EL DINERO PARA LA ENERGÍA ¿A DÓNDE VA ?

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Aun con el impacto significativo que puedan tener los miles de millones asignados para respaldar el sistema energético en Puerto Rico, a juicio del activista experto en el tema de la energía, Juan Rosario, la pregunta es cuál va a ser el impacto final cuando se sumen los aspectos positivos y negativos. De seguir con estas iniciativas, “lo que estamos fabricando es un desastre con muchos miles de millones de dólares”.

A fines de este mes de julio, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DE) anunció la asignación de $450 millones de Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico para subvencionar la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento en baterías y para ofrecer protección y recursos educativos al consumidor. La secretaria del NE, Jennifer Granholm, viajó a Puerto Rico para darlo a conocer y sostuvo varias reuniones con diversas comunidades. Al margen de esta asignación, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DV) tiene destinados $1.9 billones de fondos CDBG-MIT para proyectos de placas solares en viviendas. Mientras, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha asignado alrededor de $60. 2 millones supuestamente para la reparación del sistema eléctrico, dinero que administrarán las empresas privadas Genera PR, encargada desde el 1.0 de junio de la generación, y Luma Energy, encargada hace un año de la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

CLARIDAD preguntó a estos conocedores de la discusión del tema energético si hay alguna articulación o si es necesaria una articulación entre todos estos proyectos.

Juan Rosario explicó que considera que todos estos proyectos lo que están haciendo es “crear las condiciones perfectas para quedar de nuevo atrapados en un modelo que no va a funcionar para el país y que no va a funcionar, sobre todo, para la gente más vulnerable”. Rosario, quien fue uno de los panelistas en la reunión del pasado 26 de julio con la secretaria del DE, así lo expresó en la reunión.

Este aclaró que el grueso de todo el dinero que se va a asignar a la isla ronda entre $14 a $16 mil millones, probablemente, $20 mil millones. De ese dinero, cerca del 50 % se va asignar directamente a LUMA y Genera. “Así que ahora va a ser a Degenera y a los que están en la Luna”, censuró. El exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de

Energía Eléctrica (AEE) reparó en que se necesitan entre $10 a $12 mil millones para actualizar la red para poder recibir todas las energías renovables. De no hacerlo, a Puerto Rico nos podría pasar lo que le pasó a Alemania, que empezó a meter energía renovable sin actualizar la red y de pronto descubrió que sus pérdidas en la red habían aumentado 300 % porque la red no estaba hecha para eso, advirtió.

Para Rosario, el mayor temor es que el dinero se le asigne a LUMA con la intervención de los agentes actuales del sistema, que son la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AP3) y al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Aunque en términos generales siente respeto por las personas del NEPR, considera que han cometido errores graves y como institución se han quedado cortos en términos de lo que se esperaba que hicieran. Este opina que los fondos deberían pasar por algún tipo de institución representativa de la sociedad civil, integrada por profesores, economistas y gente que podría constituir una especie de consejo, que mirara las inversiones y tomara decisiones. “No deben asignarse sin que haya una especie de mecanismo que pase por el escrutinio de personas con conocimiento y probidad”.

Sobre el dinero asignado al DVPR, igual expresó desconfianza en la manera en que los van a distribuir. “Eso está hecho para repartirlo entre los grupos grandes, y si la manera en que se va hacer es igual para todos los programas, al final de cuentas todos los programas están hechos con el modelo que se usa en Estados Unidos”. El modelo que se utiliza en Estados Unidos es el concepto del tercer actor, que es que la comunidad tiene un problema y el Gobierno contrata a un tercero para que lo atienda. De esa manera, estima, quienes saldrán beneficiados serán las empresas con mayor capacidad. En términos de escala, reparó en que el dinero no va a dar para toda la gente que es vulnerable.

Rosario, quien es miembro del grupo Amanecer 2025, reclamó que el modelo que proponen está hecho para atender a la gente vulnerable desde una perspectiva de autogestión comunitaria. “No hay que ser comunista para uno acordarse de aquellos programas de Ayuda Mutua y Esfuerzo

Propio que funcionaron porque las comunidades se juntaban para hacer las cosas. Pero eso no es lo que están promoviendo aquí. Lo que están promoviendo es una nueva camada de clientelismo, vestidos de justicia ambiental”.

Por su parte, el director ejecutivo de Proyecto Enlace Latino-El Puente, en Puerto Rico, Federico Cintrón Moscoso, también expresó respecto a la asignación del DE, que tienen preocupación por cómo van a funcionar todos esos programas, que hay confusión en términos de cómo se van a comunicar, cómo se van repartir los dineros y qué impacto real van a tener. “Preliminarmente lo que sabemos es que hay un esfuerzo por que el dinero llegue directamente al consumidor. La pregunta que tenemos ahora mismo es si el proceso va a ser igual de confuso y difícil de acceder como lo ha sido el de otros fondos como el de Departamento de Vivienda”. Hasta el momento de la entrevista, lo único que sabían era de la asignación de una dirección electrónica, pero nada de cómo iba a correr la distribución, dijo.

Cintrón Moscoso señaló que el programa Resiliencia Energética es bastante complejo, ya que hay varias categorías. Enumeró que hay una categoría para residentes de bajos recursos; una para organizaciones que trabajan con las comunidades, que podrían pedir dinero para ayudar a las comunidades con las que ya están conectadas, y una categoría de préstamos que pueden hacer las comunidades y compañías. El director de El Puente indicó que ven positivo que se asigne dinero para la instalación de sistemas solares en techos; no obstante, rechazan que también se utilice para la instalación de sistemas solares en tierras agrícolas. Sobre este punto y la solicitud de préstamos, llamó la atención a que esto permite que compañías grandes de fuera de Puerto Rico también puedan solicitar, lo que pondría a competir a las personas de escasos recursos y a las compañías pequeñas locales contra esas compañías grandes.

“Eso ha sido una preocupación que hemos levantado desde un principio, porque no hay una lista de prioridades, lo que quiere decir que las propuestas que hay ahora mismo para el uso de tierras agrícolas podrían solicitar ese dinero y llevárselo, sobre todo el de los préstamos, porque eso significa que una compañía que no tiene capital podría solicitar dinero para hacerlo”.

Sin Regulaci N El Mercado De La Energ A Solar

El director de El Puente coincide con la preocupación levantada por la organización Queremos Sol, de que con este modelo se continúa privatizando la energía, en este caso solar, un campo que hasta ahora no tiene ninguna regulación que organice el mercado. Describió y censuró que cualquier compañía puede ofrecer lo que quiera, escoger a quién le da garantía, cuántos años de servicio, cuánto le costaría el kilovatio hora. Cada compañía es la que decide lo que va a ofrecer, por lo que no hay ningún orden.

Este comparó la situación del mercado con cuando se privatizó la Telefónica. Hay muchas compañías que compiten entre sí, pero con el agravante de que contrario a las líneas de teléfono, aquí la energía se tiene que mover por las mismas líneas de distribución. “Entonces estamos teniendo problemas con LUMA conectando los proyectos de las casas y estamos tirando más dinero a producción de energía solar sin esa organización y sin resolver el problema de conexión. Lo que estamos engendrando es gente que se sale de la red o gente que quiere conectarse, pero LUMA no está haciéndolo con la rapidez que se necesita”, denunció Cintrón Moscoso.

Observó que la ventaja de conectarse a la red es que supuestamente se van a dar unos incentivos, pero todavía está presente la preocupación de la amenaza de un cargo híbrido, sobre el cual no se sabrá hasta que se llegue a un acuerdo de pago de la deuda de la AEE, por lo que no se sabe en realidad qué va a ocurrir en términos de la tarifa.

También señaló que uno de los retos más grande de estos dineros es que algunos de ellos piden que antes de solicitarlo la gente tenga ya el contrato con la compañía, sobre todo los fondos del Departamento de la Vivienda, que exigen que la persona tenga contrato con la compañía para poder solicitar los créditos. Algunas compañías amarran a las personas y si el Gobierno no les da el dinero, ya la persona está atrapada con el contrato. “Así que son muchas las situaciones que estamos viendo, por lo que realmente se necesita una regulación”.

Cintrón Moscoso, quien ha estado en varias reuniones con personal del DE, incluida la que hubo con la secretaria Granholm, reveló que se ha visto que hay mucha desconfianza hacia el Gobierno de Puerto Rico y las compañías privadas de parte del Negociado de Energía. Es por eso que han querido que el proceso sea a través de ellos, “pero no sabemos qué va funcionar mejor que las otras; pero es una señal de que en efecto desconfían de lo que ha pasado con los otros fondos federales”.

En cuanto a la tecnología, subrayó que en definitivo, ahora en Puerto Rico hay tres actores fundamentales, porque al dividir la transmisión de la producción de energía, tenemos a la empresa Genera con sus propios intereses de producir energía con gas metano y venderla, tenemos a LUMA en la transmisión con su interés de mantener esa red y cobrar a los clientes directamente —ahí ya hay dos intereses encontrados—, y el tercero es el movimiento de energía renovable que favorecen El Puente y las organizaciones que integran Queremos Sol, que tiene una visión diferente de cómo el sistema debe correr. El movimiento hacia la energía renovable plantea apagar las plantas lo antes posible, la eliminación del gas metano y moverse a un sistema público que entonces distribuya esa energía renovable.

“Esas tres visiones están encontradas ahora mismo, eso es lo que estamos viendo, y el Gobierno federal está en el medio tratando de complacer a todo el mundo, pero no están ayudando a organizar la transformación, no hay nada organizado. ¿Cuál es el plan, quién responde a quién, cómo se conecta una cosa con la otra? No lo hay”.