MEDELLÍN, agosto 9 de 2011 / N° 304
Diálogo con el Rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa
En forma muy parcial el Gobierno acogió las propuestas de las universidades en el nuevo proyecto de reforma a la Educación Superior Foto Luz Adriana Ruiz Marín
En financiación estamos lejos, muy lejos, de lo que necesita el Sistema Universitario Estatal
Confiamos en el buen criterio del Congreso de la República que siempre ha estado atento a respaldar la calidad de la universidad colombiana /
Tenemos la experiencia nefasta del sistema de salud donde es un absoluto fracaso la vigilancia y el control, que es lo que defiende el Gobierno para el caso de las universidades con ánimo de lucro. Sobre la vigilancia y el control en el sistema de salud, regido por la Ley 100 de 1993, ha dicho el presidente Santos que “donde metamos el dedo sale pus”. Esa situación no la queremos para las instituciones de educación superior. N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
1
Campus REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Diálogo con el Rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa
Tras calificar como “muy desafortunada” la primera propuesta de reforma a la educación superior presentada por el Gobierno Nacional el pasado mes de marzo, el rector de la Universidad de Antioquia, médico Alberto Uribe Correa, considera que en el nuevo proyecto, cuya suerte la definirá el Congreso de la República, las propuestas de las universidades sólo fueron acogidas en forma muy parcial, no obstante haber prometido el presidente Juan Manuel Santos y la ministra María Fernanda Campo que el debate que se prolongó por cerca de cuatro meses en diferentes escenarios nacionales tenía como finalidad “enriquecer” dicha iniciativa. Para el rector Uribe, senadores y representantes deben ser conscientes de la responsabilidad que asumen ante una decisión que determinará el futuro de un aspecto tan estratégico y crucial en el mundo de hoy como lo es la educación superior, columna vertebral no sólo del desarrollo científico y tecnológico y la generación de conocimiento, sino de la incidencia como factor de equidad y justicia social. Para que los lectores alleguen elementos de juicio sobre un tema que hoy es objeto de debate e interés nacional, ALMA MATER ofrece el siguiente diálogo con el rector Uribe Correa. La entrevista completa puede ser consultada en el Portal Universitario www.udea.edu.co
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA • Suplemento ALMA MATER • Rector Alberto Uribe Correa • Secretario General Luquegi Gil Neira • Jefe Departamento de Información y Prensa Alberto González Mascarozf • Bloque 16 oficina 336 • Teléfonos 2195023 y 2195026 • almamater@arhuaco.udea.edu.co
2
/
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
Foto Luz Adriana Ruiz Marín
En forma muy parcial el Gobierno acogió las propuestas de las universidades en el nuevo proyecto
Rector Alberto Uribe, ¿qué mensaje en concreto dirigiría a los congresistas? —Que van a tener en sus manos la posibilidad de entregarle a Colombia un extraordinario proyecto de educación superior, el cual es una necesidad sentida para el desarrollo, para la equidad, para la inclusión y la justicia social, para la búsqueda de la paz que tanto quiere y requiere el país. Que van a tener la oportunidad de financiar en una forma clara la institucionalidad pública universitaria de Colombia. Que van a tener la oportunidad de determinar la ampliación de coberturas como lo plantea el Gobierno Nacional y que queremos todos los colombianos. Que si ya reformaron la Constitución en lo referente a las regalías, ahora tienen la oportunidad de incluir en la nueva ley de educación superior el desarrollo de las universidades de investigación, porque ellas son un factor fundamental para el desarrollo regional y nacional.
¿Qué tipo de ley requiere un país como Colombia —Debe ser una ley que organice y regule la educación superior y nos ponga a tono con las necesidades que tiene el país y con lo que está sucediendo en el mundo, donde cada vez el conocimiento es el fundamento para el desarrollo, para el crecimiento económico, para el bienestar de la población. En ese sentido, la Universidad de Antioquia en particular, el Sistema Universitario Estatal (SUE) y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) han dado el respaldo y el apoyo al Gobierno Nacional para que sea aprobada una ley con la que efectivamente podamos responderle de la mejor manera a los colombianos. ¿Qué opinión le merece la primera propuesta que presentó el Gobierno? —El Gobierno inicialmente presentó en el mes de marzo una propuesta que yo diría fue muy desafortunada. Una propuesta muy extensa que
tenía la finalidad de reformar la prestación del servicio de la educación superior, dejando de lado su carácter de derecho fundamental… Durante los meses que el Ministerio de Educación abrió el debate, tanto el SUE como Ascun dieron una respuesta muy seria al país y al gobierno. Incluso Ascun presentó un proyecto de ley estatutaria de autonomía universitaria, por ser la autonomía la esencia viva de la universidad y de la educación superior. De manera oportuna dicho proyecto fue puesto a consideración del Ministerio de Educación. De igual forma, el SUE creó rápidamente unas comisiones responsables de analizar el articulado y presentar propuestas a las necesidades sentidas que tiene el Sistema Universitario Estatal en materia de autonomía, financiación, calidad e investigación, entre otros asuntos. Los rectores hemos trabajado en forma seria y responsable con el país, con nuestras instituciones y con nuestras comunidades académicas.
/
En efecto, los rectores han realizado un papel con liderazgo y convicción, pero ¿qué tanto ha acogido el gobierno esas propuestas en el nuevo texto del proyecto? —Primero digamos que estamos de acuerdo con el gobierno en que debe haber una nueva ley de educación superior. Ahora, ¿cuál debe ser el contenido de la nueva ley? El gobierno ha acogido parcialmente, muy parcialmente, muy marginalmente, las propuestas muy concretas que se le han hecho tanto desde Ascun como desde el SUE, en materia de autonomía, financiación, calidad e investigación. Cambió el título del proyecto y ya habla de regulación y organización del sistema. Está planteando los principios que eran muy precarios, muy pobres, muy deshilvanados en el texto original. Pero, fundamentalmente en el tema de financiación estamos lejos, muy lejos, de lo que necesita el Sistema Universitario
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
3
Campus Estatal. Esas necesidades las hemos demostrado con mucha veracidad y con mucha argumentación los rectores del SUE al Ministerio de Educación. ¿En cuáles aspectos radica la preocupación del SUE? —La interpretación que a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que son los que hablan de la financiación, les dieron el Departamento de Planeación Nacional y los ministerios de Educación y de Hacienda, llevaron al Sistema Universitario Estatal a un déficit presupuestal importante, cercano a los setecientos mil millones de pesos. Pero, conscientes de la situación fiscal del país, los rectores no vamos a reclamar ese dinero, aunque sí hemos hecho una propuesta de un aumento del IPC más tres puntos, que en apariencia es acogida por el Gobierno. Pero el Gobierno desconoce, y eso debe quedar muy claro a la opinión pública, que en nuestra propuesta el 50% debe incorporarse a lo que establece el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, manteniendo en ese rubro valores constantes a las 32 universidades públicas del país. El otro 50% que quede en el Ministerio para desarrollar su política de educación superior, de acuerdo con su plan de desarrollo. ¿Qué otras propuestas de alivio presupuestal proponen? —Igualmente proponemos tener en cuenta el caso de los servicios públicos. Las universidades públicas en general acogen más de un 90% de estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. El cobro de matrícula no existe o es muy bajo. O sea que a las universidades públicas no se les puede tratar como si fueran empresas comerciales por parte de las entidades prestadoras de servicios públicos. Proponemos que se les dé un tratamiento especial conforme a su misión social dirigida a dichos estratos. Ahí 4
/
abría un gran alivio para el sector de la educación pública del país. Igualmente proponemos algo similar para todo el sector con el pago del impuesto predial y con las obligaciones a las cajas de compensación familiar. En el caso de la Universidad de Antioquia, gracias a la generosidad y al apoyo de la Administración de Medellín y del Concejo Municipal, el Alma Máter está exenta del pago de impuesto predial. Eso no ocurre en otras ciudades del país. También proponemos que las ciudades capitales y los municipios donde hacemos presencia, a cuyas jurisdicciones pertenecen en alto porcentaje los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, estén obligados a participar en la financiación de las universidades públicas. Así, no toda la financiación estaría en manos del Gobierno Nacional. ¿Qué cara le hizo el Gobierno a la propuesta de ley estatutaria de autonomía universitaria? —La autonomía, repito, es la esencia de la universidad desde su creación en Bolognia. La universidad nació autónoma. Ella impide que estemos a los vaivenes de los gobiernos. La universidad es la que se da su propio gobierno, desde lo financiero y sobre todo desde lo académico. Es de su competencia formar con libertad de cátedra el talento humano que le encomienda la sociedad. La propuesta de ley estatutaria está siendo estudiada por el Gobierno. Parece que hay diferencias con respecto a lo que piensa Ascun que es el proponente, porque se considera que no siendo la autonomía un derecho fundamental, que es lo que le da origen a las leyes estatutarias, el proyecto no podría ser presentado ante el Congreso de la República. Señor rector, recordémosle a la opinión por qué se llega entre el momento en que es expedida en 1992 la Ley 30 y
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
la fecha de hoy, a ese déficit al que usted ya aludió. —Porque el Gobierno, y ahí está el fundamento, interpreta que los aportes de ley para las universidades debe mantenerlos únicamente con el IPC, desconociendo que la canasta universitaria crece cada año muy por encima del IPC. No se puede ignorar que el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico han tenido un gran auge y a unos costos muy encima del IPC. Cuando fue expedida la Ley 30 de 1992 nadie hablaba de sistemas en las universidades, nadie hablaba de salas de cómputo, ni de base de datos y apenas se estaba incursionando en la investigación, cuyos resultados representan hoy demasiado para Colombia. En el aspecto formativo era ajeno al quehacer universitario las maestrías, los doctorados y los grupos de investigación de excelencia y con un amplio relacionamiento internacional. Esa formación y la remuneración de esos profesionales, como tampoco la productividad tan importante que ellos aportan, se le ha reconocido como esfuerzo adicional y enorme a las universidades de más prestigio en Colombia. Ésos y otros factores han contribuido al origen y acumulación del déficit presupuestal en todas las instituciones. Pero a las universidades se les permitió hacer asesorías, consultorías y otro tipo de contrataciones para captar recursos. —Si bien la ley permite, y en efecto lo hemos llevado a la práctica, hacer gestión mediante asesorías, consultorías y otras contrataciones, no sólo con el sector público sino con el privado, haciendo gala las universidades de una gran vocación y sentido social, eso no ha sido ni será suficiente para soportar ese déficit.
máximo la cobertura estudiantil en su campus central de Medellín y en las sedes regionales, pero ahora el Gobierno propone entregar recursos presupuestales a las universidades que, en el futuro, amplíen cobertura y desarrollen procesos de regionalización. —Ampliar cobertura y llevar la educación superior a las regiones son factores de equidad y de desarrollo que nosotros compartimos. Pero a instituciones como la Universidad de Antioquia, que ya ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, no le será posible concursar por la bolsa de recursos que tiene en mente el Gobierno Nacional. Es por ello que la recuperación de ese esfuerzo la esperamos lograr a través de ese 50% del IPC más tres puntos. De no lograrlo, se estaría configurando una injusticia con quienes hemos sido líderes en ampliación de cobertura y en llevar educación superior pertinente
y de calidad a las regiones. El programa de regionalización de la Universidad de Antioquia es modelo en Colombia y en América Latina. Cuenta con más de 5.600 estudiantes, lo que equivale a una universidad de término medio en el país. Otra realización de impacto para el país también es la consolidación del Sistema Universitario de Investigación. —La Ley 30 de 1992 tocó la parte de la investigación de una manera muy tímida. Ahora queremos que en la nueva ley quede muy claramente estatuido qué es una universidad de investigación, que tanto las necesita el país. Queremos que la investigación se apoye y proteja. Nuestra Sede de Investigación Universitaria es un referente local, nacional e internacional y ella es producto de un esfuerzo particular que hizo la propia Universidad de Antioquia con motivo de su bicentenario. Allí
Foto Archivo Periódico ALMA MATER
El Gobierno plantea en el proyecto como algo novedoso el relacionamiento de las universidades con el sector productivo. —El relacionamiento que plantea el Gobierno Nacional con el sector productivo, todas las universidades, públicas y privadas, lo venimos haciendo desde hace años y a través de diferentes estrategias. Nadie niega que esa es una tarea fundamental. La estrategia de la Universidad de Antioquia ha sido la alianza Universidad-Empresa-Estado. Pero ésta y ninguna otra estrategia será suficiente ni para amortiguar el déficit en nuestras universidades ni para compensar los costos de la canasta universitaria, que le hemos pedido al Gobierno que la estudie para que, en un plazo racional de cuatro o cinco años, se ofrezca una solución como soporte real de la educación pública colombiana. La Universidad de Antioquia enfrenta una situación paradójica. Amplió hasta el
/
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
5
Campus tan fundamental. En el caso de la Universidad de Antioquia necesitamos crecer la Sede de Investigación. Ya tenemos un anteproyecto de cifras cuantiosas, alrededor de noventa mil millones de pesos, que esperamos sea respaldado con tales recursos… Considero que las universidades deben concebir proyectos de alcance nacional, para darle una respuesta pronta al país a esa inversión que provendrá de la nueva ley de regalías. ¿Qué opinan los rectores de la tipología que está proponiendo el Gobierno? —La tipología que pretende el Gobierno con este proyecto de ley es que todos seamos instituciones de educación superior. Nos parece que no podemos compartir este tipología, porque no es lo mismo instituciones con un gran desarrollo, con tradición investigativa y de
extensión, con resultados en formación del recurso humano a los más altos niveles, que instituciones técnicas y tecnológicas que en su campo de acción específico tienen toda la vigencia y todo el respaldo del sistema. Poner a competir a éstas para que alcancen el nivel de universidades, es someterlas a un preocupante desgaste y es de pronto llevarlas a perder su gran vocación técnica y tecnológica. Lo que hay que hacer es darles un gran respaldo tanto a las universidades como a las instituciones técnicas y tecnológicas para que cumplan y consoliden sus respectivas misiones. Y, de las universidades con ánimo de lucro, ¿qué? —El Gobierno insiste y cree que esa es una solución para la cobertura. Cree que van a llegar al país instituciones de primer orden a aumentar la
Foto Archivo Periódico ALMA MATER
laboran en los campos de la ciencia 2.700 personas. De ellas, 1.700 son estudiantes de pregrado y posgrado, formándose en las más diversas disciplinas. Ésa sí que es una contribución bien importante al país, porque ese talento es imprescindible para generar el desarrollo que tanto necesitamos en la economía del conocimiento. ¿Qué expectativas se tienen sobre el 10% de recursos para hacer ciencia que provendrán de las regalías? —Ya está decidido que el 10% de los recursos de la ley de regalías vaya a ciencia, tecnología e innovación. Por eso debemos ser lo suficientemente capaces de consumir esa cuantía. Qué tal que después de insistir en que se adicionen recursos para dichos fines y que éstos sean aprobados, no tengamos una respuesta acorde con una determinación
6
/
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
cobertura en cien mil o doscientos mil estudiantes como ocurre en otros países, pero no garantizan nunca la calidad porque lo que prima en ellas es el ánimo de lucro. Y ofrecen carreras que, aunque son pertinentes y son muy respetables, no les demandan muchos recursos. Entonces van a hipertrofiar muchos programas que no estamos en contra de que existan pero con una calidad muy débil y en contra de programas que sí son de toda la necesidad del país como son las áreas básicas. No olvidemos que un país desarrollado se mide en gran medida por la cantidad de doctores que tenga en matemáticas, en física, en biología, en química, y eso no es propiamente lo que van a hacer esas instituciones con ánimo de lucro. Además, tenemos la experiencia nefasta del sistema de salud donde es un absoluto fracaso la vigilancia y el control, que es lo que defiende el Gobierno para el caso de las universidades con ánimo de lucro. Sobre la vigilancia y el control en el sistema de salud, regido por la Ley 100 de 1993, ha dicho el presidente Santos que “donde metamos el dedo sale pus”. Esa situación no la queremos para las instituciones de educación superior. Muy vehemente considero que la propuesta de crear universidades con ánimo de lucro no se debe incluir en el proyecto de reforma a la educación superior. Inclusive, personas muy respetables del sector productivo en el Comité Universidad-Empresa-Estado de Antioquia, pertenecientes a empresas de gran reconocimiento a nivel nacional, se pronuncian negativamente frente a la pretensión de crear en Colombia universidades con ánimo de lucro. ¿Usted considera que el Gobierno tiene la intención de privatizar la universidad
pública, como lo afirman muchos sectores en el país? —Yo no creo. Ni soy tan radical para creer que por la existencia de universidades con ánimo de lucro se va a privatizar la universidad pública. A lo que no se va a contribuir es a la esencia de la educación superior y de la formación que es la calidad. Aquí el modelo que nos propone el Gobierno es equivocado porque en Brasil, en Estados Unidos y en otras partes del mundo sí se permitieron universidades con ánimo de lucro, pero primero los gobiernos fortalecieron el sistema de universidades estatales, inyectándole cuantiosos recursos, para que de esa forma estén en el primer lugar de la jerarquía en calidad, en desarrollo, en investigación, en relacionamiento, en internacionalización. Y eso no es propiamente lo que vemos en el proyecto del Gobierno Nacional. Los analistas advierten que cuantiosos recursos públicos terminarán desviándose hacia las universidades con ánimo de lucro. —Ése es el otro peligro. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos donde el presidente Obama acaba de frenar todos los recursos que a través de créditos van a ese sector, advirtiendo que hay mucha deficiencia en la calidad. En Chile las universidades con ánimo de lucro han existido desde la dictadura pero ha habido una relativa vigilancia. Pero miremos lo que está pasando hoy, donde hay una revuelta generalizada por toda la geografía chilena. En Brasil igualmente se está pensando en una revisión de la ley que viene desde el presidente Cardoso, la cual fue apoyada por Lula quien fortaleció el sistema de universidades públicas. En asuntos organizativos, ¿qué dice el proyecto sobre los consejos académicos? —Esa es otra propuesta que
/
acata el Gobierno, dándole a los consejos académicos más fortaleza de la que tienen hoy en la Ley 30 de 1992. Por mandato de ley, los consejos son los máximos organismos en lo académicos de las instituciones de educación superior. En esta segunda fase del proceso, cuando el debate se traslada al Congreso de la República, ¿qué estrategias concretas tienen Ascun y el SUE para incidir positivamente sobre los políticos? —El Gobierno Nacional, por boca del presidente Santos y de la ministra María Fernanda Campo, asumió el compromiso de que esta ley iba a ser lo más consensuada y lo más concertada posible, para evitar traumatismos en su curso por el Congreso de la República. Desafortunadamente eso no es lo que vemos en el último texto del proyecto que se nos entregó la semana anterior. Entonces ya viene el lobby que estamos dispuestos a hacer ante el Congreso de la República. Confiamos en el buen criterio del Congreso de la República. senadores y representantes a la Cámara siempre han estado atentos a respaldar la calidad de la universidad colombiana. En la asistencia a foros y debates, los congresistas han mostrado un gran interés por el tema y una gran madurez frente a las bondades y las necesidades de uno u otro proyecto. Sea ésta la oportunidad para hacerles un reconocimiento a los congresistas del Departamento de Antioquia, a los diputados y a los concejales de Medellín y de los municipios donde está nuestra Alma Máter, lo mismo que al gobernador y a los diferentes alcaldes, porque siempre han estado alertas a apoyar a la Universidad y a respaldar las iniciativas de beneficio local, regional, nacional e internacional que se les han propuesto.
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011
7
Campus
8
/
N° 304 – Medellín, agosto 9 de 2011