Miércoles 29 de junio de 2022 Edición Nº 34 Prohibida su venta por separado
El oro ilegal, un daño a la economía del país
En la región, la extracción aurífera ilícita es más rentable que el narcotráfico. El negocio con este metal tiene impactos sociales y ambientales muy altos, además, crea problemas regionales, mientras que los Estados dan respuestas tardías. La minería indebida se expande, la de oro ha multiplicado la utilización de maquinaria pesada que, sin permiso y a veces a gran escala, opera en rincones de la geografía y en áreas naturales protegidas. FOTO: VECTEEZY.COM
El desgobierno en Ecuador Historia de un paro anunciado
La economía recuperó la confianza de inversionistas
2
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Ecuador es uno de los 20 países más megadiversos del mundo. Parte de su riqueza radica en su multiculturalidad y en la coexistencia pacífica de sus 14 nacionalidades (conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano), las cuales se encuentran en la región de la Sierra (68,20%), luego en la Amazonia (24,06%) y en la región de la costa (7,56%). Además, existen 18 pueblos indígenas (colectivos originarios conformados por comunidades o centros con identidades culturales distintas de otros sectores de la sociedad ecuatoriana), varios transfronterizos y con lenguas propias, en mayor o menor medida reconocidos en su Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008.
El desgobierno en Ecuador
Historia de un paro anunciado
E
cuador es uno de los 20 países más megadiversos del mundo. Parte de su grandeza radica en su multiculturalidad y coexistencia pacífica de 14 nacionalidades (pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano), las cuales se encuentran principalmente en la región sierra en 68,20%, seguida de la Amazonía (24,06%) y 7,56% en la región costa. Todos junto a 18 pueblos indígenas (colectivos originarios, conformados por comunidades o centros con identidades culturales distinguiéndose de otros sectores de la sociedad ecuatoriana), muchos de ellos transfronterizos y con lenguas propias, estando en mayor o menor medida reconocidos en su nueva –aunque no por ello manida– Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Muchos avances sociales fueron conquistados hasta el 2017 me-
diante decididas políticas de igualdad y redistribución desplegadas por el presidente Rafael Correa, mientras que otros derechos fueron asaltados a partir de las reivindicaciones constantes, como en el caso del levantamiento indígena del 2019 que obligó al presidente Moreno a retirar la desproporcionada subida de los carburantes establecida en el Decreto 883. En la actualidad la población indígena en Ecuador sigue siendo para la mayoría no indígena una ciudadanía de segunda, la cual ni siquiera tendría la condición de persona de no ser por la necesidad de obtener sus productos del campo y su explotación laboral en sentido literal de la palabra a partir de su mano de obra intensiva. Población maltratada a pesar de su resistencia histórica a procesos de genocidio, etnocidio contra la humanidad y aniquilación continua a pesar de ser el 8%
de la población de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. De ahí que este problema esté latente en el seno de la comunidad indígena y genere contradicciones consustanciales continuas. La situación se fue complejizando a medida que los gobiernos neoliberales de Lenín Moreno, en 2017, y Guillermo Lasso, desde 2021, tomaron el mando del país. Desde entonces, cualquier política social es tildada de “gasto”, democratizándose los procesos de lawfare (utilización indebida de procedimientos legales) y desinformación en todas las esferas del país, controlando todos los medios de comunicación y las redes sociales con pagos de pautas en medios de comunicación afines al gobierno eliminando la pluralidad informativa. Es cierto que la pandemia del covid-19 no ayudó a ningún país,
y en el caso de Ecuador puso en evidencia los límites sanitarios y éticos a través de su propio espejo, es decir, las políticas de Rafael Correa, que tanto costó implantar, se volatilizaron. Parte de la población que todavía festejaba sus nombramientos permanentes y su ley del escalafón académico seguía sin inmutarse, mientras el país se desangraba de oriente a occidente. En muchos casos poniendo fotos de las botellas de whisky en sus estados de WhatsApp cada fin de semana y creyéndose clase media. Clase que nunca existió en Ecuador. De manera inmediata empezaron a escasear médicos, medicinas e insumos, fruto de los recortes continuos, dejando en la retina imágenes icónicas de cadáveres al sol en cualquier avenida del país como consecuencia de la falta de planificación e inversión en sanidad mientras el 4/10/2020 anunciaba Lenín Moreno la recepción de 7.150 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional. Entre las medidas implementadas bajo su mandato destacan la “Ley de Fomento productivo, atracción de inversiones y generación de empleo”, que elimina el pago a la renta de las empresas durante 12 años y la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario”. A la vez, determinando 1) reducir la jornada laboral, 2) contratos especiales de 6 días a la semana y 3) incluir la fuerza como caso fortuito o mayor como causa de extinción de los contratos de trabajo. Así se etableció el despido libre de facto donde, a modo de ejemplo, personas que llevaban trabajando más de 20 años de manera indefinida, acabaron recibiendo 500 dólares de indemnización. Además de establecer el salario mínimo a 386 dólares (de 375$ a 386$). Con ello las ofensas empezaron a llegar desde Carondelet, olvidando que la sociedad en
Ecuador puede tener necesidades básicas no cubiertas pero, lo que no se pierde nunca es la memoria de quien la traiciona. Y los indígenas, así como buena parte de la población le tomaron la matrícula. Con Guillermo Lasso, una persona con poca empatía hacia los más desfavorecidos y obnubilada con los paraísos fiscales y la acumulación económica, la situación tampoco mejoró. Llegó a señalar como candidato el 5/7/2020 “con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. ¡El Ecuador ya no aguanta más!”. Nada más lejos de la realidad, en la actualidad Ecuador es un “no-lugar” donde la pobreza por ingresos a nivel nacional en 2021 se ubica en el 27,7%, la pobreza urbana es de 20,8%, la pobreza en el área rural asciende hasta el 42,4% y la pobreza extrema a nivel nacional se extiende hasta el 10,5%. Mientras que en el área urbana la pobreza extrema es de 5,9% y en el área rural es de 20,3%. La ciudadanía empieza a ver sangre en los noticieros, pese a la censura. Los más de 100 detenidos y las muertes aumentan, como la de Byron Guatatuca, en la ciudad de Puyo, con un proyectil de gas en la cabeza, evidencia de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cometieron un grave error, como señala la tomografía, pese a las justificaciones de “legítima defensa” que arguye el ministro del Interior, Patricio Carrillo –ejecutor de la represión en 2019–. El paro ya no es solo indígena, buena parte de la ciudadanía se ha unido a él. El país está paralizado y la sangre entra por debajo de la puerta del palacio. Cuanto más tarde Lasso en salir, más perjuicio para el país y para su persona. Por Arturo Luque González, Ecuador. Fuente: Viento Sur.
encuentro ECONÓMICO es una publicación semanal independiente de circulación nacional.
Martín Moreira
Sergio Medina
DIRECTOR
COLUMNISTA
CONTACTO CELULAR: (591) 69747174.
Las opiniones vertidas por los autores no comprometen la posición de este medio, pero reflejan la apertura y pluralidad. Así ponemos al servicio de nuestros lectores este instrumento promotor del debate y de la búsqueda de propuestas.
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
La economía recuperó la confianza de inversionistas
3
El BCB publicó el Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia-Gestión 2021. El documento muestra que la economía boliviana fue receptora neta de capitales externos. Esto refleja confianza de los inversionistas extranjeros en el país debido a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
E
l Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia-Gestión 2021 del Banco Central de Bolivia (BCB) muestra que la economía boliviana fue receptora neta de capitales externos. Esto refleja la recuperación de confianza de inversionistas extranjeros, debido al Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Luego de dos gestiones en las que se registraron retiros de capitales, en 2021 Bolivia tuvo un ingreso por Inversión Extranjera Directa (IED) de 594 millones de dólares y, en términos brutos, la IED alcanzó a 1.048 millones de dólares, comon me-
jora significativa en relación a 2019 y 2020. Los datos confirman que los inversionistas extranjeros recuperaron la confianza en el país por la implementación de políticas económicas y sociales que permiten reactivar la producción de diversos sectores y la generación de ingresos para el país. Por actividad económica, los flujos de la IED fueron dirigidos en gran parte al sector de la industria manufacturera (36% de participación), que es una de las mayores fuentes de empleo en el país. Asimismo, la minería (28%) e hidrocarburos (18%) se constituyeron en los sectores
estratégicos generadores de excedentes. En la misma línea, el resto de sectores registró incremento en relación a 2020. El Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia-Gestión 2021 también muestra el desempeño de los flujos de IED en el mundo y la región. Destaca la importante recuperación de Bolivia en relación a los países vecinos, al pasar de una cifra negativa, de -3,1% respecto del PIB nacional, a una positiva de 1,5%. Esto confirma que el país está en la senda de la recuperación. En 2020, todos los países registraron flujos positivos de IED a pesar de la pandemia,
con excepción de Bolivia, que fue el único territorio que registró una cifra negativa debi-
do a la inestabilidad política y la mala administración del gobierno de facto.
El 67% de usuarios del sistema financiero todavía no usa plataformas digitales Según un reciente estudio del holding financiero Credicorp, elaborado por Ipsos en 7 países de la región, Bolivia es el tercer país con menor nivel de digitalización en el uso de servicios y productos financieros. El país solo supera a Perú y México.
E
l 67% de los usuarios del sistema financiero boliviano todavía no emplea plataformas digitales para realizar transacciones financieras. Así lo revela el reciente Estudio de Inclusión Financiera y Digitalización publicado por el holding financiero Credicorp -de origen peruano y con fuerte presencia en la región- y elaborado por Ipsos en siete países de Latinoamé-
rica (Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá y México). El análisis define tres niveles de usuarios digitales, determinados sobre la base de la frecuencia de uso de plataformas financieras digitales (billeteras móviles, apps bancarias y banca por internet) y el empleo de estas tanto en el pago de productos y servicios como en la realización de transferencias financieras. El usuario no digital es aquel que todavía no hace uso de las plataformas digitales para realizar transacciones, el usuario ocasional es aquel que las utiliza menos de una vez al mes y el usuario recurrente es aquel que las emplea una o más veces al mes para concretar sus transacciones financieras. Mientras Bolivia registra un alto nivel de usuarios aún por digitalizar (67%), el país también evidencia un 15% de usuarios ocasionales -1% por debajo del promedio regional- y un 17% de usuarios recurrentes. Esta última cifra, que solo supera la registrada por México (15%), es inferior al nivel de usuarios recurrentes registrado en Chile (41%), Panamá (38%), Colombia (21%), Ecuador (25%) y Perú (21%). “Estas cifras evidencian que, en el
importante proceso de crecimiento del uso las plataformas financieras digitales de los últimos años, la digitalización no ha avanzado igual para todos. Esto constituye una necesidad y una oportunidad para que tanto Bolivia como los países de nuestra región sigan impulsando una digitalización que, además, se traduzca en inclusión financiera. Porque hoy, en el proceso de incluir a cada vez más ciudadanos en el sistema financiero formal, las herramientas digitales pueden cumplir un poderoso rol”, indicó Javier Ichazo, Head de Microfinanzas de Credicorp. La investigación, que incluyó 8,400 encuestas realizadas a ciudadanos mayores de 18 años en los países evaluados, delinea además las principales características de cada tipo de usuario. Por ejemplo, los usuarios recurrentes de soluciones financieras digitales en Bolivia suelen ser principalmente pertenecientes al nivel socioeconómico alto (38%), de entre 18 y 25 años (22%), residentes del área urbana (20%) y con ocupación de estudiante (25%). Los usuarios que aún no utilizan soluciones digitales para transacciones financieras en Bolivia, por su
parte, suelen ser hombres y mujeres pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos (80% de usuarios no digitales), residentes del ámbito rural (76%), de 60 años a más (87%) y amos de casa o jubilados (79%). BILLETERAS MÓVILES Y PLATAFORMAS El Estudio de Credicorp e Ipsos también explora el nivel de tenencia de billeteras móviles en la región. En ese campo, se descubrió que, incluso con el rápido avance de la adopción de esta plataforma durante los últimos años, uno de cada diez ciudadanos de la región cuenta con una billetera móvil. Entre los países evaluados, Panamá (33%) lidera la tenencia de este producto financiero, seguido por Colombia (24%) y Perú (19%). Bolivia empata a Chile en el cuarto lugar, con 15% de tenencia de billeteras móviles entre sus ciudadanos, solo por encima del 9% registrado por Ecuador y el 3% de México. En línea con esto, el 9% de bolivianos hace un uso habitual de esta solución digital para pago de productos y servicios, nuevamente por debajo de Colombia (16%), Panamá (13%) y Perú (12%). Por otro lado, se identificó que los
trabajadores dependientes (15%) e independientes (12%), de entre 18 a 25 años (16%) y entre 26 a 42 años (15%), y residentes de zonas urbanas (13%) son quienes más cuentan con billeteras móviles en Latinoamérica. Mientras que las amas de casa reportan el nivel más bajo de acceso, con solo 2% de tenencia de este producto. Según el análisis, el medio digital más usado en la región para realizar pagos de productos y servicios son los aplicativos celulares de entidades financieras (banca móvil), ya que 20% de ciudadanos de los siete países evaluados realizan pagos de diversos productos y servicios por esta vía. En dicha comparación, sin embargo, Bolivia se sitúa en la última posición, con apenas 15% de ciudadanos que hacen uso de esta solución financiera. Chile y Ecuador lideran esta categoría con 39% y 29%, respectivamente. “Impulsar la inclusión financiera en los países de nuestra región resulta una prioridad y un pilar fundamental dentro de la estrategia de sostenibilidad de Credicorp. Estamos convencidos de que esta es la vía para que más personas y empresas de la región puedan cumplir sus planes, desarrollarse, crecer, y alcanzar, así, altos niveles de bienestar”, concluyó Ichazo.
4
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
En el primer periodo de gobierno del MAS se detectó explotación aurífera ilegal en zonas fronterizas del país y exportación del metal como contrabando, actividad que perjudica a los intereses nacionales y disminuye el patrimonio sin dejar a cambio algo para el Estado. Esta situación se debe a las medidas económicas del gobierno neoliberal del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1985, régimen que liberalizó el comercio de metales y anuló la potestad nacional de controlar el flujo de materias primas no renovables (Art. 140 D.S. 21060, agosto 1985).
INFORME ESPECIAL
El oro ilegal, un cáncer para la economía Regalías auríferas en millones de dólares 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000
E
n el primer periodo de gobierno del MOvimiento Al Socialismo (MAS) se detectó explotación aurífera ilegal en zonas fronterizas del país y exportación del metal como contrabando. Esta forma de negocio perjudica a los intereses nacionales y disminuye el patrimonio, sin dejar a cambio algo para el Estado. Esta situación es producto de las medidas ejercidas por el gobierno neoliberal del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1985, que liberalizó en el país el comercio de metales y anuló la potestad nacional de controlar el flujo de materias
primas no renovables (Art. 140 D. S. 21060, agosto 1985). Otro de los factores que propiciaron esta actividad ilegal fue la limitación en Bolivia para generar empleos dignos, alternativos y sostenibles. La desocupación y el subempleo motivaron a miles de jóvenes a poner sus ojos y su fuerza de trabajo en la explotación del oro. El factor desencadenante –y que está fuera del control nacional– fue la subida de las cotizaciones internacionales del oro. En poco tiempo, los precios de este metal se duplicaron, triplicaron y crecieron hasta llegar a más de diez veces el precio coti-
zado al comienzo del siglo 21. Por estas circunstancias, el gobierno nacional dictó tres medidas que debían controlar la situación. Estas medidas fueron la creación del Servicio Nacional de Registro de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), la disminución de la alícuota de la regalía para operaciones de pequeña escala que extraían oro de yacimientos marginales y la intervención militar en las operaciones mineras en las fronteras con Perú y Brasil. Poco tiempo después, la cantidad de oro explotado y registrado creció considerablemente y, a
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015(p)
2014(p)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
10.000.000
partir de este primer incremento en 2013, los registros fueron altos, aunque con grandes oscilaciones entre uno y otro año. El 2014 autoridades peruanas detectaron una carga de 35 toneladas de oro que iba de Bolivia a Estados Unidos y pasaba por el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Se afirmaba que ese oro era peruano y que había sido exportado ilegalmente a Bolivia para ser reexportado como boliviano. Ese año Perú había puesto en marcha un mecanismo de formalización de muchas actividades auríferas ilegales, en particular en la zona Madre de Dios.
Estadísticas del país vecino muestran que máximo 5 toneladas podrían haber seguido ese camino, pero no 35. Desde ese momento, periodistas, analistas y personas interesadas han machacado constantemente en la teoría de que el oro que se registraba en Bolivia era peruano y, por tanto, que la cantidad del metal boliviano explotado era mucho menor. Pero esta teoría no tiene sustento. PROBLEMAS Los problemas detectados en la minería aurífera nacional están resumidos en lo siguiente: -Gran cantidad de personas y cooperativas operan al margen de las normas bolivianas. Hace 7 años surgen más de cien cooperativas auríferas nuevas por año. -Más del 95% de la explotación del oro es registrada a nombre de cooperativas. -El Estado no ha encarado la explotación aurífera, pese a que una buena parte de las áreas que explotan las cooperativas está concedida a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). -Las cooperativas no pagan impuestos a las utilidades, la ley solo les libera de la alícuota adicional del 12,5%. -Las cooperativas pagan solo el 2,5% del valor bruto de ventas del oro como regalía. Aducen que sus yacimientos son marginales y que sus operaciones son de pequeña escala. Hay operaciones que cumplen esa condición, pero hay grandes operaciones que extraen oro de yacimientos no marginales y están registradas con el nombre de “cooperativas” y pagan lo mismo. -Solo 15% de las cooperativas tiene licencia ambiental. -Grandes cooperativas de La
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
Explotación de oro por subsectores 2006 - 2021
5
1.019.148.884 6.909.237; 0% 7%
13.225.216.400;93%
Cooperativas COMIBOL Paz están asociadas a empresas privadas extranjeras, esto contraviene lo que establece el artículo 151 de la Ley 535. -Muchas cooperativas emplean mano de obra para el trabajo. Esto está en contra de la Ley de Cooperativas. -Todas estas operaciones reciben diésel subvencionado. El monto aproximado de la subvención alcanza a 250 millones de dólares por año (este monto crecerá a cifras mucho mayores en esta gestión). -El Estado, prácticamente, nunca ha tomado en sus manos la explotación de este metal. -El uso de mercurio en la explotación aurífera está ampliamente extendido. Se calcula que más de 120 toneladas de ese metal son utilizadas cada año para extraer oro. -La alícuota del 7% para la regalía aurífera ha sido establecida en 1997, cuando la cotización internacional del oro estaba alrededor de 350 $US/OT, es decir, cinco veces menos que la cotización actual. -El control ejercido por Senarecom en el comercio aurífero es débil, por tanto, los cooperativistas venden el oro extraído de manera individual. -La interacción entre las cooperativas mineras y las comunidades no ha estado exenta de tensiones, violencia y muerte. -La corrupción en el sistema judicial echa por tierra los esfuerzos de denunciantes de irregularidades. -La apropiación del valor por parte de operadores del oro es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE). “Artículo 349.I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”. -Los gobiernos subnacionales
Privadas
reciben muy poco por concepto de regalías y prácticamente nada la administración central del Estado. Esto también contradice a la CPE: “Artículo 353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. -Ingobernabilidad del sector. -Ingreso a áreas protegidas para extraer oro. Sin duda, hay más problemas, pero no es necesario enumerarlos para darse cuenta de su existencia. En repetidas ocasiones, autoridades del sector minero, tanto de la administración central como de la Gobernación paceña, intentaron ingresar a zonas auríferas para cumplir su papel de control, pero fueron impedidas. Las personas y organizaciones que trabajan en los eslabones de la cadena de valor del oro han encontrado resquicios para eludir y evadir obligaciones con el Estado. Cuando el Estado otorga ventajas a la gente con más limitaciones económicas, todos los cooperativistas se acogen a esa medida excepcional, mientras afirman que están en la categoría que permite gozar de beneficios que corresponden a los más pobres. El Estado está a punto de perder el control sobre la explotación de oro, metal que es de todo el pueblo boliviano. Hace un par de años que el oro es el principal producto de exportación del país. Ha superado al gas y a cualquier mineral, pero es el que, proporcionalmente, menos aporta al Estado por la venta, aunque se trata de un recurso no renovable parte del patrimonio nacional.
La causa de los problemas es que el Estado permite que los operadores se apropien del valor del oro. La CPE dice claramente: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”; “El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales”. ¿CÓMO RESOLVER ESTOS PROBLEMAS? Lo lógico sería atacar la causa. No obstante, hacer que el Estado recupere el valor del metal y que los operadores solo reciban una retribución por el trabajo y la inversión está todavía muy lejos de ser una realidad. En otro sector se trabaja de esta manera, pero hay muchos factores que simplifican su gestión y control y que viabilizan esa política. En el caso del oro, la cantidad de operadores es muy grande y la inercia de la costumbre es un obstáculo, por el momento, infranqueable. Mientras tanto, se puede poner en marcha varias acciones, entre ellas: -Mantener una alícuota baja de regalía para operaciones marginales de pequeña escala y explotadas con métodos artesanales, pero con solicitud previa para este beneficio. Con esta solicitud, instancias de las gobernaciones verificarán las condiciones y solo después de la verificación se emitirá una resolución temporal que autorice el pago de regalía baja. Para las otras cooperativas, la alícuota será la que pague el resto de los operadores. -Centralizar la comercialización del oro en una entidad dependiente del Estado.
-Con apoyo de la cooperación internacional, iniciar una campaña para otorgar licencias ambientales a las cooperativas. -Autorizar a las cooperativas a asociarse con empresas; pero, en caso de hacerlo y mientras dure la sociedad, se creará una nueva persona jurídica con estatus de empresa privada. -Poner en marcha una campaña intensa de concientización sobre los riesgos del mercurio y la urgencia de usar tecnologías alternas. -Con ayuda de las universidades, proponer a los mineros tecnologías amigables con el medioambiente. -Aumentar una grada a las alícuotas de la regalía que refleje la realidad del contexto actual. -Que, en lugar del impuesto a las utilidades, las cooperativas paguen un impuesto sobre el valor bruto de ventas, así se evitaría la presentación de balances contables que les impiden cumplir su obligación tributaria. Otra alternativa a este punto es estimar costos presuntos de operación, con esto se debe calcular una utilidad presunta sobre
la que se ajuste el impuesto del 25%. Dadas las limitaciones que se tiene en el país para generar empleos dignos y sostenibles, debe mantenerse el cooperativismo minero como un refugio para muchas personas que no tienen otras opciones. Para hacer sostenible y digno este empleo, se debe formalizar el funcionamiento del subsector de modo que las personas que presten sus servicios en las cooperativas tengan estabilidad, seguridad y protección. Esto equivale a que las cooperativas que contratan obreros están ante dos opciones: convertir a esos trabajadores en socios o transformar la cooperativa en empresa y a los trabajadores en empleados de la empresa. Por otra parte, es necesario corregir la Ley de Minería para prohibir toda acción minera en áreas protegidas. Estas medidas no resuelven los problemas, pero, lograrán una mejor distribución del valor del metal, que debe beneficar a todos los bolivianos y bolivianas.
6
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Itacamba recibe el reconocimiento Paul Harris a la Excelencia Empresarial
El Rotary Club Chuquiago Marka entregó este premio a Itacamba Cemento S.A. y destacó las acciones de responsabilidad social y enfoque sostenible de la empresa. La distinción se realizó en la ciudad de La Paz, en presencia de destacadas personalidades y empresarios del país.
“
Estamos muy orgullosos de recibir el Premio Paul Harris, uno de los reconocimientos de mayor jerarquía a nivel nacional, que es entregado hace 20 años a las empresas y empresarios destacados por la excelencia”, manifestó Edwin Ríos, gerente de Gente y Gestión de Itacamba. “Agradecemos a los rotarios por honrarnos nuevamente con este premio, destacando la gestión sostenible de nuestra empresa y la marca Cemento Camba”, agregó el ejecutivo. En los últimos ocho años, la empresa ha ejecutado más de 100 proyectos sociales que benefician a más de 40 mil personas, con mayor énfasis en la provincia Germán Busch de Santa Cruz. Durante la pandemia, la firma
aportó al fortalecimiento de la atención de salud de los pobladores de la provincia con material de bioseguridad y equipamiento médico, entre ellos la entrega de dos respiradores móviles para el
El récord de las exportaciones va en la línea de la reactivación y recuperación económica
traslado de pacientes graves con covid a centros de tercer nivel. Por otro lado, Itacamba ha logrado mantener la estabilidad laboral, seguridad y protección de la planilla de colaboradores.
E
S
nos permite afirmar contundentemente que la reactivación económica es ya una realidad”, remarcó. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entre enero y abril de este año las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron a 2.145 millones de dólares, un valor histórico en relación con el comercio exterior.
la colaboración remota de sus equipos a través de la tecnología. Además, hoy promueve la cultura de la prevención en sus ambientes de trabajo e impulsa la vacunación de todo su personal.
En Bolivia hay más de 3.600 cajeros automáticos
De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entre enero y abril de este ste 27 de junio se cumplen 55 años de existencia año las exportaciones nacionales de la industria madel primer Automater Tenufacturera alcanzaron a 2.145 millones de dólares, un ller Machine (ATM, sigla en inglés valor histórico en relación con el comercio exterior.
egún datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer cuatrimestre del año (enero a abril) las exportaciones muestran incremento de 33%, al alcanzar a 4.278 millones de dólares. La cifra es más alta en 1.069 millones de dólares a la registrada en similar lapso de 2021. “Destacamos esta información porque esto va en línea con la reactivación económica, con la recuperación económica. Está caracterizando a la economía boliviana”, dijo a Bolivia Tv Jaime Durán, gerente de la Gestora Pública. Según Durán, el incremento de las exportaciones es resultado del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que tiene dos motores, la demanda interna y la demanda externa. “La demanda interna se está recuperando por la inversión pública, por la política social. La demanda externa también se está recuperando (...). Hemos cambiado la composición de nuestras exportaciones y eso
Esta compañía fue una de las primeras en implantar un sistema de trabajo remoto con el 80% de su personal para asegurar el distanciamiento social en sus instalaciones, así como para
de “cajero automático”) de la firma británica De La Rue, en una sucursal del Banco Barclays. . John Shepherd-Barron fue el inventor de esta máquina que significó un gran aporte para el sistema bancario en el mundo. Shepherd-Barron vivía en el campo en Inglaterra y viajó a Londres para cobrar un cheque. Cuando llegó encontró el banco cerrado. Molesto, se retiró pensando en cómo una persona podía acceder a su dinero a cualquier hora y pensó en las máquinas de chocolate, que al insertar monedas y jalar una palanca entregan el producto. Ahí nació la idea de crear el cajero automático. Para la fabricación y funcionamiento correcto del dispositivo transcurrieron dos años en los que John trabajó en procesos de autenticidad para transacciones seguras, como la utilización de cheques aprobados por el banco hasta contraseñas de seguridad. Así, el 27 de junio de 1967 fue presentado el primer equipo, que fue replicado en todo el mundo. De acuerdo con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), el sector bancario nacional cuenta con 3.463 cajeros automá-
El primer cajero automático en Bolivia fue instalado por el Banco Bisa a principios de los años 90. Hasta mayo de 2022, las entidades financieras emplazaron 3.625 de estas máquinas en el país, en capitales, ciudades intermedias e, incluso, en pequeñas poblaciones.
ticos, en continuo aumento. En los últimos cinco años los cajeros automáticos de las entidades aumentaron el 20% en Bolivia, como importante avance en la cobertura de la Banca y en el acceso a diferentes servicios que promueven la inclusión financiera. Del total de cajeros automáticos en el sector financiero, los de instituciones bancarias representan más de 95%. Solo en los primeros cinco meses de este año fueron instalados 35 cajeros automáticos. En el país, estos artefactos han evolucionado en funcionalid, pasaron de solo dispensar billetes a consultar saldos de cuentas, solicitar extractos bancarios e, incluso, depositar en cuentas propias o
cuentas de terceros, entre otros. UTILIZACIÓN CORRECTA Con el objetivo de proporcionar información con valor agregado a la población, Asoban coordina con las entidades bancarias del país la realización de cursos y talleres de información para la correcta utilización de los cajeros automáticos. Esto incluye medidas de seguridad, servicios que ofrecen los bancos, detección de anomalías y situación de riesgo. Esto aporta a que el ciudadano acceda de manera adecuada a estos beneficios. Estos espacios son presentados por representantes de las entidades asociadas que conocen a detalle el funcionamiento y bondades de los cajeros automáticos.
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
7
La crisis de la quinua boliviana Este grano es uno de los alimentos ancestrales más completos y ha sido considerado como aliado importante en la reducción del hambre y la desnutrición en el mundo, pero los más de 70.000 productores bolivianos del grano han pasado del auge en el negocio a una caída vertiginosa al ver el desplome de los precios y de las exportaciones que otrora lideraba Bolivia.
L
a causa de esas reducciones está en el aumento de la oferta mundial del grano –rico en proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales– en países que antes no lo cultivaban, pero que comenzaron a hacerlo por las recomendaciones internacionales sobre sus propiedades nutritivas y dietéticas y su adaptación a diversas condiciones geográficas y ambientales. El alimento es originario de las riberas del lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, donde la pareja de agricultores aymaras Ismael Cruz y Margarita Zarate cultiva la quinua blanca en la localidad boliviana de Ñacoca y la procesan para consumo propio, como hacían sus ancestros de forma artesanal elaborando platillos que apoyan su dieta en medio de carencias económicas. “La quinua es más alimento para nuestro cuerpo, para que sea fuerte y no nos agarren las enfermedades”, sostiene Cruz, mientras que su esposa añade que sus platillos favoritos son el p’esque (guiso), la phisara (preparada con queso) y la quispiña (galletas) por los beneficios del calcio, además de la combinación de quinua con diferentes frutas para preparar jugos. La pareja apenas tiene cuatro hectáreas de diferentes cultivos, pero sueña con tener más tierras, motocultores, semillas certificadas y obtener apoyo gubernamental para acceder a los mercados inter-
nacionales, pues de momento sus eventuales excedentes de quinua son vendidos a comerciantes del vecino Perú a precios muy bajos, equivalentes a unos 6 o 7 dólares por arroba. “LA MEJOR QUINUA DEL MUNDO SE PRODUCE EN EL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA” Los que sí han dado un salto son los agricultores del altiplano sur boliviano, que incluye la región entre los grandes salares de Coipasa y Uyuni, donde se produce la quinua real orgánica o ecológica. Esta se diferencia por sus granos grandes y de colores y es procesada en la planta industrial de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), que visitó France 24 en el municipio de Challapata, en la región de Oruro. “Para nosotros es la mejor quinua del mundo porque se produce en una zona altamente natural, que está bendecida por los salares, producida a una altitud superior a los 3.600 metros sobre el nivel del mar”, afirma Eduardo Paye, subgerente del programa de quinua natural de Anapqui. Esta asociación de familias campesinas exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y China. Pero, reconoce el entrevistado, los compradores finales consumen genéricamente el alimento y no reconocen la marca de la quinua real orgánica que demanda esfuerzos y costos adicionales a los campesinos bolivianos para ofrecer un
producto con la menor mecanización posible, “con cero pesticidas, cero agroquímicos”. La quinua real orgánica “es altamente nutritiva y ecológicamente producida”, pero el precio es igual al de la producción de otros países y “eso nos perjudica”, agrega Paye. “ES DOLOROSO, PERO HAY UN CAMBIO DRAMÁTICO” Bolivia cedió hace años el primer lugar de las exportaciones de quinua a Perú y aunque ambos países andinos aún son los mayores exportadores del grano, actualmente alrededor de 120 naciones han logrado desarrollar de forma experimental y comercial plantaciones en varias regiones del mundo, según datos de Anapqui y de la Fundación Tierra, de Bolivia. De la época dorada que vivió la quinua boliviana hace unos años, ahora se ha pasado a las cifras rojas, como muestran los datos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), cuyo gerente, Gary Rodríguez, resumió: “Es doloroso decirlo, pero hay un cambio dramático” que supone una transición “de un sueño a una pesadilla”. En 2020 las exportaciones sumaron 61,7 millones de dólares, una caída de 134 millones de dólares frente a los 196,6 millones reportados en el 2014, que fue el mejor año después de que Naciones Unidas declaró al 2013 Año Internacional de la Quinua, a propósito de una campaña promovida precisamente por Bolivia.
Los menores ingresos son el resultado de la caída en el precio del grano que se ha situado este año en 2.072 dólares por tonelada métrica, una suma similar a la de hace 15 años y que representa menos de un tercio de los 6.602 dólares que se pagaban en 2014. La baja de precios parece haber desincentivado el cultivo del grano en Bolivia. Entre el 2020 y el 2021, la producción se redujo casi a la mitad, al pasar de 70.170 a 38.800 toneladas, según cifras del IBCE. En las cifras globales de exportaciones bolivianas, el valor de la quinua representa menos del 1% y en la de productos no tradicionales –excluyendo la industria extractiva–, el 2%. Aunque parece no incidir en la economía nacional, más de 70.000 productores sufren por la baja de precios. Lo llamativo es que, según apunta Gary Rodríguez, los agricultores peruanos han aumentado su producción y el valor de sus exportaciones de quinua dulce, debido a que tendrían menos costos de producción que la quinua real orgánica boliviana a la que le hacen falta mercados especiales. Para ayudar a los quinueros, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, anunció hace poco que en ocho meses se am-
pliará el mercado estadounidense para productos de quinua con valor agregado y que se creará un sistema de certificaciones y denominación de origen para la quinua real orgánica, con el fin de obtener un mejor precio por un producto de más calidad. Según el ministro, el mercado mundial de la quinua alcanza a 13.000 millones de dólares y los productores bolivianos pueden mejorar su economía accediendo a los mismos si cumplen con los estándares internacionales y las certificaciones que respaldan la calidad de la quinua real. “Puede haber cien países que estén ofreciendo la quinua, igual no vamos a alcanzar a la demanda internacional. Ahora hay que trabajar en eso para que tengamos un valor adicional por ser país de origen”, sostuvo Gonzáles. Los dirigentes quinueros ven con expectativa la ayuda del Gobierno para hacer efectiva la denominación de origen para varias comunidades, un tema que se discute hace casi dos décadas. Esa “herramienta comercial” permitiría mejores precios como incentivo para que las nuevas generaciones no dejen sus tierras y migren, algo que ya se vive en Bolivia (Javier Aliaga).
8
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022
SEMANARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS