Martes 8 de junio de 2021
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Historia de un gobierno corrupto
Capítulo:
Los siete procesos penales de Murillo
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ESPECIAL
Redacción Central En los 11 meses en los que estuvo al frente del Ministerio de Gobierno, Arturo Murillo cometió varios delitos con distintos grados de participación, por lo que podría pasar bastantes años en la cárcel.
A
finales de 2020 huyó de Bolivia para eludir la justicia; sin embargo, entre el 20 y 21 de mayo de este año fue aprehendido en Estados Unidos donde enfrenta un proceso penal por lavado de dinero y soborno, ya que, junto con sus cómplices, usó bancos norteamericanos para hacer diversas transferencias. En Estados Unidos podría ser condenado a 20 años de cárcel y, de prosperar la solicitud de extradición, en el país también tendría que ser encarcelado. El extitular de Gobierno fue detenido a finales de mayo en Estados Unidos y su audiencia fue reprogramada para el 9 de julio. Su situación en Bolivia es más grave porque deberá defenderse de las acusaciones y procesos por la compra de gases lacrimógenos mediante sobornos y con sobreprecio, las muertes en las masacres, el golpe de Estado de finales de 2019, el uso de una libreta militar falsificada, entre otros hechos. Por ahora hay dos órdenes de aprehensión en contra de Murillo, por la compra de gases lacrimógenos y la masacre de Huayllani (Cochabamba) COMPRA DE GASES A finales de 2019, Murillo gestó un robo al Estado, en compañía de varios cómplices, lo que les dejó una ganancia ilícita de al menos $us 2,3 millones. Los implicados compraron mediante sobornos gases lacrimógenos por $us 3,3 millones a la empresa brasileña Cóndor y dos días después los vendieron al Estado boliviano en $us 5,6 millones. Se les atribuye los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
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Autoridades confían en su extradición
Murillo debe enfrentar siete procesos penales en Bolivia
Está acusado de alentar el golpe de Estado de 2019, usar una libreta militar fa desaparecer cocaína incautada, además de las muertes en las masacres y otr
MASACRE DE HUAYLLANI A finales de 2019, una intervención coordinada entre militares y policías en el puente Huayllani (Cochabamba) dejó 12 muertos y más de un centenar de heridos. Por ese luctuoso hecho están como imputados Murillo, López y excomandantes de las Fuerzas Armadas y Policía. Todos fueron imputados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.
DESAPARICIÓN DE DROGA Otro de los delitos cometidos por Arturo Murillo y su entorno fue la desaparición de 431 kilogramos de cocaína de alta pureza, casi media tonelada, cuyo paradero se desconoce hasta ahora. De 18 horcones (madera), de un total de 60, desapareció cocaína. La UNODC informó que de 1.435 kilos, desaparecieron 431 kilos de la sustancia controlada.
Los implicados en el caso serán investigados por la presunta comisión de los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas. EXTRADICIÓN DE LIMA LOBO El Ministerio de Gobierno denunció penalmente a Murillo y el excomandante de la Policía general Rodolfo Montero por evitar en 2020 la excarcelación y extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo.
Las exautoridades son acusadas de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas. LIBRETA MILITAR La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de dos años de prisión contra Murillo, por el
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Cancillería devolvió el trámite para extradición La Cancillería boliviana devolvió al Órgano Judicial la solicitud para la extradición de Arturo Murillo, debido al incumplimiento de requisitos y formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición. “La solicitud de extradición que nos ha llegado, suscrita por la juez Claudia Castro, fue devuelta por no cumplir los requisitos y las formalidades. Lamentablemente, adolecía (la
alsificada, ros delitos.
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// INFOGRAFÍA: YURI ROJAS
MILLONES de dólares pagó a Bravo Tactical Solutions a Cóndor por los gases lacrimógenos.
delito de uso de instrumento falsificado, después de confirmar que utilizó la libreta de servicio militar de otras personas para acceder a cargos públicos, como el de diputado y titular del Ministerio de Gobierno. GOLPE DE ESTADO Luego de una revisión minuciosa de las evidencias e indicios al proceso instaurado por la exdiputada Lidia Patty contra la expresidenta Jeani-
ne Añez, por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo, la denuncia fue ampliada contra Murillo. Ahora ya están detenidos preventivamente Añez y sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía. MUERTES EN SENKATA Murillo, López y el general del Ejército en retiro Luis Fernando Valverde son inves-
5,6 MILLONES de dólares pagó el Estado boliviano a Bravo Tactical Solutions por el mismo material.
tigados por la represión violenta que se produjo en noviembre de 2019 en la región alteña de Senkata. Ese hecho derivó en la muerte de al menos 10 personas por impacto de bala y un centenar de heridos y detenidos. Los exministros están sindicados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
solicitud) de principales elementos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legalización de la documentación correspondiente”, informó la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, según radio Erbol en su página digital. La anterior semana, la jueza presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores un exhorto suplicatorio para tramitar la extradición de Arturo Murillo, quien está de-
tenido en Estados Unidos mientras es investigado por los delitos de soborno y lavado de dinero. “El error de origen se encuentra en la Fiscalía General, que además es una entidad que conoce bien los requisitos de los trámites de cooperación internacional, más aún con Estados Unidos, puesto que el pedido de extradición requiere de una traducción correspondiente”, añadió al medio de comunicación.
Existe confianza en recuperar el dinero robado Al margen de los dos procesos penales instaurados en Estados Unidos contra Arturo Murillo, Luis y Bryan Berkman, por soborno y lavado de dinero, la causa civil apunta a recuperar los $us 2,3 millones robados mediante la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio. Para este fin, la Procuraduría General del Estado contrató al bufete internacional Greenberg Traurig para que se encargue de atender las tres causas. “Vamos a instruir al bufete de abogados la continuidad del seguimiento del
caso. Se trata de una firma garantiza a nivel internacional, con especialistas en estos casos referidos a temas económicos, corrupción y lavado de activos, con más de 1.700 abogados a nivel mundial”, manifestó. Además dijo que “vamos a informar de manera transparente en la página web de la Procuraduría sobre el costo, que en realidad son gastos mínimos en relación a los recursos que vamos a recuperar. Es una inversión que vale la pena”, explicó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a radio Cepra.
Fiscalía pedirá cooperación internacional Una vez que se conozca la situación legal de Arturo Murillo en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado pedirá la cooperación internacional a fin de que rinda cuentas ante el Estado boliviano por delitos como el daño económico que le ocasionó al país y las masacres de Senkata y Sacaba, entre otros. El exministro podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en el país del norte si es hallado culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero. “La pena máxima por
el delito imputado es de 20 años, en el hipotético caso de la sanción, como Estado tendremos que esperar que cumpla la condena para que rinda cuentas en el país”, explicó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe. Añadió que los canales de comunicación de la Fiscalía son fluidos, por lo tanto no será necesario el traslado de autoridades a Estados Unidos, aunque se participará desde Bolivia en el proceso, controlando y verificando los actos procesales.
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Luis Berkman se defenderá en libertad Redacción Central
tas en su detención y hoy (por ayer) fueron homologadas y una vez que se satisfacen esos presupuestos seguramente recuperará su libertad bajo fianza en tanto dure el proceso”, explicó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en entrevista con Bolivia TV. Berkman y Murillo, sólo dos de los implicados en el hecho de corrupción, aprovecharon su amistad, es por ello que el exministro le colaboró para que su empresa se haga cargo de la compra del armamento no letal para venderlo a Bolivia, como no había ocurrido en anteriores gestiones. Berkman ya estuvo pre-
Una Corte de Miami, Estados Unidos, homologó ayer el pago de una fianza de $us 500.000, por lo que Luis Berkman Littman, uno de los dueños de la empresa Bravo Tactical Solutions, podrá defenderse en libertad.
E
l amigo del exministro de Gobierno Arturo Murillo fue acusado en el país del norte por los delitos de soborno y el sobreprecio que pagó su compañía, que hizo el papel de intermediaria, para comprar y revender gases lacrimógenos al Estado boliviano, lo que causó una afectación de $us 2,3 millones a las arcas nacionales. “Han homologado las medidas que le habían impuesto, que era una fianza de medio millón de dólares, dos bienes inmuebles, presentarse una vez a la semana ante la autoridad y le pusieron una tobillera para un radio de circulación. Esas medidas fueron impues-
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Pagó una fianza de $us 500.000
so en Palmasola en 2001 por su participación en el tráfico de armas bolivianas hacia el Paraguay. Su hijo Bryan Samuel, quien también está implicado en este hecho de corrupción, puesto que, al igual que su padre, es representante de Bravo Tactical Solutions, debe cancelar una fianza de $us 350.000. Las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) establecieron que, a finales de 2019, Arturo Murillo, Luis Fernando López (exministro de Defensa), Luis y Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, Sergio Méndez (exjefe de gabinete
de Murillo), entre otros, conformaron un clan mafioso para cometer ese ilícito. Los exministros y la expresidenta Jeanine Añez firmaron tres decretos para que la empresa Bravo Tactical Solutions, de propiedad de los Berkman, se adjudique un contrato para la compra de gases lacrimógenos. La empresa pagó $us 3,3 millones a Cóndor y vendió los gases al Estado boliviano en $us 5,6 millones. Rodrigo Méndez había recibido un soborno de $us 582.000, que también lo repartió con Arturo Murillo, de parte de los Berkman.
Usaron bancos de EEUU para lavar dinero Las investigaciones del FBI establecieron que, una vez que se concretó la compra de los gases por $us 5,6 millones, el exministro de Defensa Luis Fernando López envió el dinero desde el Banco Central a entidades financieras en el país del norte. Primero intentó enviar el total del dinero, pero el banco detectó una ilegalidad, por ello rechazó la transferencia. La exautoridad no se quedó cruzada de brazos, ya que necesitaba sacar el dinero de Bolivia, es así que envió $us 3,9 millones y luego $us 1,7 a Estados Unidos. Ese dinero volvió a las cuentas de todos los implicados en Bolivia. El FBI hizo el rastreo del dinero y todas las transacciones y, luego de una investigación de varios meses, estableció que todos los involucrados se habían apoderado de $us 2,3 millones ilícitamente.