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JULIO COTLER
responderá, igualmente, al comportamiento que asuman los diferentes actores con respecto a ese problema. En este sentido, las complejas relaciones que se han ido elaborando entre instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, para reinstaurar el Estado de Derecho en el Perú constituyen una experiencia singular que puede tener importantes consecuencias en el futuro del país y de la región, puesto que ella da muestras del valor que se confiere a la "cláusula democrática" como fundamento del orden interno y de las relaciones internacionales, al tiempo que anticipa el rechazo a eventuales quiebras constitucionales para resolver crisis de gobernabilidad. Sin embargo, como se señala en el texto que antecede, el resultado final será responsabilidad de lo que hagamos o dejemos de hacer los peruanos. De ahí que corresponda preguntarse si los opositores al régimen autoritario lograrán superar su tradicional déficit, en términos de organización y programas económicos y políticos que propicien la participación ciudadana para enfrentar eficazmente al fujimorismo, con la colaboración de agentes externos que propugnan el restablecimiento y consolidación del Estado de Derecho en el Perú; o si, por el contrario, el resultado final habrá de ser más de lo mismo, o peor. Setiembre 2000
Post-Scriptum. Cuando parecía que la política de hechos consumados consentiría a Fujimori gozar de un tercer periodo, durante el cual tendría que enfrentar la crisis económica y política que había originado para que el régimen permaneciera indefinidamente en el poder,
LA GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ
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una serie de inesperados eventos produjeron en el curso de dos meses la ruptura de la coalición fujimorista y, en consecuencia, tanto la quiebra del gobierno como la desintegración del régimen autoritario, dando paso a la constitución de un gobierno de transición. En tanto era evidente que el gobierno dilataba por todos los medios la resolución de los problemas planteados en la Mesa de Negociación auspiciada por la OEA, que había sido motivo de continuas e intensas críticas internas y externas, el Ejecutivo acudió al expediente de la gobernabilidad para reconquistar el favor nacional e internacional. Después de mostrar a Alejandro Toledo y al conjunto de la oposición como fuente de desorden, Fujimori volvió a presentar a su gobierno como guardián del orden y de la paz en el país y en la región, debido a su interés y dedicación personales como la habilidad de Montesinos y la esforzada colaboración de la Fuerza Armada. Para tal efecto, en compañía de su asesor de inteligencia y rodeado del alto mando militar, en el mes de agosto convocó a una conferencia de prensa para exponer el éxito que su gobierno había tenido en desbaratar el tráfico de armas provenientes de Jordania y destinadas a las guerrillas colombianas, en circunstancias que Washington y Bogotá organizaban el "Plan Colombia". Pero entonces ocurrió lo inesperado, pues el gobierno jordano presentó pruebas de que la venta de las armas se había realizado por conducto oficial con el Perú y puso como testigo de ello a los Estados Unidos, país con el que tiene una relación especial en los asuntos del Medio Oriente. Ello motivó que el presidente colombiano exigiera explicaciones a Fujimori y que los gobiernos de la región, los medios de comunicación y la opinión pública nacionales e internacionales, repudiaran esta nueva manifestación de la inescrupulosidad del mandatario peruano y de los miembros de su gobierno.
