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JULIO COTLER
el Consejo de la Magistratura, por lo que logró obtener una influencia decisiva también en el Poder Electoral. En este contexto, la controlada mayoría parlamentaria dictó en 1996 una "interpretación auténtica" de la Constitución que facultaba la segunda reelección presidencial de Fujimori en el 2000 y, para convalidar esta decisión, el Congreso destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional que habían dictaminado en contra de dicha interpretación. Luego, mediante artificios legales, el gobierno intervino uno de los principales canales de televisión y persiguió a su propietario, al igual que a su familia, por las denuncias que aquél había formulado contra Montesinos y altos oficiales de las fuerzas armadas por su participación en el narcotráfico y por las torturas y asesinatos de agentes del SIN que, supuestamente, habían filtrado informaciones a la prensa sobre acciones violentas contra los derechos humanos. Realizó además actos de espionaje y de hostigamiento contra opositores del gobierno, concretamente contra la candidatura de Pérez de Cuéllar. El rechazo de los controlados tribunales a anular estas decisiones motivó que opositores al régimen denunciaran al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tales actos; en tanto las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, de la libertad de expresión, y varios gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, elevaron sus voces de protesta contra esas disposiciones y mantienen hasta el presente sus cerradas críticas a los sucesivos atropellos gubernamentales. La falta de escrúpulos de los gobernantes, y los torpes o cínicos argumentos de los voceros oficiales para justificar esas violaciones de los derechos ciudadanos, produjeron un sentimiento de indignación general que alentó la emergencia del primer movimiento social de envergadura que congregaba a figuras re-
LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ
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presentativas de distintos sectores de la sociedad en defensa de la libertad de expresión y por la democracia. Este movimiento se concretó en la recolección de un millón y medio de firmas, equivalentes al 10% del padrón electoral, que llevó a cabo el Foro Democrático para solicitar al Congreso la convocatoria a un referéndum a fin de que la ciudadanía diera su veredicto sobre la legalidad de la interpretación constitucional. Pero, una vez más, las consabidas artimañas legales de la mayoría de congresistas frustraron la realización de la consulta popular. Además de esos agravios, la extorsión y las amenazas practicadas por los agentes de Montesinos en contra de empresarios y opositores al régimen propiciaron que sectores de la sociedad, incluso los que aprobaban la gestión presidencial, descubrieran los vicios del autoritarismo y las virtudes de la legalidad democrática para defender sus intereses y principios. De ahí que cada vez más se escucharan voces reclamando la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática. En efecto, como se ha visto, la mayoría de la población justificaba el desempeño autoritario por su eficacia para estabilizar económica y políticamente el país, más que por supuestas características culturales de la sociedad; pero, logrado este objetivo, la continuidad de tal comportamiento llegó a ser percibido como un peligro para la gobernabilidad. Esta situación fue percibida así porque evidenciaba que la falta de transparencia de los actos de gobierno y el rechazo a rendir cuenta de los mismos daban lugar al fomento de la corrupción y a la existencia de continuas arbitrariedades gubernamentales, lo cual, a su vez, estimulaba la polarización política, inhibía las inversiones y alentaba el malestar social. En efecto, la concentración de las decisiones en manos de la camarilla gobernante y su desatención de los distintos intereses sociales, el secreto control político de Montesinos sobre los
