SUEÑOS POR LA TIERRA: EL CASO DE LA HACIENDA HUANDO by CÉSAR GUILLERMO GONZÁLEZ DELGADO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

Sueños por la tierra. El gobierno militar y el conflicto por la hacienda Huando durante la reforma agraria (1969-1973)

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN HISTORIA

AUTOR

Fabio Esteban Cabrera Morales

ASESOR:

Dr. Antonio Alejandro Diez Hurtado

Lima, diciembre de 2020 1

Resumen Durante la aplicación de la reforma agraria se llevaron a cabo numerosos conflictos por la tierra en distintas partes del Perú. En ese contexto, destacó el enfrentamiento entre los propietarios y los trabajadores del sindicato de la hacienda Huando. Después de meses de pugnas, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) cedió a los reclamos de los trabajadores agrícolas y expropió la hacienda –la cual, sin embargo, resaltaba por ser un símbolo de empresa agrícola moderna– para dar paso a la creación de la cooperativa. Empleando la revisión de la documentación de la hacienda Huando, artículos de la prensa, discursos presidenciales, entrevistas y los borradores de las actas del Consejo de Ministros del gabinete militar, esta tesis analiza cómo este conflicto marcó una ruptura clave en las relaciones del régimen militar con los hacendados en los primeros años de la década de 1970 y, del mismo modo, de qué manera la solución del conflicto de Huando reflejó la radicalización de la ejecución de la reforma agraria por parte del gobierno velasquista. Palabras clave: Reforma Agraria, gobierno militar de Velasco, hacienda Huando, trabajadores agrícolas, hacendados.

Abstract During the application of the Peruvian Agrarian Reform, it highlighted, among many conflicts, the confrontation between the owners of the Huando estate and the union workers. After months of struggles, the military government of Velasco Alvarado yielded to the claims of rural workers and came to expropriate the entire estate, which stood out as a symbol of modern agricultural enterprise, giving way to the creation of the Cooperative. Through the research of several Historical data, such as the Huando estate documentation, newspaper articles, presidential speeches, interviews and drafts of the minutes of the Cabinet of Ministers of the military rule, this thesis analyzes how the Huando case generated a break in the relations of the military rule with the landowners during the Agrarian Reform and how it reflected the radicalization of the execution of the Agrarian Reform. Key words: Agrarian Reform, the military government of Velasco, Huando estate, rural workers, landowners. 2

Índice

Agradecimientos…………………………………………………………………………4

Glosario………………………………………………………………………………….6

Introducción……………………………………………………………………………...8

Capítulo 1. La ruptura silenciosa: las transformaciones en el Ejército peruano………..20

Capítulo 2. El sistema de hacienda en el Perú y los primeros movimientos: campesinos, guerrilleros y militares………………………………………………………………….35

Capítulo 3. La hacienda Huando y la revolución velasquista…………………………..43

Capítulo 4. La hacienda acorralada: el sindicato de Huando y la expropiación………..71

Capítulo 5. El gobierno militar en la encrucijada………………………………………..92

Mapa…………………………………………………………………..........................119

Conclusiones…………………………………………………………………………..120

Bibliografía…………………………………………………………………………....127

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mi madre, mi padre y mi hermana por apoyarme no solo en el tiempo que redacté esta tesis, sino durante los años de estudio de la carrera de Historia. Agradezco también al profesor Alejandro Diez Hurtado, quien asesoró esta tesis y pudo reforzar y acompañar esta investigación de historia con valiosos aportes desde la antropología y desde su conocimiento sobre el proceso de reforma agraria en el Perú. Al profesor Antonio Zapata, quien encaminó los primeros pasos de este trabajo, me impulsó a revisar las fuentes del gobierno militar y, sobre todo, me presentó el caso del conflicto de la hacienda Huando. Al profesor Miguel Costa, por orientar mis primeros trabajos en la investigación académica desde su curso en Estudios Generales Letras y en la especialidad de Historia. Agradezco a la profesora Claudia Rosas, por apoyar mi investigación e invitarme al taller y seminario de historia reciente que se desarrolló en Ayacucho, donde pude exponer este trabajo. Al profesor Jesús Cosamalón, por sus sugerencias y críticas cuando esta tesis se encontraba aún en proyecto. A la profesora Scarlett O’Phelan, por apostar por este proyecto y confiar en mis iniciales habilidades en la investigación histórica. Asimismo, debo reconocer la oportunidad que me dieron los y las integrantes del Taller Etnológico de Cultura Política de la PUCP al invitarme a las sesiones de lectura sobre la reforma agraria en el año 2018 y permitirme exponer mi trabajo en el seminario que organizaron en el año 2019. Los aprendizajes que obtuve de aquellas experiencias fueron determinantes. Del mismo modo, agradezco al equipo de edición de la Revista de Historia Agraria de América Latina (HAAL), dado que sus comentarios y críticas hacia el artículo que pude publicar en su primer número –como un adelanto de esta tesis– aportaron sustancialmente a esta investigación. Debo un especial agradecimiento a mis entrevistados. A Pilar Roca, por narrarme la experiencia de grabar la película sobre Huando en los años setenta, película que debe estar perdida en algún almacén del mundo. A Héctor Béjar, pues su testimonio, su voluntad de ayudarme con este trabajo y la invitación a participar en un evento sobre el gobierno 4

militar contribuyeron muchísimo. A Zózimo Torres y Betty González, personajes esenciales en esta historia y que sin su testimonio y ayuda esta tesis no sería ni la mitad de lo que he podido plasmar. Y Charlotte Burenius, no solo por narrarme lo que vivió de niña en la hacienda Huando, sino también por su amabilidad y poder compartirme fuentes escritas y audiovisuales elementales para mi hipótesis. Agradezco especialmente a Gonzalo y mi tío Germán por darse la molestia de leer los borradores de esta tesis y alcanzarme sus críticas y sugerencias. También a los amigos y amigas que con sus comentarios y cuestionamientos –ya sea en espacios académicos o en simples conversaciones– contribuyeron a que esta tesis pueda consolidarse. Finalmente, debo reconocer a las becas que posibilitaron este trabajo. Agradezco al Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) por apostar por este proyecto y otorgarme la "Beca de Jóvenes Investigadores" en el año 2018, así como permitirme participar en el Bienal XVIII que se realizó en Puno. Por último, agradezco enormemente el apoyo de la beca que me otorgaron la Fundación M. J. Bustamante de la Fuente y el Instituto Riva-Agüero en el año 2019, sin la cual esta tesis no hubiese sido posible.

Glosario

-APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana -CAEM: Centro de Altos Estudios Militares -CAP: Cooperativa Agraria de Producción -CCP: Confederación Campesina del Perú -CGTP: Confederación General de Trabajadores del Perú -CNA: Confederación Nacional Agraria -DC: Democracia Cristiana -ELN: Ejército de Liberación Nacional -ESG: Escuela Superior de Guerra -GRFA: Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada -IPC: International Petroleum Company -MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria -PCP: Partido Comunista Peruano -PSR: Partido Socialista Revolucionario -RMP: Revista Militar del Perú -SAIS: Sociedad Agraria de Interés Social -SIE: Servicio de Inteligencia del Ejército -Sinamos: Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social -SNA: Sociedad Nacional Agraria -VR: Vanguardia Revolucionaria

Siempre que sueño, sueño con la tierra. En eso no me fallan. Anoche, sin ir más lejos, he soñado con todos, pero con todititos los compañeros y compañeras que recuperamos Huando.1 Zózimo Torres

Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 147.

Introducción

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, dirigido en su primera fase por el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), fue un periodo muy particular en la historia peruana. Debido a la profundidad de las reformas y medidas que ejecutó el régimen militar, hasta el día de hoy este tema genera bastante polémica y discusión política. Cuando el gobierno militar promulgó la ley de Reforma Agraria en 1969, el campo peruano experimentó uno de los procesos de cambio más determinantes de la historia republicana. Se expropiaron más de 9 millones hectáreas y se afectaron distintos tipos de propiedades: desde los latifundios capitalistas más rentables y modernos hasta las haciendas más tradicionales. En ese contexto de disputas políticas y sociales en el sector rural, estalló el conflicto por la hacienda Huando entre sus propietarios y los trabajadores del sindicato. Este enfrentamiento adquirió una gran repercusión en la discusión política nacional dado que sintetizaba, por un lado, la resistencia de los hacendados a perder sus propiedades – quienes se amparaban en una excepción de la ley que permitía las parcelaciones por iniciativa propia–, y, por otro lado, la organización de campesinos y trabajadores agrícolas por conquistar la propiedad de la tierra. Esta tesis busca resolver de qué manera la resolución del conflicto por la hacienda Huando a favor de los trabajadores de la hacienda expresó una ruptura en las relaciones entre el gobierno militar y los hacendados durante la aplicación de la reforma agraria. Asimismo, esta tesis sostiene que la solución del conflicto por Huando reflejó la radicalización del gobierno militar en cuanto a la ejecución de la reforma agraria. Por ello, es pertinente resolver este problema para poder determinar el papel que cumplió el conflicto de Huando en el proceso de la reforma del agro. La batalla por Huando, en los primeros años de la década de 1970, estalló inicialmente a causa de que la familia Graña –propietaria de la hacienda– pudo esquivar la reforma y lograr que la transformación del campo que se vivía en el Perú no llegara a tocar la conocida hacienda de naranjas, tras utilizar el Título IX de la ley de Reforma Agraria, el cual permitía las parcelaciones por iniciativa privada. Dicha norma tenía como objetivo permitir a los propietarios que tenían fundos menores a 150 hectáreas parcelar, distribuir 8

o vender sus tierras de forma particular, sin la intervención del gobierno. Los Graña no fueron los únicos propietarios en recurrir al Título IX, pero este caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de las parcelaciones privadas. A pesar de que la hacienda Huando tenía más de 1000 hectáreas de terreno cultivable (en teoría, no era una hacienda apta para recurrir al Título IX de la ley), los propietarios aplicaron la parcelación por iniciativa propia de todos modos: dividieron la hacienda de naranjas entre sus familiares, socios y un grupo de trabajadores más allegados a los patrones. Por esa razón, el Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando, liderado por Zózimo Torres, decidió iniciar una huelga indefinida con el objetivo de lograr la nulidad de la parcelación privada, la expropiación de la hacienda y la respectiva adjudicación de la tierra a los trabajadores, acción que politizó a todo el valle de ChancayHuaral y fue cubierto, de manera significativa, por la gran mayoría de los medios de prensa. Esta pugna obligó al gabinete militar a tomar la decisión de expropiar la hacienda meses más tarde, para después crear la cooperativa de Huando en 1973. Por otra parte, es fundamental estudiar el conflicto de Huando debido a la importancia que le dio el mismo gobierno militar al asunto. El gobierno velasquista utilizó este conflicto emblemático en Huando para presentar a la reforma agraria como realmente efectiva: favorecía a los reclamos del campesinado y proletariado agrícola, distribuía la tierra de una manera “justa” y rompía, como decía el propio Velasco, el “espinazo de la oligarquía rural”. Al mismo tiempo del estallido de esta disputa, en 1971, se aprecia claramente una radicalización del gobierno velasquista respecto a su postura contra los terratenientes, donde el caso de Huando fue uno de los motivos centrales dado el conflicto que se desató entre el sindicato de la hacienda y la familia Graña, que nada le agradó al régimen militar por la repercusión política que obtuvo y por el cuestionamiento que este implicó en la normatividad de la reforma agraria. En ese mismo año, el gobierno militar anuló todas las parcelaciones por iniciativa privada a nivel nacional. La reforma agraria en el Perú estuvo marcada por numerosos conflictos por la tierra. Idas y venidas, resoluciones y anulaciones, alianzas y rupturas, victorias y derrotas. Después de diez años de reestructuración del agro, desde que inició la reforma agraria de los militares en 1969, el Perú no volvió ser el mismo país que era antes. En la década de 1980, la clase terrateniente había sido prácticamente liquidada y el campo se encontraba en manos de cooperativas agrarias, comunidades campesinas y pequeños propietarios con parcelas individuales (sector que se iría extendiendo mientras se parcelaban las 9

cooperativas). Por el alcance y profundidad de las medidas y expropiaciones, muchos especialistas tildaron a la reforma agraria peruana como la más radical del continente. En ese sentido, el estudio del conflicto por la hacienda Huando nos da muchos indicios, respuestas y conclusiones a la pregunta de por qué se llevó a cabo una radicalización de la reforma del agro, por parte del gobierno militar de Velasco, al menos durante el periodo 1970-1973. Años antes de empezar mis estudios universitarios en la especialidad de Historia, recuerdo claramente cómo la reforma agraria era un tema –podríamos afirmar que continúa siendolo– bastante polémico y controversial. Me sorprendía cómo un tema histórico podía tener opiniones tan divergentes y radicalmente opuestas en distintos sectores de la sociedad. Por lo general, las personas que la defendían sostenían que la reforma puso fin a un orden social injusto y excluyente en el campo peruano, antes dominado por una élite de propietarios privados que marginaba al campesinado. Por su parte, sus detractores afirmaban que, a partir de la reforma agraria de Velasco, el agro comenzó un proceso de crisis y decadencia que solo pudo superarse con la llegada del libre mercado, muchos años después. Al mismo tiempo, al menos cuando era niño y adolescente, tocar el tema de la reforma agraria era casi un tabú: un asunto del cual se evitaba hablar o se hablaba muy poco. En el colegio, la enseñanza de la reforma agraria fue mínima. La conclusión que se replicaba en las aulas, en el mejor de los casos, era la de un experimento estatista o colectivista que llevó al Perú al estancamiento, tanto por culpa de los campesinos, quienes “no estaban preparados para administrar la tierra” después de la reforma agraria, y, principalmente, por culpa de Velasco por realizarla. En suma, esta era la lectura hegemónica que se reproducía por distintos mecanismos de la sociedad, como en la educación o en los medios de comunicación. Sin embargo, este cierto estado de silencio o negación sobre la reforma agraria se fue rompiendo poco a poco en la última década, desde diferentes espacios: la investigación académica, los movimientos políticos y sociales, el arte, el cine y otros. Nadie se puso de acuerdo, pero comenzó a manifestarse una necesidad de saber qué había detrás del discurso hegemónico de la derrota; de conocer y evaluar los aciertos y desaciertos de ese proceso de cambio. De repente, la reforma agraria peruana significaba algo más que expropiaciones y caída de los ingresos en el agro.

Mi primer acercamiento a la reforma agraria fue cuando llevé el curso de Investigación Académica en los Estudios Generales Letras de la Universidad Católica, hace poco más de cinco años atrás. Luego, cuando entré a la especialidad de Historia, fui indagando progresivamente en distintas publicaciones acerca del proceso de reforma agraria, principalmente sobre el periodo de ejecución bajo el régimen militar de Velasco. Fue durante los cursos del pregrado en la carrera cuando pude encontrar las fuentes históricas primarias que luego fueron fundamentales para la elaboración de esta tesis. Hace unos años pude revisar por primera vez una de las fuentes más importantes en esta investigación: los borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar de Velasco. El Archivo de la PUCP alberga la colección de documentos que le perteneció al abogado y militar Arturo Valdés Palacio, ex secretario del Consejo de Ministros durante el gobierno velasquista. A partir de la lectura de estos escritos, llegué al conflicto de la hacienda Huando, el cual fue abordado en varias ocasiones en las reuniones del gabinete. Además, en esta colección del archivo de la universidad se encuentra el expediente “Hacienda Huando”, el cual fue muy útil para la revisión de los litigios y asuntos legales de la hacienda. En segundo lugar, es importante mencionar al Centro de Documentación (CEDOC) de la PUCP, donde también se encuentran disponibles algunos documentos de la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria, oficina gubernamental que estuvo al tanto del conflicto en Huando, los cuales fueron utilizados en este estudio. En tercer lugar, vale mencionar dos recopilaciones elementales. La primera es una publicación que reunió los discursos del presidente, Velasco: la voz de la revolución, editada en dos volúmenes en 1972 por la Oficina Nacional de Informaciones, una de las tantas entidades del gobierno. La segunda consiste en una larga data de los eventos políticos publicada por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) en 1982 y editada por Henry Pease; una cronología que abarca desde finales del primer gobierno de Fernando Belaúnde hasta los primeros años del segundo, pasando por los doce años de la dictadura militar (1968-1980). Del mismo modo, la revisión de la prensa escrita sobre distintas noticias acerca del conflicto que se llevó a cabo en la hacienda Huando, o notas acerca del tema, fueron importantes para analizar el momento histórico y la repercusión del conflicto de Huando en la opinión pública y la discusión política nacional. Para ello, se seleccionó noticias de los periódicos EL Comercio, El Expreso, La Crónica y La Prensa, debido a que fueron 11

los diarios que más se enfocaron en el tema. Las notas de prensa de dichos periódicos se centraron principalmente en el año 1971, cuando el conflicto dentro de la hacienda alcanzó una mayor intensidad. Por otro lado, debido a que es un proceso histórico no muy alejado de nuestro tiempo actual, la historia oral fue determinante en este trabajo. Aunque es importante reconocer que existen publicaciones anteriores que contienen testimonios y entrevistas relevantes. La primera de ellas es el libro de Charlotte Burenius, Testimonio de un fracaso: Huando. Habla el sindicalista Zózimo Torres (2001), donde se relata la vida del principal líder sindical de la hacienda Huando. Del mismo modo, el libro de Enrique Mayer, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (2009), recoge numerosos testimonios de primera mano por parte de distintos actores sociales y políticos, como ex funcionarios, campesinos o hacendados. Cabe resaltar también que se realizó entrevistas a algunos protagonistas del proceso para esta tesis, como fue el caso de Héctor Béjar (ex guerrillero y trabajador del Sinamos), Charlotte Burenius (periodista e hijastra de Fernando Graña), Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando), Betty Gonzáles (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando) y Pilar Roca (cineasta y ex trabajadora del Sinamos). Es preciso resaltar que la mayor parte de esta tesis fue escrita a lo largo de este año, durante la pandemia de Covid-19 que azotó al mundo y, particularmente, al Perú. Por ello, algunas pocas fuentes y publicaciones quedaron pendientes de revisión, pero considero que los elementos más relevantes para la investigación de este conflicto agrario fueron revisados y abordados. En ese sentido, los libros y artículos con los que dialoga esta tesis abordan los procesos históricos del desarrollo del carácter antioligárquico en el Ejército peruano, el sistema de hacienda en el Perú antes de 1968, la reforma agraria del gobierno militar, investigaciones sobre la hacienda Huando y, por último, una breve revisión de un marco conceptual que permitirá comprender mejor las características y los fenómenos políticos y sociales en el área rural peruana. En primer lugar, se tuvo que analizar la construcción y formación del carácter antioligárquico dentro de la tropa y oficialidad del Ejército para poder comprender las lógicas e intenciones del golpe institucional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 1968. El Ejército, como institución armada, pasó por una serie de cambios y contradicciones décadas antes a dicho golpe que depuso al presidente Fernando Belaunde. Para analizar este proceso inicial fueron relevantes los libros de Víctor Villanueva 12

(¿Nueva mentalidad militar en el Perú? y El CAEM y la Revolución de la Fuerza Armada), Jorge Rodríguez Beruff (Los militares y el poder), Dirk Kruijt (La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar), Daniel Masterson (Fuerza Armada y sociedad en el Perú moderno) y Eduardo Toche (Guerra y democracia), así como los artículos de Cecilia Méndez («Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglo XIX al XX») y Lourdes Hurtado («Ejército cholificado: reflexiones sobre la apertura del ejército peruano hacia los sectores populares»), los cuales abordan el estudio histórico de los militares peruanos, tanto en sus dinámicas políticas, ideológicas y cambios sociales. En estas investigaciones se puede apreciar que el estudio del Ejército en el Perú del siglo XX ha sido abordado por investigadores desde variadas aristas. Definitivamente, la influencia de doctrinas militares extranjeras, la creación del CAEM 2, la modificación de los cursos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército y el trabajo del Servicio de Inteligencia han contribuido al cambio de mentalidad en el Ejército. De la misma manera, la entrada de sectores sociales emergentes cambió, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, la composición de la tropa y, por ende, sus objetivos políticos. Por otra parte, por más que la estructura social del Perú oligárquico no es exactamente el objetivo principal en esta investigación, fue esencial revisar los trabajos sobre este tema, dado que nos permite vislumbrar un panorama más amplio de la organización social en nuestro país –sobre todo en el campo– décadas antes de la promulgación de la ley de Reforma Agraria de 1969. Los historiadores Flores Galindo y Burga publicaron en 1980 el libro Apogeo y crisis de la República Aristocrática: oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú, 1895-1932, el cual nos será útil para comprender el funcionamiento y las diversas características del sistema de hacienda en el Perú. De la misma forma, en un libro más reciente sobre la élite peruana en la primera mitad del siglo XX –publicado el 2013–, Grandes fortunas en el Perú: 1916-1960: riqueza y filantropía en la élite económica, el sociólogo Felipe Portocarrero afirma que los grupos de poder en aquella época no fueron una simple continuación de la aristocracia heredera del orden colonial o de la plutocracia republicana del siglo XIX, sino fue un entorno

Centro de Altos Estudios Militares.

cambiante, debido a la decadencia de distintas familias tradicionales y el ingreso de nuevos ricos. Además de esto, es clave entender cómo estaba distribuida la tierra en aquella etapa y cuáles fueron los movimientos sociales y políticos que cuestionaron de forma tajante al sistema de hacienda. Por ello, el capítulo “Historia de la agricultura peruana, 1930-1980”3 de Nelson Manrique es elemental para entender las cuestiones cuantitativas antes de la reforma agraria militar y las cifras que dejaron las tomas de tierra por parte del movimiento campesino en las décadas de 1950 y 1960. El libro de Rolando Rojas, La revolución de los arrendires. Una historia personal de la reforma agraria, apunta también a historizar la lucha campesina del valle de La Convención en Cusco. Por su parte, el estudio de José María Caballero (1981), Economía agraria de la sierra peruana antes de la reforma agraria de 1969, nos permite obtener un panorama general de cómo estaba organizada y distribuida la propiedad de la tierra en los Andes antes de la reforma agraria militar. Asimismo, los estudios dedicados a la reforma agraria son fundamentales en esta investigación para poder ubicarse en el contexto histórico de la época. Una de las primeras producciones más ambiciosas sobre la reforma del agro en nuestro país fue el libro La reforma agraria en el Perú de José Matos Mar y José Manuel Mejía (1980). Su lectura es importante para conocer la situación en el campo antes y durante la reforma agraria del gobierno militar: el funcionamiento del sistema de hacienda en el Perú, sobre todo en el caso costeño, y su posterior transformación en numerosas cooperativas y empresas autogestionarias campesinas. Después de muchos años, ya en el presente siglo, y tras publicarse numerosos estudios sobre la reforma agraria en zonas delimitadas, en el año 2008 la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente publicó un compendio de balance sobre el proceso: A 38 años de la Reforma Agraria. Destaca en este libro el testimonio de Luis Gamarra Otero, el cual aportó para el estudio de esta investigación en su condición de expropietario y también

Este capítulo forma parte del Compendio de historia económica V: la economía peruana entre la gran depresión y el reformismo militar, 1930-1980, Publicado el 2014 y editado por el historiador Carlos Contreras.

en su percepción del proceso de reforma agraria, como último presidente de la Sociedad Nacional Agraria. Seguidamente, en el año 2009, el sociólogo Fernando Eguren escribió “La reforma agraria en el Perú” en la revista Debate Agrario, donde realiza una síntesis general de los efectos de la reforma en el campo. Por su parte, el antropólogo Enrique Mayer publicó en el mismo año Cuentos feos de la reforma agraria peruana, un valioso libro que analiza las memorias y narrativas de la reforma a partir de diversos testimonios de personas que protagonizaron el proceso reformista en el campo: ex terratenientes, dirigentes sindicales, campesinos, funcionarios del gobierno militar, entre otros. La publicación más reciente sobre la reforma agraria la hizo Giovanni Bonfiglio (2019). Aunque su estudio se concentra principalmente en el destino de las empresas asociativas luego de la ejecución de la reforma, de todas formas aporta a esta tesis en analizar el funcionamiento del sistema cooperativista agrario y en registrar el recorrido administrativo de las empresas asociativas de los valles de Lima. De esta forma, la revisión bibliográfica sobre el sistema de hacienda en el Perú antes del gobierno militar velasquista y sobre la reforma agraria sirvió para contextualizar el conflicto entre patrones y trabajadores de la hacienda Huando en un periodo de rupturas: se terminaba una era de un sistema de haciendas administradas por propietarios privados en el valle costeño de Chancay (donde estaba ubicada la hacienda Huando) para dar paso a un sistema de cooperativas administradas por campesinos y trabajadores, fenómeno que, de manera similar, ocurría en gran parte del agro peruano. Por otro lado, sobre la hacienda Huando en el proceso de la reforma agraria no se ha escrito demasiado. No obstante, existe un número considerable de investigaciones sobre el sistema de hacienda en el valle de Chancay. Por ello, el artículo “Las haciendas del Valle de Chancay” (1964) y el libro Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (1976), ambos de José Matos Mar, nos muestran un análisis sobre las estructuras agrarias del valle de Chancay en el siglo XX: la evolución de la servidumbre al trabajo asalariado a través de un estudio del yanaconaje. La hacienda Huando, que formaba parte del valle de Chancay, y aunque no se aborda mucho en la investigación, es ligeramente analizada por el autor debido a que fue la primera hacienda en eliminar el yanaconaje y modernizar las relaciones de trabajo.

Un estudio sobre este mismo espacio es el de Fernando Eguren, Reforma agraria, cooperativización y lucha campesina: el valle de Chancay-Huaral (1975), que profundiza acerca de la lucha de los trabajadores agrarios del valle de Chancay contra el poder de hacienda y la aplicación de la reforma agraria velasquista en el valle desde un enfoque de estudio clasista. En esa misma línea, los investigadores José Mejía y Rosa Díaz publicaron, en el mismo año, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay, donde hacen un estudio de campo acerca del sindicalismo del campesinado y proletariado agrícola y sus luchas contra las haciendas en dicho valle de Lima. En el año 2001, la escritora e hijastra de Fernando Graña (ex propietario del fundo Huando), Charlotte Burenius, en su libro Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres, relata la historia del líder sindical que llevó a cabo la organización de los trabajadores de la hacienda contra los propietarios, con el objetivo de lograr la expropiación y la posterior creación de la cooperativa. Asimismo, la tesis de sociología de Javier Rocha, Cambios en la tenencia de la tierra en Huando: un análisis de las trayectorias ideológicas y socioeconómicas de los trabajadores beneficiados por la reforma agraria, demuestra cuál fue el destino de la cooperativa en Huando después de la expropiación de la hacienda y la lucha política dentro de la dirigencia campesina. Por otra parte, un campo que es indispensable para esta tesis es la literatura sobre el gobierno de Velasco Alvarado. La producción ha sido numerosa, pero nos enfocaremos en revisar las obras que más han aportado a esta tesis. Respecto a la política de los oficiales del Ejército en el manejo de la primera fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1975) son elementales varias investigaciones de sociólogos y politólogos. Henry Pease, con El ocaso del poder oligárquico: lucha política en la escena oficial 1968-1975, fue uno de los investigadores en dar los primeros pasos de un análisis profundo del gobierno militar. Para la década de los ochenta, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP) sacó en 1983 un compendio de tres volúmenes: El Perú de Velasco. Tuvo como coordinador a Carlos Franco y recopiló artículos de distintos investigadores importantes de la época, como también funcionarios que trabajaron en el gobierno de Velasco. El debate no se apagó en ningún momento y tan solo dos años después, en 1985, el Instituto de Estudios Peruanos publicó la traducción de un compendio acerca del gobierno de las Fuerzas Armadas: El gobierno militar: una experiencia peruana, 1968-1980. Incluso le pusieron un apelativo al régimen: “el experimento peruano”. Dos de los 16

estudios dentro de esta compilación que aportaron a esta investigación fueron los capítulos de Liisa North, “Orientaciones ideológicas de los dirigentes militares peruanos”, donde realiza una clasificación de la dirigencia militar por su tipo de pensamiento, y el de Peter Cleaves y Henry Pease, “Autonomía estatal y decisión política militar”. Posteriormente, el libro de Dirk Kruijt, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar estudió a la revolución velasquista a través de las cuantiosas leyes y modificaciones que se dieron en aquellos años. Ya en este siglo, Juan Martín Sánchez publicó en la Universidad de Sevilla La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar, 1968-1975, donde aporta un estudio muy general sobre el pensamiento militar del gobierno: una ideología nacionalista popular y un fuerte componente antioligárquico. En el año 2018, en la efeméride de los cincuenta años del golpe militar, el Instituto de Estudios Peruano tradujo el último compendio sobre el gobierno militar, editado por los historiadores Carlos Aguirre y Paulo Drinot. El libro propone distintas visiones sobre el gobierno militar, desde un análisis sobre el entierro del general Velasco hasta una investigación sobre la Reforma Educativa del año 1972. De esta publicación, los artículos de Patricia Heilman y de Anna Cant fueron útiles para entender las relaciones del gobierno y sus funcionarios con el campesinado durante la reforma agraria.4 Recientemente, en el año 2018, el historiador Antonio Zapata publicó La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen, donde analiza los tres últimos años del régimen velasquista y los distintos factores que precipitaron su caída, entre ellos la disputa política interna, a través de la revisión de los borradores de las actas del Consejo de Ministros, fuente determinante también para esta investigación. Además, el reciente artículo de Mijaíl Mitrovic sobre la “utopía velasquista” (2020) ayudó a profundizar el estudio de los objetivos y las contradicciones de las políticas de participación del gobierno militar. Asimismo, es menester enumerar algunos trabajos importantes para el uso de conceptos en esta investigación. En primer lugar, el artículo “Las haciendas del Valle de Chancay” (1964) y el libro Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay La investigación de Patricia Heilman, “A fuego y sangre. La Confederación Campesina del Perú y el régimen de Velasco”, explora las tensas relaciones entre la principal central campesina de tendencia de izquierda y el gobierno militar. Por su parte, el artículo de Anna Cant, “Impulsando la revolución: Sinamos en tres regiones del Perú” explora las labores de los funcionarios del Sinamos en Piura, Cusco y Tacna. 4

(1976), ya mencionados en párrafos anteriores, ambos de José Matos Mar, fueron importantes para obtener un panorama general sobre las formas y dinámicas del funcionamiento del sistema de hacienda y la problemática campesina en dicho valle costeño. En segundo lugar, los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, en su famoso libro Apogeo y crisis de la República Aristocrática, también mencionado anteriormente, desarrollaron un profundo análisis de la oligarquía peruana, definición que se tomó en cuenta en esta investigación, y sobre el paternalismo en las haciendas costeñas, el cual sirvió como marco teórico para el estudio de las relaciones políticas y sociales en la hacienda Huando. Luego, en el libro La historia secreta del género: mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, el historiador Steve Stern hace una tipificación de los hacendados según las relaciones con sus peones. Los conceptos “patriarcado benevolente” y “patriarcado vertical” fueron útiles para poder analizar las relaciones de Fernando y Antonio Graña con sus trabajadores. Por último, se tomaron las definiciones de “hacienda” y “propietario” del libro del antropólogo Enrique Mayer, Cuentos feos de la reforma agraria peruana, debido a que ayudaron a comprender las dimensiones sociales y económicas del mundo de la “hacienda”: los propietarios, la casa-hacienda, la jerarquía, el prestigio de los patrones, su relación con los trabajadores, entre otros campos. En síntesis, se ha logrado hacer un recuento sobre la literatura publicada acerca de los cambios militares, la estructura social en el agro antes y durante la reforma agraria, estudios políticos sobre el régimen militar velasquista y estudios sobre el sistema de hacienda en el valle de Chancay y, específicamente, en la hacienda Huando. En ese sentido, a pesar de no haber una abundante historiografía específica sobre Huando, hubo un material significativo, tanto en fuentes primarias como secundarias, para realizar una investigación histórica sobre el rol del conflicto de la hacienda Huando durante la ejecución de la reforma agraria del gobierno militar. Finalmente, la estructura de la tesis está dividida en cinco capítulos. En el primero, se analizan los cambios políticos, ideológicos y sociales que experimentó el Ejército en la primera mitad del siglo XX y sobre todo en las décadas de 1950 y 1960, y que lo llevó a distanciarse de la oligarquía y tomar una postura crítica hacia orden social de aquel entonces. En el segundo capítulo se realiza un repaso por las características principales 18

del sistema de hacienda en el Perú y las consecuencias sociales y políticas que trajo la crisis de este en las décadas de 1950 y 1960 –como los movimientos campesinos de tomas de tierras y las guerrillas–, así como también la respuesta de los militares a estos procesos. En el tercer capítulo se presenta cómo se reproducían las relaciones políticas y sociales entre propietarios y trabajadores en la hacienda Huando bajo la administración de la familia Graña y las primeras acciones de la reforma agraria del gobierno de Velasco en 1969. En el cuarto, se analiza cómo se desencadenó el conflicto por la hacienda Huando entre los propietarios y los trabajadores del sindicato durante la reforma agraria, y cuál fue el impacto de esta disputa en el proceso en general. Por último, en el quinto capítulo, se aborda también el conflicto en Huando pero desde las lógicas y contradicciones que presentó gobierno militar al tratar de solucionarlo, en un periodo determinante en la ejecución de la reforma agraria (1970-1973).

Capítulo 1. La ruptura silenciosa: las transformaciones en el Ejército peruano

Pocas fueron las revoluciones en el mundo en las que su tímida génesis se desarrolló en las aulas de un cuartel. El proceso de la “revolución peruana”, o el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA), iniciado con el golpe militar de 1968 y culminado en su primera fase en 1975, compone, a simple vista, una evidente contradicción: la institución armada modificó un orden social que en teoría debía defender. Para comprender este derrotero, el cual fue uno de los periodos determinantes en marcar el rumbo de la sociedad peruana en el siglo XX, se debe examinar la gestación de este fenómeno: los cambios que se llevaron a cabo dentro de las Fuerzas Armadas, principalmente en el Ejército, así como también el contexto histórico en el que se dieron. Por ello, en este primer capítulo se examinará de qué manera el Ejército peruano fue escenario de una serie de transformaciones a nivel académico, ideológico, social y político, décadas antes del establecimiento del GRFA (1968-1980). Es necesario recalcar que el objetivo de esta parte de la tesis es, justamente, repasar cómo y por qué los militares peruanos desarrollaron una postura crítica hacia la oligarquía rural y cuál fue el contexto histórico que los motivó a realizar los cambios estructurales posteriores, como la Reforma Agraria de 1969, la cual se analizará en los capítulos siguientes. En las décadas anteriores al golpe de 1968, el país estaba experimentando una crisis en las estructuras del llamado “Estado oligárquico”. Los debates políticos, académicos e intelectuales en torno de esta definición son numerosos, no obstante, podemos hacer una síntesis en términos generales.5 La élite socioeconómica se componía de un conjunto de familias, las cuales eran poseedoras de haciendas o latifundios dedicados a la agroexportación, las propiedades mineras, el gran comercio de importación o exportación y la banca, era denominada como la “oligarquía”.6 Aunque ya se ha demostrado que esta clase social no fue estática, dado el ingreso de nuevos ricos y la decadencia de algunas

Existe una literatura variada sobre el poder y desarrollo de la oligarquía en el Perú, pero entre los principales autores y trabajos podemos mencionar a François Bourricaud (1969), Henry Pease (1980), Manuel Burga y Flores Galindo (1991), Julio Cotler (2005), entre otros. 6 Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la República Aristocrática (Lima: SUR, 1991), 133.

familias tradicionales7, la dominación ejercida por este grupo social continuó hasta pasada la primera mitad del siglo XX. Por su parte, el sociólogo Felipe Portocarrero distingue una categorización un poco más amplia de la oligarquía, una división en hacendados –una mayoría de 34,6 %–, rentistas, comerciantes, industriales, urbanizadores, banqueros y financistas; la actitud más aristocrática y “europeizada” se encontraba en los sectores pertenecientes o cercanos al rentismo.8 Si bien el control del Estado peruano por parte de los grandes propietarios se apreció más nítidamente en el periodo bautizado por el historiador Jorge Basadre como la “República Aristocrática”, cuando el Partido Civil fue la agrupación política hegemónica, tras el Oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) y algunos gobiernos militares y civiles, los hacendados lograron mantener sus propiedades de la tierra bajo cierta estabilidad. Sin embargo, la relación tradicional de Estado peruano-oligarquía-sociedad de las primeras décadas del siglo XX se vio modificada con el surgimiento de una política de masas en los años treinta. Para ese entonces ya se habían creado los primeros partidos políticos representantes de los sectores medios y la clase obrera: la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), organizada por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924, y el Partido Socialista (llamado “Partido Comunista Peruano” a partir de 1930), fundado por José Carlos Mariátegui en 1928, los cuales irrumpieron decididamente en la política, dándole a esta un carácter de masas. De acuerdo a los historiadores Carlos Contreras y Paulo Drinot, este “surgimiento de política de masas” en la contienda no solo se vio reflejado por la aparición de dichos partidos o por las constantes huelgas tras los efectos de la Gran Depresión de 1929, sino también en las elecciones de 1931: tanto el APRA de Haya de la Torre, como la conservadora Unión Revolucionaria, liderada por el militar Luis Sánchez Cerro, representaban a una “masa” de trabajadores y sectores medios urbanos. El ascenso de la participación y demandas de los sectores populares de las ciudades en la política nacional fue tan evidente, que el Estado tuvo que optar por un rol

Véase Felipe Portocarrero, Grandes fortunas en el Perú: 1916-1960: riqueza y filantropía en la élite económica (Lima: Universidad del Pacífico, 2013). 8 Portocarrero, Grandes fortunas en el Perú, 64-65.

más social en su relación con las masas, ya sea con la construcción de barrios obreros, hospitales o creación de nuevos ministerios, entre otras medidas. 9 En este periodo de cambios, el Ejército peruano experimentaría una de las transformaciones más importantes de su historia. A lo largo de la trayectoria de las Fuerzas Armadas, cada rama de esta institución ha tenido una connotación social y racial distinta en el Perú. A la Marina se le suele asociar con la élite criolla y costeña, por lo cual representa a una suerte de organización “blanca”. Por el contrario, el Ejército está más relacionado con lo popular y la población andina; mientras que la Aviación ocupa un lugar en medio de las dos, aunque más cerca de la Marina que del Ejército.10 Esta peculiar diferencia social y étnica entre las instituciones armadas fue moldeándose y consolidándose a lo largo del siglo XX. Según la historiadora Cecilia Méndez, el hecho de que los gobiernos de caudillos militares hayan tenido más conexión con los sectores populares que los gobiernos civiles en la historia peruana –sobre todo, en el siglo XIX– radica en que existieron más nexos entre las comunidades campesinas y el Ejército: ya sea en la participación o conformación de milicias campesinas y montoneros liderados por algún caudillo en el siglo XIX, o en que los gobiernos militares autoritarios tuvieron más iniciativas y éxito que los gobiernos civiles al establecer políticas para favorecer a los sectores rurales.11 Además, la institución militar peruana experimentaría a lo largo del siglo XX un proceso al que Lourdes Hurtado denominó como cholificación: la apertura del Ejército hacia los sectores populares, la cual modificó sustancialmente la composición social de la tropa.12 De manera recurrente, el Ejército y el campesinado tuvieron distintas alianzas en varias guerras civiles entre caudillos en el siglo XIX. Las bandas de montoneros tenían vínculos estrechos con el Ejército y participaciones significativas en este, pero aquel periodo culminó con las políticas de “profesionalización” de la institución armada iniciadas por el gobierno de Nicolás de Piérola con la llegada de la Misión Francesa en 1896, la cual 9

Carlos Contreras y Paulo Drinot, «La Gran Depresión en Perú.», en La Gran Depresión en América Latina, Paulo Drinot y Alan Knight, eds. (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2015), 151154. 10 Hurtado, Lourdes, «Ejército cholificado: reflexiones sobre la apertura del ejército peruano hacia los sectores populares», Íconos, Revista de Ciencias Sociales, nº 26 (2006): 63. 11 Méndez, Cecilia, «Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglo XIX al XX», Íconos, Revista de Ciencias Sociales, nº 26 (2006): 20-21. 12 Hurtado, Lourdes, «Ejército cholificado: reflexiones sobre la apertura del ejército peruano hacia los sectores populares», Íconos, Revista de Ciencias Sociales, nº 26 (2006): 60.

tenía como fin consolidar un Ejército moderno: construir un comando unificado, volver a la institución militar un organismo autónomo de la sociedad civil y dependiente de un presupuesto estatal.13 La derrota en la guerra con Chile todavía pesaba en la memoria de los militares peruanos y se buscaba forjar un cuerpo armado sólido. Si bien las relaciones entre el Ejército y las sociedades campesinas no se rompieron del todo con el inicio de la “profesionalización”, definitivamente afectaron la capacidad de agencia de los sectores populares en su relación con los militares. Por otra parte, la modernización del Ejército se fue consolidando en las primeras décadas del siglo XX y también se vio reflejada en la incorporación de doctrinas militares extranjeras para las lógicas de defensa y “seguridad interior” del país. Asimismo, como producto de la influencia francesa, se creó en 1904 un organismo académico castrense que favoreció también a la profesionalización del Ejército: la Escuela Superior de Guerra (ESG). Su función principal era preparar, bajo influencia de manuales estratégicos franceses, oficiales que puedan ser capaces de comandar o dirigir grandes unidades militares. Además, la influencia francesa en el Ejército no solo se dio por medio de las misiones militares o por los manuales, sino también porque varios oficiales peruanos partieron rumbo a Francia a terminar su preparación castrense.14 Sin embargo, tras el fracaso en la guerra con Colombia (1932-1933), donde se disputó en la Amazonía el territorio de Leticia y la doctrina francesa mostró sus limitaciones al no tomar en cuenta el combate en la selva, y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), culminó el periodo de la influencia francesa en el Ejército peruano; esto debido también a que las doctrinas y estrategias de la guerra estaban cambiando a nivel mundial, y resultado de ello fue el surgimiento y desarrollo de la llamada “Guerra Total”, la cual comprendía no solo la preparación bélica, sino todos los frentes de la organización de un país, como la comprensión de temas económicos, políticos y sociales por parte de los oficiales.15 Paralelamente, dentro del proceso de modernización del Ejército, la antigua Escuela Militar de Chorrillos –fundada en el siglo XIX– comenzó a incluir progresivamente

Méndez, Cecilia, «Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglo XIX al XX», Íconos, Revista de Ciencias Sociales, nº 26 (2006): 26-27. 14 Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968 (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 42. 15 Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder, 43-45.

profesores civiles para la preparación de los cadetes: desde 1937 hasta 1948 se aprecia una incorporación considerable de docentes civiles. De la misma manera, en la década de 1940 se realizó un cambio sustancial en el plan de estudios de dicha escuela, ya que se agruparon los cursos por secciones, las cuales incluían desde las materias más elementales como matemática, física, química, lengua e idiomas extranjeros, hasta cursos como filosofía, historia, leyes, economía, entre otros.16 Eduardo Toche sostiene que este cambio curricular fue fundamental para la formación académica y política de los ministros del gobierno militar de los años setenta, pues la mayoría de esos dirigentes militares, con excepción de Velasco, se graduó de la Escuela Militar en el tiempo en que se efectuaron dichas modificaciones. La incorporación de la nueva doctrina de “Guerra Total”, de acuerdo a Jorge Rodríguez Beruff, generó nuevas demandas urgentes en la política militar, pues “la nueva forma de guerra requería la movilización de la totalidad de los recursos de una nación, y esto no se lograría sino a través de una ‘planificación de defensa’ detallada en tiempos de paz (…), esta preocupación por la guerra total hacía aún más urgente la creación de un centro que pudiera abocarse al estudio del ‘potencial nacional’”.17 Por ello, en esas circunstancias y necesidades concretas en las lógicas del Ejército, se creó el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en 1950. Víctor Villanueva sintetizaba que la creación del CAEM obedeció a las necesidades de difundir el conocimiento principal de la doctrina de la guerra, preparar al Alto Mando del Ejército y, por último, estudiar las cuestiones esenciales de defensa nacional y su relación con los problemas del país.18 Por otra parte, Rodríguez Beruff agregaba que las causas de su creación surgían por la demanda de desarrollar un grado de autonomía respecto a las doctrinas militares europeas y reformular una “doctrina militar nacional”, unificar los conceptos de estrategia de las fuerzas armadas y, en efecto, estudiar el potencial nacional

Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 118-119. 17 Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968 (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 45-46. 18 Víctor Villanueva, El CAEM y la Revolución de la Fuerza Armada (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1972), 33.

para desarrollar una estrategia de defensa, a través de una evaluación general de factores no militares.19 El CAEM, aparte de reforzar el acercamiento con intelectuales civiles en las aulas y en conferencias, incluía no solo cursos de preparación militar, sino que también cubría temas de economía, administración del Estado y desarrollo de infraestructura, aunque no estaban presentes todavía materias de ciencias sociales como antropología o sociología. 20 Fundado en 1950 por el general José del Carmen Marín21, el CAEM tuvo un rol fundamental en el cambio del concepto de “defensa nacional” para los militares peruanos. Esto no solo significaba el abastecimiento de armamentos o reforzar las líneas de fronteras, sino que enfatizaba, principalmente, en los roles del Estado y la nación, ya que demandó replantear el papel del Estado para diseñar políticas que aseguren la estabilidad económica, el progreso y bienestar material del país, desde una perspectiva de seguridad.22 De esta forma, en el CAEM se consolidó y difundió la visión “desarrollista” del Ejército: la idea de que una efectiva defensa de la nación solo podía lograrse mediante el desarrollo económico y social del país, por medio de la organización estatal. Mientras ocurrían estos cambios en el área militar peruana, el mundo presentaba un panorama distinto a los años de la Segunda Guerra: las disputas por la hegemonía global, en el marco de la Guerra Fría, entre el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos, y el bloque socialista, dirigido por la Unión Soviética, cobraban mayor fuerza en distintas partes del planeta y América Latina no fue ninguna excepción. En 1945, José Luis Bustamante y Rivero salió elegido como presidente con el apoyo del APRA. Su gobierno resaltó, a diferencia de consecutivos regímenes anteriores, por permitir una amplia libertad política en distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, las contradicciones con los apristas al interior del gobierno no se hicieron esperar y en menos

Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968 (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 46. 20 Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 110-111. 21 José del Carmen Marín era un militar que había destacado y ascendido en el Ejército por sus dotes académicos y su perfil de “oficial intelectual”. Marín encabezaba, en las décadas de 1940 y 1950, la facción democrática del Ejército, en contraposición de los militares más conservadores y antiapristas, liderados por Manuel Odría, quien fue Presidente de la República en un régimen de ocho años (1948-1956). Véase Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968 (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 47-49. 22 Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 106-108.

de tres años se vivía un clima de inestabilidad política e inflación económica. Fue el escenario perfecto para que los sectores reaccionarios le pongan el punto final a la gestión de Bustamante: el general Manuel Odría, con un importante apoyo de las FF.AA. y las clases propietarias, se levantó contra el gobierno desde Arequipa en 1948. Era el inicio de la “revolución restauradora”, posteriormente llamado el “Ochenio de Odría” (1948-1956). Este nuevo régimen militar optó por el liberalismo económico con la exportación de materias primas, pero se caracterizaba por un fuerte aparato represivo y la falta de libertades políticas. Para justificar estas restricciones, el gobierno odriísta, inscrito en el bando capitalista que dirigía EE.UU., asoció al comunismo y, principalmente, al aprismo con la violencia y el peligro de “amenazas extranjeras”. Aunque cabe resaltar que a diferencia de gobiernos civiles oligárquicos, el régimen de Odría impulsó una serie de medidas y servicios en materias de salud, educación o vivienda, de carácter clientelista y populista, hacia los sectores obreros, empleados y migrantes.23 En esa coyuntura política, el gobierno de Odría buscó profundizar la ayuda y preparación de los militares peruanos por parte de los Estados Unidos. Por ende, en 1952 el gobierno peruano firmó el Tratado de Asistencia Militar para recibir el apoyo de “seguridad hemisférica”, una estrategia política sumamente importante para los intereses del gobierno norteamericano en la región, con el fin de reprimir movimientos cercanos al comunismo. Del mismo modo, numerosos oficiales peruanos viajaron a los EE.UU. para recibir formación en materia anti subversiva. Sin embargo, esta influencia norteamericana en el Ejército peruano no llegó demasiado lejos:

La valoración que algunos generales peruanos daban a la instrucción ofrecida por los norteamericanos no parece haber sido de las mejores y, en gran parte, contribuyó a ello la ausencia de novedad que podía haber tenido una concepción de la guerra que se derivaba de la doctrina de “guerra total” que ya había sido adoptada por los ejércitos latinoamericanos, entre ellos el peruano; y, por otro lado, el rechazo al imperativo de subordinar a las fuerzas militares latinoamericanas, que obligaba a actitudes pasivas y

Candela, Emilio; Contreras, Carlos; Lossio, Jorge, «Populismo y Salud Pública durante el ochenio de Odría», Acta Herediana, 60 (2017): 33-35.

acríticas inaceptables para el arraigado sentimiento nacionalista desarrollado por los militares peruanos.24

Tras esta experiencia de preparación castrense de los militares peruanos en los EE.UU., aunque sin un efecto político e ideológico determinante, los procesos sui generis en el Ejército prosiguieron su rumbo. Entre estos, la visión “desarrollista” del CAEM no se vio afectada de manera sustancial por la influencia norteamericana, pero sí tuvo que soportar la fuerte oposición y resistencia de los sectores más liberales ortodoxos en el Estado peruano en años posteriores. Durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1956-1962), el ministro Pedro Beltrán25, conocido político conservador y representante de los propietarios agroexportadores, intentó reducir la influencia de los militares “desarrollistas” del CAEM e impuso una modificación en el Plan de Estudios. Por ello, en 1961 se redujeron drásticamente los cursos que no representaban materias militares. No obstante, esto se revirtió rápidamente con el golpe militar de 1962 y mucho más con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968), cuando pasar por la especialización del CAEM se volvió casi indispensable para llegar a ostentar el cargo de general.26 Pese al auge académico y político de esta institución, su limitación más importante se presentó en el criterio de selección de estudiantes. Se escogía a militares con rango de coronel tomando en cuenta su antigüedad en las Fuerzas Armadas, lo que ocasionaba que el proceso fuera largo y los seleccionados en el CAEM tenían tantas posibilidades de ser generales como de no serlo nunca antes de pasar al retiro: en 1956, solo el 55 % de los estudiantes del CAEM fueron ascendidos a generales, lo que disminuyó el prestigio del centro de estudios en la oficialidad.27 Pero el CAEM no fue el único centro de estudios ni el principal en protagonizar los cambios académicos y políticos en el Ejército peruano.

Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 122-123. 25 Pedro Beltrán Espantoso (1897-1979) era un destacado político conservador peruano, pero de tendencia liberal en su visión económica. Aparte de haber sido director del diario La Prensa, era hacendado y llegó a ser presidente de la Sociedad Nacional Agraria (SNA) entre 1924 y 1934. Tuvo un rol de férrea oposición a la reforma agraria de Velasco en los años setenta. 26 Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 111-112. 27 Villanueva en Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968 (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 50.

La Escuela Superior de Guerra (ESG), mencionada anteriormente, fue escenario también de modificaciones sustanciales. El papel de este centro fue adquiriendo relevancia en la preparación de oficiales desde su fundación en 1904. Si bien el CAEM consolidó una visión específica y, en cierta medida, innovadora del desarrollo de la seguridad, del Estado y de la sociedad peruana, las propuestas que salieron de la ESG estaban dispuestas a llegar más lejos. Jorge Fernández Maldonado, uno de los ministros del GRFA en los setenta, distinguía que el CAEM aportó bastante al conocimiento de la realidad nacional por parte de los militares desde una perspectiva desarrollista, pero la ESG lo hizo desde una visión “revolucionaria”.28 Más que una discrepancia ideológica, la diferencia entre estos dos centros radicaba en la metodología y la praxis: los reformistas o “desarrollistas” del CAEM abogaban por realizar los cambios de manera gradual, a través de negociaciones con los grupos de poder, mientras que los “revolucionarios” se inclinaban por una vía más radical, aun si esto incluía movilizar a la sociedad civil. 29 La Escuela Superior de Guerra fue también la cantera de los principales oficiales que conformaron posteriormente el gobierno militar velasquista. Solo por mencionar algunos nombres: en este centro se desempeñaron como docentes Leonidas Rodríguez Figueroa, Jorge Fernández Maldonado, Enrique Gallegos Venero, Miguel Ángel de la Flor Valle, Aníbal Meza Cuadra, Francisco Morales Bermúdez, entre otros. Otra clave para descifrar esta visión “radical” que surgió en los militares de la ESG fue que en este centro se formó el equipo de oficiales que posteriormente establecieron las bases del Servicio de Inteligencia del Ejército, quienes comprendieron que la “seguridad interior” no podía estar separada de la política económica y social del país. 30 Los efectos y desarrollo del trabajo de inteligencia del Ejército en la década de 1960 serán analizados más adelante. Asimismo, para entender la cualidad y el alcance de los cambios ideológicos de los militares en este periodo, es fundamental revisar su producción académica. Existía más de un medio impreso donde muchos oficiales publicaban artículos sobre distintos temas, sin embargo, sin duda la más resaltante fue la Revista Militar del Perú (RMP). Durante el gobierno de Odría, los estudios militares sobre temas de políticos, económicos y sociales tuvieron apariciones y ausencias en la RMP, pero años después de la caída de este régimen

Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 119. 29 Toche, Guerra y democracia, 121. 30 Toche, Guerra y democracia, 120-122.

los artículos sobre estas materias volvieron a aparecer en sus números, hasta alcanzar su punto más alto a inicios de los sesenta.31 Después del desarrollo de diferentes enfoques sobre doctrinas de defensa y seguridad interior durante la postguerra, las ideas reformistas y nacionalistas del Ejército fueron difundidas por este medio. Los militares no fueron ajenos a las formulaciones de varias interpretaciones y críticas sociales de distintos intelectuales civiles en la primera parte del siglo XX. Muestra de ello son los artículos sobre economía, cooperativismo y análisis social que aparecieron en la Revista Militar del Perú en la década de 1960, como también estudios de seguridad nacional y lucha anti subversiva, debido a la aparición de guerrillas de izquierda en aquellos años. Asimismo, Jorge Basadre y Hildebrando Castro Pozo fueron docentes en escuelas militares, mientras que los textos de José Carlos Mariátegui y José María Arguedas eran “los autores preferidos” de los coroneles que más adelante conformarían el equipo de Velasco. Las propuestas indigenistas del antropólogo Castro Pozo, sobre socialismo cooperativista andino y comunidades indígenas, fueron difundidas y publicadas por la RMP.32 Cabe resaltar que, según el testimonio de Aníbal Meza Cuadra –ministro del gobierno velasquista–, Castro Pozo fue profesor de Velasco en Piura y su libro Del ayllu incaico al cooperativismo socialista fue una de las lecturas fundamentales del general.33 La tesis de Castro Pozo sobre las organizaciones campesinas como sociedades colectivistas y “cooperativistas” por naturaleza tuvo una considerable influencia en propuestas políticas militares en años posteriores. Por otro lado, la composición social del Ejército fue una característica que definió también el rumbo de esta institución en el siglo XX. Como lo mencionamos anteriormente, si bien el Ejército atravesó un proceso de profesionalización y modernización desde fines del siglo XIX, lo cual significó burocratizar la organización e incrementar la distancia entre esta y la sociedad civil –sobre todo al debilitarse los lazos que existían con las comunidades campesinas–, las relaciones entre los militares y los sectores populares, de alguna manera, nunca finiquitaron del todo, e incluso volvieron a reforzarse en las siguiente décadas.

Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968 (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 102-103. 32 Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 104-106. 33 Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 50.

En principio, para comprender la magnitud de un “cambio social” en el Ejército, es necesario revisar su formación anterior a este fenómeno. De acuerdo a Víctor Villanueva, “el ejército peruano, como todos los ejércitos permanentes y las instituciones similares navales y aéreas, son de tendencia aristocrática. Su estratificación en clases es una demostración constante no solo de su origen sino, principalmente, de su tendencia”.34 Las numerosas intervenciones de las Fuerzas Armadas para reprimir revueltas, insurrecciones populares o para restablecer el orden ante cualquier amenaza al Estado oligárquico peruano en la primera mitad del siglo XX35, pueden dar prueba de la afirmación que Villanueva sostiene: la naturaleza elitista de las fuerzas del orden. En las primeras décadas del siglo pasado, según Villanueva, los oficiales del Ejército procedían de sectores altamente acomodados; en cambio, el resto de la tropa, de los estratos populares. Además, a esta segregación social dentro de la institución armada se le sumaba una fuerte brecha física y racial: para ser aceptado como oficial en el Ejército, se requería una talla mínima de 1.65 m. Esta aparentaba ser una cifra razonable para la dura labor castrense, pero en el Perú, en promedio, solo una minoría de habitantes alcanzaban dicha estatura y únicamente el 16 % de la tropa lograba tal requisito. Respecto a los soldados de origen andino, solo el 11 % alcanzaba la talla para ser oficial. Por el contrario, para ser soldado, se pedía la estatura mínima de 1.50 m.36 No obstante, el Ejército comprendió que en un país con brechas socioeconómicas, raciales y culturales tan grandes se tenía que cambiar de estrategia para ampliar el número de la tropa. Es decir, cambiar los requisitos, las formas de requerimiento, la población objetiva. El principal problema que se presentaba era que la población indígena componía la mayor parte de las clases bajas en el Perú, un gran sector no hablaba español, sino quechua o aymara, y aún no tenían la condición de ciudadanía. Por su parte, los militares buscaban que su institución representase una síntesis del país: una sumatoria de todas las clases y las razas. Y si el Ejército requería de la movilización de todos los “ciudadanos” para la defensa del país en caso de una guerra, y la mayoría no lo era, entonces necesitaban

Víctor Villanueva, ¿Nueva mentalidad militar en el Perú? (Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1969), 250. Sobre estas intervenciones militares, nos referimos, por ejemplo, al golpe de Estado al presidente Guillermo Billinghurst en 1914, a la masacre de la rebelión de Rumi Maqui en Puno el año siguiente, a las represiones de los alzamientos campesinos de inicios de la década de 1920, a la represión de la insurrección aprista de Trujillo en 1932, entre otros casos. 36 Víctor Villanueva, ¿Nueva mentalidad militar en el Perú? (Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1969), 253254. 35

aportar, de manera urgente, para su conversión en ciudadanos. Los militares decidieron, entonces, emprender una suerte de tarea “civilizadora” para convertir al indio en soldadociudadano.37 En 1899, el servicio militar convocaba a apenas un poco más de una docena de hombres por provincia. Después de 1912 –fecha en que se estableció el servicio militar obligatorio–, la situación no mejoró de manera considerable debido a la dificultad del Ejército en reclutar gente de las haciendas y del personal ligado a sectores industriales o casas comerciales. Pero a lo largo de estas décadas, hasta inicios de los años sesenta (cuando se amplió la convocatoria a todos los peruanos, sin ninguna clase de distinción), el Ejército logró poco a poco extender el llamado en los sectores populares, aunque desde una visión paternalista de “civilizar al indio” y por una necesidad de defensa y seguridad.38 Sin embargo, este requerimiento se volvió recíproco: muchos campesinos vieron al servicio militar como una forma de acceder a la alfabetización e instrucción, como el aprendizaje de la identidad nacional y la conciencia del reclamo de derechos, los cuales sirvieron de base formativa para varios líderes campesinos en su posterior lucha contra el poder de las haciendas.39 De la misma manera, las clases medias-bajas urbanas también vieron un motivo similar en los años treinta: el Ejército como campo educativo ante el cierre de las universidades públicas.40 De esta forma, el Ejército ya no tenía la misma composición de antes y el proceso de apertura social fue un factor crucial en su transformación. Por ende, no es descabellado afirmar que los cuarteles militares se convirtieron en uno de los escenarios donde más vasos comunicantes existían entre las clases populares y los sectores medios (la oficialidad). Uno de los casos que mejor sintetizan este nuevo sector social del Ejército, proveniente de los estratos populares y sectores medios, es precisamente el grupo de ministros del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA), o al menos gran parte de estos. 37

Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 62-79. 38 Toche, Eduardo, Guerra y democracia, 70-86. El servicio militar en la población campesina fue llevado a cabo mediante la leva. Esta consistía en un mecanismo que permitía reclutar hombres civiles de manera forzosa para servir en el Ejército. 39 Del Pino, Ponciano, En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina (Lima: La Siniestra Ensayos, 2017), 221. 40 Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 118.

De los 14 ministros militares que conformaron la primera fase del GRFA –el gobierno militar de Velasco–, al menos 10 provenían de familias de estratos bajos urbanos o tenían un origen campesino.41 Eran 3 generales y 11 coroneles. Si bien se trataba –según Dirk Kruijt– de un grupo reducido perteneciente ya a la élite militar en los años previos al golpe de 1968, los orígenes sociales de estos militares pueden arrojar algunas pistas interesantes. Ernesto Montagne, Edgardo Mercado Jarrín y Francisco Morales Bermúdez, justamente los 3 generales del grupo, pertenecían a la clase media-alta urbana y tenían vínculos de parentesco con el Ejército, es decir, tenían familiares cercanos que se habían desempeñado como oficiales militares. Los 11 coroneles restantes, en cambio, tenían orígenes sociales más humildes (con la excepción del coronel De Rivera Lucero). Algunos de estos oficiales, como Aníbal Meza Cuadra y José Graham Hurtado, perdieron a sus padres a temprana edad y tuvieron que trabajar para ayudar a su familia y costearse los estudios. Arturo Valdés Palacios, el general que se encargaría de redactar las actas del Consejo de Ministros en la primera fase del GRFA, era hijo de un obrero minero y, luego de acabar la secundaria, tuvo que pagarse los estudios a través del trabajo como peón y empleado de cine.42 Asimismo, algunos de ellos cursaron estudios secundarios como cadetes, pero otros tantos habían tenido que servir como soldados raso para ayudar económicamente a sus familias. Era el caso de Aníbal Meza Cuadra, José Graham Hurtado –hijo de “padres muy pobres”, según su testimonio, quienes eran empleados en el puerto de Mollendo–, Javier Tantaleán y Leonidas Rodríguez Figueroa. Este último había nacido en el seno de una familia de una comunidad campesina de Cusco y sabía hablar quechua.43 Rodríguez Figueroa representó a la línea política de la “izquierda militar” durante el gobierno velasquista, y fue quizás el militar más radical de los que participaron con un rango de ministro en algún gobierno peruano en el siglo XX.44

Hurtado, Lourdes, «Ejército cholificado: reflexiones sobre la apertura del ejército peruano hacia los sectores populares», Íconos, Revista de Ciencias Sociales, nº 26 (2006): 65. 42 Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 114-116. 43 Kruijt, Dirk, La revolución por decreto, 116. 44 En los dos últimos capítulos de la tesis se abordará con mayor precisión el rol político que desempeñó Leonidas Rodríguez Figueroa durante la reforma agraria. Cabe resaltar que Rodríguez no fue ministro en el gobierno velasquista, pero era el Jefe del Sinamos, organismo que tenía una relevancia política similar a la de un ministerio.

Otro caso imprescindible de analizar en este grupo de oficiales “desde abajo” es el mismo Juan Velasco Alvarado. Nació en el distrito de Castilla, en el departamento norteño de Piura, en 1910, en una modesta familia de once hijos. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Piura, donde, a pesar de conseguir buenas calificaciones, destacó más por sus logros deportivos. En 1929 viajó a Lima clandestinamente en un barco desde el puerto de Paita, decidido a convertirse en militar. Su trayectoria en el Ejército resume a este sector militar que se desplazó desde los iniciales rangos hasta ostentar un alto cargo:

Tras graduarse en el primer puesto de su promoción en la Escuela Militar, la carrera de Velasco no tuvo nada de espectacular pero tampoco sufrió ningún retraso. Ascendió a capitán en 1940, a mayor en 1945, a teniente coronel en 1949, a coronel en 1951, a general de brigada en 1955 y a general de división en 1965. Excepto por su breve participación en la guerra con Ecuador, en 1941, Velasco no contaba con experiencia en combate, pero esta falta puede explicarse por la inactividad militar peruana de esos años (…) Velasco no era un hombre de aguda inteligencia sino más bien un competente soldado, con una gran perspicacia para identificar las habilidades, simpatías políticas y, sobre todo, la lealtad de sus compañeros castrenses.45

Hay que tomar en cuenta que Velasco pertenecía a una generación mayor que los demás oficiales que lideraron el golpe de 1968. Por ejemplo, gran parte de estos militares pasaron por la Escuela de Oficiales de Chorrillos y fueron promoción en 1940 –la “promoción terremoto”, debido al sismo que azotó en Lima ese mismo año–, donde Velasco se desempeñaba como docente. El testimonio de un antiguo oficial docente de esta escuela distinguía a esta generación como “oficiales brillantes con una gran inquietud social”. 46 Poco a poco, se formaron vínculos de trabajo y amistad entre este grupo de militares, los cuales fueron las base para el establecimiento de en un proyecto político común en los años sesenta.

Masterson, Daniel, Fuerza Armada y sociedad en el Perú moderno: un estudio sobre las relaciones civiles militares, 1930-2000 (Lima: Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, 2001), 322. 46 Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 119-120.

Por ende, no es posible comprender el distanciamiento o la ruptura de los militares con la oligarquía peruana hacia fines de los años sesenta sin tomar en cuenta una serie de factores acumulativos: los cambios académicos, ideológicos, políticos y sociales que atravesó el Ejército y la sociedad peruana en el siglo XX. Tanto el desarrollo de la doctrina de la “Guerra Total”, la cual resaltaba la urgencia de un desarrollo industrial para los intereses de defensa del país en oposición a los intereses de la burguesía agroexportadora 47, los distintos cambios curriculares en las escuelas castrenses y la entrada de nuevos grupos sociales provenientes de sectores medios y populares, definieron paulatinamente una nueva posición política nacionalista militar antioligárquica, cuya expresión más nítida estalló con el golpe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 1968. Sin embargo, todos estos cambios mencionados no pueden abordarse de forma aislada a las transformaciones y convulsiones sociales que se estaban llevando a cabo en el país una vez transcurrida la primera mitad del siglo XX, principalmente en el campo.

Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968, (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 237-238.

Capítulo 2. El sistema de hacienda en el Perú y los primeros movimientos: campesinos, guerrilleros y militares

Ahora bien, mientras se llevaban a cabo variados cambios en la institución armada, el sector rural del Perú –el cual albergaba a la mayor parte de la población peruana en aquellas décadas– venía siendo escenario de un cúmulo de transformaciones cualitativas y cuantitativas. Por ello, es fundamental analizar las características principales del sistema de hacienda en el Perú y las consecuencias sociales y políticas que trajo su decadencia en las décadas de 1950 y 1960, así como la respuesta de los militares a estos procesos. En la década de 1960, la concentración de tierras en el Perú mostraba un panorama sumamente exclusivo. En la costa, menos de mil extensas propiedades constituían el 80 % de la superficie de la tierra, como lo indicaba el estudio realizado por el Comité Interamericano para el Desarrollo Agrícola (CIDA) 48, mientras que las unidades familiares sin tierra constituían el 83 % del total y solo poseían el 10 % de la tierra. Por su parte, en la sierra, las grandes haciendas, en su mayoría ganaderas, representaban solo el 1 % de las unidades agrícolas, pero controlaban el 75 % de la tierra; por el contrario, casi medio millón de familias con pequeños terrenos solo poseían el 4,7 % de la superficie, y los fundos familiares y las comunidades indígenas, que representaban el 12,5 % y el 0,1 % de las unidades respectivamente, poseían únicamente el 15 % del total de la tierra.49 Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la geografía de la sierra del Perú presenta una serie de dificultades para las actividades agropecuarias. A consecuencia de ello, era característico de la región andina la gran escasez de tierra respecto a la densidad de población. Por ejemplo, durante los años sesenta, debido a problemas de aridez y pendientes accidentadas, solo se aprovechaba un 5 % para el cultivo y un 32 % como pastos naturales; el 63 % restante no se utilizaba. Incluso, debido a la presión poblacional

Organismo creado por la OEA en 1961 con el objetivo de realizar estudios sobre la problemática agraria en los países de América Latina. 49 Informe del CIDA (1966) citado y analizado en Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 49-52. Por otra parte, es importante señalar que los datos referentes a la sierra fueron cuestionados por José María Caballero, quien encontró que la gran propiedad poseía solo el 20.1 %, de la superficie, mientras que la pequeña y mediana propiedad en los Andes era lo más extendido (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981), 61-93.

y el problema de la escasez, la población rural en la sierra se vio obligada a utilizar las tierras calificadas como “no aptas”.50 A pesar de estas cifras, desde la década de 1940, la configuración social en el agro comenzó a transformarse. El desarrollo del mercado interno, la creciente incorporación del campesinado en circuitos monetarios y la expansión de medios de comunicación y carreteras alteraron el esquema tradicional del régimen de hacienda; además, por el crecimiento de la población, la alta demanda de tierra rebasó la cantidad de terrenos disponibles, por lo cual la relación hombre-suelo en el campo se modificó. El campesinado respondió a esto emprendiendo migraciones masivas a las ciudades, sobre todo a Lima, y realizando, entre 1956 y 1964, los movimientos de tomas de tierras más grandes del continente.51 Por otra parte, existía un factor de atracción: el desarrollo capitalista en las ciudades representaba un anhelo de progreso y mejora social para muchos migrantes andinos. 52 Esta promesa de calidad de vida estaba reflejada en la industrialización urbana que experimentó la costa, sobre todo Lima y Callao, en los años cincuenta: la oferta laboral en manufacturas, comercio, transporte y comunicaciones, como también el desarrollo de la gran minería.53 De esta manera, el fenómeno de urbanización –el crecimiento de las ciudades– fue una realidad ante la transformación de la vida rural. Sin embargo, no todos los cambios agrarios en el Perú presentaron el mismo derrotero. En la costa, las haciendas tenían un contenido distinto a la hacienda andina. Las primeras funcionaban, en su mayoría, como terrenos agroindustriales para la exportación, donde los obreros agrícolas trabajaban la tierra del patrón, un hacendado capitalista, pero que no dejaba de lado sus caracteres oligárquicos o aristocráticos. Por su parte, en la sierra, las haciendas todavía funcionaban en su forma más tradicional. Al régimen de hacienda en esta parte del país se le conoció como “gamonalismo”: el poder local en los Andes peruanos que ejercían los mistis (“señores”), terratenientes, mestizos o blancos, sobre las masas indígenas. Consistía en un modelo de dominación, a través de lazos paternalistas y 50

Caballero, José María, Economía agraria de la sierra peruana antes de la reforma agraria de 1969 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981), 61-68. 51 Manrique, Nelson, «Historia de la agricultura peruana, 1930-1980», en Compendio de historia económica V: la economía peruana entre la gran depresión y el reformismo militar, 1930-1980, Carlos Contreras, ed. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos/ Banco Central de Reserva del Perú, 2014), 172-185. 52 Collier, David, Barriadas y élites: de Odría a Velasco (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978), 27. 53 Meneses, Max, «La migración interna y el proceso de urbanización en el Perú, 1940-2009.» Calidad y Creatividad, nº 11 (2009): 170.

relaciones de trabajo serviles, de los propietarios de haciendas sobre los campesinos. 54 El contraste costa/sierra se evidenciaba también en la esencia y el contenido de los latifundios o minifundios existentes: unos más modernos, otros más arcaicos. Los movimientos de tomas de tierras por parte del campesinado hacia las haciendas de los gamonales cuestionaron y alteraron en gran medida este panorama. En ese contexto, se produjo uno de los levantamientos rurales que más dejaron huella en la historia campesina por la conquista de la tierra en Latinoamérica, y que dieron el primer golpe fulminante al poder de los hacendados. Entre los años 1958 y 1964, en el valle cusqueño de La Convención, área dedicada al cultivo de café, se llevó a cabo una serie de enfrentamientos entre terratenientes y campesinos arrendires. Algunas décadas anteriores al estallido del conflicto, ante la falta de tierras disponibles en la sierra cusqueña, muchos campesinos habían optado por migrar al valle de La Convención (ceja de selva de Cusco) para alquilar las tierras de los propietarios de la zona y dedicarse al cultivo de café. Así se formó un sector social campesino arrendir, que al cabo de un tiempo mejoró notablemente el valor de esas tierras por su dedicación en las cosechas. No obstante, al elevarse el valor de dichas plantaciones de café, los hacendados buscaron quedarse con las tierras que habían alquilado y comenzaron a despojar de manera forzosa a los arrendires: usaron todo su poder de influencia en las autoridades locales, la policía y los juzgados para amedrentarlos y quedarse con las tierras cafeteras. Los campesinos respondieron a estas hostilidades con algunos episodios violentos y sobre todo con acciones legales, recurrieron a abogados independientes e implantaron una serie de denuncias, pero fue inútil.55 Las relaciones de compadrazgo y el poder político de los gamonales de La Convención –como en otras partes del Perú– eran todavía sólidas y efectivas. Sin embargo, la correlación de fuerzas empezó a cambiar. A fines de los años cincuenta, llegaron cuadros políticos foráneos al valle. Liderados por Hugo Blanco 56 y un grupo de 54

Es pertinente recalcar que la dominación de los gamonales estuvo más presente en la sierra sur y en algunas zonas de la sierra norte, como en Cajamarca. Para profundizar más sobre todas las dimensiones del gamonalismo, véase Caballero (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1981), 239-254; Flores Galindo (Lima: SUR, 2005), 262-265. 55 Véase Rojas, Rolando, La revolución de los arrendires. Una historia personal de la reforma agraria (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2019). 56 Hugo Blanco, líder trotskista cusqueño, lideró uno de los movimientos campesinos de tomas de tierras más grandes antes de la reforma agraria velasquista. Fue encarcelado en 1962 y posteriormente amnistiado y desterrado por el gobierno militar de Velasco Alvarado.

jóvenes trotskistas, bajo la consigna de “¡tierra o muerte!”, los campesinos crearon una serie de sindicatos agrarios, orientados por la Federación de Trabajadores del Cusco y el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), que llevaron a cabo la ocupación de las tierras en cuestión hasta lograr la expulsión de los terratenientes. Tras esta revolución regional, la estructura social y política del valle cambió para siempre: los hacendados fueron expulsados y las relaciones de servidumbre culminaron.57 Si bien el gobierno de Manuel Prado Ugarteche había optado por la represión del movimiento campesino, con el establecimiento de la Junta Militar (1962-1963), el nuevo gobierno peruano se vio obligado a promulgar una ley de Reforma Agraria focalizada en la zona de conflicto, no sin antes apresar a los principales dirigentes de La Convención. Esto de ninguna manera significó la culminación del problema de la tierra a lo largo del país, pero evidenció en ese contexto la capacidad de las Fuerzas Armadas en plantear y ejecutar una solución concreta a las demandas sociales en el campo.58 De forma paralela, se dieron numerosas ocupaciones de haciendas por parte de comunidades campesinas en casi toda la zona andina, sin una respuesta significativa y unificada por parte de las clases propietarias. Entre muchos casos ilustrativos, destacan, por ejemplo, las tomas de las haciendas de la empresa estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation en la sierra central, entre 1957 y 1964, donde muchas veces los policías asistieron en condición de espectadores, sin demasiada posibilidad de acción. El historiador Alberto Flores Galindo resaltaba la peculiaridad de este tiempo de contradicciones, a comparación de disputas rurales anteriores: “¿Qué hicieron los terratenientes frente a las ocupaciones de tierras y el sindicalismo agrario? Mejor dicho, ¿qué podían hacer? La respuesta es: poco. La explicación: estaban perdiendo poder. (…) La debilidad de los terratenientes quedó demostrada en la «relativa tolerancia» del Estado –incluida la policía– frente a las ocupaciones de tierras”.59 Pero el sindicalismo agrario y las ocupaciones de tierras no fueron los únicos movimientos políticos antagónicos al poder de los terratenientes. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), vinculado al Partido Comunista Peruano (PCP), decidió levantarse en armas a comienzos de la década de 1960, bajo la influencia

Lust, Jan, Lucha revolucionaria: Perú, 1958-1967 (Barcelona: RBA, 2013), 70-79. José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 90-93. 59 Flores Galindo, Alberto, Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes, (Lima: SUR, 2005), 329. 58

política de la Revolución cubana (1959) y su táctica de “guerra de guerrillas”, para terminar con el dominio oligárquico e instaurar un sistema socialista en el país. Entre sus adeptos estuvo el joven poeta guerrillero Javier Heraud, quien murió en 1963 tras un enfrentamiento fugaz con la Guardia Republicana en Puerto Maldonado. En 1965, luego de haber operado un tiempo en Cusco, Ayacucho y zonas de ceja de selva, el sueño revolucionario del ELN, encabezado por Héctor Béjar, llegó a su fin tras ser abatidos por una emboscada el 17 de diciembre.60 Béjar pudo escapar momentáneamente, pero fue capturado un año después. En 1970 fue amnistiado por el gobierno militar de Velasco e invitado a trabajar para el Sinamos (un organismo clave del gobierno militar). En suma, las guerrillas de izquierda habían comenzado su accionar en el Perú y entre sus puntos principales se encontraba la realización de una reforma agraria. Por otro lado, los militantes apristas desencantados con el acercamiento político de los dirigentes del APRA con la oligarquía fundaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Entre sus cabecillas estaban Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón, quienes viajaron a Cuba en 1964 con otros cuadros del MIR para recibir entrenamiento guerrillero. Sin embargo, y para su mala suerte, una vez establecida la guerrilla en el Perú en 1965, el movimiento fue derrotado el 23 de octubre de ese mismo año. De la Puente, Lobatón y otros integrantes cayeron muertos. Por más que el ELN y el MIR compartían la misma influencia ideológica cubana y trataron de coordinar un trabajo guerrillero conjunto, una serie de discrepancias impidieron que se concretaran los factores de entendimiento para una alianza.61 Los focos guerrilleros de los sesenta fueron derrotados relativamente rápido por las fuerzas del orden. No obstante, el accionar de estos grupos no solo causó impacto en la población y en los debates políticos, sino también en los agentes que se encargaron de enterrarlos: los militares. La lucha antisubversiva del Ejército en esos años no se redujo a una simple “cacería de brujas”, sino que significó un proceso que ocasionó una serie de cuestionamientos en las mismas fuerzas castrenses, principalmente en los que operaban en el área de inteligencia. Daniel Masterson pone mucho énfasis en el trabajo del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), pues varios testimonios de ex oficiales indican que su actividad en la labor 60

Masterson, Daniel, Fuerza Armada y sociedad en el Perú moderno: un estudio sobre las relaciones civiles militares, 1930-200 (Lima: Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, 2001), 296-300. 61 Masterson, Daniel, Fuerza Armada y sociedad en el Perú moderno, 295-300.

antisubversiva de los sesenta los hizo cambiar de perspectiva: se dieron cuenta, al fin y al cabo, de las inmensas desigualdades sociales, la explotación en el campo y la dependencia al capital extranjero.62 Muestra de este impacto fue que la mayoría de coroneles del golpe militar de 1968, quienes formaron parte del gobierno militar, pertenecían o colaboraban para el Servicio de Inteligencia del Ejército, como era el caso de Leonidas Rodríguez Figueroa o Jorge Fernández Maldonado.63 Las escuelas de formación de los servicios de inteligencia comprendían materias elementales, tales como economía, política, sociología, estudios militares, geografía, entre otras. Los temas que no eran posibles de abordar a profundidad en otras escuelas castrenses, como el CAEM, sí eran factibles en las áreas de inteligencia, debido a su labor de seguridad interior y estrategia antisubversiva; el marxismo fue, precisamente, uno de los temas más discutidos y estudiados.64 Los militares de este círculo reconocieron que el trabajo de acabar con las guerrillas del ELN y el MIR en los sesenta fue relativamente fácil. Lo que no fue fácil fue toparse con las condiciones del campesinado en las haciendas. El oficial Arturo Valdés Palacio, jurista militar y asesor del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien tenía que lidiar con los reclamos insaciables de los familiares de guerrilleros abatidos, recuerda en su testimonio:

Todos los que rodeamos a Velasco en aquella época son todos gentes que han trabajado en Inteligencia: Mercado Jarrín era director, yo trabajaba como asesor, estaba Leonidas Rodríguez, quien ha sido subjefe, Fernández Maldonado ha sido jefe de Inteligencia del SIDE [Sistema de Inteligencia del Ejército] del Ejército. Todos ellos, Gallegos también, han tenido intervención con la Inteligencia. Lo que me pasó a mí pasó con ellos. Todos ellos, como yo, tenían que ver con lo de la guerrilla. Participé como asesor de la Inteligencia, y me han tocado cosas muy desagradables de tratar, de entregar los anteojos, otras cosas personales de los muertos. Por ejemplo: el anillo y los anteojos de De la Puente, la cartera del otro, de casi todos los muertos. Porque me tocó a mí. Porque estaba en el cuartel general, se tenía que hacer un tipo de intervención legal para comprobar que habíamos entregado las cosas de ellos. Y después, óigame Ud., cuando me nombraron como procurador general de la República, fue una de las primeras cosas la de Marta, la

Masterson, Daniel, Fuerza Armada y sociedad en el Perú moderno, 342-343. Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 113. 64 Kruijt, Dirk, La revolución por decreto, 103. 63

viuda de De la Puente, solicitando el cadáver de su esposo y queriendo saber dónde estaba enterrado. (…) Pero, ¿qué pasaba? Nosotros recibíamos a la gente que se iba al combate, a las guerrillas, y quienes dieron su información al cuartel general. A mí me tocaba ver y recibir los contratos. Pude enterarme de todos los abusos a que estaban sometidos los campesinos, por ejemplo el pago de los 50 centavos, no era nada. Como les daban las tierras que siempre estaban en las afueras, en los cerros, recibían un poco de semillas y tenían que dar una parte de la cosecha. Pero les metían en tierras que eran casi pura piedra. Y así los trabajaban. Se ha llegado al extremo de prohibir, por ejemplo, el colegio. Todo eso nosotros íbamos sabiendo. Yo estaba leyendo los informes, las declaraciones de los propios oficiales. Entonces, todo eso, como a mí me hizo impacto, les hizo impacto a los oficiales, que dijeron: «¡No puede ser!». Yo les escuchaba conversando cuando dijeron: «Estamos simplemente tratando de eliminar a la guerrilla, pero estamos olvidando una cosa. Estamos dejando lo que produce la guerrilla. Estamos quitando el efecto pero no la causa. Y hay necesidad de eliminar la causa porque si no, se vuelve a repetir todo». Entonces comienzas a pensar que, para eliminar la causa, se necesita transformación. Y esa transformación tiene que ser estructural, no de coyuntura. 65

Otra fuente de influencia para la formación progresista de los militares en aquellos años –no tanto empírica, sino más bien ideológica– fue la difusión de la doctrina social cristiana. Por un lado, algunos oficiales, que luego conformarían el GRFA, estuvieron matriculados en seminarios católicos llamados “cursillos de cristiandad”, los cuales ponían énfasis no solo en factores religiosos, sino en el análisis social y donde dictaban sacerdotes cercanos a ideas progresistas cristianas.66 Por otro lado, no solo a través de los “cursillos de cristiandad”, sino por medio de diversos vínculos, los oficiales Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez o Enrique Gallegos mantenían contacto y recibieron influencias de eclesiásticos progresistas como los obispos Bambarén o Dammert, quienes posteriormente formarían parte de la “Teología de Liberación”, una doctrina cristiana latinoamericana que enfatizaba el trabajo religioso con los pobres y se apoyaba en las ciencias sociales, iniciada en Perú por el teólogo Gustavo Gutiérrez a fines

Kruijt, Dirk, La revolución por decreto, 129-130. Álvarez Calderón, María y Enrique Álvarez Calderón, La revolución que sacudió al Perú (Lima: Mitin, 2016), 21-25. 66

de los sesenta.67 Estos factores pueden explicar también la posterior afinidad política del velasquismo con la Democracia Cristiana, sobre todo con la rama progresista de esta, dirigida por Héctor Cornejo Chávez, quien colaboró y apoyó al gobierno militar de Velasco. En síntesis, el sistema de hacienda en el Perú, principalmente en la sierra, había entrado en un proceso de estancamiento y transformación hacia las décadas de 1950 y 1960. Tanto los movimientos campesinos y las migraciones del campo a la ciudad, como los focos guerrilleros de los sesenta, pusieron en evidencia el agotamiento de un sistema de organización de la sociedad basado en la propiedad y renta de la tierra. Los militares respondieron a los movimientos campesinos y las guerrillas con represión, pero se llevaron de estos procesos la certidumbre de la crisis de un sistema tradicional y las bases empíricas para un serio cuestionamiento que daría paso a la acción política.

Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 123-124.

Capítulo 3. La hacienda Huando y la revolución velasquista

Son las haciendas costeñas –y especialmente una de ellas– las que componen uno de los objetos principales de análisis en esta tesis, pero antes de revisar la configuración de las haciendas de la costa central, es pertinente profundizar un poco sobre este concepto. La “hacienda” es un término complejo dentro de la historia rural peruana. En palabras de José Matos Mar, “es una institución económica y social destinada a la explotación de la tierra; fue instituida en América Latina por los conquistadores ibéricos, después de la primera mitad del siglo XVI, como parte de una política económica de dominación (…)”.68 La hacienda fue cambiando su esencia y configuración al transcurrir de los años y fue después de la independencia cuando esta institución consolidó su apogeo en la sociedad peruana. Por otro lado, Enrique Mayer describía a la hacienda con relación al universo interior que generaba su realidad social: “la hacienda, una propiedad cerrada, en tanto dominio exclusivo del hacendado, evoca no solo la tierra sino un mundo de refinado privilegio. Vincula un apellido familiar con un lugar”.69 Hasta antes del proceso de reforma agraria, en el Perú predominaban tres tipos de gran propiedad: el “latifundio comercial moderno”, en su mayoría grandes plantaciones azucareras; el “latifundio transicional”, representado por haciendas arroceras y algodoneras, la cuales ocupaban alrededor de 300 000 hectáreas en el territorio costero; y el latifundio tradicional o hacienda serrana, donde existían relaciones semiserviles o pre capitalistas de explotación.70 Los dos primeros tipos de latifundio existían en la costa, donde, cabe recalcar, predominaban las relaciones capitalistas de trabajo (jornaleros). Del mismo modo, la composición interna de las haciendas presentaba una reproducción relativamente similar en el Perú: estaba la casa hacienda (donde vivía la familia propietaria), la ranchería (las viviendas de los trabajadores) y en los alrededores se podía encontrar una capilla, depósitos, algunos campos y talleres y los servicios que ofrecía

Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 283.

Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 138-139. 70 Clasificación del latifundio peruano a partir del informe del Comité Interamericano de Desarrollo Agrario (CIDA), publicado en 1966. Burga, Manuel, De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle del Jequetepeque del siglo XVI al XX (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2019), 236.

cada hacienda.71 Este fenómeno social, económico y cultural contenía muchas variantes. Sus relaciones externas y sus elementos internos definían el esquema de la hacienda. Dentro de la región costera, el valle de Chancay de la provincia de Lima fue un lugar donde surgieron distintos tipos de terrenos de cultivo. En 1964, dieciocho haciendas, en las cuales vivían 14 610 habitantes –Palpa, Huando, Retes, Esquivel, Chancayllo, Boza, Pasamayo, Cuyo, La Huaca, Jesús del Valle, Laure, Caqui, Torreblanca, Jecuán, Las Salinas, San José, Miraflores y Huayán–, controlaban el 77 % del área total de la tierra cultivable (21 000 hectáreas); en cambio, la parte alta del valle, de limitados recursos, era ocupada por comunidades campesinas, las cuales sumaban aproximadamente 5 000 habitantes. Entre los principales productos del valle de Chancay se encontraban el algodón, los frutales y distintos tipos de alimentos de pan llevar. 72 Había, sin embargo, una característica bastante común dentro de estas haciendas: el yanaconaje. Este consistía en una relación de dependencia entre el hacendado y el campesino que, mediante contratos verbales y escritos, permitía al yanacón trabajar determinadas parcelas de una hacienda, pero lo obligaba a pagar en especies el 20 % del total de su cosecha al hacendado como un medio de renta.73 En suma, expresaba una relación de transición de un modo pre capitalista de explotación hacia una relación empresario-trabajador. En la década de 1920, el yanaconaje les permitió a los hacendados del valle obtener una acumulación inicial, dado que estos aún no contaban con los capitales necesarios para el cultivo extensivo de las zonas. Con la explotación de los yanaconas, los propietarios obtenían mano de obra barata e instrumentos de trabajo sin tener que invertir capitales considerables. A través de los años, las haciendas del valle se convirtieron paulatinamente en empresas capitalistas modernas.74 Pero esta conversión se llevó a cabo por medio de un proceso largo de contradicciones políticas y sociales. La adquisición de las haciendas del valle de Chancay por parte de nuevos propietarios se remonta a la segunda mitad del siglo XIX y, en su mayoría, a comienzos del siglo XX. Después de la Independencia (1821-1824), cuatro haciendas se encontraban bajo órdenes religiosas, catorce bajo propietarios particulares y otras cuatro –las cuales se encontraban 71

Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 286. Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 63-64. 73 Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 361. 74 Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 72. 72

antes bajo el dominio del Estado colonial– en posesión del nuevo gobierno peruano, como fueron los casos de La Huaca y Jesús del Valle.75 Por ejemplo, Andrés de los Reyes, criollo que sirvió al bando independentista, fue compensado por José de San Martín con la hacienda Huando. Su hija, Andrea de los Reyes, heredó la propiedad y se casó con un comerciante español en 1862, Waldo Graña.76 Así, por medio de adquisiciones, compras o matrimonios, se fueron definiendo las familias propietarias del valle. Las primeras décadas del siglo XX fueron años de prosperidad para los dueños de la tierra. Gracias a su cercanía con la ciudad de Lima y a que las familias propietarias tenían vínculos o bien pertenecían a los grupos oligárquicos, la producción del valle de Chancay estuvo conectada con las demandas principales de Lima, como lo fueron la siembra del algodón o de cítricos posteriormente. Entre 1900 y 1926, se mejoraron las áreas de cultivo, se utilizó el guano como fertilizante a mayor escala, llegaron los primeros tractores y también un número significativo de migrantes de la sierra para trabajar como peones en las haciendas.77 Además, la mayoría de familias propietarias no residían en sus haciendas, salvo casos excepcionales como Cuyo, Esquivel, Huando o Palpa78, por lo que otra clave del éxito de estas haciendas en un primer momento fue, en efecto, la explotación de sus propiedades por medio del arrendamiento de tierras a los yanaconas. Pero la respuesta a esta relación de trabajo por parte de los peones y arrendatarios no se hizo esperar. En sus primeros años de actividad, los trabajadores del valle de ChancayHuaral recibieron influencia política del anarcosindicalismo. Corría la década de 1930, cuando apareció la Federación de Yanaconas y Trabajadores del valle de Chancay, impulsada por 1925 anarquistas provenientes de Lima, aunque fue disuelta esa misma década por el gobierno por medio de la represión. Años después, en 1945, surgió la nueva Federación Sindical del valle de Chancay, Huaral y Aucallama, en el mismo año de la victoria electoral de José Luis Bustamante y Rivero con apoyo del APRA. Este contexto

Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 342344. 76 Ribeiro, Vanderlei. «Florescer e murchar dos laranjais: Reforma e contrarreforma agrária numa fazenda peruana (1958-2005) », Brazilian Journal of Latin American Studies 16, N 30 (2017): 4. 77 Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 345346. 78 Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», 346.

le permitió al APRA ampliar su influencia política y muchos de sus cuadros impulsaron y activaron los sindicatos agrarios del valle de Chancay-Huaral.79 Por otro lado, la competencia entre los hacendados por lograr mayor estatus en el valle fue bastante disputada en estas décadas y no necesariamente solo por familias de apellidos tradicionales. Sin duda, el caso peculiar que distingue a este periodo es el de Nikumatzu Okada, un inmigrante japonés que llegó al valle de Chancay en calidad de peón en la hacienda Palpa, con un paupérrimo jornal de un sol. Por supuesto, su historia se enmarca en la masiva llegada de inmigrantes japoneses al país y, específicamente, al valle de Chancay. Luego, al acumular una modesta cantidad de dinero, se asoció con otro inmigrante japonés, Motonishi, para dedicarse al comercio de la carne. Después de esto, pudo obtener más parcelas en la misma hacienda en calidad de yanacón. 80 De la misma manera, Okada siguió alquilando y comprando más propiedades: en 1923, arrendó por diez años la hacienda La Huaca, tres años después hizo lo mismo con la hacienda Caqui, para después arrendar Miraflores, Jesús del Valle y, finalmente, la hacienda Jecuán en 1932. Para la década de 1930, Okada se posicionaba como el hombre más poderoso del valle. Incluso, el Ministro Plenipotenciario y el Cónsul General del Imperio de Japón llegaron al valle de Chancay, en una visita oficial a la comunidad japonesa, para ser declarados “huéspedes ilustres” y luego ser agasajados en las haciendas Palpa y La Huaca, pertenecientes a Okada, quien luego fue condecorado públicamente por el Emperador de Japón en 1941.81 En Nikumatzu Okada parece sintetizarse el recorrido histórico del desarrollo capitalista del valle: de obrero agrícola a yanacón; de arrendir a propietario. Los hacendados criollos de ninguna manera se quedaron impasibles ante el ascenso de un grupo foráneo. Los Graña eran una de las familias criollas que habían mantenido la administración de su hacienda y veían a los Okada como un peligro para la estabilidad de su empresa y, sobre todo, para su estatus como familia propietaria. Por ello, los hacendados criollos del valle, liderados de alguna manera por Antonio Graña, comenzaron una campaña mediática contra la presencia de los japoneses, y

José Mejía y Rosa Díaz, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975), 43-50 80 Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 87. 81 Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú, 87-89.

principalmente contra Okada. Por ejemplo, La Sanción, periódico oficioso de los propietarios de Huando, y el Eco del valle denunciaban, curiosamente, una suerte de “monopolio comercial”, “invasión de la industria” y advertían la posible conversión del valle costeño en una colonia nipona.82 Pero no fue la competencia con los Graña ni con otras familias propietarias lo que terminó con el apogeo de las propiedades japonesas en el valle de Chancay, sino la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Japón pertenecía al bando de Alemania e Italia, las potencias del Eje, y tras el ataque nipón a Pearl Harbor (EE.UU.), el gobierno peruano de Manuel Prado Ugarteche, aliado con los norteamericanos, ejecutó acciones hostiles contra los japoneses en el Perú. Una de estas medidas fue la expulsión de la comunidad nipona del valle, entre ellos Okada, quien fue apresado y enviado a los Estados Unidos. Ante este panorama, los hacendados peruanos retomaron el control del valle.83 Durante este tiempo, una de las claves del desarrollo productivo en estas haciendas costeñas fue todavía el uso de mano de obra de yanaconas. Muestra de ello era que, hacia 1946, una gran cantidad de los gremios de trabajadores los componían sindicatos de yanaconas, presentes en las haciendas Cuyo, Esquivel, Huando, Laure, La Huaca, Palpa, Hornillos, Jesús del Valle y Retes.84 No obstante, a pesar de la presencia del yanaconaje, las haciendas del valle de Chancay pasaron por un proceso de capitalización y “despersonalización de la propiedad”. A partir de la década de 1940, optaron por la modalidad de “sociedades anónimas”. En otras palabras, este mecanismo separaba la gestión empresarial de la propiedad y convertía a sus propietarios en accionistas; era una característica semejante a una empresa industrial. 12 de las 18 haciendas del valle de Chancay optaron por dicha modalidad y fue la hacienda Huando la que más invirtió en este cambio económico.85

Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú, 90-91. Tras las confiscaciones forzosas a sus propiedades, Okada y otros inmigrantes japoneses fueron entregados como prisioneros a los Estados Unidos. De acuerdo al libro de Matos Mar (1976), Okada pudo regresar a su natal Japón después de la guerra. Sus ex propiedades en el valle de Chancay pasaron, en su gran mayoría, a propietarios privados peruanos y otras al Estado, como su ex casa hacienda, la cual se convirtió en una escuela. 84 José Mejía y Rosa Díaz, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975), 50. 85 Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 375376. 83

Sin embargo, la modernización de la hacienda Huando no solo radicó en que sus propietarios optaran por el modelo de sociedad anónima, sino que, desde fines de la década de 1940, la administración de los Graña decidió realizar una serie de cambios sustanciales. Primero, indemnizaron a sus yanaconas, a quienes luego erradicaron de sus propiedades, para después dedicarse al cultivo y comercialización de cítricos.86 La exitosa implementación de dichos cultivos en Huando se volvió su emblema empresarial a través de los años y contagió a todo el valle con el impulso de estas cosechas: desde ese cambio, la zona de Chancay se caracterizaría también por su especialización en la producción y venta de cítricos. Asimismo, tras este proceso de modernización en la hacienda, Huando S.A. (su nombre oficial), a pesar de producir solo para el mercado interno, se convirtió en la hacienda más importante de todo el valle y en una de las empresas más prósperas de la costa y el territorio peruano.87 Y no era para menos. Sus famosas naranjas sin pepa fueron una iniciativa de la creatividad empresarial de Antonio Graña Reyes: las naranjas Washington Navel, traídas en 1935 desde EE.UU. para su cultivo extensivo. Además, sus elevados ingresos permitieron también incrementar ciertamente el nivel de vida de sus trabajadores a través de los servicios que se les brindaban dentro de la hacienda y el incremento continuo de sus salarios (desde 1957 a 1964 el pago de los jornales fue en aumento). 88

Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 129-130. 87 Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 289290. 88 Si bien la mayoría señala a Antonio Graña Reyes como impulsor de la naranja Washington Navel, según Matos Mar fue un yanacón el que introdujo esta fruta en la hacienda. Es una incógnita hasta ahora no resuelta. Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 289-353.

Patio empedrado de la casa hacienda en Huando (Fuente: Archivo personal de Charlotte Burenius).

La familia Graña, por su parte, representaba una familia oligárquica criolla tradicional. El primer Graña llegó de España, como se mencionó anteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX. El comerciante español Waldo Graña, quien había hecho fortuna en el Perú gracias al boom de las exportaciones del guano, contrajo matrimonio en 1862 con Andrea de los Reyes, hija única del propietario de la hacienda Huando, Andrés de los Reyes. Este matrimonio trajo nueve hijos, pero fue el tercero de los hermanos el que se encargó de la administración de Huando: Antonio Graña Reyes. 89 Su gestión de la hacienda coincidió con el periodo de auge de las haciendas del valle de Chancay en las primeras décadas del siglo XX, contexto que Graña Reyes no desaprovechó en absoluto. Fue él quien se encargó de consolidar a la familia Graña como los principales propietarios en el valle de Chancay y ganar un estatus importante entre la oligarquía limeña. Como presidente del Club Nacional –club social de la élite peruana en aquellos años–, Antonio 89

Ribeiro, Vanderlei. «Florescer e murchar dos laranjais: Reforma e contrarreforma agrária numa fazenda peruana (1958-2005) », Brazilian Journal of Latin American Studies 16, N 30 (2017): 4; Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 20.

Graña Reyes mandó a construir en 1925 el clásico local ubicado en la Plaza San Martín. 90 Asimismo, dentro de su esfera de poder local, auspició ese mismo año la construcción de la carretera Huaral-Acos-Cerro de Pasco, la cual conectaba el valle con las comunidades campesinas de la parte alta. De la misma manera, inició obras de canalización en toda la zona y tenía el control de la planta eléctrica de Huaral. 91 De acuerdo a José Matos Mar, definitivamente su vínculo político con el presidente Leguía le fue favorable durante los años veinte. Al ser la riqueza e influencia de los hacendados una cuestión indiscutible de poder, la fama de los Graña había trascendido también del área económica o empresarial hacia un tema político. Debido a esto, el poder de los Graña y la hacienda Huando no solo era cuestionado por las primeras olas sindicales en Chancay-Huaral en los treinta, sino también por los críticos y opositores al sistema de hacienda y poder terrateniente en el Perú. José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista en 1928, mencionaba explícitamente en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana –dentro de su esquema de denuncias a las haciendas costeñas que, si bien eran capitalistas en esencia, no dejaban de lado caracteres culturales de dominación coloniales y semifeudales– las obras de irrigación de Antonio Graña, como muestras precarias de inversión privada del capitalismo agrario en el Perú.92 A mediados de los cuarenta, cuando ya no había un Okada que disputara su poder político y Huando volvía a ser la empresa agraria más importante en el valle, había llegado la hora de que Antonio Graña Reyes buscara en sus herederos el nuevo administrador de la hacienda. Pero el infortunio se apoderó de la familia en los primeros años. Debido a que los hijos aún no alcanzaban una edad madura, la administración provisional de Huando recayó en Francisco Graña Garland, quien era el sobrino favorito de Graña Reyes, pero fue asesinado de manera misteriosa en 1947 por su rol político como director del diario La Prensa. Tras esto, Carlos Graña Elizalde, uno de los seis hijos y fundador de la empresa constructora Graña y Montero, asumió fugazmente la administración de Huando hasta que la muerte lo alcanzó cuando sobrevolaba en su avioneta por los vientos

Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 20. Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 92-93. 92 Mariátegui, José Carlos, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (Lima: Orbis Ventures S.A.C., 2005), 101. 91

borrascosos de Collique.93 Fue entonces cuando los hijos Antonio y Fernando Graña Elizalde compraron las acciones de todos los demás hermanos y se dedicaron de lleno a manejar la hacienda de naranjas.

Antonio Graña Reyes y Victoria Elizalde, rodeados por sus hijos en la década de 1940. Fernando y Antonio, los más altos posando de pie en la parte de atrás, fueron los que heredaron la administración de la hacienda Huando (Fuente: Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres, Burenius, 2001).

Antonio y Fernando Graña Elizalde, educados en Europa y EE.UU., taurinos, criadores de caballos de paso y gallos de pelea campeones, jugadores de polo y socios de los clubes más prestigiosos de Lima, destacaban con orgullo en las páginas deportivas y sociales de diarios peruanos y revistas internacionales. 94 Fue bajo la administración de los dos 93

Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 20-21. 94 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 16-24.

hermanos que la hacienda de naranjas conoció el máximo apogeo. La fama criolla de Fernando y Antonio se difundió por diversos medios y se convirtieron en una especie de símbolo de una administración eficaz y “moderna” en las haciendas capitalistas: la demostración de que sí era viable una modernización agraria bajo la dirección de propietarios privados. Cabe resaltar que el poder e influencia de los Graña también se hizo presente en la política nacional. Los propietarios de Huando eran una de las familias ricas que integraban la Sociedad Nacional Agraria (SNA), el gremio más representativo de la gran burguesía rural del país, fundada en 1916 tras la fusión de organizaciones de propietarios algodoneros y azucareros. 95 En 1957, los yanaconas habían logrado, a través de la organización y presión política, que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche creara la “Comisión de Yanaconaje”, la cual se encargaría de establecer medidas de control y protección hacia los yanaconas, ya que la mayoría de estos aún tenían “contratos verbales” y nada estables. Sin embargo, debido a una fuerte presión de la SNA, el gobierno tuvo que incluir a un representante de dicha organización: nada menos que Antonio Graña Elizalde, quien estuvo en el cargo durante los tres años del funcionamiento de la comisión.96 En efecto, esto evidenciaba la aún vigente influencia política de los hacendados en el Estado peruano. Por otro lado, en la costa peruana los propietarios de haciendas no necesariamente vivían en sus fundos. Muchos encargaban el manejo de la hacienda a sus administradores y capataces.97 Este no era el caso de Huando, dado que los Graña habían optado por ser los patrones de sus tierras en todos los sentidos posibles: no solo administraban la hacienda de manera personal, sino que patrocinaban y manejaban todos los ambientes culturales y sociales. Antonio y Fernando Graña demostraban cada semana ser los amos y hábiles empresarios de la “sucursal del cielo”98 (como en algún momento se le llamó a Huando).

José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 38. 96 Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 139. 97 Burga, Manuel, De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle del Jequetepeque del siglo XVI al XX (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2019), 243. 98 Charlotte Burenius recuerda en la introducción de su libro que la hacienda Huando era conocida con este apelativo en las décadas de su apogeo, bajo la administración de los Graña. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 16-19.

La vida y las costumbres en la casa hacienda eran de marcadas brechas sociales y raciales. Los hijos de Antonio Graña fueron educados desde niños por una institutriz inglesa y luego terminaron sus estudios de secundaria en colegios religiosos de Lima. En cambio, Fernando Graña nunca tuvo hijos, pero se casó en dos oportunidades. Su segunda esposa, Pinna de Burenius, sueca, divorciada y con una niña de siete años, llegó a establecerse en Huando en 1959, en pleno apogeo de la hacienda.99 La hija, Charlotte Burenius, posteriormente autora del libro sobre la vida del sindicalista Zózimo Torres, escribió en uno de sus recuerdos sobre el matrimonio de su madre:

Apenas desposó con Fernando Graña dejamos de ir a bañarnos a La Herradura. Él prefería que frecuentáramos a sus conocidos en el club Waikiki de Miraflores. La gente bien –las cursivas son mías– de Lima se lamentaba que el Perú fuera un país de “indios pestíferos y chunchos salvajes”. Mi madre regresó de su luna de miel en el Caribe en un avión de hélice de Panagra al aeropuerto de Limatambo en San Isidro. Llegamos a la hacienda en su Chrysler marfil con aletas escarchadas de oro, regalo de matrimonio de su flamante esposo. Fernando Graña destacaba en las páginas sociales de La Prensa y El Comercio. Arquetipo del gran señor criollo (…). 100

Charlotte Burenius tenía prohibido juntarse con la servidumbre y su nana debía seguirla por todos los rincones de la casa o del campo para procurar que la niña no se ensuciara. De acuerdo a su testimonio, las reglas de Fernando eran más estrictas y conservadoras que las de su hermano Antonio. La gran casa hacienda se dividía en la parte que le pertenecía a Antonio y la parte de Fernando, y ambas se conectaban en la cocina principal.101 Usualmente recibían visitas de otras familias terratenientes, como los propietarios de la hacienda Andahuasi, quienes aterrizaban con sus helicópteros privados en la cancha de golf para luego degustar de un ostentoso almuerzo acompañado con los mejores piscos. En varias ocasiones, incluso cuando no recibían visita alguna, los integrantes de la familia tenían que vestirse de gala para una deslumbrante cena criolla. 102

Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 22-23. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 16. 101 Charlotte Burenius (periodista e hijastra de Fernando Graña). Entrevista, 23 de octubre de 2018. 102 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 23. 100

Para lograr estabilidad y convivencia en la hacienda, los propietarios optaron por brindar ciertos servicios a sus peones agrícolas y una calidad de vida “óptima” dentro de los estándares de vida de un trabajador del campo en aquellos tiempos. Ante la presión y las huelgas del sindicato de Huando, fundado en 1958, y que por aquellos años contaba con un poco más de la mitad de los 500 trabajadores de la empresa, los salarios de los trabajadores aumentaron gradualmente y las familias campesinas pudieron gozar de distintos beneficios.103 “Las rancherías pintadas de color crema, cada vivienda con su pequeño jardín, bordeaban ordenadas los caminos cercanos a la casa hacienda. Un mercado bien abastecido, una posta médica, una asistenta social y cuna maternal para los niños pequeños, estaban al servicio de los trabajadores”.104 No en todas las haciendas peruanas –de hecho, solo en una minoría de estas– los peones agrícolas podían vivir en un ambiente semejante. Ahora bien, no solo el relativo apogeo y bienestar económico podían asegurar la estabilidad social y política en las haciendas, se necesitaba crear un vínculo estrecho, cuasi íntimo, entre los terratenientes y los campesinos –en el caso de Huando, trabajadores agrícolas–, una relación parecida a la de un padre mandando a sus hijos. Esto fue el “paternalismo”. Los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo lo definían de la siguiente manera:

Junto con la caballerosidad, las relaciones entre la oligarquía (y al lado de ella también los gamonales) y las clases populares estaban regidas por la combinación entre violencia y paternalismo. El paternalismo era la desviación lógica de la privatización de la vida política y existía gracias al débil desarrollo del Estado y de sus aparatos represivos. (…) El paternalismo, aunque parezca contradictorio, en una primera impresión, era acompañado por el racismo. El poder omnímodo del propietario para dirigir la empresa y administrar justicia exigía admitir su superioridad y la condición inferior del indio. Un ser inferior al que había que explotar o proteger, pero al que no se le podía conceder los

103

Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 29 de enero de 2019. 104 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 18.

mismos atributos que a los ciudadanos: de hecho el “analfabetismo” ayudaba a justificar su completa marginación de la vida política.105

Esta relación paternalista orientaba la esencia de la hacienda, pues la sumisión y fidelidad de los trabajadores hacia su patrón recreaban un ambiente artificial y semejante al diseño de una “familia”. Los patrones debían ser unos “buenos padres” y, en contraste, los peones debían comportarse como “buenos hijos”: trabajar de manera productiva y obediente. No obstante, esta contradicción entre lazos paternales y autoritarismo hizo que la relación del terrateniente con sus peones haya sido bastante precaria y que muchas veces haya derivado en violencia. Aunque aquella última característica estuvo más presente en las haciendas de los gamonales, las relaciones paternalistas también se reprodujeron en la costa, pero con ciertos matices. A pesar la modernización de estos fundos en el ámbito económico, la mentalidad de los propietarios y el ámbito cultural siguieron reproduciendo actitudes y relaciones aristocráticas.106 Según Enrique Mayer, el propietario costeño no portaba demasiado la connotación del paternalismo tradicional, sino que la buena relación en sus vínculos laborales debía definir el ambiente empresarial de la hacienda. Pero estas “buenas” relaciones laborales fueron severamente cuestionadas a partir de la década de 1940, cuando los propietarios tuvieron que enfrentar una fuerte oleada de sindicalización rural en la costa.107 En ese contexto y en años posteriores, el Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando jugó un papel importante en las numerosas demandas laborales de los trabajadores del valle de Chancay, principalmente en la década de los sesenta. El ambiente paternal –tomando en cuenta los matices y diferencias entre costa y sierra– se expresaba en Huando de forma concreta en los diálogos cercanos entre patrones y peones y los servicios ofrecidos a los trabajadores, tales como el buen mantenimiento de la ranchería, un mercado a disposición de los trabajadores, una posta médica, una asistencia social y otros servicios ya mencionados. Incluso, el Social Deportivo Huando 105

Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la República Aristocrática (Lima: SUR, 1991), 148-149. 106 Portocarrero, Felipe, Grandes fortunas en el Perú: 1916-1960: riqueza y filantropía en la élite económica (Lima: Universidad del Pacífico, 2013). 107 Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 150-151.

–equipo de fútbol de la hacienda–, rival del club Unión Huaral en aquellos años, gozaba de cierta fama deportiva en los medios de prensa. Del mismo modo, los jueves y los viernes eran los días en que Antonio y Fernando Graña, respectivamente, se encargaban de escuchar los reclamos de sus trabajadores a partir de las cinco de la tarde, así como también de resolver los conflictos personales entre estos, al viejo estilo de los “señores feudales”.108 Por ende, si sucedía algún pleito entre trabajadores, una acusación de robo, alguna infidelidad, entre otros casos arbitrarios, los trabajadores de la hacienda no acudían a la comisaría o a al sistema de justicia estatal, sino al criterio y decisión de los patrones de Huando. Esta ausencia del Estado junto al paternalismo de los propietarios en los servicios brindados, eventos públicos y sumados al nivel de segregación social y racial existentes en la hacienda, evidenciaban todavía características pre modernas a mediados del siglo XX en la costa peruana. Si bien el proletariado agrícola laboraba en un mecanismo capitalista, donde recibía un salario por sus horas de trabajo, en la hacienda también se reproducían formas de dominación política y cultural que cuestionaban directamente la idea presupuesta de que en las haciendas costeñas se vivía en un régimen completamente “moderno”. A pesar de las acciones paternales, los Graña habían identificado que el sindicato era el único elemento peligroso que podía incomodar la vida aristocrática que se encargaron de construir y defender con orgullo. Por ello, en la década de 1960 funcionaba un club social para los trabajadores de Huando; el detalle era que los trabajadores que estaban afiliados al sindicato no podían ingresar.109 Esto fue una maniobra de confrontación indirecta que, sin embargo, a la larga no dio muy buen resultado, dado que el sindicato no necesariamente disminuyó su número de afiliados. Así que los patrones necesitaban otra táctica, una más sutil. Fernando Graña siempre creyó que si controlaba el descontento de sus trabajadores, a través de distintos servicios básicos, y anulaba la influencia del sindicato, podría mantener el poderío de su preciada hacienda por el resto de su vida. 110 Por ello, neutralizar al sindicato era una necesidad. “Cuando se hablaba del sindicato o de Zózimo Torres [líder sindical de Huando] en la mesa, era como hablar del demonio”,

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Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 18-21. 109 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 18. 110 Charlotte Burenius (periodista e hijastra de Fernando Graña). Entrevista, 23 de octubre de 2018.

recordaba Charlotte Burenius sobre la percepción que se tenía del sindicalista de Huando en las conversaciones familiares de los Graña.111 Por eso, a comienzos de la década de 1960, el mismo Fernando Graña inauguró la biblioteca del sindicato, a la cual bautizó como “Biblioteca César Vallejo”.112 Fue precisamente Fernando, y no su hermano Antonio, el que tuvo la fama de ser más paternalista con sus trabajadores. Entre enfrentarse a ellos o ceder algunos reclamos, se inclinaba, definitivamente, por lo último. Esta era una de las claves del “éxito” de los Graña con su hacienda. El historiador Steve Stern diferenciaba, en un libro sobre las sociedades rurales en México a fines del periodo colonial, entre un “patriarca benevolente”, es decir, un buen patrón, el propietario caritativo y responsable hacia sus peones, y un “patriarca autoritario”, el hacendado déspota y absoluto. 113 Estas relaciones de dominación rural eran fundamentales para definir la legitimidad y el poder de los hacendados dentro de sus tierras y áreas de influencia. A pesar de que Antonio y Fernando Graña Elizalde eran propietarios de la misma hacienda y compartían la administración de la empresa, ambos denotaban diferentes modos de autoridad y relación con sus trabajadores. Los ex obreros agrícolas de Huando suelen recordar a Fernando como un patrón caritativo, respetuoso y responsable con los servicios, mientras que la figura de Antonio se torna lúgubre y no con muy buena fama, principalmente por su rol autoritario en la disputa por la hacienda durante la reforma agraria en años posteriores.114 Sin embargo, Charlotte Burenius, desde una perspectiva interna de la familia propietaria, afirma que esta diferenciación es bastante injusta, ya que para ella, Fernando, detrás de su disfraz paternalista, era sumamente conservador y autoritario, mientras que Antonio era reservado, discreto y no le gustaba dirigir la hacienda de manera vertical o violenta.115 Por otra parte, es fundamental analizar el recorrido histórico del sindicato y los trabajadores de la hacienda de naranjas. Muchos trabajadores de Huando, afiliados en un primer momento a la Federación de Yanaconas y Trabajadores del valle de Chancay,

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Charlotte Burenius (periodista e hijastra de Fernando Graña). Entrevista, 23 de octubre de 2018. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 99. 113 Stern, Steve, La historia secreta del género: mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1999), 267-280. 114 Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 29 de enero de 2019. 115 Charlotte Burenius (periodista e hijastra de Fernando Graña). Entrevista, 23 de octubre de 2018. 112

fueron muy cercanos al APRA en la década de los treinta.116 Luego, tras un periodo de represión y persecución a las organizaciones sindicales durante la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), se creó el Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando en 1958, fundado por Miguel Goche, Pedro Argüelles, Erasmo Paulino, Martín Miranda y Pedro Rojas, quien fue el primer secretario general.117 Como se revisó anteriormente, en los primeros años, a pesar de las trabas que los propietarios imponían al sindicato, obtuvieron conquistas laborales significativas. Hacia la década de 1950, el sindicato de la hacienda Palpa era el único del valle que había sobrevivido a la dictadura odriísta. Con influencia de cuadros del PCP, los sindicalistas de Palpa impulsaron la creación de gremios de trabajadores agrícolas en las haciendas que faltaban, como en Jesús del Valle, Torreblanca, Laure y Esquivel. Los sindicatos de Huando y Caqui fueron los últimos en formarse y los últimos en tener influencias directas del APRA.118 Las huelgas que se registraron en estos años se basaron en el reclamo de aumentos salariales, servicios sociales, mejoras en las condiciones de trabajo y las condiciones de vida en las rancherías.119 De esta manera, en los años cincuenta, en pleno desarrollo global de la Guerra Fría y la ejecución de políticas anticomunistas en los países americanos del cono sur, se terminaron de fundar prácticamente todos los sindicatos del valle, bajo influencias del APRA y el PCP. Dos años antes de la fundación del sindicato (1958), llegó a Huando uno de los trabajadores que sería fundamental en marcar el rumbo de la historia de la hacienda: Zózimo Torres Clarós. Nació en un caserío de Huacho en 1933. Tras quedar huérfano de madre y padre desde muy niño, Zózimo se vio obligado a buscar empleos temporales para sobrevivir. Ya en su juventud, tras un paso por los cuarteles para realizar servicio militar en los años cincuenta –fue uno de los tantos campesinos u obreros agrícolas que recurrieron al Ejército para poder obtener una formación educativa básica en el siglo XX, como aprender a leer y escribir–, trabajó como peón en distintas haciendas del valle de Chancay-Huaral hasta llegar a Huando en 1956. Dos años después se afilió al sindicato

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José Mejía y Rosa Díaz, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975), 43-50. 117 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 89. 118 José Mejía y Rosa Díaz, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975), 58-59. 119 Matos Mar, José, «Las haciendas del Valle de Chancay», Revista del Museo Nacional 33 (1964): 370.

recién formado y en 1959 fue nombrado secretario general.120 Fueron años de bastante actividad sindical en todo el valle por reclamos salariales y Huando no fue la excepción. Desde 1958 hasta 1964, se oficializaron quince sindicatos del valle de Chancay y el reconocimiento del sindicato de Huando se dio en 1962.121 Durante los primeros años, la relación de Zózimo Torres con los patrones, específicamente con Fernando Graña, no fue para nada hostil. Los Graña todavía reafirmaban la idea de ser paternales con sus trabajadores y, por otra parte, mantenían la ilusión de neutralizar la actividad sindical. A pesar de que eran tiempos donde los hombres lideraban mayoritariamente las actividades sindicales, en Huando se recuerda mucho a una trabajadora, y posteriormente dirigente. Betty González llegó a la hacienda con solo 13 años, en 1952, cuatro años antes que Zózimo. Estudió unos años en el colegio de Huando antes de dedicarse al trabajo de la hacienda. De acuerdo a su testimonio, los Graña presionaban de distintas formas para que los hijos de los peones comiencen el trabajo en la hacienda inmediatamente después de terminar la primaria, aunque algunos no podían ni siquiera culminarla, como fue el caso de Betty.122 Cuando era una adolescente le conmovían las injusticias y la explotación laboral en las haciendas, así que decidió asistir a las primeras reuniones sindicales en Huando. En un comienzo, los temas políticos densos y la corta edad hicieron de ese ambiente un somnífero para Betty, pero después comenzó a familiarizarse con los derechos laborales y las reivindicaciones obreras y campesinas. En las décadas de 1950 y 1960, a través de las demandas del sindicato, los trabajadores consiguieron un aumento de los jornales y la reducción de horas de trabajo hasta alcanzar un régimen de ocho horas diarias: de 7 a 11 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde.123 No obstante, el enfrentamiento principal entre sindicalistas y los patrones de Huando todavía estaba por llegar. Durante los años sesenta, la relativa convivencia entre los Graña y el sindicato, que había caracterizado a Huando en años anteriores, se opacaba por distintas contradicciones y peripecias. Los trabajadores sindicalizados sufrieron hostigamientos de distintos modos.

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Sobre la vida del sindicalista Zózimo Torres, véase Charlotte Burenius, Testimonio de un fracaso. José Mejía y Rosa Díaz, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975), 63-69. 122 Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019. 123 Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019. 121

Usualmente, los capataces los mandaban a limpiar desagües o realizar las labores más devaluadas de la hacienda como acto de venganza. 124 Años después, la ranchería lucía un poco abandonada y las relaciones entre el sindicato y los propietarios se tornaron más hostiles. Los sindicalistas fueron ganándose la fama de “comunistas” o revoltosos y eran tildados como los “rojos”; en contraste a esta determinación, los capataces y los peones fieles a Antonio y Fernando Graña eran tildados como los “amarillos”. En esa misma década, una productora de los Estados Unidos realizó un documental para la televisión norteamericana acerca de la situación política y social de las haciendas latinoamericanas. Para registrar ese contexto y las costumbres de las haciendas, eligieron una de las más emblemáticas de Perú para la filmación del reportaje: la hacienda Huando. El equipo de grabación llegó hasta la misma hacienda de naranjas, donde pudieron entrevistar a Fernando Graña, propietario que, con mucho orgullo y poca modestia, enseñaba la bella casa hacienda, las instalaciones de la ranchería mientras montaba a caballo, la plaza de toros y algunos otros espacios emblemáticos. Finalmente, Fernando reflexionaba sobre el auge que había tenido la hacienda bajo su administración, el buen ambiente en que se vivía y enfatizaba en el “deber” y compromiso que habían tenido las clases altas en el Perú con el bienestar de la población en sus haciendas.125 La elección de Huando por el documental como un modelo de hacienda sudamericana y la explicación que daba Fernando Graña frente a la cámara manifestaban dos cosas: por un lado, la relevancia que alcanzaba la hacienda Huando como empresa capitalista en el agro peruano en los años sesenta; por otro lado, los argumentos del propietario de Huando en el filme sintetizaban la posición de los hacendados peruanos acerca de la posibilidad de una reforma agraria: las haciendas eran modernas y productivas y no requerían cambios. En otras palabras, Fernando Graña trataba de demostrar, aunque de forma

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Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 73-164. 125 Charlotte Burenius solo pudo rescatar una parte de este documental norteamericano, el cual registraba la vida diaria de los trabajadores y de Fernando Graña en la hacienda Huando, en una cinta de VHS que conservó su madre, Pinna de Graña. Nadie tiene el conocimiento del nombre de la filmación. Según el testimonio de Charlotte Burenius, la filmación del reportaje fue aproximadamente en 1962. Todo un equipo de producción se instaló en la hacienda Huando. Fernando Graña estaba muy orgulloso por dicho trabajo hasta que vio el reportaje final, el cual presentaba un contraste entre dos realidades distintas: lo que sufrían los trabajadores peruanos y la vida acomodada de los propietarios, sintetizada en las filmaciones de Fernando Graña. Charlotte era una niña en ese entonces y todavía recuerda la furia del propietario de Huando cuando se enteró de la presentación de este reportaje. Como dato adicional, un fragmento de esta filmación puede verse en la película La revolución y la tierra (2019), de Gonzalo Benavente.

indirecta, que no era necesaria una reforma agraria en sus tierras. ¿A qué se debía esta intención? Pues la reforma agraria ya era uno de los temas principales en la discusión política a nivel nacional e internacional. En primer lugar, se estaba dando una ola de diferentes reformas agrarias en la región latinoamericana. Las más distinguidas se habían llevado a cabo en los años cincuenta: la reforma agraria boliviana, producto de la revolución de 1952, ejecutada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y la reforma agraria más controversial y popular en la región, aplicada por el gobierno de Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959. Ante esto, en uno de los periodos más convulsos de la Guerra Fría, Estados Unidos no podía ceder más terreno político en América Latina y decidió promover una serie de reformas agrarias, a través del programa de la Alianza para el Progreso del gobierno de John F. Kennedy, con el fin de evitar la propagación de guerrillas o movimientos comunistas.126 El programa de la Alianza para el Progreso fue suscrito en 1961 y fue el gobierno peruano de Fernando Belaunde Terry (1963-1968) el que se sumó a la iniciativa de Kennedy. En segundo lugar, en Perú ya se habían dado tres casos concretos de propuestas y ejecuciones de reformas agrarias. El primer caso, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1956-1962), fue cuando se estableció la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda (CRAV) en 1956, presidida por Pedro Beltrán. Aunque este proyecto, debido a la tímida redistribución de tierras de la gran propiedad y a la férrea oposición de los terratenientes, fracasó, despertó la polémica y el debate alrededor del problema agrario peruano.127 El segundo caso fue la Ley de Reforma Agraria que dio el gobierno de la Junta Militar, presidida por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, para el territorio específico del valle de la Convención y Lares en Cusco, la cual tenía como objetivo derrotar el movimiento campesino insurgente y efectuar la transferencia de tierras a los campesinos.128 Finalmente, el tercer caso fue la ley de Reforma Agraria del gobierno de Fernando Belaunde, promulgada en 1964, la cual fue boicoteada por la oposición en el 126

Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 47-48. 127 José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 84-90. 128 Para una revisión más extensa sobre la lucha campesina del valle de La Convención y Lares, véase el capítulo 2 de esta tesis.

parlamento, la coalición conservadora del Partido Aprista con la Unión Nacional Odriísta (APRA-UNO). El gobierno de Belaunde había despertado una gran expectativa en los movimientos campesinos debido a que una de sus principales propuestas de campaña fue, justamente, la aplicación de una reforma agraria. Esto se puede apreciar en el aumento de tomas de tierra por parte del campesinado en el mismo año en que Belaunde asumió su mandato, en 1963.129 Esta ley, más allá de un número de expropiaciones y el incremento de las expectativas en el campo, no logró la total transferencia de tierras al campesinado ni alteró a la gran propiedad.130 No obstante, si bien el alcance de esta reforma agraria fue limitada y las expropiaciones no fueron efectivas, la ley generó un escenario legítimo para la movilización campesina en su lucha por la tierra en el Perú: se produjeron múltiples casos de ocupaciones de tierras en la sierra central y sur, algunas reprimidas y otras controladas por la vía de la negociación.131 Por su parte, en estos años las Fuerzas Armadas –principalmente el Ejército– eran el único organismo dentro del Estado que había alcanzado cierta autonomía del poder oligárquico, debido a sus propios procesos académicos y sociales, pues la mayoría de los nuevos oficiales militares provenían de sectores medios y no tenían muchos vínculos con la élite económica.132 A estas alturas, las instituciones castrenses se habían consolidado como el sector más profesionalizado del aparato estatal peruano.133 Debido a esto, era esencial que las reformas de Belaunde tengan éxito: se debía descartar la idea en los órganos militares acerca de la supuesta incapacidad de los civiles para dirigir transformaciones estructurales desde el Estado. Sin embargo, la crisis económica y los casos de corrupción terminaron por derribar la legitimidad del gobierno de Acción Popular –el partido político de

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Eguren, Fernando, «La reforma agraria en el Perú», Debate Agrario, nº 44 (2009): 69; Manrique, Nelson, «Historia de la agricultura peruana, 1930-1980», en Compendio de historia económica V: la economía peruana entre la gran depresión y el reformismo militar, 1930-1980, Carlos Contreras, ed. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos/ Banco Central de Reserva del Perú, 2014), 191. 130 José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 90-106. 131 Del Pino, Ponciano, En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina (Lima: La Siniestra Ensayos, 2017), 198-199. Este proceso de tomas de tierras ha sido abordado con mayor profundidad en el capítulo 2 de esta tesis. 132 Para comprender los cambios académicos, ideológicos y sociales del Ejército peruano, véase el capítulo 1 de esta tesis. 133 Toche, Eduardo, Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción nacional (Lima: DESCO, 2008), 113-114.

Belaunde– y con ello el intento de los civiles por realizar las reformas urgentes que la población reclamaba. Asimismo, el gobierno acciopopulista no supo solucionar el escándalo de la pérdida de la página once del contrato entre el Estado peruano y la compañía norteamericana International Petroleum Company (IPC).134 Entonces, la conmoción política se desencadenó el 3 de octubre de 1968: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas decidió relevar de su cargo al Presidente por medio de un golpe de Estado y establecer el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA), presidido por el general Juan Velasco Alvarado. No fue, como se creyó en un inicio, un golpe cualquiera. Su primera medida, seis días después de la toma del poder, fue precisamente ocupar los yacimientos de la Brea y Pariñas, anular el contrato firmado por el gobierno de Belaunde con la IPC y expropiar la polémica empresa. 135 Esto solo fue el génesis de un largo periodo de nacionalizaciones y reformas. La nueva Junta Militar adoptó desde un inicio una retórica revolucionaria e intentó dejar en claro que no se trataba de otro golpe militar conservador para defender el orden social y económico imperante, sino todo lo contrario. Consistía en un proyecto que, desde el punto de vista de los militares, buscaba trasformar las estructuras de la sociedad peruana, acabar con las injusticias sociales, la dependencia al capital extranjero, redistribuir la tierra y la riqueza y consolidar una suerte de “segunda independencia”. 136 Este experimento no solo radicó en cambios profundos en el manejo de la política económica peruana, sino que abarcó campos como la educación y la cultura, como fueron la Reforma Educativa de 1972 y distintos programas y legislaciones en cuanto al cine, la televisión nacional, los diarios, el arte, entre otros. Pero más allá de la rápida nacionalización del petróleo, la junta militar no podía dejar de lado uno de los temas más urgentes: la reforma agraria. Con el recuerdo latente de masivas

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La pérdida de la supuesta página once fue un escándalo nacional. La denuncia consistía en que en dicha página se establecían los montos que el Estado peruano le tenía que pagar a la compañía estadounidense. Lo cierto es que nunca se encontró dicha página, pero el caso precipitó el golpe militar y obligó a las Fuerzas Armadas a tomar medidas urgentes en nombre de la soberanía nacional. 135 Carlos Aguirre y Paulo Drinot, “Introducción”, en La revolución peculiar: repensando el gobierno militar de Velasco, Carlos Aguirre y Paulo Drinot, eds. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018), 13. 136 Carlos Aguirre y Paulo Drinot, La revolución peculiar, 12. Por otro lado, para revisar un estudio más profundo sobre el programa y los objetivos del gobierno militar, véase Martín Sánchez, Juan, La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar, 1968-1975 (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002).

tomas de tierras por parte del campesinado y focos guerrilleros derrotados, los militares necesitaban satisfacer las demandas campesinas antes que estalle el cataclismo de una revolución agraria violenta. Por ello, un mes después del golpe del 3 de octubre de 1968, se formó una comisión que se encargaría de formular y redactar la nueva ley de Reforma Agraria. La comisión estuvo integrada por tecnócratas y académicos civiles especializados en el sector rural: Jacoa Sender, rector de la Universidad Agraria La Molina, Juan Bazo, proveniente del Banco Agropecuario, Agustín Merea, agrónomo y Viceministro de Agricultura, Benjamín Samanez Concha y Guillermo Figallo.137 Fueron semanas y meses de debates internos entre civiles y militares para concluir qué rumbo tomaría la nueva ley de Reforma Agraria que debía reemplazar a la de Belaunde. Días después de que se formara dicha comisión, el Ministro de Agricultura, general José Benavides –hijo del presidente Benavides y con amigos y parientes en la élite rural– presentó un borrador del proyecto de ley que no convenció a la comisión agraria del gobierno. Samanez Concha y Figallo coincidían con Aníbal Meza Cuadra, Leonidas Rodríguez Figueroa, Jorge Fernández Maldonado y Arturo Valdés Palacio, generales muy cercanos a Velasco y pertenecientes al COAP (Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República), en que dicho borrador no afectaba de manera contundente al gran latifundio ni representaba una ruptura real de la reforma agraria belaundista.138 En esta oposición al borrador de Benavides, que unió a los oficiales progresistas con los civiles agraristas críticos, podemos hallar el origen y el posicionamiento del bloque político radical dentro del gobierno militar. De acuerdo al libro de Peter Cleaves y Martin Scurrah sobre la burocracia de la política agraria del gobierno militar, después de días de pugnas entre estas dos tendencias, los críticos al borrador de Benavides lograron imponerse en el debate: el general Leonidas Rodríguez encabezó esta grupo y dirigió una nueva comisión de reforma agraria, con el visto bueno de Velasco, la cual formularía la ley de Reforma Agraria del gobierno. De este modo, la nueva ley de la reforma del agro estuvo dirigida a afectar a la gran propiedad y afectar las hectáreas que sean necesarias para la transformación del campo peruano.

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Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 19 de noviembre de 1968; Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government in Peru (Ithaca: Cornell University Press, 1980), 103-104. 138 Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government, 105.

Finalmente, ocho meses después del golpe de Estado, el 24 de junio de 1969, el gobierno militar decretó la ley de Reforma Agraria. Aquel día, el histórico discurso de Velasco terminó con la famosa frase “¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!”. No hubo tal vez mayor expectativa ante tan larga espera en todo el siglo XX peruano. Para ese momento, ya existía un cierto consenso en diversas organizaciones sociales y políticas respecto a la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria en el país andino: sectores liberales, los socialdemócratas, la democracia cristiana y la izquierda; por supuesto, los propietarios eran los únicos que cuestionaban esta conclusión. En teoría –al menos en los planteamientos iniciales del gobierno–, el objetivo fundamental, entre muchas metas, era sacar al campo del atraso técnico y económico en que se encontraba y, a largo plazo, elevar la productividad agrícola.139 Del mismo modo, en el factor social y político, la idea era también quebrar el “espinazo de la oligarquía rural” –como decía el propio Velasco– tras afectar los grandes latifundios industriales costeños y eliminar la servidumbre en la sierra con la expropiación de las haciendas de los gamonales, y así volver al campesino propietario de sus tierras con la ayuda de los militares como líderes del proceso. Al revisar la retórica utilizada por el presidente Velasco140, era evidente que el régimen ya había señalado a su principal enemigo interno: la oligarquía, específicamente los grandes hacendados y gamonales. En consecuencia, el gobierno velasquista identificó a las haciendas capitalistas más grandes como el sector más poderoso de la oligarquía rural: los latifundios azucareros de la costa norte. Estas eran las propiedades agrícolas más extensas y rentables del país, donde sus influyentes propietarios eran identificados desde muchos años atrás como “los barones del azúcar”. De estas empresas agroindustriales del norte, destacaban Cartavio, Casa Grande, Cayaltí, Chiclín, Grace, Laredo, Pomalca, Tumán, entre otras; haciendas que podían bordear las 30 000 hectáreas y algunas pertenecían a negociaciones norteamericanas, pero en su mayoría a la élite nacional.141 Solo dos días después del discurso de Velasco sobre la promulgación de la ley el 24 de junio, los tanques del Ejército junto a numerosos soldados ocuparon las instalaciones de los trece primeros complejos

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Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 61-63. 140 Oficina Nacional de Información, Velasco: la voz de la revolución: discursos del Presidente de la República General de División Juan Velasco Alvarado, (Lima: Participación, 1972). 141 Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 344-354.

agroindustriales en la costa para ser expropiados, hecho completamente impactante para cualquier espectador político en 1969. Según Fernando Eguren, el objetivo central de empezar la reforma con las propiedades más productivas indicaba que, más allá del mensaje político al resto de terratenientes, el gobierno “estaba dispuesto a afectar aun a las empresas muy modernas, que no solo eran agrícolas sino que, como industrias, tenían un peso importante en las economías regionales”.142 Es por este factor inicial y por la cantidad de tierras que se llegó a expropiar (desde 1969 hasta 1979, el régimen militar llegó a afectar alrededor de nueve millones de hectáreas), que se le conoce a la reforma agraria peruana como la más radical de América Latina.143 Por otro lado, la reforma agraria no solo significaba la reformulación del agro peruano, sino que comprendía el arma principal del gobierno militar para poner en marcha un ambicioso proyecto político: desmontar el poder terrateniente y convertir al Perú, a largo plazo, en una nación industrial. Para esto, el programa de reforma agraria, resumido en una de las publicaciones del Instituto Nacional de Planificación (1971), era bastante explícito al respecto:

La eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra y el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base netamente campesina. La reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales. El establecimiento de una nueva agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los agricultores y la posibilidad de establecer nuevos rubros de explotación, de acuerdo a las necesidades del país. La creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada. El desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo, para lo cual el gobierno canalizará el pago de las inversiones en efectivo a la inversión en estudios, ejecución y operación de industrias preferentemente relacionadas con el agro (…).144

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Eguren, Fernando, «La reforma agraria en el Perú», Debate Agrario, nº 44 (2009): 70. Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 33-59. 144 José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 108. 143

Para el proceso de afectación y expropiación de tierras, el gobierno había fijado un mínimo afectable de hectáreas. En la costa, toda propiedad que superara las 150 hectáreas de cultivo estaba destinada a ser intervenida por la reforma; por su lado, en la sierra, al predominar el minifundio para ese entonces, la ley especificaba que las haciendas o fundos que tengan a partir de 30 y 55 hectáreas, de acuerdo a las peculiaridades regionales, serían afectadas.145 El paso siguiente a la afectación de las tierras era la propuesta de organización, es decir ¿cuál iba a ser el modo de organización de las nuevas tierras adjudicadas en tanto a la producción, la política agraria y la configuración social? A diferencia de propuestas legales sobre reforma agraria en años anteriores en el Perú, el gobierno militar de Velasco optó por un modo de organización colectivo de la tierra, por medio de la creación de cooperativas en la costa, sierra y ceja de selva. De esta forma, a lo largo de todo el proceso, como se mencionó en párrafos anteriores, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas y algo menos de 16 000 propiedades, las cuales fueron convertidas en 1708 unidades colectivas de producción. Aunque, una vez que se afectaba una hacienda, esta no era parcelada o dividida, sino que reorganizaba las parcelas en propiedades de manejo colectivo, en manos de las nuevas cooperativas. Por ello, si bien la reforma agraria acabó con el monopolio de los propietarios privados en el campo, lejos de redistribuir la tierra, la reconcentró en extensas unidades de producción, como señala el antropólogo Enrique Mayer, donde muchas veces el enorme tamaño de estas complicaba su manejo y dirección.146 El gobierno creó principalmente dos modelos: la Cooperativa Agraria de Producción (CAP) y la Sociedad Agraria de Interés Sociales (SAIS). Aunque también existieron CAPs en zonas altoandinas, predominantemente estas se establecieron en la costa, mientras que las SAIS se constituyeron en la sierra. Ambas eran empresas asociativas, es decir, administradas por los mismos trabajadores –que a su vez, se convertían en socios y copropietarios de la unidad– y sin la presencia de patrones privados.147 También existió

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Después de diversos procesos regionales de pugnas y afectaciones, el gobierno militar redujo aún más la cantidad mínima afectable en 1975: 50 Ha en la costa y 30 Ha en la sierra. Eguren, Fernando, «La reforma agraria en el Perú», Debate Agrario, nº 44 (2009): 75-76; José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 172. 146 Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 59-60. 147 En la segunda fase del GRFA, el régimen militar creó en 1976 otro tipo de modelo asociativo: la Empresa de Propiedad Social (EPS).

una tercera modalidad que fue adjudicada a comunidades campesinas individuales, pero en menor medida que las dos primeras formas. La diferencia principal entre las CAPs y las SAIS consistía en el tamaño, pues las últimas eran, de alguna forma, “súper cooperativas” autogestionarias de campesinos, que muchas veces reunían a varias ex haciendas y comunidades indígenas ganaderas, por lo cual se convertían en unidades bastante extensas de terreno; por esa misma razón, los problemas entre las SAIS y las comunidades campesinas que no fueron incluidas estallaron en años posteriores.148 De acuerdo a una reciente investigación de Giovanni Bonfiglio sobre las empresas asociativas, otra diferencia fundamental entre ambos modelos cooperativistas estaba en la administración. Si bien en ambos el manejo de la empresa estaba en manos de una asamblea general de socios, en las SAIS existía una asamblea de delegados que no solo incluía a los representantes de unidades de producción, sino también a las comunidades campesinas socias.149

“Avance de la reforma agraria, 1969-1979” (Tomado de Matos Mar, José, y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú, 1980).

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Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana, 286-290. Bonfiglio, Giovanni, Las empresas de la reforma agraria peruana, 40 años después (Lima: Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, 2019), 27. 149

Por ende, se avecinaban numerosas expropiaciones y creaciones de cooperativas a lo largo y ancho del país. Las áreas de afectación en el territorio nacional quedaron divididas en doce zonas, incluyendo los valles costeros del departamento de Lima. Si bien el gobierno aún no intervenía las haciendas de los gamonales en el sur andino, ya había dado un golpe certero a la gran propiedad con la afectación de los latifundios del norte, donde familias oligárquicas como los Aspíllaga, Gildemeister, Larco, o Pardo veían, sin poder hacer mucho al respecto, cómo perdían sus más antiguas y extensas propiedades, cómo se desvanecían sus mundos rurales. Sin embargo, los propietarios de empresas agrícolas de mediana dimensión aún estaban al tanto de la declaratoria de guerra. Probablemente, todavía podían ampararse en un recurso: algunas eran bastante productivas y podrían generar ingresos en el agro sin ser una unidad privada tan inmensa; a su vez, si los militares no las intervenían directamente, le ahorraban al gobierno ganarse más pleitos políticos en su “revolución”. ¿Tenía la mediana propiedad alguna posibilidad de sobrevivir a la reforma agraria?

“Reforma agraria peruana: tierra para quien la trabaja”, uno de los tantos afiches realizados por Jesús Ruiz Durand que circularon por las cooperativas durante la reforma agraria (Fuente: Dirección de Promoción y Difusión de Reforma Agraria, 1972, CEDOC).

Capítulo 4. La hacienda acorralada: el sindicato de Huando y la expropiación

A pesar de las expropiaciones a los complejos agroindustriales del norte y las haciendas ganaderas de la sierra central –pertenecientes a la transnacional norteamericana Cerro de Pasco–, la reforma del agro buscó evitar la confrontación directa contra todos los propietarios en los primeros meses. Los militares ya habían despertado altas expectativas políticas al anunciar su programa de reformas y ejecutar sus primeras acciones en el campo: no había marcha atrás. En teoría, si la reforma agraria estaba destinada a cambiar las estructuras sociales del país, debía expropiar e intervenir propiedades de grandes empresarios y hacendados para así lograr su objetivo. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno necesitaba encontrar una forma de ejecutar las medidas y evitar ganarse más rivales y problemas políticos. Por ello, el GRFA planteó una suerte de tregua con los pequeños y medianos propietarios de la tierra. Dicha tregua se podría resumir en dos palabras: parcelación privada. La división y venta de las haciendas o fundos por parte de los mismos hacendados no era algo ajeno a la realidad en las zonas rurales peruanas; de hecho, muchos propietarios ya lo venían haciendo años atrás. El ocaso del poder de las élites rurales en el Perú era un fenómeno irreversible y las ocupaciones de tierras por parte de comunidades campesinas en los años cincuenta y sesenta lo evidenciaban. Así, ante una evidente realidad económica que se desmoronaba, muchos terratenientes empezaron a parcelar sus tierras o a liquidarlas totalmente a inicios de la década de los sesenta: los diarios peruanos anunciaban las ventas de terrenos en diversos lugares del Perú, donde destacaron los casos de haciendas en venta en Cajamarca y Cusco, incluyendo muchas propiedades de la Iglesia.150 Entonces, ante la presión del movimiento campesino y de la ley de Reforma Agraria de Belaunde, y antes de la reforma de los militares, existió un proceso de “reforma agraria privada”, sobre todo en los Andes. Después de algunas discusiones al interior del régimen militar y con algunos antecedentes históricos favorables, la iniciativa de permitir las parcelaciones de forma privada se

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Flores Galindo, Alberto, Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes, (Lima: SUR, 2005), 326327.

concretó de manera legal a través de una cláusula en el decreto ley de Reforma Agraria: el Título IX. Cabe resaltar que este permiso era una herencia de la ley de Reforma Agraria del gobierno de Belaunde, la cual estaba diseñada para parcelar los fundos arcaicos de la sierra.151 Los militares y los tecnócratas civiles del gobierno velasquista confiaban en este procedimiento por dos razones principales. En primer lugar, existía una lógica de costobeneficio para la reforma, ya que al permitir que los terratenientes dividieran sus propiedades sin la intervención del gobierno, ahorrarían tiempo, dinero y conflictos políticos. En segundo lugar, los funcionarios del Ministerio de Agricultura apostaban en que las parcelaciones privadas y una buena dosis de inversiones en el campo, tales como maquinarias, fertilizantes e irrigación, aumentarían inevitablemente la productividad agrícola y ganadera del país.152 Por eso, en agosto de 1969, casi dos meses después de la promulgación de la ley, el gobierno militar aprobó el Título IX del Decreto Ley 17716, el cual permitía a los hacendados realizar la reforma agraria por “iniciativa propia” dentro de sus propiedades, aunque bajo ciertos requisitos.153 El principal de estos radicaba en que la unidad agrícola que recurriera al Título IX no debía superar las 150 hectáreas. Las haciendas parceladas debían quedar divididas en dos mitades: la primera quedaba para la familia propietaria (por lo general, 15 hectáreas) y la otra parte, destinada en teoría a los trabajadores, no debía superar el mínimo afectable de la tierra. 154 El 20 de agosto, el entonces Ministro de Agricultura, general Jorge Barandiarán, pronunció un discurso en Paracas donde alentaba a los hacendados a parcelar sus tierras para facilitar y agilizar el proceso de reforma agraria.155 Por ello, muchos hacendados comenzaron a negar la magnitud de sus terrenos ante los funcionarios de las oficinas encargadas de la reforma, utilizaban el término “fundo” en lugar de “hacienda”. En la sierra los patrones incluso utilizaron recursos culturales: comenzaron a trabajar junto a sus peones para presentarse como campesinos.156 Fue así que surgió una respuesta de

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Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government in Peru (Ithaca: Cornell University Press, 1980), capítulo 2. 152 Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government, capítulo 2. 153 Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 19 y 26 de agosto de 1969. 154 Rubio, Marcial, «Huando: Reforma Agraria y Derecho», Derecho PUCP, nº 31 (1973): 123-124. 155 Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government in Peru (Ithaca: Cornell University Press, 1980), capítulo 2. 156 Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 154.

acción en la clase propietaria, una tendencia que se fue extendiendo: negar o minimizar el tamaño real de sus haciendas. No obstante lo que creyó el gobierno, el Título IX traería más conflictos que conciliaciones en el proceso de reforma agraria. En los meses inmediatos a la puesta en marcha del Título IX, estallaron diversas protestas de campesinos que trabajaban en las haciendas que habían sido parceladas por sus dueños. Mientras el gobierno buscaba agilizar el proceso por medio de las parcelaciones por iniciativa propia, los hacendados descubrieron un peculiar vacío en la ley para evitar la reforma, subdividiendo sus fundos entre sus herederos o reduciendo el tamaño de sus propiedades. En los valles de los departamentos de Lima e Ica se llevaron a cabo casi 200 parcelaciones de este tipo.157 El valle costero de Chancay-Huaral, próximo a la ciudad de Lima, no fue una excepción. Con la puesta en marcha del Título IX, los propietarios con haciendas aún intactas vieron una posibilidad de culminar su reino agrario sin la necesidad de perder su poder político y económico del todo. Pero así como había llegado el Título IX para los hacendados, también llegaron las noticias, las sorpresas y la posibilidad real de obtener algo más que derechos y jornales para los trabajadores agrícolas del valle: la opción de tener el control de la tierra misma. Cuando las expectativas de la reforma agraria de 1969 llegaron al valle de ChancayHuaral, los sindicatos agrarios se propusieron un reto mayor: ya no lucharían por demandas salariales, sino por la tierra.158 Los trabajadores de Huando ya habían escuchado la retórica revolucionaria del gobierno contra la élite terrateniente y estaban al tanto de que la reforma agraria llegara a la hacienda de naranjas: poco tiempo después del 24 de junio, mandaron una comisión de sindicalistas para que vean con sus propios ojos cómo estaban funcionando las primeras cooperativas en los ex latifundios de la costa norte.159 Sin embargo, olvidaban el recurso legal que aún podían ejecutar los propietarios con la cláusula del D.L. 17716 y algunos contactos que estos mantenían en el Estado.

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Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana, 167. José Mejía y Rosa Díaz, Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975), 95. 159 Zózimo Torres relata que los trabajadores estaban entusiasmados por el discurso de Velasco en el día de la promulgación de la ley de Reforma Agraria y tiempo más tarde mandaron una comisión de sindicalistas de Huando para presenciar el funcionamiento de las primeras cooperativas en los ex latifundios del norte. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 137. 158

Para su mala suerte, los Graña, con el objetivo de esquivar el aluvión de expropiaciones, también aplicaron el Título IX de la ley. De esta manera, el 31 de octubre de 1969, el gobierno aprobó la parcelación privada de las 1 450 hectáreas de la hacienda Huando, dividida en 48 parcelas. Los Graña, al igual que muchos otros hacendados, recurrieron al Título IX de la legislación de manera ilegal para evitar la reforma agraria: por un lado, la dimensión de la hacienda sobrepasaba de lejos el mínimo afectable y, por otro lado, la hacienda fue subdividida entre familiares, inversionistas limeños, empleados y 160 hectáreas fueron vendidas a los trabajadores más leales a los patrones. 160 Aparte de Huando, otras haciendas del valle como Huayán, Pasamayo, Laure, Chancayllo, Palpa, Retes, Esquivel, Jesús del Valle, Cuyo, Torreblanca, Miraflores, Boza y Caqui también fueron parceladas en ese año o en los primeros años de la década del setenta.161 A inicios de 1970, ya realizada la parcelación privada de Huando, Fernando Graña tuvo que partir al extranjero para huir de acreedores financieros. Tiempo atrás había jugado todas sus cartas en apoyo económico a su hermano menor, Rafael Graña, quien gozó de una exitosa incursión por la industria de la pesca, pero con la debacle de este sector y sus manejos inexpertos, Rafael se había ido a la quiebra y arrastró a su hermano Fernando por sus deudas. Antes de partir y dejar su preciada hacienda “asegurada” por el Título IX de la ley, Fernando Graña se reunió con el mismo presidente Velasco. La reunión dejó con tranquilidad a Fernando, ya que Velasco se mostró bastante benevolente en el encuentro.162 En los días siguientes, algunos militares fueron agasajados con un almuerzo lujoso en Huando. El general Armando Artola, uno de los agasajados aquella tarde en Huando y un contacto de la familia Graña en el gobierno, concluyó enardecido: “¡Esto es fabuloso, de ninguna manera se puede expropiar!”.163 Sin embargo, este entendimiento parcial entre el gobierno y los propietarios de la “sucursal del cielo” no frenaría la acción de fuerza del sindicato.

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Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 168-169. 161 Eguren, Fernando, Reforma agraria, cooperativización y lucha campesina: el valle de Chancay-Huaral (Lima: DESCO, 1975), 42. 162 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 25. 163 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 26.

El presidente Juan Velasco Alvarado frente a Fernando Graña Elizalde, acompañado de cinco personas, en 1970. (Fuente: Archivo personal de Charlotte Burenius)

Cargados de indignación y con la impotencia de que la revolución no llegue a sus tierras, el Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando, liderado por Zózimo Torres, se declaró en huelga en agosto de 1970 con la finalidad de lograr la anulación de la parcelación privada y la expropiación total de la hacienda.164 Este conflicto de terratenientes contra trabajadores agrícolas conllevó a la politización de casi todo el distrito de Huaral y su repercusión hizo eco en la opinión pública a nivel nacional. Como se ha mencionado, el objetivo del sindicato era la expropiación total de la hacienda para lograr que los trabajadores de Huando se convirtieran en propietarios de las tierras que trabajaban. No obstante, el detonante específico para que la huelga estallara ocurrió el 13 de octubre de 1970: el Ministerio del Trabajo les hizo llegar una notificación en la cual comunicaba la cancelación del registro del sindicato.165 Esta resolución era consecuencia directa de la parcelación privada realizada por los Graña: al parcelar 164

Rubio, Marcial, «Huando: Reforma Agraria y Derecho», Derecho PUCP, nº 31 (1973):125. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 139-140. 165

Huando, en teoría, ya no era registrada como una unidad agrícola, sino dividida en distintas propiedades, por lo que el sindicato ya no tenía una razón legal para existir. Inmediatamente después, los dirigentes convocaron una asamblea extraordinaria: el local estaba absolutamente lleno por 300 sindicalistas junto a sus familias; decidieron iniciar la huelga por unanimidad y terminaron la reunión entonando el himno nacional, como una señal simbólica del comienzo de la acción. Fue por esos días que comenzaron a entablar contactos con personalidades del gobierno que tenían inclinaciones políticas con las causas laborales, como Carlos Delgado, asesor principal del presidente Velasco, y los generales Jorge Fernández Maldonado y Leonidas Rodríguez Figueroa.166 Este último fue una pieza clave para el sindicato en los días decisivos de la lucha por la hacienda. El punto más alto de la batalla política recién estaría por llegar. Iniciado el verano de 1971, la huelga ya había alcanzado cierta fama nacional y había despertado indignación en distintos sectores políticos, desde las federaciones sindicales hasta el movimiento universitario. En enero, los ministros del gabinete militar, reunidos en Palacio de Gobierno, veían ya con preocupación el alcance de esta huelga por la desconfianza que podía generar en la reforma agraria por parte del campesinado. 167 Por esos tiempos, hasta Hugo Blanco, el famoso líder campesino de la Convención (Cusco), había llegado a Huando para ayudar a los trabajadores en huelga. La consigna que había unido a los campesinos cusqueños de la Convención contra los terratenientes una década antes –“¡Tierra o muerte!”– ahora se escuchaba también en Huando.168 El sindicato de Huando vio la necesidad de difundir su voz de protesta por sus propios medios. Zózimo Torres, junto a delegaciones organizadas por el sindicato, viajaron a diversas partes del país para buscar apoyo y solidaridad con su accionar. Priorizaron los lugares donde las organizaciones laborales estaban en actividad por alguna demanda política. Llegaron a la Oroya y Nazca para pedir apoyo a los sindicatos de obreros mineros. Del mismo modo, los sindicalistas de Huando también irrumpieron en los centros universitarios en Lima. Donde más recibieron apoyo fue en la Universidad Nacional Agraria La Molina, pues en más de una ocasión profesores y estudiantes

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Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 138-140. Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 05 de enero de 1971. 168 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 142. 167

hicieron colectas para apoyar a los sindicalistas en sus viajes y en el suministro de medicinas.169 Asimismo, los sindicalistas recibieron apoyo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), una central que ya se posicionaba como la confederación de obreros con mayor presencia en el país, tras recibir el reconocimiento legal del Gobierno Revolucionario –además de defender las reformas del régimen–, y superar a la central aprista.170 Esta alianza de la CGTP con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada le permitió también al sindicato de Huando tener un nexo con algunas autoridades. En un plan coordinado, los trabajadores en huelga salieron de Huando el 29 de enero hacia Lima; el objetivo de su llegada sería Palacio de Gobierno. De esta manera, el presidente y sus ministros escucharían directamente y sin intermediarios los reclamos de los huelguistas de Huando. La clave de esta acción era salir en la madrugada para que los policías no descubran el movimiento. Pero eran más de 200 trabajadores y los planes no salieron como se esperaba. A las horas del alba, cuando ya estaban cerca de Puente Piedra, la policía logró dispersar a los manifestantes. Cerca del mediodía, llegaron muchos más refuerzos policiales y lograron retroceder a los trabajadores hasta Huaral. Ya en la plaza principal, se llevaron presos a algunos sindicalistas (entre ellos, Zózimo Torres) a Lima. No obstante, las cosas cambiaron de rumbo. El 03 de febrero la policía los liberó. Al salir, los sindicalistas fueron de inmediato al local de la CGTP. Para su sorpresa, los esperaba el mismo Ministro de Agricultura, el general Jorge Barandiarán: “Miren ustedes –les dijo–, ya se anuló la parcelación, aquí se acaba la huelga”. 171 En efecto, el Gobierno Revolucionario había decidido terminar con el problema que “se agudizaba” en Huando172 y declaró la nulidad de la parcelación privada el 04 de febrero.173 Después de casi seis meses de huelga, el sindicato había conquistado su

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Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 141. Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 102. 171 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 144-151. 172 En la reunión del Consejo de Ministros, horas antes de declarar la nulidad de la parcelación privada de Huando, el Ministro del Interior expresó que “Huando es un problema que se agudiza”, Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 04 de febrero de 1971. 173 Resolución Directoral de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, 04 de febrero de 1971, Archivo PUCP. 170

anhelado objetivo, sin embargo, su victoria aún no estaba completa. 174 Los Graña inmediatamente apelaron a la resolución y más tarde interpusieron una demanda de impugnación, pero fue inútil. La gran mayoría de la población había detectado esta victoria sindical como un acto de justicia contra una familia oligárquica que se había burlado de la reforma agraria.

Nota del diario Expreso el 8 de febrero de 1971, periódico que representaba al sector de izquierda del GRFA, donde enfatizaban el apoyo del sindicato de Huando a la medida decretada por el gobierno militar. (Fuente: «Hacienda Huando», Archivo PUCP)

El Ministerio de Agricultura y el Fuero Agrario declararon improcedentes todos los pedidos legales de los propietarios de Huando. 175 Por otro lado, las asociaciones de hacendados, como la Sociedad Nacional Agraria (SNA), la Asociación de Ganaderos del Perú y la Asociación de Agricultores de Cañete publicaron comunicados en los diarios solidarizándose con los Graña, como también manifestando su rechazo a la nulidad de la parcelación privada de Huando, apelando al respeto de la “legalidad” de la reforma del agro y tildando de “comunistas” a los sindicalistas.176 174

El diario Expreso, de tendencia de izquierda y defensor del gobierno militar, siguió de cerca estos acontecimientos y escribió una crónica sobre esta victoria sindical de Huando y sus respectivas celebraciones en la Plaza de Armas de Huaral. Expreso (Lima), 06 de febrero de 1971. 175 Documentación de la Hacienda Huando, Archivo PUCP. 176 Véase El Comercio (Lima), 17 de febrero de 1971; La Prensa (Lima), 19 de febrero de 1971.

La Sociedad Nacional Agraria (SNA) funcionaba en el Perú como el gremio más importante de los propietarios de tierras, generalmente ligados a la agroexportación. Cuando la noticia de la declaración de nulidad a la parcelación privada de la hacienda Huando se divulgó en los medios de prensa, la SNA no dudó en manifestarse en contra: la marcha atrás de esa parcelación privada era una peligrosa señal que mostraba el gobierno, podría ser la conclusión de otras parcelaciones privadas a lo largo del país. En su comunicado, además, expresaban que estas huelgas de los sindicatos contra las parcelaciones privadas alentaban un objetivo mayor: lograr la colectivización de la tierra en el Perú y eliminar la propiedad privada, incluso la mediana y pequeña, que hasta ese entonces era permitida por la ley de reforma agraria. “Esta campaña está comandada por conocidos agitadores cuya vinculación con el comunismo internacional no es una presunción aventurada, sino una realidad que ellos mismos la han hecho conocer públicamente”.177 La SNA se jugaba sus últimas cartas políticas contra las expropiaciones y optó por la estrategia de presentarse favorable a la ley, pero con una postura anti comunista y con el anhelo de que ese miedo repercuta también en los militares. Finalmente, no fue más que otro intento vano: la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, con la firma adjunta de Benjamín Samanez Concha, respondió estos pronunciamientos el 20 de febrero defendiendo la reforma y la anulación de la parcelación en Huando, así como también explicando la acción ilegal de los propietarios de Huando:

Los detractores de la Reforma Agraria no han vacilado en presentar ante la opinión pública una imagen distorsionada de la “parcelación” del fundo Huando, sosteniendo que la Resolución de la Dirección General perjudica a pequeños agricultores que habrían adquirido parcelas acogiéndose a las disposiciones de la Ley. La realidad es sin embargo muy diferente. De las 1,446 Ha. del fundo Huando, el grupo de accionistas reservó para sí 882 Ha. y 240 Ha. se transfirieron a personas ajenas a Huando entre las que figuran un médico, un gerente publicitario, un comerciante, un conductor de playas de estacionamiento en Lima, etc. Solamente 324 Ha. se enajenaron a 50 empleados y obreros del fundo Huando. O sea que al 75 % del número de compradores se entregó el 22 % del área parcelada. Los 50 empleados y obreros representan apenas el 10 % de los

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Comunicado de la SNA, febrero 1971, Documentación de la Hacienda Huando, Archivo PUCP.

trabajadores estables, de manera que el 90 % restante (más de 400 familias) vieron frustradas sus expectativas de tener acceso a la propiedad de la tierra. (…) La Resolución de la Dirección General [la anulación de la parcelación], no es fruto de la arbitrariedad ni de la infiltración comunista, como afirman quienes, valiéndose de una concertada y costosa campaña publicitaria pretenden intimidar a los funcionarios y apartarlos de la recta aplicación de la Ley. Nadie se llame a engaño que el verdadero objetivo de esa campaña que se lleva a cabo con la complacencia de algunos órganos de prensa, es desprestigiar al Gobierno Revolucionario, tanto en el país como en el exterior. El cambio profundo de nuestra estructura agraria es irreversible y no lo detendrá ninguna campaña de pequeños grupos interesados en escamotearlo. 178

En abril de 1971, Zózimo Torres llegó hasta Palacio de Gobierno para pedirle a Velasco la agilización del proceso, el presidente lo calmó y le prometió que el tema se solucionaría. Dicho encuentro quedó registrado en los diarios y, de alguna manera, comprometía explícitamente al gobierno militar con el apoyo a los sindicalistas de Huando.179 Zózimo Torres recuerda hasta el día de hoy detalladamente las peripecias de aquella fugaz reunión.180 El encuentro se produjo en la segunda ocasión que Zózimo asistió a las ceremonias públicas en Palacio de Gobierno, justo después de la juramentación del nuevo Ministro de Marina, el vicealmirante Fernando Elías Aparicio:

¡Cómo lo recuerdo al viejo! Ahí frente a mi hizo toda la ceremonia, “¿Juráis por Dios? etcétera”, y cuando se acerca al balconcito para hacer un saludo al público yo me encorajiné y grité bien fuerte. ¡Mi General! Tres llamadas le hice: ¡Señor Presidente! Y de repente el hombre me miró. Yo recibí su mirada que era bien fuerte ¿no?, con mis ojos la recibí fijamente. Discúlpeme mi General, le dije, para nosotros los campesinos es muy

“Huando: campaña contra la reforma agraria”, febrero 1971, Documentación de la Hacienda Huando, Archivo PUCP. 179 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 154-156. 180 Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 29 de enero de 2019. 178

difícil llegar a su despacho. Y como vi que ya los ministros en pleno lo envolvían, grité: ¡General Velasco, soy de Huando!, y entonces él volvió y me hizo señas para que subiera, pero, cuando llego a la escalinata, un cordón de policías de esos de civil me impidió el paso. Por entremedio de los policías se asomó el Chino [como se le llamaba a Velasco durante su gobierno] y dijo: “Oye viejo, ¿tú quieres hablar conmigo, no?”. Su expresión me dejó petrificado porque yo esperaba que un militar me hablase con otro tono, no así tan amistosamente como si fuéramos antiguos conocidos. De mi boca solo salieron unas cuantas palabras: Mi general… el caso Huando. Y el Chino sonrió y me dijo: “no te preocupes viejo, no te preocupes que todo saldrá bien, lo estamos viendo, te aseguro que todo saldrá bien”, repitió, mientras me daba la mano. Con un apretón nos despedimos y yo pegué un suspiro de contento, muy esperanzado salí.

En el año 2019 se estrenó un documental sobre la reforma agraria peruana, dirigido por el cineasta Gonzalo Benavente: La revolución y la tierra. El año de estreno fue a propósito del cumplimiento de los 50 años de la promulgación de la ley de Reforma Agraria de los militares. Uno de los personajes entrevistados en el filme fue justamente Zózimo Torres, quien, al recordar su reunión breve con Velasco, rompe en llanto. Lo más impactante para el sindicalista radicaba en el hecho de que un presidente atendiera el reclamo de los campesinos y lo haya tratado con igualdad de condiciones, “como si fuéramos antiguos conocidos”. El trato paternal y directo que ejercía el presidente Velasco sobre los sectores populares181 –principalmente con los campesinos– en los eventos públicos fue determinante para mantener la popularidad y legitimidad del GRFA en las organizaciones sociales, al menos durante los primeros cinco años. Ahora bien, volviendo al tema de Huando, hacia fines de junio de 1971, tras varias discusiones internas que se llevaron a cabo desde febrero en torno al Título IX, el gobierno militar acordó modificar la ley de Reforma Agraria: eliminar el punto que permitía las parcelaciones por iniciativa propia debido a las trabas que estaba causando al proceso agrario y, específicamente, para ponerle fin a los conflictos de Huando y Cañete. El Ministro de Agricultura señaló en la reunión que se habían encontrado 26 casos de haciendas que habían sido aprobadas para realizar la parcelación privada, pero que 181

Dos videos pueden ilustrar estos encuentros directos entre el Presidente y las organizaciones sociales: una producción audiovisual realizada por un director llamado Vladen Propskin en 1972, sobre el Perú durante el gobierno de Velasco, la cual se encuentra disponible en internet (https://www.youtube.com/watch?v=0QqvXJNKguM&t=411s) y la película dirigida por Federico García Hurtado, Tierra sin patrones, producida por el Sinamos en 1973.

infringían las normas. A continuación, los casos fueron revisados y los militares decidieron que todos estos correrían la misma suerte de Huando y Cañete: anular los permisos de las haciendas parceladas de manera privada.182 Tras el efecto de la nulidad de la parcelación privada de Huando y de todas las demás haciendas divididas por sus dueños, en el valle de Chancay-Huaral siguieron los fundos de Pasamayo, La Providencia, Caqui y Cuyo, para tiempo después afectar La Huaca, Palpa, Torreblanca, Jesús del Valle, Boza, San José, Miraflores, Laure, Retes y Jecuán. 183 Fenómeno similar ocurrió en el próximo valle limeño de Huaura-Sayán, donde los propietarios también habían recurrido a la parcelación privada y tuvieron que enfrentar huelgas sindicales. Posteriormente, en 1973, dichos sindicatos lograron la expropiación y el establecimiento de cooperativas, donde resalta la creación de la CAP Humaya, la cual nació a partir de una lucha sindical contra la parcelación privada de sus ex propietarios, en un proceso muy similar a Huando. 184 De esta manera, el conflicto de Huando había causado una suerte de efecto dominó185 en el manejo de la reforma agraria del gobierno, hecho que abordaremos más adelante. Sin restarle mérito al proceso de Cañete186, a causa de la coyuntura política posterior y el alcance mediático que obtuvo, fue Huando el escenario principal que sería escogido por el gobierno para ser el modelo “revolucionario” de la reforma agraria. Con las noticias de las huelgas circulando en los medios del país y con numerosos conflictos en varias zonas de reforma agraria, el gobierno decidió anular todas las parcelaciones por iniciativa privada: el régimen se había convencido, en suma, de que la opción de permitir la continuación de las empresas agrarias de mediana propiedad, aunque productivas como

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Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 17 y 22 de junio de 1971. Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 233-234. Se debe precisar que la resolución oficial de expropiación en varios casos llegaba después de la toma efectiva de las haciendas por parte de sus trabajadores. En el caso de Huando, la resolución oficial llegó en 1972, pero la entrega pública formal de las tierras se dio un año después, Michael Albertus y Ricardo Fort, “Base de datos de Expropiaciones de la Reforma Agraria Peruana” (Lima: GRADE, 2018). 184 Bonfiglio, Giovanni, Las empresas de la reforma agraria peruana, 40 años después (Lima: Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, 2019), 164. 185 Las cursivas son idea del autor. 186 En Cañete el caso más conocido fue el de la hacienda Casablanca Oeste, donde sus propietarios intentaron utilizar el Título IX de la ley para realizar la parcelación por iniciativa propia. Por esa razón, los trabajadores se movilizaron para exigir la expropiación de la hacienda. En 1972 lo lograron y su lucha motivó a otras movilizaciones en el valle de Cañete. Mayer, Enrique, Cuentos feos de la reforma agraria peruana (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017), 198-201. 183

Huando, resultaba políticamente inviable.187 Cuando el gobierno se enteró de los últimos incidentes ocurridos en la hacienda de naranjas, optaron, finalmente, por apoyar a los sindicalistas. A partir de estos procesos y manifestado por diversas medidas, se aprecia un viraje a la izquierda por parte del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada que duró relativamente hasta la enfermedad de Velasco en 1973. En 1980 los investigadores Peter Cleaves y Matin Scurrah afirmaban que la anulación de las parcelaciones privadas reflejó la radicalización del gobierno en torno a la política agraria. De acuerdo a la investigación de ambos autores, durante el proceso de las parcelaciones privadas muchos terratenientes sobornaron a los funcionarios de las oficinas de Reforma Agraria para retrasar los registros de las expropiaciones. Del mismo modo, utilizaron sus redes de contactos que aún poseían en el Estado –el caso de la reunión entre Fernando Graña y Velasco fue el más emblemático– para lograr fines similares. Sin embargo, por los recurrentes fraudes por parte de los propietarios hacia el Título IX y las protestas y movilizaciones de sindicatos campesinos, así como también una persistente pugna burocrática interna en los organismos de Reforma Agraria, hicieron que el gobierno decida dar marcha atrás en las parcelaciones por iniciativa propia. 188 En marzo de 1971, la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, dirigida por Benjamín Samanez Concha, comenzó a recibir una serie de casos ilegales de haciendas parceladas, cuyos dueños habían recurrido al Título IX. Una vez que Samanez Concha llevó los casos de parcelaciones ilegales a la reunión del Consejo de Ministros, recibió el apoyo del Ministro de Agricultura, en ese entonces el general Enrique Valdez, y el gabinete decidió anular todas las parcelaciones privadas, tanto las ilegales como las legales. 189 Todos estos problemas políticos y disputas internas en el gobierno, que dieron como vencedor al grupo de funcionarios radicales de Reforma Agraria, liderado por Benjamín Samanez Concha, fueron los detonantes de este cambio de orientación. Incluso, según Cleaves y Scurrah, los funcionarios de Reforma Agraria llegaron a admitir que fueron 187

Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 17 y 22 de junio de 1971. Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government in Peru (Ithaca: Cornell University Press, 1980), capítulo 2. 189 Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government, 117. Es importante recalcar que ambos autores señalan al mes de marzo como el mes definitivo donde el gobierno decidió descartar la opción de las parcelaciones privadas, pero de acuerdo a la lectura de los borradores de las actas del Consejo de Ministros, la discusión y decisión final del gobierno en culminar las parcelaciones de los hacendados se dio tres meses después: en junio. 188

ingenuos al creer que la élite rural favorecería la agilización del proceso de reforma del agro, como también admitieron que el Título IX no había traído ningún beneficio para la reforma. Es a partir de esta ruptura que el gobierno optaría decididamente por el establecimiento masivo de cooperativas.190 Comenzaba una etapa de radicalización en la reforma agraria. Aunque es necesario señalar que este fenómeno de radicalización191 agraria tuvo sus limitaciones. Después del giro político del gobierno contra los hacendados que realizaron parcelaciones por iniciativa propia en sus fundos, el establecimiento de cooperativas y la liquidación de la SNA en 1972, los medianos y pequeños propietarios reaccionaron en 1973 con movilizaciones y con la creación de Comités de Defensa de la Pequeña y Mediana Propiedad. En efecto, su temor era la posible “colectivización” de la tierra. El gobierno velasquista tuvo que frenar en su hostilidad, pero no dio marcha atrás en la nulidad de las parcelaciones privadas ni en modificar el mínimo afectable de tierra (150 has.).192 Un año después, en 1974, vendría una nueva oleada de radicalización en la reforma agraria, pero “desde abajo”: las grandes tomas de tierras campesinas en Andahuaylas y Cajamarca.193 Si bien el régimen optó en un primer momento por la represión o la desconfianza, finalmente, tuvo que ceder a las demandas campesinas. A pesar de estos cambios, en el mes de agosto de 1971 el tema de Huando no se había solucionado de manera concreta. La medida oficial aún no llegaba y los Graña seguían en su hacienda. Fue por esos días en que se llevó a cabo un cruento enfrentamiento entre la policía y los trabajadores sindicalizados. El día 16 de dicho mes, los líderes de la huelga tenían una reunión en Lima con el jefe del Sinamos, Leonidas Rodríguez, donde tratarían el tema de la anulación de la parcelación en Huando. Mientras algunos sindicalistas estaban en aquella reunión, en Huando se desencadenó el clímax del conflicto político. Los trabajadores leales a los hacendados, quienes habían sido beneficiados por la parcelación privada, acompañados con agentes policiales y encabezados por el mismo

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Peter Cleaves y Martin Scurrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government, capítulo 2. Las cursivas son idea del autor. 192 José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 166-168. 193 El suceso de Andahuaylas en 1974 consistió en una gran movilización de aproximadamente 30 000 campesinos, quienes realizaron tomas de tierras en casi 70 haciendas pertenecientes a gamonales andahuaylinos. Esta acción obligó al gobierno militar a negociar y ceder a gran parte de los reclamos del campesinado. Para profundizar sobre este proceso véase Rodrigo Sánchez (1981) y José Luis Rénique (2016). 191

Antonio Graña, fueron hasta la ranchería para encarar a los trabajadores que se encontraban en huelga.194 Los Graña desconocían, pues, la reunión que sostenían los sindicalistas con el Sinamos y fueron a buscar con violencia y sin éxito a Zózimo Torres. Habían transcurrido varios meses desde que Huando dejó de ser “la sucursal del cielo” para convertirse en un campo de batalla por la tierra. Apenas al frente del jardín de la casa hacienda llovían palos y piedras de un lado a otro y la policía llegó a disparar perdigones contra varios trabajadores que terminaron heridos. Los “rojos” llegaron a ser replegados y la turba encabezada por Antonio Graña logró llegar al local del sindicato, el cual fue saqueado y destruido.195 Durante estos días de confrontación, de acuerdo al testimonio de Betty González, todas las mujeres obreras sindicalistas de Huando estuvieron bastante activas y su papel fue crucial para no dejar que la huelga cayera. Dentro de la población femenina del sindicato de Huando, se encontraba un grupo de cinco mujeres que integraban la vanguardia en el choque con las fuerzas del orden. La policía las llamaba “las mujeres de Huando”: Paula Castillo, Sirena Solari, María García y la misma Betty González son unos de los nombres. 196 Esta escaramuza fue solo la chispa que prendió el incendio. Además, relatado este conflicto, se aprecia una estrecha comunicación entre los patrones y la policía local (por medio del general Artola197, Ministro del Interior), incluso mucho más cercana que la conexión oficial que podía tener la policía con el resto del gobierno central. Por otro lado, tanto Betty González como Zózimo Torres coinciden en que la relación y contactos que mantenía el sindicato de Huando con el Sinamos y, específicamente, con Leonidas Rodríguez Figueroa y Jorge Fernández Maldonado, fueron determinantes para que las oficinas y entidades gubernamentales apoyaran la huelga de Huando. 198

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Desde inicios de 1970 que Fernando Graña se encontraba fuera del país y siguió, con impotencia, todo el proceso de expropiación de su hacienda desde el extranjero. Por eso, las acciones patronales en estos meses de conflicto en Huando fueron manejadas por su hermano Antonio. 195 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 101-105. 196 Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019. 197 El general Armando Artola y Antonio Graña habían estudiado juntos en el colegio. Charlotte Burenius (periodista e hijastra de Fernando Graña). Entrevista, 23 de octubre de 2018. 198 Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 29 de enero de 2019; Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019.

Por esos días de 1971, prácticamente todos los sindicatos del valle de Chancay-Huaral se encontraban en huelga, apoyando el reclamo de los trabajadores de Huando y, del mismo modo, exigiendo el cumplimiento de la reforma agraria en sus tierras respectivas. “Si Huando caía, caían todas las luchas por la tierra en el valle”, recordaba Betty González. 199 Por la fuerza y persistencia de la huelga, los sindicalistas de Huando habían logrado ser el foco político de lucha por el cumplimiento de la reforma agraria en el valle. A pesar de que el sindicato de Palpa fue el que empezó con los reclamos –como confiesa Betty–, el máximo empeño y oposición a la decisión patronal la presentó Huando. Después de este choque, el valle se encontraba paralizado nuevamente en apoyo al sindicato de Huando y los diarios volvieron a poner a la hacienda de naranjas en el ojo de la tormenta. Pero esta vez el régimen militar ya no reaccionaría de manera únicamente burocrática, sino con acciones. En representación del gobierno llegó a Huando una comisión dirigida por dos ministros, con el objetivo de poner fin al conflicto y dar un veredicto imparcial.200 Cuando dicha comisión, en su regreso al Palacio de Gobierno de Lima, se reunió con el resto del Consejo de Ministros, el gobierno decidió darle la razón al sindicato y, de alguna forma, “castigar” a los Graña por su acción violenta.201 En abril de 1972, los Graña abandonaron Huando sin ningún patrimonio: tras la expropiación, la futura cooperativa que se establecería formalmente en Huando se quedaría incluso con la casa hacienda, donde posteriormente se llevaron a cabo capacitaciones y reuniones políticas campesinas. En junio llegaron los técnicos del gobierno (provenientes de ministerios, del Banco Industrial y del Sinamos) para conformar, junto con los dirigentes del sindicato de Huando, el Comité Especial de Administración, que se encargaría del manejo de la hacienda y la capacitación de los trabajadores, hasta que se establezca oficialmente una cooperativa.202 Posteriormente, en un acto simbólico en junio de 1973, se realizó la adjudicación formal de las tierras a los trabajadores de la cooperativa en la Plaza de Armas de Huaral, ante una multitud que desbordaba de júbilo. El jefe del Sinamos, Leonidas Rodríguez, uno de los generales más cercanos a los trabajadores de Huando durante la disputa, le dio las 199

Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019. 200 En el siguiente capítulo de esta tesis se abordará el mismo conflicto de Huando pero desde las lógicas y contradicciones que presentó el gobierno militar. 201 Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 19 de agosto de 1971. 202 Bonfiglio, Giovanni, Las empresas de la reforma agraria peruana, 40 años después (Lima: Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, 2019), 156.

felicitaciones a Zózimo Torres en persona. 203 Los trabajadores de la hacienda, antes peones asalariados dependientes de las benevolencias de los patrones, se convertían en socio-propietarios de la Cooperativa Agraria de Producción-Huando.

Los nuevos cooperativistas desfilando de forma triunfal en la Plaza de Armas de Huaral el 29 de junio de 1973, el día de la adjudicación de Huando. Zózimo Torres, en el lado derecho, levanta una gorra en su mano derecha. (Fuente: Archivo personal de Charlotte Burenius)

En resumen, la huelga y la convicción del Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando modificaron la situación durante la ejecución de la reforma agraria. La batalla por Huando no solo atrajo la solidaridad de los demás gremios de trabajadores y campesinos o notas mediáticas de prensa, sino que obligó al gobierno velasquista a poner sobre la mesa el tema de Huando y cuestionar la tregua que le habían propuesto a los propietarios en muchas partes del país: las parcelaciones por iniciativa privada. Un hilo condujo a otro. Por ello, el gabinete militar decidió revisar caso por caso las haciendas parceladas y descubrió las numerosas faltas a la ley por parte de los propietarios. Decididos y con una cierta sensación de haber sido burlados, anularon la parcelación en 203

Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 170-171.

Huando y las parcelaciones a nivel nacional: en 1971 el gobierno modificó el Título IX y anuló la opción que permitía a los hacendados realizar parcelaciones por iniciativa propia.204 Transcurridos algunos años, en 1975, Fernando Graña ya se encontraba en Perú. Había seguido exasperado desde España cada evento que lo llevó a perder su más preciado rincón en el mundo. La hacienda Huando no solo ya no era suya, sino que se había convertido en el símbolo antioligárquico de la reforma agraria, en un país que ya no se parecía en muchas cosas al que abandonó en 1970. Zózimo Torres y Betty González, sus antiguos peones y jornaleros, ahora eran dirigentes conocidos en los espacios políticos campesinos y sus nombres habían figurado en más de una ocasión en las imprentas nacionales más importantes. Pero Fernando estaba convencido de que todavía podía rescatar algo de sus recuerdos de gloria. Los Graña sabían que todos los propietarios, de acuerdo a la misma ley de Reforma Agraria, tenían derecho a conservar al menos el 20 % de su hacienda. Aunque no recibieron esa porción justamente por haber burlado la ley, podían apelar a un último recurso, dado que quitarles la casa hacienda fue una decisión completamente política y, al fin y al cabo, no muy jurídica. Fue así como los Graña apelaron ante el Tribunal Agrario para poder recuperar al menos 25 hectáreas de su ex hacienda. Por ello, en 1975 se convocó una audiencia legal donde asistieron Fernando Graña junto a sus dos abogados, quince trabajadores de Huando (entre cooperativistas y antiguos partidarios de los patrones), la nueva dirigente de la Cooperativa Agraria de ProducciónHuando, Betty González, y el abogado de la cooperativa. Betty González tenía que asistir en condición de representante de la cooperativa y su tarea era, en teoría, algo sencilla: negar que conocía a Fernando Graña. 205 En realidad, iba a ser una misión sumamente difícil, pues consistía en negar el reconocimiento al que había sido su patrón durante muchos años, en frente de él. La audiencia consistía básicamente en un “careo”. Fernando Graña tenía que demostrar a los tribunales que él había sido un propietario que administraba personalmente sus tierras, y que sus trabajadores lo reconocían como tal. Por eso es que Betty solo tenía que negar ese hecho para que todas las parcelas sigan bajo administración de los trabajadores de la 204

Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 17 y 22 de junio de 1971. Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019. 205

reciente CAP-Huando. Finalmente, eso fue lo que hizo: “no, a ese señor no me acuerdo haberlo visto, no sé quién es”, sostuvo Betty en la audiencia delante del juez.206 La última esperanza de los Graña estaba sepultada y la cooperativa continuaría su rumbo trabajando todas las parcelas de la ex hacienda Huando. Al finalizar la audiencia, Fernando Graña, reconociendo su derrota, se acercó donde la ex trabajadora de su ex hacienda, y ahora dirigente de la cooperativa de Huando, y la felicitó por haber mentido en nombre de todos sus compañeros: “eres una digna representante – le dijo a Betty–, ojalá todos fueran así, no como ese traidor que está ahí (señalando a Julio Rivera, un antiguo trabajador “amarillo” que ahora estaba en las filas de la cooperativa)… espero que sigas así”.207 Según la lógica de Fernando, a pesar de que Betty había mentido ante los tribunales y lo había perjudicado, ella había actuado correctamente como una líder, y había negado a su propio ex patrón para que sus compañeros mantengan lo que habían ganado. De alguna manera, y desde su propia óptica, Fernando vio en Betty un rol de liderazgo que recordaba con nostalgia: cuando él era el patrón benevolente de Huando y administraba con decisión su empresa agraria. Cuando Fernando Graña regresó de Madrid, después de la expropiación, su estatus social comenzó un proceso agónico de decadencia, aunque jamás conoció la pobreza. Cuando todavía mantenía una vida aristocrática en Huando, sus peones se encargaban de trabajar sus tierras con obediencia y sus mayordomos realizaban todos los quehaceres domésticos. En cambio, en su regreso a Lima en los setenta, había perdido prácticamente toda la realidad material que lo diferenciaba como propietario del resto de la sociedad, hecho que lo hizo sentir en un mundo ajeno: estaba desubicado en una nueva sociedad. Este declive lo descolocó incluso en su ámbito personal, como lo recuerda Charlotte Burenius:

Una tarde mi madre lo encontró sumergido en la tina vestido, jabonándose la ropa mojada: “Estoy aprovechando para lavar mi camisa”, dijo. Le acababan de expropiar la hacienda. Fueron días aciagos. Mi madre, instalada con sus menores hijas y mi mama Josefina en una casita en Miraflores, el barrio de la clase media que aborrecía Fernando Graña, allanó el regreso de su esposo al Perú.

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Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019. 207 Betty Gonzáles pudo reconstruir este último encuentro que tuvo con Fernando Graña, en 1975. Betty González (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 15 de septiembre de 2019.

De regreso a Lima, se acomodó en una chacrita insignificante de apenas una hectárea en Lurín. Desde allí, sentado a la sombra de un tulipán de la India, retomó sus aficiones criollas, con un pequeño galpón de gallos de pelea y algunos caballos de paso, que lucía en los concursos de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del Caballo Peruano de Paso. Su estampa desgastada de chalán se desvanece en almanaques raídos en depósitos de insecticidas en el valle de Huaral. En 1982 la muerte lo sorprendió aplastado por la tolva de un volquete, cuando circulaba en su automóvil por la Costa Verde, rumbo a Chorrillos, frente al mar de Miraflores.208

Su hermano Antonio Graña tampoco tuvo un desenlace muy alentador después de la expropiación.209 La reforma agraria fue contundente en Huando y en el valle de ChancayHuaral: la clase propietaria fue desplazada y los trabajadores obtuvieron el derecho a la tierra. Los sindicalistas huandinos obtuvieron la hacienda, se convirtieron en una cooperativa autogestionaria y empujaron al gobierno militar a ser más frontal con los demás terratenientes en otras disputas regionales (durante el periodo 1971-1973) tras la anulación de la opción de las parcelaciones por iniciativa propia. Por otra parte, cabe resaltar que en Huando, una vez que se puso en marcha la cooperativa, se diferenciaron dos bandos políticos internos. Si bien los patrones ya no estaban en la hacienda, los trabajadores de Huando quedaron entre dos tendencias políticas que disputaban la dirección de la reforma agraria a nivel nacional. La razón de la división interna: la discusión por el pago anual de la deuda agraria, dado que, en general, las haciendas debían ser pagadas en un largo plazo por las mismas cooperativas. El sindicato de Huando había sido beneficiado directamente por las medidas del GRFA y, específicamente, por las acciones del Sinamos. Además, al ser Huando considerado un “símbolo de la reforma agraria”, un gran sector de los trabajadores estaba dispuesto a apoyar y defender las reformas del gobierno. Este bando velasquista estaba encabezado por Zózimo Torres y se apoyaba en el Sinamos y en la Confederación Nacional Agraria (CNA), el gremio campesino creado por el gobierno en 1974. Por otro lado, el grupo de trabajadores que no estaba de acuerdo con este procedimiento de pagar las tierras, 208

Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 26-27. 209 No se posee mucha información acerca del final de la vida de Antonio Graña, pero años después de la expropiación de Huando murió su único hijo varón, Tony Graña, en un accidente automovilístico en la carretera de Huaral, por lo que “Antonio Graña falleció sumido en la tristeza…”. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 27.

liderado por Betty Gonzáles, se alió con la Confederación Campesina del Perú (CCP), la cual, bajo el liderazgo de Luna Vargas, estaba impulsando la consigna del “no pago” de la deuda agraria, dentro de su estrategia de oposición de izquierda a la reforma del régimen.210 Esta última posición representaba al sector político campesino que buscaba una ejecución más radical y revolucionaria de la reforma agraria. Estas divisiones políticas internas en Huando también complicaron el manejo productivo de la cooperativa en años posteriores. No obstante, a pesar de la epopeya sindical narrada anteriormente, el porvenir de la cooperativa no presentó una historia de prosperidad. Por el contrario, la frustración posterior opacó el recuerdo de la victoria revolucionaria de los sindicalistas. Pese a que la producción se mantuvo relativamente estable en los primeros años de la cooperativa211, hacia fines de los años setenta y a lo largo de la década de 1980, los malos manejos, la falta de conocimiento y apoyo técnico, la crisis económica y el azar hostil llevaron a la empresa autogestionaria a la quiebra.212 En 1992, en el marco de la imposición del neoliberalismo y el incentivo a las privatizaciones por parte del gobierno de Alberto Fujimori, la cooperativa acordó su disolución. Pese a ese desenlace, que el mismo Zózimo Torres le relató a Charlotte Burenius como el “testimonio de un fracaso”, Huando fue un estandarte revolucionario durante la reforma agraria del gobierno militar. Esta cuestión trasciende a la investigación académica y recae en un debate histórico y político: ¿fue en vano la lucha de los trabajadores de Huando por su fracaso económico posterior?, ¿fue la victoria del sindicato un punto de partida para romper un viejo esquema, una antigua tradición de organización de la tierra?

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Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso, 172-173. José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 267. 212 Para profundizar sobre la dirección de la CAP Huando después de la reforma agraria, véase Juan Rocha (2008). 211

Capítulo 5. El gobierno militar en la encrucijada

El conflicto por la hacienda Huando no solo involucró a los trabajadores de la hacienda y a los propietarios Graña, sino a diversos actores sociales y políticos. Este capítulo final de la tesis se encargará de responder cómo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada afrontó el conflicto por la hacienda Huando y de qué manera este suceso alteró la ejecución de la reforma agraria, tanto a nivel local como nacional. Si bien parte de esta respuesta prácticamente se encuentra elaborada en el capítulo previo, el objetivo central de esta parte final será abordar el conflicto y la resolución del caso Huando pero desde la óptica del régimen militar. Se intentará analizar las intenciones políticas y las contradicciones de los dirigentes militares, así como también los cambios y resultados que dejó esta cuestión en la costa rural peruana. En esta parte del análisis no nos enfocaremos en resolver la disputa en Huando, sino la disputa por Huando; suceso que puso al gobierno militar de Velasco en una encrucijada determinante en el rumbo de la reforma agraria durante los primeros años de la década de 1970. En el año del golpe militar en Perú (1968), de acuerdo a la interpretación de Peter Cleaves y Henry Pease, no había una sólida unidad política entre la clase terrateniente –los hacendados costeños y los terratenientes serranos–, los banqueros tradicionales y la burguesía industrial, todavía reducida; asimismo, con la cancelación del parlamento, los partidos políticos de la escena, como Acción Popular, el APRA o la UNO, se vieron seriamente debilitados, al punto que el nuevo régimen no necesitó ninguna ley para prohibirlos. El contexto internacional también se mostró favorable para el régimen militar peruano en los primeros años: Salvador Allende ganaba las elecciones en Chile en 1970, Perón retornaba a Argentina luego de su exilio y los generales reformistas o de izquierda encabezaban los Estados de Bolivia (J. J. Torres) y Ecuador (Guillermo Rodríguez). 213 Cabe resaltar que en el Perú las organizaciones sociales campesinas que reclamaban una reforma agraria y los grupos de izquierda se incrementaban y ganaban presencia en el terreno político.

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Fue en ese tiempo concreto que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, pudo realizar una serie de reformas de gran envergadura sin una resistencia unificada, aunque tomando en cuenta que los sectores políticos de oposición se mantuvieron reticentes y hostiles a las reformas durante casi todo el periodo, y principalmente en sus dos últimos años. 214 A penas a los seis días de haber tomado el poder, el 9 de octubre, el gobierno decidió ocupar los yacimientos de la Brea y Pariñas, anular el contrato firmado por el gobierno de Belaunde con la IPC y expropiar la polémica empresa. A continuación, los militares izaron la bandera nacional en los yacimientos expropiados, en un acto patriótico y mediático, y declararon el “Día de la Dignidad Nacional”. Esto solo fue el comienzo –como se mencionó en la parte final del capítulo 3– de un largo periodo de reformas y nacionalizaciones. Del mismo modo, otra área fundamental donde el gobierno militar decidió realizar cambios políticos radicales fue en el manejo de las relaciones exteriores. La conducción de la política exterior de la primera fase del GRFA (1968-1975) representa un fenómeno particular en la historia del Estado peruano en casi toda su era republicana. Por primera vez después de muchos años –al menos desde la dependencia que inició Leguía hacia la potencia norteamericana–, los militares peruanos concluyeron que no podían seguir dependiendo demasiado de los Estados Unidos, sobre todo en la provisión de armamento, y miraron hacia otras potencias. A continuación, el gobierno militar inició relaciones diplomáticas con la Unión Soviética –potencia que se convirtió en la principal proveedora de armas al Perú215– y los países socialistas de Europa del Este a fines de 1969, tanto los alineados con Moscú como los no alineados. También hicieron lo propio con la República Popular China, aún gobernada por Mao Zedong, y Cuba, que hasta hace algunos años era considerada por parte de la

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Los principales sectores políticos de oposición al régimen militar se encontraban en los gremios empresariales y profesionales, como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) o la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), de tendencia liberal; asimismo, la llamada “ultra izquierda”, en su mayoría maoísta, y el APRA mantuvieron su hostilidad al gobierno en diversas oportunidades: en el debate público y en las calles, Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 67-90. A este grupo de opositores también debería añadirse el gremio más importante de propietarios de la tierra, la Sociedad Nacional Agraria, al menos hasta su disolución en 1972. 215 Aunque se debe tomar en cuenta que esta compra masiva de armamentos a la URSS no tuvo motivos ideológicos, sino pragmáticos, dado que los militares buscaban, a través de estas compras, mantener la unidad de las Fuerzas Armadas en un contexto donde se definían tendencias políticas diferentes dentro de la institución armada. Torres, Víctor, Las armas de la revolución: armamentismo durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, 1968-1980, (Lima: Tesis de Licenciatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008).

inteligencia militar peruana como un peligro por su influencia en focos guerrilleros comunistas.216 En todas estas gestiones de política exterior, destaca la figura del general Edgardo Mercado Jarrín –egresado de la Escuela Superior de Guerra y el CAEM–, quien dirigió los cambios en las relaciones diplomáticas cuando fue Canciller del gobierno militar desde el golpe del 3 de octubre de 1968 hasta diciembre de 1971. 217 Posteriormente, se desempeñó en otros altos cargos del gobierno. Las fuertes tensiones políticas que existieron entre el gobierno militar peruano y la potencia del mundo capitalista no deben pasarse por alto. Después de la nacionalización de las empresas transnacionales norteamericanas más importantes en territorio nacional por parte del gobierno velasquista (como la IPC o la Cerro de Pasco), el Perú representó un “dolor de cabeza” para los intereses de los EE.UU. en América Latina. Pero a pesar de la victoria política del régimen militar en contra de la presencia de los enclaves imperialistas norteamericanos y las tensiones que se dieron entre ambos países, el gobierno peruano nunca descartó ni rechazó la ayuda económica que brindó Washington y buscó superar de distintas formas la amenaza del bloqueo financiero estadounidense al Perú.218 Finalmente, estas tensiones llegaron a su fin con la firma del acuerdo Green-De La Flor (en referencia a los dos firmantes: el banquero norteamericano James Green y el entonces canciller peruano Miguel De la Flor) en 1974, el cual determinaba el precio que el Estado peruano debía pagar por las empresas norteamericanas expropiadas por el gobierno militar, mientras que EE.UU. acordó no imponer sanciones económicas al Perú y seguir otorgándole créditos; incluso, los mismo Estados Unidos fueron los que en la práctica pagaron la indemnización a la International Petroleum Company (IPC). 219

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Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 193-197. 217 El mismo Edgardo Mercado Jarrín sintetiza las propuestas y posiciones políticas del Estado peruano en su libro Seguridad, política, estrategia, publicado en 1974. 218 Para profundizar sobre las tensiones diplomáticas entre el gobierno de Velasco y los Estados Unidos, véase la tesis de licenciatura de Alejandro Satistevan (2018). 219 Según el libro del historiador Antonio Zapata, el Estado peruano salió beneficiado a largo plazo con la firma de este acuerdo, debido al bajo costo que tuvo que pagar por todas las empresas expropiadas, un monto inferior a los ochenta millones de dólares, a comparación de los precios que muchas de ellas tuvieron posteriormente, los cuales superaban los miles de millones de dólares: “este acuerdo debe ser la operación más exitosa del Estado peruano en sus 200 años de existencia”. Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 191-192.

Por otro lado, en el año 1975, cuando se produjo el golpe de Estado del general Morales Bermúdez contra Velasco, el Estado peruano influía o controlaba directamente las fracciones claves de la economía: la agricultura –a través de las cooperativas y empresas agrarias–, importantes sectores industriales, una gran proporción de los recursos naturales de hierro (Marcona) y de cobre (Cerro de Pasco), como también toda la explotación del petróleo con la reciente empresa estatal Petroperú. Por ello, Cleaves y Pease sostenían que el Estado peruano adquirió una gran autonomía para realizar numerosas reformas en el país debido a la carencia de unidad en los grupos dominantes, la debilidad de los partidos políticos, el posterior desmoronamiento del Estado oligárquico y la cohesión institucional de las Fuerzas Armadas, las cuales llenaron ese vacío de poder gubernamental.220 Para profundizar sobre esta cuestión es pertinente realizar una breve revisión teórica. El tema de la autonomía estatal ha sido abordado por distintos autores, pero quisiera utilizar solo algunos debido al caso histórico particular. Antes del ya citado trabajo de los politólogos Cleaves y Pease, debemos retroceder bastantes años atrás. Marx y Engels definían al Estado como una institución que aseguraba la apropiación de los medios de producción por parte de los intereses de las clases dominantes sobre los dominados. No obstante, en un escrito de 1852, Marx matizaba un poco esta idea y proponía una excepción en la relación del Estado con las clases propietarias: el bonapartismo. Este consistía en un periodo excepcional, donde surge un liderazgo carismático en el Estado ciertamente equidistante de los intereses de las clases dominantes –las cuales tienden a fragmentarse– y el pueblo. Es decir, es una forma de gobierno en la que el Estado y la burocracia parecen independizarse de la burguesía.221 Ahora bien, si para el marxismo este era un caso excepcional en las relaciones de poder, no lo es para Michael Mann. En años recientes, el sociólogo británico propone, contrariamente a lo que él llama “teorías reduccionistas del Estado” –entre ellas, el marxismo–, que la autonomía estatal es un factor transversal en todos los Estados y no un caso excepcional, pues aquellos funcionaron y funcionan en la historia como actores y no como instrumentos. Por medio de la centralización territorial y la necesidad política, los

220

Cleaves y Pease, «Autonomía estatal y decisión política militar», en El gobierno militar: una experiencia peruana, 1968-1980, Cynthia McClintock y Abraham Lowenthal, eds. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1985), 265-266. 221 Véase Marx, Carlos, «El dieciocho brumario de Luis Bonaparte», en Obras escogidas de Marx y Engels, (Moscú: Editorial Progreso, 1974).

Estados poseen una independencia de la sociedad civil, incluyendo a los grandes intereses económicos privados. Por ende, la cualidad bonapartista, enfatiza Mann, es una habilidad adquirida por casi todos los Estados modernos.222 Aunque buena parte de la historia peruana republicana probablemente sea una contradicción con la propuesta de Mann, este capítulo analizará también de qué manera, a partir de la solución del conflicto por Huando, el Estado velasquista logró dicha autonomía relativa y ciertamente tuvo la capacidad de doblegar a la élite rural peruana. Como se revisó en el tercer capítulo, el 24 de junio de 1969 el gobierno decretó la ley de Reforma Agraria. No fue la primera en ser decretada en el Perú, pero sí la más radical y de mayor envergadura. El primer movimiento en la ejecución de la reforma tal vez fue uno de los mayores en todo el proceso: afectar las grandes propiedades de los latifundios capitalistas de la costa norte. Si bien la clase hacendada ya no tenía el poder de influencia de antes, aún estaban representados por distintas asociaciones agrícolas o ganaderas y bajo la articulación de la Sociedad Nacional Agraria (SNA). Por ejemplo, días antes del anuncio del decreto de la ley de Reforma Agraria, el diario La Prensa de Pedro Beltrán, el cual adquirió una posición bastante crítica durante toda la ejecución de la reforma, publicó un comunicado de diferentes asociaciones de propietarios donde exigían ser escuchados y tomados en cuenta antes de que el gobierno pusiera en marcha sus planes para la reestructuración del agro.223 En efecto, la propaganda fue un arma importante y una de las primeras respuestas de los hacendados ante los primeros pasos de la reforma. Sin embargo, esta estrategia política publicitaria y mediática, a pesar de todo, no tuvo buenos resultados. Su capacidad de acción era limitada. Otra de las primeras acciones de la reforma agraria de los militares fue más bien una conciliación con los propietarios: el Título IX del Decreto Ley 17716, publicado en agosto de 1969. Esta cláusula, como lo analizamos al comienzo del cuarto capítulo, permitía a los hacendados –específicamente a los pequeños y medianos propietarios– realizar la reforma agraria “por iniciativa propia” en sus fundos. Si bien esta medida legal les ocasionó un dolor de cabeza a los dirigentes militares posteriormente, en un primer

222

Mann, Michael, «El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados», Zona Abierta, nº 57 (2006): 4-23. 223 Cant, Anna, «Representando la revolución: la propaganda política del Gobierno de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975).» En Imaginando América Latina: historia y cultura visual, siglos XIX al XXI, Óscar Sven Schuster y Daniel Hernánde Quiñones, eds. (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017), 309.

momento les ayudó indirectamente a derribar el poder político de los grandes latifundistas. Por ello, a pesar de que los grandes propietarios aún podían contar con los medios de comunicación (los diarios) como elementos de difusión y presión política, y, en menor medida, con las influencias locales que ejercían dentro de la burocracia del Estado, el régimen militar ya los tenía prácticamente arrinconados. La estrategia del gobierno velasquista de empezar la reforma agraria con un golpe rotundo a los latifundios agroindustriales del norte en 1969 fue crucial: esta acción hizo que los medianos propietarios no apoyaran en este primer momento a los grandes hacendados, pues estos apostaban en que sus intereses no se verían afectados por la reforma.224 De esta manera, esta primera operación de la Reforma Agraria, acompañada con el permiso de las parcelaciones privadas que ofrecía el Título IX de la ley a los pequeños y medianos propietarios, desarticuló políticamente la capacidad de acción unificada de respuesta que podía presentar la élite rural ante las expropiaciones en la primera etapa de la reforma. Entonces, le tocaba al gobierno decidir el modelo de organización de la tierra después de la expulsión de los grandes propietarios privados. ¿De qué manera quedaría la propiedad de la tierra una vez que estaría en manos del campesinado y el proletariado agrícola? La respuesta fueron las cooperativas. Como se explicó hacia el final del tercer capítulo, consistieron en un modelo de empresa asociativa donde los mismos trabajadores eran los socios propietarios, por ende, las cooperativas carecían de la presencia de propietarios privados.225 Pero, ¿cómo los dirigentes militares llegaron a proponer una organización colectiva de la tierra en la reforma agraria? En primer lugar, existió un factor interno de largo plazo. En el capítulo 1 de esta tesis abordamos cómo se llevaron a cabo los cambios institucionales dentro del Ejército, a nivel ideológico, académico, político y social. Durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta, los organismos de preparación académica militar incluyeron temas de realidad social en sus planes de estudio, escenario que produjo una generación relativamente crítica y la formación de grupos especializados de “intelectuales militares”, quienes publicaban en

224

Cant, Anna, «Representando la revolución», 308-309. De acuerdo a Fernando Eguren, uno de los incentivos políticos de establecer un sistema cooperativista en el campo era la participación de los actores en la producción: El elemento específico más importante de la ideología cooperativa es la noción de participación: participación en la propiedad de los medios de producción y participación en la gestión”. Eguren, Fernando, Reforma agraria, cooperativización y lucha campesina: el valle de Chancay-Huaral (Lima: DESCO, 1975), 138. 225

revistas militares de manera frecuente, y quienes recurrían a lectura de intelectuales civiles que estudiaban al campesinado o a la realidad rural peruana, como el antropólogo indigenista Hildebrando Castro Pozo. 226 El mismo Velasco y otros dirigentes militares del gobierno confesaron que el estudio de Castro Pozo –sobre la cualidad de organización colectiva y cooperativista casi natural que supuestamente tenían las comunidades campesinas peruanas– fue fundamental en su formación.227 En segundo lugar, con la conformación del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, los asesores civiles que estuvieron en el gobierno y sus influencias políticas también fueron importantes. Giovanni Bonfiglio sostiene en su investigación sobre las cooperativas de la reforma agraria que el proyecto colectivista y cooperativista de los militares no hubiese sido posible sin el impulso político de los asesores civiles que estuvieron en el gobierno.228 La defensa y formulación teórica de los asesores civiles – principalmente de Carlos Delgado– en la organización colectiva social y política de la sociedad, la analizaremos más adelante. Por último, existía un factor externo, y no provenía necesariamente de propuestas de izquierda o socialdemócratas. A inicios de los años sesenta, en el contexto de una necesidad hemisférica de realizar reformas agrarias ante el peligro de la influencia de la Revolución cubana, una serie de institutos latinoamericanos, con la aceptación y apoyo de los EE.UU., plantearon un proyecto coordinado que tenía como fin la modernización agraria y evitar insurrecciones comunistas: el “Proyecto 206”, establecido en 1964. El proyecto consistía también en la implementación de cursos anuales especializados en el agro en 13 países de América Latina, incluido Perú, donde se elaboraron propuestas de políticas agrarias.229 El historiador Javier Puente enfatiza en su última investigación que algunos tecnócratas que pasaron por esos programas estuvieron en el Ministerio de Agricultura durante la ejecución de la reforma agraria velasquista.

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Kruijt, Dirk, La revolución por decreto: Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto de Defensa Legal, 2008), 104-106. 227 Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 50. 228 Bonfiglio, Giovanni, Las empresas de la reforma agraria peruana, 40 años después (Lima: Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, 2019), 293-295. 229 Puente, Javier, «Tierra para el que la trabaja: El Proyecto 206 y la circulación de conocimiento agrario en América Latina, 1964-1974.» En Trascendiendo fronteras: Circulaciones y espacialidades en torno al mundo americano, Fernando Purcell y Ricardo Arias, eds. (Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020), 234-245.

Una de las propuestas teóricas principales del “Proyecto 206” fue la cooperativización de la tierra, dado que la opción de parcelación individual generaba “más preguntas que certezas”.230 De esta manera, en suma, las cooperativas eran una propuesta viable y legítima en el contexto peruano y sudamericano cuando inició la década de 1970. Era una propuesta renombrada no solo en ambientes cercanos a la izquierda, la centro-izquierda o el indigenismo, sino también en entornos académicos y tecnocráticos liberales. Asimismo, en el contexto de la Guerra Fría y durante la ejecución de la reforma agraria del gobierno de Velasco, la implementación de las cooperativas encajaba en una posición “no alineada”: ni comunista (granjas estatales colectivizadas, al estilo soviético) ni capitalista (gran propiedad privada en el campo). Sí sería necesario llamar la atención sobre la similitud de las cooperativas agrarias peruanas con el modelo cooperativista del socialismo autogestionario de Yugoslavia (perteneciente al bloque “No Alineado” durante la Guerra Fría), aunque esta semejanza podría comprobarse en otra investigación. Luis Gamarra Otero, ex hacendado y último presidente de la Sociedad Nacional Agraria, escribió su testimonio y apreciación personal de la reforma agraria velasquista en un compendio publicado el 2008. Recuerda que muchos propietarios fueron invitados a Palacio de Gobierno para escuchar el discurso de Velasco cuando se promulgó la ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969: “En la sala reinaba la algarabía. En el momento que ingresaba a ella, tuve que abrirme paso entre un grupo ‘campesino’ que también concurría a dicha ceremonia”.231 La clase hacendada mantuvo una postura de oposición y vigilancia a todas las medidas del gobierno militar. Definitivamente, su mayor temor era la pérdida de sus propiedades; pero un temor adicional a ello era la colectivización de la tierra y el fin de la propiedad privada. Luis Gamarra Otero señalaba que el gobierno militar estuvo asesorado por “cubanos, rusos, yugoeslavos, entre otros”.232 En efecto, los propietarios estaban convencidos de la presencia comunista internacional en el gobierno velasquista y el peligro que traería aquella relación para la propiedad privada. Del mismo modo, Gamarra asegura que logró obtener y copiar documentos oficiales (de forma ilegal, de acuerdo a su propio testimonio) en una convención internacional agraria

230

Puente, Javier, «Tierra para el que la trabaja», 250. Gamarra, Luis, «Apéndice: Un testimonio personal.», en A 38 de la Reforma Agraria, de Fundación Bustamante de la Fuente, (Lima: Fundación Bustamante de la Fuente, 2008), 183. 232 Gamarra, Luis, «Apéndice: Un testimonio personal.», 188. 231

en 1971 que había organizado el gobierno militar peruano, donde llegaron numerosos ministros de agricultura de distintos países, y donde la delegación cubana fue recibida con “grandes honores”. En uno de los documentos que pudo revisar, estaba la apreciación que tenían los cubanos sobre las cooperativas agrarias que el gobierno velasquista estaba impulsando: la formación de estas era algo positivo, pero, a largo plazo, los funcionarios cubanos advertían que traerían consecuencias negativas para la economía. La opción de organización colectiva viable para los cubanos consistía en las grandes extensiones de granjas dirigidas por el Estado. “No existe otro camino ni otra forma, lo otro va hacia el fracaso y la experiencia así lo indica… Pero mucho cuidado pues al hacerse evidente el fracaso la tendencia de los integrantes de estas cooperativas va a ser el de repartirse las tierras en áreas individuales (…)”.233 Para el marxismo-leninismo (ideología política que en ese entonces formulaba los sistemas del “socialismo real” soviético y Cuba), las cooperativas entraban en el espectro que Marx y Engels calificaron un siglo antes como “socialismo utópico”. Lo interesante de esta cita en el testimonio de Otero es justamente la contradicción entre el modelo de socialismo soviético de granjas estatales y el de las cooperativas autogestionarias. El gobierno optó por la segunda propuesta y confiaba en que los cooperativistas, con ayuda y capacitación de técnicos del gobierno, lograrían elevar la producción agraria y perdurar. Sin embargo, la capacitación técnica del gobierno velasquista no llegó a cubrir totalmente a las nuevas cooperativas en todo el Perú y el nexo Estado-campesinado se rompió con la desactivación del Sinamos en el primer año del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), o también llamada “segunda fase” del GRFA. Por otra parte, volviendo al conflicto en Huando, como se relató en el capítulo anterior, la familia Graña, propietaria de la hacienda Huando, logró utilizar el Título IX de la ley de Reforma Agraria para realizar la parcelación por iniciativa propia en sus terrenos, al igual que muchos hacendados, principalmente en la costa. El Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando decidió no ceder ni un paso en sus consignas y luchar por la medida que el mismo gobierno había sostenido, “la tierra para quien la trabaja” 234:

233

Gamarra, Luis, «Apéndice: Un testimonio personal.», 198-199. Esta era la consigna que se difundía en el sector rural, a través de las oficinas de propaganda del gobierno militar, como la Dirección de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria. 234

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se declararon en huelga hasta la lograr la afectación total de la hacienda más productiva del valle de Chancay-Huaral y que esta sea transferida a sus trabajadores. Tras varias acciones y una movilización que buscó llegar, sin éxito, hasta Palacio de Gobierno en el verano de 1971, el sindicato de Huando logró que su reclamo sea escuchado por medios de prensa, gremios de trabajadores y estudiantiles y, principalmente, por el régimen militar. A consecuencia de ello, el gobierno decidió anular la parcelación de Huando y, posteriormente, hacia la mitad del año, anular las parcelaciones privadas a nivel nacional. Asimismo, en junio de 1971 –en el mismo mes en que los militares anularon las parcelaciones privadas– surgió un experimento que partía de una utopía de participación planteada desde arriba hacia abajo: la creación del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos). Este organismo estatal le permitía al gobierno expandir una maquinaria de propaganda para concientizar a la población de las reformas que estaba realizando y, de la misma forma, generar apoyo popular masivo al régimen sin la necesidad de formar un partido político.235 Cabe resaltar, de acuerdo con Matos Mar y Mejía, que la creación del Sinamos significó también, para la ejecución de la reforma agraria, el triunfo interno de los ideólogos reformistas –que buscaban implementar políticas de participación social– sobre los funcionarios más tecnocráticos.236 Se nombró al general Leonidas Rodríguez Figueroa como el jefe principal –el oficial más radical del régimen– y a Carlos Delgado como su Director Superior, el máximo cargo que pudo alcanzar un civil durante este gobierno. Para Delgado, el Sinamos no solo significaba la superación del esquema tradicional de los partidos políticos, sino que significaba también el aporte autónomo y totalmente nuevo que la “revolución peruana” le daba al Tercer Mundo. Por ende, rechazaba las acusaciones que tildaban a este laboratorio como “la aplanadora” 237, una especie de partido del gobierno:

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Roca-Rey, La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) (Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos/ Instituto de Estudios Peruanos, 2016), 71. 236 José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 169. 237 Al grupo de intelectuales colaboradores del régimen, quienes más tarde se agruparían en el Sinamos, se le conoció como “la aplanadora”, apelativo que les puso un periodista en 1971 por componer una suerte de “aplanadora intelectual”. Béjar, Héctor, «Carlos Franco.», en Carlos Franco, Emma Zeballos, ed. (Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, 2012), 23.

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No es una institución permanente sino transitoria; no es una institución que expropia la capacidad de decisión del pueblo para hablar en su nombre, sino se plantea como una institución transferidora del poder de decisión, es decir, del poder político; no es una institución que se introduce en las instituciones de una determinada clase o grupo social para dirigirlas, sino que se sitúa, si ustedes quieren visualizarlo, fuera de las instituciones para colaborar y contribuir a que ellas se expandan, se fortalezcan, se solidifiquen, crezcan y se desarrollen.238

Admite que las personas que conformaban el Sinamos pertenecieron a algún partido político anteriormente, pero que a partir de su entrada al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada plantearon la creación de una organización completamente nueva. A su vez, Carlos Delgado definía al Sinamos como una institución que se encargaba de promover y fomentar la participación real de los trabajadores y todos los sectores de la población en la política del país, desde una lógica de autogestión.239 Por esos años, los propietarios eran, sin duda alguna, los antagonistas de la revolución peruana y el proceso de reforma agraria; esto se podía apreciar tanto en la propaganda del gobierno militar como en su retórica. En uno de sus discursos en Cusco en 1971, Velasco proclamaba con firmeza: “Los gobiernos anteriores defendieron los intereses de los oligarcas y gamonales. Por eso nunca hubo justicia para el pueblo. Ahora, el pueblo está con la revolución. Y nuestros adversarios son quienes hasta hace tres años disfrutaron del poder. Son ellos los que constituyen el sector antirrevolucionario, que se opone a la transformación del Perú y al afianzamiento de la justicia social en nuestra patria”. 240 Esta retórica definía la orientación política agraria principal del gobierno en aquel periodo. Sin embargo, un problema aparentemente ya resuelto se les estaba escapando de las manos: habían llegado noticias de un nuevo enfrentamiento en Huando. En Lima, bajo el techo del Palacio de Gobierno, el Consejo de Ministros exponía el problema: “El Sindicato se ha declarado en huelga por el despido de una mujer y esta mañana se ha producido un enfrentamiento con la policía del que ha resultado 1 herido de ésta y 4 238

Delgado, Carlos, Revolución peruana: autonomía y deslindes (Lima: Studium, 1975) 144. Véase el libro Revolución peruana: autonomía y deslindes, Carlos Delgado (1975), donde sintetiza y define los principios y principales objetivos políticos del Sinamos. 240 Oficina Nacional de Información, Velasco: la voz de la revolución: discursos del Presidente de la República General de División Juan Velasco Alvarado (Lima: Participación, 1972), 178. 239

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trabajadores; que los campesinos de Huaral van a hacer una marcha a Huando en apoyo del Sindicato; que si se deja pasar esto se va a tener una imagen distorsionada de la revolución (…)”.241 De la misma manera, una vez enterados del problema, el gabinete discutía sus distintas apreciaciones sobre el conflicto. El Ministro del Interior, en ese entonces el general Pedro Richter, exponía con preocupación sobre la presencia de líderes izquierdistas en la huelga de los trabajadores de Huando, tales como Ricardo Letts, Jacqueline Lobatón (viuda del ex guerrillero Guillermo Lobatón) y Hugo Blanco. Por su parte, el Ministro de Agricultura, el general Enrique Valdez, reducía la importancia del caso y sostenía que el conflicto se estaba dando casi por un capricho del sindicato, quienes, a los ojos del ministro, eran una minoría de los trabajadores. Desde esa misma posición, el teniente general Pedro Sala, Ministro de Trabajo, culpaba a Zózimo Torres de ser el causante de los disturbios. Estos argumentos no eran para nada compartidos por el jefe del Sinamos, el general Leonidas Rodríguez, quien estaba al tanto de las peripecias de la hacienda huaralina y defendía el accionar del sindicato. Velasco, cauteloso en su asiento tras escuchar a los ministros, ordenó a Rodríguez, Richter y dos coroneles que viajen a la hacienda y hagan un informe sobre las razones de los reclamos.242 Cabe resaltar que era el Consejo de Ministros (gabinete) el organismo de gobierno principal que determinaba las medidas gubernamentales y no la Junta Militar, que más bien representaba la coordinación oficial de los comandantes generales de las tres instancias armadas.243 Las reuniones del Consejo de Ministros comenzaban, generalmente, a tempranas horas del día. Primero aprobaban el acta de la sesión anterior (el general Arturo Valdés Palacio se encargaba de la redacción de las actas) y procedían con el inicio de la sesión, la cual, dependiendo de la coyuntura, podía prolongarse durante largas horas del día. También debe destacarse que los borradores de las actas del Consejo de Ministros son una fuente sumamente importante para el estudio de este gobierno. Contienen una riqueza de información esencial porque manifiestan los debates internos y confidenciales de los militares gobernantes en un momento de transformación del país.

241

Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 17 de agosto de 1971. Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 17 de agosto de 1971. 243 Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 15-25. 242

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Al analizar las discusiones internas de estas sesiones, también se pueden distinguir las diferentes tendencias políticas de los oficiales del régimen. En la década de 1980, la politóloga Liisa North explicaba en un estudio cómo se dividían las tendencias ideológicas dentro del gobierno militar. El ala más progresista o más cercana a las ideas de izquierda estaba presente en las oficinas del Sinamos o en las coordinaciones con los agricultores de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y lo encabezaban, justamente, Leonidas Rodríguez Figueroa y Jorge Fernández Maldonado, quienes estaban a favor de una mayor distribución de los ingresos y de establecer alianzas con las organizaciones sociales y políticas, mientras que en el sector más conservador se ubicaba Javier Tantaleán Vanini, líder del corporativista Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) o Rudecindo Zavaleta (jefe del Sinamos desde 1974 hasta su desactivación), quienes promovían una relación paternalista y autoritaria con las organizaciones de base. La gran mayoría de oficiales, de acuerdo a North, se ubicaban en el centro político.244 Los años de pugnas políticas más candentes durante la reforma agraria evidencian notoriamente estas disputas. Por su parte, a su regreso de Huando, la comisión de gobierno enviada por Velasco relataba sus informes. El Ministro del Interior detalló los hechos ocurridos y aclaró que, en efecto, los trabajadores de la hacienda Huando se encontraban divididos: los que estaban a favor de la huelga del sindicato –los “rojos”– y los que defendían a los Graña – los “amarillos”–; además, informó que los trabajadores aún no levantaban la huelga:

El ataque al local del Sindicato fijé [sic] realizado por los trabajadores y no fue controlado por la policía a pesar de estar presentes. Que por las conversaciones sostenidas con trabajadores de ambos bandos, hay una situación crítica entre ellos, lo que debe merecer una atención muy especial. Que les hizo un llamado a la concordia y el Sindicato prometió convocar a una Asamblea y proponer el levantamiento de la huelga, pidieron garantes, se les dio, además de darles para que trabajara toda la gente (…).245

244

Véase North, Liisa, «Orientaciones ideológicas de los dirigentes militares peruanos.» En El gobierno militar: una experiencia peruana, 1968-1980, Abraham Lowenthal y Cynthia McClintock, eds. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1985). 245 Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 19 de agosto de 1971.

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Del mismo modo, el Ministro de Agricultura comunicó que el abogado de los Graña pidió audiencia en tres ocasiones para ver el caso, pero que no lo atendió. Del mismo modo, Leonidas Rodríguez defendió nuevamente al sindicato, remarcó que el plan de los Graña era dividir a los trabajadores de la hacienda y manifestó su preocupación sobre el problema que aquello implicaba:

El Jefe de Movilización Social indicó respecto a los sucesos de Huando que al parecer el plan de los dueños de la Hacienda, era dividir a los trabajadores en 2 grupos, que de más de 20 heridos, casi la totalidad son del Sindicato y del grupo de los Graña solo tres. De los 2 locales, el de los trabajadores de Graña ha sido protegido, mientras el del Sindicato ha sido destruido ante la imposibilidad de la policía; que a pesar de estar los Graña entre los trabajadores, y de ver que estaba un Ministro y él, no se acercaron a saludarlo, por lo que esta mañana que ha ido Antonio Graña a verlo a su oficina, se ha negado a recibirlo (…). Lo significativo es que hay antagonismo entre el grupo de trabajadores y se va a dificultar por ello la Reforma Agraria. 246

La maniobra violenta de los Graña les resultó un punto en contra, pues nada le agradó al gabinete que se reactivara el conflicto en Huando. De esta manera, las contradicciones políticas dentro de la institución armada se volvían notorias y el conflicto por la hacienda fue adquiriendo un protagonismo especial. Después de esto, apoyaron decididamente al sindicato. En marzo de 1972, ya expropiada la hacienda de naranjas, el Consejo de Ministros discutía sobre los avances de la reforma agraria. Apagar el incendio en Huando podría significar una victoria contundente, un golpe de gracia. Por eso, acordaron darle una “solución revolucionaria” de una vez por todas: “el Señor Presidente recordó que para el 28 de julio el equipo tiene que presentarse al público, que el efecto debe verse algunas soluciones revolucionarias, por ejemplo Huando”.247 En esta reunión de Consejo de Ministros el 26 de marzo de 1972, más allá de revisar algunos temas correspondientes al Ministerio de Trabajo y sobre política exterior (una llamada que recibió Velasco del presidente chileno Salvador Allende sobre la crítica situación de su país), el problema que más se abordó en toda la reunión consistió en

246 247

Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 19 de agosto de 1971. Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 14 y 26 de marzo de 1972.

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debatir el modo en que se organizaría la producción de la tierra en Huando después de la expropiación. A continuación, el Ministro de Agricultura, general Enrique Valdez, presentó tres alternativas sobre la mesa para la organización de la hacienda luego de la expropiación y el gobierno optó por la más radical: la entrega de tierras a los trabajadores agrícolas, organizados ahora en una cooperativa autogestionaria.248 Esta conclusión sintetizó muchas resoluciones similares a lo largo del país. En abril de ese mismo año, los Graña se marcharon de Huando para siempre. Intentaron quedarse con el 20 % que les correspondía según la ley, pero, de acuerdo al testimonio de Betty González, quien se convirtió en dirigente de la cooperativa de Huando en 1975, el sindicato luchó para que no se les diera ninguna parcela a los propietarios, como se vio con mayor detalle en el cuarto capítulo.249 Este fue un caso excepcional, ya que la mayoría de propietarios peruanos conservó, en el peor de los casos, la casa hacienda. El hecho de que el sindicato de Huando haya obtenido hasta la adjudicación de la ex casa de los Graña, contenía un detalle simbólico relevante en el proceso de reforma agraria: los trabajadores habían impuesto su lucha y condiciones políticas incluso sobre la normativa legal, como se pudo analizar en el capítulo anterior.

248

Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 14 y 26 de marzo de 1972 Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 26. 249

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El jefe del Sinamos, general Leonidas Rodríguez Figueroa, dando las felicitaciones a Zózimo Torres por la adjudicación de Huando. En el centro, sentado y con lentes oscuros, observa Benjamín Samanez Concha, Director General de Reforma Agraria. Huaral, 29 de junio de 1973 (Fuente: Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres, Burenius, 2001).

Los terratenientes, poco a poco, quedaron solos contra un abismo: la “revolución peruana”, el contexto radicalizado y las exigencias políticas del campesinado los habían arrinconado hasta perder la mínima legitimidad. De hecho, también estaban perdiendo sus propiedades, su más elemental recurso económico y de poder. Cabe recordar que, con la confiscación de los complejos agroindustriales de los antiguos “barones del azúcar” del norte en 1969 –los propietarios del campo más poderosos hasta ese entonces–, la clase hacendada estaba en la batalla por la reforma agraria sin su agente político-económico más representativo desde los primeros meses del proceso. Además de lo mencionado, el carácter elitista de la SNA fue un obstáculo para que los propietarios resistan la reforma agraria a través de un frente unido: “A diferencia de Chile, donde los terratenientes formaron sus propias organizaciones para resistir la reforma agraria, en Perú, por lo general, los hacendados buscaron soluciones particulares para sus 107

propios casos”.250 Por ello, el 12 de mayo de 1972, cuando el gobierno velasquista ordenó la liquidación de la Sociedad Nacional Agraria, justo cuando dicha asociación demandó que los funcionarios del gobierno no ingresen a sus propiedades251, la clase propietaria no representó un mayor problema o una oposición considerable a tal acción para el gobierno. A su reemplazo, el gobierno creaba la Confederación Nacional Agraria (CNA) en 1974, que al cabo de un tiempo lograría ser la central campesina más importante a nivel nacional, con más de medio millón de afiliados. En contraposición a esta organización, ya existía años antes la Confederación Campesina del Perú (CCP), la cual protagonizó una postura de oposición de izquierda al gobierno militar, pero con el fin de conseguir la radicalización del proceso agrario, en alianza con algunos partidos de izquierda como Vanguardia Revolucionaria (VR) o el PCP-Bandera Roja.252 La poderosa y aristocrática oligarquía rural estaba siendo desplazada de la historia, y ese espacio estaba siendo reemplazado por el campesinado y proletariado agrícola, quienes ahora estaban asociados en cooperativas para la producción. Por ende, se puede apreciar que en la etapa 1971-1973 el gobierno militar dio un giro radical en el manejo de la reforma agraria, donde la resolución del caso de Huando fue un determinante impulso: se anularon las parcelaciones privadas en distintas partes del país, se expropiaron las respectivas haciendas y, en su lugar, se establecieron cooperativas autogestionarias. También es menester recordar que, de forma paralela, se creó el Sinamos en junio de 1971 y la SNA fue liquidada en mayo de 1972. 253 Asimismo, de

250

Cant, Anna, «Representando la revolución: la propaganda política del Gobierno de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975).» En Imaginando América Latina: historia y cultura visual, siglos XIX al XXI, Óscar Sven Schuster y Daniel Hernánde Quiñones, eds. (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017), 309. 251 Pease, Henry, Perú: cronología política, 1968-1973, (Lima: DESCO, 1974), LII; Béjar, Héctor, La revolución en la trampa (Lima: Socialismo y Participación, 1976), 23. Por otro lado, la supresión de la SNA no generó mucha respuesta por parte de los asociados debido a la debilidad política y económica por la que atravesaban los propietarios en aquel periodo y también por el miedo a más represalias: la posibilidad de perder las hectáreas que habían podido conservar hasta ese entonces. Eguren, Fernando, «La reforma agraria en el Perú.», Debate Agrario, nº 44 (2009): 71. 252 Heilman, Jaymie, «A fuego y sangre. La Confederación Campesina del Perú y el régimen de Velasco.», en La revolución peculiar: repensando el gobierno militar de Velasco, Carlos Aguirre y Paulo Drinot, eds. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018), 219-220. 253 Este periodo progresista o radical del régimen no solo se expresó en la reforma agraria. Una de las primeras medidas fundamentales del gobierno en esta etapa de radicalización en los primeros años de los setenta, fue la promulgación de la Ley General de Industrias en 1970, la cual establecía la creación de la Comunidad Industrial. La ley alteraba drásticamente la dinámica entre el empresariado industrial, el

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acuerdo a los cifras citadas en el libro de Matos Mar y Mejía, los números de haciendas expropiadas desde 1970 a 1973 aumentaron considerablemente: 391 en 1970, 478 en 1971 (año de la anulación de las parcelaciones privadas y del fin de la huelga en Huando), para pasar a 1732 haciendas en 1972 (año de la liquidación de la SNA) y 2446 en 1973. 254 Sin embargo, como se pudo analizar en el capítulo anterior, esta radicalización se encontró con obstáculos. En 1973, medianos y pequeños propietarios en zonas del sur, centro y norte del país se organizaron con el fin de responder a las hostilidades del Sinamos en las regiones y tratar de impedir el mayor temor: “no permitiremos que se nos corporativice a la fuerza (…) no queremos más patrones que nosotros mismos”, decía uno de los comunicados de los recientemente creados Comités de Defensa de la Pequeña y Mediana Propiedad, los cuales fueron publicados en los diarios El Comercio, Correo y La Prensa.255 Este movimiento de propietarios llevó al gobierno militar a realizar dos acciones: por un lado, ceder en algunas demandas puntuales que exigían los propietarios, como la anulación de elecciones de la Liga Agraria de Arequipa; y, por otro, buscar un respaldo en la movilización popular campesina ante la respuesta de la derecha. A este llamamiento de apoyo al gobierno respondieron, en 1973, los trabajadores agrícolas de Cajamarca, como también de la provincia de Huancabamba y otras partes de Piura, en coordinación con el Sinamos.256 Mientras que en la provincia de Lima, la CAP-Huando encabezó estas manifestaciones de apoyo y sacó un pronunciamiento en contra de la “derecha oligárquica” y en defensa de la reforma agraria. 257 El Gobierno Revolucionario se vio obligado a frenar la ola de radicalizaciones en la reforma por la reacción de los

proletariado urbano y el Estado, al establecer que toda empresa que cuente con más de seis trabajadores y que su ingreso bruto fuera mayor a un millón de soles, debía repartir al menos el 10 % de la renta entre los trabajadores en partes iguales, de acuerdo a los meses trabajados. Después de cuatro años del establecimiento de la Comunidad Industrial, esta llegó a incluir un total de 199 070 trabajadores. Alberti, Giorgo, Estado y clase: la comunidad industrial en el Perú, (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1977), 13-15. 254 Véase el cuadro de cifras de las Oficinas de Programación y de Contratos de la Dirección General de Reforma Agraria, en José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 171. 255 Mejía, José, Una coyuntura del proceso de reforma agraria: la movilización de los pequeños y medianos propietarios de 1973 (Lima: Tesis de Bachillerato en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1973), 34-37. 256 Mejía, José, Una coyuntura del proceso de reforma agraria, 56-59. 257 Mejía, José, Una coyuntura del proceso de reforma agraria, 61-62.

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propietarios, pero no dio marcha atrás en sus principales medidas que ya había tomado contra la élite rural. No obstante esta reacción, con la eliminación de la posibilidad de realizar parcelaciones privadas, en base al Título IX de la ley 17716, en 1971 y la radicalización del gobierno velasquista en la conducción de la reforma agraria, se cerró la última posibilidad de acción política relevante para los propietarios: la opción de intervenir directamente en los cambios rurales durante el proceso de transición de un sistema de hacienda a un país capitalista de pequeños propietarios y con una tendencia progresiva hacia la urbanización.258 A partir de entonces, fueron los movimientos campesinos, en diálogo u oposición al Estado peruano, los que decidirían el rumbo político y el manejo de la producción en el campo. Las acciones de los propietarios que aún conservaban sus haciendas o algunas parcelas –en su mayoría gamonales en la sierra– se limitaron a resistir o intentar evadir sin mucho éxito la reforma agraria (como fue el caso de las tomas de tierras de Andahuaylas en 1974), mas no a proponer y menos a administrar la producción o adjudicaciones de tierras. El papel político de liderazgo de la clase terrateniente en esta parte del proceso estaba prácticamente culminado. En el proceso de transformación social y transición de una sociedad feudal y tradicional a una sociedad capitalista existen distintos caminos. El marxismo, por ejemplo, puso énfasis en dos: la “vía junker” (vía terrateniente) y la “vía farmer” (vía campesina). En el prefacio a la segunda edición de su libro, El desarrollo del capitalismo en Rusia, escrito en 1907, Lenin sintetizaba estos dos rumbos de transición: la “vía junker” consistía en el desarrollo de la producción capitalista en el campo, por medio de la transición de la gran propiedad señorial y pre capitalista a una gran propiedad productiva capitalista, bajo la dirección de los mismos propietarios privados; en cambio, la “vía farmer” o “vía revolucionaria” cambiaba radicalmente el orden estructural del campo, destruía la gran propiedad señorial, la cual era reemplazada por la pequeña propiedad y la pequeña empresa agrícola.259

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Mientras el campo experimentaba todos estos procesos de cambio, se debe tomar en cuenta que, de acuerdo a las cifras de los censos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 1972 fue la primera vez que la población rural del Perú fue superada por la población que vivía en las ciudades. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1136/libro.pdf 259 Lenin, Vladimir, El desarrollo del capitalismo en Rusia (Moscú: Editorial Progreso, 1981), 13-17.

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El proceso peruano de transición al capitalismo fue muy complejo y tuvo un amplio recorrido por ambas vías: desde la modernización de los fundos costeños y de la sierra central o las ventas de tierras por parte de los mismos propietarios (vía terrateniente)260 hasta la insurrección cusqueña de campesinos arrendires en La Convención y las tomas de tierras campesinas en la sierra del país (vía campesina). El proceso peruano también tuvo un fenómeno intermedio: una suerte de vía bonapartista de transición al capitalismo con el gobierno velasquista, el cual, en un primer momento, apostó, aunque de manera parcial, por una pequeña dosis de “vía junker” con el Título IX de la ley de Reforma Agraria; luego, por la “vía farmer” después de la radicalización de la ejecución de la reforma en el periodo 1971-1973, el fin del régimen de servidumbre en el campo años después y la parcelación definitiva de la mayoría de cooperativas en las décadas de los ochenta y noventa. La “vía junker” en el Perú llegó a su fin en su última expresión con la anulación de las parcelaciones privadas del Título IX en 1971, debido a la fuerte presión sindical agraria y campesina y a la decisión del mismo gobierno militar. De la misma manera, el proceso de Huando expresa también las dos vías de transición de una sociedad pre capitalista y jerárquica rural al capitalismo moderno: por un lado, la vía terrateniente, con la modernización de la hacienda que emprendió la familia Graña (la expulsión de los yanaconas y la culminación del trabajo pre capitalista, la inversión de capitales y la exclusividad de mano de obra asalariada); por otro, la vía campesina, con la victoria del sindicato de trabajadores agrícolas de Huando, quienes terminaron administrando la propiedad de la tierra de manera asociativa después de la reforma agraria, para finalmente parcelar la cooperativa muchos años después, en 1992. Por otra parte, es importante resaltar los vínculos y nexos políticos que se establecieron entre sindicalistas de Huando y agentes específicos del régimen militar. Zózimo Torres narraba en su libro de memorias que lleva un grato recuerdo de los generales progresistas, en especial del presidente Juan Velasco Alvarado, con quien el sindicalista no oculta sus simpatías.261 “Velasco fue el único presidente de la era republicana que se identificó con los pobres y la clase trabajadora”, me confesó Zózimo en una entrevista. Asimismo,

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Eguren, Fernando, «La reforma agraria en el Perú», Debate Agrario, nº 44 (2009): 68. Burenius, Charlotte, Testimonio de un fracaso: Huando, habla el sindicalista Zózimo Torres (Lima: Instituto de Estudios Peruanos 2001), 80-101. 261

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mencionó que tuvo puntos en común con el Sinamos y una relación de amistad muy estrecha con el general Leonidas Rodríguez Figueroa, Jefe del Sinamos.262 Otro de los ministros que estuvo al tanto del conflicto, y en defensa del sindicato de Huando contra los Graña, fue Jorge Fernández Maldonado.263 A pesar de ser Ministro de Energía y Minas, también ha sido identificado como uno de los oficiales radicales por sus diversas posturas políticas a lo largo del gobierno y, posteriormente, por ser uno de los fundadores –junto a Leonidas Rodríguez– del Partido Socialista Revolucionario (PSR), el partido velasquista de izquierda fundado en 1976, integrado en su mayoría por ex oficiales y civiles que estuvieron en el gobierno velasquista. Este partido formó parte del frente de Izquierda Unida (IU) en la década de 1980. Por su lado, Héctor Béjar, ex guerrillero y antiguo colaborador del gobierno militar de Velasco, recuerda que existía un vínculo directo entre los dirigentes sindicales de Huando con los oficiales radicales, en especial con Leonidas Rodríguez: “en más de una ocasión, Zózimo Torres, acompañado de otros sindicalistas, llegaban a las oficinas del Sinamos para solicitar reuniones y estas eran concedidas”.264 Este nexo entre los oficiales progresistas y el Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando se fue fortaleciendo en el transcurso de la reforma agraria, incluso cuando se instauró la cooperativa en Huando. La cuestión para resolver es la siguiente: ¿por qué Leonidas Rodríguez y Fernández Maldonado fueron los dirigentes militares que más apoyaron a la lucha del sindicato de Huando? Más allá de ser unos de los oficiales ideológicamente más radicales del gobierno, el origen social de ambos no estaba vinculado a las élites económicas o a sectores sociales acomodados –Leonidas Rodríguez provenía de una familia campesina cusqueña y no es casualidad que haya liderado el proceso de radicalización agraria–, por lo que se identificaron más rápido con las causas de los sectores populares durante la primera fase del GRFA. Asimismo, vale recordar que ambos recibieron influencias de la rama progresista de la Iglesia Católica y de obispos vinculados a la Teología de la Liberación. También colaboraron o pertenecieron al Servicio de Inteligencia en los años sesenta, durante la represión a las guerrillas comunistas, donde presenciaron la situación

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Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 29 de enero de 2019. 263 Véase Herrero-Velarde, La reforma agraria en el Perú (Sin editorial, 1972). 264 Héctor Béjar (ex trabajador del Sinamos). Entrevista, 24 de mayo de 2018.

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social del campesinado en las haciendas.265 Ellos, junto a los trabajadores y dirigentes civiles del Sinamos, fueron los que más apoyaron y favorecieron la causa del sindicato de Huando desde sus posiciones en el gobierno. Del mismo modo, muchos civiles y ex militantes políticos ocuparon cargos importantes en el gobierno militar. Estaban presentes, principalmente, en el Sinamos. Esta organización, creada en 1971, si bien estaba liderada por el general Rodríguez, poseía bastante autonomía en las decisiones políticas respecto al gobierno central.266 De acuerdo a Béjar, quien trabajó en el Sinamos, este organismo estaba integrado por un menú de distintas canteras políticas: un sector provenía de antiguos militantes del Partido Comunista o vinculados a la guerrilla de los sesenta –como Carlos Franco o el propio Béjar–, otros provenían del ala radical de la Democracia Cristiana –como es el caso de Francisco Guerra García– y también estaban presentes un conjunto de empleados que trabajaban en la burocracia desde la formación de Cooperación Popular en el gobierno de Belaunde.267 Adicionalmente, es importante destacar un personaje en particular, ya mencionado en páginas anteriores: Carlos Delgado Olivera. Era Director Superior del Sinamos, el máximo cargo civil dentro de dicha institución, y también asesor del presidente. De hecho, se sabe que Delgado redactó gran parte de los numerosos discursos de Velasco. Provenía de las filas del APRA, pero hacía tiempo que se había decepcionado del partido de la estrella por su acercamiento a la oligarquía, principalmente durante la década de 1960. Ese hecho lo había desilusionado del sistema de partidos en su conjunto, incluyendo a los vinculados al comunismo soviético. Esta postura anti partido fue compartida por los dirigentes militares y, sobre todo, por Velasco: esto explica también la creación del Sinamos y la resistencia del gobierno a crear un partido político de la “revolución peruana”.268 Y si bien Carlos Delgado consideraba que el modelo peruano era una creación autónoma y sin subyugaciones a ninguna potencia, sí existió un país que influyó claramente en las 265

El impacto de la explotación del campesinado en las haciendas y las guerrillas comunistas de los sesenta en los militares peruanos ha sido abordado en el capítulo 2. 266 Cant, Anna, «Impulsando la revolución: Sinamos en tres regiones del Perú.» En La revolución peculiar: repensando el gobierno militar de Velasco, Carlos Aguirre y Paulo Drinot, eds. (Lima: Insituto de Estudios Peruanos, 2018), 286-287. 267 Héctor Béjar (ex trabajador del Sinamos). Entrevista, 24 de mayo de 2018. 268 Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 40-45.

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propuestas de “la aplanadora” (como se le llamaba al Sinamos). Los sinamistas encontraron en la Europa del Este no soviética una línea política viable para el Perú: la Yugoslavia de Tito. Este país había tomado distancias de la URSS apenas años unos después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Tras esto, Yugoslavia había desarrollado un socialismo autogestionario, con un masivo establecimiento de cooperativas de producción. Esta influencia política directa en las cooperativas agrarias peruanas está bien explicada en el libro de Delgado El proceso revolucionario peruano: un testimonio de lucha (1972), donde también polemiza con varios detractores del régimen. Delgado valoraba en el socialismo de Yugoslavia –a pesar de que dicho país era gobernado por un partido comunista– su discrepancia con el bloque soviético, a raíz de la ruptura que se dio entre Tito y Stalin en 1948, y la aplicación de un sistema autogestionario y libertario: “de todas las revoluciones europeas hechas en nombre del marxismo sólo la yugoslava constituye excepción en este campo, porque solo ella ha enfrentado y en gran parte ha resuelto el problema de garantizar la efectiva participación de los trabajadores y el pueblo en los distintos niveles de decisión dentro de la sociedad”.269 Sin embargo, llama la atención que no haya ningún registro de algún viaje de Carlos Delgado hacia Yugoslavia; muy probablemente su admiración consistió en sus lecturas de libros teóricos y noticias sobre el país de los Balcanes. De todos modos, la relación diplomática entre el gobierno militar peruano y Yugoslavia fue bastante cordial. En el contexto de la disputa política y diplomática entre el Perú y los Estados Unidos, principalmente en 1973, el GRFA buscó profundizar las relaciones con los países socialistas y la ayuda económica que estos podían proveer. Entre estos, Yugoslavia financió algunos proyectos agropecuarios en el Perú, como el de irrigación Chira-Piura, aunque el financiamiento yugoslavo no cumplía con las altas expectativas económicas que tenían los militares peruanos. 270 El 24 de abril de 1973, el Consejo de Ministros aprobó la visita oficial del canciller yugoslavo a Lima en junio, donde también se reuniría con los demás embajadores yugoslavos de América Latina.271

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Delgado, Carlos, El proceso revolucionario peruano: testimonio de lucha (Ciudad de México: Siglo Veinteuno Editores, 1972), 29. 270 Santistevan, Alejandro, Entre el nacionalismo y el peso del dólar: Perú y Estados Unidos durante el gobierno de Juan Velasco (1968-1975) (Lima: Tesis de Licenciatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018), 92. 271 Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 24 de abril de 1973.

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Dicho esto, la pregunta que surge es hasta qué punto los oficiales del régimen militar peruano aceptaron las ideas que postulaba Delgado respecto al socialismo. Al parecer, basándonos en las discusiones internas que figuran en los borradores de las actas del Consejo de Ministros, los dirigentes militares –al menos, refiriéndonos de manera general a los oficiales integrantes del gabinete militar– entendían las ideas revolucionarias en función a su nacionalismo. Sin embargo, las políticas del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada también fueron diseñadas y aplicadas por civiles e intelectuales del régimen (gran parte de estos agrupados en el Sinamos), y este sector presentaba sus propias concepciones y fórmulas revolucionarias. Carlos Delgado enfatizaba en la necesidad de situar al proceso revolucionario autónomo peruano con el del resto del mundo. Por razones evidentes, no cabía inscripción posible al área de influencia norteamericana, pero tampoco en el bloque soviético. El asesor de Velasco inscribía al proceso peruano dentro de la “tradición socialista, dentro de la tradición libertaria, dentro de la tradición humanista”: factores que, según él, lo distinguían de otros modelos socialistas o comunistas, como el marxismoleninismo.272 En ese sentido, para Delgado el gobierno peruano tenía que manejar su autonomía conjuntamente con los procesos revolucionarios del Tercer Mundo y no del mundo occidental o tradicional. Dentro de esa lógica, tras una serie de discusiones entre intelectuales civiles y los dirigentes militares, surgió el modelo de “Democracia Social de Participación Plena”. El Sinamos buscaba que todos los sectores de la sociedad se politizaran, con el objetivo de que exista una participación política extendida, desde el establecimiento de grupos de trabajo a nivel barrial y zonal.273 En un reciente artículo de Mijail Mitrovic sobre la “utopía velasquista”, aparece una cita de Carlos Franco, otro intelectual fundamental del Sinamos, que puede resumir bastante bien los lineamientos de la Democracia Social de Participación Plena: “el predominio de la propiedad social (economía); el ejercicio del poder a través de una red de organizaciones sociales que articule lo local, regional y nacional (política); y un proceso ascendente/descendente, a través de dicha red, que canalice las demandas del pueblo en la estructura institucional (planificación)”. 274

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Delgado, Carlos, Revolución peruana: autonomía y deslindes (Lima: Studium, 1975), 135-136. Mitrovic, Mijail, «Notas sobre la utopía velasquista.», en Mitologías velasquistas: Industrias culturales y la revolución peruana (1968-1975), de Miguel Sánchez, ed. (Lima: Fondo Editorial PUCP, 2020), 7. 274 Mitrovic, Mijail, «Notas sobre la utopía velasquista.», 11-12. 273

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Finalmente, después de consolidar una serie de cambios en la estructura social y económica –como las nacionalizaciones, la reforma agraria o la puesta en marcha de la Comunidad Industrial–, la población debía participar desde distintos sectores de la producción y del poder real, a través de la participación política, ya sean obreros, campesinos, maestros, etc. Un reto que nacía de una innegable utopía y que el gobierno estaba dispuesto a experimentar. “La aplanadora” y el Consejo de Ministros debían encontrar, entonces, mecanismos y puntos en común para llevar a cabo estas propuestas a la práctica. Si bien los dirigentes militares peruanos, y sobre todo Velasco, se negaron a construir un partido de la “revolución peruana” mientras estuvieron en el gobierno, definitivamente el Sinamos cumplió un papel similar al de un partido oficialista, aunque de una manera más compleja: era una suerte de intermedio entre un partido político y un ministerio de gobierno. El objetivo del Sinamos no era, como sus mismos integrantes señalaban, consolidar un movimiento político a largo plazo, sino transferir el poder a las organizaciones sociales de base. No obstante, esta transferencia se vio perjudicada por la relación vertical de los militares con diferentes sectores de la sociedad. Dado que el gobierno y los asesores civiles tenían una postura anti partido y, del mismo modo, no confiaban demasiado en los partidos y gremios de izquierda que mantenían un “apoyo crítico” hacia ellos –como lo hacían el PCP-Unidad y la CGTP–, la relación entre el gobierno militar y las organizaciones sociales y políticas que estaban dispuestas a apoyar a Velasco fue bastante tensa. Para los dirigentes militares no era suficiente recibir apoyo de movimientos políticos o gremios de trabajadores, necesitaban tener la certeza de que estos responderían a los intereses políticos concretos del gobierno. En ese sentido, el régimen comenzó a crear asociaciones o gremios alternos a las organizaciones de base ya existentes. Un ejemplo de ello fue la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), la cual era una competencia directa a la CGTP. Antonio Zapata recalcaba en su último libro esta preocupación y desconfianza del régimen militar hacia las organizaciones civiles: “[Velasco] sostuvo que en el campo laboral tenía que haber solo una confederación, la CTRP (…). Ello muestra que Velasco no estaba pensando en la participación de la CGTP ni de los sindicatos comunistas, que en la práctica eran sus principales aliados en el movimiento popular. (…) La idea de Velasco era un movimiento integrado por quienes lo apoyaban al 100 % y cerrarles la 116

puerta incluso a sus aliados”.275 Esta dosis de autoritarismo y verticalidad que reprodujo el gobierno militar respecto a diversos espacios civiles fue uno de los principales obstáculos de la ejecución de la Democracia Social de Participación Plena y pudo haber sido una de las principales causas de la caída del gobierno. Por otra parte, Neiva Moreira, un periodista brasileño exiliado de la dictadura de su país, quedó estupefacto a su paso por el Perú debido a las transformaciones que se vivían durante el velascato –en contraste con las políticas conservadoras y anticomunistas del régimen militar brasileño– y publicó un libro en 1974 con todas sus apreciaciones personales, titulado Modelo peruano. En uno de sus capítulos, relataba su visita a la recién establecida Cooperativa Agraria de Producción-Huando. Describía con emoción el ambiente revolucionario en la ex hacienda de naranjas, ahora administrada por sus trabajadores. “Huando con la Revolución Socialista, Humanista y Libertaria”, decía uno de los carteles. Al entrevistar a Zózimo, el sindicalista le dejó en claro que la cooperativa apoyaría decididamente al gobierno velasquista y, además, resaltaba el papel que estaba teniendo Huando en la reforma: “No olvidaremos que nuestra lucha está considerada como el símbolo de la Reforma Agraria Peruana. Ese solo hecho nos obliga a esforzarnos en la tarea que nos espera en nuestra cooperativa”.276 En efecto, el gobierno ya había decidido volver la victoria de los trabajadores de Huando como un símbolo pro reforma agraria. Incluso, en 1972, bajo el auspicio de la Oficina de Promoción y Difusión de Reforma Agraria del Sinamos, Federico García Hurtado dirigió una película de no ficción llamada Huando, sobre la lucha del sindicato por la expropiación de la hacienda. De acuerdo al testimonio de Pilar Roca, cineasta quien también trabajó en la dirección de la película, el filme consistía en una reconstrucción de la victoria de los sindicalistas de Huando, donde los mismos trabajadores fueron los actores y actrices. A pesar de su realización, debido a la censura de otras oficinas burocráticas, la película no pudo ser exhibida en los cines, pero sí en televisión nacional.277 Años más tarde fue censurada y la cinta destruida por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez.

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Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 54. 276 Moreira, Neiva, Modelo peruano (Buenos Aires: La Línea, 1974), 232-233. 277 Pilar Roca (cineasta y ex trabajadora del Sinamos). Entrevista, 13 de enero de 2020.

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Durante los primeros años de la cooperativa de Huando (1972-1975), se imprimieron distintos afiches sobre la empresa autogestionaria y, por su fama de “símbolo de reforma agraria”, llegaron como visitantes diversos artistas, escritores y periodistas. 278 El gobierno no dudó en utilizar la victoria de Huando para presentar a la reforma del agro como realmente efectiva y como un suceso que rompía el orden tradicional en el campo para darle la tierra a las masas campesinas, más allá de sus contradicciones con otros procesos rurales en otras partes del país –sobre todo los que estallaron en los dos últimos años del régimen de Velasco (1973-1975) y que no necesariamente acompañaron o apoyaron los objetivos del gobierno. Sin duda, los militares habían encontrado una situación política concreta y simbólica para darle mayor legitimidad a las reformas que estaban realizando en el campo peruano.

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Zózimo Torres (ex sindicalista y dirigente de la cooperativa de Huando). Entrevista, 29 de enero de 2019.

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Mapa

Mapa elaborado por Luis Ribera Segura (2019).

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Conclusiones

La resolución del caso de Huando a favor del sindicato de trabajadores agrícolas de la hacienda marcó una ruptura entre el gobierno militar y la élite terrateniente de los valles de la costa central. La maniobra de la familia Graña en su intento por conservar su hacienda, la huelga sindical en Huando y el alcance político y mediático de esta pugna arrastraron al gobierno velasquista a cambiar sus relaciones políticas con los hacendados de la costa central durante la reforma agraria. Este caso particular afectó directamente a otras haciendas que habían sido parceladas por sus dueños en el mismo valle de ChancayHuaral, como fueron las haciendas de Pasamayo, Caqui y Cuyo. 279 Hacia el año 1974, como consecuencia de la lucha de Huando y después afectar a las haciendas restantes de La Huaca, Palpa, Torreblanca, Jesús del Valle, Boza, San José, Miraflores, Laure, Retes y Jecuán, el gobierno militar estableció trece cooperativas agrarias de producción en el valle administradas por sus ex peones. Fenómeno similar ocurrió en el valle limeño de Huaura-Sayán, donde los sindicatos agrarios, influenciados por la huelga de Huando meses antes, lucharon para lograr la adjudicación de la tierra, hecho que consiguieron en 1973.280 Pero el caso de Huando no solo fue trascendental para terminar con las parcelaciones privadas a nivel local o regional, sino que el gabinete militar –como se pudo revisar en los dos últimos capítulos– decidió ponerle fin a todas las demás parcelaciones privadas que estaban causando problemas políticos en otras localidades de la costa, empezando con 26 casos específicos que fueron mencionadas en la reunión del Consejo de Ministros el 17 de junio de 1971.281 En ese mismo mes, el gobierno decidió culminar con la posibilidad que permitía a los hacendados realizar parcelaciones privadas a nivel nacional, tras modificar ese punto del Título IX. A partir de entonces, la reforma agraria afectaría también a las medianas propiedades sin muchas treguas de por medio. Asimismo, la reforma agraria necesitaba noticias positivas y resultados simbólicos para el campesinado peruano. En ese sentido, la victoria de los sindicalistas huandinos no fue

279

Matos Mar, José, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del Valle de Chancay (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976), 233-234. 280 Bonfiglio, Giovanni, Las empresas de la reforma agraria peruana, 40 años después (Lima: Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, 2019), 164. 281 Borradores de las actas del Consejo de Ministros del gobierno militar, 17 y 22 de junio de 1971.

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desaprovechada por el régimen militar. Después de anular la parcelación privada en la hacienda Huando a raíz de la huelga del sindicato y, en consecuencia, dejar sin efecto la totalidad de las parcelaciones por iniciativa privada a lo largo del país (las cuales se amparaban en el Título IX del D.L. 17716), el gobierno militar decidió ejecutar este caso como una “solución revolucionaria” –término utilizado por el mismo gabinete militar– y utilizar el triunfo de los trabajadores de Huando como un símbolo político antioligárquico durante la reforma del agro. Del mismo modo, esta tesis sostiene que la solución del conflicto por Huando reflejó la radicalización política del gobierno militar en cuanto al manejo de la reforma agraria. Las señales más visibles de este giro político en la reforma del agro ocurrieron desde 1971 hasta 1973: la anulación de todas las parcelaciones privadas –a partir de los conflictos de Huando y Cañete– a nivel nacional, la creación del Sinamos, el establecimiento masivo de cooperativas autogestionarias en las ex haciendas parceladas y la liquidación de la Sociedad Nacional Agraria en 1972, fueron hechos evidentes de este fenómeno de radicalización. De la misma manera, los números de haciendas expropiadas desde 1970 a 1973 aumentaron: 391 en 1970, 478 en 1971 (año de la anulación de las parcelaciones privadas y la victoria del sindicato de Huando), para pasar a 1732 haciendas en 1972 (año de la liquidación de la SNA) y 2446 en 1973.282 No obstante, como se mencionó en los capítulos 4 y 5, se debe tomar en cuenta las limitaciones de este alcance, ya que en 1973 los pequeños y medianos propietarios reaccionaron y se organizaron para hacerle frente a esta nueva ofensiva de la reforma agraria, por lo que el gobierno frenó en las afectaciones (en 1974 se expropiaron casi la mitad de fundos que el año anterior), pero no dio marcha atrás en sus medidas establecidas. Esta radicalización de la política agraria no solo atacó a los grandes propietarios, sino que, por medio de la anulación de las parcelaciones privadas, también afectó a los medianos propietarios, en beneficio de los trabajadores. Además, cabe resaltar que este proceso de radicalización del gobierno militar –el cual se pudo notar al menos hasta 1973, año en que Velasco perdió liderazgo debido a problemas de salud– no solo se vio reflejado en la reforma agraria, sino en distintos frentes, como en la industria (creación de la Comunidad Industrial), el reconocimiento de cientos de sindicatos de trabajadores,

282

Véase el cuadro de cifras de las Oficinas de Programación y de Contratos de la Dirección General de Reforma Agraria, en José Matos Mar y José Mejía, La Reforma Agraria en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980), 171.

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el manejo de la política exterior, entre otros. Sería idóneo analizar y discutir estos procesos en otras investigaciones. Por otro lado, se ha podido revisar cómo la clase terrateniente fue perdiendo legitimidad hasta ver padecer a su máximo organismo de representación, con la liquidación de la Sociedad Nacional Agraria en 1972, mientras el gobierno velasquista avanzaba con una reforma agraria que cada día se mostraba más hostil hacia los propietarios de haciendas. Por su parte, las discrepancias políticas en el interior del gobierno se hicieron evidentes también en torno al planteamiento de la solución para el conflicto de Huando. Los ministros del Interior y Trabajo, y en menor medida el de Agricultura, se mostraban desconfiados u hostiles hacia el accionar del Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando. Pero, por otro lado, el Sinamos, encabezado por el general Leonidas Rodríguez y el sociólogo Carlos Delgado, apoyaba a los sindicalistas e inclinó la balanza para que el gobierno opte por expropiar la hacienda de los Graña y se la entregue a los trabajadores.283 En aquel periodo (1968-1972), se aprecia una cierta hegemonía política interna del sector progresista de los militares, la cual también se vio reflejada en el manejo de la reforma agraria. Otra característica que vuelve bastante particular al proceso histórico de Huando radica en que la historia de esta hacienda contiene las dos vías de transición de una sociedad jerárquica y pre capitalista al capitalismo moderno: la vía terrateniente, con la modernización de los Graña en las primeras décadas del siglo XX, y la vía campesina, con la victoria del sindicato de Huando en la década de los setenta. No debemos olvidar que a inicios del siglo pasado la hacienda Huando todavía contaba con trabajadores que laboraban bajo un régimen de trabajo no asalariado, como los yanaconas, quienes, sin embargo, fueron indemnizados por los Graña y retirados de su propiedad en la década de los cuarenta. De esta manera, y a partir de entonces, Huando solo contaba con mano de obra asalariada. La familia Graña también convirtió a la hacienda en una empresa con un modelo de “sociedad anónima” (despersonalización de la propiedad) e invirtieron una serie de capitales en la producción agrícola con el fin de modernizar la empresa (“vía junker”).

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En efecto, la política reformista de los cuatro primeros años del gobierno militar estuvo caracterizada por el sello ideológico de los oficiales de la izquierda militar, quienes contaron con la confianza de Velasco. Zapata, Antonio, La caída de Velasco: lucha política y crisis del régimen (Lima: Penguin Random House, 2018), 249.

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Posteriormente, durante la reforma agraria de los militares en la década de 1970, la tierra fue adjudicada a los trabajadores de Huando, quienes manejaron la producción de la ex hacienda directamente desde 1972 (“vía farmer”), por medio de una cooperativa, hasta la parcelación de esta en 1992. Por ello, este proceso estudiado nos permite entender que la "reforma agraria más radical de América Latina" no fue en esencia demasiado radical por la intención inicial de los dirigentes militares, quienes en un primer momento, en 1969, después de afectar a los grandes latifundistas del norte, plantearon una serie de cláusulas o excepciones a la ley que de alguna manera favorecían parcialmente a los medianos y pequeños propietarios. Como se pudo revisar anteriormente, esta tregua terminó por la presión del sindicalismo agrario y el campesinado, la cual impulsó a los militares a radicalizar la reforma agraria. Al igual que muchos procesos en la historia, la reforma agraria no se desarrolló ni culminó en los términos que se pensó inicialmente en 1969. De hecho, sin el empuje del movimiento agrario, como el que se dio en Huando y en otras partes del país en distintos momentos, Perú no hubiese sido escenario de la “reforma agraria más radical del continente”. Dicho esto, no obstante, es importante recordar también que la reforma agraria de 1969 no comenzó por ningún motivo con benevolencia, sino más bien afectando al “espinazo de la oligarquía rural” con la expropiación de los latifundios industriales de la costa norte. Entonces, de forma evidente, más allá de la tregua con los medianos y pequeños propietarios por medio el Título IX, también existió una intención por parte del mismo gobierno militar en transformar las estructuras rurales. Esta intención política no se hubiese llevado a cabo sin los procesos de cambio que ocurrieron en el Ejército en décadas anteriores al golpe militar de 1968. En el primer capítulo se analizaron los cambios académicos, ideológicos y sociales en el Ejército peruano, tales como el desarrollo de la doctrina de la “Guerra Total”, la cual señalaba la urgencia de un desarrollo industrial para los intereses de defensa del país en oposición a los intereses de la burguesía agroexportadora284, los numerosos cambios curriculares en las escuelas militares y la entrada de nuevos grupos sociales al Ejército provenientes de sectores medios y populares. Todos estos fenómenos definieron una

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Rodríguez Beruff, Jorge, Los militares y el poder: un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 19481968, (Lima: Mosca Azul Editores, 1983), 237-238.

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nueva posición política militar: nacionalista y antioligárquica. Cabe mencionar también, como señalamos en el segundo capítulo, que la influencia de la doctrina social cristiana en el Ejército y el impacto de las guerrillas comunistas de los sesenta fueron determinantes en la ruptura definitiva entre los militares y la oligarquía rural. Hacia los años sesenta, el Ejército ya no era el mismo de las décadas anteriores y se vio en la necesidad de actuar, desde su propia concepción castrense del país, frente a la crisis del sistema de hacienda. Esta crisis se evidenciaba a través, y principalmente, de las masivas migraciones del campo a la ciudad y de las grandes tomas de tierras por parte del movimiento campesino hacia las propiedades privadas. Por otra parte, se pudo revisar que los dirigentes militares que estuvieron dispuestos a optar por medidas más radicales en las reformas del régimen –como Leonidas Rodríguez Figueroa y Jorge Fernández Maldonado, los principales oficiales del sector de la izquierda militar en el gobierno– tuvieron un origen social desvinculado de las grandes clases propietarias (por ejemplo, Leonidas Rodríguez creció en el seno de una familia campesina quechuahablante). Este hecho puede explicar por qué fueron ellos los militares que más apoyaron las demandas de los sectores populares. Es más: Leonidas Rodríguez, como Jefe del Sinamos, ciertamente estuvo a la cabeza en la etapa de radicalización de la reforma agraria. Estos oficiales fueron justamente los dirigentes más cercanos al sindicato de Huando y quienes inclinaron la balanza –desde sus posiciones en el Estado– para la victoria de los sindicalistas. Aunque no se debe olvidar otros aspectos formativos de estos militares que fueron cruciales para definir su orientación política. Ambos oficiales recibieron influencias de la rama progresista de la Iglesia Católica y de obispos vinculados a la Teología de la Liberación. También pasaron por el área de Inteligencia del Ejército en los sesenta, cuando tuvieron que reprimir las guerrillas comunistas (al mismo tiempo que pudieron ver de cerca las condiciones de vida del campesinado en las haciendas). Posteriormente, Rodríguez y Fernández apoyaron a los movimientos de trabajadores y campesinos desde sus puestos en el gobierno militar. Tras la caída de Velasco, fundaron el Partido Socialista Revolucionario (PSR), junto a otras personalidades, entre militares y civiles, que participaron en el velascato. Ahora bien, respecto al proceso histórico del desarrollo capitalista de la hacienda Huando y la formación sindical de sus trabajadores antes de la reforma agraria, temas analizados en el tercer capítulo de esta tesis, surge inevitablemente la siguiente incógnita: si bien la 124

misma Betty González reconoce que el sindicato de Palpa era, por tradición, el "más combativo", entonces, ¿por qué fue el Sindicato de Trabajadores y Braceros de la Hacienda Huando el que terminó liderando la lucha por la tierra en el valle de ChancayHuaral? Se deben tomar en cuenta varios factores determinantes: la aparente ruptura de las relaciones paternalistas de los patrones de Huando con al sindicato en la década de los sesenta, la influencia política del mismo contexto de la reforma agraria cuando esta empezó –específicamente, la influencia y el impacto político de numerosas expropiaciones en todo el país–, la intención evidente de los propietarios de Huando por esquivar la reforma agraria, la ausencia de Fernando Graña en ese periodo particular y el impulso y la decisión política de los trabajadores sindicalizados de Huando en la confrontación contra la parcelación privada de 1969. Por último, es pertinente sumar a estos argumentos una reflexión, a modo de hipótesis. La respuesta también puede encontrarse en algo que a simple vista puede parecer contradictorio: las condiciones materiales de los trabajadores de la hacienda Huando antes de la reforma agraria. No eran las mejores, pues la hacienda Huando reproducía, de todas formas, el esquema oligárquico y jerárquico de otras haciendas: desigualdad y considerable contraste entre los espacios del proletariado agrícola pobre (ranchería) y los propietarios (lujosa casa hacienda), paternalismo de los patrones, amplio poder privado y ausencia del Estado, entre otros. Sin embargo, dentro de todo, las condiciones de vida de los trabajadores de Huando estaban por encima de la de los peones de otras haciendas del valle, debido a la presión sindical en Huando, al paternalismo constante de sus patrones y a los elevados ingresos que generaba la producción de la hacienda de naranjas. Los trabajadores contaban con un club social, atención y servicios en la ranchería, un sindicato condicionalmente apoyado (en tanto ese apoyo beneficiaba a los intereses patronales o a mantener una atmósfera tranquila en la hacienda), jornales aceptables dentro del contexto del sistema de hacienda de esos años y algunos otros beneficios. Esas condiciones materiales de vida de los trabajadores de Huando, relativamente mejores que otras haciendas del valle, les pudo dar una cierta base material para poder cuestionar y oponerse con mayor ímpetu a sus patrones, sobre todo cuando estos intentaron evadir la reforma agraria. Tuvieron tiempo para organizarse políticamente en el sindicato, tuvieron la oportunidad de contactarse con organismos claves del gobierno militar y una mejor base económica para solventar su lucha, elementos que otros sindicatos agrarios no los tuvieron necesariamente. 125

Finalmente, no es intención de esta investigación mostrar que el conflicto por la hacienda Huando haya sido el único causal por el cual la reforma agraria modificó su rumbo y se tornó más hostil hacia los propietarios. De hecho, el aporte de esta tesis busca incorporarse en las diversas historias regionales del proceso de reforma agraria en el Perú. Existieron muchos conflictos durante la reforma del agro en todo el país, muchos retrasos en varias haciendas –principalmente en la zona andina– y más de un factor por el cual la reforma agraria haya perjudicado sustancialmente más a los terratenientes que en un primer momento. Sin embargo, es indispensable considerar que la batalla por Huando cumplió un rol primordial y protagónico en la modificación de la orientación política agraria del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

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SUEÑOS POR LA TIERRA: EL CASO DE LA HACIENDA HUANDO

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