ESPECIAL - INFORME GIEI by Ahora EL PUEBLO

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Domingo 22 de agosto de 2021

INFORME GIEI

En 2019: Masacres Golpe de Estado Posesión ilegítima

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Domingo 22 de agosto de 2021

Bolivia encara el reto de garantizar la justicia y lucha contra la impunidad Redacción Central Luego de ocho meses de trabajo en contacto directo con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y autoridades e instituciones bolivianas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer su informe final sobre las violaciones de derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA Debido a la crisis política y social que Bolivia vivió luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita de observación entre el 22 y 25 de noviembre de ese año y, entre sus observaciones preliminares estableció la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”, por ello recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia.

El GIEI trabajó con autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad y sobre todo para identificar debidamente a los responsables. El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplomática MPB-OEA-NV 27419, el gobierno transitorio expresó su conformidad con la realización de una investigación internacional imparcial que determinaría y calificaría los hechos de violencia ocurridos en el país y, con base en estos antecedentes, la CIDH y el Estado firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en Bolivia en ese periodo de tiempo. El GIEI Bolivia fue integrado por cinco expertos de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá. Y Jaime Vidal

fungió como secretario ejecutivo del grupo. También contó con un equipo técnico de investigadoras e investigadores de distintas nacionalidades. EL TRABAJO El equipo técnico de investigadores radicó en La Paz y estuvo compuesto por profesionales de distintas nacionalidades y con experiencia multidisciplinaria en el ámbito penal y de derechos humanos. La agenda de trabajo consistió en reuniones y audiencias públicas con autoridades est at a les, or g a n i z aciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, víctimas y familiares. Se recorrieron las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, el Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre, donde se escuchó en audiencias públicas a las víctimas y a actores y autoridades. Se sostuvieron reuniones con representantes de Diputados, Senado, Defensoría del Pue-

blo, Fiscalía General, Instituto de Identificación Forense (IDIF), los ministerios de Defensa, Gobierno, de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Salud, Procuraduría General y Tribunal Constitucional. A partir de la información recopilada en dos semanas, el GIEI Bolivia elaboró un plan de trabajo general y planes de investigación específica para los hechos acontecidos en Betanzos, Cochabamba, Challapata, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Senkata, Potosí, Vila Vila y Yapacaní. A lo largo de su mandato, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas, entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas que brindaron su testimonio. Se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia. Para la toma de testimonios se implementó una metodología basada en la voluntariedad y confidencialidad de las víctimas, familiares y testigos. En primer lugar, se centró en generar un ambiente de confianza y comodidad

para las personas que brindaron testimonio. Respecto de la revisión de expedientes y demás información investigativa u oficial sobre los hechos de violencia que se solicitó al Estado y otros órganos autónomos mencionados, el GIEI Bolivia analizó más de 120 mil folios de expedientes investigativos, judiciales, periciales e información aportada por diversas autoridades. De igual forma, analizó más de 1.000 archivos de material audiovisual aportados por la sociedad civil, autoridades, CIDH, así como material de la prensa y de las redes sociales. Adicionalmente, contó con el apoyo de pericias internacionales para aspectos técnicos y específicos, tales como balística, antropología forense, experticia militar, imágenes satelitales, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la organización Justice Rapid Response. Finalmente, los expertos inspeccionaron varias oficinas e instalaciones gubernamentales afectadas por los hechos de violencia, tales como tribunales electorales, estaciones policiales integrales y la planta de YPFB-Senkata.

// FOTO: JOSÉ LUIS QUINTANA

Luego del informe final del GIEI

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El GIEI confirma las masacres de Senkata y Sacaba

a integrante del GIEI Bolivia Patricia Tapattá fue la encargada de sintetizar los resultados del informe final respecto de las masacres y violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social en Bolivia a finales de 2019. La especialista reiteró que el GIEI no duda en calificar los hechos de Senkata y Sacaba como masacres y remarcó que, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares quedaron con lesiones físicas y psicológicas. “Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”, dijo. Enfatizó en que la Policía y Fuerzas Armadas, por separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. “Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, manifestó. Afirmó que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar sus respectivas heridas. El informe reconoce que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento en su calidad de víctima. “No se puede concebir proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son la de nuestra identidad política mientras que las que se identifican como el adversario lo son menos

o no requieren atención”, apuntó Se concluye que las manifestaciones, protestas y bloqueos en caminos y ciudades que estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas no ocurrieron de modo inesperado, sino que fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. “Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia”, señaló. Otro de los aspectos destacados es que, en el marco de la polarización social y política, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana “Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas en momentos trascendentes de la vida de Bolivia y pretendieron ser usadas como factor de exclusión. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo mujeres indígenas, especialmente atacadas, deben ser reconocidas y los responsables sancionados”, apuntó. Entre las recomendaciones, se le pide al Estado garantizar el derecho de todas las victimas a la verdad, justicia sin distinciones bajo el principio de universalidad y sin imponer versiones únicas sobre los hechos. “Se tiene que otorgar prioridad a los casos de violencia sexual y de género, y que los operadores de justicia cuenten con un conocimiento especializado; y para ello es importante la independencia del Órgano Judicial”.

Antonia Urrejola

Julissa Mantilla

Flavia Piovesan

PRESIDENTA DE LA CIDH: Celebramos y resaltamos, como ejemplo del Estado Plurinacional de Bolivia, la búsqueda de la verdad y la justicia. El trabajo final se traducirá en acciones para la garantía de la justicia y lucha contra la impunidad en Bolivia. Este informe es un paso en la construcción de la ruta que llevará hacia la verdad, la justicia y reparación integral a las víctimas y sus familiares. La CIDH estará presente en todos los pasos en la búsqueda de la justicia, la verdad y reparación integral.

PRIMERA VICEPRESIDENTA CIDH: La Comisión Interamericana recibe el informe y se compromete a revisar el contenido y las recomendaciones para evaluar los mecanismos para asistir al Estado para el cumplimiento. La comisión continuará monitoreando la situación de los derechos humanos en Bolivia. La CIDH recomendó la creación de un grupo internacional de expertos independientes especializado para el estudio y análisis de los hechos para hacer recomendaciones y plantear la atención y reparación integral a las víctimas.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA CIDH: El propósito del trabajo de los expertos es identificar a los responsables por las violaciones de derechos humanos sucedidas en determinado marco temporal entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Destacar la disposición del Estado Plurinacional de Bolivia por la plena confianza en el trabajo de la comisión y en el desempeño de los expertos. La CIDH visitó Bolivia en noviembre de 2019 para recoger información sobre los derechos humanos en el contexto de la crisis política y social.

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El informe revela claras vulneraciones a los derechos humanos

Según el reporte del GIEI, durante los días de conflicto, en 2019, se cometieron varios hechos de violaciones a derechos humanos de las personas. A continuación se presenta un recuento de los actos más sobresalientes.

Acciones de la Resistencia Juvenil Cochala

Agresión a la alcaldesa Patricia Arce

Actos de violencia sexual

Embarazada agredida y apresada

El 29 de octubre se registró por primera vez la participación de la RJC en los enfrentamientos, aunque el grupo se estaba organizando por lo menos desde el día 22 de octubre. La RJC fue parte de los enfrentamientos en el puente Muyurina en apoyo de los bloqueadores, también participó en la quema del cerro San Pedro. Ese mismo día, un canal nacional de televisión exhibió un video en las noticias, que además circuló ampliamente en redes sociales, que muestra a integrantes de la RJC golpeando a dos mujeres de pollera. El evento fue grabado en la intersección de las calles Heroínas y 25 de Mayo. Pese a la violencia sistemática en esa fecha, la RJC se presentó a sí misma como una fuerza pacífica.

María Patricia Arce Guzmán era la alcaldesa de Vinto, en Cochabamba. El 6 de noviembre en la tarde, la Alcaldía fue atacada por un grupo de aproximadamente 300 personas que lanzaron palos, piedras y otros objetos contundentes contra el frontis del edificio y rompieron cámaras de seguridad y ventanas. Arce fue interceptada en el camino por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla. Perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron agua para reanimarla. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo por la avenida Blanco Galindo mientras era agredida. Casi en Quillacollo apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que circularon por redes sociales.

Una de las mujeres detenidas el 11 de noviembre en El Alto refiere que sufrió toques sexuales en la EPI 3, donde policías le apretaron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían “bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS”. Más tarde, en la FELCC, la hicieron desnudarse y ella pensó que la iban a violar debido a que ya la habían amenazado con hacerlo. Debe destacarse que esta víctima fue detenida cuando buscaba a sus familiares que habían sido retenidos por civiles, y al llegar la policía en ese momento ella también fue detenida. La mujer relató que los uniformados incluso se turnaban para agredirla física y psicológicamente y que en todo momento le decían que le podían pasar cosas peores.

Una mujer embarazada de algunas semanas fue agredida. Si bien no está claro si los policías sabían su estado, durante su custodia la golpearon en el estómago y la espalda. Le hicieron toques eléctricos en la espalda y no recibió agua ni comida durante los tres días que estuvo en las celdas judiciales, donde sentía mucho frío. La víctima fue transferida a la cárcel de Obrajes y permaneció detenida durante cuatro meses. Debido a los tratos que recibió, como ser obligada a cargar cosas pesadas, temía sufrir un aborto. Sino antes, durante este periodo, las autoridades médicas de la cárcel debieron haber tenido conocimiento de su embarazo. Por lo tanto, también fue objeto de violencia reproductiva durante varios meses. De hecho, el artículo 232, del Código de Procedimiento Penal dispone que no procede la detención preventiva cuando se trate de mujeres embarazadas.

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Policía Boliviana

Mujeres apresadas en Sacaba

Asalto a la casa del familiar de un dirigente

Violencia contra funcionarios

El 15 de noviembre de 2019, detuvieron a varios hombres y mujeres en Sacaba. Testigos mencionan que separaron a las mujeres de los hombres. Una de las mujeres detenidas en Sacaba el 15 de noviembre declaró que la arrestaron a ella y a dos compañeras que estaban en el puente Huayllani, intentando cruzar. Ellas y varias otras mujeres —incluso mujeres de edad y por lo menos una mujer embarazada de ocho meses— fueron llevadas a la UTOP y mantenidas en una cancha de fútbol donde fueron humilladas e insultadas por mujeres policías que les llamaban “pelotudas” y les decían: “¿No podían estar cocinando en sus casas?”, “¿no pueden estar velando sus crías?” y “¿ven?, ustedes dando la vida por el pelotudo de Evo, su Evo…”, “¿cuánto les ha pagado el pedófilo ése?, ¿qué les ha dado su macho ése?”. La misma testigo dice que las tenían enjauladas sin agua ni comida.

Marco Antonio Borda Belzu declaró que el 10 de noviembre de 2019 un grupo de personas ingresó por la fuerza a su casa, lo golpearon en varias partes del cuerpo, incluso en sus genitales y nalgas, le taparon la boca, lo desnudaron y le echaron gasolina. Durante estos abusos, le decían que llamara a su hermano Víctor Borda, que era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, para decirle que renuncie él y Evo Morales. Este hecho sucedió inmediatamente después de que habían ido a quemar la casa de su hermano Víctor. El diputado Víctor Borda tuvo que renunciar a su cargo en el Legislativo para cuidar la vida de su hermano y la de sus demás familiares que sufrían agresiones y amenazas.

También fueron reportados insultos en contra funcionarios. El delegado defensorial departamental de Cochabamba Nelson Cox, según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 10 de diciembre de 2019, fue insultado por personas que intentaban impedir el ingreso a su oficina y lo llamaron “maricón” y “poco hombre”, entre otros insultos. Nelson Cox declaró al GIEI que cuando el coronel Zurita, comandante de la Policía valluna, le llamó para hablar de la masacre de Sacaba el 15 de noviembre, le dijo: “¿Cómo es maricón? ¡Cobarde! Ayer te he llamado para que vengas a negociar, se te ha fruncido tu culito y no has querido venir, eres un cobarde, maricón de mierda…”. Nelson Cox dijo al GIEI que desde ese día le han “bombardeado y destrozado” en las redes sociales, y le han amenazado a él y a su familia incluso en las calles.

Los acontecimientos de la crisis de 2019 refuerzan, de algún modo, la perspectiva de que la Policía actúa bajo la influencia de objetivos políticos. El motín policial que se inició el 8 de noviembre en Cochabamba, y que luego se extendió a todos los departamentos del país, fue sin duda un factor relevante tanto porque ocurrió justo cuando la espiral de violencia se ampliaba, lo que dejó desprotegida a la sociedad durante los graves sucesos de la crisis, como porque en la lista de reivindicaciones incluyó la renuncia del presidente Evo Morales Ayma. Además el amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia.

Fuerzas Armadas Las situaciones de protesta social no pueden ser consideradas de alto peligro y tampoco un conflicto armado, por lo que se evalúa que la movilización de las Fuerzas Armadas para participar en actividades de represión a grupos que se manifestaban, aunque con alguna violencia, es desproporcionada. De este modo, si bien el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de estructuras esenciales del Estado puede ser justificada por el rebasamiento de la Policía, no se justifica su empleo para contener excesos o abusos de protestas sociales.

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Entre octubre y diciembre de 2019

Arce: El reporte del GIEI confirma golpe, sucesión ilegal y masacre Redacción Central El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia ocurrida en Bolivia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019, confirma la ruptura del orden constitucional con un golpe de Estado, la sucesión ilegal de Jeanine Añez como presidenta, el delito de ejecución extrajudicial y la violación de derechos humanos, aseguró ayer el presidente Luis Alberto Arce Catacora.

a presentación oficial del documento del GIEI se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). El acto contó con la presencia del vicepresidente David Choquehuanca Céspedes; los ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta; y de Justicia, Iván Lima; representantes de las organizaciones de víctimas de Sacaba y Senkata; el cuerpo diplomático acreditado en el país, entre otros. El Jefe de Estado ratificó su voluntad de cumplir el mandato popular de restituir la memoria, la verdad y la justicia de lo ocurrido en Bolivia en 2019, en el marco del respeto al derecho, la razón y el debido proceso, sobre las bases de la investigación elaborada por el GIEI. Señaló que en las más de 750 páginas de testimonios recogidos por los expertos in-

dependientes se registran relatos desgarradores de torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad, sobre la base de evidencias fácticas y científicas. “Podemos identificar con claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que lamentablemente sucedieron en nuestro país en el golpe de Estado, coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales, como es el caso de algunos dirigentes políticos y cívicos”, manifestó. Arce dijo que el trabajo del GIEI refleja que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. “El GIEI evalúa que las

La persecución, procesamiento y encarcelamiento de personas inocentes se convirtió en un hecho cotidiano y normal. El abuso y la soberbia fueron la regla de comportamiento para intimidar y acallar a bolivianas y bolivianos”. Luis Alberto Arce Presidente de Bolivia

Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos (…) Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos”, señala parte del informe al que dio lectura el Presidente.

El Alto Mando Militar sugiere a Evo Morales que renuncie a la presidencia.

GOLPE DE ESTADO Con relación a las declaraciones de los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, respecto a la sugerencia de renuncia al presidente Evo Morales, Arce Catacora dijo que el GIEI explica que las fuerzas militares y policia-

Nómina de las víctimas del régimen de facto 1. Límbert Guzmán Vásquez (20) 2. Beltrán Paulino Condori Aruni (23) 3. Percy Romer Conde Noguera (31) 4. Mario Salvatierra Herrera (54) 5. Marcelo Ricardo Terrazas Selene (48) 6. Silverio Condori (57) 7. Filemón Soria Díaz (45) 8. Miguel Ledezma Gonzales (24) 9. Juan Martín Pérez Taco (18) 10. Heyber Yamil Antelo Alarcón (45) 11. Juan José Mamani Larico (35) 12. Marcelino Jarata Estrada (53) 13. Roberth Ariel Callisaya Soto (20) 14. Filemón Salinas Rivera (15) 15. Omar Calle Siles (26) 16. César Sipe Mérida 17. Juan López Apaza 18. Emilio Colque León (21) 19. Lucas Sánchez (43) 20. Plácido Rojas Delgadillo (18) 21. Armando Carballo Escóbar (25) 22. Marcos Vargas Martínez (25) 23. Roberto Sejas (28) 24. Juan José Alcón Parra (43) 25. Devi Posto Cusi (34) 26. Pedro Quisbert Mamani (37) 27. Edwin Jamachi Paniagua (31) 28. Joel Colque Patty (22) 29. Juan José Tenorio Mamani (22) 30. Antonio Ronald Quispe Ticona (24) 31. Clemente Eloy Mamani Santander (24) 32 .Rudy Cristian Vásquez Condori (23) 33. Milton David Zenteno Gironda (24) 34. Calixto Huanaco Aguilario (25) 35.Julio Llanos (81) 36. Julio Pinto Mamani (51) 37. Sebastián Moro (40) 38. Roger González

les tienen en cualquier país la responsabilidad democrática del más alto nivel. Debido al potencial desestabilizador de las fuerzas militares y policiales, justamente por ser las únicas armadas y también por las amargas memorias sobre su actuación en el continente, sus regímenes jurídicos las distancian por completo de actos de naturaleza política y, sobre todo, de posturas que confronten o protejan personalmente a mandatarios civiles o a figuras de oposición. “El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especial-

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El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia recibe el informe conclusivo del GIEI sobre las masacres de 2019.

4078 mente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia ‘la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad’”, leyó el Jefe de Estado. En base a esa explica-

7 // FOTO: GONZALO JALLASI

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ES EL DECRETO SUPREMO que aprobó el gabinete de ministros de Jeanine Añez para autorizar la masacre militar y policial en noviembre de 2019. ción, el Presidente dijo que se demuestra que en el país las FFAA y la Policía no cumplieron con su rol constitucional. “Hermanas y hermanos, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, sostuvo. SUCESIÓN INCONSTITUCIONAL El informe de los expertos da cuenta de que el artículo 169 de la Constitución de Bolivia señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del presidente, “será reemplazado en el cargo” por el vicepresidente y, a falta de

Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”. Luis Arce Catacora Jefe del Estado Plurinacional

éste, por el presidente del Senado y, a falta de éste, por el de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”. Por lo que después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenó una serie de dimisiones de las personas consideradas para asumir la presidencia, de acuerdo con la cadena de sucesión presidencial. “Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno. (…) El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría. En reunión del Senado, sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer

vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el informe. Además, el “12 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) emitió un ‘Comunicado’ señalando que entendía todavía aplicable con la vigencia de la Constitución de 2009 una Declaración Constitucional de 2001, en la cual decidió sobre sucesión presidencial en casos de vacancia. Ese mismo día de noviembre, Jeanine Añez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, añade el documento. “Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañados de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la wiphala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena, originaria, campesina y comunitaria. Además, altos dirigentes de la nueva administración se pronunciaron prometiendo el ‘es-

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PEDIDO DE PERDÓN A LAS FAMILIAS DE LOS ASESINADOS A NOMBRE DEL ESTADO

carmiento’ y la ‘cacería’ de los ahora opositores”. “Una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Jeanine Añez fue la promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre de 2019”. Al respecto, sobre la ruptura constitucional, el Presidente del Estado dijo que “después de 37 años de democracia, el informe establece claramente lo que señala la Constitución Política del Estado con relación a la sucesión presidencial, e indica de manera textual que en reunión del 12 de noviembre de 2019, del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, y luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. Ingresó a Palacio Quemado y un militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”. MASACRE El Primer Mandatario dijo que el informe del GIEI explica que la violación de los derechos humanos por el régimen de Añez se inició el 14

de noviembre de 2019 con la promulgación del Dec reto Supremo N° 4078, que autor iza a las Fuerzas A rmadas el uso de a r mas de f uego pa ra la represión, ex i m iéndoles de toda responsabi l idad. Manifestó que el informe señala que: “(…) Desde su publicación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido del decreto. Al respecto, la CIDH manifestó: El decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA Familias velan en vía pública a sus familiares asesinados con armas de fuego disparadas por militares en noviembre de 2019.

que participe en los operativos para el restablecimiento y estabilidad del orden interno, desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”. Producto de estas acciones violatorias de los derechos humanos, Arce Catacora dijo que 38 bolivianos recibieron dispa-

ros y fueron masacrados. Otros centenares de personas sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. “El 28 de noviembre de 2019, debido a la presión nacional e internacional, se derogó este Decreto Supremo, pero para ese entonces las masacres de Senkata y Sacaba, los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ya habían acontecido el 15 y 19 de noviembre”, manifestó.

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El Jefe de la Casa Militar impone la banda presidencial a Jeanine Añez, quien se autoproclamó como presidenta el 12 de noviembre de 2019.

El presidente Luis Alberto Arce Catacora, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, pidió perdón a las familias de los 38 bolivianos asesinados por el régimen de facto de Jeanine Añez, entre noviembre y diciembre de 2019. En el Banco Central de Bolivia (BCB), en ocasión de recibir el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la masacre de Sacaba y Senkata, el Jefe de Estado rindió homenaje con un minuto de silencio a los victimados por impactos de bala en defensa de la democracia. “Hoy (ayer) en el auditorio del Banco Central de Bolivia honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo, ya que los culpables nunca lo hicieron. A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias”, sostuvo. Acto seguido, el Presidente nombró a cada uno de los bolivianos asesinados en noviembre de 2019, y los concurrentes replicaban “gloria y justicia” para las víctimas.

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En el Legislativo

Se encaminará el juicio de responsabilidades contra Añez Redaccion Central El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) acelerará el juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez, quien tiene en su contra tres procesos impulsados por el Ministerio de Justicia por la aprobación sin aval del Legislativo de un crédito de $us 327 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de los derechos de la libertad de expresión.

stas declaraciones surgen después de que el presidente Luis Arce, en la presentación final del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pidiera

a esa instancia legislativa acelerar el proceso para el inicio del juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Añez. La autoridad legislativa explicó que el tema será tratado en los próximos días, pero todo dependerá del trabajo que desarrolle la Comisión Mixta de Justicia Plural, que hasta el momento aprobó un total de 17 de los 20 juicios de responsabilidades que estaban pendientes desde las gestiones de 2004. Rodríguez explicó que si bien existen acercamientos con la oposición para que se logren los dos tercios, les recordó tanto a la alianza Comunidad Ciudadana (CC) como de Creemos su compromiso de apoyar el juicio de responsabilidades contra Añez, que las denuncias que pesan en contra de la exse-

nadora no hacen mención a un golpe de Estado. “Han empeñado su palabra tanto Creemos como de Comunidad Ciudadana (CC). Si es por golpe de Estado, dijeron que no respaldarán, pero si es por daño económico, corrupción o masacres, ellos deben cumplir su palabra y apoyar este juicio de responsabilidades”, aseguró. Si bien el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, apoya el informe final de los expertos del GIEI, el diputado de esta alianza política Alejandro Reyes indicó que cualquier juicio de responsabilidades que tenga que ver con la expresidenta Jeanine Añez es un justificativo para la represión o persecución política. “Sabiendo que la justicia está a favor del gobierno de turno, nosotros no permitiremos este tipo de acciones, porque no po-

El Legislativo acelerará el juicio de responsabilidades contra Añez.

demos esperar nada de una justicia que no tiene independencia y para que haya una verdadera justicia en el país, debe existir primero una reforma judicial que sea transparente”, aclaró. El jefe de bancada de la alianza Creemos, diputado Erwin Bazán, sin responder de manera precisa, señaló que no se prestarán a la idea vengativa del MAS, de lo que para ellos es justicia, y por el contrario reafirmaron su posición para establecer mecanismos de auténti-

ca investigación, transparente y oportuna para llegar a una auténtica justicia. “Nosotros creemos que debemos establecer una comisión de la verdad formada por las tres fuerzas parlamentarias en el Legislativo y grupos de ciudadanos independientes de la sociedad boliviana para generar la confiabilidad que se necesita para evitar la politización del gobierno en cualquier investigación”, dijo.

// FOTOS: GONZALO JALLASI

Organizaciones piden justicia

Movimientos sociales que conforman el Pacto de Unidad se pronuncian sobre los intentos de desestabilización de la derecha.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo que como organizaciones sociales exigirán a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el inicio de juicio de responsabilidades contra la expresidenta, toda vez que el informe fue claro al señalar que durante su gestión se vulneraron derechos humanos y se masacró a los bolivianos. “Creo que el pueblo no es sordo ni mudo y menos ciego, las organizaciones sociales y sindicales hicieron conocer su pedido de justicia y que incluso se amplíen las investigaciones contra quie-

nes incitaron para que exista confrontación entre hermanos. Yo creo que será importante para hacer los juicios de responsabilidades no sólo a través de procesos, sino mediante las instancias que correspondan”, afirmó. La secretaria de Hacienda de la Confederación Nacional de Mujeres C a mp e s i n a s Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolinas Sisa’ de Cochabamba, Santusa Rodríguez, exigió justicia, habida cuenta de que está más que confirmado que en esos meses no sólo se violaron los derechos humanos, sino hubo un golpe de Estado.

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Redacción Central Durante toda la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, presentes en el acto, no dejaron de gritar “¡justicia!” y derramaron lágrimas de dolor por la pérdida de las 38 personas, en su mayoría jóvenes, que fallecieron por impactos de bala en las violentas represiones en noviembre de 2019.

Domingo 22 de agosto de 2021

Eventos de 2019

Víctimas satisfechas por las conclusiones del informe

on mucha expectativa escucharon el informe de los expertos, las recomendaciones y fundamentalmente los compromisos hechos por el presidente Luis Arce. Luego de concluido el acto, muchas de las víctimas se abrazaron y demostraron su satisfacción por el informe, aunque no les devuelva a sus seres queridos. Los familiares de los fallecidos, detenidos y algunos heridos, en el acto de presentación del informe final del GIEI, demostraron su satisfacción y aseguraron que a partir de ello buscarán justicia para que los responsables materiales e intelectuales de las masacres de 2019 vayan a la cárcel. “Ni olvido ni perdón. Los muertos no se reviven”; “No es venganza, es justicia”; “No fue fraude, fue golpe”; “Memoria, verdad y justicia”; “Sacaba y Senkata no se olvidan”, se leía en varios panfletos, elaborados con marcadores, cartulina y papel.

38 PERSONAS fallecieron en las masacres de Senkata y Sacaba.

Gloria Quisbert, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, durante el acto de presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lamentó, entre lágrimas, cómo ni a Jeanine Añez ni a Arturo Murillo les tembló el corazón al firmar el Decreto Supremo 4078 para reprimir las movilizaciones de 2019. Exigió justicia por las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). “Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le ha temblado el corazón

para firmar este Decreto 4078”, recordó Quisbert, entre lágrimas, durante su intervención en la presentación del informe final del GIEI-Bolivia. Quisbert perdió a su hermano, quien murió durante la represión de efectivos policiales y militares en Senkata. Lamentó que en el gobierno de facto de Jeanine Añez se hayan vulnerado los derechos de las familias bolivianas, dejando luto y dolor. Los familiares de las víctimas de las masacres narraron con notable emoción los sucesos de los que fueron víctimas durante el régimen de facto de Añez. Agradecieron a los investigadores por su informe y consideran que este estudio marcará su rumbo en búsqueda de justicia.

Ismael Marquina El policía que se rehusó a amotinarse en noviembre de 2019 Ismael Marquina, el policía que se rehusó a amotinarse en noviembre de 2019 y que fue dado de baja y encarcelado injustamente un año en la cárcel por delitos que no se pudieron comprobar hasta ahora, contó que ese tiempo fue el peor que vivió como persona, porque fue humillado y golpeado brutalmente por su propios camaradas. Anunció que el 29 de agosto tiene un juicio oral y espera ahí obtener su libertad. “Le voy a demostrar al país entero que yo soy inocente con una sentencia absolutoria y previo a eso pediré que se restituyan todos mis derechos que violaron, porque no existen pruebas que me incriminen en sus acusaciones infundadas y montadas del gobierno de facto de Jeanine Añez”, expresó.

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

Gregoria Siles Madre de Omar Calle de 25 años, quien falleció en Huayllani.

Ayven Huaranca Enfermero que salvó vidas durante la masacre. Ayven Huaranca, el enfermero que fue enviado a la cárcel por salvar vidas en la masacre de Senkata (El Alto) en noviembre de 2019, fue el único que salvó muchas vidas y vio morir a varias personas en sus brazos. Ante esa situación, lo acusaron de terrorista, cuando lo único que hizo fue ayudar a las personas en su calidad de enfermero. “He estado en la cárcel (donde) he sido torturado, maltratado totalmente. (Pero ahora) doy gracias a Dios porque el día de ayer, con lágrimas, (le) he dicho a mucha gente que mi juicio se terminó, no demostraron pruebas”, relató. Añadió que muchos de los presos políticos del gobierno de facto de Jeanine Añez atravesaron “una muerte civil”, no podían trabajar ni desarrollar actividades, “pero ahora el informe del GIEI es una esperanza en la búsqueda de justicia para salir con la frente en alto al extranjero para seguir capacitándose para ayudar a la gente”.

Gregoria Siles, madre de Omar Calle de 25 años, recordó entre sollozos cómo a su hijo, mientras se encontraba ese 15 de noviembre en las movilizaciones en el puente de Huayllani-Sacaba, esperando que los policías y militares les dejen pasar a Cochabamba, le dispararon por la espalda. La bala destrozó uno de sus pulmones y el corazón. “Estaba gritando ‘marcha pacífica, queremos pasar a Cochabamba’ y ahí lo mataron en la espalda con un disparo mientras estaba escapando, la bala le llegó directo al corazón. Tenía un hijito, ahora quedó huérfano”, dijo la progenitora entre lágrimas. Clamó justicia y que los responsables de las muertes en Senkata y Huayllani sean castigados con todo el rigor de la ley. Mencionó como responsables a la exsenadora Jeanine Añez, al exministro de Gobierno Arturo Murillo, al excívico cruceño y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exministro de Defensa Fernando López.

Vanessa Veizaga

Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos producto de la represión estatal del gobierno de Jeanine Añez y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no le ha temblado el corazón para firmar este Decreto 4078”. Gloria Quisbert Presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata

Frida Conde Perdió a su hermano Percy Conde Noguera, con siete impactos de bala en Pedregal, en la zona Sur, La Paz. Con lágrimas en los ojos, la señora Frida Conde, quien perdió a su hermano de nombre Percy Romer Conde Noguera, con siete impactos de bala en Pedregal, en la zona Sur de la ciudad de La Paz, narró que le dispararon a quemarropa y murió instantáneamente y dejo en la orfandad a sus tres hijos y a su esposa. “Sé que no me devolverán a mi hermano, pero por lo menos muchas de las víctimas y yo en particular me quedo tranquila porque sé que se hizo justicia”, indicó. Todo ocurrió el 11 de noviembre de 2019, mientras se desataba la represión militar y policial en la zona. Los uniformados tocaron las puertas de las viviendas y salió Percy Conde y es ahí donde recibe los impactos de bala a quemarropa.

Representante de Cofadena Santa Cruz. Sus dos hermanos fueron víctimas de la violencia y el odio de la Unión Juvenil Cruceñista. Vanessa Veizaga, representante de Cofadena Santa Cruz, con la voz entrecortada y lágrimas, relató que sus hermanos Sergio y River ya no son los mismos, puesto que el mayor aún tiene las balas en su organismo y si es sometido a una cirugía, podría quedar lisiado de por vida. Entretanto su hermano River atraviesa problemas psicológicos porque pese a ser abogado no puede ejercer por las secuelas que le dejaron los vejámenes y maltratos sin piedad por parte de los llamados Unión Juvenil Cruceñista Contó que ese octubre de 2019 Cofadena se levantó en un cabildo exigiendo la libre locomoción y el derecho al trabajo, pero los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en represión a las movilizaciones pacíficas que se desarrollaban fueron a atacar a los vecinos y a quemar sus casas. “La Unión Juvenil Cruceñista nos atacó y persiguió a todos los dirigentes, disparó a quemarropa a mis hermanos. Atacaron el barrio y generaron temor incluso en los propios niños, que fueron resguardados en un coliseo militar”, dijo.

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

Redacción Central Luego del informe que presentó ante el pueblo boliviano el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Diego Pary, máximo representante boliviano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), expondrá el contenido del documento a todos los organismos internacionales para que estas instancias se pronuncien al respecto.

“

Nosotros compartiremos el informe y haremos que sea conocido en los organismos internacionales. Personalmente voy a entregar el informe al Secretario General de las Naciones Unidas (Antonio Gutiérrez), a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Michelle Bachelet), para que puedan conocer estos hechos y también hagan seguimiento a la implementación de las recomendaciones”, dijo. Recalcó que el informe identifica con absoluta claridad que hubo graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales, las cuales las calificó de gravísimas en derecho internacional y una violación muy grave a los derechos humanos. “El informe es estremecedor, recoge detalle a detalle cada una de las acciones que se han dado durante el golpe de Estado. Es un tema que quedará en la memoria de los bolivianos y se tiene que hacer justicia”, expresó. El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) puntualizó que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) será un instrumento para luchar en materia de derechos humanos con soberanía que permitirá sostener justicia y dar reparación para las víctimas. Apuntó a que no se puede esperar objetividad de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque el secretario general Luis Almagro toma posiciones de derecha con visión política que se une a intereses hegemónicos en visión del país que conocemos.

Para que se conozca lo que pasó en 2019

Bolivia socializará informe del GIEI en organismos internacionales HÉCTOR ARCE EXPLICA QUE SE COMPROBÓ QUE HUBO GOLPE

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demuestra que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en 2019, que se dieron ejecuciones sumarias y que ahora falta identificar a los responsables intelectuales de las masacres de entonces. Dijo que el día de ayer debería ser considerado un día histórico, ya que por fin se conocen los pormenores de lo ocurrido en 2019 de voz propia de especialistas internacionales independientes.

El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos, Sacha Llorenti, afirmó que en Bolivia hubo un golpe de Estado contra Evo Morales y que los golpistas masacraron y persiguieron al pueblo, indicó que los hechos contaron con el apoyo del expresidente de Argentina Mauricio Macri y el expresidente de Ecuador Lenín Moreno, en complicidad con Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos (OEA). El embajador de Cuba en Bolivia, Danilo Sánchez Vásquez, anunció que el informe será de conocimiento del Gobierno cubano, toda vez que dicho país también se vio afectado en 2019, cuando el régimen golpista de Jeanine Añez sacó del país a los galenos y las brigadas médicas que prestaban un apoyo muy importante. “Nosotros informaremos a nuestra Cancillería y al Gobierno cubano de los resultados que dio a conocer el GIEI . Deseamos que las personas que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos encuentren justicia”, sostuvo.

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo que este informe ayudará a la propia investigación que se sigue en su país sobre el tema de contrabando de armas cometido por el expresidente Macri y sus ministros, quienes enviaron pertrechos para que sean usados durante las protestas en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales. “Yo creo que si este informe es vinculante se actuará en consecuencia, incluso la justicia argentina podría ampliar la denuncia que hizo el gobierno argentino de Alberto Fernández por el tráfico de armas enviadas a Bolivia”, aseguró. Mencionó también que con base en este informe se esclarecerá cómo fue agredido y las consecuencias que derivaron en la muerte del periodista argentino Sebastián Moro, quien falleció en las violentas represiones del 12 de noviembre de 2019, cuando hacía cobertura informativa. “Son elementos que como nación argentina nos interesa tener conocimiento y que dicen aquellos expertos que no son ni argentinos ni bolivianos y que

tienen un nivel de independencia o de no involucrarse en intereses particulares. La situación tan difícil de noviembre no sólo afectó la institucionalidad de Bolivia, sino también de los medios de comunicación, por eso es importante tomar datos de esa situación”, puntualizó.

El informe del GIEI recoge detalle a detalle cada una de las acciones que se dieron durante el golpe de Estado”.

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

LA INSTITUCIÓN ESTÁ PARCIALIZADA CON LA DERECHA

El MAS denuncia que la Iglesia Católica asume un rol político El oficialismo le recuerda que su papel es unificar y pacificar el país mediante la fe y no entrometerse en cuestiones que no le competen. • Romina Montoya

// FOTO: ARCHIVO

Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionan el rol de la Iglesia Católica y denuncian una parcialización clara con los partidos de derecha. Aseguran que los religiosos asumen un rol político y de confrontación, en vez de unificar y pacificar el país.

Iglesia Católica en una reunión política en la UCB, en 2019.

Esta afirmación surge luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas, pidió sancionar a los responsables del incumplimiento a los resultados del referéndum del 21 de febrero en 2016, con base en el resultado del fallo de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CorteIDH) que resolvió que la reelección indefinida no es un derecho humano. El diputado por el partido azul Héctor Arce lamentó que un conjunto de padres y sacerdotes corrompan la fe con su actuación política y parcializada con los partidos de la derecha, pues salen en defensa cual si fuesen voceros oficiales de la expresidenta ilegal Jeanine Añez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y otros que hicieron tanto daño al país en 2019. Recordó que esas inclinaciones partidarias hacen que la Iglesia carezca de legitimidad y verdad ante el pueblo boliviano y más aún cuando esta institución que representa a la

Hoy lo que está haciendo es parcializarse, favorecer a la derecha para protegerla y buscar que no se apliquen las sanciones o enjuiciamiento a quienes han cometido delitos en 2019”. Juanito Angulo Diputado del MAS fe, esperanza y unidad se reunió con partidos políticos opositores para dar su visto bueno para que una persona se autoproclamara como presidente. En esa misma línea, el diputado Juanito Angulo lamentó que la Iglesia Católica se inmiscuya en asuntos que no le competen. Pidió que no genere confrontación entre los bolivianos con declaraciones parcializadas que sólo buscan favorecer a la derecha para que no sea juzgados y enjuiciados los responsables por los delitos cometidos en noviembre de 2019.

EL PROYECTO FUE TRATADO EN PLENARIA DE DIPUTADOS

Modificación al PGE prevé un aumento adicional de Bs 1.748,6 millones • Romina Montoya

Parlamentarios trataron ayer en sesión de plenaria de la Cámara de Diputados las modificaciones al proyecto de Ley 254/2020-2021 Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE)- Gestión 2021, que prevé un incremento adicional de Bs 1.748,6 millones, esto en el marco de la reactivación económica en el país.

El presidente de la Comisión de Planificación, diputado Omar Yujra, explicó que estas modificaciones consideran ingresos adicionales a la inscripción de recursos de saldos de caja y bancos, principalmente destinados a la inversión pública. “Estamos destinando más recursos al tema de inversión pública, porque es el motor del desarrollo y crecimiento del país y en eso seguimos como gobierno apuntando”, sostuvo el asambleísta del oficialismo. Este monto que es incorporado al Presupuesto General del Estado (PGE), apro-

bado en diciembre de 2020, estará destinado a las áreas del sector productivo, infraestructura, construcción y en inversión social, que implica educación y salud. “Estos recursos están en función a todas las inscripciones realizadas en las instituciones encargadas de inversión, como gobernaciones, alcaldías y todas aquellas inmersas en el presupuesto del Estado”, precisó. El proyecto de ley fue aprobado en Diputados y será remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento y aprobación correspondiente.

// FOTO: GONZALO JALLASI

Los recursos estarán destinados a infraestructura, en lo productivo y social, que hacen a la educación y salud.

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

AÑEZ JUSTIFICÓ LAS MUERTES CON UNA MENTIRA EN 2019

GIEI confirma que no hubo intención de explotar la planta de Senkata Los expertos determinaron que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ejecutaron un operativo conjunto con el uso desproporcionado de la fuerza. Un helicóptero sobrevuela la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, en 2019.

Algunas personas permanecieron privadas de su libertad en celdas penitenciarias hasta seis meses, así la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial incumplieron con su deber de promover el debido proceso legal ofreciendo imputaciones y acusaciones sin respaldo probatorio”. Juan Méndez Experto del GIEI

tar la Planta de Senkata. “Hemos recibido agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como son ductos estropeados y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata”, declaró entonces Añez en conferencia de prensa junto al Alto Mando Militar, en su afán de justificar la intervención en la que perdieron la vida 11 personas y decenas fueron heridas.

HERIDOS

• Luis Fernando Cruz

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desvirtuó ayer cualquier intento de atentado explosivo a la Planta de Senkata en 2019, en la ciudad de El Alto, como mencionó alguna vez la expresidenta de facto Jeanine Añez para justificar el despliegue de tropas militares que perpetraron asesinatos extrajudiciales.

a afirmación fue emitida por Juan Méndez, en la entrega del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

a las víctimas de la masacre de 2019, en la parroquia San Francisco de Asís, de Senkata, cita que fue precedida por una oración y un minuto de silencio en honor a los caídos. Explicó que el GIEI tomó conocimiento de que la ciudad de El Alto es históricamente conocida como un lugar de protestas y luchas políticas de reivindicaciones sociales bajo la consigna de “El Alto de pie, nunca de rodillas”. Dijo que los expertos reconocen las movilizaciones y demandas de noviembre de 2019, por lo que en su investigación elaboraron una evaluación objetiva de los momentos “en los que se se-

ñalaba a la población alteña con la intención de generar afectaciones a la Planta de Senkata”, lo que motivó que 11 personas pierdan la vida y 78 resultaran heridas. “No obstante, a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la Planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo argentino de antropología forense nos es po-

sible afirmar taxativamente que no existía el riesgo de generar una explosión en la Planta de Senkata”, sostuvo.

MENTIRA DE AÑEZ

El 19 noviembre de 2019, la presidenta de facto Jeanine Añez y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, acusaron a la población movilizada de intentar explo-

DE NOVIEMBRE de 2019, una represión militar y policial con armas de fuego en Senkata, de la ciudad de El Alto, cobró la vida de 11 personas y dejó heridas a cerca de 80.

Méndez informó que ese grupo de expertos tomó conocimiento de que los heridos por impactos de bala, balines y gases lacrimógenos fueron discriminados en los centros hospitalarios donde se les negó atención médica porque eran simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). “En algunos casos hubo denegación de atención médica a personas heridas de bala, y diversas personas heridas que se encontraban recibiendo atención médica decidieron irse sin el alta correspondiente, huyendo de los hospitales. En algunos casos, las víctimas decidieron no acudir a los hospitales por temor a ser detenidas, lo cual hasta hoy impide conocer el número efectivo de heridos

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

El GIEI se trasladó hasta la iglesia de Senkata para brindar su informe.

APREHENSIÓN ILEGAL

Méndez dijo que los expertos conocieron que el 11 de noviembre de 2019 había grupos de vecinos de El Alto que ejecutaron aprehensiones ilegales de personas con argumentos discriminatorios, y en algunos casos cometieron hechos violentos contra los detenidos, para después entregarlos a la policía; tres grupos de personas fueron capturados. “El primer grupo estaba integrado por 28 personas, una mujer y tres menores de edad, de los que uno de los menores era una persona con discapacidad psicosocial. Durante el proceso posterior a la detención las personas fueron víctimas de tortura en la Estación Policial Tres, IPI Tres, de Ciudad Satélite. Las mujeres del grupo fueron víctimas de violencia de género y violencia sexual. Horas después de su detención, las personas de este grupo fueron exhibidas en conferencia de prensa como ‘terroristas’, sin resguardad su privacidad ni su derecho a la presunción de inocencia”, sostuvo.

ILEGALIDAD

En esa línea, el experto dijo que el GIEI evidenció que en los procesos iniciados en contra de las personas detenidas carecen de una individualización de actos, de responsabilidades y son deficientes en la acreditación de un nexo entre el delito y los civiles imputados.

“A pesar de esto, algunas personas permanecieron privadas de su libertad en celdas penitenciarias hasta seis meses, así la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial incumplieron con su deber de promover el debido proceso legal ofreciendo imputaciones y acusaciones sin respaldo probatorio”, sentenció.

mediante sus redes sociales. Entre otras sugerencias, Quino dijo que el informe de la GIEI es el único documento internacional que hace énfasis en la irregular e inconstitucional toma del poder político en Bolivia por el régimen de transición, describe las acciones que fueron contrarias al mecanismo de sucesión constitucional y que profundizó la crisis, que generó 38 muertes. Finalmente, a modo de recomendación, dijo que “las fuerzas políticas tienen la obligación moral, con el soberano, de autorizar los juicios de responsabilidades en el país por las masacres. Si no lo hacen, el pueblo los juzgará y la única vía será la Corte Penal Internacional”.

Efectivos policiales en El Alto.

Sacerdote: Es una luz de esperanza

// FOTOS: ABI

durante los hechos en Senkata”, manifestó.

El analista político Israel Quino explicó que se categorizaron 12 derechos humanos vulnerados, cuyo daño es necesario reparar mediante acciones concretas a mediano y largo plazo. Sobre lo ocurrido en Senkata, Quino se refiere a las ejecuciones sumarias extrajudiciales y explica que, con el informe del GIEI, se muestra que no hubo tal enfrentamiento ni intercambio bélico. “Por la firmeza del informe del GIEI, se disparó por la espalda de las víctimas en completo estado de indefensión, su único objetivo: quitar la vida de los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta”. Dijo que el Ministerio de Gobierno debe iniciar los sumarios correspondientes, de manera inmediata, para identificar a los uniformados policiales denunciados por los testigos y, bajo el debido proceso, procesarlos con todo el rigor de la ley penal en Bolivia. “El análisis científico, además, devela actos reprochables del exmando militar y policial al deliberar políticamente, una sugerencia que era más un ultimátum al poder que ejercía el orden constitucional. Por ello debe identificarse tanto a los autores mediatos e inmediatos que detonaron todo con la vigencia del DS 4078”, manifestó el analista

// FOTOS: ARCHIVO

// FOTOS: GONZALO JALLASI

Quino: Se debe reparar el daño ocasionado

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, de la ciudad de El Alto.

El sacerdote Guechi Revelin, quien ayudó a las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, en noviembre de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es una “luz de esperanza” para lograr justicia y verdad. El párroco que dirige la iglesia ubicada en el sector 25 de Julio, en la zona de Senkata, decidió abrir las puertas del templo a los caídos en la matanza de 2019, además de convertir a ese recinto en sitio de atención a los heridos, en reposo para los perseguidos y, luego, en una morgue para los fallecidos. “No podía quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador o

de rodillas ante el Santísimo mientras mi pueblo estaba en graves conflictos. Salí (en noviembre de 2019) agarrando mi bandera blanca y me arrebataron en el camino pensando que era de (Luis Fernando) Camacho y seguí entre los gases y todo el lío. Tomé a los heridos, a los fallecidos, los hicimos llegar a la plaza, no dudé ni dos veces en abrir la iglesia sin autorización, no había ni espacio ni tiempo para esto. Yo he jurado, he decidido esta opción de acompañar a mi pueblo, lo haré hasta el último día de mi vida”, indicó a radio Deseo. Para el sacerdote, “el informe nos da una luz de esperanza para un camino de justicia, de verdad”. (ABI)

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

GIEI ENTREGA SU INFORME A LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE HUAYLLANI

Las FFAA y la Policía actuaron con “la intención de matar” en Sacaba No hay pruebas de que los manifestantes usaron armas de fuego o amenazaran la vida de otros, de los efectivos de la Policía o de las Fuerzas Armadas. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma que la represión conjunta de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, se ejecutó con “la intención de matar” a los movilizados.

a afirmación fue emitida por el experto de la GIEI Juan Méndez en la entrega del documento que registra la investigación de los actos de violencia ocurridos en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 a las víctimas y familiares de los asesinados en la masacre de Sacaba. El acto instalado en inmediaciones del puente Huayllani se inició con un minuto de silencio en honor a los mártires de la democracia, y contó con la participación de autorida-

para nuestro informe, que las lesiones que produjeron las muertes permiten inferir que fueron causadas por un proyectil de alta velocidad disparado desde un fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se podría calificar en ese caso las muertes como ejecuciones sumarias”, precisó.

des del Gobierno, asambleístas nacionales, departamentales y dirigentes de las organizaciones sociales. EJECUCIONES SUMARIAS Méndez señaló que el GIEI verificó que la movilización, anunciada para el 15 de noviembre de 2019, iba a ser pacífica, por lo que no se justifica ninguna represión militar ni policial. “Se refuerza la perspectiva de que el operativo no fue ejecutado con el único objetivo de impedir el ingreso de manifestantes a Cochabamba; como resultado hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican además una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”, sostuvo. “El equipo forense de antropología de Argentina concluye en el estudio que nosotros le pedimos que hiciera

10 ASESINADOS por disparos de bala de militares se registraron el 15 de noviembre de 2019 en Huayllani, Sacaba.

Fotografías de los asesinados por impactos de bala disparados por efectivos militares y policiales el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani.

// FOTO: KAWSACHUN COCA

• Luis Fernando Cruz

FRACASO DE DIÁLOGO Méndez dijo que el informe del GIEI verificó que el 14 de noviembre de 2019 pobladores del trópico de Cochabamba se reunieron en el municipio de Sacaba, donde se determinó realizar una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba un día después. Explicó que al menos unas cinco mil personas se concentraron para dirigirse hasta la plaza 14 de Septiembre de la capital cochabambina, pero el comandante departamental de la Policía advirtió que no permitiría su ingreso. “Días antes, el comandante de la Policía había informado que no permitiría el ingreso de las y los manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas, un avión caza sobrevoló la zona y la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos en contra de los pobladores del trópico”, manifestó. Después del inicio de la gasificación, efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, que se encontraban detrás de la policía, avanzaron y formaron una sola línea con los policías. Señaló que la investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban “fuertemente armadas, (y que) producto de los disparos nueve personas fallecieron y

otro quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente, por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de armas de fuego”. MARCHA PACÍFICA Méndez manifestó que el GIEI no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego, o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la Policía o de las Fuerzas Armadas. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”. GRAVES LESIONES Además, con base en los informes del comandante de la Séptima División y del comandante del REPM 3, y otras fuentes consultadas por el

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

// FOTO: GIEI

Los especialistas internacionales presentaron su reporte en Potosí

La experta en derechos humanos Patricia Tappatá en la entrega del informe del GIEI sobre la masacre de Sacaba en 2019.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY La prohibición absoluta de que la marcha pacífica ingresara a la ciudad de Co-

chabamba fue indebida, porque el Estado tenía el deber de garantizar la seguridad y de prevenir enfrentamientos entre grupos antagónicos. También tenía la obligación de adoptar medidas para evitar el paso de personas que pudieran estar armadas, pero sin prohibir el ejercicio del derecho de reunión y de expresión de los manifestantes. “La gasificación fue innecesaria y desproporcionada. En el momento en que la Policía comenzó a lanzar gases no había una situación de convulsión que necesitase ser controlada o dispersada, por ello el operativo policial no fue en respuesta a una agresión contra las fuerzas de seguridad, o contra terceras personas, sino una activa demostración de fuerza para deshacer la concentración de manifestantes”, aseguró el experto del GIEI.

La reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones a los manifestantes”.

un acápite para solicitar la investigación de casos de violencia sexual y de género. Por su parte, la experta del GIEI Magdalena Correa explicó que el informe final detalla que las violaciones registradas en el departamento de Potosí estuvieron relacionadas con los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad privada, la integridad personal, a la honra y la dignidad y la no discriminación, entre otros. Marco Borda, víctima de los hechos luctuosos de 2019, calificó como histórica la entrega del informe internacional de derechos humanos que acredita que en 2019 hubo en Bolivia un golpe cívico, militar propiciado por angurria de poder, uno de ellos candidato a vicepresidente y gobernador que debe ser juzgado por la historia. “Violación de derechos humanos so pretexto de lucha, reivindicación, no se debe torturar a personas porque mañana cualquier bellaco movilizará a gente para quemar su casa, eso no es democracia”, precisó. El acto contó con la participación de autoridades departamentales, municipales, de las víctimas y de otros sectores, quienes demandaron monitorear el proceso para que se cumpla con las recomendaciones emitidas por el GIEI.

Juan Méndez Experto del GIEI

Expertos del GIEI presentan su informe en el Obispado de la Diócesis de Potosí.

// FOTO: AHORA EL PUEBLO

GIEI, es posible establecer que las tropas militares estaban fuertemente armadas. “A partir de la información antes referida, el GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones a los manifestantes. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones a los derechos humanos en el operativo en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger a las personas, sus derechos y sus libertades”, manifestó el experto.

El procurador federal adjunto de los Derechos del Ciudadano de Brasil, Marlon Weichert, informó ayer que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomienda la investigación, el juzgamiento y la aplicación de sanciones a los responsables de la violación de los derechos humanos, registrada en 2019 en el departamento de Potosí. “Investigar, juzgar y aplicar sanciones a los responsables de todos estos hechos que se han documentado en el informe”, señaló en la presentación del documento en el Obispado de la Diócesis del departamento de Potosí, según reporte de ABI. El experto internacional mencionó además que el informe sugiere que la investigación del caso se realice de manera efectiva, exhaustiva, diligente y con pleno respeto de los derechos de las víctimas y de los sindicados. Weichert además explicó que el texto propone también que los perjudicados tengan garantizada su participación en la pesquisa. “Y también propone al Ministerio Público que se abra casos que se cerraron indebidamente”, agregó. El representante del GIEI detalló que entre las propuestas se incluye también

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

PARA EL OFICIALISMO

La oposición busca confundir y distorsionar el informe del GIEI El MAS le recuerda a la derecha que Morales no firmó ningún decreto supremo que deslinde de responsabilidad a los militares y policías por la represión en 2019. Diputados del oficialismo aseguran que la oposición busca confundir y distorsionar el informe del GIEI. La oposición insiste en que el expresidente Evo Morales debería también ser procesado a nivel internacional por vulnerar los derechos humanos.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Sandro Ramírez pidió a los parlamentarios de la oposición no confundir a los bolivianos, toda vez que jamás el expresidente Evo Morales firmó un decreto supremo que deslindaba de responsabilidades a los militares y policías que reprimieron violentamente a la ciudadanía en los conflictos de noviembre de 2019,

como lo hizo la expresidenta de facto Jeanine Añez. La bancada del partido azul, a través de la diputada Estefanía Morales, en conferencia de prensa, calificó el comunicado de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y Conade como cobarde y sin valores, ni sensibilidad con el pueblo boliviano, pues no menciona los graves vejámenes y torturas que sufrieron principalmente las mujeres, niños y jóvenes. “Lo que quiere la oposición es lavarse las manos porque su comunicado después del informe final del GIEI no refleja los vejámenes, las torturas, la extrema vulneración de los derechos humanos que hubo en diferentes sectores, principalmente contra las mujeres, niños y jóvenes. No respetaron

Sandro Ramírez Diputado del MAS

// FOTO: GONZALO JALLASI

• Romina Montoya

Lo que quieren es confundir a la población, inmiscuyen al expresidente Morales dentro del informe, hecho que no existe si leyeron el documento, ese es sólo un pretexto para no enjuiciar a Añez”.

Miembros del GIEI en conferencia de prensa.

nada. Por tanto, nosotros vamos a seguir velando por los derechos de los más desprotegidos, vamos a exigir justicia por los muertos de Senkata y Sacaba porque queremos memoria, verdad y justicia”, expresó. Exhortó a los parlamentarios de la oposición a llevar adelante una fiscalización conjunta y permanente para que el Ministerio Público establezca las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de los conflictos en 2019 y sumarse para que se cumplan las recomendaciones del grupo de expertos del GIEI.

LA PETICIÓN SERÁ CANALIZADA LA PRÓXIMA SEMANA

Patty presentará memorial para que Mesa sea nuevamente citado a declarar

// FOTO: EL PAÍS DE ESPAÑA

• Romina Montoya

La exdiputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, hasta la próxima semana, presentará ante el Ministerio Público un memorial para solicitar la ampliación de su denuncia contra el líder de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, para que se presente nuevamente a declarar en calidad de sindicado por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

“En las redes sociales y en los medios de comunicación quedaron grabados los anuncios de Carlos Mesa, aquel noviembre de 2019,

cuando afirmaba: ‘Convoco hoy a la población a la movilización permanente en rechazo al fraude electoral y para exigir una segunda vuelta electoral, e invito a los partidos políticos y comités cívicos a formar un núcleo cerrado en defensa de la democracia’, eso muestra claramente que es sedición”, dijo la exdiputada. Señaló que el memorial irá acompañado de todas las pruebas pertinentes para que el Ministerio Público convoque a Mesa en los plazos más breves, ya que la primera vez que fue citado en calidad de testigo se acogió al silencio y no quiso decir la verdad al pueblo boliviano. Mencionó también que la pasada semana fue presentada la denuncia correspondiente contra el excívico potosinista Marco An-

tonio Pumari y el expresidente cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que la Fiscalía los cite formalmente para declarar. “Esperamos que en el transcurso de la semana, el Ministerio Público cite a estas personas para que en calidad de testigos vengan a decir la verdad de los hechos en 2019”, manifestó. No descartó que dentro de este proceso sean también convocados a declarar los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por avalar con un comunicado la asunción al gobierno ilegal e inconstitucional de la exsenadora Jeanine Añez. “Todos quienes fueron partícipes deben declarar y responder por sus actos”, puntualizó.

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

Expertos del GIEI escuchan el testimonio de una de las víctimas.

// FOTO: CAPTURA-BTV

TRES PERSONAS PERDIERON LA VIDA POR IMPACTOS DE BALA

GIEI: Abusos de los cívicos y de la Policía causaron las muertes en Montero

El Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista cercaron y atacaron armados por siete días con ayuda de las FFAA y de la entidad del orden. • Luis Fernando Cruz

La Policía Boliviana no evitó el cerco de simpatizantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la Unión Juvenil Cruceñista al barrio Cofadena, del municipio de Montero, del 26 al 31 de octubre de 2019, que cobró la vida de tres personas, confirmó ayer Juan Méndez, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En instalaciones de la sede social del barrio, con la presencia de autoridades municipales, dirigentes de la zona, familiares de las víctimas, el grupo de expertos hizo entrega de su informe final sobre los actos de violencia en ese barrio y el territorio nacional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Méndez explicó que el trabajo del GIEI recogió testimonios y toda la información de lo ocurrido desde el 24 de octubre de 2019, después de que dirigentes del Movimiento Al Socialismo

(MAS) anunciaron la movilización en defensa de la democracia y para organizar la resistencia. Anoticiado de la decisión, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se trasladó al “barrio Cofadena al grito de collas de mierda los vamos a matar, y empezaron una confrontación. Durante los siguientes días los enfrentamientos fueron incrementando en intensidad”. El experto señaló que el 25 de octubre de 2019, un grupo de personas afines al MAS se enfrentó con simpatizantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz que realizaban un bloqueo sobre la carretera principal que comunica a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Relató que el 30 de octubre, al mediodía, empezaron las explosiones y tiros en inmediaciones del Puente de la Amistad, donde se concentraron los movilizados. Los afines al Comité Cívico llegaron hasta el lugar armados y cercaron a al menos 300 personas de ambos lados del puente. “Pese a la presencia de agentes policiales en el lugar, la Policía no intervino para prevenir o con-

El 14 de noviembre de 2019, el alcalde de Montero Mario Baptista renunció al cargo. En el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes perdió la vida Robert Daniel Calisaya Soto, de 19 años, debido a una herida de proyectil de arma de fuego”. Juan Méndez Experto del GIEI.

tener el enfrentamiento. En esta primera confrontación, cuatro personas de Cofadena resultaron heridas con perdigones; también fue herido con dos perdigones en la cabeza un quinto manifestante”, sostuvo. “El GIEI concluye que las autoridades actuaron con opacidad para impedir o prevenir el cerco a Cofadena, así como los actos violentos que habrían tenido inicio el 26 de octubre en Santa Cruz y venían incrementando su intensidad hasta los hechos en Montero”, dijo. “Posteriormente, los bloqueadores del movimiento cívico se organizaron para hacer un cerco al barrio de Cofadena. (…) Los ánimos se encontraban exacerbados luego de nueve días de paros y bloqueos que afectaban intensamente las posibilidades de trabajo de los moradores de Cofadena”, añadió el experto. Señaló que la noche del 30 de octubre, las personas adeptas al paro cívico en Montero fortalecidas por integrantes del Comité Cívico y de la Unión Civil Cruceñista de Santa Cruz reforzaron el cerco al barrio Cofadena.

Flora Guzmán: Me llevaron a la cárcel por salvar una vida Flora Guzmán, presa política y víctima de los sangrientos hechos que vivió Montero en octubre y noviembre de 2019, rememoró ayer ante los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las vejaciones y violación a sus derechos que sufrió junto a su familia. “Sólo por salvar vidas fui llevada a la cárcel, yo como médica tengo esa facultad de salvar vidas y socorrer a las personas que lo necesitan, pero había sido un delito”, contó con lágrimas ante los expertos. Detalló que por salvar y ayudar a una persona que estaba en estado crítico, producto de la violencia suscitada en Montero, fue detenida y remitida a la cárcel sin ninguna orden de aprehensión, “me trataron como delincuente, como si hubiese matado (…). Me aprehendieron junto mis dos hijos, prácticamente toda mi familia estuvo en la cárcel” apuntó. Cuando quiso defenderse ante la justicia, expresó, no tenía ese derecho porque era catalogada de terrorista por el gobierno de Jeanine Añez. “Durante 25 años trabajé salvando vidas, pero el delito más grande fue atender a una persona que requería ayuda”, rememoró. (ABI)

“El barrio Cofadena se mantuvo prácticamente cercado hasta la madrugada del 31 de octubre, ante la omisa respuesta policial para contener la situación. Vecinos de Cofadena resultaron lesionados de diversas formas y por lo menos cuatro casas fueron saqueadas y dos quemadas en los límites del barrio por personas simpatizantes al movimiento cívico”, manifestó.

ESPECIAL

Domingo 22 de agosto de 2021

Una toma aérea muestra la gasificación del operativo conjunto de las FFAA y de la Policía en Betanzos.

• Luis Fernando Cruz

En la presentación del documento en la ciudad de Potosí, el experto Marlon Weichter explicó que la intervención militar policial al bloqueo de caminos, la tarde del 12 de noviembre, se hizo con el uso desproporcionado e indebido de la fuerza. “En la dinámica que se ha identificado en este operativo conjunto, las fuerzas policiales han actuado en la carretera con mucha intensidad, pero no de una forma letal; pero en paralelo las fuerzas militares, sin seguir los patrones ni el reglamento, actuaron con el uso de armamento letal. Esto está confirmado por diversas fuentes. Y como parte del uso de esa fuerza letal, disparos de arma de fuego, el señor Marcelino Jarata fue asesinado. El más grave tipo de violación de los derechos humanos que puede existir es que se sacrifique una vida en la represión a una protesta social, las fuerzas militares hicieron uso de armas letales y provocaron la muerte de Marcelino Jarata”, sostuvo el experto.

INICIO DE LA VIOLENCIA

Weichter explicó que el informe de la GIEI registra como uno de los hechos de violencia en la ciudad de Potosí el 5 de noviembre de 2019, cuando pobladores detuvieron a la Caravana del Sur conformada por dos ómnibuses que se dirigían a la ciudad de La Paz, y se registró un enfrentamiento con el saldo de heridos.

QUEMA DEL TRIBUNAL

Dijo que la violencia se generó el 21 de octubre, con un ataque al Tribunal Electoral Departamental que fue incendiado por los movilizados; el proceso subió de tono a partir del 9 de noviembre, con una escalada de asaltos a personas y a instituciones. El 10 de noviembre, de acuerdo al informe preliminar de la Organización de Esta-

// FOTOS: ARCHIVO-CAPTURAS

El operativo conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana el 12 de noviembre de 2019 en la población de Betanzos, del departamento de Potosí, cobró la vida de Marcelino Jarara de 53 años producto de herida por impacto de bala, establece el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

OPERACIÓN CONJUNTA AL BLOQUEO EN BETANZOS

Las armas letales de los militares mataron a Marcelino Jarara

La intervención militar policial al bloqueo de caminos la tarde del 12 de noviembre se hizo con el uso desproporcionado e indebido de la fuerza. dos Americanos (OEA), se registró un ataque a personas como Marco Borda, su casa fue atacada, fue privado de su libertad y sufrió otras graves violaciones a los derechos humanos. Además el GIEI constató que la Fiscalía definió la aprehensión de los vocales electorales “de manera precoz” que determinó la detención preventiva. “El GIEI valora el modo en cómo se condujo el proceso de los vocales electorales, fue una actuación inadecuada con su detención preventiva sin que se hubiera hecho una investigación preliminar para individualizar conductas, eso es una violación de derechos humanos”, manifestó.

INVESTIGACIÓN

Weichert señaló que el informe del GIEI recomienda la investigación, el juzgamiento y la aplicación de sanciones de los responsables de la violación de derechos humanos en el departamento de Potosí en 2019. “Investigar, juzgar y aplicar sanciones a los responsables de todos estos hechos que se han documentado en el informe”, precisó. El experto mencionó que el informe sugiere que la investi-

Las fuerzas militares, sin seguir los patrones ni el reglamento, actuaron con el uso de armamento letal. Esto está confirmado por diversas fuentes. Y como parte del uso de esa fuerza letal, disparos de arma de fuego, el señor Marcelino Jarata fue asesinado”. Marlon Weichter Experto del GIEI gación del caso se haga de manera efectiva, exhaustiva, diligente y con pleno respeto de los derechos de las víctimas y de los sindicados.