Morena evita que Layda Sansores sea investigada por corrupción en AO

La fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN) lamentó que su homóloga del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México, “encubra a la exalcaldesa de Álvaro Obregón Layda Sansores Sanromán, quien cuenta con un expediente de corrupción y se negó la solicitud para que sea investigada”.

El GPPAN manifestó “Raúl Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit, junto con la senadora Rocío Abreu Artiñano, fueron captados recibiendo fajos de billetes antes del proceso electoral de junio de 2021, pero no han podido acreditar el origen y el motivo”.

Exhortó a la gobernadora de Campeche Sansores a separar de su cargo al titular de la Secretaría de Educación Pública del estado, “atendiendo a las acusaciones por presunto uso de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales, así como para brindar información sobre los avances en las diligencias respetando el principio de presunción de inocencia”.

Recordó, en un punto de acuerdo se solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Campeche, a llevar a cabo las indagatorias en contra del presunto desvío de recursos públicos cometido por servidores públicos estatales y una senadora de Morena, para que en su caso judicialice las carpetas de investigación y se sancione a quienes resulten responsables.

En el punto de acuerdo se describe a México como uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2022, de Transparencia Internacional, “es por eso que como legisladores, tenemos que alzar la voz para denunciar estos actos vergonzosos que dañan a todo el país. Morena significa corrupción”.

El legislador local Ricardo Rubio promovió una iniciativa para incrementar los ingresos de las alcaldías, “los ingresos municipales se pueden agrupar en dos grandes rubros: ingresos ordinarios los cuales a su vez se dividen en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones”.

Explicó, los ingresos extraordinarios “son aquellos ingresos que el municipio puede obtener de personas físicas o morales, o de otros niveles gubernamentales. Existen aportaciones para obra pública y requieren de un convenio entre los beneficiados y la autoridad, para lo cual llegan a firmarse documentos”.

Mencionó, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ubica en el primer tipo de ingresos, “es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes, principalmente. Igual que el IVA es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes

(excepto en importación) y el contribuyente sólo lo reporta al SAT”.

Recalcó, “actualmente los municipios reciben únicamente el 20 por ciento de lo recaudado por este impuesto, lo que complica aún más la ya de por sí complicada situación económica de los municipios y alcaldías, a pesar de que son el primer contacto con la ciudadanía”.

Subrayó, “resulta necesario estimular e incrementar la recaudación fiscal de los municipios y realizar una mejor distribución de los impuestos recaudados entre los tres órdenes de gobierno, comenzando por el municipio, a fin de que estos cuenten con más recursos económicos y puedan cumplir de una manera más expedita y eficiente con sus encomiendas constitucionales y legales”.

Aseveró, “la propuesta pretende incrementar la participación de las alcaldías y municipios respecto del Impuesto Especial Sobre Producciones y Servicios (IEPS), una exigencia de hace muchos años, la cual traería enormes beneficios económicos”.

Buscan conocer avances sobre iniciativa para desaparecer suelo rural

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, de Planeación del Desarrollo y de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso local, sostuvieron una reunión de trabajo con Patricio Carlos Carezzana Barreto, director ejecutivo de planeación del desarrollo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para conocer los avances en torno al proceso de elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial y del Plan General de Desarrollo, así como la opinión del IPDP la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, para desaparecer el concepto de suelo rural.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local Federico Döring Casar (PAN), mencionó que el programa de ordenamiento consultado considera el concepto de suelo rural, por lo que pidió conocer qué medidas tomará el instituto en caso de aprobarse la propuesta en la materia planteada por la titular del Ejecutivo local.

Mientras el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas Diego Orlando Garrido López, hizo votos para que en próximas reuniones pueda asistir el titular del IPDP Pablo Tomás Benlliure Bilbao, “porque se trata de una reforma constitucional de alto calibre, que requiere la votación de dos terceras partes del Congreso”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público Gabriela

Salido Magos, refirió que el instituto ya desechó los plazos constitucionales estipulados para presentar los instrumentos de desarrollo capitalinos, y está trabajando sobre los aspectos propuestos por la jefa de Gobierno, por lo que preguntó el objetivo de solicitar la ampliación de los mismos.

El legislador Royfid Torres González aseveró, “si se decide eliminar el concepto de suelo rural no podremos trabajar con un documento y consulta que no estarán actualizados, y llevar el proceso ya sin la consulta, porque el cambio planteado modifica la mitad del territorio de la ciudad”.

En su participación Patricio Carlos Carezzana Barreto detalló “la consulta se realizó en seis meses, tiempo en que se recopilaron 14 mil 529 opiniones, mismas que están en proceso de sistematización, en promedio se están analizando 300 por día, por lo que se prevé culminar a finales de este mes de febrero”.