REVISTA DEBATES N° 64 by Universidad de Antioquia

N. 64 • ENERO/ABRIL/2013 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ISSN 1657-429X

Universidad y conflicto. Por Adriana González Gil

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La crítica, la protesta y la violencia en la universidad. Por Julio González Z.

La comunidad universitaria, la variable estratégica de intervención en el conflicto universitario. Por Medófilo Medina Pineda “La universidad debe formar en la práctica del diálogo y la controversia”.

Hernán Mira Fernández

Por

“El conflicto es constitutivo de las relaciones sociales”. Por Federico L. Schuster

“Toda universidad, en cualquier lugar del mundo, es una institución política de la sociedad”. Por Imanol Ordorika Sacristán

Fases de los sistemas de educación superior y los conflictos. Por Raúl Atria

En defensa de la adopción igualitaria. Por Alejandro Cortés Arbeláez

Hacia una cultura de la legalidad en Antioquia: desafíos y oportunidades.

Medellín: tres décadas de violencia. Cambios y continuidades. Por Max Yuri Gil Ramírez

Alternancias de la paz y la guerra en Colombia, 1978-2013. Por Germán D. Valencia Agudelo

Sobre el plagio como fuente de la ignorancia. Por Juan David Londoño Isaza

Aprender de Chávez. Por Faber Cuervo

¿Cómo se hizo vulnerable el populismo en Venezuela?

Fredy Bedoya Marulanda y Juan Carlos Arenas Gómez

Por John

Por Francisco Cortés Rodas

Por un mundo laboral al alcance de los jóvenes y sus valores.

Cardona Jiménez

Por Jorge Eliécer

Ituango: el megaproyecto hidroeléctrico y su influencia en la población, el territorio y el medio ambiente. Por Giovany Areiza Madrid

¿Por qué una asociación de padres y madres de familia en la universidad pública...? Por Asopamaudea

La erradicación del hambre, prioridad absoluta. Por Mercedes Ruiz-Giménez

Pobreza, neoliberalismo y austeridad. Por Xavier Caño Tamayo

Comida que nos envenena. Por Ana Muñoz Álvarez

Alberto Uribe Correa, Rector • Luquegi Gil Neira, Secretario General Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.

Director Sistema de Comunicaciones: Heiner Castañeda Bustamante • Edición y correción de textos: Luis Javier Londoño Balbín • Ilustración portada: Juan Andrés Álvarez Castaño • Diseño: Juan Camilo Vélez Rodríguez • Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia

El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones sólo a ellos compromete.

Departamento de Información y Prensa –Secretaría General– Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. • Teléfonos 2195023 y 2195026. •E-mail: almamater@arhuaco.udea.edu.co • http://almamater.udea.edu.co/debates

La revista DEBATES presenta algunos de los textos fruto de la reflexión que propició el coloquio Universidad y conflicto, en septiembre de 2012, organizado por la Comisión Institucional de Ética y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Las ponencias están organizadas según las mesas de discusión que se adelantaron durante la jornada, con la presencia de los conferenciantes de la propia universidad, los profesores Adriana González, Julio González y Hernán Mira, y de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Medófilo Medina, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor Federico Schuster, de la Universidad Autónoma de México, profesor Imanol Ordorika, y de la Universidad de Chile, profesor Raúl Atria.

Universidad y conflicto* Por Adriana González Gil Directora del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

odría comenzar señalando que resulta innecesario justificar las razones que subyacen a esta convocatoria para abordar situaciones asociadas a la relación que establecemos entre universidad y conflicto. Bastaría con señalar que abrir espacios de discusión sobre el conflicto presente en la vida universitaria es parte de un compromiso inherente al ejercicio académico, docente, investigativo. Sin embargo, sin ahorrar palabras, cobra sentido nombrar y hacer visibles algunas consideraciones que revelen la importancia que hoy reviste una tal discusión y, sobre todo, el llamado a la formulación de nuevas preguntas en la perspectiva de reorientar la mirada sobre la situación que vive la Universidad en un con2

texto más amplio como el de la crisis general de la universidad pública, de la ciudad, del país. Es sabido que el conflicto es consustancial a la vida social y ello incluye su presencia en un ámbito dinámico como el de la universidad. Mucho se ha dicho sobre la relación universidad/sociedad, incluso se ha dado por sentado que la existencia del conflicto es una simple extensión de la problemática social de la cual es su espejo. Sin embargo, una interpretación que naturalice el conflicto de este modo no contribuye a su explicación y mucho menos a la búsqueda de alternativas para darle trámite adecuado a las diversas situaciones conflictivas que tienen lugar en la universidad. En este sentido, los lugares comunes a los que han llevado afirmaciones

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como esta, no han hecho más que soslayar la importancia que tiene el reconocimiento de las particularidades del conflicto en la vida universitaria y el papel que están llamados a jugar los distintos actores que en ella hacen presencia. Examinar la relevancia que tiene el conflicto, distinguir las distintas dimensiones del mismo e identificar sus tipologías, supone considerar en una perspectiva procesual, las causas, los efectos y las implicaciones éticas y políticas de su presencia en la vida social contemporánea. Un punto de partida parece necesario entonces; se trata de reconocer la existencia del conflicto como rasgo connatural del cambio social, no sin antes precisar que la existencia del conflicto no supone de suyo la presencia de la violencia, es decir, no es el conflicto per se sino en razón de un proceso de escalamiento del mismo, el que puede derivar en violencia. A partir de esta consideración elemental, es factible caracterizar mejor la relación universidad/ conflicto y situar su lugar en la política. El esfuerzo de sistematizar los distintos enfoques sobre el conflicto y la violencia han llevado a distintos autores a definir y distinguir la naturaleza del conflicto del hecho violento. Eduardo González Calleja (2002), por ejemplo, se ha referido al «fenómeno violento», no como un hecho puntual, sino como un hecho social global, vinculado a la política, a la economía, a las representaciones colectivas y al imaginario social. Constatar su omnipresencia le ha permitido señalar la dificultad que supone intentar teorizar sobre la violencia y superar los lugares comunes que se han instalado en los imaginarios colectivos, inhibiendo su lectura e interpretación. Muchos enfoques parten de considerar la violencia como una expresión (causa o efecto del conflicto) y en función de la dicotomía consenso/conflicto, con la pretensión de explicarla, justificarla, reprobarla o legitimarla. Con todo, es preciso subrayar que las fronteras entre el conflicto y su expresión violenta suelen ser muy inestables y difusas. Una de las peculiaridades de la sociedad contemporánea colombiana es la dificultad para distinguir entre lo voluntario y lo coercitivo, lo legal y lo ilegal, lo institucional y lo parainstitucional, lo revolucionario y lo criminal, a tal punto que muchas veces la porosidad de estas fronteras se constituye en una dimensión por explicar. Pero la complejidad de los análisis no puede obnubilar el propósito de reorientar la mirada hacia la necesidad de una lectura adecuada del momento, del

contexto, de las nuevas expectativas de la gente y de la emergencia o de la transformación de nuevos y viejos actores. Una mirada que no pierda de vista el anclaje histórico de nuestros problemas y que trascienda nuestro espacio doméstico. Por eso, buena parte de las expectativas con esta invitación, es el intercambio de experiencias con nuestros invitados, que incentive una mirada puesta más allá del contexto colombiano, de la tendencia predominante al tratamiento de su excepcionalidad. Una perspectiva comparada que incluso nos permita volver sobre nuestro espacio doméstico en su articulación con una dimensión nacional que frecuentemente perdemos de vista y no tan distante de dinámicas continentales y globales que, en términos de autores como Manuel Antonio Garretón, permitiría situar estos fenómenos en las coordenadas de las transformaciones sociales contemporáneas. Sin lugar a dudas, distintas dimensiones del conflicto en la universidad ameritan una exploración. En esta ocasión hemos privilegiado el tratamiento de aquellos asuntos que afectan la convivencia, particularmente referidos al lugar de la crítica y la protesta, distinguiendo entre éstas y las emergentes formas de violencia. Ello supone el reconocimiento del universo de los actores, que es hoy diverso y plural, como es el universo de las razones para protestar. La pervivencia de viejos problemas no resueltos y la potencialidad de los actores emergentes para implicarse en la acción pueden ser solamente rasgos incipientes de un proceso, impulsos participativos que se traducen en acciones intermitentes, sin mucho cálculo y menos impacto. Pero no por ello desestimables. Así mismo, no parece suficiente con identificar a los actores que se movilizan y descifrar las lógicas de las razones que explican su nivel de implicación. Haría falta también hablar con y de los “espectadores”, de todos aquellos que se mueven entre posturas de indiferencia, temor o malestar con la protesta. De este modo, y en una perspectiva relacional, el análisis de los actores se complejiza; la pregunta clásica de la sociología sobre las razones que llevan a la gente a implicarse, a dar el salto de la decisión individual a la acción colectiva, cobra hoy renovada importancia si consideramos que no se trata exclusivamente de la existencia de “factores objetivos”, de “oportunidades y amenazas”, sino de la capacidad de los distintos actores para conferir un sentido a ciertas condiciones y convertirlas o no en un activador de la movilización. Se trata en todo caso de un análisis que combina las vicisitudes de la acción con 3

Es sabido que el conflicto es consustancial a la vida social y ello incluye su presencia en un ámbito dinámico como el de la universidad. Mucho se ha dicho sobre la relación universidad/sociedad, incluso se ha dado por sentado que la existencia del conflicto es una simple extensión de la problemática social de la cual es su espejo. Sin embargo, una interpretación que naturalice el conflicto de este modo no contribuye a su explicación y mucho menos a la búsqueda de alternativas para darle trámite adecuado a las diversas situaciones conflictivas que tienen lugar en la universidad.

el examen de los actores; actores que no existen por anticipado, emergen, se forman, se transforman y se extinguen en el curso de la acción, en la interacción social. Este carácter procesual de la acción colectiva interroga por el tipo de movilización y reconoce en ella la importancia de las interacciones que se gestan en medio del conflicto, el significado de los contextos diferenciales de la problemática universitaria y la presencia de intereses, motivaciones y expectativas diversas de los distintos actores, pero también de sus posibilidades reales para la participación y la implicación en los asuntos que le son propios. Finalmente, pero no menos importante, asumir el debate que aquí proponemos, supone también abordar el complejo terreno del compromiso que tenemos como universitarios, como miembros activos de una comunidad académica. Mucho se ha dicho sobre el papel de los distintos actores presentes en la universidad y, en particular, de aquél que podría o debería asumir el investigador social. Como lo ha señalado Melucci, los desafíos que enfrenta la teoría social contemporánea están emparentados con el servicio que presta a la resolución de problemas concretos (globalización, ciudadanía, reconocimiento, acción colectiva, identidad). Para este autor, el deber de un científico comprometido con su tiempo es poner el conocimiento al servicio de los actores más débiles, pero alejado de cualquier pretensión del investigador como ideólogo, evangelizador o monopolizador de recursos cognitivos, investido de un acceso privilegiado a la “verdad”. Al contrario, el investigador sería más bien aquél que ofrece a los actores los instrumentos ne4

cesarios para desarrollar su capacidad de aprender a aprender y a actuar. El compromiso del investigador como individuo, ciudadano o activista es legítimo; pero los investigadores tienen la misión de desempeñar un papel profesional en el marco de instituciones productoras de conocimiento. Son, pues, portadores de una responsabilidad ética y política para producir y distribuir recursos cognitivos; pero no tienen el derecho de orientar los destinos de la sociedad como “consejeros del príncipe” o como “ideólogos de la protesta” (1996a: 391). Esto por supuesto representa uno de los dilemas de la democracia en sociedades complejas como la nuestra, y en ámbitos igualmente complejos como el de la universidad. Se trata en todo caso, de un compromiso que revele la capacidad de la labor intelectual para hacer aflorar estos dilemas, para hacerlos visibles y colectivos, permitiendo así nombrarlos y tramitarlos. La Comisión Institucional de Ética, constituida formalmente hace poco menos de dos años, ha venido concibiendo iniciativas concretas que permitan viabilizar su compromiso de “promover, facilitar y liderar reflexiones permanentes acerca de principios, valores y actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria”. La recurrente presencia de las expresiones violentas del conflicto en el campus universitario, en los años recientes ha sido, sin duda, fuente de controversia y preocupación, pero también, ha mostrado la necesidad inaplazable de examinar las circunstancias que explicarían su ocurrencia, en la perspectiva de encontrar salidas adecuadas que permitan superar una situación nombrada permanentemente como de cri-

Universidad y conflicto

sis. El compromiso que hoy asumimos públicamente se concreta en el propósito de pensar las transformaciones que tienen lugar en materia de convivencia, participación y movilización en la universidad, en clave de reconocimiento de la profunda complejidad de la realidad de hoy, en la cual coexisten una mayor individualización de expectativas e intereses, una defensa gremial de conquistas específicas —referidas o no a transformaciones sistémicas— y reivindicaciones esporádicas o circunstanciales. Abrir espacios de debate y consolidar una presencia activa de la Comisión Institucional de Ética es sólo la expresión de un compromiso indeclinable. Empezar por escuchar a otros, situados en coordenadas distintas, constituye tan solo un punto de partida para futuros intercambios que favorezcan la comprensión e interpretación de nuestra propia realidad, de cara esta vez a procesos situados más allá de nuestras fronteras territoriales y cognitivas, porque el lugar desde el cual podemos intervenir es

el del compromiso con un proyecto de universidad que contribuya al proceso de transformación de la sociedad en la que está inscrita. Saludo ésta como una ocasión inmejorable para estrechar vínculos y establecer un diálogo con estudiosos de lo social en contextos tan dinámicos como México, Argentina y Chile, y particularmente, en sus espacios universitarios. Estamos convencidos de que con ellos compartimos diversas y significativas experiencias. Agradezco la disposición para aceptar esta invitación y las valiosas contribuciones que nos ofrecerán en sus intervenciones. Del mismo modo, hago un explícito reconocimiento a nuestros invitados en casa, con quienes tendremos la posibilidad del diálogo directo sobre asuntos sumamente cercanos y gracias a un valioso esfuerzo por coadyuvar a su interpretación. Sean todos bienvenidos a este emblemático recinto para encontrar en la palabra un buen medio de expresión y reconocimiento de asuntos que a todos compete interpretar.

* El texto corresponde a las palabras introductorias en la instalación del coloquio Universidad y conflicto que el 27 de septiembre de 2012 organizó la Comisión Institucional de Ética y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, con la participación de ponentes nacionales y de Chile, México y Argentina.

La Comisión Institucional de Ética, constituida formalmente hace poco menos de dos años, ha venido concibiendo iniciativas concretas que permitan viabilizar su compromiso de “promover, facilitar y liderar reﬂexiones permanentes acerca de principios, valores y actuaciones éticas en la vida de la comunidad universitaria”. La recurrente presencia de las expresiones violentas del conﬂicto en el campus universitario, en los años recientes, ha sido sin duda, fuente de controversia y preocupación, pero también, ha mostrado la necesidad inaplazable de examinar las circunstancias que explicarían su ocurrencia, en la perspectiva de encontrar salidas adecuadas que permitan superar una situación nombrada permanentemente como de crisis. 5

L Mesa: Estrategias para deslindar la crítica y la protesta de las formas de violencia

La crítica, la protesta y la violencia en la universidad “… es necesario pues aportar al combate tanta alegría, tanta lucidez y tanto encarnizamiento como sea posible”1.

Por Julio González Z. Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia

a crítica y la protesta se asumen como indispensables en el funcionamiento de una universidad, sobre todo cuando hablamos de una universidad pública. Se da por supuesto que la universidad es el sitio en el cual, por sus propias condiciones, se hace necesario criticar tanto el saber acumulado para poderlo transmitir mejor y producir uno nuevo y tal crítica sería incompleta si no abarcara los entornos académicos, políticos y sociales que hacen posible su emergencia y su aplicación. El espíritu crítico se entiende como una guía y un horizonte sin el cual la universidad como tal se desfiguraría y se convertiría en un lugar de ostracismo o en un caso menos grave, en una simple caja de resonancia del saber y el estado de cosas reinantes. La crítica nos debe permitir saldar cuentas con un pasado casi siempre lleno de opresiones e injusticias, diagnosticar un presente que a veces resulta intolerable y visualizar un futuro menos siniestro. La protesta se convierte, a su vez, en el vehículo natural por medio del cual transita la crítica si es que se espera que ella pueda tener alguna transcendencia. Una crítica que no se socialice, que no se manifieste públicamente no supera apenas un cómodo diletantismo y será un ejercicio apropiado para el mutuo elogio sin mayores molestias. Creo que todos podemos estar de acuerdo con la necesidad de la crítica y la protesta; sin embargo, las diferencias aparecen cuando tratamos de precisar hasta dónde llegan los límites de cada una y de qué manera ellas pueden relacionarse con la violencia, esa sí, siempre censurada y condenada casi con la misma unanimidad con la que se acogen a aquellas. Ahora, un acercamiento a los límites de la crítica

Universidad y conflicto

o de la protesta tendrían que hacerse tomando en consideración los entornos de la universidad. Para mirar los límites de la crítica o la protesta es imposible quedarnos en los campos universitarios, porque ellos han sido afectados por el entorno, por dos procesos complementarios; muchas de las críticas y las protestas que se hacen en la universidad son consideradas, casi automáticamente, como problemas de orden público y desde fuera de la universidad se considera que muchas de las protestas que en ella se gestan o se pueden gestar son problemas para toda la sociedad. En efecto, en nuestro país, todavía es tristemente recordada la doctrina de la seguridad nacional, cuando llegó a afirmarse: “La subversión no es necesariamente armada, ya que se manifiesta en forma de movilizaciones, huelgas, aplicación de ciencias sociales comprometidas, infiltración en escuelas y universidades. Todos estos mecanismos se tornan cada vez más sutiles, y el peligro se cierne sobre nosotros y nuestros seres más queridos. Tenemos una grave responsabilidad sobre nuestros hombros, la de combatir contra un enemigo que no se puede reconocer ni saber cuándo dará su golpe. Por eso hay que estar prevenidos para contrastar sus acciones o tomar la ofensiva en caso necesario”2. Si bien es cierto que la doctrina de la seguridad nacional pareció haber declinado desde la década de los ochentas cuando fue remplazada por la seguridad ciudadana y la seguridad democrática, muchas de sus prácticas no han desaparecido y todavía seguimos confundiendo al crítico con el enemigo. Esas prácticas se favorecen porque en la lucha contra los enemigos ya no se precisan de actos, episodios o conductas específicos, sino que se criminalizan grupos enteros, escogidos con ciertos criterios (étnicos, raciales, religiosos, políticos, regionales, etc.). El problema más serio que tienen esas prácticas que privilegian entornos y no actos, es que tienden a producir unas cadenas continuas que terminan mezclando actos completamente heterogéneos. Un clásico ejemplo de los excesos a los que puede llegar esta mezcla es cuando se pretende justificar la penalización del consumo de estupefacientes, porque los grandes terroristas se financian con su venta. En nuestra universidad, en tiempos relativamente recientes, este fenómeno se vio reflejado en el manejo mediático que se le dio a algunos problemas de la universidad, bajo la enseñanza de que esto era una “olla”. El concepto de “olla” permitía tratar indistintamente fenómenos tan diferentes como las ventas de estupefacientes, algunos episodios de hurtos y delitos contra las personas, las ventas informales, la explosión de papa-bombas, las protestas masivas y hasta las asambleas estudiantiles.

Se da por supuesto que la universidad es el sitio en el cual, por sus propias condiciones, se hace necesario criticar tanto el saber acumulado para poderlo transmitir mejor y producir uno nuevo y tal crítica sería incompleta si no abarcara los entornos académicos, políticos y sociales que hacen posible su emergencia y su aplicación.

Ese desplazamiento de la criminalización de actos a entornos, hace demasiado vulnerable la crítica porque la criminalización puede recaer sobre grupos que practican cierta ideología, individuos que pertenecen a ciertos grupos o partidos que profesan ciertas ideas e inclusive a la criminalización de actividades lícitas por la inserción en entornos cercanos a actividades criminales, como la de los aboga7

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dos defensores de personas acusadas de terrorismo o narcotráfico, de contadores públicos a propósito del lavado de activos y de algunos tratantes de artes, para no llover sobre mojado: los defensores de derechos humanos.

Si bien es cierto que la doctrina de la seguridad nacional pareció haber declinado desde la década de los ochentas cuando fue remplazada por la seguridad ciudadana y la seguridad democrática, muchas de sus prácticas no han desaparecido y todavía seguimos confundiendo al crítico con el enemigo.

Una de las mayores dificultades para separar la crítica y la protesta de la violencia radica en un imperialismo casi absoluto de la seguridad que se ha impuesto sobre cualquier otro valor o cualquier otra actividad social. Es como si la misma seguridad se convirtiera en un supraderecho, que anulara a todos los demás, hasta cuando llegue el momento de la seguridad absoluta. Y aquí también tendemos a mezclar todas las inseguridades y tratarlas de la misma manera. Desde el petardo, el vendedor ambulante, los grandes expendedores de drogas, la suspensión de las clases, un hurto aislado, son tomados como un continuun del mismo fenómeno, que demandan una misma respuesta o por lo menos el mismo tipo de condena. Esta excepcionalidad, esta prevalencia de la seguridad, que es reclamada desde el Estado pero también por la ciudadanía (en la Universidad de Antioquia no han sido pocas las voces que reclaman la presencia permanente de la policía en sus predios, disque para garantizar la seguridad) han hecho de la crítica y la protesta actividades tan riesgosas, que su defensa, en boca de algunos no pasa de un lugar común cada vez más vacío y para quienes la asumen, un peligro inminente, serio y grave. Si queremos tomar en serio la crítica y la protesta tendríamos que rebajarle el tono a las exigencias de seguridad y atrevernos a asumir ciertos riesgos, sin tanto dramatismo y radicalismo. Tal vez habría que recordar que la vida es un asunto riesgoso, como decía Guimaraes Rosas. De hecho, Buzan y colegas afirman que “se debería pensar la seguridad como algo negativo, como un fracaso para abordar problemas como cuestiones políticas normales. Idealmente, la política debería ser capaz de desenvolverse según procedimientos de rutina sin esta necesidad extraordinaria de elevar algunas “amenazas” específicas a una “inmediatez prepolítica”. (…), Kitchen (…) también piensa que “las desecuritización es la opción óptima a largo plazo” (…) ”3.

Notas 1. FOUCAULT, Michel. “En el banquillo del acusado”. Entrevista con J. L. Ezine. Trad. De Alfonso Palau, Medellín, 2008, sin más datos. 2. Tomado de los textos utilizados en la “Escuela de las Américas” citado en: HUERTAS, SANDOVAL Emiro. Sistema Penal y Criminología Crítica. Editorial Temis Librería, Bogotá, 1985, pág. 91. 3. EN: SHEARING, Clifford y WOOD, Jenneifer. Pensar la seguridad. Gedisa, Barcelona, 2011, pág. 119.

Mesa: Estrategias para deslindar la crítica y la protesta de las formas de violencia

La comunidad universitaria, la variable estratégica de intervención en el conflicto universitario Por Medófilo Medina Pineda Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad Nacional de Colombia

l tomar el enunciado del presente coloquio –Universidad y conflicto– se topa de entrada con la siguiente paradoja: la universidad es el campo por excelencia del conocimiento, su creación y trasmisión. A los universitarios, intelectuales en ejercicio y en formación, les son absolutamente familiares las herramientas del análisis racional. El encuentro de esas dos realidades humanas generaría las condiciones para la ininterrumpida producción de estudios históricos, sociológicos, antropológicos, para la elaboración de diagnósticos sistemáticos sobre la universidad. Sin embargo, el conflicto universitario está dentro de los fenómenos débilmente estudiados. En el campus, los comportamientos disuasivos se perciben y se sufren cotidianamente; las discontinuidades violentas son frecuentes. La inutilizada percepción de unos y de otros tiende a difundir –y esta es otra paradoja– la idea según la cual sabemos bien lo que pasa. La mayoría de quienes ejercen responsabilidades directivas administrativas o de aquellos que reclaman el reconocimiento de algún liderazgo gremial o político, suelen redundar en la afirmaciones del tenor, la universidad y el conflicto están sobrediagnosticados. No creo que sea así. Por tanto, me referiré a algunos asuntos, especialmente a lo que implica la conflictividad universitaria en un país atravesado por un prolongado conflicto interno y por el narcotráfico. Además, consignaré algunas consideraciones sobre lo que yo llamo la variable estratégica de intervención en el conflicto universitario. 9

Yo quisiera, para empezar, dirigir el análisis y la atención de ustedes hacia esa relación entre la universidad y la guerra, la inevitable relación que ha habido, porque no se trata de ignorar esa relación y esa gravitación que sobre la universidad, más que cualquier otro medio social en el país, ha tenido el conflicto. Hay varias razones que pueden explicar esto: el hecho de que la universidad pública, al menos desde el decenio del 60 del siglo XX, tuvo un reclutamiento no elitista. Esto se ha traducido en la disposición para el rechazo a la desigualdad, en las proporciones que ha alcanzado en un país en el que, además, la historia agraria está eslabonada por sucesivas contrarreformas agrarias –nuca por una reforma–. Estas universida-

que con otros segmentos de la población. Valores como la rebeldía ante la injusticia, el espíritu combativo, la conciencia de constituir el soporte privilegiado de la utopía y el inconformismo. Los valores anteriores se encuentran con características que garantizan su eficacia en los jóvenes: el aplazamiento de responsabilidades familiares, la disponibilidad personal, la aguda necesidad de fortalecer lazos identitarios y de involucramiento en tejidos de solidaridad.

Otras razones, de orden histórico, son que el preámbulo del movimiento estudiantil contemporáneo en Colombia lo constituyó la participación activa de los estudiantes, en el movimiento contra la dictadura de Rojas Pinilla, que cae por un paro nacional en el que estos participan. Esas corrientes del estudiantado suministraEn el campus, los comportamientos disuasivos se ron los primeros cuadros perciben y se sufren cotidianamente; las discontinuidirigentes del ELN, que dades violentas son frecuentes. La inutilizada perdio cuenta de su existencia el 4 de julio de 1964. cepción de unos y de otros tiende a difundir –y esta Entre mediados de 1964 es otra paradoja– la idea según la cual sabemos bien y la mitad del siguiente lo que pasa. La mayoría de quienes ejercen responaño, las FARC, a su vez, dan el paso de transforsabilidades directivas administrativas o de aquellos mar las autodefensas en que reclaman el reconocimiento de algún liderazgo las guerrillas agrupadas gremial o político, suelen redundar en la aﬁrmacioen el bloque sur. Ahora, nes del tenor, la universidad y el conﬂicto están soSi bien el entorno de las FARC es propiamente brediagnosticados. No creo que sea así. rural, la decisión política fue urbana - rural, y a su dirección llegarían pronto un buen número de estudiantes.

des, así configuradas en lo social, se han desarrollado en un país a donde nunca se asomó el Estado de Bienestar, bien fuera por el camino del populismo o por la celda social demócrata. Otra razón, de orden ético-emocional, que propende por el establecimiento de un sistema de vasos comunicantes con los modelos de acción directa, tienen que ver con las pautas de comportamiento y valores que suelen ostentar coeficientes de correlación altos con la juventud, más 10

Una y otra de estas vertientes guerrilleras resultarían impensables sin el gran estímulo catalizador que significó la revolución cubana. Revolución que significó, igualmente, un estímulo incontrastable para la juventud universitaria. En efecto, aquella imagen puesta en circulación por el Che, que rezaba que un revolucionario no podía sentarse a la puerta a ver pasar el cadáver del imperialismo, era para los jóvenes, no una imagen literaria, sino un programa político existencial. Además, la instauración de un sistema de afinidades electivas

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entre estudiantes universitarios y guerrillas se vio favorecida, igualmente, por las drásticas limitaciones constitucionales a la participación política, que significaron las instituciones del Frente Nacional. Pacto que hizo posible la superación de la violencia de los años 40-50, pero a cambio de establecer que los colombianos todos eran, o liberales o conservadores, y no había espacio institucional para participar desde ninguna otra vertiente.

te, por decreto legislativo, el presidente abolió la representación estudiantil en el Consejo Superior Universitario y en los demás consejos. Ilegalizó al Consejo Superior Estudiantil y a los demás consejos, es decir, los mandó a la clandestinidad. Los decretos dejaron sin piso jurídico a la FUN (Federación Universitaria Nacional), en el momento en que surgían los movimientos guerrilleros y el Frente Nacional.

El movimiento estudiantil de los 60, al lado de esas En un Estado que ilegaliza completamente al morealidades –por un lado con alteración del sistema vimiento estudiantil ¿habrá alguna razón para culpar político y por otro lado una propuesta guerrillera–, se a aquellos estudiantes que dejaron sus puestos de desarrolló con muchas riquezas de manifestaciones dirección y se fueron a las montañas, al ELN, a las y con varios canales. El de la organización, se trataFARC? Los nombres de gente que murió –por ejemba de los consejos superiores estudiantiles, consejos plo, el primer presidente de la Confederación Naestudiantiles de facultad y, en algunos casos, de carrera. También federaciones universitarias, en algunas ciudades capiLa privatización de las universidades públicas ha avantales de departamento; también federaciones zado hasta privatizar los espíritus de las mismas uninacionales –primero, la versidades. Hoy se aceptan, como normales, pautas de UNED y luego, la FUN, comportamiento que implican una cierta renuncia a la en 1963–. Igualmente, se desarrolló el canal de desobediencia intelectual. las organizaciones políticas: primero fue JUCO, MOE, luego surgiría JUPA, las organizaciones trotskistas y demócratas cristianas. cional de Estudiantes, Julio César Cortés o Armando Toda esta parafernalia organizativa tenía una reCorrea, presidente del Consejo Nacional Estudiantil ferencia ideológica común: el anti-imperialismo. de la Nacional, en el ELN; también, Francisco GonEste panorama alimentaba un proceso rebelde, zález, que muere en las FARC y muchos otros menos variopinto pero, en general, organizado. Esto llega conocidos que simplemente uno conoció en las aulas hasta 1966 y no es un misterio el sentido de los universitarias y que luego supe que habían muerto– comportamientos estudiantiles posteriores. En ese son imágenes, son procesos históricos muy fuertes y, año, el 26 de octubre, visitó a la ciudad univerpor eso, cuando existen, incluso hoy, organizaciones sitaria, en Bogotá, el presidente de la República que responden a la sensibilidad del movimiento boliCarlos Lleras Restrepo llevando al magnate Nelson variano, cuando hay núcleos en las universidades, es Rockefeller, para inaugurar un instituto de investipreciso estudiar esos fenómenos y no simplemente gación agrológica. Los visitantes fueron sometidos hacer afirmaciones normativas de que eso no puede a una pedrea menor, huevos, tomates, cosas de pasar, de que el campus no puede ser expresión, no esas y piedras, pero chiquitas. Esto indignó de tal sé, de organizaciones que de alguna manera defienmanera al presidente que inmediatamente ordedan el hecho de las armas con finalidades políticas. nó –y era la primera vez que pasaba–, la toma, por Yo digo, es necesario, es preciso hacer ese debate, parte del Ejército, de la Universidad Nacional. Sin estudiar la fenomenología estudiantil. embargo, lo más grave no fue eso. Al día siguien11

Universidad y conflicto

El segundo elemento de mi exposición es simple: los conflictos violentos en las universidades colombianas también deben de estudiarse a la luz de ese contexto del narcotráfico que ha vivido el país. En esa percepción, desde luego, no reclamo una brizna de originalidad. Es una idea obvia. Ahora, ¿por qué redundo en ella? Porque cuando se lo analiza, se interviene en consideraciones de orden emotivo que impiden la construcción de explicaciones objetivas. Constato, con frecuencia, que ciertas expresiones que se originan en medios hostiles a la universidad, terminan suscitando eco en sectores internos o son usadas como recurso polémico en las discusiones. Son expresiones que entrañan señalamientos, seguramente a diversas universidades, en distintas ciudades. Se usan expresiones como “la universidad N es la peor olla de la droga de la ciudad X”, “la Universidad de Antioquia nido de delincuentes” o “la criminalidad se ha tomado a la universidad pública”. Esas fórmulas impresionistas, a menudo reproducidas en los medios de comunicación, no pueden constituir un punto de partida para el análisis; más bien configuran un obstáculo. Son esos enunciados que buscan un objetivo que, me parece, se puede nombrar con las palabras de Pierre Bourdieu: “la aceptación inconsciente de sentidos comunes –en el sentido de Aristóteles–, nociones, o tesis con las cuales se argumenta pero sobre las cuales no se argumenta”. La venta de estupefacientes demanda un enfoque específico y un tratamiento propio, no asociable a los enfoques aplicables a las redes del comercio informal. De hecho, el tráfico de drogas, en las universidades, no obedece a las lógicas que, por ejemplo, aquí en Medellín, responde el Hueco, es decir, las universidades no son objeto de grandes cadenas mafiosas, poderosas y no hay propiamente un conflicto en los campus entre esas cadenas. Lo que quiero decir con esto es que, en buena parte, ese jibarismo interno descansa en necesidades de subsistencia que no van más allá de un salario, el aseguramiento de condiciones mínimas de sobrevivencia. Al decir esto lo que pretendo mostrar es que este problema es susceptible de

encarar desde una perspectiva de bienestar estudiantil, por ejemplo. Creemos, firmemente, que la solución a las problemáticas que aquejan a la universidad solo pueden ser solucionadas desde la comunidad en general. Está apelación me lleva al punto que denomino la variable estratégica para el estudio y superación de los conflictos universitarios. Con esto me refiero a la idea y al hecho de la comunidad universitaria. En lo que a esta variable se refiere, la universidad pública ha retrocedido mucho pues los llamados estamentos han perdido espacio para su acción, las directivas universitarias se han distanciado del resto de la comunidad quizás con la idea de que, al hacerlo, logran alcanzar mayor grado de soberanía, en la toma de las decisiones. En este marco, a lo que invito es a que examinemos qué ha pasado internamente en las universidades, pues habiendo unas políticas de Estado que han constituido una ofensiva en contra de la financiación de las universidades públicas, llama la atención que la forma de reaccionar a esto, por los estamentos internos de la universidad, sea la adecuación. La privatización de las universidades públicas ha avanzado hasta privatizar los espíritus de las mismas universidades. Hoy se aceptan, como normales, pautas de comportamiento que implican una cierta renuncia a la desobediencia intelectual. El profesorado ha llegado a preocupantes coincidencias con la administración, en la realización de extensión y consultorías sobre las cuales no se pregunta sobre los retornos académicos si los financieros están garantizados. Esto configura el juego aparente que pareciera responder a la divisa “todos ganan”. La renuencia a rechazar tales prácticas laborales da cuenta de la creciente adaptación de los profesores a aquello que un historiador argentino Biagini nombra como la ética gladiatoria de la sobrevivencia. Es necesario pues entrar a discutir esto de la comunidad universitaria, más aún en un contexto en el que el Estado le ha restado su respaldo financiero y ha crecido el distanciamiento de ella, de grandes sectores de la opinión pública.

Mesa: Universidad y convivencia, los conflictos en las universidades públicas

"La universidad debe formar en la práctica del diálogo y la controversia" Por Hernán Mira Fernández Profesor de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Institucional de Ética de la Universidad de Antioquia

n este texto intento hacer una propuesta que, desde lo ético, permita contribuir al entendimiento y la reflexión sobre el conflicto que se presenta como propio de la universidad. Comienzo con la postura de Humboldt, según la cual la misión de la ciencia es la formación. La formación debe tener el sentido de transformación del saber en obras, por lo cual no se puede interpretar la formación, en la ciencia, en el simple sentido positivista, que se limita a la disposición técnica. La formación debe tender hacia algo más allá de esto, debe dirigirse a la formación intelectual general y a la configuración armónica de la personalidad. Por ello, constituye un proceso continuo generado por la unión del trabajo entre ciencia y educación, meta ideal que nunca debe abandonar la educación superior. En efecto, una universidad humanista de verdad es aquella en la que las experiencias científicas se interpretan y transforman en capacidades prácticas. Así, la misión de la universidad es trabajar por el retorno desde la técnica de ese individualismo que avasalla en la investigación, a la comunicación de los hombres que actúan y con mayor razón requieren de la reflexión científica. La universidad, entonces, tiene que jugar un rol social y moral en la formación y, para ello, tiene que enseñar y trasmitir ética, a la comunidad universitaria, a la ciudadanía y a la sociedad toda; esa es su misión fundamental. La responsabilidad social universitaria implica también entender que la administración de la universidad es parte de ella, es la que 13

gestiona la casa, forma en ética y decide si valora más la democracia y las relaciones de igualdad o si, por el contrario, se inclina por el autoritarismo y la verticalidad. En este sentido, el artículo sexto del Estatuto General de la Universidad de Antioquia define muy claramente que ella asume, con el más alto grado de responsabilidad, el cumplimiento de sus deberes y compromisos; deberes y compromisos que hacen de todos los universitarios los poseedores de la responsabilidad prioritaria de servir a los sectores más vulnerables de la sociedad, con los instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética.

el aprendizaje o la formación, en la universidad, a partir de la palabra ethos que también significa morada, estancia y la forma como habitamos. Para Heidegger, la palabra ethos designa el lugar abierto donde mora el hombre, donde se deja aparecer lo que le viene reservado a su esencia. El ethos es el suelo firme, el fundamento de la praxis; de éste hacen parte fundamental los valores; valores que se hacen visibles morando en ellos, pues proclamar un valor es decir una palabra, pero morar en un valor es practicarlo de forma cotidiana.

No es necesario ir muy lejos de este texto de Heidegger para ver en él lo que es la universidad, la estancia universitaria. La universidad es la morada, la estancia, por ello hay que organizar la casa de modo La universidad, como lugar de diferencias y desacuerque los principios, nordos, debe formar a los estudiantes en la práctica del mas y valores que se diálogo, animar a la controversia entre opiniones dispromueven se vuelvan naturales, obvios, evitintas pues sólo así se puede hacer ver al otro, lo que dentes, sin que se tenga está equivocado en su postura; pero también, el otro que estar reparando en puede mostrarme lo errado de la propia. ellos constantemente. Agnes Heller afirma, a este respecto, que la idea según la cual los valores son bienes sociales, materiales y concretos, significa que son valores activos en su concreción, esto es, que son validados conAhora, la ética es un saber, un conocimiento de tinuamente por acciones porque motivan la prala forma de vivir que nos parece más adecuada xis. Así, las personas actúan de modo que estos para todos. Este saber, sin embargo, no se transvalores existan, florezcan y, ocasionalmente, sean mite como otros conocimientos teóricos; más bien inmortales. Esa concreción de los valores, en la se aprende fundamentalmente en la práctica, la práctica de la vida universitaria y ciudadana, es la prédica no funciona. Lo formativo es hacer en la tarea primordial en la formación integral que debe universidad lo que se dice que se debería hacer dar la universidad. en ella, según su espíritu. Ya Aristóteles, en su ÉtiSin embargo, es necesario también evidenciar el ca a Nicómaco, nos explica que la única forma ethos oculto de la universidad, es decir, las prácde volvernos justos es ejecutando actos justos, vaticas incongruentes, invisibles, o lo que Apel delientes, ejecutando actos valientes. Es muy imporfine como el conjunto de normas y valores que tante que en la universidad se reflexione, razone son implícita pero eficazmente enseñadas en las y argumente alrededor de lo correcto, pero esto instituciones y de las que no se acostumbra haapenas es un inicio. El juicio moral es necesario, blar, en las declaraciones de fines y objetivos. En pero no suficiente. Se trata además de focalizar este currículo oculto se deja ver en qué medida, 14

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la universidad participa, consciente o inconscientemente, en la reproducción de injusticias y patologías de la sociedad actual. Condición que se revela, sobre todo, en las ausencias, omisiones, jerarquizaciones, contradicciones y desconocimientos que presenta el currículo oficial y la práctica académica diaria que lo realiza. En el ethos oculto se reconoce también el papel formativo que tiene la administración central de la universidad; papel que desarrolla muchas veces sin saberlo y, por lo tanto, sin asumirlo. Por eso, la gestión socialmente responsable de la administración es parte esencial de la educación en valores que brinda la universidad.

qué valores promueve la universidad en la educación, qué tipo de comportamientos y actitudes favorece en la vida cotidiana, qué jerarquizaciones y discriminaciones hay silenciosamente en los programas y asignaturas que enseña. Lo que está permanentemente en la universidad son los temas de la verdad y el ser, las distintas concepciones del yo y su lugar en las comunidades, su identidad y responsabilidad en el modo de actuar y las distintas posturas sobre los bienes humanos y la manera de repartirlos ordenadamente en la sociedad. Por ello, estas discusiones deben darse en una

A este respecto resulta muy oportuno retomar lo que contundentemente señala En las universidades públicas se forma en la ética Adela Cortina, en una civil, de lo público, ética en la que el primer prinentrevista donde se le pregunta por las univercipio es el pluralismo; pluralismo que se erige y sidades. Para la autora maniﬁesta en contra de lo dogmático, despótico y española, en las uniautoritario del monoculturalismo. versidades siguen existiendo las mafias y los grupos de poder; hecho este que, según expone, no es misterio para nadie. Creo que la autora utiliza la palabra mafia en la acepción de organización clandestina de poder. En efecto, ella explica su afirmación señalando que cuando la gente va a realizar procesos de selección y cosas estructura contextualizadora que invite al diálogo, por el estilo, hay personas que llevan ya los votos ya que una universidad que sea auténticamente porque están en un grupo determinado de poder. universitas tiene que situar estos conflictos en lugar Eso es la mafia, eso hace la mafia, dice Adela Corcentral de sus preocupaciones, investigaciones y tina. Hecho que no se denuncia porque, continúa planes de estudio. Por esto, la universidad, como exponiendo, existe cierto convencionalismo moral lugar de diferencias y desacuerdos, debe formar a que permite a la gente buscar su propio interés los estudiantes en la práctica del diálogo, animar a de estas maneras. la controversia entre opiniones distintas pues sólo así se puede hacer ver al otro, lo que está equiLa institución siempre tiene un ethos que hay vocado en su postura; pero también, el otro puede que conocer y analizar para tener claro si corresmostrarme lo errado de la propia. Esta es la primeponde o no a la misión y visión que busca prora responsabilidad de la institución. Ahora, la tamover, pues cualquier trasmisión de conocimiento o información está mediada por intenciones y rea prioritaria de la universidad es asegurar que las procesos valorativos. Entonces, se debe preguntar voces rivales no sean suprimidas, que no sea una 15

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arena neutral de objetividad, sino una arena de conflicto civilizado en la que se otorgue reconocimiento al tipo más fundamental de desacuerdo moral y filosófico. Es deber de la universidad formar ciudadanos capaces de la acción moral, no sustentada en la religión o en cualquier otro sistema heterónomo, sino en el ejercicio de su autonomía. En las universidades públicas se forma en la ética civil, de lo público, ética en la que el primer principio es el pluralismo; pluralismo que se erige y manifiesta en contra de lo dogmático, despótico y autoritario del monoculturalismo, tal y como lo propone Guillermo Hoyos. Una ética de lo público es una ética comprometida, fundamentalmente, con la construcción y búsqueda incansable del bien común. Esa es la ética en el mejor sentido de Aristóteles, una ética de la polis para formar ciudadanos. Desde la universidad se debe desarrollar la civilidad moderna para la creación de una cultura del pluralismo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de la aceptación de las diferencias, del diálogo y de la formación ciudadana, del conocimiento para el progreso, para el desarrollo y para la inclusión social. Esto lo recoge muy bien el artículo quinto del Estatuto General de la Universidad que dice, que la Universidad tiene un carácter democrático y pluralista, por lo cual no limita ni restringe los derechos, libertades y oportunidades por consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o credo. Por ello, en esta ética de la polis para formar ciudadanos y, en este caso, ciudadanos universitarios, se trata de adoptar el pluralismo más que la tolerancia, pues la tolerancia es sólo una transición de indiferencia y frivolidad que debe ser superaba por el pluralismo, como lo señala Guillermo Hoyos. En la universidad hay que asumir al otro como diferente en su diferencia y, así, como interlocutor válido; en la universidad

tiene que ser fundamental la formación ciudadana, la educación en valores y la ética y democracia participativa. Esto no constituye algo vago y etéreo. Todo lo contrario, es un saber en lo que no sólo es posible sino absolutamente necesario argumentar. Así es como, con consensos y acuerdos, se construye un ethos y una ética universitaria donde quepamos todos. Por ello, el objetivo de la formación ciudadana y política de la universidad debe ser el desarrollo de la amistad cívica, ya concebida desde Aristóteles. Recojo aquí, brevemente, la forma como la plantea Adela Cortina: para progresar, las sociedades necesitan instituciones y leyes justas, gobernantes prudentes, jueces honestos, pero también necesitan de un ingrediente sin el que no puede haber vida pública: la auténtica amistad cívica. La amistad es indispensable para la vida, dice Aristóteles. Sin amigos, nadie querría vivir, así tuviera los otros bienes; por ello, es la amistad cívica la que mantiene las ciudades. Esta relación cívica va más allá de la amistad corriente, de congraciar y compartir con el compañero y es más bien la amistad de los ciudadanos de un Estado –o una universidad para el caso– que, por pertenecer a él, son conscientes de perseguir metas comunes y, por eso, existe ya un vínculo que los une y los lleva a intentar alcanzar esos objetivos, siempre que se respeten las diferencias legítimas y no haya agravios comparativos. De lo que se trata entonces, según la propuesta de Cortina, es de re-encantar el mundo, con los valores de la convivencia, democracia, solidaridad, pluralidad, transparencia; que estos se hagan manifiestos en el diario vivir, en el campus, en la morada, en el ethos universitario; lo cual es tarea de todos los que habitamos la universidad. Por tanto, de lo que se trata es de realizar un ideal de la universidad que se pueda pensar en términos de Estado ético, como lo describe Aranguren, que contribuya sustancialmente al desarrollo de la sociedad.

Mesa: Universidad y convivencia, los conflictos en las universidades públicas

"El conflicto es constitutivo de las relaciones sociales" Por Federico L. Schuster Director del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

stedes saben que a lo largo de muchos años de historia intelectual de la humanidad, pero con mucha fuerza en los proyectos de la modernidad, se asumió que el horizonte del gobierno, de las sociedades y de la organización legítima de éstas era la superación del conflicto; esto es, se pensó que el conflicto podría aparecer, o bien como una dimensión negativa, o bien ya –en el siglo XIX– como una dimensión eventualmente positiva pero que conducía, en algún horizonte de tiempo, a su disolución. Aún en el gran autor que inicia el tratamiento más rigoroso y profundo de la conflictividad en la constitución de las sociedades, Carl Marx, hay un horizonte que marca el final del conflicto: la sociedad sin clases. La modernidad asume la idea de que ya sea en el presente, ya sea en un horizonte real, ya sea

en un horizonte utópico, el conflicto ha de ser superado. El siglo XX ha hecho profundas transformaciones en muchas de nuestras creencias y, concretamente, en esta idea del conflicto. Hoy asumimos que el conflicto es constitutivo de las relaciones sociales, que no hay relación social sin conflicto, que no hay orden social sin conflicto y, por ende, que no hay institución sin conflicto. Quiero detenerme un poco en algunas de las cuestiones que hacen la constitución de los conflictos. Para esto, es necesario partir de la idea que acabo de esbozar –la aceptación del conflicto como constitutivo de las sociedades– pues, si esto es así, el horizonte de nuestra tarea, en relación con el conflicto, es más bien cómo convivimos con él y cómo lo procesamos de modo que no destruya las instituciones, ni las relaciones sociales. 17

Universidad y conflicto

Es muy común, cuando un conflicto se produce, que ese conflicto sea el resultado de una agregación de demandas. Muchas veces sabemos que el estallido de la expresión conflictiva no necesariamente se da por la situación que es percibida como la más grave. En efecto, la mayoría de las veces, el conflicto estalla en el punto de lo que, popularmente, se llama la gota que rebasa el vaso y no en el problema capital. Entonces, cuando uno analiza una situación de conflicto, lo que debe ver es, por supuesto, cuál es la demanda articuladora que integra esa forma de presencia pública, de manifestación pública contenciosa; pero, al mismo tiempo, también debe ver, en qué medida, esa demanda ha logrado catalizar y organizar toda una serie de experiencias, a lo mejor dispersas, de los sujetos que se articulan en esta nueva presencia y que, sin embargo, están debajo de ella. Muchas veces es difícil resolver un conflicto porque uno se enfatiza o focaliza directamente en el punto que parece ser el eje del conflicto y, sin embargo, no se puede determinar en su resolución porque, en realidad, no ha logrado localizar un proceso que es mucho más largo, que trae una historia de acumulación de demandas, no necesariamente expresas, no necesariamente manifiestas y no necesariamente integradas, muchas veces dispersas. Por eso, el conflicto suele ser bastante complejo. Detrás de un conflicto específico hay muchas cosas que no necesariamente están expresas, manifiestas sobre él mismo. La otra cuestión para comprender el conflicto es lo que podríamos llamar la relación entre un significado recto y un significado oblicuo. Alberto Melucci dice que cuando se constituye un movimiento social hay dos dimensiones que se articulan en él. La primera es aquello que los une, que pone juntos a los individuos para pedir, demandar y exigir alguna cuestión particular. La otra, son las relaciones, casi de laboratorio de vida, que se van dando entre los sujetos, en la constitución de una nueva forma de experiencia. Así, frente a situaciones insatisfactorias de la experiencia, los actores sociales generan una especie de laboratorio de vida, es decir, los sujetos aprenden nuevas experiencias, nuevas formas de relación, redefinen una identidad, en épocas de vacío significativo. Eso tiene una enorme importancia para comprender la 18

dinámica de los conflictos, pues encontrar un lugar en el mundo puede ocasionar que el movimiento generado no se agote, a pesar de ver satisfecha su demanda. En efecto, ya se ha constituido en algo más que eso. Ha constituido una identidad, una capacidad de acción. El conflicto es también un síntoma, en el sentido de que el conflicto no necesariamente dice sólo lo que dice, no necesariamente dice sólo lo que expresa, sino que puede expresar una cantidad de insatisfacciones o de demandas acumuladas en el tiempo, disgregadas, dispersas. Por ejemplo, el problema de la mercantilización de las universidades públicas. Hoy existe un nuevo modelo del relacionamiento de la educación superior con el conjunto del sistema social. Frente a esto, hay universidades que han logrado de alguna manera redefinirse, refundarse, enfrentar y sortear ese vacío y otras que lo sufren más. Así, si no hay capacidad de expresar el malestar de algo tan complejo como esto, pero existen sujetos con determinados intereses o determinadas articulaciones, esos sujetos pueden expresar ese malestar y canalizarlo por otro lado; es decir, pueden estar planteando algo que no es necesariamente lo que generó el malestar. Entonces, cuando muchas veces hay un malestar, un desencanto, un vaciamiento de sentido, pero que no puede encontrar una voz que lo represente cabalmente, se expresa por otra voz que dice otra cosa. Voz que está diciendo alguna otra cuestión que es la que ese sujeto tiene capacidad de argumentar. Muchas veces, quienes realizan esto son agrupaciones directamente políticas y muy legítimas, pero lo que expresan es aquello que está vinculado a su propio proyecto y no han podido interpretar exactamente o de modo completo, ese malestar que está en la base. En este orden de ideas, yo diría que lo peor que se puede hacer, respecto a un conflicto, si nosotros somos responsables de alguna manera de abordarlo, de tratarlo, es su desconocimiento, el no escucharlo. Cuando hay un conflicto, hay una expresión de algo, que tendremos que averiguar. Igualmente, tendremos que valorar y mesurar qué es lo que se está expresando, si es sólo parte de lo que aparece manifiestamente o si hay otras cosas que deben ser consideradas. Es necesario, pues, comprenderlo y explicarlo. Es necesario, en la me-

El hecho de comprender el conflicto no significa necesariamente asumir su verdad. Quien interviene en la situación de conflicto debe ser absolutamente honesto. La honestidad quiere decir, por un lado, reconocer el conflicto, escucharlo, prestarle atención, buscar su comprensión y explicación; y por otra parte, manifestarle al otro la posición propia, sobre la base del reconocimiento y del respeto.

dida en que nos toque de alguna manera tratar de intervenir en el conflicto, ponernos en el lugar de los actores que están en él, representarnos cuáles son esos lugares, cómo ven el mundo, cuáles son sus interpretaciones y sus reconstrucciones y, al mismo tiempo, necesitamos explicarlo. Ahora, explicarlo quiere decir ponerlo en un marco de procesos sociales, procesos históricos de tipo general. El hecho de comprender el conflicto no significa necesariamente asumir su verdad. Quien interviene en la situación de conflicto debe ser absolutamente honesto. La honestidad quiere decir, por un lado, reconocer el conflicto, escucharlo, prestarle atención, buscar su comprensión y explicación; y por otra parte, manifestarle al otro la posición propia, sobre la base del reconocimiento y del respeto. Por supuesto, después habrá instancias de negociación y se puede considerar que, en determinada instancia, lo mejor para la institución es ir a una situación de negociación, incluso, quizás, cediendo cosas que uno diría que, en principio, no quiere ceder. Esto, a lo mejor, es menos grave que lo que podría suceder si no se negocia. Las instancias de negociación son muy efectivas. En general, quienes reclaman, reconocen mucho más a quienes les dicen, miren, yo los reconozco, los respeto, los escucho, quiero saber qué piensan, permítanme decirles que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por tal cosa o tal otra. Es importante, en la misma manera en que se

reconoce el conflicto, abordarlo, tratarlo, en serio. Tratarlo en serio quiere decir involucrarse, inmiscuirse en el mundo específico del conflicto y tratar de procesarlo y articularlo, por medio del diálogo y la interacción continua. Con esto quiero decir que es necesario tratar cada caso como particular, pues cada caso es un mundo y en cada caso habrá que ver cómo se opera o se procesa. Esta es la regla general. Muchas veces, en las universidades, se pretende una aplicación abstracta de la reglamentación. Pero, la reglamentación no puede ser una herramienta puramente abstracta que se aplique linealmente. Ésta tiene que aplicarse sabiendo cuáles son los sujetos, qué procesos reales sustantivos se están dando en las instituciones y ver en qué medida esa normativa interactúa adecuadamente o no con esos procesos reales. Ustedes conocen que la historia ha mostrado que, a la corta o a la larga, los procesos reales tienden a prevalecer. Tenemos que tratar de discriminar, asunto que no siempre es fácil. De esta manera, se le puede imprimir al conflicto una dinámica positiva que redunde en la transformación de la institución y no en una obturación que destruya la misma. Fenómeno este último que, efectivamente, está también en los horizontes del conflicto. Pero, en el horizonte del conflicto, está igualmente la transformación dinámica positiva. Hacer eso del conflicto depende de la capacidad de los sujetos para entender cómo se encaminan esos procesos y esas circunstancias. 19

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"Toda universidad, en cualquier lugar del mundo, es una institución política de la sociedad" Por Imanol Ordorika Sacristán Profesor, investigador y Director General de Evaluación Institucional de la UNAM, México

o coincido con la idea, expuesta por el profesor Schuster [En el texto que hacer parte de este Dossier], de que todo mundo, a partir del siglo XIX, comparte la noción de que el conflicto es inherente a la sociedad y que puede incluso tener un sentido benéfico. Nosotros –quienes participamos en este coloquio– compartimos ese punto de vista pero, en general, la sociedad no lo comparte. Es más, los grupos dominantes de la sociedad plantean que el conflicto es esencialmente una patología social. En el sentido común de nuestras sociedades y de las clases políticas que nos gobiernan, la idea de conflicto es siempre negativa; además, porque todos ellos piensan en el conflicto sólo cuando éste es un estallido social, un movimiento presente en las calles, en una toma de un recinto universitario, en el cercamiento del espacio legislativo, en la confrontación con la policía. Sólo ahí identifican el conflicto, cuando ha alcanzado un nivel de confrontación y de manifestación pública que hace muy evidente un conjunto de tensiones que están ahí y son inherentes a la universidad. Mi primer enuncio es que la universidad, toda universidad, en cualquier lugar del mundo, es una institución política de la sociedad. Pero, es una institución política peculiar; no es igual a un partido político, aunque a veces se le parezca; no es igual a un sindicato, no es igual al ejecutivo ni al legislativo, porque está concentrada en una función, que es la producción, transmisión, difusión y recreación de conocimientos. Ese es el quehacer de la universidad pero, sobre ese quehacer, la universidad interactúa con el resto de las instituciones sociales. La universidad es esencialmente política porque, contrariamente a lo que es tradición pensar de ella desde mediados del siglo XX en América Latina, no constituye un especio homogéneo unificado alrededor de la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Esto último es el argumento típico de buen número de 20

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autoridades universitarias, políticos y buena parte de la sociedad. Su punto de vista sobre la universidad es que los estudiantes no deberían hacer política, que los profesores no deberían opinar de política. Lo único que deberían hacer, así se piensa, es dedicarse a las clases. Cuando esto no se hace, la universidad es señalada de estar politizada. Por ejemplo, en México, en 1944/45, se propuso una ley orgánica de la universidad, emanada del Congreso de la Unión, que establecía como eje central de toda la construcción legislativa de la universidad la idea de erradicar la política de la universidad, sobre la base de una noción: la universidad es solamente un espacio de búsqueda de la verdad científica. Ahora, claro está, como la verdad científica es una, por lo tanto, no tiene por qué haber disputa, no tiene por qué haber política, no tiene por qué haber espacios de representación política, no tiene por qué haber conflicto. Por ello, cada vez que hay un conflicto, cada vez que salen los estudiantes a la calle, cada vez que los profesores demandan salario o se agrupan sindicalmente o colegiadamente, reciben inmediatamente el calificativo de, ah, están haciendo política, quieren hacer política. La universidad es una institución política de la sociedad porque en ella conviven interpretaciones del mundo y de la propia universidad, no solamente diferentes sino contrapuestas, visiones sobre la ciencia, sobre problemas específicos que estudiamos, que son contradictorios, contrapuestos y diferentes. Por esto, al interior de la universidad hay una tensión permanente. Las universidades, además, son instituciones del Estado, no del gobierno, y como instituciones del Estado se enfrentan con otras instituciones, como la institución gubernamental, pero también, puede ser, con la iglesia o con sectores y segmentos de la sociedad como los empresarios. Ahora, ¿sobre qué se da la disputa universitaria? Para aclarar esto, quiero señalar un elemento que a mí me parece fundamental. Las formas de ejercicio del poder son la instrumental, la de las leyes, la aplicación de las normas estricta, el uso del presupuesto, las jerarquías universitarias; también, el control de las agendas, qué es lo que se debate y qué es lo que no se debate. Sobre la universidad, por ejemplo, el gobierno nos ha metido, en toda América Latina, a debatir sobre préstamos estudiantiles, cuando lo que nosotros queremos es debatir sobre gratuidad. El movimiento estudiantil, en Chile, en este sentido, ha estado insistiendo en la gratuidad y el gobierno chileno le contesta que, solamente, se pueden conceder becas y

préstamos. En este caso, la agenda, su control, es un problema político, de disputa. ¿Por qué no se debate sobre las casas y servicios a los estudiantes, los restaurantes estudiantiles, la reforma de contenidos curriculares? ¿Por qué no son esos nunca temas de interés de la política general y son pocas veces tema de interés de las propias autoridades universitarias? Estamos siempre, dentro de las universidades, en la lógica de cómo incrementamos los costos de la matrícula; siempre estamos discutiendo sobre establecer límites al ingreso de estudiantes o sobre si es necesario limitar los tiempos de duración de las carreras. Ahora, también está el asunto, en lo que al poder se refiere, de la hegemonía: qué visión tenemos de la universidad. Nosotros, en América Latina, tenemos una tradición que no existe en otros países: el de la responsabilidad social de la universidad para intervenir en las temáticas políticas de la sociedad en su conjunto, no como un derecho, como algo sobre lo que queremos entrar y hablar, sino como una responsabilidad que va más allá de la vieja noción de universidad que te daba la licencia para ejercer una profesión afuera y enriquecerte con ella. La visión de la responsabilidad es un legado hegemónico; eso forma parte de las historias de nuestras universidades y nuestros rectores, sean como sean –conservadores o progresistas– tienen que hablar de eso, aunque no les guste y aunque no lo lleven a la práctica. Disputamos, entonces, los temas de acceso, los temas de distribución de los recursos. También, los usos del conocimiento. En efecto, las presiones internacionales se dirigen en la búsqueda de una universidad de clase mundial que dé prioridad a la investigación científica y a las ingenierías, capaz de producir patentes y otros productos intercambiables en el mercado. Claro, nosotros, ante esto, decimos que no, que la tradición histórica latinoamericana le da a la universidad un sentido que no la puede limitar a eso, que la tiene que abrir a otras posibilidades y a otras tareas fundamentales. Así, todos estos son espacios de disputa; están ahí permanentemente. Por otro lado, hay otros temas que históricamente retomamos porque no los retomaba nadie en la sociedad y, cuando esto pasa, es cuando la universidad, como institución, comienza a jugar el papel de ocupar los vacíos que existían o existen en las sociedades latinoamericanas. Los temas de derechos humanos fueron muy fuertes en las universidades, en distintas épocas. Atender los problemas de la violencia del Estado, de la represión, del asesinato, de la desaparición, en 21

La universidad es una institución política de la sociedad porque en ella conviven interpretaciones del mundo y de la propia universidad, no solamente diferentes sino contrapuestas, visiones sobre la ciencia, sobre problemas especíﬁcos que estudiamos, que son contradictorios, contrapuestos y diferentes. Por esto, al interior de la universidad hay una tensión permanente.

los estados autoritarios en los que hemos vivido, ha sido parte de la labor universitaria. Igualmente, hoy por hoy, ante la crisis de los sistemas políticos, las universidades han vuelto a jugar o han vuelto a emerger como grandes actores políticos nacionales que plantean temáticas específicas sobre la realidad nacional.

condición de fuerza tal que se tenga la capacidad de ponerse, por lo menos, en el mismo plano que aquellos que tienen la fuerza de las leyes, la fuerza de las costumbres, la fuerza de la visión hegemónica de la universidad y, en última instancia, la fuerza de los cuerpos represivos del Estado.

Entonces, asumir la politicidad de la universidad no quiere sólo decir recuperar la política como la capacidad de dialogar sobre nuestras diferencias; quiere decir, recuperar también el otro principio central de la política: la política es un problema de fuerzas, de construcción de correlaciones de fuerzas. Por supuesto que la construcción de correlaciones de fuerzas pasa, fundamentalmente, no por una lógica pragmática, sino por la capacidad de construir planteamientos y proyectos alternativos, discursos convincentes, capaces de aglutinar a amplios sectores sociales dentro y fuera de la universidad para, así, dar esa disputa permanente por la universidad que nosotros queremos, que es diferente a la universidad que nos han venido imponiendo en las últimas décadas.

Asumamos eso: nuestra tarea, de cara al conflicto inherente en la universidad, es tener claridad de los temas en disputa, tener proyectos para disputar a esa visión mercantilista, privatizadora, limitada, coercitiva de la universidad. Nuestra tarea es tener un proyecto de universidad diferente, capaz de aglutinar a nuestro alrededor a una enorme coalición, a una enorme simpatía, apoyo de opinión pública, para poder ir avanzando en nuestros proyectos de construcción de la universidad.

Así, más allá de los estilos y las voluntades, más allá de las técnicas de gobernabilidad, más allá de la comprensión mutua y el diálogo, está la posibilidad y la necesidad de llegar a esa condición, una

Esa forma de encarar el conflicto y reclamar es típica demanda de las izquierdas universitarias latinoamericanas que buscaban espacios permanentes, dentro de la universidad, para encausar el conflicto; espacios verdaderos de representación, de designación o selección de autoridades, de repartición de los recursos materiales y de definición de las políticas de generación, de trasmisión y difusión de los conocimientos. Todo eso está en juego.

Mesa: Universidad y convivencia, los conflictos en las universidades públicas

Fases de los sistemas de educación superior y los conflictos Por Raúl Atria Director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile

I. Introducción

omos testigos y actores hoy de un gran debate sobre el tema de la educación y, en particular, sobre la educación superior en América Latina. Un aspecto recurrente en ese debate es la necesidad de que el Estado proyecte señales claras sobre las responsabilidades que tiene con sus universidades. Los gobiernos han empezado a formular propuestas que tratan de dar coherencia a sistemas nacionales de educación superior que están siendo afectados por procesos y tendencias modernizantes de escala global, entre las cuales destaca la irrupción del mercado y de la privatización de la oferta de programas de formación terciaria, en todos sus niveles. Hay aspectos estructurales que inciden en el tema señalado, que traspasan largamente las particularidades de las coyunturas en que se desenvuelven los principales

actores involucrados en la educación superior, como son, por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles y sociales que levantan banderas y demandas de reforma y transformación de los sistemas de educación superior y exigen un rol proactivo del Estado para dar respuestas efectivas a esas demandas. Desde la óptica estructural, es pertinente sintetizar algunos rasgos que parecen ser decisivos para identificar las tensiones, o “los ejes críticos” de las fases transicionales de la modernización de los sistemas de educación superior en América Latina desde mediados del siglo pasado. En la fase inicial de la modernización, la educación superior y sus instituciones tienen una fuerte impronta elitaria. La educación es superior porque se encuentra primariamente radicada en la cúspide social y no tanto por la superioridad de un cierto tipo de conocimiento. Las elites sociales, políticas y culturales, interpenetra23

Universidad y conflicto

Cuadro 1. América Latina: el proceso de modernización de los sistemas de educación superior (desde mediados del siglo XX aproximadamente) FASES DE TRANSICION

EJES CRITICOS DE CONFLICTO

I. Sistema elitario

Rezago frente al cambio social Insuficiencia para el desarrollo

II. Primera ola de masificación

Populismo en la oferta académica Inicio de la crisis de calidad

III. Segunda ola de masificación

Desorden regulatorio Crisis de financiamiento Crisis de calidad agudizada Inicio de la crisis de equidad

IV Transición avanzada

Crisis de equidad agudizada Pugna corporativa por financiamiento (en negritas se marca un conflicto principal).

das unas y otras, se nutren generacionalmente de los profesionales formados en el sistema de educación superior, de modo tal que el sistema es un importante factor de reproducción del orden y de la “contención” o apertura controlada hacia las fuerzas de cambio social. El sistema, por ello, está en situación de rezago respecto del cambio y gradualmente pone de manifiesto su propia insuficiencia para abordar con eficacia los problemas del desarrollo de la sociedad. Con el advenimiento de la primera ola de masificación que es propia de la segunda fase el sistema de educación se ve fuertemente presionado por la creciente expansión de la demanda, que probablemente está ligada a la movilidad social que paulatinamente se ha ido produciendo con la modernización de la sociedad. Aspiraciones sociales con las consecuentes pugnas distributivas en la sociedad, empujan esta primera ola de masificación que traspasa los umbrales de las instituciones de educación superior y genera nuevas poblaciones de jóvenes estudiantes y nuevas ofertas de formación profesional, más allá del núcleo tradicional de las profesiones liberales. En la tercera fase, que se ha designado como segunda ola de masificación, la demanda se ha hecho “explosiva” y el acceso se expande pero a ritmos que no alcanzan a equiparar la expansión de la primera. El sistema continúa acentuando la diversificación de 24

su oferta, que ya se ha iniciado en la fase precedente, aparece una variedad de instituciones de educación postsecundaria (universitarias y no universitarias), de modo que el sistema transita por una situación de marcado desorden regulatorio, lo que posiblemente constituya el núcleo más agudo de la crisis y por ello, el más complicado de abordar desde el punto de vista de la coherencia del sistema. Hacia la fase de la modernización avanzada, donde el sistema otra vez empieza a estabilizarse en el marco de sus parámetros básicos, la crisis de equidad en el acceso, y en la capacidad de permanencia dentro del sistema se hace central y pasa a primer plano en el marco de las exigencias y demandas que plantean los diversos actores y agentes del sistema. Los nuevos consensos emergentes acerca de las bases de regulación del sistema no alcanzan a esconder las fuertes pugnas corporativas por el acceso a los recursos de financiamiento de las instituciones del sistema, lo cual empuja hacia relaciones crecientemente competitivas entre las mismas.

II. El Estado en la educación superior de América Latina El abordaje del tema de la educación superior estatal en una perspectiva de política pública orientada a su fortalecimiento y desarrollo es crucial en las fases avanzadas de la modernización, puesto que en esas fases, las universidades del Estado han perdido el rol protagónico histórico que las caracterizó en la construcción republicana de los países y han pasado a ser actores dentro de un escenario donde concurren competitivamente otras instituciones de muy variado carácter. El modelo de Estado que en general sirve de fundamento para las políticas públicas que actualmente se ponen en práctica en el sector de la educación superior en la región suele adoptar la noción de un Estado moderno, “concebido como una multiplicidad institucional, esto es, un complejo conjunto de órganos centralizados y descentralizados que actúan coordinadamente, de carácter democrático, ágil y no burocrático, que estimula la creatividad, la diversidad y la innovación en las instituciones y en el sistema, con un espíritu de servicio” (Allard, 2000, p.6). Inspiradas en ese modelo de Estado, las políticas y programas aplicados en el ámbito de la educación superior en América Latina a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas, han tendido a distanciarse de un dirigismo centralizador que no se condice con las

Los gobiernos han empezado a formular propuestas que tratan de dar coherencia a sistemas nacionales de educación superior que están siendo afectados por procesos y tendencias modernizantes de escala global, entre las cuales destaca la irrupción del mercado y de la privatización de la oferta de programas de formación terciaria, en todos sus niveles.

características de los sistemas de educación superior, pero también se alejan de la prescindencia absoluta del Estado que deja sujeto el desarrollo de tales sistemas exclusivamente a su propia dinámica interna o a las fuerzas del mercado. (Allard, 2000).

d. Promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades a lo largo del sistema, dimensionando y orientando en tal sentido el gasto social que se canaliza a través de las ayudas estudiantiles.

En esta perspectiva, pueden plantearse las siguientes funciones o roles básicos para configurar un Estado proactivo, no centralista pero tampoco prescindente, en la educación superior:

III. La odisea de la educación superior pública hoy

a. Formulación de la política pública y determinación de las bases institucionales del sistema de educación superior y su vinculación con el desarrollo nacional, incluyendo la política de apoyo y fomento de la investigación científica y tecnológica que supone fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior (IES) con otros sectores sociales. b. Regulación, evaluación y aseguramiento de la calidad de las ofertas académicas y profesionales en los niveles de pre y postgrado y técnico de nivel superior, estimulando la capacidad de innovación de las instituciones y sus programas para alcanzar una formación superior actualizada. c. Financiamiento selectivo y priorizado de funciones e instituciones de la educación superior. Definido un proceso de regulación que respete la “autonomía responsable” de las instituciones, deberá quedar en claro que esto no significa abdicar del derecho de la sociedad de obtener una cuenta pública del desempeño de todas las instituciones de educación superior.

Hay en nuestra educación superior hoy problemas pendientes que, a nuestro entender, adquieren cada vez mayor gravedad a medida que se consolida la fase de transición avanzada del sistema fuertemente privatizado. Obviamente, desde una perspectiva más sustantiva que gerencial del sistema, la mayor parte de estos problemas se relacionan con la educación superior pública. Algunos de estos problemas urgentes son: a. Revertir la cada vez más tenue distinción entre la educación superior pública y la privada. En la fase de transición avanzada de la modernización de los sistemas de educación superior, la distinción privado/público suele ser cada vez más retórica que real, y ya no permite diferencias fundamentales en un sistema de educación terciaria con segmentación de instituciones donde todas ellas se adaptan de manera similar a un entorno altamente privatizado en el mercado académico y de las profesiones. b. Aseguramiento de las tareas esenciales de la educación pública. A pesar del debilitamiento de la educación superior pública, es de la esencia de ésta última el hacerse cargo de las orientaciones funda25

Universidad y conflicto

mentales hacia el mérito y la equidad. En concreto, esto implica resolver la tensión entre la inversión en mérito y el gasto en equidad. c. El embudo del acceso. Hay otros problemas, como el del acceso, que se refieren a ciertas brechas que suelen estar presentes en los sistemas de educación superior y que, en la fase de transición avanzada, implican a todas las instituciones, sean ellas públicas o privadas. Mientras persista la porfiada correlación entre el puntaje de la prueba de ingreso y la condición socioeconómica del postulante, el sistema seguirá con un embudo de acceso discriminado que bien puede poner en entredicho la sostenibilidad social del sistema. d. Subsistencia y desarrollo de las universidades estatales. Definir una política que asegure un espacio de existencia y pleno desarrollo de las universidades estatales en el contexto de un sistema altamente privatizado es un imperativo de gobierno, pues es preciso que el Estado asuma la responsabilidad de estas instituciones que le son propias y que al serlo, son de todos los ciudadanos. e. Especificidad de las universidades estatales. Por último, pero no por ello menos importante, es imperativo comenzar a construir y desarrollar un modelo universitario estatal, con financiamiento basal asegurado y apropiado, nacionalmente extendido pero con especificidades regionales, con amplia flexibilidad curricular y movilidad de estudiantes y académicos entre las instituciones.

IV. Las universidades estatales: orientaciones de sus misiones institucionales Las universidades estatales están todas ellas llamadas a asumir tareas que les competen de manera preferente, por el hecho de ser tales. Estas tareas están por lo general implícitas en las declaraciones de principios o en las definiciones de sus misiones institucionales. Vale la pena destacar algunas ideas fundamentales en este plano, que han de constituir la base principal de la legitimidad de estas instituciones en su trato con la sociedad en la que existen. Parte de estas tareas son: a. Responder a las nuevas situaciones, demandas y exigencias de la transformación económica de la sociedad.

b. Dar respuesta a las transformaciones en la estructura ocupacional y a las nuevas modalidades de desempeño laboral que son efectos directos o indirectos de las transformaciones productivas señaladas. c. Una tercera tarea es responder adecuadamente a las oportunidades y problemas que se derivan de una estructura social también sometida a una intensa dinámica de cambio en sus perfiles de estratificación social, en sus procesos de movilidad y en el panorama de las aspiraciones y expectativas que se construyen en ese marco. d. Sociedades que en un contexto de transformación de sus estructuras sociales exhiben patrones de desigual distribución de oportunidades y recompensas, plantean exigencias ante las cuales las universidades estatales no pueden desentenderse, dejando a otros agentes la tarea de actuar para corregir esa distribución. e. Finalmente hay exigencias de desarrollo cultural y modelos de formación de personas y ciudadanos, donde han de surgir los agentes y actores individuales y sociales capaces de asumir responsabilidades de todo tipo en el contexto de los cambios institucionales y valóricos que van asociados a la compleja dinámica de transformación ya descrita. Para responder a estos desafíos es que existen las instituciones que conocemos como universidades estatales, a las cuales habría que adjudicarles, en conjunto, un rol adicional que tiene que ver con la capacidad de trazar el rumbo en el sistema educacional, hacia adonde debe orientarse la educación pública que es preciso entender en una lógica de servicio por el carácter de bien público que tiene la educación. Todas las universidades estatales están igualmente llamadas a asumir los desafíos que les plantea la sociedad, pero las modalidades de sus respuestas deben adecuarse a la diversidad institucional que las caracteriza. Para asumir adecuadamente las tareas de esta misión que es genérica pero que se cumple de maneras específicas, es necesario construir un marco de articulación entre las instituciones estatales de educación terciaria (no sólo universitaria) de manera tal que todas ellas sean fortalecidas y que el desempeño del conjunto sea llevado al máximo posible de efectividad, marco en el cual habrá que incluir las formas de gestión y de gobierno de las instituciones.

n un foro sobre matrimonio igualitario, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez arguyó que “muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinada ideología, porque es una ideología”1. Ordoñez hacía referencia a los periodistas que han criticado fuertemente al jefe del Ministerio Público por liderar una cruzada en contra del reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual en Colombia.

En defensa de la adopción igualitaria

Por Alejandro Cortés Arbeláez Estudiante de Ciencia Política y Derecho Universidad Eafit

Durante los últimos meses me había hecho a la idea de que el reconocimiento progresivo de los derechos de los homosexuales en nuestra sociedad era algo, por así decirlo, irreversible. Creía que era inevitable que a los homosexuales se les fuera reconociendo cada vez más derechos, pues tenía la intuición de que en nuestra sociedad, o por lo menos en nosotros los jóvenes —que representamos el futuro de la misma— se instalaba lentamente la idea de que los homosexuales merecían el mismo respeto que merecen los heterosexuales. Esto porque los jóvenes de hoy tendemos a ser más cosmopolitas que las generaciones anteriores, ya que, debido a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nos vemos fuertemente influenciados por las ideas de sociedades más liberales que la colombiana, como las de Europa Occidental. Sin embargo, podría decirse que la intervención del Procurador me hizo despertar de mi letargo. En efecto, veo que en nuestro país los debates en torno a los derechos de los homosexuales no están ni mucho menos resueltos, y por ello pienso que quienes consideramos que a los homosexuales debemos otorgar el mismo respeto moral que a los otros miembros de nuestra sociedad, tenemos el deber de defender vigorosamente nuestras convicciones, 27

para intentar así que este importante debate lleve a un mayor reconocimiento de derechos para la población homosexual. Por ello, en este ensayo defenderé una postura que se manifiesta a favor de admitir que a las parejas homosexuales se les permita adoptar, entendiendo a la adopción, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, como una medida de protección dirigida a establecer de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

En efecto, decir que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin especiﬁcar de qué igualdad se está hablando no es decir mucho. Esto puede aﬁrmarse si tenemos en cuenta que, en una multiplicidad de aspectos, todos somos tanto iguales como diferentes a los demás.

No voy a referirme aquí a los argumentos del Procurador, pues éste incurre en una falacia ad-hominem cuando, en lugar de reconstruir seriamente los argumentos de quienes le critican, decide atacar directamente a sus contradictores sugiriendo de manera bastante ofensiva que estos consumen sustancias psicoactivas, para así desacreditarlos ante la opinión pública. Esto no significa por supuesto que todos los que se oponen a que a las parejas homosexuales se les permita adoptar recurran a vulgares trampas argumentativas; existen también defensores serios del “statuo quo”, que exponen argumentos más sólidos que los del Procurador, y que por tanto considero necesario examinar para indagar por sus potencialidades, límites y defectos, pues solo de esta manera podré intentar rebatirlos.

En defensa del principio de trato igual El artículo 13 de nuestra Constitución Política consagra el principio de trato igual ante la ley, principio que nos señala que todos debemos ser tratados de la misma manera por el Estado, independientemente de nuestras diferencias en factores como sexo, raza, religión, opinión filosófica o política, entre otros. Esto no significa entonces que bajo nuestro ordenamiento constitucional, en todo caso y bajo cualquier circunstancia, la ley deba tratar de manera completamente igual a todos, pero sí expresa que cualquier práctica discriminatoria por parte del Estado hacia un individuo o grupo debe tenerse, prima facie, por ilegítima, y “debe ser considerada impermisible, a menos que tenga a su favor una justificación de peso extraordinario”(Gargarella, 2010, pp. 131-132). Debido a esto, debemos estudiar si los argumentos expuestos por quienes rechazan la posibilidad de que los homosexuales puedan adoptar tienen dicho peso extraordinario. Concepción moral mayoritaria y derechos de las minorías. Un primer argumento interesante es el de quienes señalan que la adopción por parte de parejas homosexuales no debe permitirse puesto que la mayoría de los miembros de la sociedad colombiana tiene posiciones conservadoras respecto de este tema, y debido a que nos encontramos en un régimen democrático, en el que las decisiones importantes para nuestra comunidad son tomadas de acuerdo a la voluntad de las mayorías, entonces sería antidemocrático el permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar, pues esto iría en contra de la concepción moral mayoritaria dominante en la sociedad colombiana. No puedo confirmar la verdad o falsedad de la afirmación que sostiene que la mayoría de la sociedad colombiana se opone a la adopción por parte de parejas homosexuales, pues esto requeriría de un estudio empírico y dicha tarea se me sale de las manos. Sin embargo, en gracia de discusión, voy a aceptar este argumento para establecer si el mismo justifica un trato discriminatorio hacia la comunidad homosexual. En primer lugar es necesario afirmar que efectivamente nos encontramos

En mi opinión, la diferencia constituida por la condición homosexual no debe aceptarse como factor que amerite un trato desigual entre la población heterosexual y la población homosexual en el tema de la adopción. Esto debido a que considero que la ﬁnalidad de la institución de la adopción debe consistir en proteger el interés superior del menor (consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia), interés que se ve efectivamente amparado cuando un niño, huérfano o abandonado, encuentra una familia que le brinde amor, salud, educación, cuidado, proteja su derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad, integridad física y psicológica, y en ﬁn, una serie de derechos que creo puede brindarle al niño tanto una pareja heterosexual como una homosexual.

en un Estado democrático, en el que las decisiones colectivas se toman de acuerdo con el principio de mayoría. Sin embargo, esto no significa que el poder de las mayorías, poder eminentemente político, sea ilimitado. En efecto, las democracias constitucionales contemporáneas, buscando evitar el abuso del poder mayoritario —cuyo potencial de destrucción se hizo visible bajo los horrores históricos del fascismo y del nazismo—, consagran mecanismos de protección y garantía reforzada de los derechos individuales frente al poder de decisión política. Por ello, aún una concepción moral mayoritaria no puede servir como justificación para la negación de un derecho a un grupo poblacional, por el hecho de que dicho grupo se aleje de lo que la mayoría de la sociedad considera correcto. En este sentido, conviene recordar a Luigi Ferrajoli cuando argumenta que en las democracias constitucionales contemporáneas. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad […] Los derechos fundamentales, precisamente porque están garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad […] de la política, forman la esfera de lo indecidible […] y actúan como factores no sólo de legitimación sino también y, sobre todo, como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones (Ferrajoli, 2002, p. 24). Además de lo anterior, existe otro argumento que me permite cuestionar la idea de que la adopción homoparental no debe ser permitida por el hecho de que la mayoría de la sociedad colombiana no esté de acuerdo con la misma. Roberto Gargarella nos explica que el famoso filósofo del derecho Herbert Hart sostuvo un álgido debate, con el juez inglés Lord Devlin, en torno a la (des)criminalización de la homosexualidad. Devlin sostenía que la criminalización de la homosexualidad, existente en el ordenamiento jurídico de la Inglaterra de la época2, se justificaba en cuanto dicha punición penal se apoyaba en las bases morales compartidas de la comunidad inglesa. De acuerdo a esto, no debía el derecho irse en contra de dichas bases morales, pues esto llevaría a un deterioro del tejido social, necesario para conservar el orden de la sociedad. Toda comunidad –agregaba Devlin– se encuentra asentada en ciertas bases morales, que son las que le proveen solidez, cohesión y estabilidad. Y afirmaba luego […] Socavando dichas bases compartidas (“los pilares morales de la sociedad”), la comunidad terminaba por disolverse […] La conclusión de dicho razonamiento era obvia: si el derecho puede reaccionar frente a dicha situación e impedir la disolución social debe hacerlo, a costa de convertirse (en caso contrario) en corresponsable de aquella anunciada desgracia (Gargarella, 2010, p. 134). Esta posición es similar a la que expone un informe desarrollado por la Universidad Austral de Argentina, en el que se critica la posibilidad de permitir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. En dicho informe se señala la importancia que ciertas instituciones, como la adopción y el matrimonio, tienen para la sociedad, pues éstas actúan como columna vertebral del mundo social. Por ello, en el informe se argumenta que “cambiarles radicalmente su estructura, composición y finalidades tiene consecuencias: no es una acción inocua sin daños. Por el contrario, genera enormes perjuicios a las personas y a la sociedad” (Universidad Austral, 2010, p. 18). Ahora bien, sigamos a Hart3 y, en gracia de discusión, aceptemos que 29

efectivamente sabemos que la concepción moral dominante en nuestra sociedad apoya el no permitir a los homosexuales adoptar, y aceptemos también que si el derecho socavara las bases morales de nuestra sociedad (al permitir la adopción homoparental) nuestro tejido social mutaría de tal manera que nuestra sociedad dejaría de ser lo que es hoy. Ante esto surge una pregunta: ¿sería este debilitamiento de la moralidad dominante en nuestra sociedad algo necesariamente malo? Si recurrimos a Hart podemos responder negativamente a la anterior pregunta. Voy a explicar por qué. Hart, mediante la distinción entre “moral convencional” y “moral crítica”, sostiene que el hecho de que unos determinados valores morales sean dominantes en una sociedad no significa que dichos valores sean por esto necesariamente dignos de ser defendidos. En efecto, existe la posibilidad de que tengamos razones para sostener que los valores mayoritarios dentro de una sociedad, aunque compartidos por la mayoría, deben ser rechazados. Por ejemplo, hace algunos siglos la esclavitud podía ser considerada una práctica perfectamente acorde a la moralidad imperante en la sociedad estadounidense, pero esto no tiene por qué llevar a afirmar que los valores morales mayoritarios en los que se apoyaba esta terrible institución social eran por ello dignos de ser defendidos en aquella época. El hecho de que estos valores fueran compartidos por la mayoría de los ciudadanos libres no nos impide hoy decir, de manera retrospectiva, que esa mayoría estaba equivocada moralmente. Por ello puede decirse que “del hecho de que ciertos valores sean los dominantes no se sigue que tengamos razones para apoyarlos […] El dominio de una tradición, su vigencia, nada nos dicen acerca de su validez o plausibilidad. Nada nos dicen acerca del deber del Estado de utilizar su fuerza para preservarla” (Gargarella, 2010, pp. 135-136).

tuaciones sociales iguales entre sí, pero no cuando a dos realidades sociales distintas se les trata de manera diferenciada. En efecto, allí se señala que “distinguir lo diferente no es discriminación, sino que es la operación normal de la ciencia del derecho, que trata igual a lo igual, y diferente lo distinto […] El propio derecho a la igualdad impide que se otorgue un trato igualitario a dos realidades que son radicalmente diversas y que, por eso, no merecen igual tratamiento” (Universidad Austral, 2010, p. 10). Como puede verse, este argumento en contra de la adopción homoparental se basa en el mismísimo principio de trato igual. Sin embargo, creo que en este punto resulta sumamente relevante la afirmación de Laura Clérico cuando señala que “aquellos que están en contra de un trato igualitario aplican […] un examen de igualdad […] de escrutinio leve”. (Clérico, 2010, p. 152). En efecto, decir que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin especificar de qué igualdad se está hablando no es decir mucho. Esto puede afirmarse si tenemos en cuenta que, en una multiplicidad de aspectos, todos somos tanto iguales como diferentes a los demás. Dos gordos pueden ser iguales en cuanto son gordos, pero diferentes en cuanto el uno es negro y el otro blanco, un hombre y una mujer pueden ser diferentes en cuanto a su sexo, pero iguales en cuanto a ambos les gusta el paracaidismo. La lista de ejemplos puede hacerse infinita, pero sirve para que nos demos cuenta de que si se usa esta famosa fórmula aristotélica, es necesario preguntarse cuáles son las diferencias (de todas las posibles) que ameritan el establecimiento de un trato jurídico diferenciado, que va en contravía del principio de igualdad.

De acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente es pertinente afirmar que el hecho (aceptado en este ensayo solo con fines argumentativos) de que la mayoría de la sociedad colombiana se oponga a aceptar la permisión de la adopción homoparental no es motivo suficiente para impedir que las parejas homosexuales tengan la posibilidad de adoptar.

Así, respecto de si la homosexualidad debería constituir un factor que justifique que, en la cuestión de la adopción, se le dé un trato diferente a los homosexuales frente al que se le da a los heterosexuales, “lo primero que debiéramos hacer es determinar si la diferencia que se alega es moralmente relevante, y debe ser así retomada por el derecho; para luego discutir, en todo caso, cómo es que debería reaccionar el derecho frente a tal circunstancia” (Gargarella, 2010, p. 139).

Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. El ya citado informe de la Universidad Austral explica que el prohibir la adopción homoparental no constituye un trato discriminatorio por parte del Estado, pues una situación de discriminación se da cuando el derecho trata de manera diferente si-

consistir en proteger el interés superior del menor (consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia), interés que se ve efectivamente amparado cuando un niño, huérfano o abandonado, encuentra una familia que le brinde amor, salud, educación, cuidado, proteja su derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad, integridad física y psicológica, y en fin, una serie de derechos que creo puede brindarle al niño tanto una pareja heterosexual como una homosexual. Así, sigo a nuestra Corte Constitucional cuando señala que en las parejas homosexuales “hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia” (Corte Constitucional, comunicado de prensa 30 de 26 de julio 2011, sent. C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citado en: Quinche Ramírez, 2012, p. 181).

A modo de cierre En este escrito se expone una serie de argumentos que creo son relevantes a la hora de defender la posibilidad de que a las parejas homosexuales en Colombia se les permita adoptar. Señalé que, de acuerdo a los principios constitucionales que nos rigen, incluso el hecho de que la mayoría de la sociedad colombiana se oponga a la institución de la adopción homoparental (premisa aceptada únicamente con fines argu-

Bibliografía Clérico, L. (2010). El matrimonio igualitario y los principios constitucionales estructurantes de igualdad y/o autonomía. In L. Clérico & M. Aldao (Eds.), Matrimonio igualitario, perspectivas sociales, políticas y jurídicas. Buenos Aires: Eudeba.

el peso del argumento igualitario. In L. Clérico & M. Aldao (Eds.), Matrimonio igualitario. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas. Buenos Aires: Eudeba.

Ferrajoli, L. (2002). Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, España: Trotta.

Universidad Austral (2010). Matrimonio homosexual y adopción por parejas del mismo sexo. Informe de estudios científicos y jurídicos y experiencia en otros países. Buenos Aires.

Gargarella, R. (2010). Matrimonio y diversidad sexual:

Quinche Ramírez, M. F. (2012). Derecho constitucio-

mentativos), esto no es motivo suficiente para violar el derecho al igual trato ante la ley que, como todos los colombianos, tienen los homosexuales. Argumenté también que, aunque quienes se manifiestan en contra de permitir que las parejas homosexuales tengan el derecho a adoptar apelan al principio que señala que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, los defensores de esta postura no justifican por qué la condición de homosexualidad es una realidad social diferente cuya naturaleza amerite el establecimiento de un tratamiento jurídico desigual para los homosexuales en materia del derecho de adopción. Tras esto, afirmé mi convicción de que, teniendo en cuenta que las parejas homosexuales son perfectamente capaces de brindar a un niño todo lo que necesita para desarrollarse íntegramente, no veo qué justifica que se dé un trato desigual entre el sector poblacional heterosexual y el sector poblacional homosexual en el tema de la adopción. Por todo esto considero que es hora de que el Estado colombiano reconozca a las parejas homosexuales el derecho de adoptar, pues si no lo hace, entonces en lo único en que estará contribuyendo es en aumentar la discriminación hacia los homosexuales: “lo que sin duda genera señalamientos es la falta de reconocimiento de la situación familiar […] que mantienen la sospecha sobre estas relaciones. Si alguien es responsable de alguna discriminación posible es el propio Estado al no reconocer a las familias homoparentales, o al concederles una ciudadanía de segunda clase” (Clérico, 2010, p. 165).

nal colombiano. De la Carta de 1991 y sus reformas. Bogotá, Colombia: Temis. Notas 1. El video donde puede verse al Procurador Ordoñez diciendo esto puede encontrarse en el siguiente link: http://www.semana.com// nacion/articulo/periodistasentre-porro-porro-estigmatizan/338745-3. Recuperado el 5 de abril de 2013. 2. El debate entre estos ju-

ristas se dio en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. 3. Advierto que no me estoy basando en textos originales de Hart, sino en la reconstrucción que de los argumentos de este autor hace Roberto Gargarella. Creo que apelar a la interpretación que Gargarella hace de Hart es una decisión justificada, pues este académico argentino es uno de los juristas contemporáneos más prestigiosos en América Latina.

Hacia una cultura de la legalidad en Antioquia: desafíos y oportunidades

Por John Fredy Bedoya Marulanda2 Juan Carlos Arenas Gómez3

Introducción

l actual Plan de Desarrollo de Antioquia4 muestra la ilegalidad como un problema endémico que, en conjunto con la desigualdad y la violencia, afecta el desarrollo del departamento. El asunto se plantea en el horizonte de la cultura, con la premisa de que es allí donde hay que producir ciertos impactos con políticas públicas que induzcan comportamientos más favorables al respeto de la ley. Se presume razonablemente que fenómenos de esta naturaleza constituyen un obstáculo para cualquier intento de dar un salto cuantitativo en los niveles de desarrollo departamentales. Razón por la cual esta preocupación queda en la base ético política del liderazgo que

pretende ejercer en el actual gobierno departamental. La discusión hace parte de una oleada de preocupaciones sobre el tema de la legalidad, sobre los criterios de buen gobierno y sobre los costos que deben sobrellevar sociedades con bajos niveles de desarrollo cuando sus instituciones funcionan inadecuadamente. Las organizaciones que han alertado internacionalmente sobre el asunto muestran en sus sondeos a Colombia como uno de los países más corruptos en el mundo5. Y aquellas que replican tales mediciones a nivel nacional han resaltado que Antioquia no sale bien librada6. La ocupación de los primeros puestos en estos indicadores – corrupción, desigualdad y violencia– resaltan lo exigente de las tareas por afrontar.

Ante este problema, ¿cuál es el planteamiento adecuado?. ¿De qué manera entender el establecimiento de prácticas consuetudinarias de ilegalidad? ¿Cómo se reproducen y entrecruzan sus diversas dimensiones? ¿Qué dispositivos fácticos y discursivos sirven para reforzar y reproducir dichas prácticas? ¿Cuáles son las visiones que los individuos tienen respecto a tales asuntos? ¿Cómo identificar las políticas públicas que refuercen el respeto de la ley? En este artículo nos ocuparemos de unos planteamientos iniciales aprovechando los resultados de un trabajo empírico adelantado por el Instituto de Estudios Políticos con apoyo de la Gerencia de Legalidad de la Gobernación de Antioquia. Seguiremos este derrotero. Primero, ofreceremos un esquema de lo que el gobierno departamental ha planteado como “cultura de la ilegalidad” y la solución que propone implementar; segundo, señalaremos con base en los resultados de la encuesta algunas de las visiones que tienen los ciudadanos respecto a esta problemática, subrayando tanto sus visiones de la

legalidad, del acatamiento de la ley y sobre algunos mecanismos que parecen “relajar” el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos. Tercero, a modo de conclusión indicaremos las ventanas de oportunidad que abren las propias opiniones de los ciudadanos respecto al tema.

El problema de la ilegalidad en Antioquia la más educada Cómo ya se indicó, el Plan de Desarrollo pone en el centro del diagnóstico de los problemas del departamento el tema de la ilegalidad. Subraya el vínculo entre diferentes instituciones estatales, el andamiaje productivo del departamento y el involucramiento de varios agentes públicos y privados en tales prácticas. Sin ser un inventario total, resalta algunas dimensiones y conductas “típicas”, que constituyen el centro de preocupación del gobierno departamental y frente a las que se dirige su estrategia de intervención. Una sínstesis se presenta en la ilustración 1.

Ilustración 1. Cultura de la Ilegalidad

Fuente: elaboración propia con base en Plan de desarrollo Antioquia la más educada.

En el diagnóstico de la cultura de la ilegalidad se relacionan dos conjuntos de prácticas: una en el ámbito político administrativo y otra en el ámbito de la economía. El primero anuda clientelismo, aprovechamiento abusivo de los recursos o su mal uso, el tráfico de influencias, entre otras prácticas; el segundo –cuyo motor es el la búsqueda de lucro privado– recoge prácticas como la evasión de impuestos, la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, entre otras. Se subraya la existencia de un dispositivo que sirve de puente entre

estos dos ámbitos: la corrupción. Intereses privados se articulan con gestiones en el mundo público y estatal y, de este modo, actividades ilegales amplían su margen de maniobra, con la anuencia de agentes públicos que no cumplen cabalmente sus atribuciones de control. Este diagnóstico sirve a la administración departamental para sustentar la necesidad de desarrollar programas que fortalezcan las capacidades institucionales en los niveles municipales y departamen-

Ilustración 2. Objetivos del programa de lagalidad

tales del Estado. También se piensa en el impacto que deben tener estas políticas en la población, en la promoción de una ética pública, suponiendo que de ella se derivarán prácticas de respeto a la ley. La figura 2 esquematiza los objetivo y la lógica de intervención para promover prácticas favorables al respecto de la ley en los diversos niveles de la sociedad y la política departamental. Nótese que están implicadas tanto las dimensiones políticas como culturales, las instituciones estatales, así como las organizaciones de la sociedad, los niveles locales así como los departamentales. En principio, esto hace pensar varias cosas: a) que tal como está planteado, no es un diagnóstico reduccionista o que se agote en el “mero” cumplimiento de la ley7, b) que, en consecuencia, las soluciones que se preveen no son puramente formales, sino que apelan al fundamento cultural de estas prácticas, c) que el esfuerzo no es sostenible si y solo sí participan agencias gubernamentales con exclusión de las organizaciones sociales –o tomando a éstas como simple objeto de intervención–, d) que se requiere igualmente un esfuerzo coordinado entre los diversos niveles de acción del gobierno (local, departamental, nacional). Ahora, un programa de esta naturaleza tropieza necesariamente con visiones sobre la legalidad muy heterogéneas, que pueden o no concordar con la visión del agente que promueve una determinada política. Por eso es relevante que, precisamente en los ámbitos que se pretende intervenir, se sepa cómo se gestan, reproducen y justifican diversas prácticas que se sobreponen con lo legal. Así mismo se hace indispensable entender el modo en que estas situaciones de ilegalidad son o no objeto de alabanza o censura según el contexto en el que se desarrollen.

El berenjenal de nuestras relaciones con la legalidad Los resultados del estudio desarrollado por el IEP8 muestran que el principal reto que debe superarse para crear una política pública efectiva en el fomento de una cultura de la legalidad es desentrañar un significado aceptable para este concepto, que ayude a entender las distintas “visiones” sobre la legalidad que se pueden hallar entre diversos sectores de la población antioqueña. En las percepciones frente a la legalidad pesan múltiples factores: individuales, grupales, territoriales, el peso de ciertas costumbres o la adopción de algunos modos de hacer las cosas

que se han naturalizado. Entre estos factores se hacen patentes diversos cálculos de intereses de largo o corto plazo, actitudes heredadas y no reflexionadas o el simple deseo de actuar como los demás9, porque se nota que a los otros les ha resultado eficaz. La evidencia recogida muestra que el significado que le dan los pobladores a “ser legal” desborda el contenido de la expresión “actuar de conformidad con la ley”. Para ellos se puede asociar con valores éticos como la honestidad, la honradez o la sinceridad, sobreponiéndolos a la ley positiva, como principios naturales e inmutables que permiten mejorar la vida en sociedad. Idea que se refuerza asociándola con “el cumplimiento de compromisos adquiridos y el respeto hacia los demás”, actitudes que parecen estár más allá –o por encima– de un estricto horizonte jurídico. En contraste, aunque hay una minoría que asocia el “ser legal” con “el cumplimiento de las leyes o normas”, no parece que se esté haciendo alusión exclusivamente a los códigos jurídicos, a las normas del derecho positivo. Por el contrario, algunos complementos de esta respuesta parecen derivar su peso y significado de la existencia de normas sociales, religiosas o de códigos de comportamiento personales10, de los que se hace derivar la fuerza vinculante. La consecuencia de esto es que se desdibuja la fuente de legitimidad de la norma legal y se la hace depender de “valores” extrajurídicos que no siempre coinciden con el orden jurídico y que en ocasiones pueden entrar francamente en contradicción. En este sentido, el cómo la gente concibe el “ser legal” hace presumir que, para el imaginario público, lo legal debería vincularse con las convicciones éticas y morales, para que tengan una mayor coherencia con sus vivencias, creencias y costumbres. Esto no deja de ser problemático. En primer lugar, porque algunas leyes pueden entrar en contradicciones con las convicciones morales y el mundo de las costumbres de los ciudadanos, pero esto no exime de su cumplimiento. Y en segundo lugar, porque la promoción del respeto de la ley supone una especie de subordinación de “visiones” particulares (de carácter ético o religioso) a una “visión” pública cuya racionalidad implica ciertas renuncias que hacen posible vivir juntos en medio de divergencias que en otras circunstancias serían insalvables. Ahora, no quiere decir lo anterior que la aplicación de leyes no sea suceptible de ser reforzado por prácticas sociales o con creencias de 35

Ilustración 3. Porcentajes de las respuestas dadas a la pregunta “De una manera corta, ¿qué significa para usted “ser legal”?”, en Bello, Rionegro y Apartadó.

Fuente: Encuesta de percepción de la legalidad 2012 –Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia; Gobernación de Antioquia - Gerencia de legalidad. Total de la muestra 762 encuestas.

grupos que hacen que una determinada norma tenga una aplicación más eficaz11. Un segundo factor que se examinó en el estudio se vincula con los procesos de socializacón que ayudan a los individuos a introyectar la norma. Un procentaje mayoritario supone que el factor determinante es la educación recibida en la familia, claramente por encima de la educación escolar y con mucho más peso que factores inhibidores como el miedo al castigo y la vigilancia permanente de las autoridades. ¿qué implicaciones puede tener el peso del ámbito privado para el aprendizaje de prácticas de legalidad? ¿cómo se entrecruza este gran factor con el peso moderado de la educación escolar y de los dispositivos de castigo y vigilancia públicos? Un tercer elemento que vale la pena resaltar está constituido por los momentos o circunstancias que la 36

gente cree justifican, ya sea parcialmente, el incumplimiento de la ley. Con esto se revelan ciertas nociones de lo justo así como también el carácter instrumental y estratégico que puede tener el comportamiento de los individuos frente a la legalidad. En el ejercicio se platearon tanto algunos dilemas como ciertas situaciones concretas, indagando en ambos casos el juicio de los encuestados acerca del acatamiento o no de la ley. En este sentido, el 61,3% de los encuestados aceptan que se puede violar la ley cuando se considera que es injusta. Igualmente cuando se trata de defender la propiedad (61,4%), el honor (51,8%) o ayudar a un familiar o a un amigo (44,4%). Nótese que de un factor tan general como el primero –que alude a la legitimidad de un determinado orden normativo– se transita a consideraciones surgidas del mundo privado, sustentadas en normas sociales como el honor o lealtades de sangre o amistad.

Complementariamente, las percepciones frente a diversas infracciones de la ley también ofrecen matices acerca del valor de la ley para los ciudadanos. De esta forma, es común encontrar cierto grado de tolerancia frente a infracciones que parecen no dejar daños mayores y que parecen justificables con razonamientos económicos o morales12. Por ejemplo, más del 60% de los entrevistados opina que infracciones como el contrabando, la piratería y la trampa en el colegio o la universidad no deberían tener castigo o tener un castigo leve. En contraste, más del 90% de los entrevistados pide que se castiguen con mano dura comportamientos como el robo, el asesinato, el secuestro y la violación.13 Un cuarto elemento que fue abordado en el trabajo está asociado con el deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, que sirven como referentes de la ley. Como en las otras dimensiones del problema, aquí tambien los factores influyentes son diversos. Por ejemplo, el impacto que producen decisiones en instancias judiciales que parecen contradecir la noción de la justicia de muchos individuos o las convicciones éticas de la comunidad y que son utilizadas en los circuitos de la opinión pública para crear animadversión contra las instituciones judiciales. De manera más general, los escándalos en que se ven involucrados agentes públicos rápidamente terminan siendo generalizados por el imaginario público, afectando a cualquier agente institucional. Así, la confianza y la legalidad terminan relacionadas, pero de forma inversa, es decir, entre mayor sea la desconfianza hacia un agente institucional se esperan peores conductas de su parte. Esto erosiona la confianza entre ciudadanos e instituciones y teje una trama circular de defecciones que constituye una trampa difícil de superar. Según la encuesta, las instituciones y actores en las que menos se confía son los policías, los jueces, los funcionarios del gobierno, los partidos políticos y los políticos en general, lo que repercute en la expectativa de que estos cumplan las leyes (ver cuadro 1). La curva de desconfianza sube conforme se incrementa el carácter público/político del actor en cuestión. Repárese en el hecho de que son precisamente estos agentes con menos crédito los que deberían soportar la eficacia del aparato normativo del Estado. ¿Qué se deriva de esa situación? ¿Qué eficacia puede esperarse de una política pública

Tabla 1. Porcentajes de las respuestas dadas a las preguntas “¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones y actores? y según su opinión, ¿Qué tanto los siguientes actores o instituciones violan la ley?”, en Bello, Rionegro y Apartadó.

Confianza

Percepción sobre qué tanto violan la ley: siempre, casi siempre

Los maestros

68,30%

7,30%

Los representantes de la iglesia

52,90%

9,80%

Los transportadores

48,10%

14,40%

Los miembros del ejército

44,70%

20,40%

Las empresas de servicios públicos

38,70%

17,80%

Los comerciantes

36,50%

16,40%

Los líderes barriales

34,60%

17,50%

Los notarios

33,90%

15,30%

Los banqueros

32,90%

14,50%

Los policías

28,00%

35,10%

Los jueces

22,50%

20,80%

Los funcionarios del gobierno

15,20%

45,50%

Los miembros de los partidos políticos

8,80%

48,10%

Los políticos en general

8,70%

50,90%

Fuente: encuesta de percepción de la legalidad 2012 –Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia; Gerencia de legalidad, Gobernación de Antioquia. Total de la muestra 762 encuestas

que busque promover el respeto de la ley por parte de los ciudadanos agenciada por agentes publicos y gubernamentales desacreditados? 37

Ilustración 4. Porcentajes de las respuestas dadas a la pregunta “De las siguientes razones, ¿cuál es la principal para que las personas respeten la ley?”, en Bello, Rionegro y Apartadó.

Fuente: encuesta de percepción de la legalidad 2012 –Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia; Gerencia de legalidad, Gobernación de Antioquia. Total de la muestra 762 encuestas

Asimismo, esta desconfianza repercute en las percepciones sobre la eficacia y objetividad con la que se aplica la ley. 54,6% de los entrevistados dicen que la ley se aplica ineficazmente por los encargados de hacerlo y 78,1% opina que la ley no se aplica a todos por igual. Se suman así cuestionamientos sobre la eficacia y la universalidad en la aplicación de la ley, de donde resultan comunes expresiones como: no se recurre a las autoridades porque estas se demoran o ponen muchos trámites (47,8%), o porque favorecen siempre a algunas personas (23,5%), o porque se ve a la autoridad incapaz de actuar ante ciertos poderes fácticos (16,6%), o porque es más fácil resolver los conflictos directamente entre los implicados (11,7%). Como se ve, son varias cosas en contra que tienen que superar los agentes públicos para lograr ocupar adecuadamente su lugar de promotores de prácticas de legalidad sin que se vean sumidos en trampas que hagan ineficaces las políticas que se promueven. 38

Un quinto factor para el análisis está asociado con la confianza frente a los otros, el juicio que se hace de su comportamiento y la expectativa frente a su actuación en situaciones determinadas. Los datos de la encuesta revelan también un deficit de confianza frente a los otros, siempre se espera de un comportamiento menos cooperativo, menos respetuoso, con menos virtud por parte de los demás. Así, como frente a los agentes institucionales, los encuestados suponen que los otros romperán más corrientemente los marcos legales, incluso sin justificación moral, sino movidos por otros incentivos: el del beneficio que se puede obtener infringiendo la ley o como lo sostiene el 62,2% de los encuestados, porque simplemente no les interesa cumplirla aun teniendo conocimiento de ella. Como es notorio, el tono incriminatorio se usa normalmente contra los otros, esperando de ellos

los peores comportamientos. Lo que en cierto sentido se muestra como espejo de los propios comportamientos o como patrón que permite justificar las propias defecciones (54,3% dice que si todos los ciudadanos incumplen una ley y no sucede nada, esta debería eliminarse). El último factor que se adiciona a este análisis es el miedo. En nuestro contexto el uso de prácticas intimidatorias sistemáticamente contra la población civil, la permeabilización de las instituciones por parte de grupos al margen de la ley (multiplicando los operadores de castigo) y la desconfianza, terminan fluyendo en un sentimiento de vulnerabilidad que incapacita a los ciudadanos para actuar frente a conductas que están por fuera de la Ley. De esta forma, los ciudadanos ven inútil su intervención en cualquier caso, pues creen que pueden ser objeto de retaliaciones o simplemen-

te serán ignorados (ver ilustración 3). Por lo tanto, se vuelven selectivos al momento de intervenir, haciéndolo solo en casos en que puedan ver que tienen clara ventaja. El comportamiento se vuelve muy estratégico y en todo caso, el ciudadano de a pie también hace sus cuentas. El miedo, reforzado por la desconfianza, la percepción de ineficacia y el sentimiento de selectividad en la aplicación de la ley, se convierte en un factor de descuento cuyos costos se cargan al funcionamiento de las instituciones.

Apuntes finales: ventanas de oportunidad A pesar del panorama anterior, las conclusiones no necesariamente tienen que ir en una dirección desesperanzadora. Más bien apostemos por las pistas que ofrece este estudio exploratorio. En primer lugar, la

Ilustración 5. Porcentajes de las respuestas dadas a la pregunta “si usted presencia que alguien está violando la ley ¿usted qué haría?”, en Bello, Rionegro y Apartadó.

Fuente: encuesta de percepción de la legalidad 2012 –Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia; Gerencia de legalidad, Gobernación de Antioquia. Total de la muestra 762 encuestas

encuesta encuentra evidencias de que la población tiene grandes expectativas sobre la capacidad de las leyes de crear un mejor ordenamiento social, ya que para ella la palabra ley es tomada como símbolo de tranquilidad (76,1% frente a 21,7% quienes expresaron temor), confianza (67,8% frente a 30,2% que sienten desconfianza) y seguridad (73,8% en contraste con 22,7% que expresan inseguridad), lo que puede interpretarse como la necesidad de apelar a la ley como ayuda para reducir la incertidumbre sobre qué esperar de la interacción con los demás y las instituciones. Igualmente como factor positivo puede tomarse el interés revelado por parte de los ciudadanos en conocer las normas que se expiden (86,8%). Ahora, esto contrasta con la percepción que tienen sobre el esfuerzo que hacen las autoridades para difundirlas adecuadamente (38.9%). Tratar de cerrar esa brecha

Notas 1. Este artículo es resultado parcial de la investigación “estudios sobre las percepciones de la legalidad en tres municipios de Antioquia”, realizado por el Instituto de Estudios Políticos y financiado por la Gobernación de Antioquia, en el marco del programa Antioquia Legal. Aprobado en el CODI en el acta 648 del 22 de enero de 2013. 2. Economista. Aspirante a Magister en Ciencias Políticas. Profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos. Miembro de la línea de investigación Sistemas políticos locales y formación de la opinión pública. 3. Sociólogo y Magister en Ciencia Política. Profesor e instigador del Instituto de Estudios Políticos. Coordinador de la línea de investigación Sistemas políticos locales y formación de la opinión pública. 4. Plan de desarrollo de 2012-2015. Antioquia la más educada. 5. Según el sondeo de Trans-

parency Internacional para 2011 Colombia es percibido como muy corrupto. En un indicador que va de cero (0) a cien (100), donde cero es muy corrupto, Colombia alcanza 36 puntos. 6. Según las mediciones realizadas por la Organización Transparencia por Colombia en 2009, Antioquia tiene un nivel de riesgo medio, ocupando el lugar 11 de los 32 departamentos, de tener corrupción administrativa. 7. Sin duda esto es una ventaja, pero como trataremos de indicarlo más adelante también comporta un problema: el entrecruzamiento de los órdenes jurídicos y morales, sin distinción de aquellos elementos que hacen obligatorio el cumplimiento de las leyes sin tener que apelar a principios morales, dado que estos servirían tanto para acatar la ley como para encontrar justificaciones para incumplirla. 8. Este estudio incluyó la aplicación de 762 encuestas, de las cuales 483 se

entre el interés y los mecanismos de difusión es un reto importante. Los agentes institucionales y sus equipos de comunicación deben hacer esfuerzos por implementar mejores estrategias de difisión, que les permita aprovechar la disposición de los ciudadanos por aprehender las normas y el reclamo que se hace por un mayor énfasis en este campo. En suma, el problema de incentivar y promover una cultura de la legalidad es complejo dado el amplio panorama que brindan las interpretaciones de cada ciudadano sobre la ley y su cumplimiento, pero muestra que las posibilidades de implementar una política que ayude a mover los indicadores hacia prácticas más respeturosas de la legalidad, pasa por entender estas representaciones sociales acerca de la ley, es decir, comprender las “visiones” de la legalidad que les subyacen.

realizaron en Bello, 125 en Rionegro y 154 en Apartadó, cuyos resultados se usan parcialmente en esta nota.

se crearon alrededor de las mismas, cambiando el grado de tolerancia hacia el tabaco y los fumadores.

9. Ver Vázquez, Rodolfo (2008). Cultura de la legalidad. Cuatro modelos teóricos y un apéndice sociológico. Revista de filosofía política, no. 32: Madrid, Instituto de Filosofía del CSIC, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.

12. Por ejemplo, aunque los entrevistados detectaron la ocupación del espacio público como una infracción de la ley, estos terminan tolerándola debido a que se asocia con un medio de trabajo para quienes no pueden acceder al mercado laboral formalmente. Otra asociación que deberá explorarse es aquella que justifica la violación de la norma para defender la propiedad o para conseguir medios de sobrevivencia, ambas cosas guiadas por la lógica económica pero que pueden poner intereses enfrentados a justificar, cada uno a su modo, la violación de la norma.

10. Entre estas respuestas se encuentran del tipo: ser legal es “seguir las leyes de Dios”, “seguir las normas sociales” y “seguir las reglas de la casa”. 11. La experiencia muestra que es posible cambiar conductas y las evaluaciones morales que se hacen con respecto a la misma mediante estrategias diferentes a la simple imposición, como campañas publicitarias que muestren el por qué y el para qué de las leyes. Un ejemplo de ello es la introducción de la ley 1335 de 2009 o “antitabaco”, que más que las sanciones, lo que ayudó a su acatamiento fueron las diversas campañas que

13. Es claro que este es el punto de quien debe acatar las normas y de su “operador jurídico”. El contraste de los puntos de vista de unos y otros es un tema clave para entender nuestro berenjenal, pero que desborda los alcances de este trabajo.

Medellín: tres décadas de violencia. Cambios y continuidades

Por Max Yuri Gil Ramírez Director Corporación Región Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia

e manera cíclica, en Medellín se presentan debates en torno a las características de la violencia que de manera constante afecta a las personas que vivimos en esta ciudad, sus explicaciones y las estructuras que son responsables de esta situación. Por un lado están los eufóricos de la transformación, quienes afirman que definitivamente Medellín ha cambiado para bien y que quedan sólo algunos coletazos marginales que tienden a desaparecer, mientras por otro lado, están los escépticos que afirman que nada ha cambiado o que, incluso, estamos peor que hace 20 años. Ambas posturas, en mi criterio, desconocen la complejidad de lo que en materia de violencia urbana pasa en la ciudad y generan una polarización que no permite avanzar en la construcción de salidas eficaces. En la gráfica se puede identificar que aunque con algunos picos de intensidad, en general la tendencia de los homicidios en Medellín ha sido a la baja en los últimos 30 años, luego de la crisis del año 1991 donde tuvimos 6.349 homicidios, lo que convirtió a la ciudad en una de las más violentas del planeta. Luego hay dos momentos de intensificación entre los años 2000-2003 y en el periodo 2008-2009, los cuales se corresponden en esencia con procesos de reorganización del mundo criminal, el primero con la consolidación de la hegemonía de la Oficina de Envigado y su presunta transformación en organización paramilitar –Bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada– y el segundo con la disputa entre facciones de la Oficina post-desmovilización, entre los grupos de alias Valenciano y Sebastián. Es importante señalar que si bien es cierto los homicidios son un 41

Comportamiento histórico de los homicidios 1980-2010 en números absolutos

Fuente: Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses. Construcción propia

indicador muy importante sobre las dinámicas de violencia, existe un conjunto de acciones contra la vida e integridad de las personas que son igualmente graves y no deben invisibilizarse o banalizarse, por ejemplo las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la tortura, las amenazas, entre otras. En algunos momentos de control hegemónico de un grupo armado puede ocurrir que bajen las acciones de violencia directa porque no hay disputa con otros grupos y que los homicidios sean sustituidos por otras formas de dominación que generan orden y acatamiento, sin que esto se vea reflejado en las cifras de homicidios. Igualmente la ciudad carece de un estudio detallado de caracterización de los homicidios que 42

permita conocer con algún nivel de certeza sobre los presuntos móviles y responsables de los homicidios, lo cual sería de una gran ayuda para trazar políticas y acciones institucionales. De otro lado, es necesario resaltar que existe una continuidad en la presencia y existencia de un conjunto diverso de estructuras criminales en la ciudad desde hace varias décadas, las cuales se han transformado y adaptado, enmarcadas en la evolución de los contextos nacional y regional, pero también de acuerdo con sus propias circunstancia locales. Es así como se han vinculado a las grandes estructuras del narcotráfico, han desarrollado diversas formas de relacionamiento con actores del conflicto armado nacional como los paramilitares y las guerrillas y ahora están vinculadas

a las disputas entre los grupos armados post desmovilización, lo que desde el Gobierno nacional se denomina BACRIM. La tipología de los grupos armados en la ciudad hoy en día permite identificar tres grandes estructuras de violencia: las oficinas del narcotráfico, las bandas de delincuencia común y los combos barriales. Simplificando se podría señalar que la actividad principal de las oficinas se concentra en todo el negocio del narcotráfico, control sobre la producción, procesamiento, comercialización y lavado de activos; mientras las bandas están dedicadas a las acciones de violencia al servicio de las oficinas y a otros delitos de captura de rentas tanto legales como ilegales, mientras la característica principal de los denominados combos es su dimensión territorial, el control de la población y su dedicación a actividades de microtráfico y extorsión. Entre estas organizaciones hay muchos vasos comunicantes, relaciones fluidas y porosas, que constituyen no tanto una estructura piramidal y jerárquica, sino más una red intricada de relacionamientos. Aunque en lo fundamental estos grupos están dedicados hoy en día a la disputa de las rentas que se extraen de un gran número de actividades delictivas y a un cada día más creciente involucramiento en actividades lícitas, es necesario destacar que estos grupos desarrollan también prácticas de control sobre la población, sus organizaciones y sus liderazgos y en varios lugares controlan y determinan procesos de organización y participación. Igualmente existe un brumoso campo de

interrelación entre el mundo político, social e institucional, en el que se encuentran representantes de organizaciones criminales, con integrantes de organizaciones legales, empresas, grupos políticos e instituciones, en torno a propósitos comunes. Esta compleja situación de violencia que ha vivido la ciudad durante más de 30 años, ha generado un amplio conjunto de iniciativas institucionales que combinan desde las acciones de fuerza para eliminar a algunos de los grupos en contienda, hasta los procesos de negociación y desmovilización, así como planes de inversión social enfocados a sectores con mayores niveles de violencia y victimización; por identificar algunas de las acciones emprendidas. Aunque se han logrado algunos resultados y existen experiencias muy valiosas, el balance no termina de ser positivo en tanto persisten graves problemas de violencia y la existencia de decenas de grupos armados con alta capacidad de afectación a la vida de las personas constituye el mayor interrogante a lo que se ha hecho. No puedo terminar este escrito sin hacer un reconocimiento a las miles de personas que en esta ciudad cada día construyen espacios de vida y libertad a pesar de las adversidades, mediante procesos culturales, deportivos, artísticos y lúdicos. Estas iniciativas, si bien es cierto en muchas ocasiones para poder sobrevivir deben evitar el desafío directo a los grupos armados, sin duda constituyen espacios alternativos, de prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados y deben ser objeto de respaldo y acompañamiento por parte del Estado y la sociedad.

La tipología de los grupos armados en la ciudad hoy en día permite identificar tres grandes estructuras de violencia: las oficinas del narcotráfico, las bandas de delincuencia común y los combos barriales.

Introducción

Alternancias de la paz y la guerra en Colombia, 1978-2013*

Por Germán Darío Valencia Agudelo** Profesor del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia

olombia vive uno de los conflictos armados internos más largos del mundo. Sus orígenes se remontan a la década de los sesenta, cuando empiezan a aparecer a partir de 1964 varias agrupaciones armadas insurgentes en el territorio nacional; es el caso del Ejército de Liberación Nacional —ELN— (1964), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc— (1964) y el Ejército Popular de Liberación — EPL— (1965)1. Desde aquel momento el Estado ha tenido que librar una guerra interna contra estas organizaciones políticas, en unos momentos de manera intensa y decidida y en otros de baja intensidad (Rangel, 1998). Los efectos dañinos de este largo conflicto han sido diversos, entre ellos, muertes violentas, desplazamientos forzados, transgresión de los derechos humanos, daños a bienes materiales y mucha pobreza (Valencia, Gutiérrez, & Johansson, 2012, pág. 151).

La Constitución de 1886, en su artículo 121, le estableció al Presidente de la República que como Jefe de Estado se ocupara del mantenimiento del orden público en el país. Con el surgimiento de las agrupaciones guerrilleras en los sesenta y los efectos dañinos que tiene la guerra el Estado ha tenido que explorar varias formas de ponerle fin a esta situación.2 Estas se pueden reducir a dos: una, a través de las mismas armas, buscando acabar con el agente perturbador del orden y ganar la guerra; y dos, mediante acuerdos de paz, firmando con

estos agentes un pacto que permita la dejación de armas, la desmovilización y reincorporación a la vida civil. Hasta 1981, la única forma explorada por el Estado para eliminar el foco del desorden subversivo fue la confrontación armada; sin embargo, ante el no logro de este objetivo, el Estado ha tenido que combinar el uso de las armas con el de las negociaciones políticas como mecanismos para llegar a una situación de paz. Hoy son ya más de treinta años donde todos los gobiernos, sin excepción, han ensayado una y otra forma de finalizar el conflicto armado interno. En unos casos, como en los gobiernos de Belisario Betancur y Juan Manuel Santos, se nota una apuesta decidida por la paz negociada; en otros, como los de César Turbay y Álvaro Uribe, por el camino de la guerra. Es decir, la historia política colombiana en torno al mantenimiento del orden público se caracteriza, desde comienzos de la década de 1980 hasta hoy, por una alternancia entre guerra y negociaciones de paz. El presente ensayo tiene como objetivo hacer una síntesis histórica de la alternancia entre guerra y paz en Colombia; inicia con el recuento del Estatuto de Seguridad Nacional en 1978, durante el gobierno de Turbay (1978-1982), y finaliza con la negociación con las Farc en el gobierno actual de Santos (2010-2014), donde por cuarta vez se negocia la paz con esta organización. Pero, dado que el tema de la guerra y la paz es tan basto, y aprovechando el monopolio que le da la Constitución Política al Presidente de la República de decidir sobre si inicia o no procesos de paz, este escrito tendrá como foco el análisis de la “paz presidencial”. Es decir, presenta la dinámica de la guerra y la paz entorno a las posturas y decisiones de los cuatrienios presidenciales (Palacios, 2012; 2000); sacrificando con ello otros análisis que también se pueden hacer para contar la historia, como el papel de la sociedad civil, de la comunidad internacional o de las fuerzas militares, entre otros enfoques. El trabajo se divide en cuatro apartados. El primero presenta el contexto en el que aparece el Estatuto de Seguridad Nacional de 1978 y el manejo que el Estado le daba al orden público, dos elementos que ayudan a configurar el caldo de cultivo para que se dé en aquel tiempo tanto un aumento de la violencia en el país como de la necesidad de buscar acuerdos de paz. La segunda muestra cómo a partir del gobierno de Belisario Betancur se inicia en Colombia una alternancia entre la búsqueda de paz negociada y acciones de guerra contra la guerrilla, situación que es mantenida hasta la actualidad (2013), aunque con variaciones en la política de paz. La tercera se detiene a señalar el efecto que tuvo la Constitución Política de 1991 sobre la política de paz, analizando tanto el gobierno de Gaviria como de Samper. Finalmente, la cuarta analiza el periodo que va desde las negociaciones del Caguán hasta las de La Habana; muestra la dicotomía entre paz y guerra en cuatro períodos presidenciales (uno de ellos con reelección).

Pero, también, al Frente Nacional se le atribuye la creación del caldo de cultivo para que surgieran diversas agrupaciones guerrilleras en Colombia. Varios sectores independientes, que no encontraban espacio o no se sentían representados por los partidos Liberal y Conservador, buscaron lugar en la guerrilla y las armas para expresar su descontento. En la década de 1960 aparecen el ELN, las Farc y el EPL, y en los setenta, el M-19 (1972) y otros grupos subversivos.

1. Orden público nacional y el Estatuto de Seguridad Nacional de 1978 Después de la época de la Violencia, entre los gobierno de Alberto Lleras y Misael Pastrana (1957-1974), se presentó en Colombia el 45

...a pesar de los problemas que había traído negociar la paz al gobierno anterior, Barco no renunció a seguir trabajando en esta estrategia como forma de ponerle fin al conflicto armado interno y al mismo tiempo ganar gobernabilidad. Los primeros meses de su gobierno fueron tormentosos: además de la oposición conservadora al nuevo esquema de oposición reflexivo, tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP).

periodo conocido como el Frente Nacional. Durante este, liberales y conservadores acordaron la sucesión en el poder y la distribución equitativa de cargos públicos, la paridad en la rama judicial y la confirmación del voto de la mujer. El efecto positivo de este acuerdo fue pasar de un período de una guerra civil a un período de relativa paz (Pardo, 2004).3 Convirtiendo así, al Frente Nacional, en un momento histórico donde logró reducirse significativamente la violencia en el país. Otros dos efectos, paradójicamente contrapuestos pero que tienen la misma lógica militar, fueron el fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Militares y de la Policía y la aparición de varios grupos armados guerrilleros. Es decir, el Estado colombiano logró consolidar, tanto durante la época de la Violencia como del Frente Nacional, un nuevo y poderoso armamento con el cual se modernizó a las Fuerzas Armadas, se especializó el Ejército en lucha antisubversiva, se ampliaron las brigadas móviles y los grupos de inteligencia y localización. Además, estableció normas que, como la Ley de Seguridad Nacional de 1966, ayudaron al mantenimiento del orden público nacional (Pardo, 2004, págs. 445-446). Pero, también, al Frente Nacional se le atribuye la creación del caldo de cultivo para que surgieran diversas agrupaciones guerrilleras en Colombia. Varios sectores independientes, que no encontraban espacio o no se sentían representados por los partidos Liberal y Conservador, buscaron lugar en la guerrilla y las armas para expresar su descontento. En la década de 1960 aparecen el ELN, las Farc y el EPL, y en los setenta, el M-19 (1972) y otros grupos subversivos. En su inicio esta naciente guerrilla mantuvo un accionar limitado, las confrontaciones con el Ejército fueron marginales y se localizaban, en su mayoría, en las áreas rurales (caso Farc) o en lugares focalizados en las ciudades (caso ELN y EPL). El balance que dejó el Frente Nacional al finalizar en 1974 fue el país sumido en una tensa paz, con presencia guerrilla en varias zonas del país y con una sociedad civil crítica y en efervescencia. Debido a los malos manejos que se le estaban dando a la política económica el gobierno era duramente criticado; en particular, se consideraba desacertado el manejo que se le había dado a la inflación, la cual era elevada e incidía sobre el aumento del costo de vida y deterioraba el bienestar de los colombianos. De allí que el 14 de septiembre de 1977 sindicatos y organizaciones sociales convocaron a un paro cívico nacional, con el que se quería manifestar dicho descontento social. Esta acción colectiva fue catalogada por el gobierno como una muestra del rebrote de la violencia. En aquel momento el país vivía un proceso de elección presidencial y se buscaban mecanismos para controlar la violencia colectiva. Dada que la disputa por la presidencia estaba entre el candidato liberal César Turbay y el conservador Belisario Betancur y que el primero ganó las elecciones, la decisión fue aumentar la seguridad. Turbay basó su propuesta de gobierno en tres premisas: producción, seguridad y empleo; pero al llegar al poder, y en un contexto de los efectos del paro de 1977, su apuesta

fue por el fortalecimiento de las acciones de seguridad del Estado. El 6 de septiembre de 1978 emite un nuevo Estatuto de Seguridad Nacional, el cual le daba mayores poderes a las Fuerzas Armadas, como allanamientos y detenciones sin orden judicial, le otorgaba instrumentos para perseguir, capturar y procesar a los líderes guerrillero y la responsabilidad de ejercer justicia a través de juicios en los tribunales militares4. Como era de esperarse el ataque a los focos de “violencia” aumentó, pero también se incrementó la violación de derechos humanos. De allí que en el Primer Foro de la Defensa de Derechos Humanos, realizado en 1979, los organismos defensores de estos derechos (nacionales e internacionales) llamaran la atención sobre el daño que este Estatuto le estaba causando al país (Zuluaga, 1996, pág. 50). La guerrilla consideró al Estatuto como un ataque frontal contra sus intereses, lo cual les exigió un remesón en su accionar. Una de las primeras guerrillas en reaccionar fue el Movimiento 19 de abril o M-19. Con la aparición de este movimiento, como lo plantea Pardo (2004, pág. 468), se dinamiza “la guerra de guerrillas en el país”. En diciembre de 1978 esta agrupación sorprendió al país con el robo de más de cinco mil armas del Cantón Norte de Bogotá; y luego volvió a sorprender, el 27 de febrero de 1980, con la toma a la Embajada de la Republica Dominicana, por 61 días5. Este último hecho provocó: primero, la mirada de la comunidad internacional al conflicto colombiano, ya que 16 diplomáticos resultaron secuestrados; y segundo, pensar en la salida negociada como una alternativa viable al conflicto armado interno.

2. La aparición de la opción de la paz negociada: de Turbay a Barco Al finalizar el gobierno de César Turbay, entre 1981 y 1982, la situación del orden público nacional se había problematizado. Se presentaba un rebrote de la violencia, un fortalecimiento de grupos y una intensificación de la guerra; esto hizo pensar que el camino para lograr la paz en el país no estaba solo en las armas. Además, las enseñanzas del proceso de negociación con la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19 eran positivas. La propuesta de Jaime Bateman — dirigente de este grupo guerrillero— al Estado, de

pensar en la negociación de la paz, abrió el camino para ponerle fin al conflicto mediante una salida negociada. El mecanismo elegido por Turbay para reducir el conflicto fue el ofrecimiento a la guerrilla de una amnistía (Ley 37 de 1981), con la cual se perdonaba delitos a actores políticos alzados en armas (Ideas para la paz, 2013). Según cálculos del Gobierno este mecanismo permitiría, por un lado, reducir la violencia, al reintegrar a los combatientes de la guerrilla, y, por el otro, mejorar la gobernabilidad, la cual estaba debilitada por el manejo al orden público. Sin embargo, este incentivo político no fue aceptado por el M-19, quien tenía otras expectativas con su alzamiento en armas; además, la Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. El balance que se puede hacer de este primer esfuerzo por pactar la paz es, entre otros, que las acciones de paz negociada pueden tener un uso político: de mantenimiento del apoyo popular al presidente o al candidato presidencial para alcanzar este cargo. Idea que fue comprendida rápidamente por Belisario Betancur. Su contrincante a la Presidencia de la República en 1981, Alfonso López Michelsen, del Movimiento Nacional, había liderado su campaña con el tema “la paz liberal”. Betancur como candidato hizo énfasis en la justicia social, bajo la consigna “Sí se puede”, pero al llegar a la Presidencia y después de mirar el efecto tan positivo que tiene la paz en la opinión de los colombianos, decidió incluir en su programa la realización de un gran diálogo nacional y el fortalecimiento de la Comisión de paz. Betancur puso la paz como bandera en su discurso de posesión: Levanto una bandera blanca de la paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las cámaras. Les declaro la paz a mis ciudadanos sin distinción alguna: a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida un árbol que convocará sus gajos abiertos a toda la familia nacional. Combinó en su programa de gobierno la justicia social con la paz. Presentó la paz atada a programas 47

sociales, que serían la estrategia para acabar la injusticia social y la pobreza, es decir, Betancur buscó atacar las causas objetivas de la violencia. Sus esfuerzos se dirigieron a legitimar la negociación de la paz como estrategia para ponerle fin al conflicto armado interno. Llegó al poder proponiendo una reforma política que sirviera como marco para negociar la paz. Su propuesta era acercamiento entre las partes sin condiciones previas y sacar adelante una nueva ley de amnistía. Fueron tres los mensajes que Belisario le dio a la guerrilla: un gran diálogo nacional, una apertura política para negociar la paz y una nueva ley de amnistía. Esta última, se había concebido de manera provisional por Turbay; la idea de Belisario era convertirla en algo de mayor alcance, más flexible y con mejores garantías para los armados6. En noviembre de 1982 fue aprobada la nueva Ley de Amnistía (Ley 35 de 1992) (Palacio, 2012, pág. 143). El primer grupo con el que inició acercamientos fue con las Farc. En 1982, Belisario autorizó acercamientos con el Secretariado de las Farc (Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Jaime Guaracas) a través de la Comisión de Paz. El resultado fue, después de más de un año de diálogos, el Acuerdo de la Uribe. Este se firmó el 28 de marzo de 1984 y se compuso de 11 puntos, el más importante fue el cese al fuego a partir de ese día. Además de este Acuerdo, se firmó en 1984 también con el M-19 y el EPL otro de tregua y diálogo que incorporó estos grupos al cese al fuego firmado con las Farc (Arias, 2008, pág. 10). A pesar de los avances, que pueden evaluarse como muy positivos, dado que eran los primeros intentos por negociar la paz en Colombia, las críticas a la política de paz del Gobierno Betancur fueron constantes. Tanto los partidos políticos (Liberal y Conservador), como el Congreso y miembros de la sociedad civil no respaldaban las acciones del Estado. Pero las mayores críticas provinieron de las Fuerzas Armadas: primero se dio la renuncia del Ministro de Defensa (Fernando Landazábal) y luego las críticas de la Asociación de Militares en Retiro (Acore), que contaban con el apoyo de los gremios económicos. En septiembre de 1985, el M-19 rompe la tregua que tenía con el Gobierno. Este retiro del acuerdo es el primero de otros golpes duros a la política de paz de Betancur. El segundo fue la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de ese mismo año. El M-19 pensó en la toma como una forma de hacer un juicio político al presidente, por la poca serie48

dad con que según ellos manejaba el tema de la paz. El objetivo era “generar un ambiente nacional de rechazo al Gobierno que culminara con una renuncia del presidente y la constitución de un nuevo gobierno” (Pardo, 2004, pág. 487). Y aunque continuaron las treguas con las Farc, después de este trágico acontecimiento, este hecho significó el fin de tres años de negociación con la guerrilla. Lo cual provocó una caída del apoyo popular y una deslegitimación del gobierno Betancur. La toma al Palacio se da en un contexto donde de nuevo se enfrentan varios candidatos por la Presidencia de la República. Ninguno de ellos quería ser identificado con las ideas de Belisario, aunque eran conscientes de la importancia que tenía su apuesta política por la paz para acumular votos. En las elecciones presidenciales de 1986 se disputaron el cargo el liberal Virgilio Barco y el conservador Álvaro Gómez; el primero la ganó con más de cuatro millones de votantes, superando al segundo por más de millón y medio de votos. Al iniciar el nuevo período presidencial, Virgilio Barco se encontraría con una guerrilla aumentada en tamaño militar pero deslegitimada ante la opinión pública. Además se le sumaban nuevos actores al conflicto, en especial con los grupos paramilitares. Estos factores y otros hicieron que Barco se alejara un poco de la política de paz de Betancur: quería seguir con los diálogos pero aumentar la fuerza militar contra ellos, de allí que su política fuera de “mano tendida y pulso firme”. El balance que hizo Barco de la política de paz de su antecesor fue “el presidente Betancur fue demasiado lejos porque le dio a la guerrilla demasiado. El Ejército Nacional fue debilitado y restringido. Cada guerrillero que se rindió fue amnistiado, se le dieron nuevos zapatos y facilidades de empleo; algunos obtuvieron taxi. Yo nunca he dicho que sería duro con los guerrilleros. Lo que sí dije es que mi política sería de mano tendida y pulso firme. No hablo de un brazo fuerte. El diálogo continuará.” Es decir, su política de paz buscaría “legitimar el Estado, y deslegitimar la guerrilla” (Palacios, 2012, pág. 145). En el tema de la paz, a pesar de los problemas que había traído negociar la paz al gobierno anterior, Barco no renunció a seguir trabajando en esta estrategia como forma de ponerle fin al conflicto armado interno y al mismo tiempo ganar gobernabi-

lidad. Los primeros meses de su gobierno fueron tormentosos: además de la oposición conservadora al nuevo esquema de oposición reflexivo, tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP). Las Farc continuando con la prórroga al Acuerdo de la Uribe lanzaron en marzo de 1985 un movimiento político llamado la Unión Patriotica (UP), con el cual participaron en las elecciones nacionales, regionales y locales a partir de 1986. Pero en menos de seis meses ya eran 165 los muertos de este grupo político y al llegar 1990 fueron más de 300 los muertos. A pesar de estos hechos, el gobierno Barco pudo dar un giro a la política de paz. Consideró que el concepto de paz estaba desgastado y minaba posibles procesos serios con la insurgencia; por ello adoptó tres nuevos: normalización, rehabilitación y reconciliación. Estos nuevos conceptos, según el gobierno, eran más claros, se prestaban a menores confusiones conceptuales y presentaban la paz como un problema más complejo. Con la reconciliación se quería acercar el Estado a las comunidades, establecer diálogos con la guerrilla y mejorar relaciones con colonos, campesinos y zonas apartadas; con la normalización se pretendía aumentar la tolerancia política, la reducción de la protesta y la apertura de espacios para el debate democrático; y con la rehabilitación se buscaba afectar positivamente, mediante programas estatales, las zonas de violencia (Pardo, 1996). Barco construyó un programa de paz basado, en parte, en la propuesta de Betancur, de realizar inversión social considerable, mejorando las condiciones de los sectores socialmente deprimidos, y fortaleciendo las Fuerzas Militares. Para subsanar los problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas regiones y sectores sociales, el gobierno continuó e impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza, el cual le dio más recursos y visibilidad, ampliando la cobertura territorial a 304 municipios (antes eran 140); se amplió el presupuesto del 3% al 14% (Pardo, 2004, p. 501). A finales de su gobierno, el 2 de noviembre de 1989, las gestiones de paz que se venían desarrollando permitieron llegar a un acuerdo con el M-19, mediante el cual este grupo guerrillero se desmovilizó e inició su participación en la vida política institucional, bajo la denominación de Alianza Democrática M-19. El resultado fue su desmovilización el 9 de marzo de 1990 y la participación política en las elecciones del 11 de marzo de este año. Acción que resultó muy positiva para el nuevo movimiento político, al obtener 950.154 votos para la asamblea constituyente de 1991, o sea 19 de los 70 escaños, que representaban el 26% del total de votos (Pardo, 2004, p. 513). Esto le permitió a los desmovilizados ser importantes artífices de la nueva constitución y realizar reformas políticas que permitieran ir más allá de lo acordado.

La propuesta de Samper de hacer una paz integral, donde participaran todos los actores, permitió la vinculación deﬁnitiva de la sociedad civil a los procesos de paz. En los gobiernos anteriores este importante actor había sido prácticamente desconocido; pero a partir de 1997, con el Mandato Ciudadano por la Paz, se dio inicio a otra dinámica donde la sociedad civil está en el primer plano.

3. La constituyente de 1991: efectos sobre la paz negociada en Colombia Una de las razones de inicio y finalización exitosa de varios de los procesos de paz en los inicios de la década de 1990 fue la convocatoria a la 49

Asamblea Nacional Constituyente. La reforma constitucional resultó un incentivo para adelantar acuerdos de paz. El M-19, por ejemplo, estaba “más interesado en las cláusulas políticas que en obtener garantías económicas para sus excombatientes” (Palacios, 2012, pág. 147). Para la guerrilla la participación en una asamblea constituyente resultaba muy positivo, pues los comandantes de la guerrilla capitalizaron credibilidad ante la ciudadanía y la opinión pública como “negociadores de buena fe y aprestigiándose entre sus huestes” (Palacios, 2012, pág. 147). El gobierno siguiente, encabezado por el Presidente César Gaviria (1990-1994), quien había acompaño a Barco como Ministro de Hacienda Pública y de Gobierno, quiso continuar el programa de paz de Barco. Esto le facilitó el camino para que al finalizar su gobierno presentara un balance muy positivo en términos de acuerdos de paz: se logró la desmovilización del Ejército Popular de Liberación —EPL—, el Partido Revolucionario de los Trabajadores —PRT—, el Movimiento Armado Quintín Lame —Maql— y la Corriente de Renovación Socialista —CRS— (9 de abril de 1994); además, de acuerdos con las milicias de Medellín (26 de mayo de 1994) y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera –FF-Garnica– (30 de junio de 1994). Fue un gobierno que logró combinar un programa de paz con otro de guerra integral contra la guerrilla. Su programa de gobierno, llamado La revolución pacífica, tuvo claro que era necesario atacar la guerrilla mediante el fortalecimiento de la ofensiva militar y tender la mano para los acuerdos de paz. Al finalizar este nuevo cuatrienio, a pesar de los acuerdos de paz realizados, de nuevo se había intensificado la guerra en Colombia. La guerrilla había demostrado que era capaz de golpear duramente la infraestructura del país; por ello, luego de romper los diálogos, ordenó al Ejército Nacional la ofensiva o guerra integral, la cual planeaba en 18 meses acabar con la insurgencia. En aquel momento está de nuevo el país en una elección presidencial; se encontraban en disputa los dos partidos tradicionales: por el partido Conservador estaba Andrés Pastrana y por el Liberal Ernesto Samper. Este último fue el triunfador y el 7 de agosto de 1994 inauguró su gobierno del Salto social. Samper (1994-1998) quiso avanzar en la vieja propuesta de Betancur y Barco de “erradicar las causas objeti50

vas de la violencia” (López, 1999, pág. 255), buscó también construir un ambiente amplio para la negociación de la paz. De allí que cambiara la retórica y estilo con que se llevaban los procesos de paz en Colombia: lo primero que hizo fue precisar las funciones de las instituciones creadas para negociar la paz, como la del Alto Comisionado de Paz, y cambió la estrategia de guerra integral de Gaviria, por la de paz integral. Para esto buscó respaldo en el Congreso de la República y creó comisiones de paz en las dos cámaras. Su política fue la de mantener abiertas las puertas para un diálogo de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar —CGSB—, en primera instancia, y con otras agrupaciones. Durante el primer año, el gobierno Samper no tuvo ningún avance en términos de negociación. Posteriormente, también fue muy difícil, a causa del Proceso 8000 realizar negociaciones. La deslegitimación general del Presidente afectó las posibilidades de diálogo con la guerrilla. Y aunque Samper había aceptado a las Farc establecer una zona de despeje en la Uribe, Meta, por lo cual se le criticó mucho (El Tiempo, 1997, pág. 9; Semana, 1997), las Farc, finalmente no aceptaron el ofrecimiento y esperaron al próximo gobierno para negociar. Sin embargo ocurrió algo muy positivo para la sociedad civil. La propuesta de Samper de hacer una paz integral, donde participaran todos los actores, permitió la vinculación definitiva de la sociedad civil a los procesos de paz.7 En los gobiernos anteriores este importante actor había sido prácticamente desconocido; pero a partir de 1997, con el Mandato Ciudadano por la Paz, se dio inicio a otra dinámica donde la sociedad civil está en el primer plano. Este Mandato contó con el apoyo de cerca de diez millones de votos que exigían la búsqueda de una paz negociada con la insurgencia. El efecto fue la creación del Consejo Nacional de Paz (Ley 434 de 1998) y de una Comisión de Conciliación Nacional (CCN), iniciativa que contó con el apoyo, entre otros, del Episcopado Nacional (Iglesia Católica Colombiana), los gremios económicos y los medios de comunicación.

4. El círculo de la paz: de Pastrana a Santos Como se vio, los avances en las negociaciones de paz durante el período de Samper fueron mínimos8 (Arias, 2008, pág. 20), sin embargo este Gobierno

dejó sentadas las bases para que el siguiente pusiera en su propuesta presidencial como centro las negociaciones de la paz. Es decir, Samper dejó estructurada una política nacional permanente de paz, que contaba con el apoyo de toda la ciudadanía (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil). De allí, que tanto Andrés Pastrana como Horacio Serpa utilizaran la paz como mecanismo para acumular votos y aspirar de manera seria a la Presidencia de la República. Ambos candidatos querían llenar un vacío, que el terreno práctico había dejado Ernesto Samper debido a la deslegitimación de su gobierno. Aunque Serpa era el candidato de la paz y su propuesta se basaba en lograr acuerdos de este tipo, finalmente no pudo llegar a la Presidencia. Su contraparte, el candidato del partido Conservador, Andrés Pastrana, logró capitalizar muy bien el tema de la paz, cuando se presentó ante los medios asistiendo a una reunión con Manuel Marulanda en las selvas del Caguán. Este encuentro se produjo en plena campaña electoral (último trimestre de 1997) y sirvió para mostrarle al país que con este candidato sí se podría llegar a un acuerdo de paz. Al llegar a la Presidencia en agosto de 1998, lo primero que realizó Pastrana fue la creación de las normas para generar un ambiente favorable para la instalación de mesas de negociación: primero creó una Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y luego un Comité Temático Nacional, con los cuales se negociaría con las Farc. Más tarde ordenó el despeje de cinco municipios en los cuales se ubicó la zona de distención (entre el 7 de febrero de 1999 y el 7 de mayo de 1999 y luego se prorrogó 11 veces hasta el 20 de febrero de 2002). A pesar de todos los esfuerzos el Gobierno Nacional, debido a muchos inconvenientes, decidió acabar de forma definitiva los diálogos con las Farc-Ep. La orden presidencial se da luego de que este grupo armado secuestrara un avión y retuviera al senador Jorge Gechem. El no haber llegado a la firma de un acuerdo con las Farc y los acontecimientos internacionales del 11 de septiembre de 2001, provocaron un cambio en la política de paz. En este giro tuvo gran influencia Washington, quien convirtió a Colombia en un país clave para su lucha antiterrorista (Rabasa & Chalk, 2001). Entre 2001 y 2002 quien capitalizó con el tema de la paz fue el candidato Uribe Vélez, pero en lugar de apuntale a las negociaciones, se alineó con un propuesta de guerra

total contra la guerrilla. Convirtió a la subversión en el símbolo del narcotráfico y el terrorismo (Uribe, 30 de septiembre de 2003). Adicionalmente, retomó el Plan Colombia y lo convirtió en la fuente del diseño de su nueva política de paz. Aunque en su campaña Uribe presentó cerca de 100 temas que trabajaría en su Gobierno, la propuesta con la que ganó las elecciones fue la guerra contra las Farc. La mayoría de los votos que obtuvo el 26 de mayo de 2002 fue por “su tenaz oposición al proceso de paz de Pastrana y (…) por su énfasis en la política de aniquilar a las Farc” (Palacios, 2012, págs. 167-168). Durante este gobierno los acercamientos con la guerrilla para negociar la paz fueron mínimos9 y aunque hoy se conoce que hubo intercambio de palabras para iniciar unos acercamientos con las Farc, la realidad muestra que fueron ocho años de guerra. Sin embargo el Gobierno Uribe no perdería la oportunidad de capitalizar y acumular el poder que brinda trabajar por la paz de manera negociada. Por ello afanó en dos frentes: uno de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— y otro con la guerrilla del ELN. Para lograr el desmonte del paramilitarismo Uribe buscó y creó una reforma jurídica (Ley 782 de 2002), que hizo viable tal proceso, reconociéndoles estatus político al paramilitarismo. Igualmente nombró una Comisión Exploratoria de Paz que tenía como fin propiciar los acercamientos y contactos con estos grupos; la cual logró, en junio de 2003, convenir con las AUC un único acuerdo de todo el proceso, llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito (julio 15 de 2003). Este último fue un acuerdo “milagroso” pues logró desmovilizar a más de 31 mil combatientes, cuando inicialmente se habían calculado en cerca de 10 mil. En 2006, luego de ser aprobada por el Senado la reelección presidencial, de nuevo Uribe trato de ganarse “las mentes y corazones de la gente” apuntándole mediante propaganda a la guerra a muerte contra las Farc. Se desprestigió a las Farc a través del uso mediático. Este le resultó un instrumento valioso para ganarse de nuevo la Presidencia. Y también como una forma de acumular legitimidad y gobernabilidad. Por ello presentó al Estado como un agente eficiente en la guerra, que a través del “uso legítimo de las armas” lograba “arrinconar” al enemigo. Ganó las reelecciones 51

El proceso de paz inicia de manera secreta desde el comienzo de su Gobierno y su primera fase de acercamientos finalizó en agosto de 2012, con la aprobación entre las partes de una agenda de negociación y una mesa. Luego vendría una segunda fase, que aún se encuentra en desarrollo (abril de 2013) y que según proyecciones se finalizará en noviembre de 2013, con la firma de un acuerdo final de paz que le ponga fin al conflicto con las Farc.

diciendo que tenía prácticamente exterminadas a las Farc y ganó resaltando la amenaza que representaba para el país esta agrupación y que debería permitírsele dar continuidad a su política de seguridad democrática. Finalmente cierra el ciclo el actual Gobierno de Juan Manuel Santos, donde de nuevo volvió a hablar de la paz con la guerrilla. A pesar de que Santos se desempeñó como Ministro de Defensa durante el gobierno Uribe, y que los más duros golpes a la guerrilla estuvieron en sus manos, incluso operaciones como las de Sodoma (septiembre de 2010) y Odiseo (noviembre de 2011) en las cuales era Presidente, hoy se le reconoce como un gobierno proclive a la terminación del conflicto vía acuerdo negociado. En su discurso de posesión como Presidente dijo que “la llave de la paz no se ha echado al mar”. A partir de allí, este Gobierno le viene apuntando de manera decidida a negociar la paz, no solo con las Farc, sino también, próximamente, con el ELN. El proceso de paz inicia de manera secreta desde el co-

Algunas de las ideas expuestas aquí fueron presentadas en la conferencia “La academia frente al proceso de paz” de la Cátedra Abier-

ta Regional del Programa de Regionalización de la Universidad de Antioquia, Seccional Puerto Berrío, el 16 de abril de 2013.

mienzo de su Gobierno y su primera fase de acercamientos finalizó en agosto de 2012, con la aprobación entre las partes de una agenda de negociación y una mesa. Luego vendría una segunda fase, que aún se encuentra en desarrollo (abril de 2013) y que según proyecciones se finalizará en noviembre de 2013, con la firma de un acuerdo final de paz que le ponga fin al conflicto con las Farc. Esta segunda etapa se ha caracterizado por tener una agenda de negociación acotada y precisa, con cinco puntos básicos, los cuáles no han despertado hasta el momento grandes críticas, más bien, se ha valora el hecho de que allí aparezcan por primera vez puntos tan importantes para un inicio de negociaciones como ponerle fin al conflicto y la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Se ha incluido el tema de las víctimas y la verdad, que ha sido uno de los mayores agregados de la experiencia en la última década. Además es una agenda que, a pesar de su trascendencia, se podría cubrir en poco tiempo. Todo esto muestra un interés por establecer normas claras y respetarlas.

** Coordinador de la línea de investigación Conflictos y paz del grupo Hegemonía, guerras y conflictos. Miem-

bro del grupo Microeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia.

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no soluciones definitivas al origen del conflicto; cuando se logra una situación similar a la conseguida con los acuerdos de paz (menos de veinticinco muertes a causa del conflicto por año), pero sin victoria ni acuerdos de paz; y otros desenlaces que no estén contenidos en los anteriores (Cf. UCDP, 2010)” (Valencia, Gutiérrez, & Johansson, 2012, pág. 158). 3. Para Rafael Pardo (2004, pág. 390) la época de la Violencia fue una guerra civil distinta a las del siglo XIX, pues “no hubo declaración formal de guerra, no hubo pronunciamiento, ni tampoco un acuerdo final de paz que marcara el final de tal período”. Su inicio se enmarca con la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948 y su final tiene la fecha de 1953 con la amnistía de Rojas Pinilla; aunque otros la ubican con el programa de pacificación de Alberto Lleras o la acción militar ordenada por el Presidente Guillermo León Valencia, uno u otro final depende del analista o en palabras de Pardo “todo es según el cristal político con que se mire” (pág. 390). 4. Este Estatuto estaba compuesto por tres ideas básicas: 1) aumento de penas para delitos como secuestro, extorsión y terrorismo (incendios voluntarios y ataques armados); 2) ampliación de características para considerar subversivo a un ciudadano, como el que reparta propaganda subversiva, los dibujos y textos y los que inciten a la revuelta y el desconocimiento de la autoridad y 3) Atribuir a la Policía y otra autoridades subalternas la fijación de penas relativas al numeral 2. 5. La guerrilla del M-19 pedía a cambio de finalizar la toma y liberar a los diplomáticos la liberación

de 300 miembros de esta agrupación que estaban en las cárceles colombianas y 50 millones de dólares. Para lograr la liberación se tuvieron que realizar 24 reuniones, al cabo de las cuales se liberaron los rehenes en La Habana, Cuba, y se les dio asilo a los guerrilleros en ese mismo país. 6. Uno de los efectos del inicio de las negociaciones de paz fue darle legitimidad a los alzados en armas; al guerrillero se le consideró un combatiente político. 7. Un esfuerzo significativo de la sociedad civil por pactar la paz durante el gobierno Samper lo constituyó el Acuerdo de la Puerta del Cielo en julio de 1998. Allí los esposos alemanes Mauss fueron los encargados en el Gobierno de Samper de gestionar las reuniones que realizaron el ELN y la sociedad civil en Alemania. 8. A lo largo de este Gobierno se logró adelantar contactos, en julio de 1995, con el Movimiento Jaime Bateman Cayón, a través de la Comisión Facilitadora de Paz. Se firma, además, un protocolo de acuerdo con el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados, MIR–COAR (29 de mayo de 1998). Este último contó con el apoyo de una comisión gubernamental negociadora, como órgano consultivo y decisorio del Gobierno en ese tema. De igual forma, se tuvieron acercamientos con el ELN, en donde se puso en marcha el Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional. 9. Las Farc desde antes de posesionarse Uribe, tenían claro que con este gobernante no negociarían. Tirofijo había declaró el 11 de marzo de 2001 que si llegara a ser presidente se rompería cualquier proceso de paz.

Sobre el plagio como fuente de la ignorancia

Por Juan David Londoño Isaza* Profesor Facultad de Comunicaciones

Presentación

n 1960, el filósofo austriaco Karl Popper presentó una conferencia ante la Academia Británica titulada “Sobre las fuentes del conocimiento y de la ignorancia” (Popper, 1994: 23), en la cual expuso que tanto el conocimiento, como la ignorancia, estaban asistidos por fuentes. En este texto, Popper advierte que si bien es razonable preguntarse por las fuentes del conocimiento, resulta extraño preguntarse por las de la ignorancia, toda vez que ésta se caracteriza por la ausencia de conocimiento. En cualquier caso, lo que Popper quiso sostener fue que si bien las fuentes del conocimiento descansan en la posibilidad de debatir cualquier tema apelando al ejercicio de la crítica y deliberación, las fuentes de la ignorancia, aun

cuando resulte extraño, tiene sus fuentes en aquellas posturas intelectuales que apelan al conocimiento de autoridad o a presunciones de infalibilidad. Traigo a colación el texto de Popper del 20 de enero de 1960 para abordar lo siguiente: en la actualidad nos enfrentamos a una fuente más de la ignorancia que descansa en el hecho de que una persona incurra en plagio. Sin temor al equívoco, el plagio ha hecho carrera en las universidades de Colombia, desvirtuando los objetivos misionales que las instituciones de educación superior se han propuesto para formar profesionales en diversos objetos de estudio, como es generar conocimiento que responda a los problemas de orden social.1 A causa entonces del creciente fenómeno del plagio en universidades, una nutrida bibliografía ha emergido para

concientizar a las personas de las consecuencias legales que acarrea incurrir en plagio; sin embargo es poca la literatura que ha buscado comprender las causas que motivan a una persona a tomar una idea que no nació de su reflexión intelectual como las consecuencias que, para su formación académica e intelectual, conlleva dicho acto. Así las cosas, el presente trabajo busca reflexionar sobre una posible causa que, si bien no se constituye en una base común que explicaría todas las razones posibles que motivan el plagio, sí daría algunas luces que permitirían proponer una solución tentativa. Este artículo se desarrolla en tres apartados: inicialmente expone lo que comúnmente se entiende por plagio. A continuación se reflexiona sobre los motivos del plagio y se responde en qué sentido esta forma de robo o fraude se constituye en fuente de la ignorancia. Por último, se presenta una solución tentativa para enfrentar este fenómeno.

1. ¿Qué es el plagio? De manera general, el plagio consiste en “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” (Real Academia de la Lengua, s. f.). El plagio se constituye en un acto susceptible de ser no solamente reprobado, sino también penalizado.2 En todo caso, la característica que lo hace inaceptable nace del acto de tomar como propio algo que, de principio a fin, no lo es. El caso contrario al plagio supone un acto ético entre quien publica un texto y sus lectores, pues aquel deberá comprometer su nombre como autor intelectual de dicho texto y reconocerá explícitamente que aquellas ideas planteadas en su texto que no nacieron de su creatividad intelectual fueron tomadas de otros autores, las cuales deberán estar debidamente citadas. Miguel Roig, autor del texto: Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing (2002), lo explica de la siguiente manera: Un principio general que subyace a la escritura ética es la idea de que el trabajo escrito de un autor, ya sea un manuscrito para una periódico o revista científica, un trabajo de investigación presentado en un curso, o una propuesta de ayuda presentada a una agencia de financiamiento, representa un contrato implícito entre el autor de esa obra y sus lectores. De acuerdo con este contrato implícito, el lector asume que el autor es el único autor de la obra escrita, que cualquier texto o ideas prestadas de otros están cla-

ramente identificados como tales por las convenciones académicas establecidas, y que las ideas transmitidas en el mismo se precisa representó lo mejor de las habilidades del autor. En suma, como Kolin (2002) señala, “la escritura ética es clara, precisa, justa y honesta”. Asimismo, transmite al lector que nos esforzamos por la conducta ética y la práctica ética (Roi, 2002: 2; la traducción es nuestra).3

Sin embargo, el plagio ocupa, hoy día, un lugar importante en las instituciones de educación superior. La Universidad Sergio Arboleda elaboró, en el año 2008, un estudio sobre el plagio y, en un aparte, explica que esta práctica en la educación superior conlleva dos delitos: En primer lugar, usar ideas, información o expresiones de otra persona sin darle el debido reconocimiento (esto constituye robo de propiedad intelectual). Hacer pasar las ideas, información o expresiones de otra persona como si fueran propias para obtener buenas calificaciones u otras ventajas (Esto constituye fraude) (Girón, 2008: 8).

Infortunadamente es corriente encontrar, tanto en trabajos de estudiantes4 como de profesores5 partes, pasajes o textos completos que no nacen de sus esfuerzos intelectuales, sino de la falta de voluntad de cultivar la intelectualidad. Pero el plagio no nació en las universidades: tiene tanta historia como la filosofía misma. La profesora Girón, de la Universidad Sergio Arboleda, relata el siguiente ejemplo histórico en su texto Anotaciones sobre el plagio: “Cuenta Vitrubio que en el siglo V a.C., en un certamen de poesía, varios concursantes presentaron como propias viejas obras existentes en la biblioteca de Alejandría y que, descubiertos, se les sancionó como ladrones” (Girón, 2008: 11). La práctica del plagio ha conseguido ocupar espacios importantes de la vida social que, inicialmente, estuvieron pensados para cultivar la intelectualidad con el fin de formar una sociedad que tuviera un impulso hacia el conocimiento. Sin duda, tal propósito viene desvirtuándose, a causa del ejercicio de tomar como propio lo que no nació del propio esfuerzo físico y mental.

2. Sobre el plagio y sus causas como fuente de la ignorancia En el ámbito educativo, son muchas las explicaciones que podrían darse para comprender el problema del plagio. Por ejemplo, el estudio de la Universidad Sergio Arboleda sugiere lo siguiente: 55

Generalmente se incurre en plagio por varias razones: porque se siente miedo e inseguridad de pensar por sí mismo, por desconocimiento del tema, por pereza, por temor de no hacer un buen trabajo y, en la mayoría de ocasiones, por ignorancia (Girón, 2008: 8).

Otros motivos serían: conseguir logros sin esfuerzos y sostener un reconocimiento social. En el año 2012 la Gobernación de Antioquia en

asocio con el Centro de Educación a Distancia — CED—, adscrito a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello, realizó un estudio que buscaba comprender el fenómeno del plagio en los estudiantes de la Universidad en mención. En la siguiente tabla pudo identificarse las principales causas para incurrir en plagio por los estudiantes universitarios:

Fuente: Corporación Universitaria Minuto de Dios - Seccional Bello, Gobernación de Antioquia, 2012, Resultados del Estudio sobre legalidad en Uniminuto promovido por el programa “Antioquia legal”, Bello, Antioquia, CED, p. 8.

Los ítems “No manejar bien el tema”, “Que la materia no se relacione con mi carrera”, “Que la evaluación implique análisis y argumentación”, “Quedar bien ante mis compañeros” que integran la tabla anterior comparten una base común: miedo a fracasar en los propósitos que se trazaron a la hora de cursar una profesión. Esta conjetura descansa en la siguiente razón: incurrir en plagio en el contexto universitario, entre otras cosas, consiste en evadir una mala nota que, además, pone en duda la consecución del principal fin, a saber, la profesionalización. Desde luego, denota igualmente desconfianza en las propias capacidades para enfrentar una prueba o evaluación que, por su nombre, busca poner a prueba los conocimientos adquiridos. Esta desconfianza encuentra su fuente en diversas creencias irracionales toda vez que se anticipan a los hechos: por ejemplo, cuando un estudiante incurre en plagio porque no comprende con suficiencia el tema, lo que está 56

tentativamente de frente es el prejuicio de que sus capacidades no fueron ni serán suficientes para asumir la evaluación que afronta. En este ejemplo hay unos elementos más, además del miedo a fracasar y la desconfianza sobre sus capacidades: el valor que se le da al esfuerzo que conlleva la consecución de un propósito, completamente ausente en este caso. Tuvo razón Bertrand Russell cuando sugirió en su texto La conquista de la felicidad que “El placer de lograr algo requiere que haya dificultades que al principio hagan dudar del triunfo, aunque al final casi siempre se consiga” (Russell, 2010: 126-127). Una de esas dificultades podría ser el sacrificio. Es corriente encontrar entre los estudiantes una apatía por la persistencia y el sacrificio. Probablemente el miedo al fracaso y la desconfianza en las propias capacidades conducen a evadir la posibilidad de poner a prueba los co-

No hay que negar “que la disposición a asumir un riesgo va indisolublemente ligada a la búsqueda del mejor mundo posible” (Popper y Lorenz, 2000:24); pero el riesgo de tomar como propio algo que de principio a ﬁn no lo es, está condenado al fracaso, no porque quien plagia vaya a ser descubierto, sino porque se niega a sí mismo cualquier posibilidad de descubrir y desenvolver sus propios talentos.

nocimientos y se termina, lamentablemente, confiando los propósitos personales en los esfuerzos de otros que decidieron, con fuerza de voluntad, poner a prueba sus conocimientos. No hay que negar “que la disposición a asumir un riesgo va indisolublemente ligada a la búsqueda del mejor mundo posible” (Popper y Lorenz, 2000:24); pero el riesgo de tomar como propio algo que de principio a fin no lo es, está condenado al fracaso, no porque quien plagia vaya a ser descubierto, sino porque se niega a sí mismo cualquier posibilidad de descubrir y desenvolver sus propios talentos. En otras palabras, quien incurre en plagio no se permite conocer de lo que es capaz intelectualmente hablando. En este punto llama la atención lo siguiente: quien acoge la práctica del plagio asume implícita o explícitamente que la persona a la que copia es infalible, esto es, que sus productos y opiniones no sólo son verdaderos, sino también inmejorables, de ahí que se decida plagiarla. Presentaré a continuación algunas consideraciones sobre la infalibilidad.

2.1 Sobre la infalibilidad como una de las fuentes de la ignorancia La infalibilidad ha sido objeto de estudio por un número importante de académicos que ven en ella un obstáculo permanente para el desarrollo de cualquier disciplina o práctica humana. Algunos de esos estudios han tomado buena parte de sus argumentos de la obra Sobre la libertad, de John S. Mill (2007).

Este filósofo inglés pretendió con su texto estudiar las condiciones de posibilidad que dan lugar a la libertad individual. Una de dichas condiciones consiste en que tanto la libertad de pensamiento como de discusión deben estar motivadas por la idea según la cual nuestras opiniones (para el caso que nos asiste, nuestros productos intelectuales y académicos) son falibles, es decir, puedan estar expuestas al error y, en consecuencia, o pueden ser mejoradas en el mejor de los casos, o abandonadas, en el peor de los escenarios. De cualquier manera, las libertades de pensamiento y discusión dan lugar al debate, herramienta fundamental para poner a prueba las opiniones y evaluar si los argumentos son de momento suficientes o deben ser replanteados o abandonados. Pero si se apela a la presunción de infalibilidad, esto es, a creer que las opiniones o productos académicos son inmejorables, se niega la posibilidad de confrontar las ideas propias con las de otros y estimar qué tan bien ubicado se está en los temas que nos fascinan. Como señala Mill respecto de la infalibilidad: [La infalibilidad] consiste en tratar de decidir la cuestión para los demás, sin permitirles oír lo que pueda alegarse por la parte contraria. Y yo denuncio y repruebo esta pretensión igualmente cuando se refiere a mis más solemnes convicciones. Por positiva que pueda ser la persuasión de una persona no solo de la falsedad, sino de las consecuencias perniciosas de una opinión —y no solo de estas consecuencias perniciosas, sino (para adoptar expresiones que terminantemente condeno) de su inmoralidad e impiedad—, si

a consecuencia de este juicio privado, aunque esté apoyado por el juicio público de su país o de sus contemporáneos, prohíbe que esa opinión sea oída en su defensa, afirma, quien tal haga, su propia infalibilidad. Y esta pretensión, lejos de ser menos reprensible o peligrosa, por tratarse de una opinión que se llama inmoral e impía, es más fatal en este caso que lo que sería en cualquier otro. Éstas son, exactamente, las ocasiones en las cuales los hombres de una generación cometen esos espantosos desaciertos que causan el asombro y el horror de la posteridad. Entre estas encontramos los ejemplos memorables en la historia, en los que el brazo de la ley ha sido empleado en desarraigar los hombres mejores y las más nobles doctrinas; con éxito deplorable en cuanto a los hombres, aunque algunas de las doctrinas han sobrevivido y se invocan (como por irrisión) en defensa de una tal conducta contra aquellos que disienten de ellas o de su aceptada interpretación (2007: 86).

Entonces, cuando se incurre en plagio, no solo se desconoce la responsabilidad que se tiene para con la propia vida, con los proyectos de vida personales, sino también con el vínculo que las profesiones guardan con la sociedad.

Grosso modo, la presunción de infalibilidad sólo conduce al estancamiento y, desde luego, hace imposible, como el miedo al fracaso y la desconfianza en las propias capacidades, desenvolver los talentos con que se cuentan.

Con este panorama, ¿cómo podría enfrentarse el fenómeno del plagio en la educación superior?

Específicamente, asignar la presunción de infalibilidad en aquel a quien se plagia no es más que una suposición injusta que asume al plagiado como perfecto e incuestionable. Asumir al plagiado de esta manera sólo manifiesta la decisión de reemplazar el miedo propio al fracaso y la desconfianza en las propias capacidades por la seguridad que se deposita en los productos del plagiado. Así las cosas, el plagio solo puede conducir al estancamiento en todo sentido, esto es, nunca se sabrá el estado en el cual se encuentran los conocimientos y talentos o virtudes propios. Además de este perjuicio, también se está obstaculizando la posibilidad de que la sociedad se beneficie de la mejor manera de los productos de los esfuerzos y desenvolvimiento de los talentos propios. En palabras de Mill: Pero la peculiaridad del mal que consiste en impedir la expresión de una opinión es que se comete un robo a la raza humana; a la posteridad tanto como a la generación actual; a aquellos que disienten de esa opinión, más todavía que a aquellos que participan en ella. Si la opinión es verdadera se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva con la verdad, producida por su colisión con el error (2007: 77).

Si se recuerda que la definición de ignorancia consiste en la ausencia de conocimiento, el plagio brinda las condiciones necesarias para que dicho conocimiento no haga parte de la propia vida. El plagio, al no permitir tanto el desenvolvimiento de los talentos como la comprensión del conocimiento que se tiene en frente, se constituye en una fuente más de ignorancia.

3. ¿Qué se puede hacer frente al plagio? Deliberación académica

Los docentes podemos adoptar o fortalecer, en tanto colectivo adscrito a la vida académica, prácticas que conduzcan a la deliberación. El plagio no es la única práctica humana que tiene antecedentes históricos; existe una tradición, muy antigua, tal vez más vieja que la del plagio, que le apostó al desenvolvimiento auténtico de los talentos: la discusión crítica. Tal vez esta otra práctica podría acogerse como modelo de enseñanza, tal vez de evaluación, asumiendo que no sólo se transmiten conocimientos, sino que también se pueden desarrollar, en los estudiantes, los talentos o virtudes que los asiste a través de la discusión crítica. En el siglo VI a. C. tuvo lugar en Asia Menor, más precisamente en la colonia griega de Mileto, la escuela jónica, conformada inicialmente por los presocráticos Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Sus principales intereses se concentraron en reflexiones cosmológicas y en interrogantes relacionados con la teoría del conocimiento (Popper, 1994: 174). Tales de Mileto, quien fundó la escuela jónica, se interesó por explicar la forma y la posición de la Tierra. De ella sugería lo siguiente: “la tierra se apoya en el agua, sobre la cual flota como un barco, y cuando decimos que hay un terremoto es porque la tierra es sacudida por el movimiento del agua” (citado en Popper, 1994: 176). Sin embargo, esta idea sobre la Tierra nunca se constituyó en materia obligante para los integrantes de su escuela. Anaximandro, uno de los discípulos de Tales de

...asignar la presunción de infalibilidad en aquel a quien se plagia no es más que una suposición injusta que asume al plagiado como perfecto e incuestionable. Asumir al plagiado de esta manera sólo maniﬁesta la decisión de reemplazar el miedo propio al fracaso y la desconﬁanza en las propias capacidades por la seguridad que se deposita en los productos del plagiado.

Mileto, se aventuró a ofrecer una explicación distinta sobre la posición y forma de la tierra: [l]a tierra… no está sostenida por nada, sino que permanece inmóvil debido a que está a igual distancia de todas las otras cosas. Su forma es… como la de un tambor. Nosotros caminamos sobre una de sus superficies planas, mientras que la otra se encuentra en el lado opuesto (Popper, 1994: 176).

Se tienen, entonces, dos ideas que nacieron de la misma escuela (la jónica), pero que, dadas sus naturalezas, son radicalmente distintas. Mientras que Tales de Mileto se preocupó por definir qué sostenía la Tierra, Anaximandro se interesó por explicar que ésta se encuentra libremente suspendida en el espacio debido a la igualdad de distancias que guarda frente a todas las otras cosas (Popper, 1994: 176-178). La idea de Tales de Mileto, como lo explica Popper en su ensayo Retornando a los presocráticos, conduce a un regreso al infinito, toda vez que dicha idea implicaría buscar un sostén para el océano, y luego un sostén para este sostén: Este método de explicación es insatisfactorio: primero, porque resolvemos el problema creando otro exactamente análogo, y segundo, por la razón menos formal y más intuitiva de que en cualquier sistema semejante de sostenes o sustentáculos el fracaso en asegurar uno cualquiera de los sustentáculos inferiores lleva al derrumbe de todo edificio. […] En cambio, Anaximandro apela a la simetría interna o estructural del mundo, la cual asegura que no haya ninguna dirección preferida en la cual pueda producirse un derrumbe. Aplica el principio de que donde no hay diferencias no puede haber ningún cambio. De esta manera, explica la estabilidad de la tierra […]. (Popper, 1994: 177).

La superioridad de la idea de Anaximandro es clara, toda vez que abarca más elementos para la interpretación del fenómeno y explica mejor lo que advertía la teoría de Tales de Mileto. Pero el interés acá no está tanto en definir cuál teoría es mejor, como sí en indagar las circunstancias que hicieron posible que un integrante de una escuela como la jónica (me refiero a Anaximandro) pudiera elaborar una teoría distinta, inclusive contraria, a la ofrecida por su mentor, en este caso Tales de Mileto. El secreto de los antiguos para que su conocimiento cosmológico pudiera desarrollarse nació del hecho de que la tradición de la discusión crítica pudiera tener lugar en sus reflexiones. En palabras de Popper: Si buscamos los primeros indicios de esa nueva actitud crítica, de esa nueva libertad de pensamiento, debemos remontarnos a la crítica de Anaximandro a Tales. Se trata de un hecho muy sorprendente: Anaximandro critica a su maestro y pariente, que es uno de los Siete Sabios y el fundador de la escuela jónica. Según la tradición, Anaximandro solo era catorce años más joven que Tales y debe de haber desarrollado su crítica y sus nuevas ideas en vida de su maestro (parecen haber muerto a pocos años de distancia uno de otro). Pero no hay rastros en las fuentes de nada que sugiera discordia, querella o cisma. Ello sugiere, creo, que fue Tales quien fundó la nueva tradición de libertad —basada en una nueva relación entre maestro y discípulo— y quien creó, así, un nuevo tipo de escuela muy diferente a la pitagórica. Tales parece haber sido capaz de tolerar la crítica. Y lo que es más, parece haber creado la tradición de que se debe tolerar la crítica. Y con todo, me inclino a pensar que hizo aún más que eso. Me cuesta imaginar una relación entre

Tales asume, igualmente, que el conocimiento, al ser un producto del hombre, es susceptible de ser mejorado, cuestionado y refutado, y que tal susceptibilidad solo puede tener lugar si la discusión crítica hace carrera entre quienes lo rodean, para su caso, sus discípulos.

maestro y discípulo en la cual el maestro simplemente tolere la crítica sin estimularla activamente. No me parece que un discípulo educado en la actitud dogmática se atreva a criticar el dogma (y menos el dogma de un sabio famoso) y a proclamar su crítica. Me parece una explicación más fácil y más simple suponer que el maestro estimuló la actitud crítica, posiblemente no desde el comienzo, sino sólo después de haber quedado sorprendido por el tino de algunos interrogantes planteados por el discípulo sin ninguna intención crítica (1994: 190).

A pesar de que la cita anterior es generosa, hay varios elementos importantes que se pueden considerar. De una parte está la motivación de Tales, en su papel de maestro, de que los estudiantes critiquen su teoría. Esto supone que Tales tenía presente que su teoría era limitada o, lo que es lo mismo, podía contener errores que sólo a través de la discusión crítica podrían evidenciarse. Tales entonces se asume como falible y, en este punto, viene un elemento más: acepta que puede equivocarse, que el error hace parte de su vida y que, como tal, el error se constituye en la condición sine qua non para avanzar en el conocimiento. Tales asume, igualmente, que el conocimiento, al ser un producto del hombre, es susceptible de ser mejorado, cuestionado y refutado, y que tal susceptibilidad solo puede tener lugar si la discusión crítica hace carrera entre quienes lo rodean, para su caso, sus discípulos. Pero esto no es todo. También hay elementos importantes en relación con los discípulos. Concretamente, al estar inmerso Anaximandro en la lógica de la discusión crítica, apreciando que su maestro lo alienta a que lo critique, se da la 60

posibilidad no solo de que Anaximandro estime posible, con base en sus capacidades, mejorar el conocimiento que su maestro le compartió, sino que, además, considere que, así como la teoría de su maestro Tales estaba asistida por el error, su propia teoría, posteriormente, puede ser mejorada e, inclusive, refutada. Así las cosas, en la tradición de la discusión crítica la atención se concentra en el mejoramiento del conocimiento a través de la deliberación. La sensibilidad a la crítica pasa a un segundo plano comprendiendo, tal vez, que son nuestras teorías las que mueren por nosotros, no nosotros por ellas.

Conclusiones Teniendo presente este caso histórico expuesto en el último apartado, se podría extender a los cursos y seminarios las dinámicas que propone la tradición de la discusión crítica, haciendo consciente a los estudiantes que los conocimientos que están adquiriendo son susceptibles no sólo de ser mejorados, sino también cuestionados y refutados para dar lugar a nuevas ideas que conduzcan a nuevas deliberaciones. Esta concientización permitiría, en principio, que los estudiantes desarrollen una actitud crítica que no solo tendría valor para la vida académica, sino también, tal vez, para los afanes que en otros frentes trae la vida. Si se les presenta a los estudiantes el conocimiento no sólo como el producto del esfuerzo persistente de unos hombres, sino también como una materia inacabada que es susceptible todo el tiempo de ser mejorada a través de la crítica, ellos tal vez comiencen a comprender, explícitamente,

que, como el conocimiento, pueden cultivar sus capacidades y talentos con dedicación y sacrificio, familiarizándose directamente con los errores y obstáculos, los cuales, no se puede negar, son la materia prima que hace posible transitar paulatinamente de la ignorancia al conocimiento. Tal vez esta sea una manera razonable de enfrentar el temor al fracaso profesional y personal: perder un examen parcial no puede seguir siendo interpretado como el principio del fin, sino la posibilidad de aprender de los errores propios y, en consecuencia, de ser mejores. Se suele demostrar valor para cuestionar e inclusive descalificar y marginar a otros. Ojalá se demostrara valor similar para reconocer y aprender de las limitaciones que, como humanos, a todos los humanos asiste.

*El profesor pertenece al Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales, GIES, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Seccional Bello Bibliografía – Corporación Universitaria Minuto de Dios - Seccional Bello, Gobernación de Antioquia, 2012, Resultados del Estudio sobre legalidad en Uniminuto promovido por el programa “Antioquia legal”, Bello, Antioquia, CED, p. 8. – Girón C., Sonia J., 2008, Anotaciones sobre el plagio, Bogotá, D.C., USA. – Mill, John S, 2007, Sobre la libertad, Madrid, Alianza. – Popper, Karl, 1994, Conjeturas y refutaciones, Barcelona, Paidós. – Popper, Karl y Lorenz, Konrad, 2000, El Porvenir está abierto, Barcelona, Tusquets. – Real Academia de la Len-

gua, s. f., “Plagio”, [en línea], disponible en: http://lema. rae.es/drae/?val=plagio – Roig, Miguel, 2002, Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, United States, Department of Health and Human Services, Office of Research Integrity. – Russell, Bertrand, 2010, La conquista de la felicidad, México, DeBolsillo. Notas 1. Cfr. Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). (2009). Estatuto. Bogotá, Artículo 11, g. Universidad de Antioquia (UdeA). (1994). Estatuto General. Medellín, Artículo 27, a. 2. De acuerdo con la investigación de la profesora Girón, los derechos de autor están regulados por las siguientes normas y leyes: Artículo 61 de la Constitución Política de Co-

En síntesis, si una de las causas del plagio nace del temor a fracasar en los propósitos que se trazaron a la hora de cursar una profesión porque se teme que los conocimientos obtenidos y las capacidades desarrolladas no son suficientes para enfrentar una evaluación, la tradición de la discusión crítica permitiría que los estudiantes se relacionaran, directamente y sin temor alguno con los propios errores, que de ser enfrentados, se daría lugar al desenvolvimiento humano. El plagio, en tanto fuente de ignorancia, no es más que el desconocimiento y la negación de desenvolver los talentos que se requieren para acceder a la comprensión y desarrollo del conocimiento, del cual no solo se beneficiaría quien lo produce, sino también la sociedad, que lo espera.

lombia; Decisión Andina 351 de 1993; Artículo 671 del Código Civil; Ley 23 de 1982; Ley 44 de 1993; Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título VIII; Ley 603 de 2000; Decreto 1360 de 1989; Decreto 460 de 1995; Decreto 162 de 1996. De violarlas, las consecuencias legales serían las siguientes: Art. 244 Ley 23/82: Medidas cautelares: embargo y secuestro preventivo; Art. 57 Decisión 351: pago de reparación adecuada en compensación por perjuicios materiales; Art. 271 Código Penal: 4-8 años de prisión y multa de 26/1000 SLMM (reproducción/distribución de una obra protegida por derechos de autor) (Girón, 2008: 10-11). 3. “A general principle underlying ethical writing is the notion that the written work of an author, be it a manuscript for a magazine or scientific journal, a research paper submitted for a course, or a grant proposal submit-

ted to a funding agency, represents an implicit contract between the author of that work and its readers. According to this implicit contract, the reader assumes that the author is the sole originator of the written work, that any text or ideas borrowed from others are clearly identified as such by established scholarly conventions, and that the ideas conveyed therein are accurately represented to the best of the author’s abilities. In sum, as Kolin (2002) points out ‘Ethical writing is clear, accurate, fair, and honest’. It also conveys to the reader that we strive for ethical conduct as well as ethical practice.” 4. Aristizábal, D. (2012, 2 de septiembre). La gravedad del plagio. El Espectador, versión electrónica. 5. Gil, I. (2013, 1 de abril). Un catedrático de Universidad deberá pagar 5.000 euros a una alumna por plagio. ABC, versión electrónica.

L Aprender de Chávez

Por Fáber Cuervo Economista UdeA

o dijo Pepe Mujica, presidente de Uruguay, “Chávez es el hombre más generoso que he conocido”. Tal vez, su afirmación contenga, sintéticamente, lo que fue ese gran ser humano, solidario, social, amoroso, con una única preocupación: poner al Estado y a la economía al entero servicio del ser humano. El presidente Chávez cambió radicalmente la manera de pensar de los venezolanos, y por contera, la de los latinoamericanos. Contribuyó a elevar la autoestima al dibujar en los imaginarios colectivos un mundo mejor, nos puso a soñar con otros estilos de vida. Chávez descreyó de la supremacía de la civilización capitalista europea; en su lugar optó por Viernes, el aborigen colonizado por Robinson Crusoe (modelo burgués colonizador), tomó partido por el Calibán shakespeariano, por el fascinante espíritu del tercer mundo, por el saber ancestral y los pueblos atropellados. Vencedor ante todas las adversidades, menos ante aquella en la que todos seremos siempre derrotados, el presidente Chávez fue coherente con su proyecto de vida individual y colectiva. Puso su descomunal energía, su gran inteligencia, su fervorosa elocuencia, su conocimiento profundo de la historia venezolana y de sus riquezas humanas y naturales, al renacimiento de una nación arrodillada por casi dos siglos a la tiranía de la ambición y la mezquindad de unas elites internas y externas. En sus intensas batallas ideológicas se consideró un soldado más como cualquier conciudadano suyo; su austeridad y sencillez lo conectaron fluidamente con su gente amada. Su deceso fue entonces una

pérdida inmensa, no sólo para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Encarnó al más genuino científico social que aúna la sensibilidad, el conocimiento, la apropiación de las necesidades urgentes de una nación, la solidaridad, el humanismo, el liderazgo, la gestión, el sacrificio. Estudió a los pensadores sociales y económicos, siempre pensando en seleccionar lo mejor de cada uno de ellos para aplicarlo en el contexto específico de su país. No se sabe con certeza si Chávez estudió o leyó acerca de la teoría de las realizaciones humanas del economista de la India y Premio Nobel Amartya Sen, o la teoría de la economía descalza del economista chileno y Premio Nobel Alternativo Manfred Max Neef. Lo que sí es real es que diseñó y ejecutó para su país un modelo económico estructurado en gran parte de las ideas de aquellos maestros. Las misiones sociales, paralelas a las funciones del Estado, fueron la punta de lanza de las políticas públicas que contribuyeron —a tono con Sen—, a asegurar a los ciudadanos una mínima dotación para acceder a bienes más importantes como el reconocimiento, la dignidad, el tener un lugar en el mundo, la participación política directa, la humanización. La directriz del presidente Chávez de apartarse de las teorías económicas dogmáticas que practica el capitalismo salvaje imperante, o sea, el crecimiento económico sin límites, la inversión extranjera buena per se, la competitividad que nos enfrenta entre nosotros mismos, la productividad sin racionalidad, etc., recoge las líneas generales del pensador Manfred Max Neef, para quien la economía neoclásica y su derivación —la neoliberal— están destrozando el alma humana y de la naturaleza. La Revolución Bolivariana logró en 14 años lo que ningún país suramericano pudo hacer hasta hoy: reducir ostensiblemente la pobreza; rescatar la soberanía; alimentar a un pueblo hambriento; llevar la salud, la educación, la cultura y el deporte hasta aquellos nacionales que no sabían nada de esto; extender los servicios públicos de agua, electricidad, transporte hasta lugares inaccesibles; asegurar una infraestructura necesaria y eficiente sin usar a los ciudadanos como financiadores finales de los mismos; introducir al sistema de pensiones, seguridad social y vivienda a ancianos que no habían recibido una ayuda en décadas. Los siguientes son apenas una muestra de logros específicos de la Revolución Bolivariana, liderada por Chávez: los metros de Valencia, Maracaibo y los Teques; centrales hidroeléctricas de Caruachi y Barinas; la termoeléctrica del Zulia; autopistas, trenes, plantas de cemento, puertos, gasoductos, aviones made in Venezuela, vehículos, televisión satelital; escuelas; colegios y universidades gratuitas en todos los estados; recuperación y entrega de tierras para la agricultura; liberación del país del FMI; comercio con países de todos los continentes; aumento de las reservas internacionales; cosechas inmensas en arroz y maíz; el más alto salario mínimo de América; solidaridad material con países siniestrados; devolución de la vista a miles con la Operación Milagro, independencia de la Fuerza Armada Nacional de la influencia macabra de la Escuela de las Américas; elaboración de los satélites Simón Bolívar y Francisco Miranda; disminución de la deuda pública; misiones sociales; rescate de la historia venezolana; saneamientos de ríos e inversión en la protección del medio ambiente; edición de millones de libros gratuitos; creación de 75.000 bibliotecas; desarrollo de la ciencia; Programa de Medicina Integral Comunitaria; Red de Casas de

Los medios empresariales de comunicación (latifundios mediáticos) no reconocen estos logros enormes y titulan en sus diarios catastroﬁstas: “Chávez deja un país en crisis económica y política”. Sus poderosos dueños (que se lucran del capitalismo salvaje) contactan y contratan “expertos”, politólogos, economistas, analistas, escritores, opinantes, para juzgar el modelo económico y social del gobierno bolivariano desde las obsoletas categorías que están destruyendo el mundo...

Alimentación; apoyo masivo al deporte; rescate del patrimonio cultural; liberación del espionaje de la DEA; baja de tasas de interés de la banca comercial; cuidado de la energía con bombillos ahorradores; multiplicación de medios alternativos de comunicación.

Problemas hay en Venezuela como en cualquier otro país suramericano, heredados de regímenes de desidia y corrupción. Pero la Venezuela de hoy no es la misma de antes de Chávez, su modelo de desarrollo alternativo con un carácter humanista, con reformas estructurales (no las que ordena el Consenso de Washington y que enseñan en las facultades de ciencias económicas), con una fuerte inversión social (la más alta de América Latina), condujeron a mejorar ostensiblemente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), a avanzar hacia un sistema de seguridad social universal, a disminuir la pobreza de un 65% en 1998 a un 23% en 2009.

Los medios empresariales de comunicación (latifundios mediáticos) no reconocen estos logros enormes y titulan en sus diarios catastrofistas: “Chávez deja un país en crisis económica y política”. Sus poderosos dueños (que se lucran del capitalismo salvaje) contactan y contratan “expertos”, politólogos, economistas, analistas, escritores, opinantes, para juzgar el modelo económico y social del gobierno bolivariano desde las obsoletas categorías que están destruyendo el mundo, es decir, desde el crecimiento económico sin límite alguno que depreda y aumenta el calentamiento global, la inversión extranjera que en su mayoría no es necesaria por voraz, violenta y corruptora; la competitividad que condena a nuestros países a proveer materias primas sin valor agregado, la productividad por la productividad sin pensar en la presión sobre los recursos naturales. Aúlla la prensa internacional por el camino desviacionista que eligió Chávez con su modelo económico. Como diría el Quijote a Sancho, “si ladran los perros es señal de que avanzamos”; quieren ocultar la vasta inclusión social que ningún presidente anterior había propiciado. Desean, apelando a las más calamitosas desinformaciones, desvirtuar la existencia de otra construcción de sociedad, con otras relaciones sociales y económicas, con otros valores, con controles reales a la ambición de los monopolizadores (los que hablan de las bondades del libre mercado), con otra propuesta de oportunidades educativas, culturales y de capacitación a los jóvenes. El pensamiento único permitido por el capitalismo salvaje (sálvese quien pueda) agredió desde un principio este camino desviacionista. No hubo un solo día en sus 14 años de recorrido que la prensa creadora de pánico y minoría de edad, no tuviera un titular descalificador contra la Revolución Bolivariana, en cabeza de su inspirador Hugo Chávez. Los argumentos de esa matriz de opinión machacaron que los pobres de un país como Venezuela, para salir de su pobreza, tenían que “competir” con los pobres de otros países (matarnos unos contra otros para sobrevivir); que debían admitir la inversión extranjera a través de sendos TLC, así como estaba haciendo el gobierno colombiano. Estos argumentos no reparaban en sacar a sus propios ciudadanos de las actividades productivas para comprar lo que estos hacían a productores de otros países a miles de kilómetros de distancia. Esto es cambiar la producción interna y el empleo estable por los precios más “baratos” de productos extranjeros; lo que al mediano plazo se traduce en dependencia a proveedores externos, una cantidad de nacionales desempleados (pensando en sobrevivir como sea) y en la carestía de los bienes porque no hay ingresos para el consumo. El modelo económico de Chávez no hizo eco a semejantes consejos y eligió la desviación: el proteccionismo y la soberanía. Hizo enormes esfuerzos para diversificar la economía y no depender de la renta petrolera que estimula la importación de mercancías y alimentos. Realizó grandes avances en el sector agropecuario con la creación de inmensas granjas y hatos ganaderos, potenció la capacitación para la producción manufacturera, impulsó la construcción de viviendas con participación de los

propios dueños, campañas para instruir sobre la construcción de huertas en las casas, pequeñas herrerías, el trueque, el uso de monedas comunales, el trabajo voluntario, la economía solidaria, la banca popular, los abastos con precios controlados para que los especuladores perdieran la hegemonía sobre los alimentos, a lo que éstos reaccionaron escondiendo productos de primera necesidad, creando el desabastecimiento. Chávez contribuyó a humanizar su país porque facilitó darle un lugar en el mundo al otro, empezó por reconocer la existencia del excluido, del ninguneado, del que el Estado solo había mirado para llamarlo a prestar servicio militar obligatorio o cobrarle impuestos. El presidente Chávez despertó a Venezuela de una situación de esclavitud, impotencia y resignación; a través de sus programas dominicales “Aló Presidente” exhortó a los venezolanos a depender de sí mismos y no de los otros. Empoderó a las comunidades, las llevó a emprender el proyecto de la dignificación. El venezolano se humanizó más porque comprendió que sí había futuro, que había llegado un Estado que —ahora sí— le ofrecía puentes para acceder a bienes básicos, aprender oficios, educarse, escuchar la buena música de las orquesta juveniles dirigidas por el maestro Gustavo Dudamel, para trabajar la tierra, alfabetizarse e ingresar luego a la Universidad Simón Bolívar, gratuita y transformadora de los conceptos educativos. Problemas hay en Venezuela como en cualquier otro país suramericano, heredados de regímenes de desidia y corrupción. Pero la Venezuela de hoy no es la misma de antes de Chávez, su modelo de desarrollo alternativo con un carácter humanista, con reformas estructurales (no las que ordena el Consenso de Washington y que enseñan en las facultades de ciencias económicas), con una fuerte inversión social (la más alta de América Latina), condujeron a mejorar ostensiblemente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), a avanzar hacia un sistema de seguridad social universal, a disminuir la pobreza de un 65% en 1998 a un 23% en 2009. Según la Cepal, Venezuela es el país que más ha reducido la desigualdad social en Suramérica, y según la Unesco en 2005 ese país fue declarado territorio libre de analfabetismo. En la era Chávez, la mujer entró a participar en igualdad en el debate y las decisiones de asuntos económicos y sociales, y han sido ellas las que han presidido 4 de los 5 poderes públicos: el legislativo, el electoral, el judicial y el moral. El gobierno bolivariano promovió la integración latinoamericana mediante la creación de diversos

organismos regionales: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina (Alba), el Banco del Sur, la Unasur, la Celac, la cadena informativa Telesur. Quizás donde más libertad de prensa existe en América sea en Venezuela; allí, los periódicos y canales de televisión de la oposición tienen supremacía, no se persigue a nadie por sus ideas políticas, los opositores a Chávez controlan algunas gobernaciones y alcaldías. Indudablemente, Chávez hizo importante a Venezuela ante el mundo, la relacionó con Asia, África y Europa. Devolvió la dignidad a su nación, e hizo que los ojos del mundo se posaran no sólo en ella, sino en América Latina. La vida democrática se expandió con la constante acción del estadista carismático; éste impulsó el liderazgo colectivo y el poder popular, las gentes se motivaron a la politización, al debate, a la reflexión. El nivel de conciencia política creció extraordinariamente en ese país en la última década, proliferan organizaciones juveniles, de mujeres, de campesinos, de trabajadores, de indígenas, de intelectuales. Entre estos últimos se destacan pensadores y estudiosos como Luis Britto García (ensayista y narrador), Nicolás Curiel (padre y madre del teatro venezolano contemporáneo), Rodolfo Santa (actor teatral), Eva Golinger (periodista), el periodismo alternativo de la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) y del portal Aporrea.org. El área cinematográfica de Venezuela ha crecido por el apoyo del gobierno, ha ganado premios internacionales con películas como “Hermanos”, “Habana-eva” y “Taíta Bovés”. El director Román Chalbaud ha presentado en España su película “Zamora, tierra y hombres libres”, la cual muestra aspectos de la vida del general Ezequiel Zamora, silenciados en la historia de Venezuela. El modelo de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela ha sido implementado por más de 25 países. Según cifras de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, Venezuela supera a Estados Unidos, Francia, España. Italia, Japón y China. Su tasa de escolaridad en educación universitaria es del 83%; entre 1999 y 2009 cerca de dos millones 500 mil estudiantes han accedido a la educación universal de calidad. Chávez es el Mahatma Gandhi latinoamericano, una suma de política y espíritu, con su peculiar estilo del trópico y el llano, alegre, desenfadado, memoria sorprendente, cálido, jocoso, sensible, inspirado, canoroso, irreverente. Como individuos y colectivos, tenemos mucho que aprenderle al comandante Chávez. 65

¿Cómo se hizo vulnerable el populismo en Venezuela?

Por Francisco Cortés Rodas Director del Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia franciscocortes2007@gmail.com

finales de 2011 Ernesto Laclau, uno de los más prominentes teóricos del populismo contemporáneo, escribió una frase en la que vaticinó lo que vendría en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez: “Me parece que una democracia real en Latinoamérica se basa en la reelección indefinida. Una vez que se construyó toda posibilidad de proceso de cambio en torno de cierto nombre, si ese nombre desaparece, el sistema se vuelve vulnerable” (Laclau, 02, 10, 2011, El País, p. 12). En las pasados elecciones en Venezuela se manifestó con toda claridad esta vulnerabilidad del proyecto chavista. Independientemente de que haya habido o no fraude, el hecho de que la oposición haya llegado casi a un cincuenta por ciento o más, muestra claramente que las mayorías ya no están con el poder institucional. Y esto indica que ya no es posible profundizar la revolución populista en la dirección de una revolución socialista porque esa profundización requiere de la voluntad de las mayorías, y ahora el cincuenta por ciento o más de la población venezolana estaría contra este proyecto. Además, el hecho de que Capriles haya declarado que el triunfo de Maduro es ilegítimo, porque se basa en un fraude electoral, determina que se genere una inmovilización de las obligaciones que tienen los perdedores en un proceso democrático. La ley ya no es más de todos, no tiene validez universal, no hay fundamento para la obediencia. La sociedad se ha fragmentado radicalmente. ¿Qué hace vulnerable al populismo? El populismo que se propuso en América Latina en este siglo con Chávez, los Kirchner, Correa, Morales y Ortega, se origina en las promesas frustradas de los procesos de crecimiento de la economía prometidas por la globalización neoliberal, en 66

¿Qué hace vulnerable al populismo? El populismo que se propuso en América Latina en este siglo con Chávez, los Kirchner, Correa, Morales y Ortega, se origina en las promesas frustradas de los procesos de crecimiento de la economía prometidas por la globalización neoliberal, en las experiencias de injusticia y desigualdad que viven millones de personas pobres y en la ausencia de participación política en los sistemas de democracia representativa.

las experiencias de injusticia y desigualdad que viven millones de personas pobres y en la ausencia de participación política en los sistemas de democracia representativa. Estos son hechos ciertos de los que parte el diagnóstico de la sociedad del populismo latinoamericano. Para los líderes populistas esta articulación de las relaciones de poder que ha producido el orden neoliberal puede ser cambiada a través de una radicalización de la democracia. De este modo se plantea la constelación populista, la cual se origina cuando se produce la unidad del pueblo como resultado de la “articulación equivalencial de demandas insatisfechas”. El Estado dominado por la elite oligárquica, al negar la satisfacción de demandas impulsa así, a partir de la unidad de las múltiples aspiraciones de los sujetos, a la formación del pueblo, que se encarna en la figura del líder carismático. Pero, el populismo puede degenerar por esto en formas autocráticas y plebiscitarias de aclamación a un líder. Algunos de los elementos negativos que ha producido el populismo y que lo hacen vulnerable son: el populismo propone una radicalización de la democracia y busca para esto una transformación de las estructuras del Estado en función de una preponderancia del poder presidencial sobre el legislativo y el judicial, y además somete la esfera económica al poder político. El Estado ha sido convertido en un instrumento para el enriquecimiento de funcionarios y allegados del grupo dominante en el poder mediante la generalización de la corrupción. Chávez, Kirchner, Correa, Ortega y Morales han coartado la

libertad de opinión mediante la censura a la prensa y han limitado la oposición democrática. Desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza los gobiernos populistas han aprovechado sus riquezas en recursos naturales para realizar importantes programas sociales, sobre todo en las áreas de educación, salud, vivienda e infraestructura, que han mejorado de forma sustancial la vida de una parte importante de la población. Pero en vez de articular estas políticas con los programas de consolidación de una economía racional, han intervenido en el mundo económico con tasas, impuestos arbitrarios y comisiones abusivas. Chávez desmontó el capitalismo que existía en Venezuela, pero no lo sustituyó por otro modelo productivo. Esto explica la crisis de abastecimiento e inversión, la inflación y la creciente dependencia de los ingresos petroleros. Finalmente, la vulnerabilidad del proyecto chavista que estamos viendo en estos días descansa en una idea fundamental: la democracia tiene que hacer posible el poder popular para recuperar la capacidad de decisión y control colectivos sobre la autoridad de los que ejercen coyunturalmente el poder. Fortalecer esa capacidad de acción proveniente de la soberanía popular implica democratizar al poder. Así no ha entendido la democracia el populismo. El líder populista concentra todo el poder para sí y al romper la división de poderes sustituye la delicada balanza del sistema de pesos y contrapesos, por la omnipotencia de una voluntad, que, en su ilimitación, destruye la autonomía del Estado. En esto radica el error de la democracia populista. 67

Por un mundo laboral al alcance de los jóvenes y sus valores

Por Jorge Eliécer Cardona Jiménez1

“La juventud no es una categoría social, sino una construcción cultural y administrativa, una parte de la imagen que una sociedad tiene de sí misma” (Touraine, Alain, 1997:1).

os jóvenes, como herederos del legado europeo y la fuerza de la conquista, hemos leído en las páginas de la historia los acontecimientos de violencia generalizada desde la edad prehistórica con sus hordas salvajes, pasando por la Edad Media, la Inquisición, el holocausto del pueblo judío y los lanzamientos de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, entre otros, hasta nuestros días con la lucha armada. Pero en esos momentos históricos lo importante no es tanto reconocer la conducta humana irracional, sino estructurar el cambio en la conciencia que estimule nuevas formas de vida para recuperar los valores perdidos y distorsionados, pues esos ideales son los que mantienen viva la esperanza de investir el futuro.

Aún hoy, sentimos los pretéritos actos de violencia que se proyectan por doquier bajo diferentes formas —inclusive simbólicas1—, puesto que en Colombia no todo va muy bien: los hombres continúan imponiendo su voluntad en la lucha del hombre por el hombre, a tal punto de conducirse por las sendas de la “insociable sociabilidad” 2. En esta hora crucial de la historia, todos los talentos de la juventud se quedan anquilosados en el ambiente aletargado de la noche negra, donde cada amanecer brumoso vislumbra para muchos el rebusque a la sazón de la intemperie y la supervivencia, en un vasto mundo que está lleno de riquezas preciosas, pero también de antagonismos fementidos. Más que sentir nostalgia entre las sombras por el curso de los

acontecimientos y dejarle al viento los ensueños juveniles, lo trascendente es hacernos sentir en medio de la realidad de todos nosotros y los otros con nuestras incertidumbres y esperanzas laborales, bajo la égida del proyecto axiológico europeo, para que en estos tiempos se columbre el trabajo como un postulado ético de la persona y la humanidad civilizada. De ahí que, parodiando a Einstein,3 se puede afirmar que la suerte de la juventud en el mercado laboral depende, en grado más alto que nunca, de las fuerzas innovadoras, morales y políticas que ella pueda evocar. Pensar así es tomar conciencia de la identidad y los ideales, para abrir las puertas del país hacia nuevos horizontes, toda vez que lejos de pensar que las esperanzas son vanas porque la juventud ha envejecido inactivamente en el frío silencio del bien y del mal, se debe mantener la convicción del sitial a ocupar en el orden laboral, descolgando la lira de la afonía para empezar a manifestar la posesión de riquezas artísticas, intelectuales, morales, jurídicas y políticas que se pretenden plasmar en proyectos efectivos. En este sentido, es necesario construir cultura; vivir con responsabilidad social esta apertura juvenil a la altura de las transformaciones acaecidas en el siglo XXI y a la plena luz de los principios de la justicia, la libertad y la dignidad humanas. A este albor, se le otorga un carácter ético-político a la reflexión sobre el desempleo juvenil. Por ello, en el centro de la orientación metodológica está el pluralismo y el diálogo, para que en medio de la realidad social nos comprendamos los unos con los otros en el reto inaplazable de luchar por los ideales y restaurar el mundo laboral. Planteado de esta manera el asunto que nos ocupa y con el fin de vindicar el derecho al trabajo, se abordará (i) la estructura de la díada trabajo-capital y las consecuencias que tiene su recomposición contemporánea respecto de los jóvenes y la comunidad, para luego (ii) abogar por un campo de cuidado de sí que proporcione los elementos para ir superando las barreras, de forma que se pueda (iii) asumir en serio el referencial de las políticas de empleo juvenil. Por último, con este marco de referencia, se apelará (iv) al quehacer del espíritu juvenil, capaz de crear una cultura viva y creativa que permita investir el futuro y mirar a la sociedad de una mejor forma, para trabajar con sinergias por el bien del país sin aceptar el atropello a la dignidad humana. He ahí nuestra razón de ser y lo ensalzable de reverencia en el hombre.

1. Trabajo, capital y juventud La relación capital-trabajo surge del sistema de desarrollo diseñado a partir de lo que se ha denominado ‘las sociedades empleadoras’, en el marco del afianzamiento de la teoría keynesiana del intervencionismo estatal y la presencia de algunos estadios del capitalismo como el fordismo, cuyo antecedente inmediato está en las huestes de la revolución industrial con el denominado taylorismo u organización científica del trabajo. En este contexto, se creó un escenario donde se concibió el trabajo no sólo como un patrón de producción y ganancia, sino también como un factor esencial para la realización personal, allende de ser el conducto principal de integración de la persona a la sociedad. Sin embargo, este modelo propio de los años de prosperidad sufrió una crisis desde la década de los setenta que implicó una estructura tajante entre el capital y el trabajo. De ahí la imperiosa necesidad de que su disposición relacional se reformulara desde nuevas bases. En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, en ese tránsito de recomposición, se le ha dado prioridad a la estrategia neotaylorista con la puesta en marcha de la flexibilización externa a través de decisiones políticas que involucran un modelo de recomposición de los marcos jurídicos regulativos de la relación capital-trabajo, a partir de la estructuración productiva del mercado, la relocalización industrial y la flexibilización laboral. Aún en la vanguardia de la revolución tecnológica y la economía competitiva, el trabajo en tanto derecho fundamental4 debe acercarse al lucero mayúsculo para toda la población, es decir, debe ser colectivo como el aire para evitar el suicidio colectivo de la civilización humana, pues el desempleo desintegra a la persona, a la familia y a la sociedad; aplaza los proyectos, genera vicios, pérdida de identidad y malestar cultural, con la agravante que le resta autonomía al ser humano en cuanto a los medios y formas de vida, los cuales —como dice Angelo Papacchini6— son necesarios para la autonomía moral. En este sentido, la juventud sufre las consecuencias del desempleo y siente en su ‘ser’ la desilusión de los días que van causando una metamorfosis similar a la que describe Kafka7 respecto a Gregorio Samsa, quien sintió, cual bicho encerrado en un mundo muy oscuro, la pérdida de la libertad; vivió el desasosiego íntimo y la preocupación ante las repugnantes circunstancias acaecidas por el revés financiero que lo llevó a él y a su familia hasta el límite de sus fuerzas. 69

La juventud sufre esa conciencia de desarraigo y sus efectos psicosociales8, pues en las actuales circunstancias no se emplea inmediatamente al joven ‘en lo que le gusta’ con su diploma de bachiller o universitario. Esta encrucijada ha fraguado el absurdo de tener que adaptarse a un mundo laboral y un país no pensados para la energía renovadora, el camino de la sabiduría y la tonalidad valorativa propias de la juventud. Cada vez se presentan más barreras a los jóvenes para acceder al mundo laboral por la falta de experiencia, acicateada por un marco jurídico que en el tránsito de la norma positiva al mandato y a la acción política, desestimula el empleo estable y digno de este importante sector de la sociedad. De ahí que la juventud vea el mundo laboral como “un medio hostil, donde hay pocas facilidades y consideran que están lejos de suponer que encontrar trabajo sea una cuestión de disposición personal”9, en lugar de ser un medio de cuidado de sí, con magníficas oportunidades y proyección social como lo pretendemos. Esto se produce en un contexto muy paradójico. Por un lado, el cambio y el conocimiento propios de la contemporaneidad exigen un aprovechamiento óptimo de las energías vibrantes que se concentran en la juventud. Por otro lado, la realidad nos muestra, como dice el maestro Julio González, que hoy es más importante satisfacer algunos parámetros homogeneizantes cargados de experiencias o ejecutorias, que darle respuesta a las condiciones y a las limitaciones de nuestro medio10, a partir del don de la creatividad, el espíritu de vocación y el emprendimiento juvenil. Un país no puede permitir que su juventud sea inactiva y se mantenga en su minoría de edad; sin duda alguna ello produce desequilibrios e ineficiencia del Estado al no optimizar el valor del trabajo como un atributo de la personalidad jurídica. Así mismo, esta situación deviene en una cultura sumida en la crisis que se vuelve insoportable, ya que se trata de un estado de confusión existencial y moral de los ciudadanos, a tal punto de volver a un ´estado de naturaleza´ en el que prima la lucha del hombre por el hombre para lograr sobrevivir.

2. El mundo laboral como cuidado de sí Para empezar a romper las barreras que posan frente a nosotros, pensar los cambios e impulsar los dones de la cultura es necesario, sobre todo, deconstruir la realidad, tomar conciencia del enjambre de los valores y cogitar que lo que ocurre puede ser de otra manera porque todos, a pesar de las diferencias, 70

podemos ser parte en la solución de esta problemática nacional y mundial; si y sólo si, como el águila, remontamos libremente el vuelo a las alturas de las más preciadas aspiraciones, para que en un esfuerzo colosal se pueda despojar a Zeus del secreto inefable de la luz con el apoyo, la confianza y el estímulo del Estado, sus instituciones y los diversos sectores sociales. La realidad sorprendente es que el desempleo de la juventud ha adquirido dimensiones impredecibles que ponen en riesgo la belleza de la obra de arte existencial (epiméleia heautou) y mantiene a los ciudadanos como rehenes en el marasmo laboral11. En efecto, las reglamentaciones y las fórmulas excesivas de empleabilidad son los instrumentos mecánicos, parafraseando a Kant, que atan a una persistente minoría de edad12. ¡Sapere aude! Los jóvenes como fines en sí mismos no nos resignamos a ser explotados con progresiva felonía, pues con paso seguro somos conscientes de nuestra capacidad para desarrollar a plenitud la fructífera labranza, a la sazón de la realidad para contribuir a los destinos posibles de la patria, sin perder la libertad y dignidad humanas, con miras a mantener la vida y darle sentido a la defensa de los derechos humanos. Asumir una tesitura de esta índole no es anacrónico; antes bien, es vindicar la defensa del proyecto axiológico europeo y la búsqueda de identidad para poner el medio laboral al alcance de la juventud, con el fin de contribuir a transformarlo y ensancharlo de manera sostenible en la procura existencial. Los jóvenes somos activos a fuerza de voluntad, que ubica al ser humano por encima de la naturaleza, merced a la capacidad de conocer y comprender los fenómenos que se presentan a los sentidos, y a la razón que se hace práctica por su interés y nos permite trazar proyectos en la “autoconciencia de nuestra libertad, es decir, en la conciencia de nuestra responsabilidad” 13. Los valores del espíritu juvenil están latentes y viven así para manifestarse cuando se les estimule. Aquí la tarea del Estado es imprescindible, puesto que, a partir de la educación y un marco jurídico-laboral justo, ha de incentivar las capacidades para redescubrir el mundo a través de las experiencias y las ideas. Ciertamente lo justo se opone al ‘amor propio’, a la exigencia de privilegios y ventajas en la empleabilidad; se encarna en los derechos humanos, en el ‘amor de sí’ que va acompañado de la solidaridad para la conservación de la existencia humana y nuestra identidad en medio de la alteridad propia de la sociedad.

3. El referencial de la política pública de empleo juvenil: la mediación por un grupo humano La existencia de situaciones socialmente problemáticas como el desempleo juvenil requiere respuestas por medio de las ‘políticas públicas’ en tanto “invenciones intelectuales” o “procesos de mediación social”14, para hacer posible lo pretendido en el ámbito laboral de este sector social en relación con los otros y la sociedad global.

ciones que requieren el respaldo de sus proyectos, porque a pesar de estar en el mundo laboral de los prolegómenos se avizoran sembrados surcos de semillas para mirar el porvenir deseado de la patria al filo de las oportunidades locales y globales.

Para alentar y acelerar estos cambios se hace necesario establecer algoritmos que permitan la acción, tales como “los jóvenes a veces carecen de experiencia, pero pueden estar más motivados y ofrecer nuevas ideas o puntos de vista”15, ‘la educación ha de articularse a los requerimientos económicos y a los procesos productiEs así como en función de las imágenes cognitivas vos, ‘la cultura emprendedora favorece el empleo de o los juicios de valor social que formulamos, de la los jóvenes’, ‘la promoción, la asistencia técnica y los servicios de apoyo son estímulos que favorecen el En Colombia, al igual que en otros países latinoamericaempleo avivado por los jóvenes”, ‘las redes de apoyo nos, en ese tránsito de recomposición, se le ha dado priosocial facilitan la inserción ridad a la estrategia neotaylorista con la puesta en marcha laboral’, entre otros.

de la ﬂexibilización externa a través de decisiones políticas que involucran un modelo de recomposición de los marcos jurídicos regulativos de la relación capital-trabajo, a partir de la estructuración productiva del mercado, la relocalización industrial y la ﬂexibilización laboral.

ubicación de este sector en la sociedad y de los valores, debe ser reelaborado el sentido de la política de empleo juvenil y la definición de las alternativas apropiadas de acción, en aras de transformar la realidad y alcanzar los más preciados fines. De este modo, las propuestas que se pueden hacer en cuanto a esa política dependen de la percepción dominante acerca de los jóvenes y la función atribuida en la comunidad o el país. Ad examplum, si se parte de un marco referencial positivo, una política esencialmente garantista debe descansar en el carácter activo y valorativo de los jóvenes, así como en una representación del empleo como proyección socio-económica y ausencia de incertidumbre, por encima de los prejuicios y los intereses particulares que incitan a la exclusión social de los congéneres. Si cambia el rol de los jóvenes en la sociedad, las actitudes frente al sector también exigen un cambio cualitativo. A partir de ahí, ya no aparecerán como un grupo etario de inexpertos, de alto riesgo de inversión y no pago, sino como sujetos de reivindica-

Para que todos estos operadores intelectuales adquieran brío y tengan un eco acogedor en nuestros sinceros anhelos, deben estar integrados con los valores fundamentales característicos de la modernidad como un referencial global. Se trata de un proceso de construcción cultural; y si se entiende la cultura como un quehacer —a la manera de Ortega y Gasset— sólo el esfuerzo humano a través del diálogo con interlocuciones sociales es capaz de dicho constructo, el cual refleja lo que es la sociedad misma y hacia donde se dirige para otear el porvenir. En todo caso, el Estado, las empresas y las universidades han de concienciarse de que hoy existe un “referencial global de mercado”16generador de un cambio normativo en la rearticulación de lo económico y lo social, lo público y lo privado, pero no se podrá avanzar a largo plazo si se soslaya el bastión del progreso: los jóvenes como construcción cultural a través de sus prístinos valores e ideales.

4. Investir el futuro Prosigamos entonces, juventud y sociedad, apelando a la conquista de la grandeza de espíritu bajo el albor de las sinergias, para construir una cultura viva y creativa que permita abrir las alamedas de la propia riqueza e identidad a las alturas de nuestras 71

aspiraciones; una cultura con una mentalidad de confianza y fraternidad que inspire una nueva manera de pensar y actuar acorde con las necesidades socio-económicas; un ethos cultural que estimule el sentido del ser humano como portador de una voluntad creadora, proactiva, innovadora e inagotable. Asumir este cambio de paradigma cualitativo es un reto ineludible tendiente a superar, en parte, las dificultades a la hora de desarrollar nuestras capacidades en actividades productivas y transformadoras, que reviertan en un beneficio social en el sentido de abrir caminos para conocernos mejor y generar oportunidades, con miras a salir adelante como comunidad, al margen de la barbarie y más cerca de un ambiente fraternal donde se cristalicen los proyectos y las actividades en pro del fomento de una Asumir este verdadera cultura.

mas de acción y organización, pues desde los filósofos griegos es entendible que el ser humano se mueve siguiendo arquetipos ideales. Así, la juventud debe estar dispuesta a recuperar la función del pensamiento y entender por su propio esfuerzo la vida de otra manera: “una vida diferenciada, artísticamente productiva, abierta al debate y al conflicto teórico, político y científico, individual y colectivo” 19, en pro de relaciones humanas efectivas basadas en “el anhelo de que el hombre sea hombre para el hombre” 20. Sobre esa identidad imperativa de exaltación de la persona humana, estamos convocados a hacer frente a la corrosión de las relaciones laborales e investir el futuro porque la juventud no ha nacido para vivir en

cambio de paradigma cualitativo es un reto ineludible tendiente a superar, en parte, las diﬁcultades a la hora de desarrollar nuestras capacidades en actividades productivas y transformadoras, que reviertan en un beneﬁcio social en el sentido de abrir caminos para conocernos mejor y generar oportunidades, con miras a salir adelante como comunidad, al margen de la barbarie y más cerca de un ambiente fraternal donde se cristalicen los proyectos y las actividades en pro del fomento de una verdadera cultura.

Ciertamente el quehacer cultural no cambia de la noche a la mañana, menos aún si se escamotea la realidad en provecho del ‘amor propio’; pero poco a poco se pueden canalizar las energías creadoras hacia el ‘ser’ y los planes de vida. Para ello, es menester —-como decía Estanislao Zuleta17— investir el futuro a pesar de la hondura de las dificultades consabidas en estos tiempos de crisis, donde la juventud se ha replegado en la cultura narcisista de lo estético y del consumismo destructor, acicateada por los medios de comunicación y la publicidad, como muestra indeseable de la imagen temerosa y perniciosa del futuro, puesto que en la vida de relación, según el filósofo Fernando González, se ha enseñado a vivir por reglas en el aquí y el ahora, lo cual deviene en una frustración para investir el porvenir. Si no se logra poner los proyectos, la atención y el deseo en el futuro, será muy difícil sacudir el yugo de la minoría de edad para transformar la sociedad, que “sólo es posible si existen individuos que aspiren a esa transformación de la sociedad y puedan llevarla a cabo” 18. Para el efecto, se requiere una nueva comprensión de lo social desde la sindéresis, no sólo para buscar solución a las necesidades, sino también para lograr innovar las comprensiones y generar nuevas for72

la indolencia del repliegue narcisista, sino para ocuparse de magníficos asuntos del país con el poder revivificador de la palabra, la producción, la creación, la investigación, las artes, etc., al punto de poner en cuestión el sitial en el que generalmente se ha ubicado porque en cada generación debe primar la existencia de la ´actitud ante la vida´ y el ´valor ante el futuro´ como cualidades excelsas de la tradición humanista. En últimas, se puede afirmar con Nietzsche, que amamos a aquellos hombres que no temen caer al abismo y se arriesgan porque son los que llegan, a los que trabajan e inventan para que el mundo sea una digna morada, a los que conquistan sus virtudes, al que tiene vocación de virtud y forja con ella su destino. Este fervoroso llamado nos invita a seguir reflexionando: ¿será que vale o no la pena creer en los jóvenes?, ¿qué tipo de juventud y cultura queremos?, ¿por qué no se pone el país y el mundo laboral al alcance de los jóvenes?

Abogado y especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia.

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zación social, según el preámbulo, y uno de los valores fundamentales de la República, conforme al art. 1º ibídem…” “En este momento de la cultura mundial y del sentimiento nacional, parece innecesario destacar la importancia del trabajo y bastará decir que hace mucho tiempo dejó de ser una mercancía sujeta a los mecanismos del quehacer económico para convertirse en atributo de la personalidad jurídica, un valor de la existencia individual y comunitaria y un medio de perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad toda, que no podría existir sin él”. Cfr. Sentencias T-225 de 1992 y T-400 de 1992. 6. PAPACCHINI, Angelo. “Un mapa orientativo acerca de los valores éticos de la modernidad”. En: UIS Humanidades. Bucaramanga. Vol. 27, No. 1 (enero-junio de 1998), p. 39. 7. KAFKA, Franz. La metamorfosis. Medellín: Editorial cometa de papel, 1997, p. 7 y ss. 8. Cfr. GALLARDO GONGORA Jimena. Juventud, trabajo, desempleo e identidad: un enfoque psicosocial. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008. 9. Ídem, p.65. 10. GONZÁLEZ ZAPATA, Julio. “El virus de la lucha por la libertad”. En: Alma Mater. Universidad de Antioquia. Medellín, No.555 (junio de 2007), p. 23. 11. “Los jóvenes de hoy son la generación más educada que haya existido. Tienen ideas claras sobre sus aspiraciones laborales y sociales, y esperan contar con opciones para alcanzar su autonomía y ser ciudadanos activos. (…) Sin embargo, estas personas entre 15 y 24 años enfrentan una escasez de empleos plenos y productivos, y altas dosis de

incertidumbre económica” Cfr. AA. VV. “Datos sobre empleo juvenil”, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (Suiza), octubre de 2006, p. 1. Disponible en http://www.margen.org/ docs/youthemp.pdf. 12. KANT, Inmanuel. “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?”. En: Revista Colombiana de Psicología. Bogotá, No. 3 (agosto de 1994), p. 7. 13. KANT, Inmanuel. Crítica de la razón práctica. Madrid: Espasa-Calpe S.A, 1984, p.50. 14. MULLER, Pierre. Las políticas públicas. Traducción de Jean François JOLLY y Carlos SALAZAR VARGAS. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2002, p. 4, 19 y ss. 15. Organización Internacional del Trabajo (O.I.T). “Tendencias mundiales del empleo juvenil”, Ginebra, 2004, p. 24. 16. MULLER, Pierre. Las políticas públicas. Op. Cit, p. 35. 17. ZULETA, Estanislao. Arte y Filosofía. Medellín: Fundación Estanislao Zuleta y Hombre Nuevo Editores, 2001, p. 229-246. 18. CASTORIADIS, Cornelius. Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto. España: Gedisa, 1998, p.133. 19. ZULETA, Estanislao. Arte y Filosofía. Ibídem. 20. Palabras pronunciadas por Luis Fernando Vélez Vélez el 11 de diciembre de 1987 en el salón de sesiones del Consejo Municipal de Medellín, durante la Asamblea de Reconstitución del Capítulo de Antioquia del Comité permanente de los Derechos Humanos. VÉLEZ VÉLEZ, Luis Fernando. “Sobre derechos humanos”. En: Estudios de Derecho (Medellín) Vol. 046, No. 111-112 (Mar-sep 1987), p. 162-167.

Ituango: el megaproyecto hidroeléctrico y su influencia en la población, el territorio y el medio ambiente Por Giovany Areiza Madrid Estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia yovany0000@gmail.com

“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidad para cambiar las cosas, entonces hay una opción de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esta es tu alternativa” Noam Chomsky

Introducción

n colombia, un país caracterizado por poseer importantes fuentes de riqueza natural y de biodiversidad, se ha convertido en una desgracia nacer y poblar territorios con presencia de recursos naturales y que constituyan una enorme importancia geoestratégica. El Estado colombiano, siguiendo los intereses político económicos del modelo de desarrollo neoliberal adoptado y articulado al orden económico internacional, ha propendido por apropiarse de los territorios que se consideren claves para la explotación minera o la generación de energía, superando las barreras jurídicas y legales que se interpongan. Pensándose siempre que el desarrollo equivale al crecimiento económico como teoría constituyente y hegemónica para conseguir el progreso, se desprenden consecuencias que van más allá del ámbito meramente económico que constituyen el interés principal de este trabajo, el cual busca develar los principales riesgos y efectos que produce la construcción de la hidroeléctrica Pescadero Ituango y su impacto ecológico, social y ambiental, sobre una población fuertemente golpeada por el conflicto y la violencia, en el cual se disputa un territorio que posee una de las fuentes hídricas más importante del país, localizada

en el municipio de Ituango y sectores aledaños a esta zona del norte de Antioquia. El debate generado por ese contexto de desterritorialización y despojo —que también podrá leerse como desplazamiento forzado— será enriquecido con elementos de las llamadas “teorías alternativas del desarrollo”, que permitirán generar elementos de discusión a una situación problemática que se vive en la actualidad, que involucra las poblaciones impactadas por el megaproyecto y que pueda servir de herramienta de discusión en la realidad.

Hidroituango, una aproximación histórica La idea de construir una nueva fuente de generación de energía, como clave para el desarrollo económico-energético regional, llevó a que desde hace más de 40 años, en el departamento de Antioquia, se formulasen los primeros indicios de un ambicioso y casi utópico megaproyecto. Aunque el proyecto ha tenido gran relevancia y difusión mediática en los últimos meses con ocasión de los movimientos estratégicos del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, para dominar el destino del megaproyecto, desde el 18 de agosto de 1969 reposa en los archivos de la firma Integral S.A. la propuesta “Desarrollo hidroeléctrico del Cauca Medio, memorando preliminar sobre capacidad potencial y posibilidades del desarrollo escalonado”1. Esta “utopía” energética dejó de serlo a partir del primer estudio de factibilidad de Pescadero Ituango en 1982. Ese año, Integral S.A. proyectó para Interconexión Eléctrica S.A. una obra con capacidad instalada de 4.270 megavatios (MW)2, que demandaría una inversión de 2.314 millones de dólares. En las instancias legales, jurídicas y administrativas, la disputa de competencias concentró la atención y la participación de diferentes organismos de control y vigilancia, que van desde la jurisdicción municipal, departamental y nacional. Mediante Ordenanza 35 del 29 de diciembre de 1997, la Asamblea Departamental de Antioquia creó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.3 En 1998 Integral S.A se vincula con la Sociedad Promotora de Pescadero Ituango, con un paquete accionario del orden del 7%. En el año 2002, los técnicos de Empresas Públicas de Medellín, EPM,

afirmaban que Pescadero Ituango no era viable y que no era pertinente continuar la inversión del proyecto. Como socio y consultor a Integral S.A le tocó librar una batalla para cambiar esta percepción con argumentos muy sólidos. En ese entonces, la presidencia de Integral S.A estaba en cabeza de Federico Restrepo Posada, quien laboró durante 24 años con esta firma, luego fué representante del alcalde Sergio Fajardo en la junta directiva de EPM y desde abril de 2008 fué gerente general de EPM, el segundo socio en Pescadero Ituango, después de la “toma hostil”4 por parte del IDEA. Pescadero Ituango es la materialización del más grande proyecto hidroeléctrico de Colombia, pues se planea represente una entrada al sistema de 2.400 MW de energía, que se equiparan con la totalidad de la energía generada por la empresa EPM, que se calcula que en todas sus centrales, en su totalidad, generan alrededor de 2570 MW; se estima que para 2018 cuando el megaproyecto Pescadero Ituango comience a operar, cubra aproximadamente el 20% de la demanda de energía que se proyecta para todo el país. Además de convertir al país en una importante fuente exportadora energética de Latinoamérica. El área donde se ubican las obras y el embalse del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango están localizadas al norte del departamento de Antioquia, entre Liborina, al sur, y la desembocadura del río Ituango en el Cauca, al norte. Las obras principales se concentran al norte del departamento, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, pasando por el municipio de San Andrés de Cuerquia y a 7 kilómetros aguas abajo del denominado Puente Pescadero sobre el río Cauca, en jurisdicción de los municipios de Ituango y Briceño. El embalse formado con la construcción de la presa inundará territorio de los municipios de Ituango, Peque y Buriticá por la margen izquierda y Briceño, Toledo, Sabanalarga y Liborina por la margen derecha.5 Tanto como para el departamento como para el país, desde las agendas programáticas de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, se ha establecido poner en marcha el megaproyecto. Lo que ha devenido en fuertes enfrentamientos y disputas de competencias, que van desde lo municipal y lo departamental hasta lo nacional, pa75

La idea del megaproyecto hidroeléctrico es vendida a la población según la lógica del progreso y el desarrollo tecnológico y económico neoliberal en la que exclusivamente se analiza el coste-beneﬁcio económico del proyecto9 y los beneﬁcios que supuestamente esto conlleva para la población, sin realizar un análisis multicriterial que devele los consiguientes efectos en la alteración del clima, la humedad, la inestabilidad del suelo.

sando por fuertes discusiones desde la perspectiva jurídica y legal, que ha producido un gran impacto social, político, económico y ambiental. Lo que evidencia la carencia de una agenda pública en la elaboración de megaproyectos, que solo desemboca en un conflicto de intereses y de intencionalidades político económicas, sustentadas, por supuesto, por una sólida base legal.

Ituango, la tierra en disputa Aferrados por un pasado reciente para no repetir la historia, los habitantes de este municipio del Norte antioqueño viven en medio de la expectativa del proyecto Pescadero Ituango, el temor a la guerra y también al olvido6. Los antecedentes en materia de derechos humanos en la zona de Ituango son desoladores. Ituango ha sido un territorio estratégico para los grupos armados, que lo han tenido como retaguardia y base de apoyo para sus actividades al margen de la ley, pero en los últimos 10 años se convirtió en un escenario donde la muerte se abre paso sin control y la guerra es el pan de cada día. Desde finales de los 70 han persistido los fuertes combates donde se ve inmiscuida la población civil y con la construcción de la presa los enfrentamientos se han intensificado. El 7 de agosto de 2002 ingresaron las autodefensas, pero con la denominación del Bloque Minero, grupo al mando del extraditado ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy. Ese día, según las narraciones hechas al periódico El Espectador desde el anonimato por habitantes del municipio, los paramilitares ingresa76

ron desde Tarazá a la vereda Conguital, violaron a las mujeres, asesinaron a 15 campesinos y provocaron el desplazamiento de 190 personas.7 Según los habitantes de Ituango, la presencia de la guerrilla data desde 1969, cuando llegaron al corregimiento de Santa Ana. Desde comienzos de la década de los 70, en esta región, también estuvieron miembros del Ejército de Liberación Nacional y del Ejército Popular de Liberación. Grupos que llegaron utilizando los corredores de la cordillera occidental que llevan a la región del Urabá antioqueño y al Alto Sinú en Córdoba. Pero durante los últimos diez años, luego de la arremetida de los paramilitares, sólo quedó el frente 18 de las Farc, una facción del Bloque José María Córdoba, que hoy se llama Bloque Noroccidental Iván Ríos. Para la justificación del proyecto, no solo se expone la promesa de crecimiento económico, sino que el lenguaje de sus promotores habla de que su realización generará “bondades” al territorio y en si a la región. Bondades de las que no está muy segura la socióloga ituanguina Nubia Ciro, quien se opone al proyecto por el modelo y la forma excluyente en que se está mirando. Según ella, “la energía que saldrá de la región será exportada, mientras en el Norte antioqueño no hay cobertura de servicios públicos y esta se hará a costa de la vocación agrícola de la región, que se convertirá en destino turístico”.8

Desterritorialización y despojo Aunque la mayoría de casos de desplazamiento forzado son producto de conflictos sociales y violen-

cias dirigidas al control territorial sobre las poblaciones de manos de grupos armados, desde el ámbito estatal también puede verse este tipo de prácticas con herramientas menos violentas pero con muchos más efectos sobre el territorio. Para la construcción de la hidroelétrica se ha previsto una serie de estudios de impacto ambiental y social, que se convierten en requisitos para poder obtener la aprobación de los ministerios de Medio Ambiente y de Minas y Energía, requeridos por la norma constitucional. El estudio se reduce a índices de riesgo directo y a como, desde la perspectiva económica, puedan indemnizarse los daños ocasionados. Lo que no se tuvo en cuenta es que la población, cultural e históricamente, se encuentra arraigada a la tierra y al trabajo de la misma, y erróneamente se creyó que un proceso de industrialización y una promesa de crecimiento económico no afectaría la vida de sus pobladores, o más bien, a sabiendas de este cambio en sus valores culturales y tradicionales, se les obliga a someterse a las condiciones en las que, debido a las inundaciones y daños en el territorio efecto de la construcción, serían reubicados, todo en nombre del interés general y el progreso regional. La idea del megaproyecto hidroeléctrico es vendida a la población según la lógica del progreso y el desarrollo tecnológico y económico neoliberal en la que exclusivamente se analiza el coste-beneficio económico del proyecto9 y los beneficios que supuestamente esto conlleva para la población, sin realizar un análisis multicriterial que devele los consiguientes efectos en la alteración del clima, la humedad, la inestabilidad del suelo, etc. Entre otros factores también se destacan los geológicos, geopolíticos y de privatización del agua que llevan a concluir que para un proyecto de esta envergadura el criterio de comparabilidad coste - beneficio es muy débil al basarse exclusivamente en términos económicos, incentivados por las famosas “locomotoras del desarrollo” que se extienden por todo el territorio colombiano cometiendo abusos sociales y medio ambientales en pro del progreso.

Una visión de alternativas Desde esta perspectiva surgen críticas provenientes de la formulación de una visión alternativa

a este modelo de desarrollo y de crecimiento económico netamente neoliberal; para este caso, se expondrán diferentes formas de entender la problemática en cuestión, aportando a una visión más complementaria y abierta a la discusión generada, donde se brindan elementos críticos al modelo adoptado, y la posibilidad de generar criterios alternativos de debate. La teoría alternativa del endodesarrollo fija una posición crítica a la puesta en marcha del megaproyecto hidroeléctrico, ya que desde sus postulados teóricos, por endodesarrollo o desarrollo endógeno puede entenderse, según Antonio Hidalgo, “aquella dimensión del desarrollo que destaca el papel jugado en dicho proceso por la propia comunidad afectada, que está en función de sus recursos materiales y humanos, y de sus valores culturales.”10 En síntesis, el proceso de desarrollo endógeno es aquel que surge de la capacidad de la población de un territorio para liderar su propio desarrollo, por medio de la movilización de su potencial local, y con el objeto de mejorar el nivel de vida. Muy contrariamente a los hechos de la hidroeléctrica, donde se tuvo poca o nula atención a los efectos causados y la posición de la población frente a la propia pérdida de sus tierras y tener que desalojar sus lugares de trabajo, donde la participación se reduce a un mero pliego de exigencias que serán indemnizadas económicamente, ya que la población no es quien lidera el proceso, ni siquiera quien lo planteó, lo que se traduce en una fuerte inconformidad y desestabilidad social, que como vemos en la actualidad, la población responde con movilizaciones de protesta y descontento y más aun, se ven afectados sus niveles de vida con el avance del proyecto. El impacto social, ambiental y cultural también entra en el debate. Históricamente los derechos de las poblaciones afectadas por el proyecto han sido vulnerados de manera sistemática, su voz no se ha escuchado y hoy ante las discusiones que se plantean sobre lo que allí pasará, sigue sin preguntárseles cuál es su opinión, reduciendo el problema a simples censos de poca legitimidad. Otra visión alternativa es propuesta desde la satisfacción de necesidades básicas donde se sostiene que “la única forma de eliminar la pobreza absoluta de una forma permanente y sostenible es 77

Sólo en el municipio de Ituango la producción agrícola se ha reducido en un 70%. De 25.000 habitantes, más de 16.000 han sido desplazados en los últimos años. El incremento en el costo de vida por causa de la generación de expectativas derivadas de la represa ha sido del 40%, y el porcentaje de las necesidades básicas insatisfechas es del 76%.

aumentando la productividad de los pobres; sin embargo, para ello es necesario que dichos pobres tengan sus necesidades básicas satisfechas”11, que para el caso de la hidroeléctrica, puede verse cómo el megaproyecto contribuirá a destruir la base productiva agrícola de la zona, contribuyendo al desarraigo cultural y a la pérdida de identidad, rompiendo lazos comunitarios y ambientales y que, pese a la gran producción de energía eléctrica de la central, esta se dedicará exclusivamente a la exportación, no asegurándose la energía eléctrica a las comunidades aledañas, donde en municipios como Ituango existen familias a las que ni siquiera llegan los servicios públicos domiciliarios, o una necesidad tan básica como lo es el acceso al agua potable. Un punto clave para la crítica desde esta perspectiva alternativa. Sólo en el municipio de Ituango la producción agrícola se ha reducido en un 70%. De 25.000 habitantes, más de 16.000 han sido desplazados en los últimos años. El incremento en el costo de vida por causa de la generación de expectativas derivadas de la represa ha sido del 40% y el porcentaje de las necesidades básicas insatisfechas es del 76%.12 En este punto de la discusión y que configura un gran aporte al debate propuesto es el asunto de la Declaración de Río, el cual supuso la constatación del agotamiento de un estilo de desarrollo, generador de injusticia y malestar social, así como causante de una intensa degradación ecológica. También se puso de manifiesto el reconocimiento de los países desarrollados de su deuda ambiental del pasado, aceptando el principio de responsabi78

lidad compartida pero diferenciada, así como de la capacidad tecnológica y financiera de estos países para contrarrestar el deterioro ambiental.13 Esta declaración pone a los seres humanos en el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible y considera la erradicación de la pobreza como requisito indispensable para la consecución de un desarrollo sostenible, al tiempo que refiere a éste en términos de respuesta equitativa a las necesidades de las generaciones presentes y futuras. También incluye la protección del medio ambiente como parte integrante del proceso de desarrollo, sin que pueda considerarse de forma aislada. La Declaración de Río plantea la necesidad de un cambio en los modelos de consumo y de producción hacia estilos de vida sostenibles, así como el fomento de políticas demográficas dirigidas a reducir el crecimiento de la población; “para ello sugiere la utilización de la sensibilización popular. También asume el principio de quien contamina paga, como forma de internalizar los costes ambientales de la contaminación y el deterioro ecológico.”14 Es en esta dirección que apunta la concepción alternativa de un desarrollo sustentable, que para la construcción y operación de la central hidroeléctrica Pescadero Ituango aporta elementos claves a cómo el deterioro ecológico y ambiental es reducido a cuanto pueden pagar sus promotores por el daño ocasionado, ya que como bien se sabe, las ganancias serán multimillonarias, y el daño causado será pagado en efectivo. La legislación colombiana trató de poner barreras a la libre explotación desmesurada de los recursos, articu-

lándose a ciertos postulados de la Declaración de Rio, pero para este megaproyecto solo fueron obstáculos jurídicos fácilmente superables. La importancia que se le da, desde una concepción crítica del ecodesarrollo al tema ambiental es secundaria, ya que lo que prima es lo económico, contrario a los postulados de Antonio Hidalgo, cuando afirma que “el ecodesarrollo es un estilo de desarrollo que, en cada región, requiere soluciones específicas para los problemas particulares de la misma, teniendo en cuenta los datos culturales y ecológicos, y tanto las consideraciones a largo plazo como las necesidades inmediatas15; por tanto, esto supone que el criterio de progreso está relacionado con cada caso particular, en el que el medio ambiente juega un papel fundamental. Según esta visión, el desarrollo no tiene un sentido universal, no hay desarrollo como tal, sino desarrollo de algo, de una cierta ecorregión que tiene que buscar la imagen de su propio futuro, no en los países más avanzados, sino en su propia cultura y ecología. A sabiendas, de que el objetivo principal de la hidroeléctrica es “Convertir a colombia en una potente exportadora de energía, competitiva y creciente ante las exigencias de mercado mundial”16, los valores culturales y tradicionales de la región pasan a un segundo plano. Los elementos de esta estrategia de desarrollo ya no van a ser los clásicos de trabajo-capital-inversión, que diametralmente se oponen a los intereses del megaproyecto, el cual no busca que la comunidad local y el ecosistema local se desarrollen juntos en busca de una mayor productividad y de un mayor grado de satisfacción de las necesidades, pero sobre todo que este desarrollo para nada es sustentable en términos ecológicos y sociales.

Conclusión Asistimos a un caso de suma importancia en la actualidad, un debate que tiene los suficientes argumentos para desarrollar a cabalidad una obra de infraestructura y proporciones únicas en el país en materia de desarrollo energético y crecimiento económico significativo tanto para la región como para la nación. Pero también, los suficientes argumentos para detener tal crimen ambiental y ecológico, que afecta tanto la región como la población, ocasionando el desplazamiento forzado y la

pérdida del territorio de arraigo de sus pobladores, alterando sus dinámicas laborales y de consumo, imponiendo una nueva forma de vida contraria a sus tradiciones culturales. El sustento de la hidroeléctrica Pescadero Ituango es la base económica que podría significar para el progreso energético del país, y la posibilidad de repotenciar el sector con un megaproyecto que convertirá a Colombia en un país competitivo y exportador. Suficientes argumentos de peso, para que la legislación le abra sus puertas a su consecución, donde tal y como se ha visto, ha devenido en un profundo conflicto de intereses y un gran problema institucional de apoderamiento y competencias. Tal crisis ha sido superada victoriosamente por la astucia administrativa de los grandes empresarios y poderosos frentes económicos departamentales. Los organismos de control solo han servido a manera de obstáculo fácilmente superable. El interés general en el que se sustenta el megaproyecto cubre el discurso para su realización. El objetivo de este escrito siempre estuvo dirigido a superar en dicho debate la visión simplista y determinista económica, poniendo sobre la discusión ejes igualmente problemáticos en materia de peso social, político, ambiental, ecológico y poblacional, viéndose afectados gravemente los territorios de influencia que se circunscriben al plan territorial y geoestratégico de la hidroeléctrica Pescadero Ituango. Desde las teorías alternativas se hizo un aporte significativo al debate, en materia de reconocimiento de posiciones y visiones acerca del proceso. Como lo fue el problema fundamental de las necesidades básicas insatisfechas de los sectores impactados, lo que evidencia una inconsistencia y un interés prioritario en que las poblaciones afectadas no se vean significativamente beneficiadas con el megaproyecto hidroeléctrico. Un panorama adverso donde aquellas poblaciones no tienen acceso a los recursos y servicios públicos domiciliarios. Así mismo, pudo verse la crítica desde el enfoque del endodesarrollo, el cual resitúa el debate a sabiendas de los procesos mayoritariamente privados al conocimiento de la población, lo que significa que el potencial local no contribuye al no ser tomado en cuenta en las discusiones de evaluación del mega79

proyecto, el cual se reduce a calificativos otorgados por organismos institucionales que poco o nada tienen que ver con los proceso endógenos de desarrollo. Por su parte, dichos criterios son determinados por estudios de impacto ambiental que solo pueden formular soluciones económicas y de corto alcance, incapaces de cubrir la totalidad de la problemática generada por la hidroeléctrica. Por último, debe, de la misma manera, hacerse hincapié en los factores de daño ecológico y ambientales irreparables, producto de la total alteración

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sufrida por la construcción de la hidroeléctrica, que luego de verse envuelta en choques administrativos y jurisdiccionales en materia ambiental, logra desvanecer todo tipo de efectos lesivos, superponiendo los grandes beneficios que desde la perspectiva económica, superan cuantitativamente el daño producido sobre el territorio, pero que a final de cuentas, cualitativamente, el daño natural y ambiental ocasionado por el megaproyecto no podrá nunca ser reparado, porque para el despojo no existe indemnización, solo una respuesta asistencialista a una profunda y compleja desterritorialización.

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– MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA. Unidad de planeación minero-energética, portafolio de proyectos de generación de energía Bogotá, 2007. – MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución número 0155 del 30 de enero. Bogotá, 2009. – PERIÓDICO EL ESPECTADOR, “El milagro de vivir en Ituango”. Agosto 30 de 2008. p. 4. Notas 1. Proyecto hidroeléctrico Ituango proceso de contratación 005-2009, términos de referencia, servicios de interventoría durante la construcción de las obras de infraestructura del proyecto

2. Ibid. p. 34.

4. Con ese porcentaje se ubicó como accionista principal al llegar casi al 52 por ciento. La forma de llegar a esa posición dominante fue atacada por la Alcaldía y EPM. Adujeron que el IDEA había roto el pacto de mantener igualdad accionaria (46 %) y que serían demandados por toma hostil (entendida como control accionario sin consentimiento de las partes). Véase: periódico El tiempo, 21 de julio de 2008. p. 5. 5. República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, unidad de planeación minero-energética, portafolio de proyectos de generación de energía, Bogotá D.C., Mayo de 2007, p. 87.

6. Jiménez , Germán. Pescadero Ituango, La central de las ambiciones: la historia no oficial del proyecto más grande en la historia de Colombia. Medellín, 2008. p. 24. 7. Periódico El espectador, “El milagro de vivir en Ituango”. Agosto 30 de 2008. p. 4. 8. Ibid. p. 4. 9. Hidalgo Capitán, Antonio Luis (1988). El pensamiento económico sobre desarrollo. De los mercantilistas al PNUD. p. 169. 10. Hidalgo Capitán, Antonio Op cit. p. 239. 11. Ibid. p. 234. 12. Jiménez, Germán. Op cit p. 28. 13. Hidalgo Capitán, Op cit. p. 247. 14. Ibid. p. 248. 15. Ibid, p. 250. 16. Proyecto hidroeléctrico Ituango, proceso de contratación 005-2009, términos de referencia, servicios de interventoría durante la construcción de las obras de infraestructura del proyecto hidroeléctrico Ituango. Medellín, 2009 p. 43.

L ¿Por qué una asociación de padres y madres de familia en la universidad pública...? Por Asopamaudea*

a sociedad colombiana atraviesa por uno de sus momentos más críticos por la multifactorialidad de situaciones problémicas. Por un lado está inserta en un proceso de conversaciones en búsqueda de la paz tan anhelada por los colombianos luego de una realidad de violencia, desazón e inseguridad generada desde la “horrible noche” de los grupos al margen de la ley que asolaron el territorio nacional desde los extremos de las castas políticas y sociales: en la extrema derecha los grupos paramilitares, llamados ahora “bandas criminales”, que lo han sido siempre, que saquean, aterrorizan y desplazan a los moradores y nativos, a los campesinos y habitantes de las veredas que tienen que huir hacia las ciudades por sus vidas. Por otro lado quedan los grupos guerrilleros que arrastran una historia de desapego especialmente con las clases más acaudaladas. Además, tercia también el funesto problema del narcotráfico, con su apéndice lógico: el micro-tráfico que, con sus plétoras económicas, deslumbró a la sociedad, permeando tanto a la política como a la institucionalidad del país. Por demás, las situaciones de desempleo progresivo, la puesta en marcha de las locomotoras de desarrollo del gobierno Santos, la carestía galopante, el bajo nivel del salario mínimo mensual vigente, las reformas de los servicios de la sociedad, las aspiraciones de reelección del gobierno actual, la preocupación casi estresante por la 81

política interna de los países vecinos, en especial Venezuela, en apoyo de la oposición a las ideas chavistas, son otros de los factores que tornan nebuloso el panorama nacional.

...con nuestra visión de personas maduras exigimos que la nueva ley de educación sea pública gratuita, pluriétnica e intercultural, respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente, y de calidad. Además que contemple, como un aspecto vinculante, la participación de los padres y madres de familia organizados en la administración de los establecimientos educativos de todos los órdenes.

Los poderes ejecutivo y legislativo en sus apuestas de organización del Estado para usufructo de algunos sectores económicos (nacionales e internacionales), sociales, políticos y de las castas familiares; en sus ajustes del gasto y la generalización del ideario neoliberal, han tomado decisiones que privilegian el gasto popular y la mercantilización de los servicios que garantizan los derechos de los colombianos. La justicia ha terminado por entrar en un proceso de parcialización en beneficio de quienes pueden pagar los caros servicios de una importante pléyade de profesionales del derecho, dejando que la venda se descuelgue en favor de los mejor favorecidos; para algunos siempre habrá la garantía del debido proceso mientras que para los otros ¿hum? Algunos de los renglones en que se manifiesta la anterior afirmación son la educación pública y la salud. En el tema de la salud, la Ley 100 de 1993 le quitó al Estado la obligación de la prestación de los servicios de salud del pueblo lo que, a la larga, desestabilizó a los colombianos en dicho asunto, con secuelas en las que los ganadores son inversionistas a quienes poco o nada les importan cuestiones que se aparten de las ganancias. Entre los sectores más damnificados por los bamboleos de gobernantes, políticos y “padres de la patria”, se encuentra la educación, a pesar de su rol indiscutido y esencial en la formación de las nuevas generaciones, al cual se le ha venido mermando la calidad desde la generación de condiciones estructurales. Se ha llegado al punto de convocar como educadores a una heterogénea mezcla de profesionales, difícil de justificar; tal pareciera que el mismo Estado no creyese en la especificidad de las especialidades académicas, con lo cual se ha puesto en evidencia las políticas de transitoriedad y precariedad en que se quiere mantener a este derecho de los colombianos renacientes. La crisis en la educación colombiana incita y/o aconseja medidas que se salgan del baúl de quienes han venido des-organizando el servicio en detrimento de la sociedad. En la actualidad las instituciones educativas —en especial las del nivel superior—han tenido que convertirse en generadoras de ingresos para la solución de sus problemas, lo cual obliga a que las familias no se sientan en el futuro detentoras de ese derecho cuando no tengan cómo pagarlo. Respecto a la educación inicial, básica y media, con los discursos de cobertura se han ido generando unas condiciones falaces e inequitativas, porque se repletan aulas de estudiantes engañando a los padres de familia, creando unas condiciones de acoso laboral a los educadores e irrespetando a los estudiantes hacinándoles en espacios reducidos que lo menos que hacen es educar; por otra parte, el deseo de “cero repitencia”, mal llamada promoción automática, está alimentando la cultura del facilismo de los estudiantes que, en el futuro, dentro del mercado laboral, serán presas fáciles de los “depredadores” y explotadores con la aparición en el acontecer docente de leyes que dan

un mentís a la labor misional de la escuela, porque se está estimulando la creencia del aprendizaje sin esfuerzo alguno. El Decreto 0230 de 2002 se ha convertido en la panacea de evaluación del proceso educativo colombiano obligando de facto a una promoción automática para la cual no se miraron ni escrutaron condiciones, lo cual convierte un sueño a lograr en una escandalosa catástrofe que solo beneficiará a los empleadores y patronos. Así y sólo así, se podrá justificar el SMMV de miseria acordado por los políticos, empleadores, bancos y demás gremios económicos. En todo esto, el constituyente primario es convocado a base de engaños para que algunos se privilegien; las familias, los padres, la academia, los sindicatos, las asociaciones de usuarios, el pueblo, nunca ha sido convocado para que se pronuncie bajo condiciones de buena información, libertad de expresión y autonomía. Igual sucede con todo en Colombia, se repite hasta el cansancio ese título de Álvaro Salóm Becerra: “Al pueblo nunca le toca”. Es momento de salir de este marasmo. La familia colombiana ha empezado a interesarse por los asuntos de alta política y comienza a organizarse. Su inacción histórica ha permitido hechos como las pérdidas de territorio —la última de ellas, la del mar territorial—, las conclusiones de los cabildos del Caguán, los TLC y otros acuerdos internacionales inconsultos, caso el affaire de Bahía Málaga en el gobierno de Gaviria, el caso de las, por lo menos, seis bases aéreas en territorio colombiano entregadas a los norteamericanos; el endeudamiento externo con las mal llamadas “ayudas norteamericanas” que luego quedan en el silencio de los muertos; las concesiones a transnacionales que desmejoran la calidad de vida de quienes habitan esas regiones, y muchas cosas más, que incluso desconocemos, se produzcan, todas ellas con secuelas de entrega de soberanía y regalo de territorio nacional. ¿La expresión, Estado social de Derecho con democracia ´participativa, puede ser aceptada incondicionalmente…? ¿Está Colombia tan bien organizada y dirigida que se deba aceptar lo establecido cuando las mayorías no han intervenido en las transformaciones...? Los padres y madres de familia somos uno de los gremios esenciales del país y, por tanto, todas las decisiones que nos afectan deberían pasar por su escrutinio.

El papel de las asociaciones de padres Ante esta avalancha de desaciertos históricos y “embarradas” en la dirección del Estado, las regiones y los municipios en cada uno de los sectores de la administración con el sello de las ideas neoliberales, que pretenden despojar a la nación de sus riquezas en beneficio exclusivo de los ricos para que éstos, en un perverso efecto llamado “de cascada” redistribuyan (las sobras de???) los recursos del PIB, lleva a que cobre vigencia y se haga imprescindible la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre los temas de la colombianidad. Es necesaria la presencia de la familia participante y organizada para que reivindique su derecho al buen vivir para un buen convivir1 dentro del paradigma del Sumak Kawsay2, en su inalienable e irrenunciable condición de co-responsable de la educación de sus hijos y de todos los colombianos. En la Constitución Política de Colombia en el artículo 67, refiriéndose a la educación, expresa: “«…será gratuita en las instituciones del Estado»; la Ley 115 o Ley General de Educación en el artículo 4 dice textualmente: “, «…corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación», mandato que es refrendado por la (sentencia T-068 de 2000), los decretos 1860 de 1994 y 1286 de 2005; luego, la participación de los padres de familia está reglamentada; es pues, necesario ocupar dichos espacios. La Asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. Justamente, se inserta en una idea del señor rector de la Universidad de Antioquia, doctor Alberto Uribe Correa, respondiendo a un interrogante de Observatorio Universitario”, expresada en agosto 5 de 2011; pregunta: ¿Y los consejos superiores si son representativos? Respuesta del señor rector: “Considero que ahí faltan otras organizaciones sociales como padres de familia, acciones comunales, entre otros, (…), para tratar de hacer una reforma más civilizada y democrática posible”. El tema de las asociaciones de padres y madres, (madres y padres) de familia de estudiantes de universidades de públicas no deja de ser un reto político garante de la participación de la sociedad civil, representada en madres y padres, en los asuntos 83

educativos en Colombia; por el momento se sabe de universidades oficiales donde los padres y madres de familia se hayan organizado en este tipo de estamento: en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Pedagógica, en la Tecnológica de Pereira y en la Universidad de Antioquia. Además se encuentran en algunos países latinoamericanos como México, Costa Rica; además en USA y Canadá. En Europa y Asia se conocen casos de algunas de estas entidades en España y China.

Funciones3 de una asociación de padres de familia Las asociaciones de padres de familia han sido los actores locales más activos, ellos permiten el desarrollo de numerosas actividades que conllevan la dotación de materiales didácticos, reparación de aula, centros recreativos culturales y la realización de ferias; como quienes dicen, tapando las fallas del Estado en cuanto a la dotación de los establecimientos e instituciones educativas. Tienen fundamentos claros y tareas específicas especificados en el artículo 9 de los decretos 1860 de 1994 y 1286 de 2005, en los que se expresa que: “el rector o director promoverá la organización de la asociación de padres de familia en el establecimiento educativo como un medio de fortalecimiento de la democracia participativa”. La comunidad educativa de cada centro escolar del nivel medio, conformada por padres de familia, educadores, estudiantes y demás funcionarios, vigila la utilización de los recursos financieros proporcionados a los colegios, establecimientos educativos e instituciones y todo lo concerniente a la correcta administración de tales centros e instituciones. Según lo reglamentado en el art. 30 del Decreto 1860/94, son funciones de las asociaciones de padres y madres de familia, las siguientes: a) Velar por el cumplimiento del apoyo educativo institucional y su continua evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas. b) Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. En el hoy, de la vida universitaria colombiana, estaremos codo a codo con nuestros hijos y acudi84

dos en sus justas luchas por lograr la gratuidad de los estudios superiores. La Asociación de Padres y Madres de la Universidad de Antioquia —Asopamaudea— tiene dos afanes específicos además de los de ley. Primero, uno de tipo social inherente a su condición filial: garantizar a nuestros vástagos condiciones adecuadas para que materialicen sus sueños. Segundo, otro de tipo político que lleva ineludiblemente a dos logros: 1. Lograr el acceso de los padres y madres de familia a las instalaciones de la universidad con su inclusión en la tarjeta, TIP, de cada estudiante y, 2. La participación, con voz y voto, en el Consejo Superior Universitario y demás instancias de administración y toma de decisiones de la Universidad. Trabajaremos por: involucrar activamente a padres y madres de familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas, proporcionando orientación relacionada con sus deberes y derechos4. La defensa de los derechos de los estudiantes, el intercambio de experiencias y soluciones con otros colectivos pares o estamentos que lo requieran, la formación de una red de apoyo a nivel nacional e internacional, el apoyo a grupos de padres y/o madres de otras universidades que acuerden organizarse, ocupar un lugar en el CSU, con derecho a voz y voto, como ejercicio de su condición de co-administradora de la calidad de la educación5, tener acceso a las instalaciones de la Universidad (sugerimos la misma TIP de los estudiantes). Con beneplácito reseñamos el impulso y ayuda recibidos de la Asociación de Profesores de la Universidad, Asoprudea, sin la cual este proyecto no habría sido posible y por la acogida solidaria que nos ha dispensado la mayor parte de los demás estamentos de la Universidad, en especial de aquellos que hacen presencia en la asamblea multiestamentaria que se reúne periódicamente en la Universidad.

La educación que queremos Los padres y madres de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, conscientes de las responsabilidades sociales y civiles de una sociedad comprometida con el entorno, con la soberanía nacional, con los deberes políticos y con las acciones que demanda la construcción de un mundo mejor y del “buen vivir”, no podemos dejar pasar esta oportu-

nidad para expresar, a nuestro modo de ver, los perfiles que ha de tener la nueva ley orgánica de la educación en Colombia. La fallida reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó la educación superior de Colombia, es una oportunidad que nuestros hijos nos llevaron a una toma de conciencia en torno a los derechos constitucionales; uno de ellos es, precisamente, el de la participación de la sociedad civil en todos los momentos y aspectos de la vida nacional. Es por ello que elevamos nuestras voces de apoyo a los estudiantes organizados en la Mane y la Marea, para que su reclamo cuente con nuestros ánimos y nuestros corazones. Así, pues, con nuestra visión de personas maduras exigimos que la nueva ley de educación sea pública gratuita6, pluriétnica e intercultural, respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente, y de calidad. Además que contemple, como un aspecto vinculante, la participación de los padres y madres de familia organizados en la administración de los establecimientos educativos de todos los órdenes.

*ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA — ASOPAMAUDEA—

vivir, buen convivir. Agenda LATINOAMERICANA mundial 2012. Pág. 36.

NIT. 900563796–4 del 26 de octubre de 2012

2. SUESS Pablo. Sumak Kawsay: horizonte, plataforma, alianza. Agenda LATINOAMERICANA mundial 2012. Pág. 42.

Notas 1. GONCALVES Alfredo. Grandes causas hoy: buen

Los padres y madres de familia somos uno de los gremios esenciales del país y, por tanto, todas las decisiones que nos afectan deberían pasar por su escrutinio.

3. http://www.isidroparra.edu.co/normatividad/ funciones-administrativas/ funciones-de-la-asociacionde-padres-de-familia.html 4. Tomado de la “La participación de los padres de familia en la educación”. FEDERACIÓN NACIO-

NAL DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA México. 5. Artículo 4 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación. 6. Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

La erradicación del hambre, prioridad absoluta

Por Mercedes Ruiz-Giménez Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, España

ue 868 millones de personas sufran desnutrición no es fruto del azar sino de causas políticas y económicas que hacen que, a dos años de cumplirse el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio —ODM— no podamos hablar de grandes éxitos en la reducción del hambre y la pobreza. Es escandaloso que casi 900 millones de personas sufran desnutrición mientras continúan de manera imparable la especulación alimentaria en los mercados financieros y los abusos de poder de algunas corporaciones multinacionales del sector agroalimentario. Como organizaciones de la sociedad civil, exigimos que la

erradicación del hambre y la desnutrición sean un elemento prioritario en la revisión de los ODM. El derecho a la alimentación no es una dádiva del sistema internacional hacia las personas más vulnerables, sino un derecho humano que los Estados tienen obligación de garantizar. La consulta sobre hambre y seguridad alimentaria y nutricional que Naciones Unidas celebra en Madrid debe adoptar medidas contundentes para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Medidas que pasan por apostar por una agricultura campesina basada en la agroecología y el apoyo a las mujeres, principales productoras de alimentos. Una de las cuestiones más preocupantes que denunciamos es el acaparamiento de tierras,

seria amenaza para la agricultura campesina y la seguridad alimentaria en millones de personas en el mundo. La Unión Europea ha expropiado 5 millones de hectáreas de África para dedicarlas al cultivo de agrocombustibles (caña de azúcar, arroz y maíz) con consecuencias muy preocupantes para la población local: expulsión de sus tierras, destrucción de la agricultura tradicional, escasez y encarecimiento de alimentos, incremento de hambrunas, destrucción del medioambiente y deforestación. En Senegal, el 30% de la superficie cultivable (670 mil hectáreas) está en manos de empresas o estados extranjeros y de algunos altos funcionarios o empresarios senegaleses.

adquirir comida, por lo que los efectos de la subida de los precios alimentarios son devastadores. Los recursos naturales más básicos se han convertido también en objeto de comercialización por multinacionales que los explotan para su beneficio económico. Garantizar el acceso equitativo a recursos como la tierra, el agua y la biodiversidad es esencial para la erradicación del hambre. Deben establecerse regulaciones internacionales que aseguren que los bienes comunes se gestionan de forma que se garantice que la población acceda a ellos sin trabas.

Erradicar el hambre no es una tarea exclusiva de la política de cooperación; las políticas comerciales, medioambientales o económicas, tienen mucho que ver con el acceso a los alimentos. Es crucial asegurar que estas políticas son coherentes entre sí y Erradicar el hambre no es una tarea exclusiva de la política combaten el hambre. Gede cooperación; las políticas comerciales, medioambiennerar más recursos económicos para ello podría tales o económicas, tienen mucho que ver con el acceso conseguirse a través de a los alimentos. Es crucial asegurar que estas políticas políticas fiscales justas cuyos ingresos fueran destison coherentes entre sí y combaten el hambre. Generar nados a este desafío. más recursos económicos para ello podría conseguirse a

través de políticas ﬁscales justas cuyos ingresos fueran destinados a este desafío.

Otro reto es acabar con la creciente especulación alimentaria en los mercados en la que intervienen entidades financieras internacionales y los grandes poderes del agronegocio. En bolsas como la de Chicago o Londres se negocian contratos sobre la producción futura de alimentos, lo que genera una enorme subida en los precios. Como señala el exrelator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, “especular con los alimentos es un crimen contra la humanidad que los países democráticos deben impedir”. Casi 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para

Estas propuestas no podrán llevarse a cabo si no se cuenta con un firme liderazgo político al más alto nivel; deben sumarse el mayor número de gobiernos, que han de cumplir sus compromisos más allá de declaraciones y documentos. La participación de la ciudadanía es imprescindible para construir y avanzar de manera conjunta. Una buena forma de hacerlo sería integrar todas las actuaciones en un nuevo marco de trabajo que, más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apueste por Objetivos Globales. También la Alianza Española contra la Pobreza ha propuesto a Ban Ki-Moon la creación de un comité contra la pobreza integral que trabaje a lo largo de todo el año denunciado las causas de la pobreza y el hambre y proponiendo soluciones eficaces para su erradicación.

Pobreza, neoliberalismo y austeridad*

Por Xavier Caño Tamayo Periodista y escritor

eis hombres se prendieron fuego en Bulgaria y otro lo intentó en las últimas semanas. Cuatro fallecieron, dos quedaron gravemente heridos y otro se salvó porque la policía impidió que se quemara. Por pura desesperación y por los sufrimientos e incertidumbres que la crisis y sus falsas soluciones causan a la población. Esos días, docenas de miles de personas salieron a la calle manifestándose contra la pobreza y la corrupción. Y derribaron al Gobierno. A pesar de que el déficit es inferior al 2% del PIB, en Bulgaria se aplica férreamente la implacable austeridad que impone la Unión Europea. Una austeridad que ha desintegrado el sector público, recortado la atención hospitalaria, congelado salarios y pensiones y reducido ayudas al desempleo mientras el paro aumenta aceleradamente. El resultado es que, según Eurostat, el 49% de búlgaros vive en la pobreza. 2010 fue elegido por la Unión Europea como año límite para erradicar la pobreza del continente. Pero ese año había 80 millones de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza. Peor aún, en 2012 ya eran 120 millones los europeos pobres con severas privaciones materiales. Según el estudio de Eurostat, con Bulgaria, sufren considerable pobreza Rumanía y Letonia con un 40% de población empobrecida; Lituania 33%; Grecia y Hungría 31%, y España y Grecia casi 22%. Docenas de millones de personas solo sobreviven en Europa. Sobrevivir, que no es vivir. Incluso en Alemania se nota la pobreza. Una pobreza nada casual. 88

Según el estudio de Eurostat, con Bulgaria, sufren considerable pobreza Rumanía y Letonia con un 40% de población empobrecida; Lituania 33%; Grecia y Hungría 31%, y España y Grecia casi 22%. Docenas de millones de personas solo sobreviven en Europa. Sobrevivir, que no es vivir. Incluso en Alemania se nota la pobreza. Una pobreza nada casual.

Un informe de 2011 sobre derechos sociales y económicos en Alemania, elaborado por veinte ONG (entre ellas Amnistía Internacional), muestra que el país se ha degradado. La Agenda 2010, definida por el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung como la mayor amputación de derechos sociales en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, impuso los recortes y la austeridad que causó el retroceso. Las cifras oficiales dicen que hay unos 3 millones de parados [desempleados]. Cifra no escandalosa, pero más de 5 millones de personas con empleo necesitan ayuda social para vivir porque los sueldos no alcanzan para hacerlo con la dignidad mínima exigible. La precariedad laboral establecida ha creado una nueva categoría: pobre a pesar de tener trabajo. Cruz Roja y Media Luna Roja han informado de que esos pobres nuevos aumentan en Europa. Más de 26 millones de personas no tienen empleo en esta Unión Europea en recesión y millones de personas sufren por falta de alimentos y de asistencia médica, pueden ser desahuciados o ya perdieron sus casas. Oficialmente, ser pobre es disponer de menos del 60% del salario medio de un país. En el caso español, el umbral de pobreza para un adulto que viva solo está en 6.278 euros anuales. Y para una familia de padres y un hijo menor, el umbral de pobreza es 11.300 € anuales. Treinta euros diarios para pagar vivienda, luz, agua, calefacción, alimentarse, vestirse... Es decir, ser pobre. La austeridad como respuesta falaz a la crisis ha conseguido que millones de europeos que antes vi-

vían sin sobresaltos, ahora lo hagan de forma complicada y precaria. Tener trabajo y estar en riesgo de exclusión social ya no es un absurdo en Europa. Rebajas salariales, subidas de precios, pérdida de poder adquisitivo, disminución y empeoramiento de servicios públicos más aumento de inestabilidad laboral han aumentado el número de personas que, aún con empleo, roza la pobreza. En España, por ejemplo, la tasa de esa pobreza laboral pasó del 10,7% en 2007 al 12,7% en 2012, según un estudio de la Fundación Alternativas. La impuesta austeridad que ha generado toda esa pobreza en Europa consiste en quitar dinero a la ciudadanía para rescatar bancos, financiar la crisis bancaria con deuda pública, aprobar reformas laborales para abaratar el despido, sustituir impuestos directos por indirectos, tolerar de hecho un fraude fiscal enorme, privatizar lo público... La austeridad es el medio de transferir rentas de las clases trabajadoras a la minoría rica dominante. El resultado de la austeridad impuesta desde 2010 en Europa para afrontar la crisis es un innegable fracaso. Dos años después, los mercados no se han calmado, no hay crédito, no hay recuperación económica, hay recesión, no disminuye el déficit, crece la deuda pública, la privada es impagable, disminuye el consumo, se cierran empresas y aumenta aceleradamente el desempleo. Un descalabro. Esa pretendida austeridad despilfarra bienestar, destruye empleo y dinamita la actividad económica presente y futura. Eso es dilapidar, eso es derroche.

*Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias

Comida que nos envenena Por Ana Muñoz Álvarez Periodista ccs@solidarios.org.es

ás de 100.000 millones de euros gastaron en comida los españoles en 2012. Toneladas de comida que debería ser segura y estar en condiciones de ser consumida sin problemas. Sin embargo, de manera cíclica, los medios de comunicación llevan a sus primeras páginas escándalos sobre alteraciones de la comida. La carne de caballo en hamburguesas de algunas marcas de carnes y los restos de bacterias fecales en los postres de Ikea han sido las últimas. Pero aún nos acordamos del E.coli en los pepinos o de la crisis de las vacas locas, que tanto alteraron a la opinión pública. Ante esta situación, ¿sabemos qué comemos? Los alimentos recorren una media de 5.000 kilómetros antes de llegar a nuestro plato, según un estudio realizado por la organización Amigos de la Tierra. Además, el estudio revela que, por ejemplo, una hamburguesa puede estar elaborada con carne de 10.000 vacas diferentes y haber pasado por cinco países distintos antes de llegar a las repisas de nuestro supermercado de confianza. Así, las empresas agroalimentarias tienen difícil seguir la pista a quién produce y los pasos que da un alimento, como nos han dejado claro escándalos como el de la carne de caballo en carnes de ternera. En este caso no hay problemas para la salud de los consumidores, ya que la carne de caballo es tan buena como la de ternera, pero sí una estafa al no quedar recogido en el etiquetado. No obstante, si las em-

presas no tenían claro en qué punto de la cadena se produjo el problema: el productor de la carne, la empresa picadora, la envasadora… ¿cómo vamos a estar seguros los consumidores de que las alarmas de los sistemas de seguridad saltarían si se produce un problema sanitario? ¿Alguien se daría cuenta? ¿Se podrían depurar las posibilidades? Organizaciones de consumidores y aquellos más críticos con el sistema alimentario explican que en las últimas décadas la cadena alimentaria entre el productor y el consumidor se ha alargado mucho. Son muchas las manos por las que pasan nuestros alimentos antes de llegar a nuestras mesas. Además, esto ha hecho que nuestra alimentación esté en manos de las grandes empresas agroalimentarias mundiales, como Nestlé, Monsanto o Kraft. Los pequeños productores agrícolas o ganaderos ya no tienen capacidad de decisión en la cadena alimentaria, tampoco los consumidores. Todo está en mano de las grandes empresas. Es el resultado de la globalización alimentaria y la deslocalización de la agricultura. A todo esto hay que sumar los cambios en la manera de producir y conservar los alimentos. En muchos casos, aún sin saber las consecuencias que esto traerá para nuestra salud y para el medio ambiente. Hoy, los alimentos llevan cientos de aditivos, conservantes, colorantes, aromatizantes, edulcorantes… Todo para hacerlos más llamativos a la vista y para que permanezcan más tiempos en nuestras despensas. (...). Las sustancias químicas o los cambios en la genética de los alimentos son cada vez más comunes. Para algunos, esta es la solución al hambre en el mundo, a las sequías o las plagas. Para otros, son más un problema que una verdadera solución. Mientras, los tomates han dejado de saber a tomates, se pueden comer fresas durante todo el año y gastamos más en alimentos precocinados y de alto valor energético. Nuestros hábitos alimenticios cambian, pero a peor. Más enfermos diabéticos, niños obesos, hipertensión… Dicen que lo que comemos es lo que somos. Pues cada vez más basura.