DECLARACIÓN PÚBLICA No postularemos candidatos a la Comisión de Reparación y Reconciliación. Las organiz aciones sociales y populares, y las pers onas que suscribimos esta declarac ión públic a, c omo v íc timas de la v iolenc ia s ocial y política, y v oc eras de miles de hombres , mujer es, niñas y niños afectados y afec tadas por el conflicto social y ar mado c olombiano, hemos manifes tado en anter iores oportunidades nuestro rec hazo a la Ley 975 de 2005, mal llamada de J usticia y Paz. Estimamos que la norma esta destinada a favor ecer la reins erc ión de los paramilitar es a la vida civil, s in r espetar los princ ipios mínimos de v er dad, justic ia y repar ación, y privilegiando los der echos de los vic timarios sobr e los de las v íctimas y la s ociedad colombiana. La expedic ión del Decreto 4760 de 2005, reglamentario de dicha Ley, por parte del Gobier no de Álvaro Ur ibe Vélez, agrava aún más la situac ión de las víctimas y hac e más evidente la intención de cubrir con la impunidad y el olv ido los cr ímenes de lesa humanid ad c ometidos por los paramilitar es y oc ultar la responsabilidad de quienes favorec ier on la formac ión y el desarr ollo de es tos grupos ilegales. El Decr eto confir ma que inclus o los autores de masacr es y delitos atroc es, detenidos en la cárceles c olombianas y en pr oceso de juzgamiento, pueden ser cons ider ados c omo desmov iliz ados y ac ogerse a los generos os benefic ios de la Ley, los c uales llegan has ta el r econocimiento de remuner aciones económicas, s i sus compañer os y el Gobier no los inc luyen en las lis tas respectiv as que s er án remitidas a la Fiscalía Gener al de la Nac ión (Art.1). Asimismo, en su afán por favorecer a los par amilitar es, el Gobier no se extr alimita en sus func iones reglamentarias y ex tiende el derec ho de r eparac ión colectiv a a los reinser tados (Art. 12), cuando en la ley sólo está contemplado para las víctimas. Además, quienes se desmovilicen podrán rec ibir los bienes adquiridos ilegalmente por sus compañeros , totalmente saneados desde el punto de v ista ec onómico y financ ier o, grac ias a los acuer dos de pago, las condonaciones totales o parciales de las deudas u otr o mecanis mo que la Comisión Nac ional de Repar ación y Rec onciliac ión, o las r egionales, les propongan a las entidades acreedor as en nombr e de la paz del país (Ar t. 13). El Decr eto también abr e las puertas para exoner ar de r espons abilidad a los testaferr os de los paramilitar es, al fac ultar a la Fisc alía Gener al de la Nación a aplicar el pr inc ipio de opor tunid ad, r es pec to a quienes “ hay an par ticipado en las conductas r elac io nadas c on la adquis ición, pos esión, tenenc ia, transfer enc ia y en gener al con la titularidad de bienes ilíc itos que sean entregados par a la repar ación de las víctimas” (Art. 13). Es dec ir, en virtud de es te mecanis mo jur ídic o, el Fiscal podrá dec idir si lleva o no a juicio, de acuerdo con s u buen criterio, a los testaferr os de los par amilitares. Finalmente, el Decr eto dispone que los dos r epr esentantes de las organizaciones de v íctimas en la Comis ión Nacional de Repar ación y Reconciliac ión (Art. 50 de la Ley 975 de 2005), que está compuesta por un total de 13 mie mbr os, de los cuales s eis son func ionarios estatales y c inco
“pers onalid ades” des ignadas por el Presidente de la República, sean nombrados por los otr os mie mbr os de la Comisión. En otr as palabras , les niega a las víctimas has ta el míni mo der echo de nombr ar a sus r epr esentantes en un organismo colectivo establecido para r epar ar el daño oc asionado por las acciones de los par amilitares. Por considerar que las anteriores razones impiden que dichas normas contribuyan efectivamente a la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional, garantizando la verdad y la justicia necesarias para la consecución de la paz en Colom bia, no aceptamos participar en la convocatoria para integrar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y reclamamos un trato digno que privilegie nuestros derechos y los de la sociedad colom biana, sobre los derechos de los victimarios.
Bogotá, febr er o de 2006. Se s uscriben las s iguientes organiz aciones sociales y popular es: Gr upo de Paz de Planeta Paz Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (con más de 200 organizaciones en todo el país). Comité Per manente por la Defensa de los Der echos Hu manos Asociac ión de Familiares de Detenidos Desapar ecidos –ASFA DDES Unión Nacional de Trabajadores Bancar ios –UNEB. Secretaría de Derec hos Humanos Red Colombiana de V eedur ías Ciudadanas. REDVER. Pr oceso de Comunidades Negr as. Mov imiento Gente Unida Centr o de Estudios Polític os Alternativ os Poder Social Colectivo LGBT Mesa Distr ital Sector Solidar io Asociac ión Colombiana de Estudia ntes Universitarios –A CEU Asociac ión para el Fomento de las Negritudes –A FIN Asociac ión Distr it al de Medios Comunitarios “Antena Ciudadana” Confeder ac ión Nacional Comunal Feder ac ión Co munal de Bogotá Red Colombiana de Radio Comunitaria “RECORRA” Corporac ión par a la Educ ación y la Cultur a Acción Campes ina Colombia –A CC Subdirec tiv a Central Unitaria de Tr abajadores -CUT Tolima Coor dinación Colombia- Eur opa, Nodo Centro Asociac ión Nacional de Tr abajador es Hos pit alar ios -Anthoc , Toli ma Unión Nacional de Empleados Banc arios –UNEB, s eccional Tolima Unión de Taxistas de Ibagué