Hasta el domingo definen situación jurídica del

titular del INM Garduño Yáñez

llevamos a cabo esos pagos”.

Aseveró, “a cambio nosotros otorgamos 15 CFDI que contemplaban el pago hecho a nosotros por la empresa… por 7 millones 434 mil 900 pesos. el testimonio también señala que Christian Damián Von Roehrich ya como diputado local, posiblemente también solicitó al empresario del cual nos reservamos su nombre, un departamento en City Towers Park Grand. El inmueble sería adquirido por Antonio ´N´, familiar político del diputado federal Jorge Romero Herrera, a un precio menor del real”.

Comentó, “de esa forma se cerró el ciclo, nosotros entregamos el departamento que no ha sido escriturado y se encuentra en posesión de la empresa… con este esquema de operación ilícita posiblemente se benefició el exjefe delegacional y excongresista local Christian Damián Von Roehrich de la Isla, su hermana Sofía y otras personas que han ocupado la titularidad en la alcaldía Benito Juárez, como es el caso del diputado federal Jorge Romero Herrera. El curso de las investigaciones ha permitido detectar otras posibles irregularidades, la reconstrucción de inmuebles relacionada con los sismos de septiembre de 2017”.

Indicó, de acuerdo con el empresario, Christian Damián le exigió llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios de la delegación Benito Juárez, a cambio de continuar apoyando el proyecto de City Towers Green Black, “me dijo que por instrucciones del delegado… le entregáramos los soportes de las estimaciones de las obras que habíamos realizado, pues ellos presentarían algunas estimaciones para el cobro de los trabajos que nosotros habíamos hecho. Me comunicó que las empresas que presentarían facturas y estimaciones por dichos trabajos eran tres... Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esa forma poder recibir dinero, que en ese momento la ciudad y la delegación estaban dando como apoyo para el tema de reconstrucción por el motivo del anterior sismo”.

Lara López anunció, “en la siguiente entrega daremos a conocer los pormenores de cómo este modus operandi fue posiblemente repetido en posteriores administraciones, con lo que más funcionarios de la alcaldía Benito Juárez han continuado beneficiándose indebidamente del erario público”.

Será hasta el próximo domingo cuando el juez de Control con sede en Centro de Justicia Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Víctor Mario Hernández Calderón, defina la situación jurídica del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yáñez, después de que se negará a rendir declaración y se acogiera al plazo constitucional de 144 horas para que se determine si hay elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por la muerte de 40 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En la audiencia inicial de ayer la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó suspender temporalmente del cargo a Garduño Yáñez, aunque el impartidor de justicia negó esta solicitud, e impuso como medida cautelar la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días, así como la prohibición de que saliera del país, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó fijada para el próximo domingo a la 11:00 horas.

Mientras, el abogado del extitular de la extinta Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) Garduño Yáñez, sostuvo que las medidas cautelares solicitadas contra Antonio Molina encargado de trámites migratorios en el INM, no hay disparidad en el proceso que lleva el titular del INM, pues la FGR sabía que no le darían prisión preventiva.

Apuntó, “en ese momento que se solicitó la prisión preventiva el juez la consideró desproporcional, toda vez que los funcionarios han cumplido, en esta audiencia se solicitó la separación del cargo y el juez ha reconocido a labor de apoyo”.

La defensa de Garduño Yáñez se basó en que “el actuar de ambos y de todo el Instituto fue el adecuado, y que toda la responsabilidad era de la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones. La compañía había sido contratada por el INM y, según la investigación incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.

Refirió, dos de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La FGR sólo informó de una orden de captura pendiente.

Cabe destacar que el contraalmirante Salvador González que era jefe del INM en Chihuahua, está acusado de ejercicio indebido del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y la persona migrante que presuntamente inició el fuego.

El impartidor de justicia consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que las personas migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.

También avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva”, aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional detener a las personas migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.

Tribunal ampara al penalista Juan Ramón Collado, por caso Caja Libertad

El I Tribunal Colegiado en materia penal concedió el juicio de garantías al penalista Juan Ramón Collado Mocelo, para dejar sin efecto la segunda acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad, subsistiendo solo el señalamiento de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos.

También ordenó a un juez de control para que determine si otorga o no un plazo razonable al quejoso para que pueda allegarse de pruebas que ha solicitado a las autoridades hacendarias para presentar su defensa.

Durante la sesión del Tribunal se expuso que la defensa de Juan Collado ha so - licitado insistentemente la información a la autoridad hacendaria para determinar si la hace parte o no de su descubrimiento probatorio, aunado a que el juez Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte solo debió haber decidido si autorizaba o no el plazo razonable solicitado, y si a su consideración ya no era propio continuar otorgándolo, debido a los múltiples plazos que ya habían sido concedidos a la defensa, o porque ya no eran actuaciones propias de ser recabadas en esa etapa intermedia. Aunque el impartidor de justicia decidió “sanear” el procedimiento y ordenó la reapertura de nueva cuenta de la fase de investigación complementaria con dos meses más, sin la oposición de la FGR ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).