Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia
GRUPO DE PAZ DE PLANETA PAZ IV DECLARACIÓN PÚBLICA Sin justicia, verdad y reparación no habrá paz ni reconciliación en Colombia Las organiz aciones s ociales y popular es, y las pers onas que s uscribimos esta cuarta dec larac ión públic a, como víctimas de la v iolenc ia social y polític a, y voceras de miles de hombres, mujeres, niñas y niños afec tados y afectadas por el conflicto social y ar mado colombiano, consideramos necesar io ratificar los pr inc ipios que deben inspir ara cualquier Ley de Ver dad, J usticia y Repar ación, y dejar una cons tancia histórica s obre la actitud del Gobier no Colombiano frente a la negociación c on los grupos par amilitares . En febrero de 2004, el Gobierno de Á lvar o Ur ibe Vélez presentó ante el Congr eso de la República un Proyecto de Alternativi dad Penal, que, como lo dijimos en esa ocas ión, no contr ibuía ni a la paz, ni a la reconciliación de los colombianos. Por el contrar io, buscaba la reinserc ión de los par amilitar es en la vida social, política e instituc ional del país, por el camino del per dón, el olvido y la impunidad. Los mecanis mos de sus pensión prov isional de las penas y las penas alter nativ as compensatorias, comprendidos en el pr oy ecto, per mitían que quienes hubier an cometido delitos atroces y de les a humanidad quedar án en libertad, c umplie ndo condiciones irris orias con res pec to a su inmens a res ponsabili dad frente a las víctimas y al país ; además, el pr oyecto no garantizaba ni la v erdad históric a ni la judicial y, muc ho menos, la r eparac ión moral, material y simbólica de las víc timas. Ante las cr íticas prov enientes de las organiz aciones de v íctimas, los organismos de der echos humanos, la comunidad inter nacional y de algunos parlamentar ios , a finales de abr il del mismo año, el Gobierno le pr esentó al Congr eso de la República un pliego de modific aciones al pr oyecto de Ley de Alternati vidad Penal que, como resaltamos en la segunda declar ación pública, av anzó en el reconocimiento for mal de los pr incipios de v erdad, jus ticia y reparación, per o no en los mecanismos efectivos para gar antizar los. La s ombra del perdón, el olv ido y la impunidad siguió cubr iendo la pr opuesta gubernamental. En los mes es siguientes , la falta de voluntad del Gobier no par a superar los límites éticos y polític os del primer pr oyec to, llev ó a los Repres entantes a la Cámar a Wils on Borja, Gina Parodi y Luis Fer nando Velasco, y al Senador Rafael Par do a elabor ar una pr opuesta alter nativa. El nuev o proy ecto fue pr esentado al Gobier no en diciembr e de 2004 y s u contenido buscaba gar antizar los pr incipios básic os de verdad, justicia y r eparación, aunque no lo lograba con plenitud. Como lo pusimos de pres ente en la tercer a dec laración pública, la actitud dis plic ente del Gobier no de Álvar o Uribe V élez frente a es ta pr opuesta, demostró de nuevo su falta de v oluntad política par a adelantar un proc eso de negoc iac ión transparente y v erific able c on los par amilitar es, tendie nte a desmontar definitiv amente el paramilitaris mo en Colombia, con sus redes de apoyo, financ iac ión y legit imac ión.
Las pr imer as semanas de 2005 estuvier on marcadas por la pr ofunda incoherencia del Gobierno en este tema, intencional o involuntar ia, y por la pres entación de proy ectos c ontradictorios de s u autor ía, de ac uerdo con los div ersos esc enar ios políticos: el Minis tro del Inter ior preparó uno par a la Comunidad Internacional, el Comisionado de Paz otro, con el respaldo del Repr esentante Benedetti, para c umplir con los ac uer dos c on los par amilitar es, y finalmente el Vicepr esidente Franc isco Santos dio unas declaraciones en las que volvió a izar las banderas de la impunidad y el olvido, a nombr e de la r ec onc iliac ión nac ional. Mientras tanto, los intentos de la Senador a Piedad Córdoba por r ecoger en un nuevo pr oyecto las pr opuestas de algunas or ganiz aciones de Der echo Hu manos, contr astaron con la fer ia de propues tas parlamentar ias en la misma dirección del gobierno que llegaron hasta la pres entación de proyec tos que pr etenden favor ecer la incor porac ión ex plíc ita de los narc otr afic antes en el proc es o de negoc iación con los paramilitar es. Es ta actitud errática del Gobierno terminó, c omo era de esper arse, con la amenaza de los par amilitar es de abandonar la mesa de negoc iac iones si no les garantizaban el per dón, el olv ido y la impunidad. La c onfusión generada en la opinión públic a ha refundido los princ ipios de ver dad, justic ia y reparac ión, y el sentido de cualquier proyec to de ley, en medio de disc usiones jur ídic as y políticas de menor importancia o en proc lamas vagas sobre la paz y la r econc iliación de los c olo mbianos, fundamentadas en “sentimientos generos os” de per dón y olv ido” . En esta c uarta dec larac ión públic a pretendemos reafirmar los principios que han inspirado las anterior es, como una c ons tanc ia his tóric a que pueda ser consider ada en un futur o por la justic ia inter nac ional:
1. La negociación con los paramilitares debe estar orientada al desmonte definitivo del paramilitarismo en Colombia, con sus redes de apoyo, financiación y legitimación.
2. En la búsqueda de ese objetivo, la negociación debe tener como referente externo un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad, ser transparente y verificable en su agenda y en cada una de sus etapas, y garantiz ar la prote cción de los derechos de las víctim as y el cum plimiento de los acuerdos suscrit os. Por tal razón, debe estar inspirada en el establecim iento efectivo de la verdad, la consecución de la justicia y la reparación moral, m aterial y simbólica de las personas, organizaciones y com unidades que han sufrido las consecuencias de las acciones paramilitares.
3. El derecho a la verdad debe ser integral y buscar tant o la verdad judicial com o la histórica; por consiguiente, la confesión plena de todos los delitos por parte de sus responsables y la conform ación de una Com isión de la Verdad y el Esclarecim iento Histórico, que perm ita establecer im parcialmente las respons abilidades de los actores sociales, económ icos, políticos o estatales que contribuyeron a la f ormación y desarrollo del paramilit arismo en Colombia, constituyen requisitos mínimos para que se pueda establecer la verdad com o requisito previo para la justicia y la reparación.
4. El derecho a la justicia e xige que el Tribunal que juzgue a los paramilitares sea autónomo con respecto a cualquier actor que pueda tener responsabilidad histórica en la conformación y el desarrollo de dichos grupos. Para evitar la impunidad moral de los paramilitares, cualquier beneficio judicial debe estar antecedido por una sentencia que establezca las sanciones respectivas, sin que se puedan contemplar mecanism os jurídicos como la resolución inhibit oria o la cesación del procedimiento que impidan llegar hasta la sentencia judicial. Par a los delitos atroces o los crím enes de lesa humanidad, los beneficios judiciales ot orgados no deben reducir la pena privat iva de la libertad a menos de la mitad de su duración y durante ese lapso no se puede permitir el ejercicio de cargos públicos o de los derechos políticos. Para evitar la institucionaliz ación del par amilitarism o, en ningún momento sus miem bros o los responsables de su formación y desarrollo deben ingresar o permanecer en la f uerza pública.
5. El derecho a la reparación exige que esta sea integral (material, simbólica y moral) y que contemple a las víct imas y sus familiares, las organizaciones sociales y polít icas, y la sociedad. El Fondo para las Reparaciones, compuesto por los bienes que están obligados a devolver los param ilit ares, debe estar garantizado por el presupuesto nacional. En t odo el proceso de verdad, justicia y reparación, las víctim as, o las organizaciones que las representen autónomamente, deben llevar su propia vocería y defender sus propios intereses, sin que puedan ser representadas por otros organismos, gubernamentales o no gubernamentales. Volv emos a r atificar que quer emos un país en el que las v iolaciones de nues tr os der echos no s e v uelv an a repetir y una paz sostenible con justic ia s ocial que no se fundamente en la amnes ia colectiva o en el per dón indiscr iminado. Sólo as í tendr emos la c erteza de que no v olveremos a sufrir jamás la ex per ienc ia trágica de las v iolencias s ociales y políticas internas que han az otado por más de un siglo a la sociedad c olo mbiana. Bogotá, marzo de 2005 Grupo de Paz de Planeta Paz