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Miércoles 2 de marzo de 2022

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GIEI comprobó que en 2019 hubo golpe de Estado y masacres

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Miércoles 2 de marzo de 2022

Informe final del GIEI reveló la verdad de los hechos ocurridos en 2019 Redacción Central Durante ocho meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajó en contacto directo con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y autoridades e instituciones bolivianas, para entregar un informe final sobre las violaciones de derechos humanos en 2019. LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA Debido a la crisis política y social que Bolivia vivió luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita de observación entre el 22 y 25 de noviembre de ese año y, entre sus observaciones preliminares, estableció la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”, por ello recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia. El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplo-

mática MPB-OEA-NV 27419, el gobierno transitorio expresó su conformidad con la elaboración de una investigación internacional imparcial que determinaría y calificaría los hechos de violencia ocurridos en el país y, con base en estos antecedentes, la CIDH y el Estado firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en Bolivia en ese periodo de tiempo. En ese marco, el GIEI trabajó con autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad y sobre todo para identificar debidamente a los responsables. El GIEI Bolivia fue integrado por cinco expertos de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá; Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del grupo. EL TRABAJO Un equipo técnico de investigadores radicó en La Paz y estuvo compuesto por profesionales de distintas nacionalidades y con expe-

riencia multidisciplinaria en el ámbito penal y de derechos humanos. La agenda de trabajo consistió en reuniones y audiencias públicas con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, víctimas y familiares. Se recorrieron las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, el Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre, donde se escuchó en audiencias públicas a las víctimas y a actores y autoridades. Se sostuvieron reuniones con representantes de Diputados, Senado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Instituto de Identificación Forense (IDIF), los ministerios de Defensa, Gobierno, de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Salud, Procuraduría General y Tribunal Constitucional. A partir de la información recopilada en dos semanas, el GIEI Bolivia elaboró un plan de trabajo general

y planes de investigación específica para los hechos acontecidos en Betanzos, Cochabamba, Challapata, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Senkata, Potosí, Vila Vila y Yapacaní. A lo largo de su mandato, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas, entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas que brindaron su testimonio. Se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia. Para la toma de testimonios se implementó una metodología basada en la voluntariedad y confidencialidad de las víctimas, familiares y testigos. En primer lugar, se centró en generar un ambiente de confianza y comodidad para las personas que brindaron testimonio.

Respecto de la revisión de expedientes y demás información investigativa u oficial sobre los hechos de violencia que se solicitó al Estado y otros órganos autónomos mencionados, el GIEI Bolivia analizó más de 120 mil folios de expedientes investigativos, judiciales, periciales e información aportada por diversas autoridades. De igual forma, analizó más de 1.000 archivos de material audiovisual aportados por la sociedad civil, autoridades, CIDH, así como material de la prensa y de las redes sociales. Adicionalmente, contó con el apoyo de pericias internacionales para aspectos técnicos y específicos, tales como balística, antropología forense, experticia militar, imágenes satelitales, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la organización Justice Rapid Response. Finalmente, los expertos inspeccionaron varias oficinas e instalaciones gubernamentales afectadas por los hechos de violencia, tales como tribunales electorales, estaciones policiales integrales y la planta de YPFB-Senkata.

// FOTO: JOSÉ LUIS QUINTANA

Investigación especializada

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Miércoles 2 de marzo de 2022

Redacción Central La administración del presidente Luis Arce Catacora asume el compromiso de cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final sobre la violencia en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. La investigación concluye que el régimen de facto cometió ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

sí lo aseguró el Jefe de Estado el 17 de agosto de 2021, después de que el grupo de expertos entregó el documento final de investigación en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). “Apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI, de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado”, sostuvo. Arce adelantó la derogación del Decreto Supremo N° 4461 de Amnistía del 11 de enero de 2021, además de conformar una comisión del más alto nivel que permita avanzar en el censo de las víctimas para su correspondiente reparación integral.

CUMPLIMIENTO Por el momento, con base en las recomendaciones del GIEI, se lograron los siguientes avances: se desarrollaron reuniones periódicas con las víctimas y familiares de las masacres de Sacaba y Senkata para encaminar el cumplimiento de su pliego petitorio al Estado Plurinacional, que avanza de manera satisfactoria. El Estado entregó Bs 100.000 a las familias de los fallecidos de las masacres como parte de la reparación integral; se hizo el pago a hospitales privados y proveedores de insumos; se reembolsaron gastos de salud para 73 personas. También se indemnizó por invalidez a 101 personas; se gestionaron más de 250 becas de estudios en universidades e institutos técnicos privados,

Informe confirma golpe, sucesión ilegal y masacre

Gobierno asumió el compromiso de cumplir sugerencias de los expertos

RUPTURA CONSTITUCIONAL, SUCESIÓN ILEGAL Y MASACRES El informe del GIEI establece que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía se deben someter al gobierno electo constitucionalmente. El documento de los expertos afirma que Jeanine Añez sin quórum se nombró presidenta del Senado y del país. El decreto supremo de la muerte, 4078, de Jeanine Añez, facilitó el asesinato de 38 bolivianos.

modalidad que será ampliada; se habilitó a 284 personas para que puedan ser beneficiadas con la entrega de un paquete especial del Sedem (alimentos) con un valor de Bs 500 cada uno y se amplió la entrega de ese beneficio por un año más. Se tramitaron las declaratorias de herederos de 35 familiares de los fallecidos; se entregaron ítems y contratos de trabajo para los familiares de las víctimas; se hacen gestiones para que las víctimas y familiares de fallecidos se beneficien con un plan de vivienda. El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4639, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural constituir un fideicomiso de

hasta Bs 8 millones, con el fin de otorgar créditos de fomento a la producción para los familiares de los fallecidos y víctimas del golpe de Estado de 2019. El decreto especifica que la tasa de interés de los créditos de fomento a la producción será del 0,5% anual y tendrá una duración de diez años computables a partir de la suscripción del contrato respectivo. Los beneficiarios de este último punto serán aquellos familiares de fallecidos y víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el último trimestre de 2019, que se encuentren debidamente registrados en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y en el Ministerio de Salud y Deportes.

2019 LA OPOSICIÓN impulsó un proceso de sedición que terminó con un golpe de Estado, una sucesión ilegal y asesinatos extrajudiciales.

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El informe revela claras vulneraciones a los derechos humanos

Acciones de la Resistencia Juvenil Cochala El 29 de octubre se registró por primera vez la participación de la RJC en los enfrentamientos, aunque el grupo se estaba organizando por lo menos desde el día 22 de octubre. La RJC fue parte de los enfrentamientos en el puente Muyurina en apoyo de los bloqueadores, también participó en la quema del cerro San Pedro. Ese mismo día, un canal nacional de televisión exhibió un video en las noticias, que además circuló ampliamente en redes sociales, que muestra a integrantes de la RJC golpeando a dos mujeres de pollera. El evento fue grabado en la intersección de las calles Heroínas y 25 de Mayo. Pese a la violencia sistemática en esa fecha, la RJC se presentó a sí misma como una fuerza pacífica.

Según el reporte del GIEI, durante los días del conflicto, en 2019, se cometieron violaciones a derechos humanos de las personas. A continuación se presenta un recuento de los actos más sobresalientes.

Agresión a la alcaldesa Patricia Arce

Embarazada agredida y apresada

María Patricia Arce Guzmán era la alcaldesa de Vinto, en Cochabamba. El 6 de noviembre en la tarde, la Alcaldía fue atacada por un grupo de aproximadamente 300 personas que lanzaron palos, piedras y otros objetos contundentes contra el frontis del edificio y rompieron cámaras de seguridad y ventanas. Arce fue interceptada en el camino por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla. Perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron agua para reanimarla. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo por la avenida Blanco Galindo mientras era agredida. Casi en Quillacollo apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que circularon por redes sociales.

Una mujer embarazada de algunas semanas fue agredida. Si bien no está claro si los policías sabían su estado, durante su custodia la golpearon en el estómago y la espalda. Le hicieron toques eléctricos en la espalda y no recibió agua ni comida durante los tres días que estuvo en las celdas judiciales, donde sentía mucho frío. La víctima fue transferida a la cárcel de Obrajes y permaneció detenida durante cuatro meses. Debido a los tratos que recibió, como ser obligada a cargar cosas pesadas, temía sufrir un aborto. Sino antes, durante este periodo, las autoridades médicas de la cárcel debieron haber tenido conocimiento de su embarazo. Por lo tanto, también fue objeto de violencia reproductiva durante varios meses. De hecho, el artículo 232, del Código de Procedimiento Penal dispone que no procede la detención preventiva cuando se trate de mujeres embarazadas.

Actos de violencia sexual Una de las mujeres detenidas el 11 de noviembre en El Alto refiere que sufrió toques sexuales en la EPI 3, donde policías le apretaron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían “bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS”. Más tarde, en la FELCC, la hicieron desnudarse y ella pensó que la iban a violar debido a que ya la habían amenazado con hacerlo. Debe destacarse que esta víctima fue detenida cuando buscaba a sus familiares que habían sido retenidos por civiles, y al llegar la policía en ese momento ella también fue detenida. La mujer relató que los uniformados incluso se turnaban para agredirla física y psicológicamente y que en todo momento le decían que le podían pasar cosas peores.

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Asalto a la casa del familiar de un dirigente

Mujeres apresadas en Sacaba El 15 de noviembre de 2019, detuvieron a varios hombres y mujeres en Sacaba. Testigos mencionan que separaron a las mujeres de los hombres. Una de las mujeres detenidas en Sacaba el 15 de noviembre declaró que la arrestaron a ella y a dos compañeras que estaban en el puente Huayllani, intentando cruzar. Ellas y varias otras mujeres —incluso mujeres de edad y por lo menos una mujer embarazada de ocho meses— fueron llevadas a la UTOP y mantenidas en una cancha de fútbol donde fueron humilladas e insultadas por mujeres policías que les llamaban “pelotudas” y les decían: “¿No podían estar cocinando en sus casas?”, “¿no pueden estar velando sus crías?” y “¿ven?, ustedes dando la vida por el pelotudo de Evo, su Evo…”, “¿cuánto les ha pagado el pedófilo ése?, ¿qué les ha dado su macho ése?”. La misma testigo dice que las tenían enjauladas sin agua ni comida.

Marco Antonio Borda Belzu declaró que el 10 de noviembre de 2019 un grupo de personas ingresó por la fuerza a su casa, lo golpearon en varias partes del cuerpo, incluso en sus genitales y nalgas, le taparon la boca, lo desnudaron y le echaron gasolina. Durante estos abusos, le decían que llamara a su hermano Víctor Borda, que era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, para decirle que renuncie él y Evo Morales. Este hecho sucedió inmediatamente después de que habían ido a quemar la casa de su hermano Víctor. El diputado Víctor Borda tuvo que renunciar a su cargo en el Legislativo para cuidar la vida de su hermano y la de sus demás familiares que sufrían agresiones y amenazas.

Policía Boliviana

Violencia contra funcionarios También fueron reportados insultos en contra de funcionarios. El delegado defensorial departamental de Cochabamba, Nelson Cox, según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 10 de diciembre de 2019, fue insultado por personas que intentaban impedir el ingreso a su oficina y lo llamaron “maricón” y “poco hombre”, entre otros insultos. Nelson Cox declaró al GIEI que cuando el coronel Zurita, comandante de la Policía valluna, le llamó para hablar de la masacre de Sacaba el 15 de noviembre, le dijo: “¿Cómo es maricón? ¡Cobarde! Ayer te he llamado para que vengas a negociar, se te ha fruncido tu culito y no has querido venir, eres un cobarde, maricón de mierda…”. Nelson Cox dijo al GIEI que desde ese día le han “bombardeado y destrozado” en las redes sociales, y le han amenazado a él y a su familia incluso en las calles.

Los acontecimientos de la crisis de 2019 refuerzan, de algún modo, la perspectiva de que la Policía actuó bajo la influencia de objetivos políticos. El motín policial que se inició el 8 de noviembre en Cochabamba, y que luego se extendió a todos los departamentos del país, fue sin duda un factor relevante tanto porque ocurrió justo cuando la espiral de violencia se ampliaba, lo que dejó desprotegida a la sociedad durante los graves sucesos de la crisis, como porque en la lista de reivindicaciones incluyó la renuncia del presidente Evo Morales Ayma. Además el amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia.

Fuerzas Armadas Las situaciones de protesta social no pueden ser consideradas de alto peligro y tampoco un conflicto armado, por lo que se evalúa que la movilización de las Fuerzas Armadas para participar en actividades de represión a grupos que se manifestaban, aunque con alguna violencia, es desproporcionada. De este modo, si bien el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de estructuras esenciales del Estado puede ser justificada por el rebasamiento de la Policía, no se justifica su empleo para contener excesos o abusos de protestas sociales.

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Redacción Central

Eve

Durante la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, el año pasado, no dejaron de gritar “¡justicia!” y derramaron lágrimas de dolor por la pérdida de las 38 personas, en su mayoría jóvenes, que fallecieron por impactos de bala en las violentas represiones en noviembre de 2019.

Víctimas, sat por las conc del

on mucha expectativa escucharon el informe de los expertos, las recomendaciones y fundamentalmente los compromisos hechos por el presidente Luis Arce. Luego, concluido el acto, muchas de las víctimas se abrazaron y demostraron su satisfacción por el informe, aunque no les devuelva a sus seres queridos. Los familiares de los fallecidos, detenidos y algunos heridos, en el acto de presentación del informe final del GIEI, demostraron su satisfacción y aseguraron que a partir de ello buscarán justicia para que los responsables materiales e intelectuales de las masacres de 2019 vayan a la cárcel. “Ni olvido ni perdón. Los muertos no se reviven”; “No es venganza, es justicia”; “No fue fraude, fue golpe”; “Memoria, verdad y justicia”; “Sacaba y Senkata no se olvidan”, se leía en varios panfletos, elaborados con marcadores, cartulina y papel.

38 PERSONAS fallecieron en las masacres de Senkata y Sacaba.

Gloria Quisbert, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, durante el acto de presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lamentó, entre lágrimas, cómo ni a Jeanine Añez ni a Arturo Murillo les tembló el corazón al firmar el Decreto Supremo 4078 para reprimir las movilizaciones de 2019. Exigió justicia por las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). “Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le ha temblado el corazón

para firmar este Decreto 4078”, recordó Quisbert, entre lágrimas, durante su intervención en la presentación del informe final del GIEI-Bolivia. Quisbert perdió a su hermano, quien murió durante la represión de efectivos policiales y militares en Senkata. Lamentó que en el gobierno de facto de Jeanine Añez se hayan vulnerado los derechos de las familias bolivianas, dejando luto y dolor. Los familiares de las víctimas de las masacres narraron con notable emoción los sucesos de los que fueron víctimas durante el régimen de facto de Añez. Agradecieron a los investigadores por su informe y consideran que este estudio marcará su rumbo en búsqueda de justicia.

Ismael Marquina El policía que se rehusó a amotinarse en noviembre de 2019 Ismael Marquina, el policía que se rehusó a amotinarse en noviembre de 2019 y que fue dado de baja y encarcelado injustamente un año en la cárcel por delitos que no se pudieron comprobar hasta ahora, contó que ese tiempo fue el peor que vivió, porque fue humillado y golpeado brutalmente por su propios camaradas. Anunció que el 29 de agosto tiene un juicio oral y espera ahí obtener su libertad. “Le voy a demostrar al país entero que yo soy inocente con una sentencia absolutoria y previo a eso pediré que se restituyan todos mis derechos que violaron, porque no existen pruebas que me incriminen en sus acusaciones infundadas y montadas del gobierno de facto de Jeanine Añez”, expresó.

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entos de 2019

Gregoria Siles

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Madre de Omar Calle de 25 años, quien falleció en Huayllani.

Ayven Huaranca Enfermero que salvó vidas durante la masacre. Ayven Huaranca, el enfermero que fue enviado a la cárcel por salvar vidas en la masacre de Senkata (El Alto) en noviembre de 2019, fue el único que salvó muchas vidas y vio morir a varias personas en sus brazos. Ante esa situación, lo acusaron de terrorista, cuando lo único que hizo fue ayudar a las personas en su calidad de enfermero. “He estado en la cárcel (donde) he sido torturado, maltratado totalmente. (Pero ahora) doy gracias a Dios porque el día de ayer, con lágrimas, (le) he dicho a mucha gente que mi juicio se terminó, no demostraron pruebas”, relató. Añadió que muchos de los presos políticos del gobierno de facto de Jeanine Añez atravesaron “una muerte civil”, no podían trabajar ni desarrollar actividades, “pero ahora el informe del GIEI es una esperanza en la búsqueda de justicia para salir con la frente en alto al extranjero para seguir capacitándose para ayudar a la gente”.

Gregoria Siles, madre de Omar Calle de 25 años, recordó entre sollozos cómo a su hijo, mientras se encontraba ese 15 de noviembre en las movilizaciones en el puente de Huayllani-Sacaba, esperando que los policías y militares les dejen pasar a Cochabamba, le dispararon por la espalda. La bala destrozó uno de sus pulmones y el corazón. “Estaba gritando ‘marcha pacífica, queremos pasar a Cochabamba’ y ahí lo mataron en la espalda con un disparo mientras estaba escapando, la bala le llegó directo al corazón. Tenía un hijito, ahora quedó huérfano”, dijo la progenitora entre lágrimas. Clamó justicia y que los responsables de las muertes en Senkata y Huayllani sean castigados con todo el rigor de la ley. Mencionó como responsables a la exsenadora Jeanine Añez, al exministro de Gobierno Arturo Murillo, al excívico cruceño y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exministro de Defensa Fernando López.

Vanessa Veizaga

Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le ha temblado el corazón para firmar este Decreto 4078”. Gloria Quisbert Presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata

Frida Conde Perdió a su hermano Percy Conde Noguera, con siete impactos de bala en Pedregal, en la zona Sur, La Paz. Con lágrimas en los ojos, la señora Frida Conde, quien perdió a su hermano de nombre Percy Romer Conde Noguera, con siete impactos de bala en Pedregal, en la zona Sur de la ciudad de La Paz, narró que le dispararon a quemarropa y murió instantáneamente y dejó en la orfandad a sus tres hijos y a su esposa. “Sé que no me devolverán a mi hermano, pero por lo menos muchas de las víctimas y yo en particular me quedo tranquila porque sé que se hizo justicia”, indicó. Todo ocurrió el 11 de noviembre de 2019, mientras se desataba la represión militar y policial en la zona. Los uniformados tocaron las puertas de las viviendas y salió Percy Conde y es ahí donde recibe los impactos de bala a quemarropa.

Representante de Cofadena Santa Cruz. Sus dos hermanos fueron víctimas de la violencia y el odio de la Unión Juvenil Cruceñista. Vanessa Veizaga, representante de Cofadena Santa Cruz, con la voz entrecortada y lágrimas, relató que sus hermanos Sergio y River ya no son los mismos, puesto que el mayor aún tiene las balas en su organismo y si es sometido a una cirugía, podría quedar lisiado de por vida. Entretanto su hermano River atraviesa problemas psicológicos porque pese a ser abogado no puede ejercer por las secuelas que le dejaron los vejámenes y maltratos sin piedad por parte de los llamados Unión Juvenil Cruceñista Contó que ese octubre de 2019 Cofadena se levantó en un cabildo exigiendo la libre locomoción y el derecho al trabajo, pero los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en represión a las movilizaciones pacíficas que se desarrollaban fueron a atacar a los vecinos y a quemar sus casas. “La Unión Juvenil Cruceñista nos atacó y persiguió a todos los dirigentes, disparó a quemarropa a mis hermanos. Atacaron el barrio y generaron temor incluso en los propios niños, que fueron resguardados en un coliseo militar”, dijo.

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En el periodo entre las elecciones y el 10 de noviembre de 2019 fui víctima de insultos, amenazas, incluso a través de mensajes pintados en mi casa. Me arrojaron piedras y expusieron en internet a mis hijos y su dirección”.

La violencia racial se intensificó durante el golpe de Estado Redacción Central Dentro del informe final, el grupo de expertos internacionales hizo hincapié en un aspecto que realzaron durante todo el proceso investigativo: el racismo y el desprecio a los símbolos patrios como la wiphala, que representa la diversidad de los pueblos indígena originarios.

l informe también menciona la violencia sexual de los uniformados en contra de las víctimas que sufrieron torturas y toques en sus partes íntimas, lo que les produjo daños psicológicos. Se suman los ataques al trabajo de la prensa y la cobertura en los conflictos sociales de 2019 y otros hechos que vulneraron los derechos humanos. El GIEI entiende que el racismo contra los pueblos indígenas es histórico y estructural, y la eliminación de la wiphala por parte del

gobierno de facto de Jeani- tuados en las agresiones ne Añez, en los espacios ofi- a las mujeres de pollera y ciales, la promoción del cris- aquellos que vestían con los tianismo evangélico como colores del Movimiento Al norma de orientación del Es- Socialismo (MAS). Otro aspecto es la viotado y los discursos racistas sirvieron para rechazar la lencia sexual que se cruza identidad, la cultura y la his- con otros factores de distoria indígena. En el periodo criminación, como etnia, edad, condic o n s i d e r a d o, ción socioeel GIEI obserconómica, vó numerosos filiación poincidentes de lítica, entre racismo que otros. Las disugieren que ferentes forciertos sectomas de disres de la soc r i m i n ac ión ciedad siguen CASOS intersectorial siendo hostiles a la noción de racismo y discriminación c o n s t it uye n de un Estado se registraron durante i mp e d i me ntos signifiPlur i nac iona l el régimen de facto de cativos en el Jeanine Añez. inclusivo. De acuerdo alcance de la con la cronoloequidad de gía que refleja género y del el informe, en noviembre desarrollo y empoderamiende 2019 se registraron por lo to de las mujeres. En ese sentido, el grupo menos 28 casos de racismo y discriminación que de- de expertos internacionabieran ser investigados por les recomendó adoptar un el Ministerio Publico, ocho enfoque de género en la docasos en el departamento cumentación, la investigade La Paz, 10 en Santa Cruz ción y la judicialización de y 10 en Cochabamba, acen- los hechos ocurridos entre 1

de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, así como en las reparaciones de los daños ocasionados por estos hechos. Es necesario también que se desarrolle una estrategia proactiva en la investigación y documentación de hechos que, de otra manera, tienden a no ser visualizados, como el caso de la violencia sexual, tanto contra mujeres como contra hombres. Durante 2019, el derecho a la libertad de expresión, consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, protegido en el sistema interamericano, fue vulnerado, toda vez que el régimen de facto de Jeanine Añez, a través de su ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, controló a los medios con la finalidad que los bolivianos no conozcan las violaciones en contra del pueblo. Uno de los hechos que marcó trascendencia fue la muerte del periodista argen-

// FOTO: ARCHIVO

Conclusiones de la investigación

Eugenia Choque Expresidenta del Tribunal Supremo Electoral

tino Sebastián Moro, que se desempeñaba como jefe de prensa del periódico Prensa Rural (el medio de comunicación de la CSUTCB), quien falleció el 16 de noviembre de 2019 en circunstancias aún no aclaradas. El ejercicio profesional periodístico fue también vulnerado, pues dirigentes sindicales afines al régimen de Añez cometieron una serie de abusos a los periodistas en su trabajo cotidiano no sólo en la cobertura en las movilizaciones sociales y en las masacres de Senkata y Sacaba. Otras vulneraciones a los derechos humanos que menciona el informe del GIEI son las agresiones a las dirigentes y autoridades mujeres afines al MAS. Se destaca la ocurrida contra la exalcaldesa de Vinto Patricia Arce, a quien la cortaron el cabello, le echaron pintura, le orinaron además de una serie de vejámenes. Igual situación pasó la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque y dirigentes de las ‘Bartolinas’.

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Analistas coincidieron con la investigación

// FOTO: ARCHIVO

El GIEI ratifica que hubo masacres y transgresión de derechos humanos

El analista político Hugo Siles dijo que el informe del GIEI sirvió para afirmar que en Bolivia, en 2019, hubo serias violaciones a los derechos humanos, y ratifica que en los conflictos de noviembre en Senkata y Sacaba se produjeron masacres y ejecuciones sumarias que derivaron en el fallecimiento de 38 personas por impactos de bala.

“

El informe es amplio, detalla cada uno de los hechos que se suscitaron antes y durante el golpe de Estado. No sólo habla de las masacres, sino también de persecución política, la detención a dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), además demuestra el comportamiento violento de grupos paramilitares y policiales en Santa Cruz y Cochabamba”, explicó. Mencionó también que las investigaciones elaboradas en ocho meses revelan el nivel de intolerancia y racismo marcado del gobierno de facto de Jeanine Añez contra las clases más desposeídas y humildes, que no se veía en décadas en Bolivia.

El 17 de agosto, el presidente Luis Arce, luego de recibir de manos de Patricia Tappatá, representante del grupo de expertos del GIEI, el resumen del informe final, dijo: “Hemos realizado la firma para el inicio de la investigación sobre estos hechos, estas acciones fueron ilegales y después de 37 años de una construcción democrática, este informe nos da la claridad de que hubo bastantes irregularidades de los grupos afines a un sector opositor”, expresó. ACCIONES Y REACCIONES DE LAS VÍCTIMAS Muchos familiares que perdieron a sus seres queri-

dos aún lloran su partida y reclaman en una sola voz “justicia” por sus muertos y que los autores tanto intelectuales como materiales sean castigados con todo el rigor de la ley. La representante de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert, quien perdió a su hermano Ronald en los hechos de noviembre de ese año, señalaba: “Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más de este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le tembló el corazón para firmar el Decreto 4078”, recordó Quisbert entre lágrimas durante su intervención

FALLECIDOS es el saldo de las masacres en Senkata y Sacaba durante el régimen de Jeanine Añez.

en la presentación del informe final del GIEI-Bolivia. En representación de los fallecidos en el puente de Huayllani-Sacaba, Gregoria Siles, madre de Omar Calle de 25 años, recordó entre sollozos cómo a su hijo mientras se encontraba ese 15 de noviembre en las movilizaciones en Huayllani, esperando que los policías y militares les dejen pasar a Cochabamba, le dispararon por la espal// FOTOS: GONZALO JALLASI

Redacción Central

Víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba en el informe final del GIEI.

da. La bala destrozó uno de sus pulmones y el corazón. SE DEMANDÓ INVESTIGAR A CAMACHO Y MESA A partir del informe del GIEI, los pedidos de para investigar al expresidente Carlos Mesa y al excívico cruceño y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acrecentaron, pues a juicio de las organizaciones sociales estos políticos fueron partícipes directos y principales autores del golpe de Estado, cuando en noviembre llamaron a la población a movilizarse en defensa de su voto. Los procesos que cursan en el Ministerio Público avanzan a paso lento y la molestia de los sectores sociales cuestiona al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por no citar a Camacho, Samuel Doria Medina, Waldo Albarracín, entre otros para que de cara al pueblo boliviano digan su verdad sobre lo ocurrido en 2019.

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Redacción Central Una vez que se resolvió crear este grupo de expertos, los investigadores iniciaron la tarea de recolectar los datos de todos los hechos ocurridos en 2019, esto con el objetivo de entregar un informe al Estado boliviano que le permita tomar las acciones correspondientes.

uego de entregar el informe en manos del presidente Luis Arce, en agosto del pasado año, la comisión se dio la tarea de visitar los lugares donde la investigación mostró que se cometieron violaciones de derechos humanos. El primer sitio donde se entregó el informe fue en Senkata, ciudad de El Alto, lugar que, según detalles del reporte, fallecieron 10 personas por el uso excesivo de la fuerza mediante represión con munición letal. “El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo que hicimos a partir de oír sus relatos, de consultar documentos, de estudiar expedientes, de leer toda la información de las distintas fuentes a las que accedimos como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indicó la experta del GIEI-Bolivia Pa-tricia Tappatá, acompañada por sus colegas Julián Burger, Jaime Vidal Melero y Juan Méndez. Los representantes de las víctimas afirmaron que gracias a este documento es posible buscar justicia para dar con los responsables de las muertes de 38 personas en varias regiones del territorio boliviano. Posteriormente, los expertos se trasladaron a otros lugares como La Paz, Cocha-

2019

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Para que se conozcan en profundidad los eventos de 2019

El GIEI entregó su trabajo de investigación a los bolivianos

Los miembros del GIEI durante la reunión con los familiares de las víctimas de Senkata, el 25 de noviembre de 2020.

DE AGOSTO DE 2021, la comisión de expertos del GIEI presentó el informe final al presidente Luis Arce Catacora.

bamba, Sacaba (Cochabamba), Sucre (Chuquisaca, Potosí y Montero (Santa Cruz), donde detallaron lo ocurrido en esas regiones durante las represiones. La documentación y pruebas compiladas, acompañadas de recomendaciones para el Estado, son herramientas fundamentales para establecer acciones que permitan encontrar justicia y reparación por los hechos.

Expertos no vacilaron en decir que lo de 2019 fue una masacre Con las pruebas presentadas ante el pueblo boliviano, los expertos del GIEI, en el momento de entregar el informe, dijeron sin vacilar que en 2019, luego de que Jeanine Añez asumiera la silla presidencial, sin cumplir con los requisitos de sucesión establecidos para este caso, hubo masacre del pueblo boliviano, habida cuenta de que se encontraron pruebas del uso de armas letales en contra de la población, además de otros delitos como discriminación e incluso vejaciones sexuales.

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El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, en su visita a Cochabamba.

JEANINE AÑEZ se autonombró presidenta sin cumplir los procesos constitucionales establecidos para esta sucesión.

La defensora del pueblo Nadia Cruz en el encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el 25 de noviembre de 2020.

ESPECIAL

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Miércoles 2 de marzo de 2022

Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando justicia y esperando reparación, éste es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”. Diego García-Sayán Relator Especial de las Naciones Unidas

El emisario de la ONU, Diego García-Sayán, quien visitó el país hace unos días, pidió a la justicia que determine responsabilidades penales por los 38 muertos durante el año 2019. El funcionario internacional, a dos años de las masacres, exigió justicia “¡pronto y ya!”.

amentó que, a más de dos años de ocurridos los hechos violentos de 2019, es decir las masacres de Sacaba, Senkata y otras, no se hicieron ni pruebas balísticas en muchos casos. “Esas víctimas puedan ser acompañadas por ustedes (les dijo a los medios de difusión) para que encuentren justicia y se pueda investigar a fondo los hechos, se hagan las pericias balísticas. En muchos de los casos ni siquiera se han hecho todavía después de pasados dos años y que se determinen las responsabilidades penales y las reparaciones a favor de las víctimas”, indicó. Exhortó a la Fiscalía a reforzar sus investigaciones para profundizar las pesquisas y dejó muy en claro que este proceso trata de buscar justicia, no venganza.

Posición del Relator Especial de la ONU

Justicia para las víctimas, un pedido que debe ser atendido Al respecto, una miem- da” del expresidente Evo Mobro de una organización bo- rales en noviembre de 2019. “El golpe de Estado y las liviana y estadounidense de defensa de los derechos hu- violaciones de derechos humanos, Kathryn Ledebur, manos en Bolivia fueron lletambién coincidió en que vados a cabo con el aval de o durante el gobierno de fac- el desconocimiento de la coto de Áñez en Bolivia hubo munidad internacional y eso violencia, masacres, per- tiene que cambiar”, manisecución política, torturas, festó la activista. Señaló que la violaque no deben quedar en ción de derechos la impunidad humanos y ata“Ocurrió violencia cruel, ques cometidos dos masacres, durante el golpe de Estado p er se c uc ión en el país fuepolítica aguda, casos teron denunrribles de torciados ante la tura que aún O rg a n i z ac ión quedan en la de los Estados Diego García-Sayán Americanos (OEA) impunidad”, dijo la defensora de los dey hoy se presentará el rechos humanos en una en- informe del GIEI ante el Consejo Permanente de esa entitrevista con Bolivia TV. Sostuvo que es importante dad internacional. Respecto a la detención que la comunidad internacional conozca estos hechos sus- preventiva de Añez, comencitados en Bolivia durante el tó que se la debe procesar gobierno transitorio de Añez, “ya nomás” por su papel en luego de la “renuncia forza- las “masacres y matanzas”

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Redacción Central

en Sacaba y Senkata, en los departamentos de Cochabamba y La Paz. “No es una perseguida política, es una política presa”, dijo Ledebur, quien sostuvo que al estar detenida preventivamente se respetan sus de-

rechos, porque tiene contacto con sus familiares, cuenta con servicios médicos y se monitorea su salud. “Ella tiene el derecho de hacer huelga de hambre si desea, pero eso no le quita los cargos”, agregó.

ESPECIAL

Miércoles 2 de marzo de 2022

Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata y Huayllani

starán atentos al informe que presentará hoy el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la OEA sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos en 2019.