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ROMEO GROMPONE
no llegó a establecer un régimen autoritario consolidado, opinión que sosteníamos ante posiciones diferentes de algunos colegas . A veces es bueno hacer una interpretación en el momento mismo en que se producen los hechos, aunque el análisis pierda parte de rigurosidad. Se siente que se está intentando dar respuestas a preguntas válidas y apremiantes. Nos proponemos aquí tratar de comprender lo ocurrido, sabiendo que el caso peruano no se presta a fáciles interpretaciones y se hace necesario innovar el análisis. El tramo final que recorrió el gobierno de Alberto Fujimori y que terminó con su renuncia tomó la forma de un relato de espionaje y de redes de corrupción que van mucho más lejos que las iniciativas y los designios de los actores nacionales. Es una historia apasionante para quien no padece sus consecuencias. Poco tiene que ver con los escenarios conocidos de salida de un gobierno autoritario; los criterios de interpretación política convencionales parecen estar así fuera de lugar. Quienes de una u otra manera se preocuparon por hacer análisis comparados con otras situaciones de América Latina vivieron, por lo menos en los últimos tres años, en el engaño o en el espejismo. Incluso la propia idea de régimen político se encontraba en cuestión en el caso peruano, si por tal entendemos una trama de instituciones y normas jurídicas vigentes y consentidas, a los procedimientos ordinarios y a los usos existentes en la formación y en la ejecución de las decisiones y el control de todas ellas y a la identificación de reglas y pautas de selección e incorporación y circulación del personal político, directivo y sus instituciones. Esta urdimbre de instituciones y normas permite predecir conductas y comportamientos de los ciudadanos que saben a qué atenerse, tanto en un régimen democrático como en uno autoritario aunque en éste el precio sean las limitaciones e impedimentos en el ejercicio de sus derechos. La aspiración de la
EL FUJIMORISMO COMO PROYECTO INCONCLUSO
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política es la emergencia de una esfera de decisiones públicas claramente delimitadas. En países que aspiran haber llegado a una etapa definida de modernidad, aun cuando se sitúen en la periferia del sistema, y hasta las dictaduras más desembozadas se preocupan por defender una noción de interés general, aunque sea perversa, distorsionada e intolerable para quienes tengan que soportada. Hasta 1996 y 1997 algunos autores podían sostener con fundamento, una teoría que no comparto: que se trataba de un régimen autoritario con rasgos híbridos en el que al mismo tiempo que se desconocían las instituciones del Estado de Derecho se toleraba la oposición, se realizaban procesos electorales por más irregulares que fueran y se contemplaban algunos componentes de los derechos ciudadanos. Estamos enfrentados ahora a las consecuencias del furor antiinstitucional del gobierno y la privatización del poder. En los últimos años se desmantelaron el Poder Judicial, se asistió a los puntillazos finales contra cualquier criterio de orden corporativo en las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República no se preocupaba por guardar siquiera las formas ejerciendo atribuciones de control. En la seducción del control por parte del Ejecutivo, el Servicio de Inteligencia y la cúpula de las Fuerzas Armadas, el sistema iba perdiendo condiciones de gobernabilidad ya que el respeto de criterios mínimos de estabilidad requiere poner algún límite a lo que se puede hacer. La discrecionalidad no invadía solamente la esfera pública, se introducía incluso en el ámbito de las relaciones sociales y los conflictos que tienen que ver con el derecho privado donde no existían seguridades jurídicas y yendo al otro extremo se inmiscuía en el escenario internacional pretendiendo imponer criterios contra los poderes dominantes sin darse cuenta de sus reducidos niveles de influencia. Las instituciones políticas, aun las más deleznables
