Italia, pero el resultado electoral negativo para los demócratas en EEUU puede deparar novedades de recidiva de la crisis en la primera economía del mundo.

La realidad es que el desorden está manifestado en la contradicción que surge de políticas nacionales

Fuente: http://www.argenpress

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aplicadas por los gobiernos para intentar erradicar los efectos de la crisis en su territorios y una crisis que tiene dimensiones sistémicas, integrales, que no admite paliativos parciales, locales, nacionales. En realidad, desafía a pensar en un nuevo orden económico y financiero mundial, que por lo resultados concretos de las deliberaciones del cónclave reunido en Corea del Sur, no da para expectativas esperanzadoras.

¿Países emergentes al poder mundial?

Algunos imaginan la emergencia de una nueva realidad del poder mundial por el surgimiento de nuevos actores económicos y políticos en la escena mundial, entre ellos los llamados, BRIC. Hay razones para pensarlo, ya que China acredita un crecimiento acumulativo del orden del 10% por tres décadas y se posicionó como segunda potencia mundial, aún lejos del poder de EEUU, pero en expansión. La India también muestra un ritmo de crecimiento importante, aunque debe admitirse, en ambos casos, China e India muestran esos niveles de expansión económico beneficiadas por el arribo de inversiones externas, principalmente de EEUU, con lo cual, más allá de los avances en el ranking económico de las naciones, lo que importa es un proceso creciente de transnacionalización de la economía mundial.

Lo que queremos decir es que más que el peso de las naciones en la generación de riquezas, lo que importa es la movilidad del capital superando los límites fronterizos para realizar sus objetivos de obtención de ganancias para ampliar la dinámica de la acumulación y valorización de capitales, con lo cual se resuelve la dominación en el capitalismo, sea económica, política o cultural.

No se trata de un tema menor a la hora de considerar lo que ocurre en la Argentina, ya que más allá de la menguada credibilidad de los datos ofrecidos por el INDEC, lo cierto es que la extranjerización es creciente en la cúpula empresarial en el país. En un escenario de transnacionalización de la economía, lo que importa es observar lo que ocurre con la valorización de los capitales, mucho más que los datos macroeconómicos. La cuestión pasa por definir quienes son los dueños de la economía, quienes ocupan el lugar dominante en la estructura económica social de un país, por caso la Argentina. El país vuelve al crecimiento en el 2010, pero debemos interrogarnos sobre quienes se apropian de esa evolución, cuál es el destino del excedente que se genera en el capita-

lismo local, ya que una parte puede ser apropiado por el Estado y contribuir a financiar políticas sociales compensatorias, pero lo que define es la apropiación privada por parte del capital extranjero dominante en la estructura productiva y de servicios local.

La economía estadounidense o europea muestra señales de crisis, con un crecimiento muy importante de la desigualdad. En la región latinoamericana, según la CEPAL, los impactos macroeconómicos de la crisis mundial fueron menores que en los países capitalistas desarrollados, sin embargo, existe un incremento absoluto de la desigualdad. Lo que pretendemos señalar es que más allá de la crisis, lo que crece en el mundo es la desigualdad. Por eso, sin perjuicio de la pérdida de dinamismo de las potencias hegemónicas del capitalismo mundial, EEUU, Europa o Japón; y de la nueva potencialidad emergente de Brasil, Rusia, India o la China –los países llamados BRIC–, lo que debe considerarse es la movilidad transnacional del capital para asegurar y viabilizar el proceso de valorización del capital.

Importa la liberalización y la valorización transnacional En la reunión del G20 parecen confirmarse estas modificaciones en las cuotas nacionales de poder mundial, donde lo esencial continúa siendo la dinámica de los capitales por asegurar la liberalización de la economía, el libre movimiento de los capitales según mande el mercado mundial.

EEUU no pudo imponer regulaciones comerciales o monetarias para favorecer su situación y China aceptó vagos calendarios para adecuar su política nacional a las demandas de otros grandes actores de la economía mundial. ¿Es acaso un empate entre el viejo y el nuevo liderazgo? O mejor debe interpretarse como parte de una negociación política que permite avanzar en los objetivos liberalizadores propuestos por las transnacionales.

Es un tema a considerar. Insistimos, más allá de los datos positivos de la macroeconomía, lo que surge es la consolidación de la extranjerización de la estructura económica, en un cuadro de desigualdad social y un modelo productivo que destruye nuestros recursos naturales, los bienes comunes del país.

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EEUU: Avanza el neonazismo Por Frida Modak Periodista. Ex Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende

La campaña desatada en Estados Unidos contra el presidente Barack Obama dista mucho de ser parte de una contienda electoral. Es el reflejo del avance del neonazismo que siempre ha estado latente y que en el país del norte adquirió nuevos bríos a partir del año 2000, coincidentemente el año en que George W. Bush llegó a la Casa Blanca.

La derrota de Alemania en la segunda guerra mundial y la desaparición física de Hitler no significaron la desaparición del nazismo, sino que con-

En Estados Unidos el racismo surgió junto con la colonización de su territorio.

No sólo los nativos indígenas fueron sus víctimas, también los negros, comprados o secuestrados en África y llevados en calidad de esclavos. El grupo más representativo de lo que hoy equivale a neonazismo es el Ku Kux Klan.

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llevaron a su expansión a través de los funcionarios de distintos niveles de ese régimen que encontraron acogida en diversos países. Figuras destacadas lograron pasaportes con nuevas identidades, extendidos por respetables instituciones y gobiernos.

Así, aquellos conocidos por sus investigaciones científicas o sus avances en materia de armamentos, encontraron cabida en los países más desarrollados de Occidente y en la Unión Soviética.

Otros, que eran perseguidos como criminales de guerra usaron como escondite a los países menos desarrollados, comprando protección a alto nivel.

A ellos se sumaron grupos que llegaron como colonos y reprodujeron su modelo de organización en los lugares en que se instalaron. Fueron eficientes colaboradores de las dictaduras en América Latina y contaron con el respaldo de figuras políticas nacionales y grupos afines al nazismo.

En Estados Unidos el racismo surgió junto con la colonización de su territorio. No sólo los nativos indígenas fueron sus víctimas, también los negros, comprados o secuestrados en África y llevados en calidad de esclavos. El grupo más representativo de lo que hoy equivale a neonazismo es el Ku Kux Klan.

Obama y la supremacía blanca Trasladados estos antecedentes a la actualidad, nos encontramos con un presidente como Barack Obama, sitiado por una oposición que asume las mismas características del neonazismo.

Con Bush se sentían representados, combatían a los musulmanes que habían sido declarados los nuevos enemigos y que se sumaban a los viejos enemigos: los negros, los latinos, los judíos, los socialistas y los homosexuales.

El movimiento neonazi del país del norte deriva del Partido Nazi creado en los años veinte del siglo pasado, que se mezcló con la Free Society of Teutonia y formaron el German-American Bund, que alcanzó notoriedad en los años 30 del siglo veinte y cuando Hitler y Mussolini estaban en la cúspide del poder. La derrota de Alemania los descolocó y reaparecieron en 1959 como Partido Nazi de Norteamérica, dirigidos por Lincoln Rockwell.

En la actualidad hay varios grupos, el más im-

La ofensiva actual contra el presidente estadounidense tiene como figura principal a la ex candidata republicana a la vicepresidencia Sara Palin, el financiamiento corre por cuenta de la cadena televisiva Fox News.

Esta empresa había contratado a Palin como “comentarista” política con un sueldo exorbitante.

portante es el Aryan Nations,al que el FBI considera una amenaza terrorista y la Corporación Rand lo califica como “la primera organización verdaderamente terrorista”.

Pero fue la Alianza para la Supremacía Blanca, la que le declaró la guerra a Barack Obama desde que ganó la nominación a la presidencia de la república.

En ese período dos de sus miembros fueron detenidos cuando planeaban matar a 102 afroamericanos, de los cuales decapitarían a 14.Pero su objetivo principal era matar a Obama y, para hacerlo, tenían planeado vestirse de smoking blanco y usar sombreros de copa. No les importaba morir en ese empeño, pero fueron detenidos a tiempo.

Sara Palin, Fox News y el Tea Party La ofensiva actual contra el presidente estadounidense tiene como figura principal a la ex candidata republicana a la vicepresidencia Sara Palin, el financiamiento corre por cuenta de la cadena televisiva Fox News. Esta empresa había contratado a Palin como “comentarista” política con un sueldo exorbitante.

Otro comentarista estrella de ese canal televisivo es Glenn Beck, que fue el maestro de ceremonias en el reciente mitin efectuado en el mismo lugar en que Martín Luther King pronunció su discurso “I have a Dream” en defensa de los derechos civiles

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mentaristas que agreden tanto a la población negra como a los latinoamericanos y ahora a los musulmanes nacidos en ese país. Esta hostilización a los musulmanes ha originado episodios como el del médico que era objeto de discriminación y burla lo que lo llevó a protagonizar un tiroteo en la base militar en la que prestaba sus servicios.

Pero de los alcances que está registrando la actitud contra musulmanes de nacionalidad estadounidense, la única preocupación expresada por alguna entidad de gobierno es la manifestada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que teme que los acusen de exportar terroristas, porque ante esta situación hay musulmanes estadounidenses que se han sumado a los de otros lugares en contra de su país natal.

Pero no es sólo en Estados Unidos donde crece el racismo que, a su vez, engrosa las filas del neonazismo. También en Europa se están fortaleciendo los grupos de ese signo, mientras los gobiernos aplican políticas xenófobas que afectan a las minorías étnicas y religiosas.

Francia e Italia van a la vanguardia. Tanto los gobiernos francés e italiano han endurecido su accionar contra los gitanos.

Lo mismo hizo Hitler, que eliminó a miles. A este respecto hay un vacío en la propia Unión Europea que “reconoce” a los gitanos como ciudadanos, pero no les otorga derecho a circular por todo su territorio, tampoco les da derecho al trabajo.

El correlato europeo

de los negros. Este acto, en que se acusó a Obama de socialista y de ser un “musulmán que odia a los blancos”, es considerado un ultraje a la memoria de Luther King y una provocación.

Hay otros grupos empresariales que contribuyen a estas movilizaciones y a la creación de entidades que se oponen a las políticas propuestas por Obama y que han logrado convencer al 25 por ciento de los estadounidenses de que su presidente es musulmán y no cristiano. La Casa Blanca tuvo que hacer un desmentido al respecto.

Pero la campaña sigue, se trata de que la derecha y la ultra derecha estadounidenses ganen las próximas elecciones parlamentarias y alcancen la mayoría en la Cámara de Representantes con el fin de impedir que se aprueben leyes que afecten los intereses de las grandes corporaciones. Todo esto va generando, a la vez, movilizaciones y leyes estatales contra las minorías étnicas y los migrantes.

Paralelamente en la radio y la televisión hay co-

Pero no es sólo en Estados Unidos donde crece el racismo que, a su vez, engrosa las filas del neonazismo. También en Europa se están fortaleciendo los grupos de ese signo, mientras los gobiernos aplican políticas xenófobas que afectan a las minorías étnicas y religiosas. Francia e Italia van a la vanguardia. Tanto los gobiernos francés e italiano han endurecido su accionar contra los gitanos. Lo mismo hizo Hitler, que eliminó a miles. A este respecto hay un vacío en la propia Unión Europea que “reconoce” a los gitanos como ciudadanos, pero no les otorga derecho a circular por todo su territorio, tampoco les da derecho al trabajo.

Para no ser menos, los ingleses anuncian que temen actos terroristas de los musulmanes y todo sucede justo cuando la prensa estadounidense advierte que se teme una nueva recesión y hay diez bancos que podrían quebrar en los próximos meses. Provocar el racismo para ocultar otros problemas hace crecer al neonazismo.

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Fuente: Agencia Latinoamericana de Información email: info@alainet.org http://alainet.org

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EEUU: La democracia tutelada por la CIA Por Germán Gorraiz López Analista y escritor español*

* Premio Estocolmo 2009 de Periodismo Digital, Categoría: Política Internacional. “Aunque no nos faltan comentaristas sobre el tema, y muy buenos por cierto, no nos ha sido difícil elegir a quien más y mejor ha producido información y análisis para Cuba Nuestra, en este terreno, durante el año 2009. Se trata de un hombre discreto a la hora de hablar de sí mismo, como si no tuviera nada que contar sobre lo que él mismo describe como una vida agazapada en un recodo del invierno. En todo caso se trata de un analista de primera, a la hora de indicarnos por donde nos llevan la economía y la política del globo en que estamos viviendo.

Nos referimos a Germán Gorraiz López, nacido en Navarra, España en 1957… Sus trabajos sobre temas económicos y geopolíticos pueden ser leídos en importantes medios digitales españoles y latinoamericanos, como son: Bottup, España Liberal, LibrePensador; Socialdemocracia. org, Alainet, Plano-Sur.org, Entornoempresarial.com, Elmercuriodigital, entre otros”: acta del Jurado.

La Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) fue creada en 1947 por Harry Truman, sustituyendo a la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) para investigar, sin necesidad de autorización judicial, expedientes administrativos y fiscales. La inicial filosofía de la organización era dotar al presidente de un segundo punto de vista elaborado por civiles, frente al aportado por los militares de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), y fue llamada en código “Campus”, al proceder la mayoría de los cuadros iniciales de la Universidad de Yale, (incluso el sistema de almacenamiento de datos fue el mismo que el de la Biblioteca de Yale).

Hasta Eisenhower, la CIA fue únicamente la organización de inteligencia central para el gobierno

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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EEUU: La democracia tutelada por la CIA

de los Estados Unidos y estuvo detrás de múltiples tareas de entrenamiento de insurgentes y desestabilización de gobiernos contrarios a las políticas del Pentágono, pero el looby financiero y la industria militar (ambos fagocitados por el looby judío) no pudieron resistir a la tentación de crear un gobierno de facto que manipulara los entresijos del poder, derivando en la aparición de un nuevo ente (la CIA paralela), refractaria a la opinión pública y al control del Congreso y Senado de los Estados Unidos.

El presidente Eisenhower, un año antes del fin de su mandato, pronunció un discurso premonitorio de la posterior mutación del inicial “Campus” hasta el gobierno en la sombra que tutela la democracia estadounidense en la actualidad y de la que son rehenes todos los Presidentes elegidos democráticamente: “En los consejos del gobierno, tenemos que estar atentos a la adquisición de una influencia ilegítima, que sea o no proyectada por el complejo militarindustrial. El riesgo del desarrollo de un poder usurpado existe y persistirá. Jamás permitiremos el peso de esta conjunción: amenazar nuestras libertades o los procesos democráticos. Nada debe considerarse como ganado. Solo una vigilancia y una consciencia ciudadana pueden garantizar el equilibrio entre la influencia de la gigantesca maquinaria industrial y militar de defensa y nuestros métodos y metas pacíficos, de tal forma que la seguridad y la libertad puedan acrecentarse de concierto”.

Los desencuentros Kennedy-CIA-FBI Kennedy recibió de la CIA un “regalo envenenado” bajo la envoltura del proyecto de invasión de Cuba –elaborado por la CIA durante la administración de Eisenhower para derrocar al régimen de Fidel Castro–, que culminó con el conocido fiasco de la invasión de la Bahía de Cochinos (abril, 1961), pues el presidente Kennedy, después de dar el visto bueno al proyecto, se echó atrás en el último momento y retiró el prometido apoyo de la aviación y la flota norteamericana, con el consiguiente descrédito de la CIA a los ojos de todo el mundo.

Su acusada inexperiencia política quedó plasmada en actos como relevar al legendario director general de la Agencia, Allen Dulles, e intentar remodelar sus estructuras colocando al frente de la misma a gente de su confianza así como menospreciar como rival a Hoover y enfrentarse abiertamente a su poder omnímodo, intentando su sustitución al frente

Kennedy recibió de la CIA un “regalo envenenado” bajo la envoltura del proyecto de invasión de Cuba –elaborado por la CIA durante la administración de Eisenhower para derrocar al régimen de Fidel Castro–, que culminó con el conocido fiasco de la invasión de la Bahía de Cochinos (abril, 1961), pues el presidente Kennedy, después de dar el visto bueno al proyecto, se echó atrás en el último momento y retiró el prometido apoyo de la aviación y la flota norteamericana, con el consiguiente descrédito de la CIA a los ojos de todo el mundo.

del FBI por Edward Kenned, con lo que tras la nominación de Robert Kennedy como fiscal general la troika Kennedy habría conseguido la entronización del reino de Camelot para varias generaciones.

Las diferencias entre Kennedy y la CIA volvieron a resurgir en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles cubanos. La CIA vio la gran oportunidad para invadir la isla, pero las negociaciones entre Kruschev y Kennedy anularon el plan de la CIA, herida de nuevo en su orgullo

Órdago de Kennedy a la CIA paralela Además, a mediados de noviembre de 1963, Kennedy decidió desinfectar la CIA de los virus patógenos inoculados por los lobbys de presión (cuyo paradigma serían los Rockefeller al participar en los lobbys financiero, industria militar y judío y uno de cuyos miembros, David, sería el impulsor de Trilateral Comission (TC) o Trilateral (1973). Consciente de las dificultades de tan ardua misión, en un discurso en la Universidad de Columbia, Kennedy admite que “existen fuertes presiones de grupos de poder de USA para convertir el cargo de Presidente

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en algo meramente figurativo”, pues el 21 de noviembre de 1963, el presidente firma la orden ejecutiva 11490, que permite en caso de emergencia disponer al gobierno de medidas excepcionales, incluso para cualquier dictadura.

A pesar de todo, fiel a su espíritu rebelde, prosigue con su intento de reconvertir la CIA en un aparato controlable por el poder político y, poco antes de partir para Dallas, comentó a sus íntimos asesores: “Tenemos que enfrentarnos a la CIA...” El mismo día, un emisario secreto iniciaba con Castro las primeras negociaciones para llegar a un acuerdo.

Ello suponía un claro órdago a la CIA paralela, verdadera detentora del poder en la sombra y enquistada profundamente en todos los aparatos de poder de los EEUU, por lo que sus dirigentes en la sombra procedieron a la gestación de una trama endógena que se encargó del golpe de mano contra la legalidad democráticas del sistema político estadounidense que culminó con el magnicidio de Kenney (Dallas, 1963).

Dicho complot sería una auténtica obra de ingeniería laberíntica, que tendría como cerebros a la citada CIA paralela y como colaboradores necesarios al exilio anticastrista en Miami y sus conexiones con la mafia, al FBI de Hoover, a Lee Harvey Oswald como cabeza de turco y ejercicio de distracción para engañar a los sabuesos, y como daño colateral el nacimiento de un sistema político tutelado por la nueva CIA, quedando desde entonces como rehenes todos los sucesivos presidentes electos hasta la irrupción en la escena política del díscolo Obama.

Golpe de Estado de la New-CIA con George W. Busch

incontinencia verbal, dirigió a sus seguidores el siguiente mensaje: “Se ha ejecutado un golpe de estado ¿ya supieron? Es el golpe de estado de la CIA. La CIA es la que controla todo, hasta el ejército. Son los que están ahí metiendo misiles y bombas en los demás países… Y por supuesto la CIA es tan cerrada como la Reserva Federal… Y aún así piensen en el daño que ha hecho desde que fue creada (después de) la Segunda Guerra Mundial. Son un gobierno en sí mismos. Están en los negocios, en el de los narcóticos, quitan dictadores. Necesitamos sacar a la CIA”.

La jugada maquiavélica de la New-CIA Colin Powell, Secretario de Estado, había recomendado a sus colegas en la Administración Bush evitar una guerra sin la aprobación clara de la ONU y fue utilizado por la CIA para servirse de su prestigio militar y probada honestidad. Así, en el 2004, la nueva CIA, ya legalizada, se encarga de suministrarle “informes de inteligencia” dudosa sobre las armas de destrucción masiva en Irak para justificar la intervención militar de EEUU e invadir Irak, anzuelo que tragaron todas los aliados de EEUU que pasaron a engrosar las filas de un ejército liberador que tenía como objetivo confeso la destitución del satanizado Sadam Hussein y como interés real el control de los vastos recursos petrolíferos de Irak.

La troika formada por Rumsfeld, Hayden y Cheney monopoliza el poder de EEUU: Poco más de un mes después del 11-S, el gobierno de George W. Bush secretamente decidió anular una de las principales protecciones constitucionales de este país bajo la justificación de su lucha contra el “terrorismo” dentro de Estados Unidos, según do-

Hasta el mediático atentado de las Torres Gemelas (conocido como 11-S), la CIA legal languidece lentamente y sus propios agentes confirmaban, según el NY Times, que les resultaba “casi imposible aportar información estratégica y eran consultados mayoritariamente para cuestiones tácticas”.

Sin embargo, en los sótanos de la Central se estaba fraguando un verdadero Golpe de Estado virtual que tendría su detonante en el impactante atentado atribuido a Al Qaeda, quedando entronizada la lucha contra el Eje del Mal (Irak, Irán y Corea del Norte) como leitmotiv de la miopía política del nefasto mandato de George W. Busch, entronizando de paso a Bin Laden como icono del Imperio del Mal. Así, el congresista Ron Paul, caracterizado por su —79—

Las diferencias entre Kennedy y la CIA volvieron a resurgir en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles cubanos. La CIA vio la gran oportunidad para invadir la isla, pero las negociaciones entre Kruschev y Kennedy anularon el plan de la CIA, herida de nuevo en su orgullo

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cumentos oficiales revelados a finales de 2005 en una serie de reportajes en el New York Times: la existencia de un programa secreto de intervención de comunicaciones dentro de este país.

Según una investigación del Washington Post, desde el 2002 se estableció la Oficina de Apoyo Estratégico (SSB), que trabajó clandestinamente sin limitaciones legales y bajo las órdenes del secretario de Defensa, Ronald Rumsfeld, entre cuyas acciones estarían los sangrantes episodios de vulneración de los Derechos Humanos en Abu Ghraib y Guantánamo, y la entronización del “golpe de estado blando o virtual”, del que sería paradigma Honduras. En junio de 2009, Leon Panetta, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) anuló el Programa Phoenix, un programa dirigido por Cheney para asesinar a dirigentes de al-Qaeda, iniciado en 2001 después de los ataques del 11-S y mantenido en secreto ante el Congreso de EE.UU. El Pentágono estaría meditando clausurar una unidad de contra-inteligencia creada por el Rumsfeld conocido como Talon, que incluía información sobre acciones de protesta contra la guerra de ciudadanos estadunidenses, rememorando el espionaje militar de civiles que protestaban la guerra en Vietnam.

El pulso Obama-New CIA Tras la significativa erosión de la imagen de EEUU en el mundo tras los sangrantes episodios de vulneración de los Derechos Humanos en Abu Ghraib y Guantánamo, una de las primeras decisiones de Obama fue firmar una orden ejecutiva para exigir el cierre de la prisión en la base naval de Guantánamo en el plazo de un año. Sus asesores buscan ahora los mecanismos legales para finiquitar el “limbo jurídico” de Guantánamo, un espacio virtual fruto de la ingeniería jurídica del llamado “Comité de Guerra” (nombre en clave del selecto grupo de juristas y asesores que trabajaron a las órdenes de la troika formada por Rumsfeld, Hayden y Cheney), verdaderos detentores del poder durante el nefasto mandato de George W. Busch, razón por la que el anunciado cierre deberá retrasarse hasta el 2011.

Su inexperiencia política quedó plasmada en actos temerarios, como la decisión de Obama de desclasificar documentos secretos que involucran a la CIA en técnicas de interrogatorio basadas en la tortura física y psicológica y que le habría granjeado la peligrosa enemistad de la New-CIA, representada en la troika formada por Rumsfeld, Hayden y Cheney.

En esta dinámica cabría incluir el rocambolesco episodio de la aparición sorpresiva en EEUU de una célula durmiente o embrionaria de espías rusos, fruto de un soplo interesado de la New-CIA para manipular la voluntad de los senadores a la hora de ratificar el nuevo tratado SART, firmado en abril entre Obama y Putin.

Sin embargo, Obama dejará que el viento del olvido cubra con su manto el vidrioso tema de la persecución de los responsables de haber legitimado la tortura, pues sus asesores le habrían advertido de las previsibles consecuencias que una acción de ese tipo podría suponer para su Presidencia (véase Magnicidio de Dallas), decisión que a pesar de suscitar una clara decepción en la organización defensora de los derechos humanos “Human Rights Watch” (HRW) y serias críticas de AI, sería apoyada por el 60% de los encuestados.

La labor torpedeadora de la New-CIA El presidente Obama habría aparcado el proyecto Escudo de Misiles Antibalísticos (NDM), sustituyéndolo por “un nuevo sistema de defensa antimisil móvil”, pero tras esta espectacular declaración se escondería una jugada maquiavélica que intentaría convertir a Rusia en colaborador necesario en la salvaguarda de la paz y estabilidad mundiales y, en caso de llegarse a un acuerdo entre ambas partes, con la ratificación del nuevo tratado START, podríamos asistir a la sustitución de la doctrina geopolítica del unilateralismo de Busch por la del multilateralismo.

Sin embargo, el camino por recorrer se antoja sumamente complicado, pues debe ser ratificado por el Parlamento ruso y por los dos tercios (67 escaños) del Senado de EEUU, por lo que no es descartable que la CIA aproveche la ocasión para,

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mediante el filibustering, lograr que su tramitación en el Senado se dilate en el tiempo a la espera de un nuevo presidente más propicio a sus intereses. En esta dinámica cabría incluir el rocambolesco episodio de la aparición sorpresiva en EEUU de una célula durmiente o embrionaria de espías rusos, fruto de un soplo interesado de la New-CIA para manipular la voluntad de los senadores a la hora de ratificar el nuevo tratado SART, firmado en abril entre Obama y Putin.

la OTAN tienen ya 150 mil soldados, insuficientes para una estrategia expansiva que contrarreste la ofensiva de los talibanes, por lo que Obama podría firmar en el 2011 la retirada progresiva de tropas de Afganistán, decisión que no será compartida por su vicepresidente Biden ni por el Pentágono y que sin duda será aprovecha por la New-CIA para reorientar la situación mediante métodos expeditivos y lograr que EEUU vuelva a la sendas de la democracias tuteladas por la CIA.

Las tensas relaciones EEUU-Karzai El presidente Obama llegó a Afganistán en una visita sorpresa para reunirse con su homólogo afgano Hamid Karzai y tratar, entre otros, el tema de la corrupción de las autoridades locales, tras el evidente enojo de la Casa Blanca por los continuos desaires del Karzai en su política de aislar a Irán, plasmados en las recientes visitas del presidente afgano a China e Irán , donde mencionó la “múltiple identidad de Afganistán como una sociedad plural de antigüedad pre-islámica “en su intento de escapar de la tutela obligada por el protectorado norteamericano en su estrategia contra los talibanes, por lo que el Pentágono habría iniciado la búsqueda de un sustituto a Karzai al no gozar ya de su confianza.

Así, mediante una operación de propaganda orquestada por la New-CIA, sería acusado del inicio de conversaciones secretas que tendrían como mediador a su hermano Ahmed Wali para la gestación de un Gobierno de Coalición Islamista entre pastunes y talibanes (con el objetivo de conseguir en unas elecciones anticipadas la legitimación democrática en las urnas en el horizonte del 2011 y proceder a la creación de la República Islámica de Afganistán), lo que exigiría la retirada de las tropas de EEUU y la consecuente pérdida de presencia en un país considerado por el alto mando de EEUU “como pieza geoestratégica vital” en el rompecabezas del Oriente Medio.

Por todo ello, no sería descartable la creación de un ambiente propicio al golpe de Estado y posterior derrocamiento de Karzai, reviviendo uno de los aspectos más oscuros de la política exterior de Kennedy (el derrocamiento y asesinato del presidente survietnamita Diem (1963), y el posterior incremento de su apoyo militar a Vietnam, acelerando la escalada que llevaría a los Estados Unidos a un callejón sin salida, ya que Estados Unidos y —81—

Fuente: Agencia Latinoamericana de Información email: info@alainet.org

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Otros opios para estos tiempos Por José Carlos García Fajardo Profesor Emérito. Universidad Complutense de Madrid (UCM)*

En los países de la Unión Europea el poder real continúa en manos de oligarquías y entidades financieras que manipulan los mercados mientras sostienen que son los mercados los que regulan los precios.

Muchos medios de comunicación están controlados por lobbies de presión e ideológicos para mantener esta sensación de inseguridad e incertidumbre. En un telediario o boletín de la radio, priman las noticias de catástrofes, terrorismo, sequías o inundaciones, o asesinatos en cualquier lugar del mundo.

Después vienen los deportes contados en un tono épico que entusiasma (sentirse dioses) a seguidores, jugadores, árbitros y demás farándula que se mueven por cifras multimillonarias. Esta temporada están aquí, la próxima en otro equipo o en otro país. En los encuentros internacionales se abrazan y se besan, no por fair play ni por ser del mismo país o por hablar la misma lengua, sino porque han coincidido en muchos equipos. De la lengua es mejor no hablar porque, ganando

* Director del Centro de Colaboraciones Solidarias –CCS– fajardoccs@solidarios.org.es ccs@solidarios.org.es http://ccs.org.es/ http://www.solidarios.org/www. solidarios.org.es

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esas millonadas, habitando mansiones en las que deben sentirse como pulpo en un garaje, sacan a pasear coches escandalosos y pasan su tiempo jugando a la Playstation o mirando videos repetidos. Muchos son analfabetos funcionales: saben leer pero no entienden ni son capaces de hacer un resumen de lo leído u oído, y, en cuanto a hacerse entender, no hay más que padecer esas entrevistas que les hacen. “Bueno, sí, no, bueno, el míster, el equipo, es duro, tenemos que ganar”.

Esa especie de vulgarización permanente, de programaciones que destacan la zafiedad más ruda, los escándalos, chismes y fantasías que les gustan a su audiencia, para “evadirse”.

Basta con seguir la programación de las cadenas para obtener una radiografía de las mentes de quienes tienen que decidir con su voto los destinos de la nación y de instituciones que asemejan la Unión Europea a un paquidermo vacilante.

Durante décadas, en muchos de esos países han imperado gobiernos totalitarios que tenían secuestrados la libertad y los derechos fundamentales.

Hace más de cuarenta años que ha muerto en su cama el dictador de España; han desaparecido fascismos, nazismos y los regímenes soviéticos. La propaganda desde occidente quería mentalizar a la sociedad con los espantosos crímenes de esos regímenes que alardeaban de haber logrado los “paraísos” en la tierra. Mientras que se deslumbraba a los súbditos de esos países con las libertades, derechos, bienestar social y con participar democráticamente en todo lo concerniente al Estado.

Causa pavor constatar el desentendimiento de los ciudadanos ante los comicios electorales que influirán decisivamente en la vida, la justicia, la libertad y en el derecho a la búsqueda de la felicidad. No es de extrañar que los gobiernos insistan en la seguridad, en todas sus formas: educación, sanidad, pensiones, y viajes para la tercera edad.

No se trata de seguridad ni de paz si no son fruto de la justicia. Lo contrario es la “tranquilidad” que proviene de tranca. En los regímenes totalitarios, de derecha y de izquierda, los que sí había era seguridad. ¿Cómo se explica esta apatía de los ciudadanos antes sus derechos y responsabilidades en un Estado democráticos? ¿Cómo se explica la actitud que supone no participar en las tareas del Estado, o de las instituciones supranacionales?

En el mal ejemplo y catadura de los políticos, “sus representantes”. Pasadas las elecciones, no vuelven

Pasadas las elecciones, no vuelven a pisar la demarcación por la que han sido elegidos. ¿Quién recuerda la rendición de cuentas a la ciudadanía de los elegidos para el Parlamento Europeo? ¿Qué ejemplo dan con la ausencia en los debates parlamentarios de la nación? ¿Cómo es posible mantener esta insoportable reyerta entre los partidos?

a pisar la demarcación por la que han sido elegidos. ¿Quién recuerda la rendición de cuentas a la ciudadanía de los elegidos para el Parlamento Europeo? ¿Qué ejemplo dan con la ausencia en los debates parlamentarios de la nación? ¿Cómo es posible mantener esta insoportable reyerta entre los partidos? Se puede comprender la confrontación durante las campañas electorales, pero una vez asentados los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y el gobierno de la nación, no cesan de descalificarse y de despellejarse unos a otros. Permítanme la confesión de mi experiencia personal, académica y periodística: dan la impresión de alegrarse con las malas noticias que les sirven para denostar al Gobierno. El aumento del paro, la bajada de la bolsa o de las pensiones, las reformas laborales, la crisis económica y hasta el sol o la lluvia. Como decía Aldo Moro, ¿Piove? ¡Porco governo!

Los lobbies financieros que controlan la economía de casino, los paraísos fiscales, el blanqueo del dinero del crimen organizado, el precio de las cosas acaparando o anegando los mercados; las oligarquías financieras que manipulan las elecciones, los gobiernos y la justicia son responsables de la apatía, del desencanto y la desesperanza que dominan a los ciudadanos europeos.

Por eso, ya que las ideologías religiosas o políticas no ofrecen refugio, utilizan a los medios de comunicación para el adormecimiento y el desarraigo de las audiencias, de los ciudadanos.

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Domine, non sum dignus Por Julián Reyes Vélez Docente Ocasional.

Facultad de Ciencias Agrarias.

Escuela de Medicina Veterinaria.

Universidad de Antioquia.

Tel 2199130

Las largas disertaciones pueden paralizar la acción de un profesional que se verá inmerso en un mare magnum de problemas cotidianos que deben ser resueltos a corto plazo, sin embargo, un profesional sin discusión científica, se convierte rápidamente en un soldado de fórmulas obsoletas que se repiten infinitesimalmente hasta que se cubren sus cabellos de albayalde o de años en balde; no siempre la sabiduría la traen los años como creen algunos colegas.

En el Medioevo europeo, según Pollak, “Los medici doctos se complacían en aturdir al enfermo con largas disertaciones sobre sus padecimientos; por lo demás el tratamiento se reducía en prescripciones y dietas. En realidad no era un tratamiento propiamente dicho, pues los médicos rehuían de todo contacto con el enfermo”. (1) “El medicus purus, también llamado médico erudito y médico letrado, recibían del pueblo llano otra denominación burda, pero certera: médico garlador, cuya antítesis era el quirúrgico, operador o médico sajador.” (1) Sin embargo 700 años después la discusión no ha tenido mayores avances; aclárese que la alegoría de los medicus purus y médicos sajadores, es aplicada en este artículo al contraste existente entre el profesional teorizante y el profesional pragmático, o del equilibrio que debe de existir en un contexto socioeconómico como el nuestro entre ambas antítesis como las llamó Pollak.

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No sólo en el ámbito de las disciplinas liberales, que fueron cuna del actual desarrollo científico técnico de la medicina y de las ciencias biológicas, sino también en los albores de la civilización occidental, allí donde las nieblas de la escritura se entrelazan con Ur y Babilonia, aquellas sociedades de constructores y artesanos tuvieron un código del aprendizaje de una disciplina, una liturgia iniciática, que recapitula las edades primigenias de la evolución: aprendiz, compañero y maestro.

Donde el aprendiz es un recipiente del conocimiento, el compañero es el que ejerce hábilmente el oficio, y el maestro el que teoriza y forma a los aprendices luego de haber ejercido el arte. En la actualidad, la etapa de compañero ha desaparecido, y el aprendiz cambia un libro por otro sin pasar por el gremio ni por el medio.

Entonces con esta corta introducción surge una pregunta en el contexto universitario, específicamente, desde la parroquia que me atañe: la medicina veterinaria. ¿Hay que educar para teorizar y alimentar la discusión académica? ¿O hay que educar para el trabajo?

Este dilema divide sin reparos a las facultades en dos, según un profesor mío: en Harvard y en el Sena.

En Harvard porque el cuerpo de conocimientos se despliega para la conformación de posgrados y trabajos de investigación y el Sena porque en esta esfera se requiere formar a los estudiantes de pregrado en términos de preparación profesional, contextualizada a unas necesidades del medio laboral. Valga aclarar que esta nueva antítesis del Sena y Harvard, no es para caricaturizar ninguna de las instituciones, si no para ilustrar doblemente la antítesis entre el médico garlador y el quirúrgico, o bien para aclarar la cantinela entre la formación para la discusión académica y el pragmatismo de los profesionales en formación.

Las largas disertaciones pueden paralizar la acción de un profesional que se verá inmerso en un mare magnum de problemas cotidianos que deben ser resueltos a corto plazo, sin embargo, un profesional sin discusión científica, se convierte rápidamente en un soldado de fórmulas obsoletas que se repiten infinitesimalmente hasta que se cubren sus cabellos de albayalde o de años en balde; no siempre la sabiduría la traen los años como creen algunos colegas. ¿Tenemos la fórmula en la universidad a la solución de un prontuario de incógnitas cotidianas que son compartidas por las comunidades en las cuales la carrera de medicina veterinaria hace presencia y una vez la institución entrega el profesional a la sociedad con una sólida certificación de conocimientos, pero

con un secreto tapiz de dudas e incertidumbres, es abordado por las múltiples exigencias del medio cada vez más complejo, donde se requiere según Morin la solidaridad de las áreas del conocimiento?

Así las cosas, la realidad es otra. En la universidad pocas veces tenemos soluciones, sólo contamos con discusión académica o conocimiento gris, que consume el poco tiempo de la vida de las personas que la alimentan y de paso los recursos económicos. Y una vez más como llamaría Pollak, los profesores de la facultad recibieron la nominación de garladores por parte del pueblo llano o del mundo exterior a la Muralla de Adriano, pero a diferencia de Roma, no hemos romanizado los pueblos bárbaros, si ni siquiera hemos salido de la muralla.

Pero para formar para el trabajo hay que haber trabajado. Como diría Fernando González, “una cosa es saber y la otra conocer”, y un aspecto crítico que se problematiza en la facultad o en otras facultades es el relevo generacional de docentes que ha sorprendido al Alma Máter. Basta con estar cerca del ámbito académico en programas de posgrado, sin la certificación debida de experiencia laboral y ya se ha obtenido el título de profesor universitario: “¿Qué es conocer? Ahí están los obreros en una edificación; el uno arroja al otro adobes; el uno los lanza con precisión y el otro los agarra; siempre exactos. Ambos parecen elementos del paisaje. Consuenan; conviven; no son dos individuos, sino accidentes del fenómeno edificación. También está ahí el malabarista: lanza cinco bolas al espacio, una a una, medidamente, y las apara y las relanza. Es una armonía no un individuo. ¿Veis al de la garlopa? Alisa un tablón. Coge tú el instrumento: ya te dije cómo se maneja… ¡Alisa, pues!

Se te hunde, dañando el madero. ¡Pero si leíste en el libro todo lo que debes hacer para aparar ladrillo y pelotas y para cepillar! ¿Por qué no lo puedes hacer?

Entonces, ¿qué es conocer?

Conocer es unificarse con el universo. El albañil, el malabarista y el carpintero se han apropiado los fenómenos ladrillo, pelota y garlopín. Sus individualidades crecieron.

El conocimiento está en todo el organismo, o mejor, lo que conozco, y en la medida del conocimiento, hace parte de lo “mío”: mi dedo, mi oreja, mi ladrillo, etc. ¿Este bobo conoce su mano o su pierna? ¡Ved cómo camina y coge! Las conoce. ¿Por qué no puede razonar a cerca de la pierna y brazo? Una cosa es conocer y otra el discurso hablado o escrito. ¿Se dan cuenta de lo que saben? Saber es una cosa y darse cuenta de ello, otra.

Tenemos, pues: conocer es convivir hasta unificarse

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Como diría Morin: “El debilitamiento de una percepción global conduce al debilitamiento del sentido de responsabilidad, ya que cada uno tiende a no ser responsable más que de sus tareas especializadas, así como el debilitamiento de la solidaridad, porque nadie percibe ya su lazo orgánico con la ciudad y sus conciudadanos”. con algo más o menos. Conciencia es objetivar lo que conocemos, y razonamiento es expresión de lo conocido por medio de palabras escritas o habladas.

El gallinazo se refugia cuando va a llover, y nunca yerra. Así todos los animales ejecutan sus actos en armonía con el ambiente, pero ninguno discurre verbalmente, sino el hombre. A eso lo llaman instinto.

Tenemos, pues que la verdadera sabiduría es el instinto. El humano le ha dado a una parte del instinto el nombre de sentido común. Debido a su soberbia, ofuscado por poseer la actividad razonante, que ejerce en parlamentos, el instinto ha sido despreciado. El fin último de la escuela debe ser aumentar el instinto. La conciencia razonante es epifenómeno. (2) Con la anterior disertación del filósofo de otra parte, sobreviene otra duda: la pertinencia de la formación impartida en los pregrados por parte de los nuevos profesores. Se imparte lo necesario o es un eco de las fórmulas paradojales de los textos escritos. ¿Dónde queda entonces la formación para el instinto, o la formación para el saber hacer? ¿Estamos dejando lo básico para el Servicio Nacional de Aprendizaje y qué estamos guardando para el estudiante de una carrera profesional de la Universidad de Antioquia? ¿Dónde quedó el sentido común?

Y para terminar de dibujar la anatomía de la debacle, los procesos de modernización de los curriculum han implementado la formación modular y la parcelación de las áreas del conocimiento. En teoría la reforma curricular es como la Constitución Política de Colombia, es para ángeles, pero quienes la administramos, somos seres humanos. Igual sucede con la reforma curricular administrada por hombres, circunscritos en nuestros prejuicios y mezquindades, donde se ofrecen cursos dictados por decenas de profesores que no nos conocemos entre los unos y los otros y mandamos por

separado las preguntas de los parciales, en un esfuerzo babélico de unificación; en procura de la integralidad, hemos desestabilizado la formación básica. Aquí nos encontramos con un desafío cívico.

Como diría Morin: “El debilitamiento de una percepción global conduce al debilitamiento del sentido de responsabilidad, ya que cada uno tiende a no ser responsable más que de sus tareas especializadas, así como el debilitamiento de la solidaridad, porque nadie percibe ya su lazo orgánico con la ciudad y sus conciudadanos”. (3) Domine, non sum dignus, entonces. No hay soluciones a corto plazo. Regresar a los antiguos modelos curriculares, convocar profesores con más experiencia y menos títulos, coordinaciones de disciplina para los muchachos de 15 y 16 años que están ingresando a la Universidad, convocar a las asociaciones gremiales de futuros empleadores y de egresados para reformular la pertinencia de los planes variables, ajustados a las necesidades laborales del medio. ¿Requerimos más soluciones descabelladas o concluyentes como las anteriores?

Todo lleva a una mayor interlocución allende de la línea Maginot, que han colocado los académicos entre la sociedad y la universidad. Necesitamos urgente una relación inversa de la sociedad hacia la universidad, exigir de las asociaciones gremiales y de colegas que ejercen la profesión alternativas de solución concertadas, sobre lo que el medio pide de un recién egresado.

Los problemas se han vuelto cada vez más complejos y deben ser solucionados por múltiples disciplinas; en este caso el compromiso de las partes es fundamental, tanto de los egresados como del personal docente, y para ambas partes estructurales del problema existirán más contextos críticos sobre la producción de soluciones y menos posiciones cómodas en el quehacer de nuestro día a día, para ser dignos de ejercer una profesión avalada por nuestra Alma Máter y para ser dignos en la enseñanza de las nuevas generaciones de profesionales equilibrados entre teoría y práctica que van a construir la patria de los próximos siglos.

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Notas 1. Pollak, K. Los discípulos de Hipócrates. Una historia de la medicina. Editorial Círculo de Lectores. Barcelona 1973.

2. González, F. El Maestro de escuela. Editorial Bedout. 1970.

3. Morin, E. La mente bien ordenada. Editorial Seix Barral.

Los tres mundos. Barcelona. 2000.

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http://almamater.udea.edu.co almamater@arhuaco.udea.edu.co —87—

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La Universidad de Antioquia, en consonancia con su carácter de institución pública de educación superior, su compromiso misional de generar y hacer útil el conocimiento, y con el propósito indeclinable de dar solución a los problemas de la sociedad, convoca a la sexta versión de EXPOUNIVERSIDAD, evento con perspectiva internacional que se realizará del 29 de septiembre al 7 de octubre de 2011, con el objetivo de compartirle a la sociedad los desarrollos, avances y logros del quehacer científico y académico.

El tema central de EXPOUNIVERSIDAD 2011 es la INNOVACIÓN. La globalización, los cambios tecnológicos y el desarrollo de la sociedad contemporánea, encuentran en la INNOVACIÓN uno de sus principales desafíos y oportunidades. Para afrontarlo, los países, los gobiernos, el sector productivo y las instituciones de educación superior deben encauzar sus esfuerzos hacia este factor, lo cual requiere hacer de la incorporación creciente del conocimiento y la investigación el fundamento esencial de la productividad y de la competitividad en beneficio de la sostenibilidad de las sociedades.

EXPOUNIVERSIDAD 2011, Innovación: un encuentro con la creatividad y la ciencia, es una contribución al cumplimiento de los propósitos nacionales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación –CT+I–, especialmente en lo referente a la apropiación social del conocimiento. Asimismo, la intención es llamar la atención sobre los objetivos de fomento de la INNOVACIÓN en los sistemas productivos de los sectores público y privado, el fortalecimiento de las relaciones UniversidadEmpresa-Estado, la interacción con las redes nacionales e internacionales de generación de conocimiento con énfasis en INNOVACIÓN, la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la focalización de la acción pública en áreas estratégicas propuestas por el Gobierno Nacional.

La Universidad de Antioquia, consciente de su compromiso con la región y con el país, y en cumplimiento de uno de los postulados de su Plan de Desarrollo Institucional, la Interacción Universidad – Sociedad, realizará este magno certamen de la creatividad y la ciencia, invitando a participar a las instituciones, entidades y empresas que realizan proyectos con énfasis en INNOVACIÓN, para que esta Feria sea un referente del estado actual de CT+I en Colombia.

La INNOVACIÓN, paradigma social y expresión permanente de la transformación de la humanidad por su impacto inherente en la cultura, la economía, la política y la sociedad, debe incidir positivamente en la calidad de vida de los seres humanos, satisfacer necesidades, adoptar modelos éticos de inclusión y equidad y propiciar progreso. Por ello, todos los actores sociales comprometidos con la INNOVACIÓN –gobierno, empresa —88— y universidad–, tenemos una cita con la creatividad y la ciencia en EXPOUNIVERSIDAD 2011.

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