Plaza 02

No. 02

Cuidado de la edición: Sebastián Escalón, Alejandra Gutiérrez Valdizán y Marta Méndez; con el apoyo de Daniel Villatoro y Simone Dalmasso.

Coordinación general: Alejandra Gutiérrez Valdizán.

Diseño y diagramación: Workaholic People.

Publicidad y mercadeo: Lucía Reinoso.

Suscripciones: Andrea Maldonado.

Un proyecto de Asociación de Amigos de Plaza Pública.

ISBN: 978-9929-725-01-0

Plaza Pública son: coordinador general: Enrique Naveda. directora editorial: Alejandra Gutiérrez Valdizán. directora de relaciones institucionales: Marta Méndez. editores: Carlos Arrazola y Dénnys Mejía. redacción: Bill Barreto, Sebastián Escalón, Oswaldo J. Hernández, Carmen Quintela, Daniel Villatoro. fotografía y video: Gerardo del Valle, Simone Dalmasso. gestora de comunidad: Lucía Reinoso. tecnología: Fernando Matzdorf, Harrison Ramírez. administración: Dania Izaguirre y Gilda Ruch.

La directiva de Los Amigos de Plaza es: Alejandro Flores, Juan Pensamiento Velasco, Juan Miguel Goyzueta, Alejandra Gutiérrez V., Mónica Mazariegos, Marta Méndez, Enrique Naveda, Karen Ponciano.

Guatemala, julio de 2016

“Reservados todos los derechos de conformidad con la ley. No se permite la reproducción total o parcial de este impreso, ni su traducción, incorporación de un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación y otros métodos, sin permiso previo y escrito de los titulares de copyright.”

Los ríos y los montes de Guatemala: de Ríos Montt y nuestra fábula primaveral

Me he extraviado (encandilado) ululando sin tiempo ni persona.

Pero esta vez, por esta vez, esta sola vez, quítate la máscara1

Fue en mayo. Hace tan solo tres años. En el mes en que los zompopos empezaban usualmente a aparecer, en el mes en que asomaban las lluvias torrenciales por las grietas del cielo. Todo ha cambiado tanto que ya no se sabe si la lluvia precederá al zompopo de mayo, si no habrá zompopos hasta en el mes de julio, si en julio truene o se vayan secando los caudales de agua. Lo cierto es que hace tres años la tierra en Guatemala tembló y los ríos se desbordaron. Algo se movió ese 10 de mayo de 2013 cuando una jueza con voz pausada -después de largos y tensos meses de habitar las salas de la Corte Suprema de Justicia viendo desfilar a la parte acusadora, a los acusados, a sus abogados, a las víctimas, a los peritos, a decenas de voces y testimonios apilados en actas, en salas a veces abarrotadas de murmuros guarecidos durante siglos, miradas atentas o incrédulas - dio cabida a lo indecible, a lo inenarrable. Por ahí, por ese silencio que finalmente se había roto, pudimos vernos a la cara. Ciegos voluntarios, cómplices, sobrevivientes, perpetradores, ignorantes a medias, partícipes de pequeñas burbujas cotidianas, luchadores incansables, seres humanos habitantes de territorios disímiles, viudas con arrugas envolviendo ¡aún! la esperanza de sus ojos, viejos atemporales, ignorando los pliegues de nuestra historia; jóvenes todos; golpeados todos; ávidos de sentir que pertenecemos a un solo cuerpo, nos vimos en el claroscuro de la caverna. Nos vimos y no sólo adivinamos nuestras sombras.

No sirva esto para argumentar que el mal está en todas partes. Si bien la violencia nos salpica a todos, el despojo, la expoliación y el silencio están incrustados en la formación del Estado guatemalteco y son millones aún los que padecen a diario sus consecuencias. Así lo confirmaron las exposiciones de las peritas Elizabeth Oglesby, Beatriz Manz o Marta Elena Casaús llamadas a declarar en el marco del juicio a Ríos Montt, un juicio histórico simplemente porque jamás como entonces Guatemala sacudió tanto sus mordazas históricas. Quien dice despojo y expoliación, dice violencia. ¿Lo dudamos todavía? Empecemos por preguntarnos, ¿cómo fue posible el genocidio en Guatemala? Y para aquellos a los que el término ‘genocidio’ les produce escozor, preguntarse entonces, ¿cómo fueron posibles miles de muertes, violaciones, asesinatos de infantes? ¿Cómo explicamos a los miles de guatemaltecos huyendo a refugiarse en las montañas y territorios vecinos? ¿Cómo explicamos aquellos huesos que la tierra se había tragado y ahora nos escupe aullando sus nombres? ¿Cómo explicamos las masacres, las aldeas y los pueblos arrasados de la faz de la tierra? Son estos pueblos fantasmas los que habitan nuestras memorias.

El juicio iniciado contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, culminó con una sentencia de cincuenta años de prisión inconmutable por genocidio y treinta años más por crímenes de lesa humanidad. El ex general Ríos Montt se convirtió en el primer dirigente latinoamericano en ser condenado por estos crímenes.

Es cierto, la sentencia fue anulada diez días después, pero el proceso judicial en sí mismo marca un hito en la historia del país y, me atrevería a decir, en la de toda Latinoamérica. Nunca antes un ex comandante general del ejército había ocupado el banquillo de los acusados. Nunca antes se había escuchado en un juicio de envergadura nacional los testimonios de los sobrevivientes. Nunca antes se había pronunciado “pueblo ixil” como un puñetazo que nos zangoloteara la indiferencia y la ignominia. Nunca antes se había puesto en duda judicialmente las relaciones de poder político-militares que han sostenido históricamente al sistema económico guatemalteco. Nunca.

Si bien el análisis de los planes operativos generados durante el régimen de Ríos Montt —Plan Victoria 82, planes Firmeza 82 y 83 y Plan Operativo Sofía— fue crucial para el dictamen de la sentencia, el juicio abarcó mucho más que eso. En este segundo número de la Revista Plaza se ha hecho un esfuerzo por recopilar los textos que dan cuenta tanto del juicio en sí como del proceso y el contexto histórico. La Revista Plaza reúne cuatro posibles ángulos que proyectan un cuadro complejo del juicio a Ríos Montt.

Pura López-Colomé en Cápsula

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El cuadro no inicia con el juicio en sí mismo: irrumpe con el canevás de las memorias. La razón de ser del juicio fueron los hechos atroces cometidos durante el gobierno de Ríos Montt. En el corazón del juicio estaban presentes, por lo tanto, las memorias silenciadas durante más de tres décadas.

Estos meses nos abrieron así la puerta para escuchar las distintas narrativas que componen nuestra memoria colectiva y plural. Son justamente estas historias de memorias subyugadas, el hilo conductor de los relatos con los que se abre esta compilación de textos publicados por Plaza Pública. Son, en pocas palabras, los textos que le dan contexto al juicio, los que explican la historia del Horror.

El juicio produjo, sin duda, una obsesión por entender tanto el escenario de los tribunales como las estrategias y maniobras jurídicas. ¡Cómo no iba a ser férreo el debate en tribunales si en este juicio, como en ningún otro, retumbaba el eco de las voces disonantes de la historia oficial! ¿Qué pasa en ese escenario, quiénes hablan, quiénes están presentes, qué pasa antes y después de cada sesión en la sala de tribunales, cómo se tejen las estrategias de la defensa, qué aportes dan los peritos, cuáles actores se pronuncian sobre lo dicho en los tribunales? ¿Cómo fue posible del todo que se llevara a cabo el juicio? Estas son las preguntas que se hacen los periodistas que cubrieron el juicio. Estos textos que se compilan en el segundo apartado de esta Revista van más allá de la teatralidad del evento y tratan de explicarnos a los lectores la composición del escenario.

El juicio puso de alguna u otra forma en entredicho las certezas de nuestra fábula primaveral. Por ello, era importante que este número no solo tuviera un espacio para los textos que analizan los efectos de este proceso en Guatemala porque es la estética de la sociedad misma la que se pone en entredicho.

Si algo se evidenció durante el arduo proceso que definió varias de las líneas de acción del Ministerio Público, con sus repercusiones al interior del sistema jurídico-político y las olas que arrastraron a la palestra del escenario a actores de la élite política y económica del país, fue el paralelo que pudo hacerse entre el horror vivido y la descomposición de la sociedad guatemalteca agravada por una impunidad rampante. No creo equivocarme al decir que este proceso judicial fortaleció el movimiento de lucha contra la impunidad que dos años más tarde ha llevado a la cárcel a una estructura de corrupción consolidada durante el gobierno del Partido Patriota. No hay que perder entonces de vista que esta lucha por la impunidad tiene sus raíces en el cuestionamiento del Horror y que ambos –impunidad y Horror- están estrechamente ligados. Esto no puede ya ignorarse.

El juicio a Ríos Montt dio cuenta de la construcción de una estrategia de represión sistemática y, por lo mismo, cada acto de masacre no se produjo de manera aislada. Para el cuarto apartado de este dossier ha sido por ello importante incorporar los textos que reflejan las conexiones de este juicio con otros procesos judiciales. Una de estas conexiones paradigmáticas es el caso de Sepur Zarco. La justicia guatemalteca en estos últimos años ha evidenciado una y otra vez que la violencia sexual contra niñas y mujeres ha sido utilizada como mecanismo institucionalizado de violencia y represión -una estrategia que ha calado hondo en las relaciones sociales guatemaltecas.

El esfuerzo que se ha hecho por recopilar estos textos tiene la ventaja de exponer y contextualizar, a través de un determinado orden, los hechos acaecidos durante el juicio. No es una Revista periodística de colección en el sentido en que los textos tengan una letra inerte. Todo lo contrario: en estas páginas se oyen los bramidos de las montañas y los ríos con los huesos que han encontrado su nombre.

No es que este número de la Revista Plaza tenga vida propia, pero la habita algo que no solo nos incomoda abismalmente sino que nos puede dar la fuerza para no extraviarnos como sociedad: los silencios vociferados. Las máscaras han empezado a caer. Finalmente.

Karen Ponciano

Asociación de Amigos de Plaza Pública

Era un pozo, un camposanto, el arrasado teatro de operaciones. Algunos dicen que era un país, pero está en duda.

Eran los cuerpos espectrales: los casi muertos: los extirpados: los desaparecidos.

Eran los asesinados: labriegos, pastores, artesanas, tenderas, gente; los adultos, los jóvenes, las viejas nodrizas y las abuelas arrugadas, los depauperados; eran también los niños, eran los niños en el campo y en las calles y eran los niños en los úteros reventados de sus madres tiernas.

Huesos hoy, si es que hay huesos: huesos alambrados, huesos astillados, huesos crocantes, huesos envueltos en telas delatoramente duraderas, huesos revueltos, mezclados con la pesada tierra y entre sí, hasta que los pelos de una brocha logran individualizarlos, separarlos, catalogarlos, etiquetarlos, como si fueran restos arqueológicos de una raza de animales extinguida o de viejos monumentos.

Pero no son huesos antiguos ni animales, sino frescos recordatorios de nuestra flagrante brutalidad.

Ataúdes hoy, atesorados por quienes sobrevivieron como cajitas de madera en las que se conservaba el primer diente, una foto deslavada, el amuleto de la bisabuela.

Huesos apagados, silenciosos ataúdes: el crujiente envés y gozne de nuestra historia reciente.

Mientras la subsistencia de la nación fuera puesta en tela de juicio desde el exterior de alguna forma perceptible y las necesidades concretas de la población impidieran la preocupación sentimental por la propia culpa, el duelo y la melancolía [...] se ven reprimidos. Por esa razón, también Alexander y Margarete Mitscherlich están muy lejos de basar en la ausencia de duelo en los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra un reproche de reacciones psíquicas inadecuadas. Sólo consideran problemático el que “tampoco más adelante se produjo el duelo adecuado por los seres humanos que, por hechos nuestros, resultaron muertos en gran número”.

Extracto de Construcciones de duelo: Günter Grass y Wolfgang Hildesheimer, de W.G. Sebald.

Si aceptamos, como escribió Sebald, que en una comunidad política que soporta una carga, querer recordar a las víctimas que precedieron a su establecimiento equivale a dudar de la legitimidad del nuevo orden, que debe desrealizar el pasado e identificarse con los vencedores, entonces no se puede dudar de que es un hecho trascendente que el sistema de justicia, atravesado por las estructuras de aquel orden que, sin ser nuevo, se procuró su continuidad con la sangre de las víctimas, haya sentado en sus sillas tiesas a uno de los máximos jerarcas y le haya obligado a rememorar.

Recordar a los acallados es un acto subversivo porque mella la tersura perfecta de la historia oficial.

Que lo posibilite el propio Estado, que lo sancione y condene aunque la condena judicial sea momentánea, en definitiva, que haga oficial o quasi oficial el relato proscrito, no constituye tanto una forma de duelo postergado o de consuelo, que solo pueden darse personal o socialmente, como de reconocimiento labrado en piedra: significa que los considerados bandidos dejaron de serlo, que los pulcros y victoriosos verán afeadas sus conductas, y no aplaudidas, y vilificadas sus hazañas repletas de miseria moral, mientras su dominio levemente se erosiona en público.

Aun en casos como el de la nuestra, la democracia, la incorregible democracia, hay instantes, fugaces como ráfagas quizá, en que hace cosas dignas de una democracia: tratar a las personas como personas, y a todas como iguales.

Es la incesante marejada de la Historia, que se eriza.

Enrique Naveda Coordinador General Plaza Pública

ÍNDICE

p.12 El castigo al hombre que no detuvo el terror p.26 Todo anulado p.30 Las CPR de la Sierra p.50 Olivia y sus hermanas p.62 Los niños que el Ejército se llevó p.80 Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra p.102 La justicia de los generales p.116 Cuando los militares cazaban “genocidas” p.132 Testigos p.140 La última batalla /8

de los generales está por iniciarse p.146 El preámbulo de los abogados p.154 Gustavo Porras Castejón: “lo que se va a romper es la paz política” p.164 Los otros manifestantes p.166 Dónde sucedió p.168 En la ciudad un juicio. En Nebaj un desentierro p.178 Por qué los datos casan con la hipótesis de que hubo genocidio /9

p.184 Una antropóloga sale a todo correr por el Panamerican p.192 “Digo absolutamente la verdad y Dios está de testigo” p.203 El club de la balanza y la daga p.218 Un soldado acusó a los altos comandos p.222 El testigo que hubiera acusado a Estados Unidos y a Pérez Molina p.232 Los solitarios hijos de aquel Ejército p.238 Ríos Montt

habló, se declaró inocente y luego fue condenado p.252 #JuicioGenocidio p.262 Tierra p.264 Cumbia de la memoria p.266 También la historia sensible p.268 El fin de la primavera de Claudia Paz p.282 El entierro más esperado de Estrella Polar P.298 La justicia de los perrajes p.304 Nebaj, el olvido que se acerca

EL CASTIGO AL HOMBRE QUE NO DETUVO EL

Alejandra Gutiérrez Valdizán [ Crónica 13 05 13 ]

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La sala del palacio de justicia era un caos. Habían pasado más de 30 años para que este momento llegara. Se habían salvado las presiones, los obstáculos legales, los saltos en el tiempo en el proceso. Las zancadillas que hicieron parecer que ese día no llegaría, llegó. Llegó en una sala abarrotada, tensa, desorganizada. El tribunal hiló el veredicto con esmero para impedir caer en un laberinto de amparos, aunque la caída parece inexorable. Pero, la historia ha sido marcada. José Efraín Ríos Montt fue declarado culpable.

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Alejandra Gutiérrez Valdizán

El acusado se fue a prisión con una orden. Una orden rabiosa, furiosa, desgarrada, angustiada, acorralada. El abogado del recién declarado genocida gritó: “¡Señora jueza, ponga orden en la sala!”. La jueza respondió, con el tono dulce y maternal que casi siempre controla: “Estamos poniendo orden en la sala. Les vamos a pedir a los jóvenes de la prensa que se sienten un momentito”. Los jóvenes de la prensa, que se abalanzaban sobre el condenado, no acataron. La voz del general no se escuchó. A la mayor parte de la audiencia le fue imposible observar cuando el expresidente de facto fue llevado por la policía. Ochenta años de cárcel, seis años menos del tiempo que ha vivido.

Una hora antes, a las 4 de la tarde, se había multiplicado el número de personas que apoyaron a la acusación durante el proceso. Los acusados estaban casi solos. Solos en la sala de vistas, pues las presiones políticas y en los medios, en las columnas de opinión, en los programas de radio, en las redes sociales, les seguían acompañando; muchos se oponían a la idea de que en Guatemala se declarara que hubo genocidio.

Surgía el fantasma de la polarización. Con la prensa campeando a sus anchas por toda la sala de audiencias, la puesta en escena del juicio ya no era tan teatral y solemne. La sentencia fue una escenificación para los medios.

El estrado en donde se sitúa el tribunal estaba resguardado por hombres armados, de civil. En la zona de los acusados y de los acusadores se duplicaba la presencia policial.

Calor, mucho calor, tensión, expectativa. Los jueces Patricia Bustamante, Pabo Xitumul y Yassmín Barrios hicieron su entrada. Los tres de negro. Hacía un contrapunto la blusa color granate de la jueza que presidía. Barrios empezó a leer a una velocidad trepidante, primero con una voz temblorosa que pronto recompuso: “Vamos a darla a conocer (la sentencia) en forma sintética”.“Señooora jueeez!”, se escuchó la inconfundible voz de Francisco García Gudiel, el abogado que logró incorporarse por último a la defensa de Ríos Montt.

“Una de las formas”, seguía Yassmín Barrios. “Señoooooraaa juez!”, gritaba el estridente García Gudiel. Por fin, Barrios se detuvo, probablemente temía que en ese último día, a último minuto, surgiera uno de los tantos obstáculos legales que fue poniendo la defensa en el camino. “Señora juez, le estoy pidiendo la palabra que por el poder de disciplina les diga a los señores que nos den la oportunidad de observar y escuchar el fallo.”. Barrios dio la orden a los encargados de seguridad de sacar a cualquiera que interrumpiera. Se hizo evidente que en el Organismo Judicial no hay protocolos de seguridad o éstos no se aplican con rigurosidad.

Todo volvió a la calma y Yassmín Barrios ya no se detuvo. Así como a la maquinaria de violencia estatal durante el conflicto armado se le ha comparado con una locomotora que rebasaría los límites más sangrientos durante los años de los gobiernos de Romeo Lucas García y de Efraín Ríos Montt; así fue tomando impulso y velocidad el juicio que se llevaba espoleando desde hace trece años.

A los pocos minutos de iniciada la lectura, ya se intuía que habría sentencia y que sería condenatoria. No se sabía si sería la misma para los dos acusados, se desconocía si sería sólo por alguno de los dos delitos (genocidio o delitos de deberes contra la humanidad), se ignoraba cuál sería la pena. Aun así, se daba por seguro que Ríos Montt nunca pisaría una prisión. / 14

De cómo se teje una sentencia para evitar que se cuele un amparo Yassmín Barrios inició con una contextualización histórica y luego hizo un recorrido en el que repetía, resaltaba, hacía nudos que le permitían, punto a punto, pieza a pieza, completar todos los elementos para definir jurídicamente el delito de genocidio.

“En el área ixil en las aldeas y caseríos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul, hubo violaciones sexuales y arrasamiento de las aldeas lo que obligó al pueblo maya ixil a desplazarse para salvar sus vidas, surgiendo destacamentos y campamentos militares en donde se les obligó a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil… según lo recogido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico como por el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, los juzgadores hacemos el análisis siguiente:”, inició Barrios, citando los documentos que son vistos como evangelios apócrifos por algunos sectores de la sociedad.

El tribunal utilizó los planes de operación Victoria 82, Sofía 82 y Firmeza 83 como pilares en los que defendería la sentencia; las otras columnas serían los peritos y los testigos. Los jueces eligieron las evidencias sin fisuras, seleccionaron a los peritos. Aportaron información técnica y fría que fuera completando el cuadro que respaldara la condena. Por más de una hora la jueza introdujo, entre citas de los peritos, los nombres de víctimas y testigos, sin detenerse en los capítulos emocionales que narraron aquellos hombres y mujeres, algunos que por primera vez llegaban a la capital, ayudados por un traductor. Por más de una hora se escuchó “muertes, masacres, persecuciones, violaciones, niños arrancados del vientre de su madre, niños alejados de su comunidad, huir a la montaña, campamentos”; se habló de los huesos, con balas, con heridas en el cráneo, de las fosas que poco a poco han vuelto a abrirse para escupir los esqueletos que muchos habían negado y siguen negando, y que otros muchos siguen buscando para dar a sus muertos un entierro digno.

Beatriz Bustamante y Pablo Xitimul, que han sido dos custodios permanentes y discretos, quienes completan el tribunal, cruzaban sus manos sobre la mesa y veían a un punto impreciso frente a ellos. Barrios no levantaba la vista del documento. Mientras la jueza leía los datos fríos, algunos lloraban.

Hechos, hechos y la cita a los planes y a relacionar al Presidente de facto Efraín Ríos Montt con éstos.

Pasó Elizabeth Oglesby, que analizó cómo los planes del Ejército tenían “el objetivo de control físico y psicológico. Se establece arrasar las poblaciones y sus cosechas, despojando a las poblaciones de sus fuentes de alimentación, determinando que existió planificación del alto mando militar, se concretizó en el uso de aviones y helicópteros para destruirlos, lo que dio lugar a persecución de gente a la montaña afectando a los más vulnerables”.

Se citó la declaración de Héctor Rosada Granados, que sirvió para explicar “cómo surgió la doctrina de seguridad nacional, y la polarización de comunismo y capitalismo, asumida en Guatemala como forma de defender a las elites dominantes, identificando a quienes estaban en contra como enemigo interno del Estado. Evidenciando un patrón genocida”.

Las descripciones de las fosas, de los huesos, los disparos, los entierros de los cuerpos, los cementerios clandestinos aparecieron al citar al perito Mario García Arreaga.

Las declaraciones de las víctimas de violación —un día entero pasaron por la sala las mujeres con el rostro cubierto por sus propios tejidos— y la declaración de la perito española Paloma Soria “demuestra / 15

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que fueron violadas por parte del Ejército siendo evidente el temor y el trauma que todavía experimentan al recordar los hechos. Se utilizó violencia física y psicológica, utilizadas en contra de ellas al ser acosadas sexualmente, una de ellas inclusive fue violada por aproximadamente 20 soldados. Demuestran de forma contundente que sí existió violación de mujeres por parte del Ejército de Guatemala”. El tribunal aseguró: “Paloma Soria, quien fue precisa en acreditar el peritaje: siendo parte de una estrategia para destruir a los ixiles, violaciones a menores, mujeres embarazadas y ancianas, el peritaje constata que las violaciones se produjeron en forma continuada y contribuyeron a la destrucción del tejido social”.

El peritaje de Jaime Romeo Valdez describió la huida a la montaña y el reclutamiento en las Patrullas de Autodefensa Civil. El complejo peritaje estadístico de Patrick Ball fue mencionado brevemente para “confirmar en forma numérica lo dicho por las víctimas, dentro del análisis de cada testigo”.

La declaración de Marta Casaús Arzú dio los insumos al tribunal para “comprender la diferencia conceptual de discriminación y genocidio, permitiendo conocer los antecedentes históricos y sociales pertenecientes al racismo. Se consideró el racismo como una maquinaria de exterminio, siendo el racismo la base para el genocidio”.

Barrios insistió: las acciones violentas contra los ixiles no fueron espontáneas, fueron la concretización de planes previamente elaborados. Se mencionó la tarea de ideologización, no faltó la mención —varias veces— a aquellos mensajes dominicales que quedaron guardados en la memoria colectiva, pero que no quedaron registrados en los archivos audiovisuales de Guatemala, porque no los hay. Porque los canales de televisión grababan sobre las mismas cintas.

Durante las audiencias, la defensa había presentado elementos raquíticos, mientras jugaba en otras instancias, recusando a los jueces, intentando retrotraer el proceso por vicios u omisiones. Sin embargo, hubo un aporte contundente, sólo que éste sirvió para anotar en su propia portería. El tribunal citó al general José Luis Quilo Ayuso. Fue una de las menciones más largas. “Tal como indicó el perito José Luis Quilo Ayuso, el Comandante General del Ejército era el general Efraín Montt, confirmando que los planes son autorizados por el Presidente y comandante general, que fueron elaborados por el director de inteligencia militar siendo claro el perito al indicar que en el plan Victoria 82. Siendo uno de los objetivos del Ejército el recuperar a la población civil. Indicando que fue Ríos Montt quien dio la orden para elaborarlos”.

Pero no todos los peritajes y testigos fueron tomados en cuenta, o al menos no fueron mencionados en esta primera versión sintética de la sentencia. Hubo ausencias, tan sorpresivas como la del video presentado por la acusación, grabado por Pamela Yates, quien ha estado presente durante casi todas las audiencias, en el que Ríos Montt decía a sus entrevistadoras: “Si yo no puedo controlar al Ejército, ¿entonces qué estoy haciendo aquí?”. Tampoco se habló de la Fundación de Antropología Forense y de su director, Fredy Peccerelli, que durante la fase de conclusiones fue uno de los más apaleados por García Gudiel. La defensa aseguraba que el título de Peccerelli no estaba convalidado en Guatemala y llegó a llamarlo “charlatán”.

Se evitó mencionar a testigos o peritos que implicaron a alguien más en el proceso. El más evidente fue el de Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien causó agitación al mencionar al presidente Otto Pérez Molina, al general Quilo Ayuso y al coronel Juan Chiroy —el acusado principal por la masacre de Totonicapán en 2012—. No se habló tampoco de otros posibles implicados como financistas, iglesias, grupos subversivos, o cualquier otro protagonista que pudiera enturbiar la sentencia, o dar voces de alerta o de enojo en el enrarecido ambiente social y político alrededor del juicio.

“Por lo antes expuesto, los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración”, dijo la juez.

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Una condena con final abierto José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fuera director de Inteligencia, llamada D2, en el gobierno de facto de Ríos Montt, durante todo el proceso fue un actor secundario, insípido para la prensa, con un imborrable rostro de aflicción. Llegaba en silla de ruedas, sentado en uno de esos neumáticos tan poco dignos y permanecía estoico durante todas las audiencias. Cruzaba escasas palabras con su compañero de purgatorio. José Mauricio Rodríguez Sánchez fue absuelto de todos los cargos y cuando llegue a estar firme la sentencia podrá salir en libertad, o podrá cambiarse de hospital que era lo que pedía el abogado defensor cuando presentó las conclusiones de su defendido. “¡Un D2 no tiene poder de mando!”, insistía el abogado Francisco Calderón. No tiene poder de mando, confirmó la jueza. Su nombre no fue relacionado con los planes tantas veces mencionados, con su tarea en inteligencia, con la obtención de información, con nada.

Rodríguez Sánchez fue absuelto.

“Se declara a Efraín Ríos Montt culpable de genocidio”. En la sala se escuchó una exhalación masiva, como si cientos de pechos hubieran expulsado el aire al mismo tiempo. Las mujeres ixiles se veían unas a otras, pero seguían en silencio.

De pronto, rugieron los aplausos cuando la jueza dijo 50 años de prisión inconmutable por el delito de genocidio y 30 años por el delito de deberes contra la humanidad, y atronaron mucho más, cuando se dijo que Ríos Montt iría directo a prisión. Los aplausos, los chiflidos, los gritos reventaron en la ardiente sala.

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Alejandra Gutiérrez Valdizán

Los temblores después de una condena Hace cuatro años, el 31 de agosto de 2009, fue condenado en Chimaltenango a 150 años de cárcel por desapariciones forzadas Felipe Cusanero, el primer comisionado militar que terminará su vida tras las rejas. El comisionado militar es uno de los últimos eslabones del Ejército que une a la población civil con las filas, un hombre nombrado para que reclute, para que dé información, para que organice a los civiles en las poblaciones a donde no alcanzaba a llegar el Ejército. Cusanero se fue a prisión sin señalar a nadie más, no levantó ni medio dedo, no pronunció un solo nombre.

En el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Sánchez, en los últimos días de la accidentada carrera por emitir condena, empezaron a colarse nombres, a percibirse de reojo señales de que las piezas del dominó podrían caer todas juntas. Las reacciones de quienes se oponían al juicio, o al discurso que niega el genocidio, los comunicados de prensa, empezaron a revelar los temores: polarización, disminución de la inversión extranjera, violencia política, ruptura del Estado de Guatemala, pero también se filtraban sutiles amenazas de “van a ir por otros”. Se sugería la idea de nuevos derroteros en las investigaciones, entre ellos financistas del sector privado que aportaron con dinero, con insumos, con aeronaves. En las entrelíneas de las declaraciones de Zury Ríos, la hija de Efraín Ríos Montt, o las de Alberto Reyes, vocero del movimiento de hijos de militares, asomaban estas amenazas.

El día que Efraín Rios Montt rompió el silencio y decidió hablar, uno antes de que se dictara sentencia, el acusado no negó las masacres o incluso un genocidio. Ríos Montt negó estar enterado y señaló como responsables de su área a cada uno de los encargados de su comando.

Unas de las últimas palabras de Yassmín Barrios fueron: “De la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, el tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra las demás personas que pudieron haber participado en los hechos”. Aplausos, chiflidos, gritos.

Algunos nombres podrían estar relacionados con la fuerza de tarea Gumarcaj, situada en el área ixil. Al comparar las fechas de participación con los archivos de la National Security Archives, surgen algunos nombres: Roberto Enrique Mata Gálvez, (comandante de la Fuerza de tarea Gumarcaj, 27/7/1982 a 1/6/1984), Juan Guillermo Oliva Carrera (ejecutivo de compañía, 1982), Anacleto Maza Castellanos (en la Fuerza Área, relacionada directamente en Victoria 82), podrían ser aquellos que Ríos Montt no llegó a nombrar. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones y la persecución? Es imposible saber.

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Apretar los puños en los ojos Había muchas lágrimas. Las activistas que han apoyado el proceso desde diversas instancias: Hellen Mack, Rigoberta Menchú (quien fue la primera en iniciar el proceso hace trece años) lloraban. Algunas de las mujeres ixiles lloraban; otros tantos intentaban contenerse.

“Se acaban de cagar en Guatemala”, murmuraba rabiosa una muchacha de las bancas cercanas a los acusados. “No sabíamos a qué sabe la victoria”, decía alguien del otro lado. Era la sensación de que aquello aún no había terminado. Fue allí, cuando pasaban los minutos eternos para que llegara la policía para conducir al condenado a prisión, cuando el abogado gritó su orden a la jueza. Fue allí cuando el caos de los fotógrafos que se arremolinaban alrededor del condenado para fotografiarlo y amenazaban con aplastarlo antes de que cumpliera condena. La jueza a gritos intentaba poner orden, el auditorio después de haber estado gritando “¡Justicia, justicia, justicia!”, ahora gritaba a los periodistas “quítense, quítense”.

Entonces, sonó una voz. Cantaba. “Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, darle paisaje al ciego, corazón al malvado”, era la versión del poema de Otto René Castillo, el poeta guerrillero torturado hasta la muerte por los militares en 1967, cantada por quien la musicalizó. Fernando López empezó a cantar y poco a poco se fueron uniendo voces tímidas, hasta que una buena parte del auditorio también cantaba. En ese momento entró la policía, al menos quince agentes se plantaron frente al espacio rodeado en el que estaba Ríos Montt. “¡Viva el pueblo ixil!”, se empezó a corear. Y ellas, las mujeres ixiles que estuvieron permanentemente, estoicamente, silenciosamente, durante más de un mes, miraban al frente. O no entendían o se sentían avergonzadas. Uno de los traductores que las acompañaba se puso al frente y dijo “vamos a agradecerle a los jueces”; y allí, sí, todas se movieron, se levantaron, se llevaban las manos al corazón y se inclinaban, y se volvían a inclinar y decían “gracias”, “tantix, tantix”. Efraín Ríos Montt fue sacado de la sala.

La jueza Barrios se puso de pie y saludó al público que coreaba “¡Yassmín, Yassmín!”, saludó, e hizo una señal de abrazo. Fue también la foto de ese abrazo al aire y de ese saludo el que ha servido para revelar que son muchos los que se oponen a la sentencia, la foto circula en internet como muestra de que “el tribunal no era imparcial”. Si las redes sociales son realmente un termómetro sí que estarían indicando que la polarización, que el discurso de la guerra fría no se ha abandonado, el de comunistas, izquierdistas, hippies, derechistas, fascistas, oligarcas, se ha alborotado. Ya el domingo, dos días después de la sentencia, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la cúpula del sector privado organizado, realizó una conferencia para pedir que se anule el fallo. La embajada de los Estados Unidos, el otro gran poder del siglo XX en Guatemala, respondió con un comunicado pidiendo que se respetara el juicio. De momento, en los tribunales de la República de Guatemala, ya hay una sentencia que encontró culpable a un exjefe de Estado por haber sabido del terror del genocidio y no haberlo detenido.

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Alejandra GutiĂŠrrez ValdizĂĄn

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Alejandra Gutiérrez Valdizán

Ríos Montt se fue directo a la exclusiva prisión de Matamoros, situada en el mismo fuerte militar donde el joven José Efraín inició su carrera. Los jueces se quedaron en la sala a la espera de que los asistentes salieran.

José Mauricio Rodríguez Sánchez volvió al Hospital Militar.

Los ixiles volvieron a los buses que los habían transportado desde el 19 de marzo. En la plaza frente al Palacio de Justicia se había organizado una fiesta con música y flores. Una valla de personas los esperaba y aplaudía, bajo un torrente de agua.

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Los ixiles, que siempre estuvieron como una presencia silenciosa que se desvanecía sólo cuando declararon su tragedia, empezaron a caminar en medio de los que los recibían con aplausos. Muchos de los que les aplaudían también son víctimas sobrevivientes, tienen familiares desaparecidos, vivieron en el exilio. Los que fueron llamados enemigos internos, incontrolables, rebeldes, los ixiles, ahora sonreían.

Una mujer ixil bailaba bajo la lluvia.

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Todo anulado Oswaldo J. Hernández Fotografía de Simone Dalmasso [ 20 05 13 ]

Justo, dos días después de que se dictara la sentencia por genocidio, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (Cacif) dio una conferencia de prensa para oponerse al proceso. Justo diez días después de la condena en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en el área ixil, la Corte de Constitucionalidad decidió que el proceso debe volver a repetirse.

Un incidente, una protesta planteada por la defensa de los acusados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, un asunto procesal, se convirtió en una resolución que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio. Lo que significa que las audiencias del juicio quedan sin validez.

El juicio por genocidio fue anulado.

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Oswaldo J. Hernรกndez

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Simone Dalmasso

En la madrugada de un martes de julio de 2013, los niños de Chaxá, El Quiché, despertaron entre la neblina. Ese día, los padres y hermanos mayores empezaron a excavar una enorme fosa en el campo en que solían jugar fútbol. Algunos se acercaron con curiosidad, otros, más emprendedores, agarraron el azadón para ayudar a sus familiares, con el instinto propio de la gente acostumbrada a la vida del campo y a sus herramientas de trabajo. Sólo unos cuantos osaron preguntar por qué se estaba levantando tanta tierra en medio de la comunidad.

Sin alzar la mirada de su pala, un anciano explicó escueto que iban a desenterrar los restos de unos abuelos y tíos que la guerra se había llevado.

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Simone Dalmasso

Justo antes de que otros niños se sumaran al grupo, el maestro despertó la atención de los pequeños, llamándolos para empezar la clase. Algunas niñas, las mayores, acababan de limpiar el piso de madera de la escuela y estaban atentas a que nadie, ni los más pequeños, faltara a clase. La mañana transcurrió con normalidad, con los 28 estudiantes de siete grados distintos sentados en un sólo salón. Ni siquiera el joven maestro encontró todas las respuestas a las preguntas de sus alumnos. Resultaba difícil explicar por qué, en una aldea ubicada en la montaña, a tres horas de la última carretera que lleva hasta Chajul, hace 30 años se había consumado una masacre de 37 personas, la mayoría niños, donde, según los testimonios de algunos familiares de las víctimas, “la sangre corrió como agua”, en un periodo en que “cortaban cabezas como pelar naranjas”.

Más al norte, cerca de la frontera con Ixcán, durante otra madrugada del mes anterior, un cortejo fúnebre macheteaba la selva que separa la aldea de Xecol del humilde cementerio comunitario para que Elena Ramírez, de 70 años, pudiera finalmente enterrar a sus dos hijas, fallecidas por susto y hambre en el 86. El llanto imparable de la señora representaba el primer desahogo después de casi tres décadas de luto. Tampoco la gente de esta comunidad podía explicar por qué un conflicto de tal magnitud vino a explotar en contra de niños y ancianos.

El mismo día, en la cercana comunidad de La Esperanza Amajchel, se realizaba el entierro de otras tres personas fallecidas a principios de los ochenta. Juan Pedro estaba exhausto después del velorio nocturno y, mientras retiraba la tierra del ataúd de su madre, Marta Raymundo López, muerta de hambre en el 83, se lamentaba: “Nos habían prometido un panteón para dignificar la memoria de nuestros mártires, en cambio, tal como los exhumamos, los volvemos a dejar en la tierra”.

Las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra (CPR-Sierra), ubicadas originariamente en las montañas del norte de Chajul, en territorio ixil, simbolizan la organización popular y la sobrevivencia frente a la política de exterminio y de la estrategia de tierra arrasada perpetrada en el área.

Atrapadas entre los “dos fuegos” de Ejército y guerrilla, a principios de los ochenta, cientos de familias huyeron de la violencia que se expandía en las aldeas para protegerse en los rincones más recónditos de las montañas y para sobrevivir durante 15 años a los bombardeos, al hambre y al miedo. La organización comunitaria unió a familias provenientes de los tres municipios del área, junto a refugiados de etnias colindantes, en su mayoría quichés, y permitió a las CPR sobrevivir.

Durante su acompañamiento pastoral en las CPR del Ixcán, el jesuita Ricardo Falla describía las comunidades como “un lugar histórico, donde se podía encontrar la revolución con la iglesia y donde ésta podía acercarse al fenómeno del ateísmo, no puesto en las cátedras de Europa, sino en las trincheras latinoamericanas”. Andrés Cabanas, autor de Los sueños perseguidos, Memoria de las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra, describe la experiencia de estas comunidades como la síntesis entre el guevarismo y la teología de la liberación.

A pesar de que muchos pobladores pagaron con la vida el precio de su libertad, después de su salida a la luz pública en 1990, la firma de la paz y el reasentamiento de una parte de las familias en la costa sur y en la Zona Reina de Uspantán, las CPR desaparecieron de la agenda de resarcimiento nacional.

Ahora, representan muchas de las paradojas de Guatemala: son de las comunidades más olvidadas, sin servicios básicos, de difícil acceso y sin ninguna representatividad en el panorama socio político.

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Olivia y sus hermanas Sebastián Escalón Fotografía de Simone Dalmasso [ Crónica 14 05 13 ]

El mismo mes en que el general Ríos Montt accedió al poder, el Ejército atacó el caserío de Chicajac, San Andrés Sajcabajá, obligando a la población a huir hacia las montañas.

Olivia Quinilla y sus hermanas Petrona e Inesia huyeron por rumbos distintos y no se volvieron a ver. Se dieron por muertas. Treinta y un años más tarde, la misma semana en que el general fue condenado a 80 años de cárcel, ellas se han reencontrado.

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Corría el año 1982. Olivia Quinilla, de cuarenta años, vivía con su esposo, Apolinario Ortiz y sus dos hijos. Sus padres y hermanos residían en una casa cercana. Agricultores todos, sembraban maíz y frijol. Rondaba ya la tragedia: los soldados llevaban un año haciendo incursiones, matando gente y quemando cultivos en distintas áreas del municipio.

En marzo de 1982, el mismo mes en que el general Efraín Ríos Montt accedió al poder mediante un golpe de Estado, el Ejército llegó disparando a Chicajac. Al igual que la mayoría de los pobladores, Olivia huyó junto con su esposo y sus hijos, convencida de que sus padres y hermanos habían sido asesinados. La familia atravesó los páramos áridos al norte de San Andrés, vadeó de noche el río Negro. En el caserío San Pedro, del municipio de Uspantán, descansaron tres días antes de caminar hasta La Guacamaya. Allí, población ixil que huía de las aldeas de Chajul se sumó a ellos.

A los ocho días sufrieron un nuevo ataque por parte de soldados provenientes de la finca San Francisco. Varias personas cayeron. Los que sobrevivieron, emprendieron una marcha que los llevó hasta las montañas del Ixcán. La familia de Olivia sobrevivió las primeras semanas gracias al pinol de maíz que llevaba. Al agotarse, tuvieron que comer hierbas recolectadas en el camino.

Nueve meses permanecieron en las montañas de San Juan Ixcán, hasta que en enero de 1983, los soldados los encontraron. Huyeron nuevamente hasta la aldea Cuarto Pueblo, donde, durante diez meses, sobrevivieron sin alimentos, ni medicinas, aquejados por enfermedades y llagas, acosados por el Ejército. Las andanzas del grupo fugitivo terminaron cuando decidieron cruzar la frontera con México. Olivia y Apolinario vivieron en Campeche por once años, tuvieron tres hijos más. El más joven, Mario, los acompañó en su regreso a Chicajac.

Al firmarse la paz, en 1996, la familia de Olivia fue de las primeras en retornar a Guatemala. Viven ahora en Santa María Tzejá, en el municipio de Ixcán. Convencida de que nadie de su familia había sobrevivido, Olivia nunca quiso regresar a su aldea natal. Hasta que miembros de la Asociación Donde están los niños y las niñas (Aden), que busca a desaparecidos del conflicto armado, le revelaran que sus hermanas Petrona e Inesia estaban vivas y deseosas de volverla a ver.

Por su parte, Petrona Quinilla narró a los investigadores que, en aquel marzo de 1982, durante el ataque militar al caserío, ella y su hermana Inesia, de 15 y 17 años, lograron refugiarse en los montes aledaños. Sus padres no lo consiguieron: las balas de los soldados los alcanzaron en la huida. Otro hermano, Antonio, también fue asesinado, y hay dos hermanas de quienes hasta el día de hoy no tienen noticias.

Tres días después, replegados ya los soldados, las adolescentes regresaron a la aldea y pudieron enterrar a sus padres. Junto con otros pobladores del caserío, se refugiaron en un lugar llamado La Cumbre en donde pensaron que no los buscarían. Un mes y medio después, las patrullas de autodefensa civil descubrieron a los fugitivos.

Pidieron clemencia, fueron interrogados, explicaron por qué estaban huyendo y, finalmente, pudieron volver a su aldea.

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El documento Memoria del Silencio, realizado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), deja constancia de la violencia que azotó al municipio de San Andrés Sajcabajá en los primeros años de la década de los ochenta. Se reportan allí más de cien casos de ejecuciones arbitrarias, torturas, violaciones y desapariciones forzadas. Se describen también ocho masacres.

En dicho documento, el caserío Chicajac aparece mencionado en dos ocasiones: en un caso de ejecución extrajudicial y en otro de desaparición forzada. No aparece la masacre narrada por las hermanas Quinilla. Sin embargo, de las ocho masacres ocurridas en el municipio de San Andrés Sajcabajá, cinco ocurrieron durante los cuatro primeros meses de 1982, lo que demuestra que efectivamente, la familia Quinilla fue víctima de una ofensiva militar sistemática en contra de la población de esa área.

Entre las masacres referidas por la CEH, hay una, fechada del 7 de febrero de 1982, que ocurrió en Xeabaj, caserío vecino a Chicajac. En ese lugar, según el informe, miembros del Ejército, comisionados militares y patrulleros civiles “quemaron alrededor de 75 casas, destruyeron milpas, árboles frutales y robaron bienes. Los soldados ejecutaron a Eulalio Pérez Baten, Fermina Mendoza Panjoy y a sus hijos Santos, Socorro y Marcelo Pérez Mendoza. Manuela Coj Portugués fue torturada y ejecutada: le sacaron los ojos, arrancaron la lengua y le clavaron una estaca que la atravesó matando a su bebé María Pérez Coj”.

“Los juzgadores hemos podido constatar que las incursiones violentas realizadas por el Ejército reprodujeron los mismos patrones de conducta: muertes violentas de las personas con cuchillos o armas de fuego, incendio de las viviendas, inclusive con personas adentro de las mismas, muerte de niños, adultos y ancianos de forma indiscriminada que sembró el terror en las personas que lograron huir y sobrevivir en la montaña”, leyó la juez Yassmín Barrios antes de condenar a Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión. Los testimonios de Petrona y Olivia Quinilla confirman con varios pasajes de la sentencia dictada por la juez el viernes 10 de mayo.

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—¿Cómo se encuentra, doña Olivia, ahora que va a ver a sus hermanas? —pregunta Manuel Celaya, coordinador de Aden, justo antes de empezar a subir la cuesta que nos llevará hasta la casa de Inesia.

—Triste —contesta la anciana menuda, vestida con un corte de tonos azules y morados y una blusa rosada decorada con encajes blancos alrededor del cuello. Sus manos y su rostro revelan la profunda angustia que experimenta. ¿Dónde están las niñas y los niños?, narra Celaya, fue fundada en el 2001 por siete familias que buscaban a sus hijos desaparecidos. En doce años de trabajo, han logrado 157 reencuentros y documentado 640 casos de niñez desaparecida, algunos de los cuales corresponden a robo de niños por parte de oficiales del Ejército. La mayoría son en el área ixil, pero han celebrado reencuentros en ocho departamentos de Guatemala.

—Un reencuentro es un momento muy personal, muy íntimo. ¿Por qué buscan convertirlo en un acto público? — se le pregunta a Celaya.

—Eso lo deciden las familias. Si tienen religión, si son católicos, invitan a su grupo católico; si son evangélicos, les interesa que participe su pastor. Otros dicen, a mí me gusta tener las costumbres, y a veces ponen marimba o ponen un disco para bailar. También hemos tenido personas que no quieren que esté nadie más que la familia cercana. Es decisión suya y la respetamos, pero a nosotros como asociación, nos interesa que participe más gente, porque la juventud no sabe lo que pasó, y queremos que conozca y participe en el reencuentro.

—Después del reencuentro, ¿las familias se siguen viendo? O, como ya cada uno hizo su vida, después de 30 años ¿se sienten como extranjeros unos de otros?

—Hay de todo. El objetivo de la asociación es que haya un enlace, porque sirve para sanar las heridas y conocer la verdad. La mayoría han tenido una excelente aceptación, a pesar de que el niño o la niña ya tiene a su propia familia. Las familias se visitan y, si es grande la distancia, se llaman por teléfono. Hay muchos casos, en que se han apoyado unos a otros: si el señor tiene, en algo intenta apoyar a su hijo. O al revés, si el hijo se ha superado, a veces les echa la mano a sus padres.

Conforme nos acercamos a Chicajac, el nerviosismo de Olivia se hace más patente.

Desde una altura de donde se abarca buena parte de los territorios de Uspantán y San Andrés Sajacabajá, antes de bajar al cauce del río Negro, don Apolinario, marido de Olivia, menciona los nombres de lugares y aldeas que ya le son familiares. En cambio, el rostro de Olivia, se ensombrece cada vez más.

—Ya no se acostumbra a ver este lugar. Le da miedo. Dice que le tiembla el cuerpo.

Le da nervios —dice preocupado Mario Ortiz, su hijo menor.

En su escaso castellano, Olivia confirma que siente “espanto”, que siente “susto”.

Palabras mayores cuando las dice una persona indígena: el susto es una enfermedad mortal. Varios testigos presentados por el Ministerio Público durante el juicio contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, hablaron de personas que murieron de susto en la montaña, huyendo de la tropa y las patrullas.

En una breve parada sobre el puente del río Negro, Olivia se niega a salir del vehículo. Su marido baja y se sorprende del color marrón oscuro del río, cuando hace treinta años era azul.

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Unas horas después, llegamos al área de Chicajac. Dejamos los vehículos y empezamos a subir una cuesta empinada. En lo alto del monte, está la casa de las hermanas.

Los nervios y la dificultad del camino obligan a Olivia a hacer varias paradas.

Llegamos a la cumbre. Aparece una pequeña casa de adobe, con techo de teja, rodeada por un patio. Sólo unos cuantos niños y perros nos reciben. Olivia, exhausta, temblando, se sienta sobre un bordillo de tierra. Parece no tener prisa. En realidad, el miedo la paraliza. Por fin, saca fuerzas de flaqueza, se levanta, y recorre los treinta metros que la separan del hogar de sus hermanas.

Detrás de la vivienda, aguardaba un grupo de unas veinte personas con las hermanas Quinilla, como si se escondieran para darle una sorpresa.

Han arreglado el espacio para día de fiesta. Tendieron una tela blanca para protegerse del sol, y han esparcido sobre el suelo hojas de pino y flores de buganvilia. Cuelgan por doquier guirnaldas de la misma flor. Sobre una pequeña mesa, han colocado hortensias y cartuchos.

Todos aguardan inmóviles, en silencio. Olivia, cabizbaja, se planta a unos metros del grupo. Inmediatamente, una mujer se le acerca. Viste un corte de tonos amarillos y una blusa, también amarilla, con vuelos blancos. Es Inesia. El amarillo y el rosado de las blusas se funden cuando las dos hermanas se abrazan. Sus ojos se llenan de lágrimas.

Inesia, en idioma quiché, habla con ella unos minutos. Luego se aleja de su hermana y vuelve con el grupo. Petrona, de blusa verde y delantal con franjas azules y moradas, se acerca y toma a su hermana mayor de los hombros. Hablan unos minutos.

Petrona, a su vez, vuelve con los demás.

Empieza entonces el desfile de los sobrinos que Olivia no conoce: uno por uno se acercan a su nueva tía y, ante ella, agachan la cabeza con respeto para que ella se las toque. Entonces se presentan, dicen unas palabras, y se alejan de nuevo. Olivia casi no dice nada, apenas asiente con la cabeza. La emoción es grande, pero contenida.

Después de las presentaciones, los discursos, los agradecimientos solemnes, habla el presidente del Cocode, la autoridad local, y manifiesta su alegría por el retorno de Olivia. Se refiere de forma elíptica a los eventos violentos que forzaron su huida, como para no herir sensibilidades o para no recordar momentos tristes.

Luego, el pastor evangélico de la congregación de Petrona dirige la oración en un castellano titubeante, que confunde el género de las palabras. Antes, pregunta a Olivia si es católica, evangélica o “costumbre”. Olivia responde firmemente que es católica, pero igual se pone de rodillas cuando el pastor se lo pide. Todos se arrodillan y cada uno se dirige a su Dios. Una plegaria, una súplica, un lloro colectivo de increíble intensidad se eleva desde el patio de la casa. Más que una oración, es una catarsis general que está operando, tres décadas después.

Hay más discursos, de las autoridades locales, de Manuel Celaya, de otros familiares. Incluso los periodistas somos invitados a presentarnos y a dar algunas palabras.

Antes de que los invitados se vayan, se reparte caldo de pollo y tortillas. Así termina la ceremonia. Olivia Quinilla debe volver a su tierra, a la tierra donde logró asentarse después de tanta huida. Su familia tiene previsto quedarse allí un día más antes de emprender la vuelta al Ixcán.

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Cinco días después, del reencuentro, dos días después de la condena, el domingo 12 de mayo, hablé por teléfono con Mario Ortiz, el hijo menor de Olivia Quinilla. Le pregunté cómo se sentía su madre.

—Ya está muy contenta mi mamá porque pudo ver a sus hermanas. Ahora están en contacto por teléfono. Ayer hablaron tres veces. Como el marido de mi tía Petrona ya murió, dice mi mamá que cuando juntemos dinero, la va mandar a traer para que se venga aquí con nosotros a Santa María Tzejá.

—¿Supieron de la condena a Efraín Ríos Montt?

—Sí, lo supimos por la radio. Qué bueno que lo sentenciaran. Mi mamá dice que está bien porque ellos fueron los que le hicieron daño. “Por él es que yo estoy enferma de los nervios”, dijo mi mamá. Ella está traumada por la guerra, y siempre que ve al Ejército patrullando, le da miedo.

Por eso estamos un poco contentos. Mire qué cosas, fuimos a conocer a mis tías, y cabal a los tres días, lo condenan a él.

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Durante el conflicto armado, los militares capturaron miles de niños en las áreas donde aplicó la política de tierra arrasada. Considerados como niños huérfanos, o niños abandonados por la guerrilla, el Ejército tuvo que encontrarles una salida, un destino. Hoy convertidos en adultos desarraigados, muchos de aquellos niños buscan a su familia.

Algunos la han reencontrado, y pueden contar la historia de los niños que el Ejército “rescató”.

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En algún momento de 1982, la cuarta patrulla de la segunda brigada de paracaidistas, destacada en el área ixil, envió este reporte a sus superiores: “Durante el desarrollo de la operación se eliminó al siguiente personal: En 1655-1500, en una quebrada se encontraba escondida una mujer y al advertir presencia extraña el hombre punta hizo fuego, eliminándola ella y dos chocolates, siendo recuperados de esos cinco, únicamente tres, que más tarde fueron evacuados por ‘Águila’”.

En la jerga militar de la época, “Águila” es el helicóptero y los “chocolates” son los niños.

Este informe se encuentra en el Plan de Operaciones Sofía, uno de los documentos que sustentaron la acusación en el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y que contiene cientos de mensajes, órdenes, informes y reportes de operaciones como el anterior.

El 6 de agosto de 1983, por medio de un oficio que hoy resguarda el Archivo Histórico de la Policía Nacional, el mayor Edgar Leonel Lorenzo rindió cuentas al director de la Policía Nacional, Héctor Bol de la Cruz, sobre un cateo operado en una casa de la Zona 6 capitalina. “… lugar de donde se evacuaron 5 personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino mayores de edad y tres menores del sexo masculino, los cuales, según ellos, pertenecen a la organización “EGP””. ¿Qué fue de estos niños? ¿Qué hicieron, a dónde se llevaron, el Ejército y la Policía, a los dos “chocolates” que vieron a su madre morir y a los tres pequeños militantes del Ejército Guerrillero de los Pobres?

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Los niños perdidos de la guerra

El conflicto armado fue especialmente violento para los niños. El 20 por ciento de las víctimas de ejecuciones arbitrarias cometidas en contra de la población eran menores de edad, según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, memoria del silencio. La Comisión reporta múltiples casos de aberrante crueldad aplicada por soldados y patrulleros civiles sobre niños pequeños, a veces delante de sus padres.

Los menores también fueron víctimas de desapariciones forzadas. Los datos de la CEH arrojan que, durante los 36 años de guerra, unos 5 mil niños desaparecieron.

La mayoría durante el periodo de 1979 a 1986. Sin embargo, esta cifra podría ser superior. Según Evelyn Blanco, coordinadora del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), una de las organizaciones que se dio a la tarea de buscar el paradero de estos niños de la guerra, muchas víctimas reportaron a la Comisión a sus familiares adultos desaparecidos, pero no a sus niños, “por el temor a que se dijera que los habían abandonado”. La desaparición de niños produjo en los padres un sentimiento de culpa y vergüenza muy intenso y la creencia de que hubieran podido hacer más para evitar que se los llevaran. De allí su silencio.

Muchos de estos 5 mil o más niños se perdieron cuando la población de una aldea o caserío huía del ataque del Ejército. En el pánico, los padres salían corriendo para un lado, los niños por otro, y se separaban para siempre. En ocasiones dramáticas, los más pequeños, fueron abandonados por sus familiares en la huida. Los niños constituían una dificultad adicional. Su llanto podía delatar a todo el grupo y las condiciones de vida en la montaña, el hambre, las enfermedades, los bombardeos, eran sinónimo de muerte para los más débiles.

Pero en muchísimas ocasiones, imposible determinar cuántas, fueron el Ejército y las patrullas de autodefensa civil, los que secuestraron a los niños. Son los niños víctimas de desaparición forzada. Los niños abandonados por guerrilleros en fuga, como quiso presentarlos el Ejército.

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Francisco en un campo de concentración guatemalteco Francisco Chávez es un hombre de baja estatura, de voz y mirada tristes. Es originario de Xoloché, Nebaj. Treinta años después de la tragedia que golpeó a su familia, la frustración, la sensación de impotencia, la confusión ante la injusticia que padeció, lo oprimen. No logra asimilar que su familia haya sido víctima de persecución por parte del Ejército: “mis padres no eran de las personas que encontramos en la calle vagando. Mi papá se ganaba la vida dignamente. Era recto en lo que es pagar sus impuestos”.

A principios de los ochenta, cuando Francisco tenía cuatro años, su padre, harto de los viajes a la costa para la zafra, decidió dedicarse al comercio, e intercambiar productos entre Xoloché y otras poblaciones de la región. Para pasar los retenes militares que empezaron a multiplicarse, tramitó su carnet militar. Todo iba bien, y a pesar del clima de guerra, el comercio florecía y se diversificaba. Un día, olvidó su salvoconducto en casa y, al ser detenido, fue interrogado y acusado de haberse pasado a la guerrilla. Salió librado de ese embrollo, pero ya las sospechas de los soldados empezaron a pesar sobre él. Sabía que lo matarían: un hombre que lleva y trae productos comestibles en tiempos de guerra, para un militar, ¿qué otra cosa podía ser más que un colaborador de la guerrilla?

La familia huyó. Dejó la casa recién levantada, las tierras, los animales y caminó hacia el norte, hacia Chajul, vadeando ríos, cruzando quebradas. Fue inútil: en una aldea de Chajul, “los ejércitos” capturaron a Francisco, su hermana y su madre. Su padre logró huir, y meses más tarde, fue abatido en las sierras del Ixcán.

La madre y los hijos fueron llevados al destacamento militar de Chel, y trasladados poco después al de Chajul junto a un grupo de niños, mujeres y ancianos. La descripción que hace Francisco Chávez de estos destacamentos corresponde a la de un campo de concentración. La primera medida, en el destacamento, fue separar a los niños, mujeres y hombres en distintos grupos. Un sector para cada quien, y los

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hombres siempre amarrados. Francisco, con seis años, quedó a cargo de su hermana, de cuatro. En el destacamento, había otros 15 ó 30 niños como él. Cada día llegaban nuevos, y evacuaban a otros en carros o helicópteros.

De su paso por el destacamento, Francisco sólo guarda recuerdos traumáticos. “Nos trataban mal. Nos ponían a hacer trabajos. No era un lugar para niños. Cuando nos querían dar comida, nos daban. Pero era como dársela a los chuchos: te la mostraban y cuando te acercabas te la quitaban. Nuestra salud estaba mal. Yo estaba desnutrido, sin ropa. No intentaban que recuperáramos nuestra salud”.

Se agregaban torturas sicológicas: “Decían que mi papá era guerrillero, que lo iban a perseguir y lo iban a traer atado, y si no ya muerto. A los guerrilleros no los querían ver vivos. Eso no se me quitaba de la mente. Me afectaba”. Se sumaban los interrogatorios: “Cada día que amanecía, cuántos militares nos interrogaban. Cómo me llamo yo, cómo se llama mi papá, cuál es el nombre guerrillero de mi papá. Me decían que tendría que salir a acompañar a los militares para mostrarles dónde vive mi papá, para matarlo a él. Porque por él me iban a matar a mí. Según ellos, por no decir la verdad, nos iba a echar a la pila. Pero yo no tenía la información que ellos querían”.

Francisco recuerda algunas escenas de horror: “mataban gente en el lugar o traían personas ya torturadas. Nos sacaban a verlas para que dijéramos si eran nuestros padres.

Ver a alguien torturado y muerto, es algo que nunca se me va a olvidar”.

Y a veces, surgía la simpatía de los soldados, que para Francisco resultaba ser una amenaza más. “Nos decían ‘vas a ser mi hijo, te voy a llevar para mi casa’, y nos ponían un uniforme militar”.

Francisco Chávez cree haber permanecido seis meses en el destacamento de Chajul, aunque, claro, el tiempo no corre igual para un niño de seis años que para el adulto en que se ha convertido.

Finalmente, el párroco de Nebaj llevó a Francisco y su hermana a un orfanato de la Iglesia católica. Fue un periodo feliz para el niño. “Se preocuparon por nuestra salud, nos dieron ropa y educación. Nos dieron un lugar digno”. Cinco años estuvieron en el orfanato, hasta que reapareció su madre y se los llevó de vuelta a la aldea. Para Francisco, lejos de ser una alegría, el regreso de su madre fue un nuevo trauma. Significó abandonar su hogar, sus amigos, las monjas “a las que ya veía como mis mamás”, para acompañar a una mujer olvidada, una cuasi desconocida quien, además, no tenía los recursos para darle todo lo que le daban en el orfanato. “Fue un proceso largo. Sigo siendo afectado, siento yo”.

Hoy en día, Francisco Chávez sigue viviendo en Xoloché. Tiene un hijo. Su familia no pudo recuperar la casa, ni las tierras, que fueron repartidas entre miembros de las patrullas de autodefensa civil. Vive de pequeños trabajos que a veces le piden organizaciones sociales.

Francisco fue uno de los 98 ixiles que, durante el mes de abril, pasaron frente al tribunal A de Mayor Riesgo a dar su testimonio. Testimonios que contribuyeron a que el general Efraín Ríos Montt fuera condenado. Desde entonces, Francisco Chávez teme por su vida: es mal visto por los expatrulleros de la aldea y siente que ellos, o los finqueros de Nebaj, podrían tenderle una trampa algún día. Si haber declarado en el juicio supuso un alivio para muchas víctimas, no parece ser su caso.

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Beneficios de un secuestro

Probablemente, como Francisco Chávez, sean miles los niños que pasaron por las instalaciones militares durante el conflicto armado, en particular en los primeros años de la década de los ochenta. ¿Qué buscaba el Ejército? ¿A qué motivos obedecía capturar niños en las zonas de combate?

Marco Antonio Garavito, director de la Liga guatemalteca de higiene mental, una organización que ha logrado el reencuentro de 382 familiares a lo largo de diez años de búsqueda de niños desaparecidos, ve dos motivos principales.

El primero, era recabar información. La inteligencia militar veía en los niños una fuente de datos sobre la guerrilla y las organizaciones campesinas. Los interrogatorios a los que fue sometido Francisco Chávez lo confirman. Los niños también servían como cebo para atraer hacia los destacamentos a los padres que habían logrado huir.

Marco Tulio Álvarez, exdirector de los Archivos de la paz y consultor del Ministerio Público realizó un peritaje que fue presentado durante el juicio por genocidio, sobre el traslado de menores en el área ixil. En su informe, propone otras razones que pudieron motivar al Ejército en retener niños y niñas.

Estas son: “el infundir terror en la población en general; el castigar a los padres a través del daño infligido a los menores (…), así como obtener ganancias económicas por la venta de los niños”. Todo esto, bajo la lógica de la tierra arrasada.

Existe otra hipótesis, opuesta a la anterior, que puede explicar por qué en algunos casos, el Ejército se llevó a los niños. Es probable que, en ciertas masacres, se registran 626 durante la guerra, algunos oficiales y soldados no tuvieron el ánimo para matar a los niños, o no a todos los niños. “Esto fue difícil entenderlo, porque el sentido ideológico planteaba que todos los militares eran unos demonios”, explica

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Marco Antonio Garavito. “A nuestro entender, en la complejidad del ser humano, operó un sentido de menos deshumanización en algunos oficiales a cargo de los operativos. Hay evidencias de un operativo con dos unidades en un mismo sector.

Una de ellas acaba con todo el mundo, mientras que la otra mata a mucha gente, pero a los niños se los lleva o los deja”, prosigue.

Como ejemplo de esto, Garavito recuerda el caso de Tomás Choc y su hija Julia, el primer reencuentro obtenido por la Liga de Higiene Mental. “Cuando la aldea Las Guacamayas es atacada, los habitantes, entre ellos Tomás Choc, huyen de los militares. Julia, de dos años, se queda frente al rancho. Hay un soldado que la va a matar con un machete. En ese momento, un patrullero llamado Pedro dice, ‘no la mate, regálemela que no tenemos hijos nosotros’”.

Cuando, años más tarde, se llevó a cabo el reencuentro de Tomás con su hija, éste, en su improvisado discurso dijo, poniéndole la mano en la cabeza: “hoy reconozco a Julia. Ustedes son testigos de que es mi hija porque el día de hoy resucitó, y resucitó gracias a que existía don Pedro”.

Esta historia inspiró la película Distancia, de Sergio Ramírez.

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Distintos destinos

¿Qué hacer con todos esos niños concentrados en instalaciones militares, una vez que han cumplido o incumplido su función de cebo y que han brindado, acaso, informaciones al Ejército? ¿Matarlos?

Era una opción. El Ejército de Guatemala no dudó en hacerlo, a sangre fría. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), busca recuperar los restos de las personas asesinadas en los destacamentos militares. Hasta la fecha, ha trabajado en 34 destacamentos y encontrado osamentas en 26 de estos. En total ha recuperado 1,358 osamentas. Ciento cincuenta corresponden a menores de 18 años.

El caso más emblemático es el de la fosa n°15 de la Zona Militar 21, hoy conocida como Creompaz, (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz) situada en Cobán. Los arqueólogos forenses descubrieron allí 63 esqueletos, de los cuales, 37 eran de menores de edad. Los antropólogos forenses no observaron señas de heridas por armas de fuego o machetes en los huesos. Se piensa que estos 37 niños fueron ahorcados.

El asesinato no era la opción más común. Muchos niños fueron regalados a pobladores de los alrededores de las bases, como ocurrió en San Martín Jilotepeque. Otros fueron entregados a patrulleros civiles y comisionados militares. Otros más, fueron retenidos por oficiales del Ejército para tenerlos como servidumbre o para criarlos como hijos propios. Cientos de ellos fueron llevados a casas hogares y orfanatos donde crecieron o desde donde se les dio en adopción a familias extranjeras. Este es un abanico sin duda incompleto de posibilidades que se presentaron ante los niños desaparecidos de la guerra.

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Marcos y su familia postiza

Para muchos, los recuerdos de la infancia, los juegos, la curiosidad ante un mundo recién creado y lleno de sorpresas, son como un refugio, un escudo en los momentos difíciles. No para Marcos Choc: sus primeros recuerdos corresponden a un infierno de maltratos y vejaciones.

Marcos Choc es un joven bien parecido, fuerte, jovial. Todo en él respira salud y bienestar. Todos los días se viste de amarillo fosforescente, se coloca sobre la cabeza un casco tipo colonial y se encarga de dar vía en las principales arterias de la capital de Guatemala, de vigilar el Paseo de la Sexta Avenida, o de poner multas a los conductores imprudentes. Es agente de la Policía Municipal de Tránsito. Siempre que puede, vuelve a la aldea del municipio de Cahabón, Alta Verapaz, de donde resultó ser originario.

“Cuando tenía ocho años me di cuenta que vivía con gente que no era mi familia. Me trataban mal, me pegaban mucho. Yo me ponía a pensar, ¿por qué me pegan mucho? ¿Por qué no me dan de comer? ¿Por qué me sacan de la casa y me tengo que ir a dormir al monte? La gente, los vecinos, me dijeron: “esos no son familiares suyos”. Me puse a pensar: pero por qué, por qué estoy aquí, qué pasó”. Marcos vivía en San Pedro Carchá, y los vecinos le decían que él era de Cahabón.

Marcos se convirtió en el sirviente de los hijos de su familia adoptiva.

Fue obligado a hacer trabajos pesados como acarrear leña y, a cambio, sólo recibía golpizas con palos o alambres. Nunca lo dejaron ir a la escuela, nunca lo dejaron jugar, nunca le compraron zapatos. “Una pantaloneta y una playera, es todo lo que tenía”.

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“Un día, el señor me dijo, señalando a un hombre: ‘ese señor te va a agarrar, porque el vende los niños’. Salí huyendo y me enfermé. Me iba a morir. Yo lloraba, quería ver a mi mamá. Quería que llegara mi verdadera mamá”.

Marcos no murió gracias a la compasión de una vecina quien, al darse cuenta de los maltratos, le ofreció asilo. Vivió con ella y su hijo por varios años, y su vida cambió.

A los 12 años de edad, pudo ir a la escuela por primera vez y pasar tardes enteras jugando pelota. “Allí me recuperé y ya no pensé mucho en lo que me había pasado.

No pensaba mucho en mi mamá”.

La mujer le contó que sus padres eran de Cahabón, pero que quizás habían muerto por la guerra, que quizás eran guerrilleros. Esta explicación le bastó por varios años.

Con 18, empezó a trabajar como ayudante de camión y luego en una discoteca rodante, con un grupo musical llamado “Los Arrecifes”. Descubrió la capital.

En el 2005, Marcos, vio en la televisión que había organizaciones que buscaban reunir a familias separadas por la guerra, se acercó a las oficinas del CIIDH. Contó su historia y los investigadores lograron relacionarla con otro relato, el de un hombre radicado en San Luis, Petén, que buscaba a sus hijos. Después de meses de trabajo de campo, y muchas entrevistas, el CIIDH logró reunir a una familia que había sido partida en tres pedazos. Se pudo también reconstruir su historia.

En septiembre de 1982, el Ejército atacó la aldea Chiax Balamté, de Cahabón. La familia de Marcos sabía que en las áreas vecinas estaban matando gente. Fatalistas, decidieron quedarse en la casa, junto con otra familia. “Si nos matan, que nos maten a todos juntos”, decidieron. A las 11 de la noche, llegaron soldados y patrulleros. El padre de Marcos logró huir por los matorrales. Una mujer empezó a gritar que los dejaran en paz y por eso la mataron.

Marcos Choc y una niña de 12 años, Adela, fueron capturados y llevados a la cárcel de Cahabón. Marcos quedó como botín de guerra de un patrullero del lugar. Éste finalmente optó por regalarle el niño a su hermano, patrullero de San Pedro Carchá.

Allí empezó el martirio de Marcos. La niña se quedó con otro patrullero, con quien se casó unos años más tarde.

El padre logró huir y rehacer su vida en Petén. Tuvo otra mujer y otros hijos. La madre se quedó en la aldea con sus otros hijos.

Marcos Choc es hoy un hombre feliz. Cuando cuenta su historia, parece que aún no puede creer la buena fortuna de haber reencontrado a sus padres, hermanos, tíos y abuelos. “El día del reencuentro, yo lloré de alegría porque conocí a mi mamá, a mi papá. Según yo, estaban muertos. Sentí un apoyo. ¡Sí tengo familia! Es lo que sentí”.

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Los que se quedaron con el Ejército

Muchos patrulleros, se desconoce el número, comisionados militares y soldados se quedaron con niños capturados en las aldeas. Se han reportado varias historias de maltrato y servidumbre.

El informe Guatemala, memoria del silencio recoge el testimonio de algunos de los 18 niños sobrevivientes de la masacre de Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, ocurrida el 13 de marzo de 1982. Ellos fueron forzados a convivir durante dos años con los patrulleros que ejecutaron a sus familiares. Los maltratos y abusos que relataron a los investigadores de la CEH son espeluznantes: golpes, amenazas de muerte, privación de alimento o abrigo. Dos de los menores secuestrados murieron a causa de los malos tratos. Dos años después, sobrevivientes de la aldea masacrada supieron del paradero de los niños y los reclamaron. Después de múltiples trámites, y a pesar de las amenazas de los patrulleros, lograron recuperar a los pequeños.

No todos los patrulleros se comportaron de forma inhumana con los niños recogidos después de las masacres. Así lo muestra la historia de Julia, la hija de Tomás Choc, quien fue criada como hija propia del patrullero Pedro. Algunos niños, recogidos en edades muy tempranas no saben hoy en día, que pertenecen a una familia ajena.

Los oficiales del Ejército también se quedaron con niños de la guerra, aunque de esto se sabe muy poco. Se conocen algunos casos, como el de Óscar, sobreviviente de la apocalíptica masacre de Dos Erres, quien fue adoptado, con tres años, por el teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos.

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Miriam busca a su hermana por Facebook Miriam Gómez llega, caminando con dificultad, con el cuerpo doblado hacia un costado, al lugar de la cita, el Wendy’s de la zona 13. No le disgustan las hamburguesas del Wendy’s, pero prefiere las del McDonald’s. Miriam, ronda los 40 aunque aparenta menos. Tiene muchas amigas, se ha graduado de periodista, y ahora trabaja en un call center cercano, aprovechando su perfecto dominio del inglés. Su trabajo ha influido en su hablar: antes de contestar, emite ese “¡oh!” típico de los norteamericanos, con el que parecen indicar que les ha sorprendido la pregunta pero que la van a contestar tras un segundo más de reflexión.

Quien la escucha, imagina a una mujer capitalina, de esa clase media, empapada de cultura norteamericana, de esa generación para quien la guerra civil fue un rumor lejano, una imagen televisada.

Nadie sospecharía que su infancia transcurrió entre milpas y ayoteras, animales de corral y noches sin luz eléctrica. Pero la guerra…

Guerra que ella cuenta con extraordinaria precisión, haciendo gala de una memoria envidiable y notable talento narrativo.

La familia de Miriam Gómez, padre, madre y cinco hijos, vivía en una aldea llamada San Pablo El Baldío, Uspantán, Quiché, cuyos habitantes eran ladinos en su mayoría. Hombres en armas empezaron a asomarse. Guerrilleros y soldados. “Los guerrilleros llegaban tranquilos, iban con los líderes, y los líderes decían que los iban a ayudar, y les daban comida. Los militares llegaban violentos, ‘¡queremos comer!’, ‘¡aquí hay guerrilleros!, amedrentando a la gente”, recuerda Miriam. Ambos exigían

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el apoyo de la población; a ambos se les decía que sí.

Un día de enero de 1982, Miriam tenía nueve años, la situación cambió: los militares no vinieron gritando, sino disparando. Miriam estaba sola por los sembradíos. “En eso, oí que venían caminando soldados. Lo que hice fue esconderme en un tronco hueco que ya conocía. El monte estaba grande y las entradas no se veían. Sobre ese tronco se sentaron los soldados a hablar. ‘Aquí no hay gente’. ‘Bien, están escondidos.’ ‘¿Y si encontramos a la gente qué hacemos?’ ‘Los matamos, esas son las órdenes. Mujeres, niños, los matamos. Acá todos son guerrilleros’.”

Los soldados se fueron, Miriam salió de su escondite y empezó a buscar a su familia.

Se topó cara a cara con otros dos soldados. “Yo los vi y grité. Pensé que me iban a matar. ‘No me maten, no me maten’, grité. Corrí cuesta abajo, pero me agarraron.

Me levantaron cada uno de un brazo, y yo iba pataleando”.

Al final del día, fue llevada a un destacamento militar. Allí, vio a una niña triste, cabizbaja, con una pequeña fila de caramelos Salvavidas frente a ella. Era Elvia, su hermanita de cuatro años. Trató de consolarla, de explicarle que pronto las dejarían ir y podrían volver con la familia. “No se van a quedar con nosotros”, razonó.

Pasaron varios días en el destacamento. Luego, vinieron varios desplazamientos.

Primero Uspantán, en donde estuvieron al resguardo de una mujer en una casa particular. Luego, la inmensa base militar de Santa Cruz del Quiché. Siempre estuvieron a cargo de los dos soldados que habían capturado a Miriam. “Nos trataron rebien, nunca usaron malas palabras, nunca nos pegaron. Cuando llorábamos, nos trataban de consolar, y decían que iban a traer muñecas para que jugáramos”.

Miriam aceptó los traslados con más naturalidad, adaptándose a lo que llegara. En cambio, su hermana estaba triste, callada, sin ganas de jugar.

Aquí, el relato se corta. Miriam, quien contaba la historia ligera y con buen humor, casi como quien cuenta un viaje de vacaciones, al recordar a su hermana, rompe a llorar. Pide disculpas. “Ya quiero superar esto, pero no puedo. Todavía duele”. Alrededor, familias van y vienen con sus bandejas repletas de hamburguesas, papas fritas y refrescos. Miriam se sosiega, y vuelve a la base militar de Santa Cruz del Quiché.

Tras una semana entre soldados, llegó un oficial, el capitán F. Miriam dice su nombre y apellido, los cuales Plaza Pública omite.

El capitán F las subió a un helicóptero y las llevó a la capital, a su propia casa. “Tenía una hija en ese entonces, de la misma edad que mi hermanita, quizás un poco más grande y jugábamos con ella. Fue la primera vez que vi una televisión”.

“De allí me llevaron al hospital militar, por lo de mi columna”. Miriam, tiene un pro-

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blema en la columna, una escoliosis muy pronunciada que dificulta sus movimientos. Pasó un año internada en el hospital. “No sabían que hacer conmigo. Hicieron un reporte que decía que toda mi familia había muerto, que yo había dicho que mi mamá había sido herida de bala y que muchos de mi familia se habían ido a la isla.

Yo nunca dije eso. Nunca había oído hablar de islas”. Miriam supone que se referían a la isla de Cuba… En esos tiempos, en los hospitales y orfanatos públicos, cuando llegaban niños traídos de las áreas de guerra, era costumbre inventarles una historia, un nombre, un lugar de nacimiento, para desaparecer su identidad y proveniencia.

Miriam se adaptó bien a la vida en el Hospital Militar. Era amiga de las enfermeras, las ayudaba a cuidar a los bebés, y jugaba con los otros niños que el Ejército dejaba allí en depósito.

Al año, se acercaron la mujer del capitán F y una pareja. “Me dijeron que me iban a adoptar, y que estaría en un lugar muy bonito, donde tendría muchos hermanitos.

Ella me regaló una muñeca enorme, casi de mi tamaño, y una cadenita con la Virgen y un crucifijo. Le pregunté a la esposa del capitán: ‘¿me van a llevar con mi hermanita?’”. Incómoda, la señora asintió con la cabeza, sin lograr esconder que estaba mintiendo.

La llevaron a un hogar llamado El Refugio, situado cerca de Palín, Escuintla. El hogar era administrado por una norteamericana a quien Miriam llama su “mamá adoptiva”. Fueron años de felicidad. “Nos cuidaron, nos amaron, nos dieron estudio, buena vivienda. Nos trataron como niños ricos. I love you. Nos hablaban de Dios, teníamos estudio bíblico. Nos llevaban mucho a Automariscos a nadar, a jugar béisbol, básquetbol. Fue una vida muy plena, y fui olvidando todo. Incluso a mi hermanita la olvidé”.

Unos años después de haber salido del hogar, Miriam recordó su pasado. Por medio de una amiga que trabajaba en el Programa Nacional de Resarcimiento, fue puesta en contacto con la Liga de Higiene Mental. Marco Antonio Garavito hizo averiguaciones, y un día, le anunció que había encontrado a su familia. Le dijo que sus padres habían muerto, pero que tres de sus hermanos estaban vivos, tenían hijos, y estaban deseosos de conocerla.

El reencuentro fue una experiencia muy intensa. “En vez de ponerme triste o alegre, estaba como en shock”. Pronto, los lazos cercenados se restablecieron naturalmente.

Miriam, siempre que puede, pasa sus vacaciones en el pueblo, disfrutando del ritmo de la vida rural. Supo entonces la muerte de su padre, asesinado por el Ejército al ir a buscar a sus hijas a Uspantán, y la de su madre, ocurrida unos meses más tarde por un grupo de hombres armados y encapuchados de los que no se sabe si eran militares o guerrilleros.

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¿Y su hermana Elvia? Miriam se pone seria. Toma aire, y dice: “Suponemos que una de las hijas del capitán puede ser mi hermana. Cuando estuvimos con él, sólo tenía una hija. Y ahora tiene dos nacidas antes del 82”. Marco Antonio Garavito intentó hablar con el capitán F, pero según Miriam, éste reaccionó con nerviosismo y agresividad. Miriam le escribió una carta a la esposa. La mujer contestó. Que no entendía por qué la vinculaba a ella. Que ella había sido bendecida con tres hijos por Dios.

Que tenía tres cesáreas para demostrarlo. Que si quería, podían hacerse una prueba de ADN. Miriam se alegró y respondió que sí, que lo más pronto sería lo mejor. No hubo más cartas por parte de la esposa de F. Otro intento por acercarse a su hermana, fue gracias a las redes sociales. “Tuve acceso a su Facebook. Ella me aceptó, sin saber quién era. No quise escribirle porque es un tema demasiado delicado para hablarlo por Facebook. No quería asustarla y que me bloqueara. Pero pasó. Me bloqueó”. Miriam afirma que, por las fotos que vio, una de las hijas del capitán es físicamente muy distinta al resto de esa familia.

Marco Antonio Garavito explica que no pueden ir directamente a hablar con la hija del capitán F ya que “no estamos convencidos de que ella sepa”. Por muchas ansias que tenga Miriam, no es ético llegar ante una persona y “moverle el piso” con la revelación de que sus padres no son sus padres, que su familia es otra. Tampoco es válido insistir en presentarle a una familia a la que quizás no quiera conocer. “Tendremos que buscar los medios investigativos para llegar de una manera sana”, añade.

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Mientras, Miriam tiene que armarse de paciencia y esperar el día en que su hermana decida ponerse en busca de su familia biológica. “Ella va a aparecer. Yo sé que se va a dar”.

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Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra Martín Rodríguez Pellecer [ Reportaje 21 08 13 ]

El boicot de la élite empresarial al juicio por genocidio no se debió a una simpatía por Efraín Ríos Montt sino a una relación más cercana: su alianza en la guerra civil guatemalteca. Empresarios formaron parte del gobierno de facto, hicieron un aporte financiero a la contrainsurgencia, cabildearon para revertir el aislamiento internacional y utilizaron sus propias avionetas para trasladar militares y lanzar bombas en el área ixil.

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Hasta hace poco, esta alianza era un recuerdo nublado porque durante 30 años, entre 1983 y 2013, la élite y Ríos Montt se distanciaron. Por diferencias que empezaron con el aumento de impuestos durante el gobierno de facto y por el apoyo empresarial al sucesor de Ríos Montt. Las diferencias aumentaron con la prohibición constitucional que impedía a Ríos Montt ser candidato a la presidencia, y reventaron en 2003 cuando Ríos Montt y su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) le arrebataron a la élite el control del Estado, en el Congreso, en el Ejecutivo y en la Corte de Constitucionalidad.

Fue tal la animadversión, que el 24 de julio de 2003 grupos de choque del FRG estuvieron a punto de allanar el edificio de oficinas de la familia Gutiérrez-Bosch y la colonia emblemática de la aristocracia en la zona 14, La Cañada.

Una década más tarde, cuando el 19 de marzo de 2013 se inició el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, la élite parecía no darle demasiada importancia. Los riosmonttistas y los hijos de militares pedían con insistencia el apoyo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El 4 de abril, Alfred Kaltschmitt, empresario influyente durante el gobierno en 1982-1983, escribía en una columna en Prensa Libre: “Lo dejaron solo. ¿Dónde está la Patrulla Aérea Civil, que llevó a cabo miles de horas de vuelo en misiones cívico-militares en las regiones de conflicto? Callados están los agroindustriales que celebraron con tanta fanfarria el final de una larga noche bélica y el inicio de una era de paz ganada a pulso contra el terrorismo subversivo”. Más tarde, Zury Ríos, la hábil política e hija de Ríos Montt, consiguió lo que una década antes era imposible: una audiencia con el sector privado para azuzarlos e inquietarlos con que después de su padre, la Fiscalía y las organizaciones de víctimas los enjuiciarían a ellos y demandarían una reforma agraria. El Cacif recibió, a mediados de abril, a Zury Ríos y a otros hijos de militares, según un empresario que participó de las reuniones y pidió no ser nombrado en este reportaje.

La élite, no obstante, terminó de convencerse cuando se lo advirtieron los suyos. Empresarios que veían en el juicio un parteaguas en la historia del país, pues representaba un caso en el que el sector privado estaba excluido de las decisiones. A politólogos asesores del Cacif, que hicieron dos análisis durante el juicio alertándolos de que si condenaban a Ríos Montt, las investigaciones seguirían la cadena de mando y podría enjuiciarse al Consejo de Estado de 1982 y 1983, del que eran parte seis grandes empresarios. Y leyeron a los 12 intelectuales y políticos de la élite, que publicaron un comunicado el 16 de abril, alertando sobre cómo una sentencia por genocidio sería el acabose para el Estado, para la paz política y para el prestigio de Guatemala. Entre los 12 estaban dos exvicepresidentes, seis exministros, dos exsecretarios, dos exguerrilleros y un diputado, todos cercanos a los dos expresidentes de la élite en el actual período democrático: Álvaro Arzú (1996-2000) y Óscar Berger (2004-2008). Una de las que firmó el comunicado fue Raquel Zelaya, secretaria ejecutiva de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes), exministra de Finanzas y signataria de los Acuerdos de Paz; Zelaya también fue una de las integrantes del Consejo de Estado de 1982-1983 y se le preguntó si eso tuvo que ver con su firma en el comunicado. “Para nada, tengo la más firme convicción personal al respecto, lo cual no significa que niegue los hechos, ni evidentes delitos de lesa humanidad que se cometieron, pero que no llegaron al tema” de genocidio, fue su respuesta.

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Los análisis de los politólogos del Cacif se dividieron en dos documentos: “El primero, en marzo, fue que en Guatemala no hubo genocidio porque no está clara la voluntad expresa de destruir a un grupo étnico. Se cometieron actos constitutivos del delito de genocidio, pero no sucedió el elemento de la voluntad de destruir a un grupo. El segundo análisis, en la primera semana de mayo, incluyó todos los fallos del proceso legal por parte del tribunal”, explica Philip Chicola, uno de los analistas del Cacif.

—¿Y también que se pudiera juzgar después a empresarios cercanos al gobierno de Ríos Montt?, —se le preguntó a Chicola.

—Se comparó con otros países con sentencias por genocidio. En Alemania o Ruanda se utilizó la acusación de genocidio contra personas que facilitaron, promovieron o fueron testigos de actos de genocidio. Se hizo un análisis de la cadena de mando, y si se llegaba al Presidente (Ríos Montt), el Consejo de Estado también podría ser enjuiciado. En el Consejo participaban líderes académicos, sociales y empresariales. En el caso de Argentina se demandó de manera civil a proveedores del Ejército argentino. En Guatemala, cualquiera que hubiera tenido cualquier colaboración con el Ejército podría haber sido susceptible de demandas civiles.

Primero, las advertencias de Zury Ríos y otros hijos de militares, como Ricardo Méndez-Ruiz, —según el empresario que participó en las reuniones entre ellos y miembros del Cacif—; segundo, las intuiciones de algunos empresarios; tercero, los análisis políticos; y cuarto, el comunicado de los intelectuales. Cuatro factores dieron pie al boicot que lograría que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia condenatoria el 20 de mayo.

Un boicot, decidido tras la sentencia del 10 de mayo, que no fue respaldado por toda la élite empresarial, según un empresario joven que participó de las deliberaciones. El 10 de mayo, cuando el Tribunal de Alto Riesgo, conformado por Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, dictó la sentencia de 80 años de prisión contra Ríos Montt, algunos empresarios moderados, más jóvenes, intentaron hacer que se respetara el fallo para evitar quedar como retrógrados ante la opinión internacional. Pero al final pesó más el apoyo de los agremiados de las Cámara del Agro, de la Industria y de Comercio. Un boicot, según este empresario, que utilizó la estrategia de “populismo de derechas, del miedo, para movilizar no sólo a los agremiados, sino a toda la derecha”. Lograron unir de una manera sin precedentes en las últimas tres décadas a empresarios, militares, la academia de derechas, el Gobierno y los medios tradicionales, con la simpatía de la clase media urbana.

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Las cuatro patas de la alianza en medio de una gran incertidumbre En 1982 Guatemala era parecida y distinta a la Guatemala de 2013. Parecida en cuanto a la desigualdad, con aun más pobreza; y distinta en cuanto a los escasísimos espacios democráticos de aquella época.

Cuatro guerrillas de izquierdas contaban con la simpatía de decenas de miles de guatemaltecos y apoyos en la opinión pública estadounidense y europea. Estaban entusiasmadas por la victoria sandinista en Nicaragua en 1979 y el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño. El Ejército y Guatemala estaban aislados desde 1978 debido a las violaciones a los derechos humanos que la contrainsurgencia cometió contra civiles desarmados.

En 1982, la estrategia contrainsurgente que había empezado en 1978 todavía no había llegado a su plenitud. Tras cuatro años de desgaste del gobierno de Romeo Lucas García y un nuevo fraude electoral que no fue avalado por un sector del Ejército ni por la élite empresarial, el 23 de marzo un grupo de oficiales jóvenes dio un golpe de Estado y llamó a Ríos Montt para que asumiera como jefe de Estado.

Ríos Montt había sido, en 1974, el candidato del Frente Nacional de Oposición, con el socialdemócrata Alberto Fuentes Mohr como compañero de fórmula. Ese 1974, a Ríos Montt le arrebataron el triunfo en otro fraude militar, aceptó un puesto diplomático en España y a su regreso en 1978 se convirtió en pastor neopentecostal de la iglesia El Verbo.

En 1982, tras 72 horas de incertidumbre para la élite “porque los capitanes rompieron con la jerarquía de la única institución que podía defendernos”, según un líder empresarial de entonces, empezó un nuevo capítulo de la añeja alianza entre militares y empresarios.

En esta alianza, si bien estuvo dotada de un elemento institucional y un consenso a nivel de clase, tuvo una participación en diferentes grados: La integraron desde demócratas cristianos que conformaron la parte desarrollista de la contrainsurgencia con puestos técnicos en el Estado, pasando por cabildeadores en Washington para romper el aislamiento al Estado y para sus exportaciones, empresarios y civiles que dieron apoyo político al formar parte del Gobierno y del Consejo de Estado, hasta quienes dieron contribuciones especiales o se enrolaron en la Reserva de la Fuerza Aérea y participaron en operaciones militares con sus propias avionetas.

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Primera pata: Gabinete militar, evangélico y empresarial En su primera semana en el poder, Ríos Montt envió emisarios a tocar la puerta del Cacif para pedir apoyo político. Y lo logró. Un tercio de su gabinete fue constituido por empresarios. Julio Matheu Duchez dejó la presidencia de la Cámara de Comercio y la vicepresidencia de la petrolera Basic Resources, hoy Perenco, para ser ministro de Economía; Otto Martínez Recinos, la Cámara del Agro para ser ministro de Agricultura; y Adolfo Castañeda Felice, presidente del Colegio de Médicos y hermano del líder empresarial agrícola Rodolfo Castañeda, asumió como Ministro de Salud.

No fueron los únicos. El sector empresarial designó en el Consejo de Estado a otros seis empresarios de la élite. La Cámara de Industria nombró a Ramiro Castillo Love, de la Cervecería Centroamericana y a Víctor David Benchoam Perera, del Banco Industrial; la Cámara de Comercio nombró a Juan Carlos Simmons, exdirectivo de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), exgerente de Fabrigas y militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN, de extrema derecha); y a Roberto Carroll Ríos Sharp, cónsul honorario de Irlanda; y la Asociación de Bancos, a Julio Vielman Pineda, representante de los bancos ante el Banco de Guatemala en varias ocasiones, y a Rafael Viejo Rodríguez, uno de los principales azucareros, según informes de El Observador. El Consejo de Estado era un ente corporativista, que asesoraba y legitimaba al gobierno en sus decisiones. Uno de sus productos estelares fue la ley que después crearía el Tribunal Supremo Electoral y la de Comisiones de Postulación, para elegir magistrados y fiscal general.

“Ríos Montt vino a pedir la mejor gente que pudiera garantizar la inversión nacional, pues nadie estaba invirtiendo”, recuerda Marco García Noriega, presidente del Cacif en siete ocasiones, ahora presidente de la Asociación de Azucareros (Asazgua) y del Banco Reformador. En 1982 era uno de los líderes jóvenes del sector privado.

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Los empresarios compartían influencia en el Gobierno con los dos grupos más cercanos a Ríos Montt: Los militares jóvenes golpistas y los evangélicos de la iglesia El Verbo. Entre los militares destacaban el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, hoy directivo de la gremial de empresas de seguridad privada, y el subteniente Mauricio López Bonilla, hoy Ministro de Gobernación. Ambos formaron parte de los ocho integrantes de la “Junta Asesora del Jefe de Estado”, recuerda Muñoz Piloña. Entre el círculo de influencia de los evangélicos estaban Jorge Serrano Elías, presidente del Consejo de Estado y luego Presidente de Guatemala, en 1992; Francisco Bianchi, secretario personal presidencial; Álvaro Contreras Valladares, hijo del fundador de Prensa Libre, Álvaro Contreras Vélez, y secretario de asuntos privados del jefe de Estado.

En el gabinete de facto había otras figuras públicas de la actualidad, como el arqueólogo Federico Fahsen en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el economista Miguel von Hoegen en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el periodista Gonzalo Asturias Montenegro, quien pasó de la presidencia de la Asociación Guatemalteca de Periodistas a ser el vocero presidencial. Quienes completaban el círculo de influencia de Ríos Montt eran el columnista Alfred Kaltschmitt, que dirigía una de las fundaciones que buscaban desarrollar, en la visión contrainsurgente, el área ixil: la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (Fundapi), relacionada con la Iglesia El Verbo.

Y el empresario y político Harris Whitbeck Piñol, encargado de la relación con el cuerpo diplomático y la coordinación de la ayuda humanitaria. Kaltschmitt y Whitbeck fueron testigos de la defensa de Ríos Montt en el juicio.

Sobre el Consejo de Estado, Raquel Zelaya argumenta que “por la legislación que se derivó de ese Consejo de Estado, se puede juzgar su aporte a la democratización del país. La estabilidad que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) ha dado a los resultados electorales y una de las mejores leyes de partidos, que luego ellos mismos modificaron velozmente. Por primera vez se incorporó representación de la mujer y de los pueblos indígenas. Participé en la Comisión Económica y en la de Asuntos Políticos.

Coincidí allí con Óscar Clemente Marroquín, Amílcar Burgos, el doctor Soto, entre otros”. Óscar Clemente Marroquín, actual director de La Hora, aporta otros matices al ser cuestionado sobre su participación en el Consejo. “El gobierno quiso utilizar al Consejo de Estado para legitimarse, sobre todo dando participación a los “grupos étnicos”. Mi papel fue promover la reforma política, dentro de la Comisión Política y junto Amílcar Burgos planteamos el diseño de autoridades propuestas por una Comisión de Postulación para arrebatar al sector político tradicional el control del propuesto Tribunal Supremo Electoral. Tuve algunos enfrentamientos con Jorge Serrano, presidente del Consejo, porque siempre fui crítico. No me he arrepentido nunca de haber participado. A lo mejor con información más completa de lo que ocurría, hubiera actuado de otra manera, pero de acuerdo a las circunstancias, creo que hice lo que tenía que hacer”.

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¿Una dictadura militar-empresarial?

El poder empresarial sobre los militares —como sucedió con prácticamente todos los gobiernos entre 1954 y 1985— era significativo. Tanto que tenían, incluso en los peores tiempos de la represión, derecho a la libre expresión, estaban exentos de servicio militar, podían tener grupos armados para defenderse de las guerrillas y podían oponerse públicamente a las decisiones gubernamentales. Un ejemplo fue el 18 de noviembre de 1982, cuando, en un campo pagado en Prensa Libre, la Cámara de Industria le reclama al Gobierno por decisiones “inconsultas”, “incongruentes” y “preocupantes” para la economía nacional. Las críticas publicadas en los medios de la época, por cierto, nunca se refieren a la contrainsurgencia ni a la violencia contra civiles sino se centran en el estilo de gobernar de Ríos Montt, que se reflejaba en sus discursos sobre moral contra la explotación laboral o sus desplantes al papa Juan Pablo II. “Tenemos que recordar que el sector privado sufría ataques directos de la guerrilla. Desde que nos quemaban cosechas, secuestraban y asesinaban, como los casos de Luis Canella o Alberto Habbie. Algunos podrían considerar que teníamos libertades de participar o no participar (en el servicio militar), pero por otro lado estábamos metidos en el conflicto y teníamos que estarnos defendiendo de los ataques de la guerrilla.

En una situación como esa no se podía tener todo”, contextualiza el empresario Marco García Noriega. El caso del industrial Canella aparece en el párrafo 3785 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

De hecho, la primera operación militar del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Quiché fue el asesinato del finquero José Luis Arenas, conocido como El Tigre del Ixcán, líder del Partido de Unificación Anticomunista (PUA) y dueño de más de 50 caballerías en el área ixil. Para el exguerillero César Montes, uno de los fundadores del EGP, se trató de “justicia popular contra un terrateniente feudal. Las guerrillas no atacaron a los empresarios primero, sino que los empresarios, desde los 60 y 70, financiaban escuadrones de la muerte contra sindicalistas, intelectuales, periodistas y revolucionarios. Empezaron los secuestros económicos (de empresarios) con (Leonel) Samayoa Brama, entregado a tiempo y con buen trato; y los finqueros cerraron filas contra las guerrillas”. García Noriega refuta el argumento: “Cuando usted se sienta en una mesa de empresarios en la que el 80 por ciento tuvo familiares secuestrados o asesinados por parte de la guerrilla, es un tema muy sensible. Lo que no puede decirse es que cuando se mataba a un guerrillero era asesinato y cuando se mataba a un empresario era justicia social”.

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Sobre la alianza militar, dos empresarios califican la alianza militar-empresarial como una asociación casi coyuntural. A decir de García Noriega “era una alianza de conveniencia para poder sacar el país adelante, con muchas divergencias también”. Según un empresario que era líder en los 80, que pidió no ser identificado, “los empresarios y los militares siempre han desconfiado uno del otro, pero se necesitaban. En un período en el que no había legitimidad de elecciones, (los militares) tenían que buscar a alguien coherente, con estructura, que generaba empleo, que tenía poder por lo que generaba. Y nosotros (los empresarios) porque los militares daban estabilidad, coherencia; con su estructura generaban tranquilidad, orden, paz, condiciones y certeza para trabajar”.

Desde el lado gubernamental, la relación se percibía de una manera distinta. Para el capitán Muñoz Piloña, “la relación era muy cordial porque los empresarios vieron que no nos estábamos corrompiendo”. Para Harris Whitbeck “la relación era buena porque los empresarios estaban agradecidos porque comprendieron que Efraín (Ríos Montt) estaba tratando de pacificar el país. En el Consejo de Estado, en el que había 30 titulares y 30 suplentes, había empresarios como Ricardo Asturias, Ernesto Viteri, Ramiro Castillo Love o Julio Vielman Pineda. También había 20 indígenas y hasta un comandante guerrillero de Todos Santos que se había colado, porque eran liderazgos escogidos por las comunidades. Mire, si Efraín (Ríos Montt) hubiera querido matar a todos, no los hubiera convocado al Consejo de Estado”.

El economista Miguel von Hoegen, quien fue secretario de Planificación (Segeplan), va un paso más allá al analizar la relación militar-empresarial: “Primero me gustaría decir que es un hecho que me molesta pero tengo que aceptar que me metí a la contrainsurgencia; a mí me interesaba aportar en la participación ciudadana y empecé en Segeplan desde 1973. Segundo, sobre la relación entre militares y empresarios, era muy amistosa y le puedo decir que toda la orientación de la política pública era para beneficiar al sector privado. Recordemos que era el período del enamoramiento de los gobiernos con el neoliberalismo por influencia de Ronald Reagan y Margaret Thatcher”.

“Era una alianza. Sabían que sólo juntos podían sacar adelante al país y ganar la guerra a la insurgencia.

Tanto el sector empresarial como el militar querían aplastar a la insurgencia. Así como los esposos buscan la unidad para sacar adelante a la familia, esta alianza era para sacar adelante al país. Y ambos tenían fuerza: No es que el sector privado tuviera de títeres a los militares, ni viceversa”, continúa Von Hoegen. Cuando había puntos en los que divergían, como el tema de impuestos, ahí sí se impusieron los empresarios. “Bueno, tengo que conceder que esa batalla la ganaron”, completa Von Hoegen, ahora director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Rafael Landívar.

Enrique Godoy García-Granados, exvicealcalde de Ciudad de Guatemala entre 2000 y 2008, periodista de radio y televisión, recuerda que el poder en Guatemala descansó en tres pilares durante el siglo pasado: los militares, los empresarios y la Iglesia católica. Una alianza que tuvo sus vaivenes con la Reforma Liberal y la Revolución y que se consolidó con la Liberación en 1954, con la alianza tradicional militares-empresarios-iglesia. Pero que con el auge de la Teología de la Liberación y las iglesias evangélicas en los 70, regresa a la versión reducida del pacto, entre militares y empresarios, entre 1974 y 1992.

Esta alianza militar-empresarial resultó en una de las dictaduras más conservadoras de América Latina, que llegó a criminalizar cualquier atisbo de protesta por injusticias o cualquier simpatía por cambios sociales. Esta contrainsurgencia, responsable de casi todos los 200 mil muertos, 50 mil desaparecidos y un millón de refugiados en un país de siete millones de personas entonces, fue calificada como genocida por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU en 1999 y la sentencia de un tribunal guatemalteco. Sentencia que fue anulada el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad.

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Segunda pata: el financiamiento adicional a la contrainsurgencia

La alianza tuvo un componente financiero, aunque no como la dirigencia del Estado hubiera querido.

Según el Ministerio de Finanzas, el presupuesto nacional nunca superó el 7 por ciento del tamaño de la economía durante los años 70 y 80, y rompieron récord en 1984, cuando disminuyó a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de los más bajos del planeta. Estos ingresos reducidos y el aislamiento internacional colocaron en algún momento al gobierno de Ríos Montt contra las cuerdas.

Según escribe Rachel McLeary en su libro Imponiendo la democracia, las élites y el fin del conflicto armado interno, el Ejército de El Salvador llegó a recibir US$196.6 millones en 1984 por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, el de Guatemala no recibía ninguna ayuda directa.

Por eso, el 11 de octubre de 1982, el Ministerio de Finanzas publicó un comunicado en el que se comprometía con el sector privado a no llevar a cabo una reforma agraria ni a estatizar la banca, y acordaba junto a “14 empresarios honorables” que todo el sector privado cumpliría con el pago de impuestos, con el retorno de capitales al país y con un “apoyo financiero específico para la erradicación de la subversión, por Q60 millones (US$60 millones)”, que representaba el 70 por ciento del presupuesto militar aprobado para 1982. Q60 millones de 1982, equivaldrían en junio de 2013 a Q1.3 mil millones. El memorando tenía el cálculo de lo que debía pagar cada cámara: Q24 millones la Cámara de Comercio, Q15 millones la Cámara de Industria, Q9 millones la Cámara del Agro, y Q12 millones la Asociación de Bancos, según la publicación de la revista Inforpress del 9 de diciembre de 1982. El comunicado fue transcrito por Fernando Valdez y Mayra Palencia en la página 56 del libro Los dominios del poder: la encrucijada tributaria, de 1998.

Entre estos 14 empresarios honorables se encontraban: Juan Francisco Reyes López, expresidente del Cacif y que sería Vicepresidente durante el gobierno del FRG (2000-2004); Juan Miguel Torrebiarte, del Banco Industrial; Juan Maegli, de Cementos Progreso; Mario Granai, del Banco G&T Continental; Ernesto Rodríguez Briones, del Banco Industrial; José Toledo, del Ingenio Magdalena; y Carlos Springmühl, del Banco Industrial y presidente de la Cámara de Industria. Rodríguez fue fundador de Distelsa y del Centro de Estudios Económicos Sociales, en 1958 —del que luego surgiría la Universidad Francisco Marroquín—, y Springmühl fue uno de los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, en 1971.

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Estos siete nombres aparecen en la página 159 del tomo III del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi) de la Iglesia católica, publicado en 1998. La revista Inforpress del 9 de diciembre también recuerda que el grupo fue mencionado en un telenoticiero. No se encontró ninguna referencia escrita de los otros siete integrantes. El grupo de “los catorce” también se menciona en el libro de Valdez y Palencia, publicado en 1998. Rodríguez ya falleció. Maegli y Springmühl no aceptaron ser entrevistados por problemas de salud, y no se recibieron respuestas de Torrebiarte, Granai y Toledo.

Reyes López fue el único que respondió: “Yo me recuerdo que el general Ríos me pidió que hiciera una reunión con dirigentes empresariales en la Casa Presidencial y derivado de eso puede haberse suscrito ese memorando (de 1982), pero no me recuerdo más. En Casa Presidencial hablamos de que había que aumentar la carga tributaria para poder crear programas sociales que redujeran la pobreza y los problemas sociales. Me recuerdo que en la reunión hablaron Carlos Springmühl y Juan Maegli. Pero no me acuerdo si se dio toda la contribución, ni qué decía el documento que usted me menciona. Usted entenderá que con mis 75 años no me recuerdo de detalles”.

Consultado sobre los siete nombres, Enrique Godoy apunta el origen de este grupo de empresarios: “No era que vinieran por sectores, sino que eran empresarios caficultores, que luego migraron a la industria o a la banca. Y tenían sus fincas en las regiones en las que estaba la guerrilla con más fuerza: San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Ellos lograron convencer a los terratenientes de la Costa Sur de la amenaza guerrillera y de aportar a la contrainsurgencia. Este aporte extraordinario, por cierto, ha sido normal en toda América Latina. El último caso fue el de Colombia con Álvaro Uribe”.

Cuánto de los Q60 millones solicitados fueron entregados voluntariamente para la contrainsurgencia entre diciembre de 1982 y junio de 1983 es algo que no está claro.

En su libro Imponiendo la democracia: Las élites y el fin del conflicto armado interno, Rachel McLeary, afirma que el aporte ofrecido no se pagó. García Noriega respondió que no recuerda si hubo una contribución, pero considera que ésta no se dio porque la inversión de los empresarios se concentraba en la defensa de sus familias y sus propiedades. Dos líderes empresariales en 1982, consultados para este reportaje, dijeron que recordaban que hubo un pago, pero que no sabía de cuánto. En cambio, según el Rehmi, los Q60 millones fueron entregados en su totalidad. El coronel Leonardo Figueroa Villate, Ministro de Finanzas entre 1982 y 1983, respondió a Valdez y Palencia en 1998 que los empresarios sí habían contribuido, pero no especificó con cuánto: “Sí, siempre hay gente que quiere colaborar y otras que no, pero sí hubo”. Von Hoegen, entonces en Segeplan, cree que sí se dio el aporte extraordinario: “Hay que recordar que en ese momento no se sabía que era la parte final de la guerra y se necesitaba dinero para financiarla y obras para quitar las banderas de la guerrilla”.

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El capitán Muñoz Piloña, probablemente el militar con más influencia en el gobierno de Ríos Montt y a cargo de la supervisión de los Ministerios de Salud y Economía, resume la relación financiera con un ejemplo: “Cada vez que no había para pagar planilla de todo el Estado, el ministro de Finanzas llamaba al de Economía, el de Economía hacía un par de llamadas a sus amigos y de pronto, ya había dinero para pagar la planilla”. El exministro de Economía, Julio Matheu, expresidente de la Cámara de Comercio hasta antes del gobierno de Ríos Montt, era el delegado principal del Cacif en el Gabinete.

En los documentos oficiales del Ministerio de Finanzas, constan donaciones del sector privado al gobierno, entre 1982 y 1983, por únicamente Q10.6 millones (unos Q216 millones de junio de 2013). Se solicitó al Ministerio de Finanzas una copia del memorando citado por Valdez y Palencia, al que tuvieron acceso cuando hicieron el libro, pero aseguraron no tener dicho documento.

De lo que sí hay constancia es de una diferencia millonaria para la época entre lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado por el Ministerio de la Defensa en 1982 y 1983. Para 1982 se habían aprobado Q86 millones y se gastaron Q164 millones; y en 1983 se aprobaron Q142 millones y se ejecutaron Q184 millones de entonces. Diferencias que suman Q100 millones y que pudieron provenir, principalmente, de transferencias desde otros ministerios o entes autónomos y, en menor medida, de donaciones de los pocos gobiernos amigos, como Israel o Taiwán; o, efectivamente, de aportes del sector privado.

Según los documentos de Finanzas, tanto las transferencias entre ministerios como las donaciones empresariales son recurrentes, —como las “regalías voluntarias” de las mineras que entran a las arcas del Estado como donación—. Aunque para fines contrainsurgentes estos aportes sólo se han dado en 198283 y en 1954, según los testimonios empresariales.

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Tercera pata: el cabildeo en Washington En donde se puede probar que los empresarios pusieron fondos de sus bolsillos y buena parte de su capital político fue en los esfuerzos por acabar con el aislamiento internacional de Guatemala impuesto por Estados Unidos durante el gobierno demócrata de Jimmy Carter (1977-1981). El embargo contra el Ejército de Guatemala se tradujo en un aislamiento comercial y político que afectó al sector privado guatemalteco, que sufrió trabas técnicas para dificultar el ingreso de los productos al mercado estadounidense e inversiones de empresarios de ese país en Guatemala.

Este trabajo de cabildeo fue canalizado por medio de la Asociación de Amigos del País, fundada en 1966. Consistía básicamente en “romper el canal diplomático” entre la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Departamento de Estado por medio de lobby con tomadores de decisión en Washington: senadores, congresistas y la Casa Blanca. El empresario García Noriega, quien ha presidido en siete ocasiones el Cacif, lo explica: —¿Cómo fue el trabajo empresarial para romper el aislamiento?

—Fue empezar a tocar figuras claves rompiendo el esquema del Departamento de Estado, yendo a hablar directamente con los senadores, congresistas, gente influyente dentro de los partidos Republicano y Demócrata. Es decir, fue un esfuerzo bastante grande.

—Para tener una idea del tamaño, ¿qué números recuerda?

—Cuando a mí me tocó, íbamos a Washington y teníamos unas 25 reuniones en cuatro días. Senadores habían diez o quince (de 100 miembros del Senado). El Departamento de Estado nos recibía también. Había gente también del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. También de la cámara de comercio americana-guatemalteca.

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—¿Cómo un grupo de guatemaltecos logra que los reciba gente tan importante en Estados Unidos?

—Porque hay siempre conexiones. Alguien conoce a alguien. O son proveedores. O son empresas norteamericanas que son importantes donantes (en la política) en Estados Unidos y nos presentaban.

O algunos que fueron compañeros de senadores cuando estudiaron en Estados Unidos. Y ese senador llevaba otros diez o doce de su grupo. Y luego fue más institucional el tema. Lo importante era romper los canales oficiales de que el embajador reportaba al Departamento de Estado. De esta manera, había una relación más fluida, las citas se hacían de otra manera. Y siempre hubo mucho interés, era increíble. (…) Una cosa puede ser la opinión de una embajada, pero no significa que sea la opinión oficial de un gobierno. Hay que distinguir. Cuando viene el Departamento de Estado o el Presidente de Estados Unidos en Washington y dice algo, eso sí es una opinión oficial sobre Guatemala.

Muñoz Piloña recuerda uno de estos cabildeos: “Una vez en septiembre de 1982, Juan Maegli y los de la Asociación Amigos del País, que era algo como lo que ahora es Fundesa, me invitaron a ir con ellos a Miami a una reunión del Caricom (Comunidad de Estados del Caribe). Y el indito, yo, no sabía nada de esas cosas. Yo iba de patojo ignorante. Ahí pasaron dos cosas muy interesantes. Juan Maegli me presentó al Primer Ministro de Belice y estuve hablando con un senador demócrata que sólo había escuchado la visión de la guerrilla sobre el conflicto. Al senador le conté que eran inventos lo de las bayonetas de los fusiles galil o que la masacre de Dos Erres nunca existió, pues fueron a buscar las evidencias en ese momento alguien del gobierno y alguien de la embajada estadounidense y no encontraron nada, fue una masacre de escritorio. Y cambió su visión. (…) Mire, (los empresarios) me atendieron a cuerpo de rey. Yo no sabía de esos viajes, yo era un hombre de campo, de montaña, de trabajo, pero en esta oportunidad vimos que ellos realmente abren espacios a nivel internacional. Estaban bien coordinados, mis respetos”.

Whitbeck también recuerda este trabajo junto a la Asociación de Amigos del País, desde tiempos de Lucas. “No sé si ayudó (a romper el aislamiento), pero sí logramos que nos escucharan y que vinieran a ver la realidad de nuestro país”.

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La última pata: avionetas y bombas para ganar la guerra

Pero el apoyo político en el Gabinete y el Consejo de Estado, la contribución extraordinaria para la insurgencia, y el cabildeo internacional no fueron lo único que aseguró la victoria del Ejército y de los empresarios sobre las guerrillas de izquierdas. Tres documentos: una recopilación de la historia moderna de la proempresarial Asociación de Amigos del País; un libro agotado de un militar retirado; y un documento secreto desclasificado, Órdenes Generales del Ejército, del National Security Archives, mencionan otro factor como determinante, la Fuerza Aérea de Reserva.

Antes de que nadie vaticinara que los procesos para llegar a un juicio por genocidio tendrían éxito, en 2008, el mayor de infantería Gustavo Díaz López escribió Guatemala en llamas, una visión político-militar del conflicto, un libro en el que se hace un balance sobre el conflicto armado. En la página 204, recuerda los factores que les hicieron ganar la guerra: “En este período (1982) se produjeron dos hechos muy importantes para inclinar el curso de la guerra a favor de las fuerzas gubernamentales. El primero consistió en la organización formal de la Reserva Aérea, constituida por pilotos civiles que aportaban su tiempo y sus aeronaves en apoyo de las operaciones militares. (…) El segundo fueron el retorno a filas de miles de reservistas”.

Díaz López es un representante institucional del Ejército durante el último cuarto de siglo. Se graduó de la Escuela Politécnica en 1970, fue oficial en la dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, director de la escuela de Inteligencia, jefe de la sección de Operaciones Psicológicas del Ejército, oficial del Estado Mayor de la Base Militar de Tropas Paracaidistas, cofundador de las Unidades de Asuntos Civiles del Ejército, miembro de la comisión redactora del capítulo sobre el Ejército en la Constitución de 1984, delegado con rango de embajador ante la Asamblea General de la ONU en 1986 y representante militar ante el Grupo Contadora para la Paz en Centroamérica. También fue director general de Caminos y cuenta con varias condecoraciones militares. En 1989 fue uno de los militares que intentó derrocar a Vinicio Cerezo y en 1992 fue nombrado por Ramiro de León Carpio como gerente de Guatel. Tiene estudios de ciencias políticas en la Universidad Francisco Marroquín. En 2013, hizo una “consultoría militar” para la defensa sobre las “falaces acusaciones del MP en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez”.

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En 1996, la Asociación de Amigos del País, muy cercana a la élite empresarial, ya había afirmado en Historia General de Guatemala que “La Fuerza Aérea estaba prácticamente inutilizada por carecer de repuestos. Tal deficiencia se resolvió parcialmente con las reservas de la entidad civil del Aeroclub. En efecto, en 1983 operaban solamente seis helicópteros militares”, publicaron en la página 126 del tomo VI. La misma Fuerza Aérea de Reserva que mencionaba Kaltschmitt en su columna de 2013. Kaltschmitt accedió a una entrevista por correo electrónico, pero no respondió a las preguntas.

En su libro, Díaz López se adentra en detalles de esta fuerza de aire de los empresarios. “Estos pilotos civiles ejecutaban misiones muy riesgosas transportando personal y abastecimientos, apoyando a la población civil en caso de desastres y participando también en peligrosas misiones de reconocimiento aéreo y en algunas de bombardeo y ataque de posiciones enemigas. Ante la carencia de material que sufría la Fuerza Aérea, los aviones de la Reserva Aérea eran acondicionados para el lanzamiento de improvisadas bombas consistentes en obsoletas minas alemanas antitanque, de la Segunda Guerra Mundial, a las que se les agregaba un mecanismo de detonación por tiempo, además desde la compuerta de lanzamiento se hacía fuego con armas automáticas. En 1982, la Reserva Aérea se concentró en la Base de Paracaidistas (en el Puerto de San José), aproximadamente treinta y cinco aviones de diferentes tamaños y capacidades, con los que transportó hacia la pista de aterrizaje de Nebaj, una unidad de fusileros paracaidistas con sus trenes de combate, para lanzar operaciones ofensivas contra el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el Triángulo Ixil”.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refiere al lanzamiento de bombas en el área ixil. Puede diferenciarse entre las bombas de 500 libras, lanzadas desde aviones militares como los Pilatus, comprados a Suiza, y las bombas que podían ser lanzadas desde helicópteros.

Sin especificar qué tipo de bombas se trataba, en su tercera conclusión, la CEH estableció que en el área ixil se bombardeó a la población que se desplazaba, huyendo de las masacres. Además, publicó que “la población perseguida era bombardeada durante el desplazamiento, como sucedió en Bicalamá, Sumal I, Xecotz, Tzalbal, Xexucap, y Acul, todas aldeas de Nebaj. De la misma manera en Chajul, durante 1982 y 1983 fueron bombardeadas las aldeas de Santa Rosa, Xajboj, Xeputul, Santa Clara, Cabá y Xaxmoxam”.

“Hasta vienen helicópteros, aviones para venir a bombardear estos lugares aquí, pero la verdad como le digo pues que tal vez el Ejército también ya no mira bien, ya no controla bien a quién es el que está bombardeando sino que está bombardeando ya a la población, a la pobre gente”, dice el testimonio colectivo de Bicalamá. El de Sumal I añade: “Si el bombardeo directamente o sea represión comenzó dura en esta comunidad fue en el 83 cuando los aviones bombardearon, quiere decir que el Ejército esperaba la población así en los guatales, mientras que el avión bombardea en los guatales para que salga la población y el Ejército los recibía y los mataba, aquí en Visumal murieron gentes carbonizadas por el Ejército”.

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En una entrevista para este reportaje, Díaz López aseguró que sólo se bombardeó a fuerzas guerrilleras y ahondó en la explicación sobre el papel de la Fuerza Aérea de Reserva.

—¿Cómo se da esta participación de la Fuerza Aérea de Reserva?

—El embargo de Estados Unidos durante Carter (desde 1978) fue haciendo crisis porque todas las aeronaves eran estadounidenses y no teníamos repuestos. El coronel René Morales y el civil Gustavo Anzueto Vielman invitaron a pilotos civiles a incorporarse al esfuerzo de guerra. En ciertos momentos incluso participaron en acciones de combate, en ataques a campamentos subversivos o bombardeos a los campamentos.

—Con el lanzamiento de bombas, como usted escribió en su libro.

—Claro, usando tecnología arcaica, pero al fin y al cabo efectiva. Utilizando minas antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Ahí le habían adaptado algunos dispositivos de tiempo, una mecha, y se lanzaban desde el aire. Eran cosas muy rudimentarias, pero eran útiles. Pero yo diría que el mayor esfuerzo de los pilotos de la Reserva Aérea consistió en apoyar el aspecto moral.

—¿Cómo así moral?

—Incide en los combatientes ver morir a la gente sin apoyo médico, siempre golpea. Por eso es parte de la táctica guerrillera golpear e irse, porque logran un estado moral, anímico, duro en las tropas, porque saben que siempre están expuestos. Pero una cosa era estar expuesto y saber que lo iban a rescatar (aviones) y otra era sólo estar expuesto. También la parte logística, transportar abastecimientos, personal que tenía que llegar o salir de las áreas de operaciones.

—¿Por qué fue determinante?

—Porque cuando no teníamos aviones ni helicópteros, ellos estaban ahí. Ellos ponían la aeronave, a veces el combustible. Hay una serie de factores alrededor de eso. Ante todo saber que se tiene la capacidad de hacer algo que se necesita. Hubo una operación entre 1981 y 1982 cuando se recuperó la pista de aterrizaje de Nebaj. El EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) la había tomado y no permitía ningún aterrizaje. Y los paracaidistas necesitaban ser transportados y llegar. Y la Reserva Aérea utilizó más o menos 35 naves; no había ninguna del Ejército. (…) Aunque eran ineficientes en el sentido de precisión, como el cálculo de la trayectoria, que no era técnico sino improvisado. Pero siempre hay un efecto. Definitivamente las explosiones afectan al adversario. Aunque no se tenga la certeza, siempre hay un efecto psicológico.

(El planFortaleza 87 del Ejército, citado por el CEH, recoge esta estrategia: “El empleo de bombardeo aéreo y/o artillería como operaciones psicológicas deberá planificarse y podrá solicitarse al Estado Mayor de la Defensa Nacional como acción psicológica por parte de los comandos de las zonas y bases militares”).

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—En el 2013, se ha detectado que incluso los drones de EE.UU., aviones pilotados a control remoto, con imágenes nítidas de satélite, fallan y no matan siempre a militantes de Al Qaeda, sino que en un 25 por ciento son víctimas civiles. En 1982, el porcentaje de víctimas civiles no combatientes, con este tipo de ataques, debe haber sido mucho mayor.

—El tema de los bombardeos no era indiscriminado, sino sólo en casos en los que alguna unidad militar estaba empeñada en combate. Generalmente fuera de donde había población. Nunca vi un bombardeo sobre área poblada. Estuve en algunos en áreas montañosas. En donde alguna patrulla entablaba combate y pedía apoyo aéreo. No digo que no pudo haber pasado, puede ser, pero yo no, yo nunca lo vi. Sí lo vi muchas veces en áreas no de población civil, sino de puras fuerzas guerrilleras y Ejército.

La imprecisión de la Reserva… Es que no era esa su misión principal. Lo que se hacía era abrir la compuerta de carga y llevar a un tirador para ametrallar, y a veces el uso de las minas. Pero aún en el apoyo de la Fuerza Aérea, las bases de combate eran de la Fuerza Aérea. Pero como llegamos a tener sólo dos aeronaves, por eso necesitábamos de la Fuerza Aérea de Reserva. Por eso es que posteriormente la Reserva Aérea recibió un reconocimiento. Les dieron grado militar a los pilotos.

Los Acuerdos Gubernativos 153-82 y 154-82, del 20 de julio de 1982, que forman parte de la Orden General del Ejército para Oficiales 19-82, dan cuenta de este reconocimiento militar firmado por el entonces Presidente de la República y Comandante General del Ejército, José Efraín Ríos Montt.

Entre los reconocidos están algunos miembros de la élite guatemalteca. Encabezan los tenientes de Reserva en el Arma de Aviación: Gustavo Anzueto Vielman, Francisco Octavio Aragón González y Héctor Morataya Morales. Anzueto Vielman, a quien su estado de salud no le permitió dar una entrevista para este reportaje, fue uno de los líderes de la extrema derecha durante los años 80. Fue candidato presidencial por la Central Aranista Nacional (CAN), con la que llevó a cabo la primera propuesta libertaria diseñada por Manuel Ayau y los líderes de la Universidad Francisco Marroquín, según recuerda Juan Carlos Simmons en un video.

En la lista de 103 integrantes de la Fuerza Aérea de Reserva había empresarios y pilotos de los empresarios, a quienes se les confirió el título de subteniente de Reserva en el Arma de Aviación. Entre los empresarios resaltan el cafetalero Max Quirin Schoder, quien ha fue representante del Cacif ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala durante varios períodos y ahora es su representante ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Quirin no quiso responder para esta entrevista. O Raúl Minondo Herrera, uno de los arquitectos que diseñaron el Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional, el edificio central de la Universidad de San Carlos y el del hospital Herrera Llerandi.

Minondo, quien ya falleció, militó en el Movimiento de Liberación Nacional.

También formaron parte Carmelo Torrebiarte, de Fundesa; y Rodrigo Sánchez Ayau, quienes declinaron dar declaraciones. Otros empresarios reconocidos por Ríos Montt fueron Adolfo Fumagalli Saravia, de la Hidroeléctrica Patulul; José Manuel Herrarte Orantes, administrador de la reserva privada Tapon Creek en Izabal, según el CONAP; René Morel Altenbach, dueño de un taller aeronáutico; William Stixrud Herrera, quien presidió la Asociación Nacional del Café en los años 90; o Francisco Font Elías y el finquero Jorge Herman Fuxet, cuya familia tiene una planta procesadora de energía renovable en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Font y Herman ya fallecieron.

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Varios —en su mayoría pilotos de los empresarios— han sido candidatos a alcaldes, a concejales o a síndicos. Unos de los que militaron en partidos fueron Jorge Alberto Rosal Zea, del Partido Patriota, asesinado en 2002, o José Adán Regalado Salguero, ganadero y gobernador de Petén durante el gobierno del FRG. Otros han sido acusados de volar aeronaves ilegales, como el fallecido Antonio Arévalo, quien también era concejal en Cobán. Faustino Padilla Carrillo, también de Cobán, se dedicó a elaborar vinos de arándano. Rafael Arreaga Martínez es el actual presidente de la Cámara Guatemalteca de la Educación. Antonio Pozuelos Leal es el actual subdirector de Aeronáutica Civil.

García Noriega relativiza el tema de las bombas. “No sé, pero (si se dio) tuvo que haber sido muy precario porque la gran mayoría de los empresarios no tenía formación militar como para dirigir ataques aéreos. Era una fuerza rudimentaria de defensa. Si se tiraba una bomba no era aquel bombardeo que tiraba mil bombas. Aquí tal vez una bomba que tiraban de la puerta, viendo de no caerse de la avioneta, si había eso. No veo a ninguno de los que conozco que vuela que fuera en un asunto de aviones artillados. No existía tal cosa. Tal vez la parte logística de transporte de personas era la parte más importante.

La otra era insignificante”.

Harris Whitbeck recuerda una anécdota sobre el precario estado de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), que obligó al llamado a la Fuerza Aérea de Reserva. “En una ocasión la FAG nos prestó un helicóptero para llevar a un grupo de senadores y congresistas gringos al Altiplano. Y cuando íbamos a despegar de regreso, el helicóptero estuvo a punto de estrellarse. Tanto que nos tuvieron que dejar a los guatemaltecos y llevarse sólo a los estadounidenses, pues estábamos en una zona guerrillera. Cuando ya llegamos todos a la capital y nos fuimos a tomar unos tragos al Camino Real, le dije al congresista Jim Sensenbrenner (por Wisconsin) que era culpa de los Estados Unidos, que no nos vendía repuestos, que estuviera en tan mal estado la FAG”. Sobre las bombas lanzadas desde avionetas privadas, respondió: “No me consta. Él (mayor Díaz) sabría más que yo. Mi relación con la Fuerza Aérea de Reserva fue la labor humanitaria, sacar heridos o darnos jalón para llegar a esas áreas en conflicto. Yo nunca oí sobre las bombas y no me consta”.

El periodista Óscar Clemente Marroquín, que formó parte del Consejo de Estado, secundó el testimonio del mayor Díaz López: “Conozco alguna gente que formó parte de esa “reserva” y que comentaban sus acciones de combate. No pocos fanfarroneaban con su “heroísmo””.

Un cooperativista, que pidió omitir su nombre, fue testigo de una masacre en la que afirma que hubo participación de aeronaves civiles. Se trata de la segunda masacre de Cuarto Pueblo, Quiché, el 14 de marzo de 1982, en la que murieron 380 personas.

“En los setentas nosotros en las cooperativas vendíamos cardamomo y venían pilotos de fincas a comprarlo. Por eso fue que ese 14 de marzo, que era día de mercado, cuando vimos sobrevolar el área un helicóptero blanco y azul, civil, todos nos alegramos. Pero sólo nos estaba vigilando. A los 15 minutos llegó el Ejército y empezó a bombardear y masacrar gente”, recuerda.

Entre quienes pilotearon las aeronaves, Héctor Fernando Castillo Herrarte, empresario algodonero que participó también en la Cámara del Agro, accedió a hablar. Castillo Herrarte niega haber visto a algún empresario haber lanzado bombas desde sus avionetas.

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—El mayor Gustavo Díaz escribió que en 1982 la Fuerza Aérea de Reserva inclinó la balanza a favor del Ejército. ¿Cómo surgió?

—Te cuento. La Reserva de la Fuerza Aérea es un comando especial que existía de la época de la Liberación (1954), cuando se decidió que pilotos civiles volaran aviones militares. Fue así como algunos pilotos volaron aviones militares y nunca participaron en operaciones (en los 50), pero recibieron los entrenamientos. Y el gobierno de Ríos Montt decidió hacer una excepción. Esto porque el gobierno de Estados Unidos durante el presidente Carter embargó la venta de repuestos militares. Y en una acción muy patriótica, diría yo, empezaron a apoyar a la Fuerza Aérea. El presidente Romeo Lucas dijo en una ocasión en una cadena de radio nacional que no necesitábamos de los Estados Unidos. Muchos lo acusaron de loco, pero realmente les demostramos que no necesitábamos. En aquel momento, Ríos Montt decidió darnos un grado militar de reserva porque nosotros desde la época de Kjell (Laugerud, 1974-1978) ya veníamos volando para el Ejército, transportando medicinas, médicos, algunos oficiales, que los llevábamos a diferentes lugares y puntos, raciones del Ejército que no tenían cómo transportarlas y la mayor parte de las obras estaban en operaciones fuera de las bases militares. Como Nebaj, que era un lugar sumamente caliente. Entonces nosotros ayudamos, desde antes que nos nombraran Reserva Aérea. Luego Ríos Montt, por medio del comandante de la Fuerza Aérea y algunos de nuestra gente, nos dio un grado militar.

—¿Algunos de su gente como Gustavo Anzueto Vielman?

—Como Gustavo Anzueto. Decidieron darnos un grado y uniformes militares porque volábamos en áreas de conflicto y si por alguna razón aterrizábamos, que los soldados supieran quiénes éramos porque si no, nos iban a matar si nos encontraban a media selva o en una pista. Para darnos esa seguridad nos nombraron subtenientes de reserva de la Fuerza Aérea. Nosotros éramos subtenientes pero a quienes venían volando desde los 50 los nombraron tenientes.

—¿Cuántos empresarios participaban?

—Yo diría que éramos como 70 aviones con empresarios volando. Algunos tenían pilotos porque ellos no volaban. Había gente que decía, yo no vuelo pero ahí está mi avión. Había muchos pilotos. Pero no era una Reserva Aérea identificada con el sector privado. Muchos agarraron sus cosas y se fueron a vivir a Miami, como lo hicieron muchos empresarios de El Salvador. En la Reserva Aérea vas a encontrar personas del sector privado que se preocuparon por la situación que estaba viviendo el país. Te voy a decir algo, yo, personalmente, apoyé al Ejército porque sabía que el Ejército estaba librando una lucha por nosotros, los guatemaltecos, y todos los guatemaltecos deberíamos haberlo apoyado. En una oportunidad hicimos un desfile de toda la aviación nacional, en tiempos de Lucas, dándole apoyo al Ejército. Con avionetas del sector privado hicimos un círculo que salía del aeropuerto al parque central dando vueltas y nunca se rompía, avión con avión. Unos 80 aviones y 20 o 30 helicópteros, todos apoyando al Gobierno y al Ejército. Porque el Ejército realmente libró una batalla contra todo.

—El mayor Díaz afirma en su libro que lanzaron bombas.

—Yo no vi a ningún empresario lanzarlas. Lo que te puedo decir con claridad es que si el sector privado apoyaba al Ejército era porque el Ejército estaba cumpliendo con un mandato constitucional. Querían tomar el poder (las guerrillas) y si uno ve las elecciones, simpatía hacia el izquierdismo no existe. Siento que nos fijamos demasiado en el pasado cuando estamos viviendo el presente. Hay un dicho que es “para que no se vuelva a repetir”, pero esto no se va a volver a repetir siempre y cuando no venga un grupo de aprovechados a querer aprovecharse del que ha trabajado y ha llevado una vida ordenada.

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Martín Rodríguez Pellecer

Fotografía de Sandra Sebastián

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Capítulo para la historia, lejos de cualquier corte

El sector privado parece haber acertado en considerar este juicio como una batalla determinante. Y respira tranquilo tras haberla ganado. Para el empresario cuarentañero que estuvo en las deliberaciones tras el 10 de mayo, “la sentencia representaba un cambio de época, un momento en el que se sacaba al Cacif de la toma de decisiones trascendentales. Y eso se evitó con esta oposición”. Se evitó también escribir de nuevo la historia desde los tribunales, colocando a uno de los jefes de Estado que ganó la guerra en los 80, a costa de una estrategia genocida, entre los criminales de guerra. Eso sí, los empresarios reconocen que al presionar tan explícitamente a la Corte de Constitucionalidad en esta ocasión, dejaron una buena parte de su capital político y su imagen internacional en este pulso.

La alianza que ganó la guerra en los años ochenta tuvo en su centro a militares y empresarios. Empresarios que se involucraron en distintos niveles. Desde tecnócratas de centro, medios de comunicación, patrulleros de autodefensa civil, ciudadanos que delataban o se hacían de la vista gorda cuando miraban o escuchaban crímenes de lesa humanidad, hasta empresarios que volaron sus propias avionetas y lanzaron bombas.

Los militares repetían en sus documentos que no podrían ganar la guerra aislados de la sociedad y necesitaban de la participación de buena parte de la ciudadanía. Y los abogados que han juzgado genocidios en el mundo repitieron en el juicio que ese delito es imposible sin una complicidad de parte de la sociedad. La historiadora Marta Casaús lo considera la última escala del racismo.

La inversión de capital político de los empresarios fue suficiente para que este capítulo del pasado, de la alianza militar-empresarial, poco conocido entre la ciudadanía, no tenga consecuencias penales ni civiles tras el boicot a la sentencia. El Ministerio Público no quiso dar declaraciones sobre los temas tratados en este reportaje.

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LA JUSTICIA DE LOS GENERALES

Oswaldo J. Hernรกndez [ Reportaje 07 03 13 ]

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Hoy tienen todas las garantías po-

sibles. Los exgenerales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez tienen una defensa, y recursos legales que pueden plantear. Saben, desde luego, el nombre del juez que preside el tribunal que podría dictar una sentencia. Han podido,

también, analizar su expediente, revisar las pruebas en su contra y tener acceso a una audiencia pública. En su tiempo —cuando gobernaron, cuando Ríos Montt mandaba— casi nada de esto era posible.

La justicia era diferente: existían los Tribunales de Fuero Especial.

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Oswaldo J. Hernández

La madrugada del 2 de febrero de 1983 seis hombres iban morir.

Sentenciados a muerte, los esperaban —desde las 4 de la mañana —, frente a un muro ancho, hecho con sacos de arena, en el interior del cementerio general, dos convoyes del Ejército, un médico forense, y los agentes de la Policía Nacional, con los fusiles cargados, listos para disparar.

Acusados de secuestro y extorsión, Héctor Adolfo Morales López y los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín González habían sido condenados a la pena capital. Junto a ellos, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González, acusados de terrorismo y de atentar contra la seguridad interna de la nación, también iban morir.

La ejecución había sido programada para las 6 de la mañana.

Afuera, bomberos, empleados del cementerio, y más de una veintena de periodistas permanecían atentos, murmurando, a la espera de escuchar las detonaciones desde el lugar al que ninguna persona ajena a las fuerzas de seguridad podía acercarse.

En julio de 1982, el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt creó un órgano judicial sujeto al Poder Ejecutivo. Eran los Tribunales de Fuero Especial, dirigidos por funcionarios anónimos, civiles o militares, nombrados por el Presidente, y que juzgaron y condenaron, de forma drástica y rápida, de modo paralelo al Organismo Judicial, a más de 500 personas culpadas de pretender “violentar las instituciones jurídicas, políticas, económicas y sociales del país”. Así lo tipificaba la Ley. Entre los condenados por estos cargos, los seis de aquella mañana de febrero de 1983. Era la segunda sentencia a pena de muerte que se iba a ejecutar en los apenas seis meses de gobierno del general Ríos Montt, cuando mandó en solitario, después de deshacer la Junta Militar de Gobierno que lo llevó al poder. / 104

“Antes aparecían en las calles los cadáveres de las personas ejecutadas. Cada quien mataba a quien quería matar. Los tribunales no hacían justicia.

Viendo que no se hacía justicia cada cual mataba por su cuenta. Al asumir la Presidencia yo asumí la responsabilidad de los juicios. Es para sentar precedentes jurídicos…”, justificó Ríos Montt ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos meses antes de terminar 1982.

“Yo soy el que hace las leyes. Le garantizo al pueblo un uso justo de la fuerza. En vez de cadáveres en las calles, vamos fusilar a los que cometan delitos”, prometió.

Durante el régimen de Ríos Montt, quince personas murieron fusiladas. ¿Culpables? No hubo forma de probar lo contrario. Tampoco tiempo: en menos de un mes, a partir de su captura, los tribunales con jueces sin rostro, sin firma, sin registro, los sentenciaron a muerte y nunca fueron públicos los argumentos en que se basaba su fallo. Se juzgaron, además, a otras 582 personas cuya sentencia no fue la muerte.

Aquella mañana de febrero, quince minutos antes de las seis de la mañana, llegó un aviso: “Los fusilamientos han sido suspendidos por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. El mensaje llegaba urgente. A los acusados les habían dado con lugar un amparo provisional. Un tiempo para revisar sus casos. A dos de ellos la notificación les había llegado desde la tarde anterior. A los otros cuatro, justo de madrugada, a punto de vendárseles los ojos y caminar hacia el paredón, a pocos minutos de quedarse quietos, ciegos, muertos, frente al pelotón de fusilamiento.

Esa mañana, los condenados a muerte regresaron al Segundo Cuerpo de la Policía Nacional. Vivos.

Muchos, después de eso, quisieron saber lo que era un proceso judicial en los Tribunales de Fuero Especial: Secretos, premura, anonimato, prepotencia, vicios, frustración, desaparición, maltrato, clandestinidad, indefención, ejecuciones que duraron un año y once días incrustados en la legislación guatemalteca.

“Una aberración jurídica”, como pronunció, en 1984, Arturo Archila, el director del Colegio de Abogados (hoy vocal de la Corte Suprema de Justicia). / 105

Oswaldo J. Hernández

En el principio, de la defensa no se esperaba casi nada Conrado Alonso era abogado defensor de uno de los acusados, de Marco Antonio González. Escribió en 1986 un libro minucioso —a veces airado— al que llamó 15 fusilados al alba como repaso de su acción (“inútil”, anotó) en contra de los Tribunales de Fuero Especial. En su interior hay fotos de los sentenciados, de los tribunales sin jueces, de policías con los fusiles en la mano en las afueras del cementerio.

“Frente a la defensa estaban los tribunales de fuero especial arropados bajo el misterio del anonimato.

Esto es grave para cualquier defensor, y antijurídico. (…) De esta situación anímica desesperante del defensor nadie sabe más que quien la sufre personalmente”, dejó como testimonio.

En el texto de Alonso cuenta lo ocurrido aquella madrugada del 2 de febrero de 1983: Defensores que contra reloj redactaban recursos de amparo antes de la medianoche, y Magistrados que los recibían, que iban y venían, con la notificación de suspensión, buscando desde las 3 de la mañana, la sede (que no tenían) de los Tribunales de Fuero Especial, entre el Palacio Nacional y el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, a un costado de la iglesia de la Merced. “De ahí se retiran a las 4:05 sin poder practicar la notificación”, indica Alonso.

El aviso, no obstante, sería recibido a las 5:45 a.m. en el interior del cementerio.

Gracias a la acción de la defensa, nadie murió fusilado aquella mañana de febrero. La inexistencia de la sede para los Tribunales de Fuero Especial también quedó en evidencia. A pesar de que ya tenían más de seis meses de estar operando, a pesar de que el 18 de septiembre de 1982 ya habían sido fusiladas cuatro personas (Julio César Vásquez Juárez, Julio Hernández Perdomo, Marcelino Marroquín y Jaime de la Rosa Rodríguez).

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Conrado Alonso se sorprende de que estos tribunales funcionaran bajo jurisdicción del Ministerio de la Defensa: “Al mismo Tribunal se le exigió la entrega de los antecedentes o del informe circunstanciado. Por el contrario, quien remite el informe es el Ministerio de la Defensa Nacional.

Cuando se publicó el decreto-ley de los Tribunales de Fuero Especial, un día después de la celebración del día del Ejército, el 1 de julio de 1982, el gobierno de Ríos Montt no esperaba que se dieran impugnaciones, apelaciones y menos amparos.

De la defensa se esperaba casi nada o muy poco.

La ley decía: “Contra las resoluciones de los Tribunales de Fuero Especial que se dicte en esta clase de procesos, no cabe recurso alguno”.

Fue así hasta diciembre de 1982, luego de las primeras sentencias de fusilamiento. Luego de que en septiembre, en menos de un mes desde su captura, cuatro personas fueron procesadas, condenadas y ejecutadas, sin haber conocido a sus abogados defensores, a pocos días de que se realizara en Guatemala una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP) Juan Pablo Muñoz explica que tras la visita de la CIDH, Ríos Montt decidió suspender todas las ejecuciones a pena de muerte existentes, sin que se diera a conocer el nombre de los condenados. “La justificación era que el gobierno tomaría en cuenta algunas sugerencias del organismo internacional de derechos humanos”.

El 14 de diciembre de 1982, después de recibir el informe de la CIDH, la ley sufrió modificaciones.

La defensa obtuvo la oportunidad de protestar, de alegar vicios, de pedir una revisión. Se creó una segunda instancia para los procesos sometidos a estos tribunales, también fiscales especiales para los casos.

Esto permitió que, el 2 de febrero de 1983, seis sentenciados a muerte continuaran vivos. Vivos aunque por poco tiempo.

“En aquel momento de euforia —escribió el abogado defensor, Conrado Alonso— no cabía pensar que otro día, del mes siguiente, de marzo, el fusilamiento sí tendría lugar; y que, en ese lapso de tiempo, como muy bien dijo el Ministro de Gobernación, Ricardo Méndez Ruiz, lo único que íbamos a lograr los abogados sería alargar una agonía porque si ya estaban condenados a muerte, sólo faltaba fusilarlos”.

La ley para los militares era una misión El investigador y doctor en derecho Luis Rodolfo Ramírez, quien ha trabajado la parte del informe sobre Tribunales de Fuero Especial para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, opina que este modelo de justicia, “único dentro de los regímenes militares de Guatemala”, fue “el elemento de represión urbano que se implementó dentro del proyecto contrainsurgente del Ejército”.

“La justicia se vistió con el ropaje militar. Es decir, el poder judicial ya era sumiso a los regímenes anteriores, pero nunca se había usado como medio de represión”, agrega.

Juan Pablo Muñoz dice que hay que entender algo más: el contexto en el que fueron creados los Tribunales de Fuero Especial. Y enumera: “Primero. La amnistía”. (En abril de 1982, por la televisión, en cadena nacional, Ríos Montt decía esto: “La amnistía es una propuesta honesta, tenemos seguridad y

por eso le digo que la amnistía es un gesto de hermandad. A una actitud de vida como ésta de dar amnistía corresponde también una actitud de vida positiva, deje las armas, deje el odio, deje la sangre, deje el crimen, deje la violencia…).

“Segundo. El minigolpe dentro de la junta militar de gobierno”. (El 9 de junio Ríos Montt se autoproclama presidente y anula a los coroneles Héctor Maldonado Schaad y Francisco Luis Martínez Gordillo del poder).

“Tercero. El repliegue del Ejército”. (Tras el “minigolpe” Ríos Montt concentra a todos los elementos del ejército cerca de la capital. Las tropas descansan un mes entero).

“Cuarto. Estado de Sitio. Movilización de las Tropas. Creación de los Tribunales de Fuero Especial”. (El 30 de julio de 1982, Ríos Montt, en su discurso titulado Estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia, decía: “Este gobierno se dispuso conceder amnistía… sin embargo, hay guatemaltecos que por temor a ser asesinados no han hecho uso de la amnistía, porque los camaradas comunistas se han declarado enemigos de estas poblaciones… óigame bien guatemalteco, vamos a combatir la subversión por los medios que quieran, pero lo vamos a hacer con juicios abiertos, completamente justos, a la vez que con energía y con rigor, para tal efecto hemos establecido Tribunales de Fuero Especial que cumplirán con este propósito, declaramos pena de muerte por fusilamiento, para aquellos que secuestren, causen incendios, ataquen y dañen instalaciones de defensa…

Durante un mes, a partir de mañana 1º. de julio, quedará establecido en todo el país el Estado de Sitio, a partir del 1º. de julio vamos a movilizar tropas para combatir a la subversión, para iniciar ya la batalla final”.

“El Estado de Sitio tuvo una duración de alrededor de ocho meses y tres semanas”, especifica Muñoz.

“La movilización de tropas del Ejército fue del 60 por ciento para concentrarlas en la zona noroccidental del país así como del reclutamiento forzoso para servicio militar de hombres comprendidos entre 18 y 60 años de edad”.

En total, como ha documentado el investigador, con base en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, los Tribunales de Fuero Especial conocieron 598 casos. De todos, sólo el 20 por ciento

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Oswaldo J. Hernández

de los apresados (121) fue consignado y acusado de atentar contra la seguridad del Estado.

La ley para los militares, dice Muñoz, era una misión. “Parte de una misión encomendada. La ley, creían, por tanto, que no los tocaba. Era la lógica de ‘nosotros hacemos la ley para que ustedes la cumplan, mientras nosotros sólo cumplimos aquellas que sirvan para nuestros objetivos’”.

Fusilar porque esa era la sentencia Entre el martes 22 de febrero y el 4 de marzo de 1983, los seis condenados a muerte volvieron a ser noticia.

No había sido fácil, pero los defensores lograron una audiencia pública. Por los vicios del proceso, por las sentencias apresuradas, los Tribunales de Fuero Especial cometieron errores. Lo que quedaba era pedir una vista pública de los sentenciados.

“Queríamos una audiencia abierta, de cara a la sociedad, sin tapujos ni secretos, y oír, quizás por única y última vez, el testimonio de los condenados desde hacía tanto tiempo”, escribió Conrado Alonso.

El Ministerio de la Defensa se mostró renuente a la solicitud de la defensa. Pero tuvo que acatar la decisión de los Magistrados. De tal cuenta, frente a los reporteros, ante los magistrados de la CSJ, las cámaras de televisión, el Ministerio Público, y la ausencia de los jueces de Tribunal de Fuero Especial, uno a uno, los seis condenados pudo declarar.

Ese día se escuchó la repetición de las acusaciones, la tortura, el interrogatorio exprés al que se había sometido cada uno de ellos. La sala de vistas del Organismo Judicial estaba llena. La voz entrecortada de los acusados, como recogieron algunos periodistas de la época, no dejaba indiferente.

Los magistrados de la CSJ, dos días después de la vista pública, resolvieron un “auto para mejor fallar”. Es decir, pidieron ocho días más para poder revisar los expedientes originales, analizar los procedimientos, y entonces resolver el amparo interpuesto en contra de los Tribunales de Fuero Especial. / 108

Pero el Ministerio de la Defensa no les otorgó nada. Óscar Humberto Mejía Víctores, Ministro de la Defensa, obligó a que los magistrados de la CSJ tocaran la puerta del Palacio Nacional —la sede de los Tribunales de Fuero Especial — para que revisaran los documentos. Hubo fotos de los magistrados saliendo del Palacio Nacional. Hubo declaraciones del presidente de la CSJ, Ricardo Sagastume Vidaurre, después de casi dos horas de haber entrado al Palacio dijo algo similar a lo que escribirían luego en la resolución de los magistrados de la CSJ: no existía nada anómalo en el procedimiento, tampoco en los expedientes, “sólo pequeños errores”.

Los sentenciados, en consecuencia, serían fusilados. Era la tarde del 3 de marzo de 1983 cuando las radioemisoras transmitían la noticia.

Diez horas más tarde, los seis acusados —Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González—, llegaban otra vez de madrugada al Cementerio General. Los policías, los soldados, los fusiles, el médico forense, todos, los acompañaban. Se cumplía un mes desde el anuncio de su muerte. Pero esta vez sería inevitable.

“La descarga del fusilamiento se escuchó a varias cuadras a la redonda; algunos vecinos salieron a la calle”, describió El Gráfico, el mismo día de la ejecución. “A unos dos metros de distancia, diseminados, resaltaban ocho casquillos, siete de ellos pertenecientes a fusiles M-1 y otro de revólver calibre 38”. —El tiro de gracia —.

Todavía hoy, para los guatemaltecos, aquel fusilamiento resuena, aunque se ha perdido el contexto. Sí, murieron, sí, por la sentencia de los Tribunales de Fuero Especial, sí, durante el régimen de Ríos Montt, sí, luego de que sus abogados defensores intentaran poner en evidencia lo antijurídico de todos estos procesos, sí, tras la negación del indulto presidencial, solicitado por la CIDH. Pero lo que se recuerda no es, en sí, eso. En cambio, lo que se tiene de inmediato en la memoria es la gracia pedida por Juan Pablo II, que también fue rechazada.

Por eso, además, como escribe Conrado Alonso, “durante varias semanas el mundo habló mal de Guatemala”.

Ríos Montt intentó ser sucinto en sus declaraciones a la prensa. El mismo 4 de marzo declaró: “Nuestro compromiso con este pueblo, cansado del centenario abuso de poder de los gobernantes, es hacer que la ley se cumpla en toda su extensión y sin excepciones. Todo lo actuado por los Tribunales de Fuero Especial estuvo apegado a la ley, como fue corroborado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia”. Una semana después, el coronel Óscar Humberto Mejía Víctores, anunció nuevos fusilamientos. / 109

Oswaldo J. Hernรกndez

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Fotografías cortesía de CIRMA

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Oswaldo J. Hernández

No solo sentencias de muerte Para el primer aniversario del golpe de Estado, el 23 de marzo de 1983, Ríos Montt decía que, como se trataba de una ocasión especial, lo correcto era suspender el Estado de Sitio. Lo declaró, incluso, “día de la dignidad nacional”. Para cuando la fecha se cumpliera, los Tribunales de Fuero Especial ya habrían fusilado a los últimos cinco condenados.

Los delitos por los que se capturó (20 de febrero) y juzgó (22 de marzo) a estos últimos, según el boletín oficial del Gobierno, fueron doble secuestro, asesinato, asesinato en grado de tentativa, violación continuada, robo agravado continuado y abusos deshonestos violentos. Se aseguró además que, en primera instancia, estas personas confesaron expresamente su culpabilidad.

Jesús Enrique Velásquez Gutiérrez, Julio César Herrera Cardona, Mario Ramiro Martínez González, Rony Alfredo Martínez González y Otto Virula Ayala, murieron la madrugada del 21 de marzo de 1983. “También al alba”, recopila Conrado Alonso, “4:15 horas, y también en la 4ª. Avenida y 2ª. Calle del cementerio general”, donde habían muerto los otros 10 anteriores fusilados. La cuenta llegaba a quince. / 112

Muñoz dice que “para los creadores de los Tribunales de Fuero Especial, los mismos eran motivo de orgullo no exento de cierto nacionalismo y no carente de moral”.

Los Tribunales de Fuero Especial no sólo condenaron a pena de muerte. Según su decreto-ley, podían duplicar la pena de cárcel en sus sentencias.

Por lo que 582 personas, según las investigaciones sobre el Segundo Cuerpo de Policía Nacional, fueron sometidas a estos tribunales. “El discurso (inclusive sermones) moralista de Ríos Montt respondía a la necesidad de aplacar el clamor social (urbano/capital) por seguridad ciudadana. Desde la delincuencia común hasta la lucha insurgente, eran consideradas una desviación a los principios morales evangélicos de la iglesia (en este caso protestante por ser Ríos Montt miembro de la Iglesia

El Verbo); pero principalmente se interesaron en hacer público el rechazo a conductas inmorales, para que sus políticas públicas represivas tuvieran aceptación social. Esto se explica por ejemplo, con los sermones dominicales”, señala la investigadora Ana Méndez Dardón, también del IECCP. “Muchos fueron condenados arbitrariamente.

Muchos otros, desaparecidos desde hacía meses, buscados por sus familias, reaparecieron en la lista de consignados al Fuero Especial”, dice Muñoz. ¿Quién era el encargado de los criterios para consignar a las personas al Tribunal de Fuero Especial, acaso la Policía Nacional a través del Segundo Cuerpo? “Se combinaba entre la Policía Nacional a través del cuerpo de inteligencia del Departamento de Investigaciones Técnicas junto con los

oficiales del Ejército que supuestamente actuaban como jueces en los Tribunales de Fuero Especial”, responde Ana Méndez Dardón.

Los investigadores están de acuerdo en que los criterios de quién, por qué, cómo, todavía son un misterio.

No obstante, Muñoz habla de los reos, de los reos políticos y los comunes: “Los reos de estos Tribunales fueron políticos en muchos casos, vinculados directamente a la lucha armada pero en otros eran reos por delitos comunes pero vueltos políticos por el contexto en que se les juzgó o condenó”.

“La naturaleza de esta justicia fue eminentemente política, ajena a lo jurídico”, concluye. / 113

Oswaldo J. Hernández

La presión, otro golpe y el indulto Los Tribunales de Fuero Especial no acabaron sino hasta otro reacomodo en la cúpula de Gobierno.

El 8 de agosto se produce un golpe de Estado, uno más. El Ministro de la Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores asume la presidencia. Como objetivos del golpe, Mejía Víctores indicó: “Respetar la institucionalidad del Estado, lo cual implica respetar al Tribunal Supremo Electoral, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Consejo de Estado, etcétera. y sobre todo al Organismo Judicial en su función de administrar justicia conforme la ley”.

Una vez terminado “el día de la dignidad nacional”, sin el Estado de Sitio permanente, con 15 fusilados durante el régimen de Ríos Montt, empezaron a escucharse voces de oposición, de resistencia, en contra de los Tribunales de Fuero Especial. Incluso pidiendo su clausura.

Justo para esas fechas, en Guatemala se celebraba el X Congreso Internacional de Juristas. El tema de los Tribunales de Fuero Especial fue tratado y la recomendación fue anularlos, como explica Ramírez, “porque la ley que daba vida a los TFE era antitécnica, antijurídica y atentatoria. Además, señalaron que era el gobierno quien calificaba quién es extremista, lo cual constituía una acción política y no jurídica”.

La respuesta oficial la dio el Ministro de la Defensa, Mejía Víctores: “Los fusilamientos tendrán que continuar, porque no se puede combatir la delincuencia con oraciones”.

Los Tribunales de Fuero Especial, como señala Ramírez, no eran pensados como parte fundamental del proceso general de la contrainsurgencia. “Más bien se convirtieron en la cara del desprestigio de los regímenes militares”.

Para el 30 de abril de 1983, el Gobierno daba fe de que el 80 por ciento de los consignados había quedado en libertad, y se contaban, no obstante, un total de 112 casos. Hacia junio de 1983 había unos 200 presos en el Segundo Cuerpo de la Policía Nacional.

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Prensa Libre, el 9 de agosto, describe: “Uno de los periodistas le preguntó al jefe de Estado las causas por las que él pondrá fin a la existencia de los Tribunales de Fuero Especial, cuando meses atrás él los había defendido y los había considerado necesarios. “Yo”, respondió el nuevo jefe de Estado, “en ese momento cumplía con la ley que estaba en vigor. Ahora que puedo cambiar esa ley, los considero innecesarios”.

El 12 de agosto, luego de un año y once días de existencia, el Gobierno deroga la ley de los Tribunales de Fuero Especial, tras publicar el decreto 93-83.

Pero aún persistían problemas, como explica Conrado Alonso: todo lo sentenciado por los jueces secretos, dice la ley, debe quedar resuelto en menos de un mes. Hay condenas, pero no fusilamientos.

No obstante, hay demasiados vicios, y desde luego, apelaciones. Toda una madeja legal, enredándose.

Los abogados defensores intentaron anular las sentencias. Las llamaron injustas, antijurídicas. Juan

Pablo Muñoz ha recopilado el nombre de estos defensores a los que Ríos Montt llamó “plañideras”. “Trataron de teñirnos de rojillos, de ideología de izquierda; en suma nadie entendió que fuimos los únicos que denunciamos este tipo de justicia”, escribe Conrado Alonso. Entre ellos: Eduardo Fernández López, Jorge Mario Cifuentes de León, Felipe Antonio Hernández Valencia, Guillermo Maldonado Ávila, Roberto Paz, Francisco Reyes Ixcamey, Gabriel Girón Ortíz, Alfonzo Fetzer, Antonio Ramos Gálvez. Muchos, hoy ancianos, ya no están en posibilidad de dar declaraciones, algunos han muerto, y otros, no quieren hablar del tema.

Meses más tarde, se publicó otro decreto-ley, “para mejor aplicación” del anterior, para componer las cosas: el 99-83. Se publicó el 22 de agosto. Ya no se restablecían penas anteriores al 8 de agosto, dictadas por los Tribunales de Fuero Especial.

Todas estas modificaciones, derogaciones, fueron redactadas por el mismo abogado: Manuel de Jesús Tánchez. El mismo que redactó la proclama del golpe de Estado de marzo del 1983, el que escribió el Estatuto Fundamental de Gobierno, también el decreto de Estado de Sitio, y cada una de las modificaciones a los decretos de los Tribunales de Fuero Especial desde su creación. Hoy ya ha fallecido.

Sin embargo, quedaron vigentes las sentencias de los Tribunales: cárcel, multa… Las demandas en contra de todo lo que habían ejecutado los Tribunales de Fuero Especial fueron aumentando de tono.

En junio de 1984 unos 50 reos sentenciados, desde

la Granja Pavón denunciaron amenazas de muerte y extorsiones, y acusaron de esto a los jueces secretos. Dijeron, incluso, algunos nombres. Muñoz ha investigado aquellas declaraciones, los jueces secretos que mencionaron fueron tres: “Roberto Pastor Cojulúm, excandidato a la constituyente en junio de 1984 y exasesor jurídico de la Guardia de Hacienda; coronel Óscar Diemek Gálvez, subdirector de la Guardia de Hacienda; y Óscar Méndez Arroyave, subdirector de la Granja Penal Pavón. Los reos informaron que tenían suficientes elementos de juicio para iniciar el proceso y que dichos jueces ocupaban cargos públicos importantes en la administración de turno”, dice.

Poco a poco, presión tras presión —prensa, reos, familiares de los reos, abogados defensores—, opinión tras opinión —comentaristas, colegios de profesionales—, pasó casi un año hasta que Mejía Víctores, en julio de 1984, se rindió ante el tema y decretó el indulto total: el decreto-ley 74-84.

Lo que había creado Ríos Montt se mantuvo, sin un antes y sin un después. Pero tuvo secuelas. Tras el indulto, finalmente, hubo miedo, exilios, silencio. Aún hoy, no se sabe quiénes eran los jueces nombrados por Ríos Montt. Aún hoy, cuando el exgeneral entra a los tribunales por el juicio en el que se lo acusa de genocidio, se abstiene de dar declaraciones —“porque puede ser usado en mi contra”, dice—. Ni siquiera una opinión sobre el modelo de justicia que mantuvo vigente sobre su gobierno. Su defensa, que ha presentado más de 30 recursos de amparo y muchas más apelaciones en el caso, también dice desconocer el tema. Aún hoy, Guatemala guarda secretos.

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Cuando los militares cazaban

Rodrigo Rey Rosa y Sebastiรกn Escalรณn [ Reportaje 09 07 13 ]

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Rodrigo Rey Rosa y Sebastián Escalón

Después de la caída de Jacobo Árbenz, en 1954, el régimen militar de Carlos Castillo Armas llevó a cabo arrestos, inició juicios y ejecutó a funcionarios del gobierno derrocado acusándolos de haber cometido genocidio. Esto, por el asesinato de entre nueve y 16 “católicos anticomunistas” en Antigua Guatemala.

Rastros de esta historia —aunque borrosos— se encuentran todavía en maltrechos archivos.

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I. El primer acusado de genocidio, un manual para asesinos y otros documentos desclasificados El 4 de julio de 1954, una semana después de la caída del presidente Jacobo Árbenz Guzmán, tres agentes norteamericanos de contrainteligencia estaban en la capital de Guatemala con instrucciones de secuestrar documentos oficiales del régimen derrocado para conseguir datos que permitieran rastrear conexiones guatemaltecas con la Unión Soviética. Lo primero que descubrieron fue que tanto las jefaturas de Policía como las oficinas de los sindicatos y la sede del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) habían sido saqueadas de manera sistemática por miembros del Ejército y, luego, sin método, por ladrones y niños de la calle.

En las oficinas gubernamentales, que no estaban vigiladas y tenían puertas y ventanas rotas, encontraron montones de papeles oficiales tirados en el suelo. Uno de los agentes compró documentos secretos de la policía a un niño (“a small boy” —dice el informe de la CIA: Operation PBSUCCESS, The United States and Guatemala, 1952-1954). Con ayuda del Ejército de Guatemala y de la junta de Castillo Armas —sigue el informe— los agentes reunieron alrededor de 150 mil legajos, casi todos de “interés puramente local”.

Ronald M. Schneider, quien examinó estos documentos, reportó a la Agencia que “no encontró indicios de que hubiera control soviético, pero sí pruebas substanciales de que los comunistas guatemaltecos actuaban de manera independiente, sin ayuda o directrices provenientes del extranjero”.

Como este informe, hay otros miles de papeles referentes a las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia en Guatemala, desclasificados en 1997 y publicados en su mayoría por el National Security Archive (NSA). Entre ellos, hay un elocuente “Manual para asesinos”.

Estos documentos cuentan la historia secreta del programa de desestabilización de Guatemala, que condujo al golpe de Estado y a la dimisión de Árbenz el 27 de junio de 1954. Salvo en contados casos faltan, desafortunadamente para la historia, los nombres de casi todos los actores nacionales y extranjeros, que han sido tachados concienzudamente por la Agencia antes de divulgarlos.

Los títulos de estos documentos son elocuentes: “CIA and Guatemala assassination proposals —CIA History Staff Analysis—” (“La CIA y algunas propuestas para asesinatos en Guatemala —Análisis histórico elaborado por personal de la CIA—”) que contiene una lista que data de 1952, de individuos, con los nombres tachados, del gobierno de Árbenz que había que eliminar de inmediato si se daba un golpe de Estado antico-

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Rodrigo Rey Rosa y Sebastián Escalón

munista exitoso; o: “Selection of individuals for disposal by junta group”, (“Individuos escogidos para eliminación por medio de la junta militar”) fechado el 31 de marzo del 54. Muchas de las observaciones anotadas son agudas y sorprendentes por su espíritu crítico, como ésta de Nicholas Cullather, hoy historiador de las relaciones exteriores de Estados Unidos y profesor de la Universidad de Indiana: “La operación PBSUCCESS —la primera de su clase en Latinoamérica— implementó una intensa campaña paramilitar y psicológica que sustituyó a un gobierno electo popularmente por una nulidad política”, es decir, por Castillo Armas.

Hay, entre los miles de papeles desclasificados por la Agencia, dos o tres que hoy vienen especialmente al caso, porque se refieren a un oficial arbencista acusado y perseguido durante el gobierno de Castillo Armas por el crimen de genocidio. Se trata de Rogelio Cruz Wer, jefe de la Guardia Civil, la fuerza policial de los dos gobiernos de la Revolución, cuyo nombre probablemente estaría entre los tachados de las listas de “propuestas de asesinatos” de la Agencia.

Fechado el 24 de marzo de 1954 —y “liberado” por la Agencia en el 2003—, uno de estos documentos es un envío aéreo titulado: “Asesinato de la reputación de (“Character Assassination of” ) Rogelio Cruz Wer”. En él se sugería una campaña negra contra Cruz, en la que, por medio de un comunicado de prensa se le acusara, entre otras cosas, de conspirar contra el propio Árbenz. “Después de enrolarse en el PGT, (Cruz Wer) fue nombrado jefe de la Guardia Civil. Su gestión en ese puesto se ha caracterizado por una rápida intensificación de la brutalidad policiaca y el incremento de la aplicación de métodos de tortura promovidos por la Unión Soviética”, termina el envío.

El asesinato de la reputación de Cruz Wer se llevó a cabo. En una revista de aquella época, resguardada en la biblioteca de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala —cuya ficha técnica dice: sin fecha, sin autor, sin editorial y sin portada, y que recuerda las publicaciones de la Fundación contra el Terrorismo instaurada recientemente para negar los actos de genocidio cometidos contra los pueblos mayas— hay una página titulada: “¿Hombres? ¡No! Son hienas”; entre una serie de fotos de miembros de la izquierda guatemalteca, está la suya. Se lee al pie: “Cruz Wer, fofo rostro de homosexual, desde su cargo de Director de la Guardia Civil, fue el genio malo al servicio de la perversidad llevada por sus instintos híbridos a los más altos grados de sevicia”. En otras publicaciones de la época, y en algunas más bien recientes, se le tacha, además, de “judío y masón”.

Si creemos al diario El Imparcial del 30 de diciembre de 1954, el 25 de junio de ese año —dos días antes de la dimisión de Árbenz— se produjo una masacre ordenada por Cruz Wer, y este crimen fue calificado por la prensa y la propaganda anticomunista de “genocidio”: Once anticomunistas, entre ellos un cronista de ese diario, Hugo Mármol Samayoa, fueron ejecutados en La Antigua Guatemala. Es notable que en los diarios de los días posteriores al 25 de junio no aparezca ninguna noticia sobre “el genocidio” antigüeño ni sobre Mármol Samayoa. Los titulares de primera página de El Imparcial del 25 de junio decían todavía: “Victoria Total es el objetivo. Fuerza Aérea (de Árbenz) entra en acción”. Y los de Prensa Libre: “Ejército Nacional prepárase ya para asestar el golpe definitivo a los invasores (liberacionistas)”. Y se explicaba que los invasores estaban

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en desbandada y habían huido a las zonas montañosas de Chiquimula. Cinco días más tarde, sin embargo, ya Castillo Armas era celebrado por todos los diarios guatemaltecos como “libertador de la patria”, mientras que, muy al contrario, los medios de países como Inglaterra, Francia y Alemania condenaron el golpe de Estado, y en Santiago de Chile, La Habana, México y Buenos Aires se reunieron multitudes para quemar banderas de los Estados Unidos y fotos de Eisenhower y los Dulles, artífices del golpe. En cualquier caso, por los crímenes de La Antigua —aunque en una nota de Prensa Libre se aseguraba que Mármol había sido asesinado en Santa María de Jesús— serían arrestados varios exmiembros de la guardia civil de Árbenz, y se dejó abierto un proceso legal por genocidio contra Cruz Wer y otros oficiales del gobierno derrocado, que se habían exiliado en México.

En la revista Time del 18 de octubre de 1954 se leía: “A los coroneles Rogelio Cruz Wer y Jaime Rosenberg les tocó la tarea de dirigir el absurdo reino de terror al final, cuando la revolución anticomunista derrotaba a su jefe, el Presidente Jacobo Árbenz. Al caer Árbenz, Cruz Wer y Rosenberg, escaparon a México en una furgoneta, y fueron los primeros mandamases del régimen en ponerse a salvo”.

Seis meses más tarde, el 21 de diciembre del 54, El Imparcial publicaba esta noticia: “Procesos por Genocidio Confirman contra Cruz Wer y Rosenberg (exjefe de la policía secreta). La sala primera de la corte de apelaciones confirmó ayer los procesos por genocidio que se siguen contra los exfuncionarios de la guardia civil que torturaron y dieron muerte a opositores del régimen arbencista durante el mes de junio del corriente año (...) El delito de genocidio está reconocido en nuestro país por medio del decreto del congreso número 704, aprobado por el propio régimen de Árbenz”, terminaba la nota.

Después de todo, la pronta huida del jefe de la Guardia Civil, que, como tantos otros arbencistas cuyos nombres probablemente estaban en los listados de la CIA, cruzó el río Suchiate, parece comprensible. Ya su reputación había sido asesinada; por qué permitir que asesinaran también su persona física. Su rastro se pierde, aparte de las calificaciones de torturador y hiena, etcétera, nada más hemos encontrado sobre el exdirector de la guardia civil arbencista —nada más, excepto una cita de una carta suya, en el libro de Piero Gleijeses, La esperanza rota (Princeton University Press, 1991), que deja ver algo diferente de una “hiena humana”. A principios de 1953, Cruz Wer había recibido quejas de varios campesinos contra la policía. En febrero, siendo director de la Policía Nacional, dirigió esta circular a las jefaturas de toda la república: “Ponga fin a tales abusos inmediatamente. Es de suprema importancia evitar fricciones entre los policías y campesinos; de lo contrario, estos últimos pensarán en la policía con la misma repugnancia que sentían por ella durante las dictaduras de Ubico y de Ponce (...) Por tanto, los insto a que, si desean conservar mi confianza, no engaveten esta orden sin primero asegurarse de que sus subordinados entienden que deben evitar por cualquier medio insultar a o abusar de los campesinos”.

Cruz Wer no fue el único exfuncionario del régimen arbencista acusado de genocidio.

Otros, que no salieron del país, corrieron peor suerte.

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Rodrigo Rey Rosa y Sebastián Escalón

II. Fusilamiento de dos “reos por genocidio”

El 5 de agosto de 1955, a las 9h 49, en el área conocida como El Triángulo, situada en la penitenciaría central, en donde está ahora la Torre de Tribunales, cayeron ante el pelotón de fusilamiento los “reos por genocidio” Juan Francisco Pineda García y Margarito Tecún Cuque. Culminaba así el primero de los “juicios por genocidio” que se llevaron a cabo al año siguiente del derrocamiento de Jacobo Árbenz.

Pineda y Tecún fueron condenados a muerte el 30 de diciembre de 1954 por la segunda auditoría de guerra. Declarados culpables del asesinato del periodista Hugo Mármol y de entre nueve y 16 vecinos antigüeños (el número varía según los periódicos y las notas), el coronel Castillo Armas les negó la gracia presidencial. Juan Francisco Pineda era jefe de la Guardia Civil de Antigua, y Margarito Tecún Cuque uno de los hombres bajo su mando.

El Imparcial del 5 de agosto dedica al fusilamiento dos largos artículos redactados con notable talento. El primero, titulado “Casamiento y guadaña en el penal”, narra las últimas horas de los condenados. Quince minutos antes de ser fusilado, una vez confesado y absuelto por un sacerdote, Juan Francisco Pineda contrajo matrimonio con Lucinda Rodríguez, su conviviente, con quien había tenido cinco hijos. El matrimonio recibió “la bendición nupcial de manos del padre José Vicente Santizo y la comunión del padre Pellecer”.

Estos detalles tienen algo de ironía trágica puesto que los reos fueron acusados de cometer genocidio en contra de “grupos católicos que se oponían a la marcha del sovietismo”, tal como lo expresó el juez militar que los condenó.

El periodista destaca la “calma casi religiosa” que reinaba entre los reos y sus acompañantes poco antes de ser conducidos al paredón. Al describir la vestimenta de ambos condenados, narra esta anécdota: “El reo Pineda García vestía un sudadero blanco y sucio, y al notar la presencia de periodistas se dirigió al jefe del pelotón de fusilamiento que lo conducía. ‘Tengo ropa limpia allá adentro. Como supongo que van a tomar fotos, quiero pedir permiso para cambiarme’”. Se menciona también que el reo “llevaba bajo el saco un escapulario de la Virgen del Carmen, cuyas cintas pendían de la nuca”.

“Al volver —sigue la noticia— se dirigió a los periodistas. ‘No soy culpable. Recibí instrucciones verbales y telegráficas de Cruz Wer, por las que me ordenaba entregar a los reos políticos a Manuel Monroy y demás líderes comunistas. Un subordinado no puede desobedecer órdenes superiores”.

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Ordenaron a los reos sentarse en dos pequeños bancos trípodes frente a un pelotón de fusilamientos compuesto por 14 hombres. Pineda se negó a que le vendaran los ojos. “Se oyó una atronadora descarga y los reos cayeron de bruces al suelo. Tecún Cuque gritaba, Pineda se revolvía en el suelo sin gritar, pero haciendo tremenda mueca, parecía que nos miraba a todos”.

Más adelante, el artículo destaca el valor de ambos reos frente al pelotón. “Margarito Tecún Cuque parecía indiferente, como si no se diera cuenta de lo que iba a suceder. Juan Francisco Pineda García tenía el gesto de un hombre al que no le asusta morir, y besó la tierra después de la descarga con un cigarrillo en la mano”.

En el mismo número de El Imparcial, hay más adelante otra nota que se refiere al fusilamiento. Por el diseño, la tipografía y el tono violento del texto, se entiende que es un campo pagado, aunque la nota no lleve esta mención. La ilustran unas fotos que ningún diario guatemalteco de hoy aceptaría publicar: cadáveres desnudos, mutilados, con signos de tortura y ahorcamiento, tirados en un descampado. Son, según la nota, las víctimas de Tecún Cuque y Pineda. “Estos crímenes no podían quedar sin castigo”, dice el titular.

El artículo celebra que los dos reos fueran “pasados por las armas”, y deplora que en ese mismo momento “los autores intelectuales se pasean en México y otros países, gastándose los dineros que le robaron al pueblo de Guatemala”, en clara referencia a Jacobo Árbenz, Rogelio Cruz Wer y Jaime Rosenberg.

Sin temor a la exageración, el panfleto declara: “Las autoridades judiciales del país no podían de ninguna manera desatender a la vindicta popular que pedía castigo para los responsables del más grande genocidio que registra nuestra historia”.

Estas publicaciones revelan que en 1955 la noción de genocidio estaba muy presente en la opinión pública. Sin embargo, no queda claro si Tecún Cuque y Juan Francisco Pineda fueron condenados a muerte por “múltiples asesinatos”, o por “genocidio”.

La calificación del crimen varía de un artículo a otro. En la misma página de un mismo diario (Prensa Libre, 5 de agosto de 1955), se encuentran las dos posibilidades, como si “genocidio” y “múltiples asesinatos” fueran sinónimos a los cuales el redactor podía recurrir indistintamente. Puede ser que cierta confusión aún existiera en torno al delito de genocidio, concepto que tenía menos de diez años de existencia jurídica. Es posible también que la intensa propaganda anticomunista de esa época favoreciera esta confusión.

La resolución firmada por Castillo Armas y reproducida por Prensa Libre del 5 de agosto de 1955, en la que se niega a los sentenciados la gracia presidencial, no habla de genocidio, y sí de múltiples asesinatos. En 1955, el delito de genocidio aún no había sido incorporado al Código Penal, lo que, según los juristas de la época, hacía imposible su aplicación.

Intentamos acceder al expediente de Pineda y Tecún para saber en qué términos se

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Rodrigo Rey Rosa y Sebastián Escalón

les condenó, y nos dirigimos para esto al Archivo General de Tribunales. Para realizar la solicitud de acceso al documento teníamos el nombre de los reos, los meses en que se emitieron las sentencias en primera y segunda instancia (diciembre de 1954 y marzo de 1955), y la sala que confirmó la sentencia de muerte (Sala Segunda de Apelaciones). Estas informaciones no fueron suficientes para que los archivistas siquiera tramitaran la solicitud.

—Es que si no tiene el número de expediente no podemos encontrarlo, porque todo va clasificado correlativamente en función de ese número —indicó un archivista de la Torre de Tribunales.

Más de medio siglo después de los hechos, sólo se puede obtener el número de expediente… consultando el expediente. Los documentos judiciales de Guatemala resultan, pues, inaccesibles a cualquiera que desee emprender una investigación histórica.

En cualquier caso, el término “genocidio” sí fue utilizado en los juzgados en aquellos años. El 23 de agosto de 1955, dos semanas después del fusilamiento, el mismo juez militar que sentenció a Pineda y a Tecún, presentó un acta de acusación ante otro tribunal militar en contra de los supuestos autores intelectuales de la matanza. En esta decía: “Vengo a querellarme formalmente, ante el Honorable Tribunal Militar, acusando a Bernardo Alvarado Monzón y demás compañeros por su autoría intelectual en el genocidio cometido en los meses de Junio y Julio del año próximo pasado”.

Bernardo Alvarado Monzón era secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), y entre sus compañeros acusados de genocidio estaba Hugo Barrios Klee. Ninguno de ellos formaba parte de la cadena de mando de la Guardia Civil.

Finalmente, un mes más tarde, el juez a cargo de la acusación retiró los cargos con el fin de “lograr la concordia y la armonía del pueblo Guatemalteco”.

El 26 de septiembre de 1972, durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, en una casa de la Zona 7, Bernardo Alvarado Monzón, Hugo Barrios Klee, junto con otros cuatro miembros del comité central del PGT, la militante Fantina Rodríguez Padilla y una mujer que ayudaba en labores domésticas, Natividad Franco Santos, fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad del Estado, conducidos a la sede de la Policía Judicial y posteriormente asesinados. Sus cuerpos, hasta la fecha, no han sido encontrados.

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III. El genocidio entra en la historia jurídica de Guatemala Guatemala fue el séptimo país en ratificar, el 30 de noviembre de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio redactada por las Naciones Unidas. Poco después, entró en vigor como Ley de la República, mucho antes de que fuera firmada por las potencias que la habían impulsado. Los arbencistas probablemente nunca pensaron que esta decisión histórica se revertiría contra ellos pocos años después.

Esta nueva figura jurídica fue objeto de varios estudios académicos en la década de los cincuenta. Un artículo de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala que data del primer semestre de 1950, escrito por Adolfo Molina, hace un acucioso análisis crítico de la Convención.

El jurista considera que la legislación contra el genocidio representa un gran avance para la humanidad, y sin embargo, nota algunas carencias que hacen difícil o imposible su aplicación.

Sus argumentos tienen tanta actualidad que parecen haber sido formulados en el 2013 en relación al juicio contra Ríos Montt. Por ejemplo, lamenta que se haya excluido a los grupos políticos como posibles víctimas de un genocidio. Omisión, afirma, intencional y fruto de un acuerdo deliberado entre las naciones firmantes. Consecuencia de esto: “bastaría con que un gobierno invocara motivos políticos para atentar impunemente contra los grupos de ciudadanos que le son adversos”.

Adolfo Molina explica que para que el tipo penal genocidio salga del “terreno filosófico”, debe ser incorporado al Código Penal, acompañado de una sanción. Esto, con el fin de “prevenir dicho delito y sus proteicas manifestaciones, tales como las persecucio-

nes políticas, de clases sociales, de sectores económicos, etc.”.

No fue hasta el año 1973 cuando Guatemala incorporó el delito de genocidio al Código Penal.

Otro estudio de la misma revista, esta vez de septiembre de 1955, titulado “La extradición por el delito de genocidio entre Guatemala y México”, escrito por Alberto Lazo Mendizábal, se interesa en la posibilidad de extraditar, sin nombrarlos, a funcionarios del régimen de Árbenz como Rogelio Cruz Wer y Jaime Rosenberg, refugiados en el país vecino. Su conclusión es que no es posible porque ni Guatemala ni México han integrado la figura del genocidio a sus códigos penales. Además, afirma, los acusados fácilmente podrían demostrar que se trataba de cuestiones políticas. El autor recomienda por lo tanto pedir la extradición de los funcionarios arbencistas por “delitos del orden común”.

El autor termina su estudio con una frase pesimista: “Poniéndole un nombre de novela policiaca, resulta el Genocidio como ‘un delito sin sanción y un delincuente sin juez’”.

Estos documentos —la fuga de Cruz Wer, el fusilamiento de Juan Francisco Pineda y Margarito Tecún Cuque, el caso de Alvarado Monzón y compañeros—, demuestran que el genocidio no es una figura que haya aparecido caprichosamente en la historia jurídica de Guatemala con los juicios en contra de Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta palabra tiene historia en los tribunales guatemaltecos, historia que se va borrando con la degradación de los archivos y el poco interés por explorarlos, digitalizarlos y facilitar su acceso. / 131

t e s t i g o s

FotografĂ­a de Simone Dalmasso / 132

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Francisco Cobo Raimundo, testigo 31. (Batzchocolรก, enero de 1983)

Juan Raimundo Matรณn. Testigo 34. (Santa Marta, octubre 1982)

MAGDALENA DE PAZ CEDILLO. TESTIGO 32. (ACUL, 22 DE ABRIL DE 1982)

Alberto Lรณpez Pastor. Testigo 38. (Chuatuj, octubre 1982)

Gaspar Cobo Carillo. Testigo 45. (Parramรณs Grande, 21 de febrero de 1983)

Jacinto Corio Raimundo. Testigo 41 (Palop, 1982) / 134

Francisco Pablo Carrillo. Testigo 47. (Finca Covadonga, octubre 1982).

María Bernal Morales. Testigo 49. (Xesai, 12 de abril de 1982)

Jacinto Velasco Corio. Testigo 51. (Río Azul)

María Cruz Raimundo. Testigo 58. (Sah Sivan)

Julián Vicente Pasor. Testigo 55. (Acul, 30 de octubre de 1982)

Gaspar González Sánchez. Testigo 68. (Sah Sivan, octubre de 1982)

Francisca Barrera Martínez . Testigo 60. (Villa Hortensia II, 22 de mayo de 1982)

NO TENÍAMOS COMIDA. NOS PERSEGUÍAN, NO SÉ SI POR ALGUNA NUESTRA COSTUMB R E O E S P I R I T UA L I DA D Ana Matón Ramírez. Testigo 64. (Palop, 20 de julio de 1982)

Juana Reinoso Chávez Testigo 69 (Vicalamá, agosto 1983)

Cipriano Antonio Morales. Testigo 62. (Xesai, 12 de abril de 1982)

Jacinto

Marcos

Raimundo.

Te s t i g o

6 7.

( Vi’B’ ajul’ a,

5

de

noviembre

de

1982) / 135

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C a t a r i n a S รก n c h e z . Te s t i g o 1 7. ( A c u l , 3 0 d e a b r i l d e 1 9 8 2 )

Miguel Guzaro Sรกnchez. Testigo 19. (Trapichitos)

Jacinta Rivera Brito. Testigo 15. (Vicalamรก, 22 de febrero de 1982)

Juana Bernal Velasco. Testigo 18. (Sumalito, 5 de julio de 1982)

Sebastiรกn Cedillo Raimundo. Testigo 21. (Finca La Perla, 13 de agosto de 1982)

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Manuel Raimundo Cobo. Testigo 24. (Tu Chabuc, 3 de mayo de 1982) Francisco Chรกvez Raimundo. Testigo 23.

G a s p a r Ve l a s c o . ( V i j o l o m , a g o s t o d e 1 9 8 2 )

Domingo Raimundo Cobo. Restigo 26. ( Sa l quil Gra nd e, a go s t o d e 1 9 82)

Feliciana Baca. Testigo 27. (Acul, 24 de abril de 1982) / 139

Oswaldo J. Hernández y Álvaro Montenegro Fotografía de Sandra Sebastián [ Crónica 29 01 13 ]

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Todo tiene su final, aun si este final todavía es parte de algo más grande. El último día de una audiencia siempre tiene algo de eso. En el juzgado B de mayor riesgo, poco después del mediodía del lunes 28 de enero, el juez Miguel Ángel Gálvez dictó apertura a juicio para los exgenerales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. Es el primer caso, en Guatemala, en el que dos altos mandos del Ejército serán juzgados por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Y el primero en el mundo en que se juzga en el mismo país en que se cometieron los delitos.

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Oswaldo J. Hernández y Álvaro Montenegro

Hacia las once de la mañana, hay ansiedad en esta sala repleta de parientes y amigos de los acusados, de familiares de las víctimas, de docenas de periodistas y de numerosos curiosos. Los exgenerales acusados llegaron desde muy temprano y cada uno charla tranquilamente con su respectiva defensa.

Los fiscales y los querellantes también están allí —en el estrado—, murmurando, revisando leyes y publicaciones judiciales. Lo único que falta para que la audiencia se reanude, luego de cuatro días de pausa, es que aparezca el juez Miguel Ángel Gálvez y comience a exponer sus argumentos. Diez folios minuciosos, con papelitos de colores que separan algunas de las páginas, le esperan en su amplio escritorio.

Algunos periodistas repasan sus notas y lo que más se comenta entre ellos son las peticiones que ha hecho la defensa unos días atrás: Ríos Montt, por ejemplo, pidió la clausura provisional de su caso, que significa ampliar el tiempo de investigación para que el Ministerio Público recabe más pruebas y tras ello posiblemente dar comienzo a un juicio. Rodríguez Sánchez solicitó el sobreseimiento, es decir, el cese de la persecución penal en su contra.

Casi media hora más tarde el juez entra en la sala. La obligación es ponerse de pie aunque para la mayoría, ya de pie y un poco desesperada, el protocolo resulta innecesario. Silencio. El juez verifica la presencia de los fiscales, de los querellantes, de los acusados y de toda la defensa. Dice que intentará ser breve, aunque también da a entender que debe obedecer toda la formalidad de un proceso, que consiste, en este último día de audiencia, en presentar los considerandos de derecho, los fácticos, los probatorios y el análisis intelectual. Todo antes de pasar a la resolución. Por ello debe comenzar con el repaso de todos los medios de prueba —peritajes, documentos, leyes, decretos, planimetrías, testimonios, planes de operación militar— presentados por la fiscalía y partir de ese contexto.

Por primera vez, a lo largo de toda la audiencia, Ríos Montt y Rodríguez Sánchez dejan ver una pizca de preocupación en sus cuerpos. En el primero es un gesto de labios fruncidos. En el segundo, una mano apoyada sobre la cabeza.

Lee Gálvez: “El Ejército se rige por la Constitución de la República”.

Y dice: “Pero claro, la Constitución de la República fue anulada por completo en 1982 por el hoy acusado Efraín Ríos Montt”.

Lee: “El Ejército no es deliberante”.

Dice: “pero en aquellos años el Congreso fue disuelto”.

Lee: “el Ejército es apolítico”.

Dice: “El alto mando del Ejército, integrado por el comandante general, el Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor, no obstante, se autoproclamaron gobernantes”.

Las más de 100 personas hacinadas aquí, como polillas confundidas por la luz artificial, no han resistido —aunque sólo sea por un microsegundo— la tentación de ver y no dejar de ver a más de alguno de los acusados. Ya sea por morbo, por solidaridad, por curiosidad, por lástima. Son Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, mientras habla el juez, los que atraen las miradas. También aquellas preguntas furtivas tipo “¿qué diablos estará pasando por sus cabezas en este preciso momento?”.

Cuando el juez analiza las responsabilidades de mando se dan los primeros y prematuros vaticinios sobre la resolución entre la concurrencia. “Habrá juicio”, condena y se queja uno de los militares retirados entre el público. Gálvez lee “la fuerza del Ejército está en su disciplina y en su jerarquía”. Y dice:

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“Los oficiales de mayor rango debieron por tanto tener un amplio conocimiento de las operaciones, así como estudios sobre cómo cumplir una misión. Su función era coordinar, controlar y coordinar.

Y no es como quiere hacer ver el abogado defensor, Danilo Rodríguez, cuando expuso que la línea de mando no tenía esta capacidad”. Que los altos mandos no tenían conocimiento de lo que ocurría.

Hay un murmullo constante de parte de los familiares de los militares cuando el juez se dispone a continuar con sus considerandos. De inmediato Gálvez llama la atención de los asistentes. Está a punto de hablar sobre el delito de genocidio y pide silencio. Lee un testimonio: “cien soldados llegaron a mi pueblo a quemar las casas y siembras, si no me voy, me hubieran matado”. “El delito de genocidio”, dice el juez, “se trata del exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”. Guatemala, al ratificar los convenios de Ginebra el 16 de abril de 1952, admitió el término genocidio dentro de su marco legal. El juez dice: “El exterminio de grupos, cuando es una política de Estado, el delito entra dentro de la tipificación de genocidio”. Gálvez también establece que en ese contexto es importante tomar en consideración documentos históricos, como el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico o el informe Guatemala, nunca más, del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), “hay que distinguir entre los motivos y las intenciones”, indica, “y para tal el efecto”, prosigue, “la fiscalía ha aportado los planes de operación Victoria 82 y Firmeza 83, además del manual de inteligencia, donde se consideraba a los indígenas como la base social del movimiento guerrillero”.

El juez lee: “Los indígenas del área ixil son reacios a acatar las órdenes de las autoridades ladinas para el servicio militar. Eran muy combativos y participaban en luchas campesinas”.

Y dice: “La CIA de 1982 redactó un documento, desclasificado en 1998, que habla del Ejército de Guatemala y que respalda el modo de percibir a los indígenas por parte del Ejército”.

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Oswaldo J. Hernández y Álvaro Montenegro

En el informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el juez lee: “La creencia del Ejército en que la región ixil, en su totalidad, está a favor del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP) ha creado una situación en la que se espera que no habrá sobrevivientes, tanto entre combatientes y no combatientes”.

En los minutos siguientes, a medida que llega la hora de la resolución, la responsabilidad del juez se hace cada vez mayor. Es el tipo de situaciones por el que muy pocos —a lo mejor los abogados muy comprometidos o los que recién empiezan su carrera— podrían envidiar su posición. Gálvez no hace tanta bulla para entrar a la parte final y empezar a decidir. Ha sido listo en cuanto al manejo de una sola fundamentación para dos acusados. Y ha sido hábil al deslizar los argumentos de los considerandos al de la resolución. La función de mando, en cuanto a lo que se haga o se deje de hacer, es también responsabilidad de los altos mandos. Por lo que existe la probabilidad fundada de la participación del acusado Efraín Ríos Montt, en su calidad de Presidente, comandante y Ministro de la Defensa, así como de José Mauricio Rodríguez Sánchez, en su calidad de oficial encargado de la inteligencia de combate, de la redacción del manual de inteligencia, y se decide el auto de apertura a juicio por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en concurso real”.

La resolución final tan vertiginosa tomó a gran parte del púbico por sorpresa. Se dictó, en efecto, la apertura a juicio en contra de los dos altos mandos.

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Al concluir su tarea, el juez Gálvez despide con prisa la audiencia. Ratifica la situación legal de los acusados —el arresto domiciliario para Ríos Montt y la prisión preventiva en el hospital para Rodríguez Sánchez— y fija la fecha en que se conocerá el ofrecimiento de pruebas, es decir, el día en que se evaluará cuáles de todas las evidencias son válidas para aportarlas en un juicio oral y público. El 31 de enero de 2013.

Afuera suenan los cohetillos. Estallan. Adentro, el orden de la sala se pierde a causa de los aplausos.

Los familiares de los militares intentan contener las lágrimas. Algunas de las señoras siempre bien arregladas de este bando no lo consigue; la sombra de los ojos resbala por varias mejillas. Una defensa todavía perpleja trata de protestar y plantear un recurso de reposición en contra de todo lo resuelto.

Pero no tienen fundamentos ni tampoco el permiso del juez Gálvez. Todo ha acabado para que algo más empiece. Ha sido muy rápido. Ni Ríos Montt ni Rodríguez Sánchez parecen sorprendidos. Están en un punto intermedio en el que cada minuto que pasa son menos exgenerales y más reos comunes.

Si llegan a ser reos, convictos, presidiarios, si llegan a ser declarados criminales es, al menos, lo que está por decidirse. Rodríguez Sánchez de pie, temblando, con su bata de hospital y su cara de abuelito buena onda, desafía con la vista al fiscal Orlando López, a tan sólo un metro de distancia. Pero es otra época y rendido continúa su pasmosa marcha, en busca de su silla de ruedas. Lo último que se ve de Ríos Montt es su paso lento acosado por la prensa, intentando llegar a los ascensores.

En sólo un juicio se intentará probar que en Guatemala hubo genocidio, y que estos ancianos estuvieron implicados.

La última batalla de los generales está por iniciarse. / 145

El preámbulo de los abogados Oswaldo J. Hernández Fotografía de Sandra Sebastián [ Crónica 14 05 13 ]

El juicio ha iniciado.

Los protagonistas del día no fueron otros que los abogados.

Entre recursos de reposición, protestas, reclamos, estrategias legales, nuevos abogados, el primer día de debate fue un compendio de todo lo que ha podido interponer la defensa de los exgenerales.

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Esta mañana del primer día de debate, abundan los lugares vacíos. Lugares que siempre —durante 14 meses— han ocupado los abogados defensores. Más de seis en algunas ocasiones.

No está, en el estrado, al lado de Ríos Montt, el infaltable e inmenso abogado Alfonso Marroquín. Tampoco el estratega de su defensa: Francisco Palomo. Ni su técnico: Antonio Cornejo. Ni su estrella litigante: Danilo Rodríguez. Ni entre el público de la sala, ni en los corredores de los tribunales: no aparecen.

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Oswaldo J. Hernández

Da la seria impresión de que algo ha sucedido una vez que se inicia la audiencia y todos ellos continúan ausentes.

La defensa de Rodríguez Sánchez, es decir, los abogados Moisés Galindo y César Calderón, en contraste, han llegado puntuales a esta sala de vistas en el interior de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo un inmenso escudo de la República de Guatemala, la juez Yassmín Barrios ha empezado a nombrar el delito de genocidio y el de deberes contra la humanidad en el área ixil, en Quiché, las imputaciones contra los dos exgenerales acusados, y el por qué de esta audiencia. Inicia el debate.

Es cuando se anuncia ante el tribunal que la defensa de Ríos Montt ha cambiado. Cambiado radicalmente. Todos sus abogados —Rodríguez, Palomo, Marroquín, Cermeño—, son sustituidos por una sola persona: Francisco García Gudiel, un abogado penalista, que ha actuado como defensor del nieto de Ríos Montt en el primer juicio por racismo en Guatemala, que ha defendido al grupo de los Zetas, y ha representado al exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, una vez que fue acusado de lavar Q1.7 millones de fondos municipales.

La primera acción de García Gudiel, como defensa de Ríos Montt, consiste en pedir la suspensión del debate por cinco días. ¿Sus argumentos? “Recién acabo de hacerme cargo del caso. Desconozco todo lo procesado”, expresa. Su petición, en tanto el tribunal declara el abandono de la anterior defensa, es rechazada unánimemente por los tres jueces.

“Sin lugar”, pronuncia la juez Barrios.

El abandono de los abogados

Pero, el técnico, el litigante, el infaltable, Cornejo, Rodríguez y Marroquín, los abogados del exgeneral Ríos Montt, no estaban tan lejos de las sala de audiencias. Esperaban una llamada, un mensaje, algo para poder regresar. “Aún no sabemos si vamos a regresar al debate”, admitía, un tanto molesto, Danilo Rodríguez. “En la mañana recibimos una llamada del general Ríos Montt, nos indicó que iba a realizar un cambio en su defensa. Al principio fue molesto, para empezar teníamos preparados 13 recursos para plantear antes del inicio de debate”.

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—¿Qué tipo de recursos eran estos?

—Refutar la prueba de la defensa, por ejemplo, la revista militar y algunos peritajes.

—¿Qué significó para ustedes la presencia del abogado Francisco García Gudiel desde la mañana?

—Creo que la inclusión del abogado García Gudiel fue parte de una estrategia que buscaba suspender el debate. Él ya tenía un problema con el tribunal, y podía pedir que se excusara.

—¿Es posible una recontratación de la defensa?

—De momento —explica Rodríguez a las 11 a.m.

— estamos a la espera de lo que pase en el tribunal. No podríamos asegurar nada.

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Un problema con la defensa Casi a esa misma hora, la sala de vistas era un silencio unánime en torno a la voz del fiscal del Ministerio Público, Orlando López, con la lectura de la acusación formal en contra de los ex generales: “Con base en pruebas contundentes”, dice el fiscal, “se va a probar que el grupo ixil era visto como enemigo interno. Que el objetivo del Ejército fue la destrucción de la etnia ixil. Que los altos mandos tenían conocimiento de todo lo que ocurría. Que los acusados dieron las órdenes e implementaron los planes para el Ejército cumpliera con esta misión”.

Lo mismo ocurrió con la lectura de la acusación por parte de los abogados querellantes adhesivos: Édgar Pérez Archila, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que dice: “según Marta Casaús, ‘el racismo en Guatemala se ha vivido por siglos pero en 1982 y 1983 tuvo su cúspide’. Esta es la base para entender el sometimiento y aniquilación del pueblo ixil”. Y Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, que describe los peritajes militares, sociales, forenses, antropológicos e históricos que respaldarán los testimonios para probar el genocidio y los delitos contra deberes de la humanidad.

También en el caso del discurso de la defensa, a cargo de César Calderón, la atención es unánime: “El espanto del genocidio es una idea que se ha ido vendiendo durante años. Tras este juicio, ante la falta de responsabilidad de los acusados, no habrá otra alternativa que quitar ese espanto del genocidio en Guatemala”.

El único abogado de Ríos Montt hace que el debate tome un giro impredecible un día antes. Inicia cuestionando a las organizaciones de derechos humanos, debate sobre la violencia actual y los años de la guerra, y concluye que “el único pecado de mi defendido fue infundir moral”. Pero lo realmente importante es que los jueces, el tribunal completo tienen una anterior enemistad con su persona (así habla), y los recusa a ellos y a cualquier sentencia que provenga de ellos: “Este tribunal”, dice Gudiel, “debe abstenerse de conocer el caso”. Su petición, finalmente, como había anticipado Danilo Rodríguez, consistió en pedir que los jueces queden fuera del proceso.

“En efecto”, respondió la juez Barrios, “este tribunal ha tenido anteriormente un problema con usted, abogado; pero este tribunal también ha aceptado sus disculpas. No somos un tribunal rencoroso, básicamente, nuestra tarea ha sido la de contribuir a la transparencia y objetividad de la justicia, pero en este caso el abogado defensor ha creado una situación con ánimo de impedir el desarrollo del debate, como una estrategia dilatoria, en la cual el abogado García Gudiel ya conocía de antemano el nombre de los jueces que integraban este tribunal y, por lo tanto, no es posible aceptar la recusación planteada.

En consecuencia se ordena que el abogado salga de esta sala de audiencias. Además, para garantizar el derecho de defensa del acusado (Ríos Montt), este tribunal designa a los abogados César Calderón y Moisés Galindo, en base a su conocimiento del caso, que sean ellos quienes lo representen temporalmente, hasta mañana cuando el procesado pueda contratar a un abogado de su entera confianza”.

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—A mí —protestó César Calderón— no se me ha preguntado si quiero defender al general Ríos Montt. Y si en dado caso así fuera, mi respuesta sería que no: que no lo quiero defender. Es la primera vez en todo el territorio nacional que un tribunal obliga a un abogado particular a defender a quien no lo ha contratado.

—Usted, señor abogado, no puede decir si quiere o no quiere defender al acusado. Es una decisión de este tribunal para garantizar el derecho de defensa —resaltó Barrios.

Ni Galindo, ni Ríos Montt, tampoco Calderón, lograron, a pesar de su negativa, rechazar la decisión del tribunal.

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Una decisión del tribunal

Para la abogada constitucionalista, Anabella Morfín, la decisión de obligar a la defensa de los abogados a otros acusados, durante un mismo proceso, en principio, busca garantizar el derecho de defensa. “Un tribunal puede identificar cuando existe una estrategia dilatoria por parte de un abogado defensor, como sucede en muchos otros casos, y fundamentar la decisión de designar nuevos litigantes para garantizar el derecho de defensa”, explica. No obstante, en el caso de Ríos Montt, en el momento en que la defensa se niega a defender al acusado, y el acusado no desea ser defendido, para la abogada Morfín, todo esto incurriría “en un problema que podría dar con lugar a un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, con la posible consecuencia de anular todo lo actuado durante el proceso de debate hasta antes de la actividad defectuosa”.

“Grosso modo”, dice el licenciado Mario Ramírez, otro constitucionalista, “este panorama del caso podría dar cabida a la existencia de un indebido proceso. Es posible que se haya vulnerado el principio de defensa”.

“Más de 17 mil abogados en el país”, reclamó Moisés Galindo, “fueron testigos de la impunidad con que se maneja el tribunal presidido por la juez Yassmín Barrios. Prácticamente el general Ríos Montt durante gran parte de la tarde no tuvo defensa. En lo particular, me dedicaré a defender a mi representado (Rodríguez Sánchez). Pero de seguir así, estamos ante un juicio político, ante un tribunal político”.

El profesor de derecho penal y observador internacional para la Federación Internacional de los derechos humanos (FIDH), Manuel Ollé, ha dicho, no obstante, que “el juicio se ha desarrollado por parte de las defensas de acuerdo a un guion previsto. Ha sido una voluntad y un bombardeo continuo para boicotear el procedimiento, para suspenderlo, para que además el procedimiento no avance y que todo retroceda a otras fases procesales anteriores. Han sido, sin embargo, todos argumentos legítimos dentro del derecho de defensa”.

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Primeros testimonios

Tras la decisión definitiva del tribunal, los acusados rindieron una primera declaración. Ríos Montt, el primero en pasar, se abstuvo de declarar. El tribunal lo trató como a alguien sin poder, con regaños, llamadas de atención, cortando cualquier intento de explicar o preguntar más allá de una respuesta de “sí” o “no”. Un trato al que nadie en la sala estaba acostumbrado a ver contra él.

Rodríguez Sánchez también se abstuvo de declarar. “Lo haré en otro momento, no ahora”, puntualizó.

Faltan, de momento, alrededor de otros 130 testigos, 68 peritos, y más de 900 medios de prueba para examinar, ante el tribunal, que determinará si es posible emitir sentencia sobre genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en contra de los dos exgenerales.

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Gustavo Porras Castejón:

Oswaldo J. Hernández Fotografía de Sandra Sebastián [ Entrevista 17 04 13 ]

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Gustavo Porras fue llamado para testificar en el juicio contra José Rodríguez Sánchez y Efraín Ríos Montt. La defensa, en específico el abogado Danilo Rodríguez, lo propuso como testigo a favor del general Ríos Montt. “Su testimonio”, explicó Rodríguez, “es evidencia de que el liderazgo del general es reconocido por personalidades de izquierda”.

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Porras, presidente del Consejo Económico Social (CES), disintió del argumento del abogado: “Mi participación en esto no tiene que ver con la situación personal de nadie. Sino que lo que yo pienso, y no de ahora sino que de mucho tiempo atrás, es que Guatemala está bajo un asedio permanente para incrementar la conflictividad de nuestro país. Hay intereses muy grandes para que esa conflictividad se profundice”.

Pretendía enfocar su testimonio, que rindió esta mañana, en describir el conflicto armado interno durante los años de 1982 y 1983. En esa época Porras pertenecía al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Hablaría de lo que le consta, y de lo que escribió en su libro Las Huellas de Guatemala. “Acerca del papel de los pueblos indígenas como base social de la guerrilla”. Esperaba que le preguntaran tantas cosas…

Pero, frente al tribunal, apenas pudo hablar.

La fiscalía objetó casi todas las preguntas que tenía preparada la defensa. Su intervención en el juicio fue breve. Logró explicar que él no estuvo cerca del área ixil en aquellos años. “Lo ocurrido en esa área en ese periodo no lo conozco directamente porque nunca participé como militante en esa región.

Conozco diferentes versiones, principalmente de militantes del Ejército Guerrillero de los Pobres, pero no puedo decir que me consta”, declaró.

Un día antes de su testimonio Gustavo Porras respaldó con su nombre un campo pagado titulado “Traicionar la Paz y dividir a Guatemala”. Firmaban con él otros políticos que en algún momento fueron parte del gobierno de Guatemala. En el documento se advertía que “la acusación de genocidio en contra de oficiales del Ejército de Guatemala constituye una acusación, no sólo contra los oficiales o contra el Ejército, sino contra el Estado de Guatemala en su conjunto que, de consumarse, implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada”.

Cuando el fiscal Orlando López lo abordó sobre esta publicación, antes de ser objetado por la defensa, Gustavo Porras, que también participó como mediador entre el Estado de Guatemala y los comandantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antes de la firma de la paz en 1996, alcanzó a argumentar que “efectivamente se trató de un enfrentamiento sumamente cruento, no niego las atrocidades cometidas en ese enfrentamiento. Pero el ataque a la población no fue por razones étnicas, si no por razones político-militares. En las guerras irregulares los ejércitos lo que procuran es aislar a la guerrilla de la población”.

Esta entrevista fue realizada aproximadamente tres semanas antes de que Gustavo Porras testificara fugazmente en el juicio.

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¿De qué manera la firma de la paz contempló la amnistía?

Hay que recordar que la firma de la paz en Guatemala fue negociada bajo dos marcos. Uno, el de la Constitución guatemalteca, y luego el marco de las Naciones Unidas. A raíz de que se emitiera una amnistía absoluta en El Salvador, luego de la firma de la paz en enero de 1992, en Guatemala se incrementó la presión por parte de las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, para que aquí no se emitiera algo parecido. Se oponían a una amnistía absoluta. La amnistía parcial en Guatemala se fraguó así. La Ley de Reconciliación Nacional, como producto de los Acuerdos de Paz, fue una amnistía parcial. No únicamente porque dejaba fuera del indulto los delitos de lesa humanidad y señalaba también el genocidio, sino que además la ley no amnistiaba los delitos políticos comunes conexos, sin especificar el artículo cual y tal del Código Penal. De todas maneras en la ley internacional — que ya prácticamente regía en todas partes—, estos delitos no se podían declarar amnistiados.

Pero esa ley, bajo condiciones tan peculiares, tan graves, también la provocó el secuestro de la señora (Olga) Novella. La misma URNG, y por supuesto el Gobierno, ninguno de los dos tenía la menor intención de que la Ley de Reconciliación sirviera para que dijeran que se tapaban con la misma

chamarra. Incluso la URNG, hasta donde yo sé, tipificó el secuestro como un delito común conexo. Me parece que son elementos de contexto, que habría que tomar en cuenta ahorita porque ni del lado del Ejército, ni de la guerrilla, a nadie se le ocurrió decir que el conflicto “fue genocidio”. A nadie se le pasaba por la cabeza que lo que hubiera ocurrido aquí fuera genocidio. A lo largo de todo el proceso de paz, incluso en las conversaciones previas en que se iba a articular un diálogo con la URNG, y en pláticas posteriores, en ningún momento nadie planteó que en Guatemala se hubiera cometido genocidio, nunca nadie lo dijo.

¿Se habló de justicia transicional?

De eso sí. Pero por eso, mi visión va un poco por ahí. Si se tratara de castigar a “X” oficiales militares, hay suficientes cargos como para que se pasen el resto de sus días en prisión.

Por qué entonces meter el elemento de genocidio. Esa es mi preocupación fundamental en el caso que hoy se juzga. No es la suerte de nadie en particular. Sino que el genocidio hasta donde yo entiendo, alguien lo decide, al parecer el jefe de Estado, no Perico de los Palotes.

Y acá lo comete el Estado y su Ejército. Entonces es algo que va mucho más allá de las responsabilidades. Lo que define al genocidio es la intencionalidad, no es el número de muertos.

Sino más genocidio que el de la bomba de Hiroshima no habría.

Tanta gente ha muerto, gente inocente en un alto grado.

¿Por qué distintos informes establecieron que en Guatemala se cometieron “actos de genocidio”?

Tampoco en ese momento del proceso de paz se habló de acciones de genocidio. Eso se hizo después. Por ejemplo, los actos de genocidio fue un recurso militar estadounidense para echar a tierra cualquier idea de genocidio en Hiroshima y Nagasaki. La intención no era aniquilar al pueblo, la etnia o la cultura japonesa, dijeron, sino que era dar un golpe tan fuerte, que lograra botar la voluntad combativa de Japón. Así abreviaron la guerra.

¿Y eso tiene analogía a lo que ocurrió en el área ixil en Guatemala?

Yo relato en Las Huellas de Guatemala lo que vi cuando comenzó la ofensiva en el área cuando yo estaba en el sur de Quiché, ahí más o menos entre Chupol y Tecpán. Yo viví efectivamente la quema de unas casas y las siembras, y habían ríos de gente saliendo con lo poco que podían recoger de sus pertenecías. No escuché entonces que la gente dijera: “mataron y violaron”, sino que “arrasaron

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las tierras”. Se propició ese fenómeno de los desplazados internos. El tema esencial es que eso ocurrió porque en la región se encontraba la base militar de la guerrilla y no por razones de acabar con una etnia. En la Sierra de las Minas, por ejemplo, la apropiación fue feroz, no con la misma magnitud que en occidente porque la guerrilla era mucho más pequeña, y la influencia en la población también era menor. Pero si por ejemplo usted entrevistara a César Montes y le pregunta sobre el Ejército en la Sierra de las Minas, le diría que la crueldad de la represión no fue muy distinta de la otra, y era una población ladina al cien por ciento.

¿Usted fue también testigo de masacres?

Masacres no. No estaría vivo para contarlo.

¿El genocidio?

Mire pues, el genocidio por excelencia fue el holocausto en Alemania. Allí usted ve nítidamente de qué se trata. Se atacó a la población judía por ser judía, no por ser de derecha o de izquierda, ni rica ni pobre, sino por ser judía. Con la carga esa inmensa de muertos y todo lo que sabemos. En Yugoslavia, después de la muerte de Tito, algunas potencias europeas, junto a Estados Unidos, lanzaron argumentos como los de aquí. Comenzaron por patrocinar grupos diversos. Tú tenés tu propia identidad, tu cultura, vamos a financiar tu diversidad, decían, hasta que les paraban el financiamiento.

Es decir, desintegraron el país en su estructura social. Luego cuando acusan a Milosevic, el jefe de Estado, lo condenan por genocida. Eso sólo consolidó la fragmentación en estos pequeños Estados.

En su libro mencio- ¿Es lo que también na que algunos ex- podría ocurrir en comandantes gue- Guatemala? rrilleros adoptaron no podría decir que a mí me la idea de genocidio Yo consta, como que yo hubiera para tener una acti- visto los archivos de la CIA, tud políticamente pero yo me doy cuenta del peligro que representa para Guatecorrecta. mala. Que se consolide la idea de que aquí en determinado El hecho de sumarse a decir que hubo genocidio no es una actitud políticamente correcta.

Es algo que puede marcar por muchísimo tiempo el futuro de Guatemala.

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momento se quiso eliminar a los ixiles por ser ixiles, no por ser la base política del EGP, si no por ser ixiles. Esa es la gran diferencia. Alguien podría decir: trataron de eliminar a los ixiles porque todos los ixiles

eran combatientes del EGP. Eso es una cosa. Fue una matazón terrible pero no fue un genocidio porque el motivo fue político-militar, no fue otra cosa.

Parte de la acusación en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez radica en que el Ejército consideró a los ixiles como enemigo interno. Y la otra cuestión son los planes de campaña Victoria 82, Sofía 82 y Firmeza 83…

A mí me tocó revisar esos documentos como parte de mis tareas y responsabilidades de mediador en los acuerdos de paz. Y luego como secretario privado de la Presidencia. Yo les decía que esos planes lo que contenían era que había que rescatar a la población de la influencia de la guerrilla, que la utilizaba como escudo humano. En ningún momento dice ahí que lo que hay que hacer es aniquilar a la población porque sea ixil, o porque sea achí, o porque sea kakchiquel, o porque sea lo que sea, que es lo que definiría lo genocida. Yo lo digo en mi libro porque el tema de genocidio ya sonaba pero nadie imaginaba que iba a llegar al punto en que está ahora. Pero bueno. Esos planes son, a mi juicio, el reencuentro institu-

cional del Ejército tras el golpe de Estado del 23 de marzo del 82. Una reedición de lo ocurrido con Méndez Montenegro.

Un reencuentro nacional, digamos, que cuando uno sigue lo que ocurrió después, uno se da cuenta de que lo que se pretendía era también la derrota política de la guerrilla. Yo creo que nadie estaba pensando en ese momento en negociación.

Pero lo que siguió fue un grado importante de apertura y de transformación de las leyes claves para la Constitución del 85.

El golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 configura todo esto.

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También me lo pregunto, ¿por qué eligieron a Ríos Montt?

Además yo me recuerdo muy bien de mi cuestionamiento porque ese día —23 de marzo de 1982— yo estaba viendo la televisión cuando todo estaba ocurriendo en el parque. Recuerdo muy bien ver llegar a Ríos Montt en traje y corbata, con cara de “aquí qué paso”. Se lo fueron a jalar de una escuela de la iglesia El Verbo para que fuera Presidente. Entonces a uno de los golpistas le preguntaron por qué habían elegido a Ríos Montt. La respuesta fue que primero porque necesitaban un general, porque de lo contrario se desmoronaba le estructura jerárquica del Ejército.

Ese general qué características podía tener. No hay que olvidar que Ríos Montt ganó las elecciones del 74, apoyado por el frente Nacional de Oposición, integrado por Manuel Colom Argueta, Fuentes Mohr y Vinicio Cerezo. Y que le hicieron fraude.

en Guatemala. Se quedaron volandito, sin cumplimiento.

Pero se anuló el Congreso, se anuló la Constitución.

Por supuesto, porque es un golpe de Estado. Lo que se estaba planteando era la reforma de cómo debe de ser a futuro un régimen político. Usted me dice a mí, mire Gustavo propóngase una forma de cómo cambiar Guatemala, respetando las leyes actuales, yo le diría, “mire no se puede, si esta Constitución está hecha para que nada cambie”.

¿Cómo evaluar el periodo de Ríos MonAllí comienza ese proceso, hastt, tanto en su estrata donde yo entiendo y he escutegia política militar, chado, por ejemplo, al capitán Muñoz Piloña, que estuvo ahí la amnistía, el descerca. En primer lugar se dieron pliegue de los soldacuenta de que el gobierno de Lucas García significaba un gran ¿Qué hubiera sido dos, la fuerza… un desprestigio para el Ejército. de ese gobierno sin punto de inflexión el carisma de pastor del que imagino le ¿Pero el triunvirato preguntarán en los evangélico?

Ríos Montt, Schaad y tribunales?

Gordillo, no era más bien una componenda Eso es de las cosas que nunca Que yo haya aceptado ser testia saber. La otra cosa es go no quiere decir que mi tarea entre los oficiales jó- vamos que Ríos Montt había sido di- sea defender a Ríos Montt. Yo venes y los viejos, para rector de la escuela Politécni- como testigo tengo que responlograr estabilidad en ca, acuérdese, y eso es algo de der con objetividad a lo que me mucho prestigio en el Ejército. consta tanto las preguntas de la el Ejército? Aunque Lo cierto fue que cuando llegó defensa como las de la fiscalía. eligieron a Ríos Mon- al poder, de los 14 puntos, ocho No pienso alterar en lo más míme parecen a mí que forman nimo nada de lo que me consta, tt como Presidente… parte del programa político más que además está por escrito. avanzado que se ha planteado Sería una idiotez de mi parte -

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querer venir a cambiar lo que se ha señalado con un testimonio.

Ahora que usted me dice que el Ejército se desplegó de una manera diferente, yo realmente no sé decir cómo se movió al Ejército. Yo lo que le puedo decir es que nunca escuché, hasta 1984, que nadie en el EGP dijera que la estrategia del Ejército se había modificado por el golpe de Estado. Es difícil concebir eso en la estrategia militar. Cuando un Ejército se ve obligado a cambiar de estrategia, es porque ya es un Ejército derrotado.

Un estratega involucra una serie de factores de largo plazo, no es una táctica, de manera que si su adversario lo obliga a modificar su estrategia, es porque usted fracasó en su estrategia.

¿Por qué la guerrilla no aceptó la amnistía?

Una de las razones de mi rompimiento con Mario Payeras fue que en el EGP no se aceptaba que ya, para 1982, la estrategia había fracasado. El punto de vista seguía siendo que se trataba de una revolución social. Y es aún así cuando el EGP ocupa territorio densamente poblado en el que se encontraba una gran mayoría de población indígena. Entonces el Ejército tuvo necesidad de revertirles la estrategia. Lo que ellos hicieron fue un trabajo de inteligencia de meses o de años, hasta que de pronto desarticularon la organización. Nosotros lo que veíamos en la televisión nos dejaba estupefactos, primero porque Lucas García decía de

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donde había salido el contingente, quienes iban ahí, y como entendía perfectamente que lo que estábamos tratando era dispersar su fuerza. “Lo único que están logrando es confirmarme que estoy golpeando en el lugar indicado”, parecía que decía. Todo lo que se hizo después, incluso poner una bomba en el Banco Industrial, fueron acciones desesperadas, buscando que el Ejército aflojara la presión, y no la aflojó. Yo años después me enteré en conversaciones de paz que ellos le llamaban “le quitamos la capacidad a la URNG, la capacidad de desafiar al poder militar del Estado”, y no decían “aniquilamos a la URNG”. Eso fue Victoria 82 y Firmeza 83, consolidar ese fenómeno de que ya no se podía desafiar el poder militar del Estado, pero la guerrilla podía seguir desafiando, desgastando.

Yo imagino, sin asegurar, que ellos también veían su desgaste internacional como un elemento muy complejo.

¿Cómo evalúa el término etnia para este juicio?

En Guatemala se llega al extremo aquel de que una pequeña aldea puede ser considerada una etnia. Pero si uno va a una pequeña aldea de Chajul, y dice esto es una aldea ixil, por ejemplo, y encima usted cree que como es una aldea ixil, ésta se entiende perfectamente con otra “aldea ixil” de San Juan Cotzal, está muy equivocado.

Hace poco tiempo llegó a mis manos un libro extraordinario

de Enrique Flores, mexicano: Los orígenes del poder en nuestra América, y comienza describiendo al campesino primitivo de hace 5000 años. Y sus conceptos son los mismos que llegan al posclásico. Ese campesino primitivo dejaba a sus ancestros en el terreno que había ocupado, y los enterraba en el patio de su vivienda, con el objetivo de legitimar su posesión de la tierra. Y esa familia extendida que se apostaba ahí, se auto concebía como esencialmente diferente de los demás.

Viene de una pulverización como en todas partes, que se va reduciendo cuando se unifica a estos entes dispersos. Y estos entes igualmente conservan sus características. Yo le pregunté a monseñor Molina, cuando estaba en el Quiché, cómo era posible que la gente que vivía a 12 kilómetros de Santa Cruz no entienda el quiché que se habla en Santa Cruz. Me dijo: “sí se entienden; lo que pasa es que se niegan a aceptarlo”.

Las diferenciaciones grupales son latentes. El término etnia puede definir desde una familia extendida o un clan, hasta una comunidad lingüística como la quiché que tienen un millón y pico de hablantes. Si usted mira en el diccionario etnia, pueblo, nación, vienen siendo conceptos con fronteras difusas.

¿Delimitar el área ixil implicaría estas complicaciones?

No. Según entiendo, en este caso se argumenta que las 1,771 personas asesinadas pertene-

cen a una misma gente. Lo que se intentó fue aniquilar a esa etnia, no a todo el pueblo ixil.

Porque si fuera todo el pueblo ixil yo le diría que entonces por qué no siguieron. Porque esa es otra de las cosas, si usted se da cuenta, el periodo de las masacres, toca su fin cuando realmente ya a la URNG se le había derrotado.

en México hizo una entrevista a Rolando Morán sobre los refugiados, y la Proceso usó la imagen como si la población estaba atrapada entre dos fuegos. Rolando en la entrevista dice que no se trata de ninguna población atrapada entre dos fuegos, se trata de la estructura dinámica de nuestra base. Gente preparada, organizada, consciente.

¿Se habló de ello con comandantes guerrilleros durante el proceso de paz?

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¿Podría la defensa de Rodríguez Sánchez y Ríos Montt con este argumento probar que la etnia ixil no era considerada “enemigo interno”, sino la “base social de la guerrilla”?

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Yo conocí a una serie de personajes en una reunión en San Francisco que organizó la Fundación Arias para tratar sobre el tema de la paz en Guatemala.

Entre los oficiales que llegaron, llegó el general González Taracena. Entonces en un momento en que discutíamos en un salón amplio, Rolando Morán habló de las atrocidades de esa época, pero Taracena le dijo “sí, Morán, pero acuérdate que ustedes comenzaron”. Entonces Morán respondió: “sí, pero eso no justifica las violaciones a los derechos humanos”. Taracena exclamó que desde que él era comandante no se habían violado los derechos humanos, y Morán se quedó pensando y dijo que era cierto. Se refería a que seguían atacando a las comunidades, pero no atacando a la población como lo había hecho antes. La población que acompañaba al EGP, pasó a México como refugiada. Yo me recuerdo muy bien, yo estaba en México y la revista Proceso

Los refugiados con los que yo trabajé en México eran en su mayoría quichés, pero nada de decir que eran ixiles. El EGP entró por Ixcán, la primera población con la que tuvo contacto está en el libro de Payeras Los días de la selva, y fue con población ixil. Desde entonces el EGP comenzó a hacer un trabajo de concienciación, pero nunca imaginó que la densidad de la población fuera tan numerosa. Incluso yo relato en mi libro una anécdota que me contó Javier Gurriagán, que era párroco de Chajul. Me dijo: “Payeras cree fue casualidad encontrar a esos comerciantes ixiles. Y no, no fue casualidad, sino que habían sido enviados por los principales ixiles para tomar contacto

con la guerrilla, para que averiguara cómo era su corazón”.

Fue así que una gran mayoría de la población de esa área se insurreccionó.

¿En el sur de Quiché?

En el sur de Quiché y quizá más allá.

¿Cuál era la estrategia de la guerrilla en las comunidades?

Ese es uno de los elementos que seguramente la defensa me preguntará. Usted o cualquiera se equivoca si piensa que todo es homogéneo tal cual en el área rural. Y también decir que si todos hablan quiché, todos son quichés, es algo equivocado. Podría verse como una idea, digamos, no racista, sino que sale de ese estereotipo que ubica a los pueblos indígenas como sociedades que parecieran salidas de Marte y no como una más igual a todas. “Sociedades folk” las hubiera llamado Levy Strauss.

En el contexto político de la guerra, la guerrilla dio la venía para que algo así sucediera. Sin profundizar, sin averiguar, sin investigar las zonas en las que operó, empezó a desarrollar una práctica completamente contraria al principio básico de una guerra popular. Aquello de “se debe unir a todo lo que se puede unir y dejar fuera a los enemigos irreductibles”. Por eso, y sólo por eso las guerras populares han triunfado frente

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a dictaduras y nunca frente a gobiernos electos democráticamente. Ernesto Ché Guevara sostenía lo mismo. Decía que había tres condiciones fundamentales para que una guerra popular triunfara. No me recuerdo de dos de las otras tres, pero en la tercera el Ché decía que una

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guerra popular no se gana contra gobiernos electos, tampoco contra gobiernos electos fraudulentamente. En Centroamérica sucedió. A ver: ¿dónde triunfó la insurgencia? En Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque allí se logró una convergencia. Hasta la elite apoyó a sus enemigos de clase

con tal de salir de Somoza. Era una guerra contra una dictadura.

Aquí no sucedió.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias más puntuales de un

caso como el que se está juzgando?

Lo primero que se va a romper es esa paz política. Eso delo por hecho. Hay, por ejemplo, una serie de cosas sobre las cuales se puede afirmar que los Acuerdos de Paz no se cumplieron en Guatemala. Pero hay un punto crucial en el que usted puede decir que sí se cumplieron: La paz política. Ese fue el objetivo fundamental de la Comisión de Paz. Por el lado nuestro, lo que había que hacer era detener la guerra. Y eso se logró.

¿Qué significa “romper la paz política”?

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Mire, la sentencia por genocidio es la que va a romper la paz política. En mi opinión, para una nueva generación del Ejército, el agravio fundamental será aceptar que esta institución implementó y quiso eliminar a una población indígena por ser tal y no la base de la guerrilla. Eso en este momento cuando el Ejército ha implementado una nueva doctrina, bajo órdenes civiles.

Y también corresponde a un momento en que el Ejército se siente agraviado por la clase alta guatemalteca, el gobierno de Berger en específico, que redujo el Ejército a una fuerza militar que no corresponde con las necesidades de Guatemala.

Que había cumplido, además, con los Acuerdos de Paz. El coronel Mario Mérida, me recuerdo, lo dijo en un programa

de radio: “ningún Ejército entra en guerra sin consentimiento del poder político”. Al poder político se le ha dejado intacto. Lo otro es de percatarse de que la paz fue el entendimiento progresivo entre el Ejército y la guerrilla. No fue porque un día llamaron a Gustavito y yo me llevé la de “esto es mío”, no.

Seguiremos siendo, como dice Francisco Pérez de Antón, “los hijos del incienso y de la pólvora”. Entonces, para mí todo esto es un desquiciamiento de la convivencia pacífica. Todo lo que habíamos logrado a lo largo de 16 años. Yo he sido testigo en diversos escenarios del acercamiento entre militares y comandantes de la guerrilla. En espacios, como el ESNA que ahora es la comunidad de la divergencia, donde se discute la defensa nacional no cómo algo militar sino bajo responsabilidad de los civiles. Todo eso es lo que se puede romper.

¿Y para la justicia en Guatemala?

Bueno, si lo que querían era castigar a los generales, zamparlos al bote, mejor lo hubieran hecho como a Videla, acusarlos por ejecuciones extrajudiciales.

Que eso sí se podría probar.

Pero por qué genocidio. Por qué algo que divide tan profundamente a la sociedad guatemalteca. Desde lo local hasta lo nacional. Incluso al nivel de la burguesía ya se había logrado construir algo: cada vez este sector ha sido más tolerante con la izquierda. No sólo como en mi caso que yo provengo

de allí. A muchos más. Es decir cosas que nunca nadie hubiera imaginado. Y de repente ¡prum!, todo se desploma.

No obstante hay una alta expectación internacional.

Sí, sí. ¡Ah! dicen, pero es que este caso es paradigmático, es la primera vez que se juzga genocidio en una corte local y no internacional, qué impresionante, qué bueno. ¡Qué bonito!

Pero y la gran jodida que vamos a llevar nosotros después ¿qué?

Va a ser una gran jodida. Y usted se va a acordar de mí, porque yo creo que esa sentencia ya está escrita. Es inútil lo que uno va o no va a decir como testigo.

Yo crecí en un país envenenado por los chafarotes y los pachucos. Hoy, incluso ya se podía ver a los cadetes, hombres y mujeres, platicar con otros chavos normalmente. Eso hace 30 no era posible de imaginar. Todo esto se está estropeando. Aquí vino Clinton a pedir perdón por lo que causó Estado Unidos en Guatemala. Nosotros pedimos perdón y ni madre. El pueblo de Guatemala no tiene ni idea de lo que está en juego. Todo lo que se va a volver. Yo se lo he dicho a la cúpula empresarial, todo esto es algo que ahora nos está reventando en la cara, y es a causa de los siglos y siglos de abandono y desprecio. Un indígena se siente más identificado con un noruego, que con los guatemaltecos cabrones a los que no les importa ni madre, ni los trajes ni la cultura.

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Los otros manifestantes Sandra Sebastián [ 23 04 13 ]

Cientos de ixiles manifestaron este martes frente a la Corte

Suprema de Justicia (CSJ), frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y en las calles del Centro Histórico, en apoyo a José Efraín Ríos Montt.

Los manifestantes, como medida de presión para que la CC se pronuncie sobre el caso, llegaron a la capital en varios autobuses, y eran acompañados por familiares de militares y militares retirados. Entre ellos, Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo. “La manifestación es representación de lo que en realidad pasó”, indicó Méndez.

En la marcha se observaban pancartas que acusaban de “mentirosos” a los testigos que declararon contra los generales acusados.

Cerca, muy cerca de estos manifestantes, en el Parque Central, había otra concentración , esta de representantes de organizaciones de derechos humanos. También ellos esperaban protestar frente a la Corte de Constitucionalidad.

Decidieron al final no hacerlo. “Hay que evitar la confrontación”, indicó uno de los activistas.

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DÓNDE SUCEDIÓ Daniel Villatoro

Masacres y destacamentos militares en el triángulo Ixil (1982-1983) En el siguiente mapa se señalan los lugares poblados en los que se realizaron matanzas entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. Así como los municipios en los que se ubicaba un destacamento militar.

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a

San Juan Cotzal

San Juan Cotzal

b

San Gaspar Chajul

Finca La Perla

1 masacre

4/19/82

San Gaspar Chajul

2 masacres

8/28/82

Acul

1 masacre

6/30/82

Amajchel

1 masacre

10/1/82

2

Chel

1 masacre

10/6/83

3

Estrella Polar

1 masacre

3/23/82

4

Santa Clara

3 masacres

7/27/83

5

Xachimoxan

1 masacre

4/3/82

6

Xecol Amajchel

1 masacre

11/20/82

7

Xesaj

1 masacre

4/12/83

Villa Hortencia Antigua

2 masacres

12/18/82

9

Villa Hortencia I

1 masacre

5/10/82

10

Villa Hortencia II

2 masacres

9/10/82

4/15/82

Acul

3 masacres

7/22/82

7/30/82

12

Basuchil

1 masacre

9/25/82

13

Batzchocola

2 masacres

4/19/83

14

Bijolom I

1 masacre

7/1/82

15

Bijolom III

3 masacres

9/4/82

3/1/82

16

Bipec Balam

2 masacres

2/27/83

2/25/83

17

Bisibacvitz

1 masacre

10/1/82

18

Canaquil

1 masacre

3/25/83

19

Chuatuj

1 masacre

8/28/82

20

Palob Chiquito

1 masacre

6/1/82

21

Parramos Grande

2 masacres

1/15/83

22

Pexla

1 masacre

6/8/82

23

Sacsiguan

24

Salquil

1 masacre

7/15/82

25

San Francisco Javier

1 masacre

8/14/82

26

Santa Marta

1 masacre

7/1/83

27

Sumal II

1 masacre

10/10/82

28

Sumalito

1 masacre

6/5/82

29

Trapichitos

1 masacre

11/6/82

30

Tucanal

1 masacre

5/1/82

31

Tujolom

2 masacres

6/18/82

12/15/82

32

Uchuch

2 masacres

10/25/82

11/5/82

33

Vi´Bajilá

34

Viucalvitz

1 masacre

5/25/83

35

Xemamatzé

1 masacre

12/1/82

36

Xeo

1 masacre

10/15/82

c d

Santa María Nebaj

e 1

8

11

7/1/82

Santa María Nebaj San Gaspar Chajul

San Juan Cotzal

Santa María Nebaj

6/14/83

5/1/83

6/4/82

10/30/82

1/1/83 9/3/82

9/2/82

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En la ciudad un juicio.

En Nebaj un desentierro Texto y fotografĂ­a Simone Dalmasso [ CrĂłnica 17 04 13 ]

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Simone Dalmasso

El jueves 18 de abril, Feliciana acudió al cementerio como solía hacer desde hace dos meses. Saludó a otros familiares, colgó su morral a un árbol, se quitó los zapatos y empezó a excavar. Ese mismo día, en la ciudad de Guatemala, se hacía pública la suspensión del juicio por genocidio. Feliciana no se enteró, ella seguía excavando.

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Feliciana Bernal Chávez tiene 62 años y vive en Acul, aldea de Nebaj, escenario de una de las 97 masacres cometidas por el Ejército de Guatemala en el área ixil.

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Entre finales del 1981 y principios del 1982, después de una fase de masacres en el área de Nebaj, se produjo un desplazamiento masivo de población civil hacia el norte del municipio: en la montaña, cientos de personas buscaron refugio y amparo, huyendo de los bombardeos y las matanzas. La falta de alimentos, las condiciones inhumanas de sobrevivencia y la persecución del Ejército diezmaron a la población: los primeros en morir fueron los más vulnerables: niños y ancianos. / 172

Así, Feliciana perdió a su hijo Diego, de un año de edad, muerto por el “susto” y la desnutrición. Como otros vecinos de la zona, enterró al pequeño en un cementerio clandestino, al lado de la aldea de Xe’xuxcap, a una hora de Acul, caminando.

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Simone Dalmasso

Después de 30 años, a finales de febrero 2013, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) emprendió un trabajo de exhumaciones en este sitio, despertando la esperanza de Feliciana de poder recuperar los restos de su hijo.

Con infinita paciencia y energía, armada con pico y pala, empezó a cavar. En el cementerio clandestino de Xe’xucap, los antropólogos forenses de la capital comentaban las noticias provenientes del tribunal, inignados de que el proceso se suspendiera.

Las mujeres y hombres ixiles, en cambio, seguían excavando la tierra sin enterarse de que están en el centro de la discusión. Ellos siguen al margen del Estado, al margen de un proceso de paz, al margen de un plan de resarcimiento que cuantifica económicamente las muertes, sin importar los traumas de los sobrevivientes.

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Simone Dalmasso

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Patrick Ball, director ejecutivo de Human Rights Data Analysis Group

POR QUÉ LOS DATOS CASAN CON LA HIPÓTESIS DE QUE HUBO GENOCIDIO Rodrigo Baires Quezada y Oswaldo J. Hernández Fotografía de Sandra Sebastián [ Entrevista 23 04 13 ]

Patrick Ball lo repite una y otra vez: El análisis que hizo de los datos de homicidios en la zona ixil no prueba genocidio. No, dice y explica que su análisis muestra datos que son coherentes con la hipótesis de que en Guatemala, durante abril de 1982 y julio de 1983. El Ejército asesinó más personas indígenas que no indígenas en esta zona, en proporción.

“Ocho veces más… Los datos son coherentes con la hipótesis”, dice y muestra los cálculos que presentó al juzgado en el juicio contra Efraín Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. “El resto es probar la intencionalidad y eso le toca al Ministerio Público.”

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Especialista en estadísticas para derechos humanos, Ball ha hecho peritajes sobre homicidios en conflictos en El Salvador, Kosovo, Perú, Sri Lanka, Haití, Chad, República Democrática del Congo, Timor Oriental, Etiopía, Sierra Leona y Colombia, entre otros países.

En el caso de Guatemala, Ball asegura que existe coherencia entre los datos y la hipótesis fiscal. Así lo dijo frente al juzgado. Lo suyo es un peritaje plagado de números y cálculos probabilísticos que apenas entendieron los abogados de la defensa. No era la primera vez que hacía un análisis similar sobre las víctimas de la guerra en Guatemala. Lo hizo para la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), tomando las bases de datos de testimonios de CEH, CIIDH y REMHI: 132 mil homicidios por el conflicto entre 1978 y 1996. Para el peritaje de este juicio sumó las denuncias hechas ante el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). ¿Cómo podemos resolver el problema de tener datos de solo una parte pequeña, una muestra, y extenderlo a un análisis de la totalidad de lo que investigamos? Su sistema se basa en buscar coincidencias, corrigiendo sesgos —“esos silencios que nos dejan los datos”— y sacar a luz un número probable de víctimas en esa zona y en ese periodo de tiempo: Así comparó las tasas de mortalidad por homicidios cometidos por el Ejército entre la población indígena y la no indígena en los municipios de Chajul, Nebaj y Cotzal.

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Rodrigo Baires Quezada y Oswaldo J. Hernández

¿Cómo se hizo el análisis?

-

¿Por qué no llegar hasta agosto de 1983?

-

El trabajo principal fue determinar cuáles homicidios son comunes entre todos los listados. La gente cree que esto se hace para quitar los datos duplicados y no es así. Estamos vinculado las estructuras de información, que es mucho más útil y más interesante.

Por ejemplo, si el REMHI y la CIIDH fueron a un mismo municipio, ¿cuáles son los casos que ambos documentaron y cuáles son los que solo aparecen en uno y cuáles en el otro?

Porque los datos no son tan precisos al día concreto, sino al mes. Entonces, dejamos los casos a cada lado porque no podíamos averiguar si realmente son parte del período presidencial de Ríos Montt. Entonces, tomamos limpiamente estos 16 meses.

Casos coincidentes y aislados _ Sí, porque la estructura de esta información nos enseña la relación entre ambos.

¿Cuál es la conclusión principal?

Estimamos que 2,147 personas indígenas de las 38,902 que había, según el censo de población de 1981, fueron asesinadas por el Ejército en esos 16 meses. Mientras que entre sus vecinos no indígenas hay 41 personas asesinadas por el Ejército de una población de 5,882 personas. Es decir, el riesgo de ser asesinado por el Ejército en esos tres municipios durante ese período de tiempo fue ocho veces mayor que el riesgo de su vecino no indígena. Esta es una diferencia enorme.

¿Esto permite sacar el universo de los casos, un número de homicidios perpetrado en la zona en ¿De dónde sale el el período de tiempo dato de 1,771 que ha de estudio? presentado la fiscalía?

Imaginemos que tenemos un universo —homicidios en la región ixil— y pongamos un ejemplo matemático: Estamos interesados en homicidios contra personas indígenas de abril de 1982 a julio de 1983…

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Muy buena pregunta para la fiscalía. Hay que preguntarle a ellos, pero yo creo que es un poco más.

Dice 2,147.

Mejor interpretado, entre 1,996 y 2,325. Éste es el intervalo de confianza del 95%. No es un margen de error, que es un más o menos que se utiliza en estimaciones súper sencillas.

Llama la atención una de las citas que más se difundió: “Las cifras no reflejan si hubo o no genocidio”.

No, son números. Probar la intencionalidad es ya una cuestión de la fiscalía.

Ahora bien, ¿cómo utiliza la fiscalía estos datos para presentar una acusación de este tipo?

La interpretación científica es muy precisa. Alguien presentó una hipótesis de que hubo genocidio. Con la matemática queremos estudiar y determinar si esta hipótesis es consistente o no con los datos. Realizamos el estudio y estimamos una diferencia entre los casos de homicidio contra personas indígenas y no indígenas y concluimos que los datos son consistentes o coherentes con la hipótesis. No dije que la pruebe, dije que es consistente. Ésta es evidencia circunstancial, que es parte importante de las evidencias para casos criminales.

Cuando el fiscal me preguntó

ante la Corte si estaba probando el genocidio, le dije que no.

Lo que digo es que los datos son coherentes con la hipótesis de que hubo un genocidio de Guatemala.

de sesgo en el censo. Pero hay estudios académicos de los censos de 1950 y 1964 en que se documentó que había un subregistro de gente indígena de más o menos el 15%. Si el censo de 1981 tenía el mismo subregistro, lo probamos en un modelo matemático. Si aumentamos hasta el 20% de subregistro de personas indígenas en el censo tenemos una razón entre la tasa de homicidios entre personas indígenas y no indígenas del 6.5. Baja de 8 a 6.5 y la hipótesis cambia tan poco el análisis que no impacta en la conclusión.

¿Qué se hace con la hipótesis de que las personas no indígenas no asistieron a dar su testimonio a estas diferentes comisiones de la verdad y esto eleva la diferencia de tasas con También hay una hilas personas indíge- pótesis que destaca que los indígenas nas asesinadas? mintieron en sus tesHicimos la misma estimación timonios. para las personas no indígenas.

Mi análisis de las dos tasas de homicidios incluye las personas que no denunciaron en ambos casos. Con esto se corrige el subregistro por la falta de denuncia en ambos lados. Así podemos rechazar esa hipótesis.

Otro argumento que se utiliza es que el censo de esa época no visibilizó el tamaño real del pueblo indígena y por ello se ve un número alto de asesinatos de indígenas.

Esto promueve una hipótesis

También exploramos el impacto hipotético de falsedad.

Puede que se mintiera en los testimonios. Primero, tomé el listado de personas que dieron su testimonio al PNR y no a las demás instituciones. Pensé que era más probable que alguien diera un testimonio falso a una sola institución porque dudo que pudiera mantener una mentira en diferentes instituciones. Por el otro lado, no había incentivos de dar un testimonio falso en las otras instituciones. En los años 90, la gente que denunciaba lo hacía por iniciativa propia, pero en el PNR había plata. Entonces, había un incentivo y era plausible, aunque no lo creo, que algunas de esas personas dieran decla-

raciones falsas. Probamos el impacto. Quitamos al azar registros de víctimas indígenas de gente que sólo dio información al PNR. Primero borré al azar un 5%, luego un 10% y llegué hasta el 50%. Si quitaba la mitad de testimonios de indígenas y ninguno de no indígenas bajamos a 4.8, que es todavía un resultado muy fuerte. Entonces, rechazamos esta hipótesis.

Otra hipótesis es que no hubo genocidio porque el crecimiento poblacional de esta etnia ha sido tan alto de los años 80 al último censo… … ¿Han escuchado el fenómeno del Baby Boom? Tras la II Guerra Mundial hubo una gran cantidad de nacimientos. Todas las poblaciones en el mundo responden a desastres con hijos.

El Baby Boom cambió la demografía del siglo XX. La pregunta que hay que hacer es cuál es la edad de esos nuevos ixiles, cuándo nacieron. En mi hipótesis sería que la enorme mayoría nacieron a partir de 1985 y que los padres sobrevivientes respondieron a la gran matanza con tener muchos hijos. Esto es algo normal que pasa en todos los países. Nueve meses después del 9-11 en Estados Unidos, aunque murieron solo 3 mil personas en un país de 300 millones, tuvimos un crecimiento observable en la fertilidad. No he estudiado el censo, pero lo que puede probar o rechazar

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Rodrigo Baires Quezada y Oswaldo J. Hernández

esta hipótesis es confirmar la edad en él.

y falta de datos, no por falta de interés.

Se podría integrar ¿De desplazamiento no una nueva variable a hay datos suficientes? este sistema proba- bilístico. Por ejemEl desplazamiento requiere plo, las muertes por otra lógica matemática. El deshambre o frío en la plazamiento se prolonga en el mientras que el homimontaña durante los tiempo, cidio ocurre una vez y para una desplazamientos. persona. El desplazamiento, la tortura o la violación pueden No, sería otro universo de trabajo. No es otra variable. En epidemiología a estos muertos se les llama mortalidad excesiva por causas del conflicto. He hecho estudios de ese tipo, por ejemplo, en Timor Oriental, pero aquí no se hizo.

suceder varias veces y es más difícil documentar.

En el caso de Guatemala, ¿qué tan útiles podrían ser los datos que tenga el Ejército y que no son conocidos? ¿Y solo desplazamien- tos de población?

Depende. El trabajo fundamental de una institución que Tampoco lo hemos hecho. Es posible, pero el tiempo es limitado. Este peritaje son años de trabajo.

El desplazamiento de personas es otro factor que se puede desprender de un acto de genocidio.

Claro, y también los desaparecidos, las violaciones sexuales y muchas otras violaciones a derechos humanos que no he estudiado por falta de tiempo

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usa violencia es mantener sus agentes oficiales trabajando en los intereses de la institución y no en sus intereses privados. Ésta es la lógica de todos los ejércitos desde tiempos de los griegos. Entonces tenemos mucha ideología sobre la importancia de la institución, la fidelidad hacia ella y estructuras de jerarquía que son muy fuertes.

Estas instituciones son muy burocráticas, tienen muchos informes, muchas órdenes escritas que van desde arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba hay informes, y más informes y más informes. Y en cada nivel existe esta burocracia. Siempre los ejércitos niegan que tengan

esta información pero siempre mantienen informes de sus operaciones. Si tienen informes en los que cuenten cuántos elementos subversivos mataron y especialmente si identifican a algunos, esto puede ayudar.

¿Y si se identifica el despliegue de fuerzas militares?

Creo que para otros estudios, sí sería importante. Pero para el mío no, porque yo estoy enfocado en los homicidios.

¿El peritaje se basa en muertes causadas por el Ejército?

Exclusivamente.

¿Pero hay cifras de muertos causados por la insurgencia?

No en este peritaje, porque la insurgencia no es la acusada en esta ocasión. Pero puedo decir unas cosas muy interesantes sobre la URNG.

¿Por ejemplo? ¿Se tienen cifras de homicidios cometidos por ellos?

Sí, pero docenas y no centenares.

¿También utilizando por soldados indígeel mismo método de nas? coincidencias?

Sí, pero son docenas. No tengo los datos exactos aquí. Pero puedo decir algunas cosas. Si tomamos la razón matemática entre la población indígena y la no indígena es más o menos de 6.6. Hay más o menos 6.6 más personas indígenas que no indígenas en esos tres municipios. Y al tomar en términos brutos la cantidad de personas indígenas y la cantidad de personas no indígenas asesinadas por el Ejército es como de 55. Si hacemos el mismo cálculo para la URNG es como de 11.5. Ahora, es muy interesante pensar sobre el índice de preferencia para matar personas indígenas.

¿De parte de ambos?

De parte de los dos. Esto es tomar la razón de víctimas indígenas y no indígenas y las dividimos entre la razón de población indígena y no indígena, que es este 6.6, nos da un índice de preferencia. La preferencia para la URNG es de 1.7; la del ejército, 8. Es decir, la URNG también prefería matar personas indígenas pero su preferencia es débil. Mientras que en el Ejército, en términos comparables, fue fuerte.

Muchos soldados eran indígenas, ¿no se documentan los asesinatos hechos

No, ni es relevante para el cargo de genocidio.

Trato de pensar en alguna pregunta que podría hacerle un abogado defensor.

Algo que he escuchado en la prensa muchas veces es que muchos soldados eran indígenas y mataron a otros indígenas. Y que esto no puede ser genocidio. Un soldado que recibe una orden de matar no puede decir sí o no, tiene que cumplir.

El soldado como tal no importa y es totalmente irrelevante este argumento. No importa si era indígena, no indígena, gringo o de Marte. Es totalmente irrelevante por la ley militar. Aquí, el punto son los generales y los coroneles que dieron las órdenes.

Ni su etnia es tan importante o relevante. Una persona de una etnia determinada puede decidir destruir su propia etnia y es un hecho de genocidio. Pero yo me pregunto, ¿los coroneles y generales eran indígenas o ladinos?

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Una antropóloga sale a todo correr del Panamerican Oswaldo J. Hernández Fotografía de Sandra Sebastián [ Entrevista 16 04 13 ]

La antropóloga Beatriz Manz estuvo en Guatemala en 1983. Se movió en el departamento de Quiché y parte de la costa del Pacífico. Tenía una intención académica: descubrir por qué miles de guatemaltecos de diversas zonas se habían refugiado en México.

Lo que encontró fue un Estado represor, un Ejército luchando contra la subversión, y una población civil diezmada, huyendo de su propio país. Esto fue parte de su testimonio en el juicio por genocidio.

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En 1982, en la selva lacandona de Quintana Roo, México, miles de refugiados guatemaltecos que huían de la guerra tenían un recuerdo en común: la quema de sus casas, la llegada de soldados a sus comunidades, el asesinato de sus familiares, sus cosechas destruidas y la decisión, aún firme, de escapar. “En la selva sólo hablaban de eso. Hablaban y se desahogaban. Lo volvían a repetir. Era lo mismo en cada uno de ellos. Masacres, hambre, trapos en la boca de los bebés para que no lloraran, los animales muertos. Todo eso lo dejaban atrás mientras huían”. Eso es lo que recuerda la doctora en antropología Beatriz Manz, originaria de Chile, pero radicada en Estados Unidos como profesora en Berkeley.

De sus conversaciones con los refugiados guatemaltecos, ella dice que detectó un patrón, una circunstancia que se repetía en los testimonios de los entrevistados. “Allí llegaron más de 800 en un día, al final eran más de 46 mil. Imagina que hablabas con uno y con otro y era lo mismo. Fue en ese momento cuando me dije: “barrieron, los soldados barrieron con todo”. Desde el Ixcán para adelante. Era el patrón: arrasar con las comunidades”. Manz resolvió entonces que para entender ese fenómeno de desplazamientos masivos tenía que viajar, llegar al origen, a Guatemala.

En ese momento, hacía diez años que no regresaba a Guatemala.

En 1973 había hecho sus estudios de posgrado en Santa Cruz del Quiché, estudiando las distintas etnias de la región. Ese mismo interés fue el que durante una década la mantuvo ocupada, y luego la llevó a México, a la selva lacandona, al lugar en el que se refugiaban muchos de sus conocidos guatemaltecos. “Después de hablar con ellos, sentí la obligación de regresar a Guatemala”, dice. Y al llegar a Guatemala, un año más tarde, unos días antes de ir al departamento de Quiché, lo primero que tuvo en mente fue sólo una cosa: “quería ver a ese gobernante que decía pertenecer a una religión a la que ningún otro Presidente había pertenecido. Era el primero que no era católico. Me enteré que en Guatemala la iglesia evangélica estaba convirtiendo a mucha gente. Quería ver eso. Y quería ver al Presidente pentecostal que representaba ese fenómeno”.

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Oswaldo J. Hernández

Por eso, buscando al jefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt, un día de marzo de 1983, Beatriz Manz entró a la iglesia El Verbo. “Lo que me impactó”, exclama Manz, “fue que todo los fieles eran de clase media y eran ladinos. Para mí fue muy interesante presenciar que toda esa gente se estuviera convirtiendo. Sobre todo porque estas iglesias —pentecostales— jugaban un papel completamente reaccionario en los Estados Unidos”.

Manz explica que tuvo noticias de cómo estas iglesias visitaban la región que tanto había estudiado. Dice que los aviones del Presidente trasladaban a pastores evangélicos del Club 700 hasta el departamento de Quiché. “Era un movimiento de transformación interesante de analizar. De repente las aldeas que tenían un profundo sincretismo católico, o que eran parte de la teología de la liberación, quedaron arrasadas. Cada lugar cambiaba radicalmente y la poca gente que quedaba se convertía en miembros de la Iglesia evangélica. Por ello quería ver antes a ese Presidente evangélico”.

Y sí lo vio. Según recuerda, entre el público, atento, sonriente, Efraín Ríos Montt escuchaba la prédica.

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Emprendió su camino a Santa Cruz el Quiché. Le llamó la atención que el Ejército mezclara a todo tipo de indígenas sin un estudio previo de su cultura y los trasladara en masa a un tipo de aldea a las que Manz nombró “premodelo”. Según ella los reunían para ser la base social de la contrainsurgencia. Recuerda que en estas aldeas se hablaba mam, chuj, pocomchí, quiché, ixil. Que además, había tres templos evangélicos y en algunos casos una iglesia católica. “¿Qué te dice eso?”, pregunta Manz. “Pues es una intención de causar conflicto, de dividir a la población campesina. Lo único que comentaban es que era mejor así, que de lo contrario se parecerían a Nicaragua, y Nicaragua para ellos, para la gente de las aldeas, era un lugar en el que no te dejaban pensar, que tenías que vestirte de verde todo el día, que el gobierno te quitaba la comida, la cosecha, y hasta las mujeres. Ese era el comunismo para ellos”.

Pero Manz notó sobre todo miedo. Un miedo que no dejaba hablar a la gente. En Quiché nadie decía de qué huían, en contraste con todos aquellos a los que ella misma logró entrevistar en la selva lacandona, en México, que describían las matanzas, el hambre, las poblaciones arrasadas. “Yo entendí ese silencio. Nadie podía arriesgarse a que el Ejército lo considerara como parte del enemigo. Y era la forma de salvarse la vida”.

La impresión que ella tuvo ya no fue meramente antropológica.

Era una situación distinta. Algo más complejo de explicar: “El Ejército quería algo rápido. No sé muy bien qué. Se notaba que habían creado un cerco militar alrededor de toda el área”.

—¿La gente de estas comunidades también hablaba de la guerrilla, del Ejército Guerrillero de los Pobres?

—Más bien de ellos había una queja. Que no les dieron armas para poder pelear y defenderse.

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Oswaldo J. Hernández

“El enemigo interno”

Pocos meses después de su estadía en el área ixil, Beatriz Manz recuerda que entre el contenido de la revista militar, la publicación que contenía ensayos acordes a la doctrina del Ejército, venía un artículo firmado por el capitán de navío y escritor Juan Fernando Cifuentes. El título de la publicación jamás se ha borrado de la memoria de la antropóloga: Una apreciación de asuntos civiles para la región ixil. Cifuentes catalogaba allí a los indígenas ixiles como enemigo interno, completamente cooptados ideológicamente por la subversión, y por lo tanto, irrecuperables.

Es ese mismo artículo que la fiscalía del Ministerio Público ha añadido a los elementos de prueba en el juicio que se lleva a cabo en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Fotografía de Beatriz Manz

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“Yo lo entrevisté. Yo entrevisté al capitán Cifuentes”, exclama Manz. “Me pareció que su artículo escondía gran parte de lo que me había traído a Guatemala. Esa percepción del Ejército sobre la población. Esa población que huyó hasta México”. Lo primero que Cifuentes le contó a Beatriz Manz fue que antes de Ríos Montt había mucha corrupción, y que con la población civil ya casi no tenían nada qué hacer. Cifuentes murió en el 2006.

“Casi fue demasiado tarde, pero lo logramos a tiempo. Logramos lo que había que hacer”, le confesó Cifuentes. Pero después de algunas preguntas sobre masacres, aldeas arrasadas y desplazamientos, el capitán Cifuentes empezó a sospechar de Manz. “¿Usted quién es? ¿Usted quién es exactamente?”, espetó en tono prepotente y amenazador. Lo siguiente que esboza la antropóloga es una escena en la que ella sale corriendo del hotel Panamerican de la zona 1, se sube al auto de un amigo, y no regresa sino hasta días más tarde por su equipaje.

Fotografía de Beatriz Manz

“El hecho de que un artículo como el de Cifuentes se publique era porque todos en el Ejército estaban de acuerdo y tenían esa doctrina. La CIA, tras esos documentos, también se preocupó. Fue cuando ellos también dijeron ‘aquí no les va a importar quién es quién y van a morir inocentes’. Hasta cierto punto a ellos no le importaba nada. Estados Unidos decía maten, pero más o menos”, relata Manz. / 189

Oswaldo J. Hernández

Salir ilesa de un destacamento

Poco antes de abandonar Quiché, Beatriz Manz fue capturada por el Ejército de Guatemala. Soldados vestidos de civil la llevaron al destacamento de Santa Cruz del Quiché. “Eran de la G2”, dice Manz. El interrogatorio duró varias horas. La antropóloga, ante cada pregunta, hacía o respondía cosas que no tenían sentido. Fingía demencia. Les preguntaba la hora para saber si ya había cerrado el mercado de Chichicastenango, por ejemplo. “Seguramente nada encajaba con el manual de ABC que tenían para descubrir si era subversiva”. Desde luego Manz dice que no lo era.

Recuerda que la tenían capturada cuando oyó mucha algarabía. Al destacamento había llegado el coronel Mata. Todo el mundo lo saludaba, le hacía reverencias. Era un tipo más bien ladino, alto, recuerda Manz. Antes que demostrar terror o respeto por su presencia, Manz le dijo que le alegraba verlo finalmente porque ella había estado perdiendo su tiempo esperándolo y le extendió la mano a modo de saludo. “Yo empecé a hacer las preguntas y repetía que si no querían que uno no viniera a Guatemala, ni para estudiar ni nada, que avisaran”. Horas más tarde la dejaron en libertad.

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Cualquiera, luego de una experiencia como esta, se hubiera marchado del país. Quizá buscado una ruta rápida en dirección de la capital, llegar al aeropuerto y nunca regresar. Pero Beatriz Manz no lo hizo así. “Regresé a los dos días al destacamento. Quería hablar con el coronel Mata. Hacerle preguntas. Quiénes eran esos dos tipos. Quería explicaciones. Pero el coronel solo decía “me disculpo, me disculpo”. Una semana más tarde, concluida su investigación, el propio coronel Mata se ofreció para llevarla de vuelta a la capital. Volvería a Guatemala para continuar su investigación cuatro años más tarde, de nuevo al área de Nebaj, Chajul y Cotzal.

La acompañaría su amiga, también antropóloga, Myrna Mack, que tiempo después sería asesinada por un escuadrón de la muerte de las fuerzas armadas de Guatemala. “Ella era la gran antropóloga. Y aun así me acompañó en mi investigación”, dice.

Hoy, cuando recién ha regresado a Guatemala, esta vez para rendir testimonio en el juicio en contra de Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt, Manz dice que todo le parece como volver a aquel destacamento en el que estuvo capturada. Es decir, “un privilegio para hacer una reflexión. Es lo más importante que puede hacer un académico. No se trata de hacer libros para otros académicos.

Sino de dar a conocer algo para mejorar la sociedad. Aun no me siento desahogada porque me queda tanto que decir. Cómo le dices a alguien que ha sufrido tanto que tú, que puedes ayudar, tienes miedo. No”.

Es por ello que Manz ha peleado por hablar. Como la vez que declaró ante el Congreso de Estados Unidos, durante la transición de Carter a Reagan y pidió que no se brindara más apoyo al Ejército de Guatemala en 1982. También en los artículos que ha publicado en The New York Times sobre derechos humanos, sobre la muerte de Mirna Mack en 1990, sobre otros amigos asesinados, y más que todo, dice, sobre Guatemala. “Hablar por los que no han podido hablar”.

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Alejandra Gutiérrez Valdizán Fotografía de Sandra Sebastián [ Crónica 18 04 13 ]

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Alfred Kaltschmitt, periodista y decano de la universidad Panamericana, se presenta como testigo de la defensa. En el día número 18 del juicio por genocidio, hablará como el que fuera director ejecutivo de la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (Fundapi). La defensa le preguntará sobre el apoyo humanitario que daba el Ejército a Fundapi y de las atrocidades subversivas. La acusación querrá que explique que en aquel campo de refugiados en el que trabajó se vivieron los horrores del genocidio. Quedarán flotando en la sala otros temas que el mismo testigo ventila.

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Alejandra Gutiérrez Valdizán

Dicen que la justicia es ciega, pero en la sala de vistas donde se celebra el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, la justicia también parece ser un poco sorda. Los abogados, testigos y peritos deben usar unos voluminosos audífonos para escuchar la voz de la jueza presidenta. Cuando el que declara no se acerca adecuadamente al micrófono, el público se queda sordo.

Una vez llega el testigo, o el perito, o el acusado al banquillo, sólo queda leer su cuerpo y confiar en que los micrófonos funcionarán. Entonces, el martes 16 de abril Alfred Antonio Kaltschmitt Luján llega, erguido, serio. Algunos podrían jurar que es experto en declarar en juicios por genocidio. El testigo tiene larga experiencia como periodista, como un sereno, conciliador, dialogador, informado director de orquesta de su propio programa de televisión. Kaltschmitt es conocido por sus columnas en Prensa Libre, es conocido por su programa Este-Oeste, que conducía hasta hace poco, es conocido como decano de la universidad Panamericana, y es bastante menos conocido, hasta hoy, como el hombre que dirigió la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (Fundapi), cuando Ríos Montt fue Presidente.

El testigo propuesto por la defensa entra justo el día en que dos comunicados de prensa le regatean virtudes al proceso judicial. Kaltschmitt se encargará de refrescar su lectura en medio de la audiencia.

El testigo utilizará a los firmantes como palmadas en la espalda a su propia declaración. Llega también cuando la velocidad vertiginosa que llevaba el juicio, con los testigos de la acusación, ha frenado al estar el balón en cancha de la defensa.

Con seguridad, el columnista de 69 años nacido en Costa Rica afirma conocer a los acusados. “Públicamente, noticias y en relación interpersonal, aunque no de amistad”.

Kaltschmitt , explica su papel como director ejecutivo de la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena, y cómo estuvo presente en el área ixil “en forma consistente y repetitiva” y cómo aquellos “eran los tiempos álgidos de la guerra, había confrontación armada, carreteras tomadas, muchos de los viajes los tuvimos que hacer por aire, por la guerrilla subversiva. Sí, pude estar inmerso en una violencia desenfrenada”.

Kaltschmitt trabajó directamente en el campamento de refugiados Ak’ Tumbal, después de que el Gobierno golpista de Efraín Ríos Montt decretara una amnistía, en junio de 1982. “(La amnistía era) para todo aquel que hubiese participado o estuviese participando en la guerrilla; llegaron familias inocentes, se presentaron a estos campamentos de desplazados o refugiados. En colaboración con otras organizaciones, les dábamos asistencia primaria de salud, comida, alojamiento, etcétera”.

El testigo sigue describiendo sus tareas en la zona: “después de un detenido estudio de los lugares de donde hubieran sido desplazados, iniciábamos una inspección en esos lugares, hacíamos un inventario de las necesidades, entre ellas la principal: agua. E implementábamos programas de infraestructura básica y posteriormente los reubicábamos o ayudábamos a reubicar en sus lugares de origen”.

Kaltschmitt, explica: “Siempre hubo cooperación con todas las organizaciones de desarrollo. La

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política de Estado había cambiado de una confrontación y guerra, a una de perdón, de amnistía, de reconciliación y reubicación de la población ixil”. Asegura que en los campos de refugiados llegaron hasta 25 mil personas, también habla del plan de construcción de caminos a cambio de alimentos “comida por trabajo”. Cita como alguien que puede dar fe de lo que él declara al general Roberto Mata Gálvez, quien fue nombrado como testigo por la defensa, pero que un día después de esta declaración se retiraría “porque es imposible localizarlo”.

Es evidente que Kaltschmitt está orgulloso de su trabajo en el área ixil: “Iniciamos con una relación directa con las víctimas, hacíamos perfil de la familia, detectábamos de qué aldeas eran y llegábamos a un acuerdo con ellas, y si estaban de acuerdo en trabajar juntos, hacer inversiones personales de trabajo, seguir instrucciones para poder sembrar, etcétera, adquiríamos tierra y las instalábamos con un enfoque de infraestructura básica permanente, asistencia, salud, educación, incluso hasta llegar a la exportación, que es lo mismo que están haciendo estas familias ahora, que están exportando a Londres y otros lugares…”.

El defensor pone en bandeja las preguntas para que Kaltschmitt describa Fundapi y su labor humanitaria: “La gente participaba con gusto, voluntariamente, agradecidos de que a la región llegara más que balas y violencia, muy alegres y satisfechos con una enorme ansia de rehacer sus vidas”. Cornejo, el defensor, insiste en que el testigo describa el apoyo que el Ejército brindaba a los miles de refugiados que llegaban de las montañas.

Y por supuesto, también hay temas recurrentes que la acusación necesita ventilar en el juicio: las Patrullas de Autodefensa Civil, el posible reclutamiento de niños y mujeres en éstas, las masacres, los llamados por la acusación campos de concentración, probar que los planes Victoria, Firmeza y Sofía no son invenciones y que servían como hoja de ruta para los propósitos del Estado, demostrar que había una intención de exterminar al pueblo ixil.

Sobre los campos de refugiados, Kaltschmitt asegura: “Lograron traer la paz a esa región, decenas de miles de personas que estaban ensanguchados”, por decirlo así, entre el Ejército y la guerrilla llegaron a presentarse voluntariamente y pudieron recibir atención y reubicación posteriormente”. ¿Sobre el papel del Ejército? “Digo absolutamente la verdad y Dios está de testigo, siempre cooperaron, tenía que ir en helicóptero porque las carreteras estaban tomadas, terrible lo que pasó… en ese momento, mientras fui testigo, puedo declarar con toda honestidad ese fue el mejor momento del Ejército… la historia se estaba arreglando para los ixiles… toda la población que estaba harta y ¡siguen hartos de la guerra!”

El testigo niega cualquier política de Estado dirigida a exterminar, que los campos de refugiados se consideraran campos de concentración “todos eran libres de entrar y salir cuando quisieran. No eran campos de concentración, es una patraña inventada saber por quién.” “¿Por qué eran desplazados?”, pregunta el abogado. El testigo responde con la misma autoridad que transmite en la tele: “Básicamente por dos razones, o estaban involucrados activamente en la guerra, muchas familias integradas en las poblaciones de resistencia, siguiendo el patrón de Ho Chi Min viet-

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Alejandra GutiĂŠrrez ValdizĂĄn

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namita, que involucraba niños, mujeres, hombres, pudimos detectar que las personas tenían traumas de guerra por haber tenido que ir a combate. O por otro lado estaba una situación muy difícil: no podían sembrar porque les arrancaban las cosechas, ya fuera de un lado o de otro. O había tal hambre que los mismos ixiles se robaban unos a otros. Ese es el gran pecado de la guerra porque morían muchos de hambre”.

Se le pregunta de dónde obtenían recursos y Kaltschmitt explica: “Donaciones internacionales, otra parte de guatemaltecos, cristianos guatemaltecos, interesados en ayudar, empresarios, los propios recursos del Estado, que tenía el programa PAAC…”. No se ahonda en el financiamiento de Fundapi, como tampoco se ha profundizado demasiado en el financiamiento del Ejército y del Gobierno de Ríos Montt. No se excava tampoco en la vertiente religiosa pentecostal de aquellos tiempos.

Nadie cuestiona, en esta audiencia, quiénes, además del testigo, integraban la Fundapi. Pero, sala de vistas afuera, se sabe que el representante legal de la fundación era, según el registro de Guatecompras, Mario René Bolaños Duarte, quien fue electo diputado en 2004 por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por Efraín Ríos Montt. Bolaños luego se movió a la UNE y allí fue nombrado ministro de Salud. La Fundapi fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de septiembre de 1982, tres meses después de que Kaltschmitt llegara a Guatemala para trabajar en ella. Como afirma en el juicio, él llegó a Guatemala en junio, después de haber estado en Nicaragua, trabajando también para organizaciones de desarrollo. En junio también fue declarada la amnistía, con ésta, como explicó en su declaración, muchos pobladores ixiles descendieron de la montaña y se refugiaron en el campo Ak’ Tumbal.

Kaltschmitt asegura que cambiaron de nombre porque la guerrilla tenía una campaña en contra de la fundación. “La guerrilla decía que estaba metido con el imperialismo yanqui, me sacaban a cada rato como un barbudo, medio hippie, que estaba haciendo cosas de la CIA”. Y sigue explicando que los beneficios que traía la fundación al área “no son paja retórica o demagógica”. “Me siento profundamente afectado cuando veo la historia y cómo la historia se puede distorsionar, ¡pero aquí estoy yo para decir la verdad!”.

Se le pregunta al testigo si el Estado tuvo algún convenio con la organización para la que trabajaba, da un giro casi imperceptible y responde: “Sí, en alguna parte de los recursos, se involucró, recuérdese que la política de todos los que estábamos allí, en ese momento, desde el escritor y antropólogo Stoll, era de ayuda y asistencia para terminar los conflictos de la guerra. Nos ayudaron con recursos, en la medida de lo posible, la secuela de la guerra había deprimido la economía”.

Momento. ¿Por qué entra David Stoll, a la declaración? Él es autor de Entre dos fuegos en los pueblos ixiles de Guatemala, en el que describe la región ixil en la década de los ochenta. El antropólogo escribió también Rigoberta Menchú y la historia de todos los guatemaltecos pobres en el que aireó inconsistencias en la biografía de la premio nobel, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia de Elisabeth Burgos, y cuya polémica fue aprovechada en Guatemala por quienes se opusieron públicamente a que se otorgara el Premio Nobel a la guatemalteca que acusaba internacionalmente al Ejército. —Por cierto, Rigoberta Menchú es una de las más disciplinadas visitantes del juicio, se sienta discreta, del lado derecho de la sala, detrás de las familias ixiles—.

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Y, Stoll además es autor de ¿América Latina se vuelve protestante? en donde expone las relaciones de Fundapi con el gobierno presidido por el hombre que hoy se sienta al banquillo: “Reforzados de esta manera, para julio de 1982 los tres grupos –la Iglesia del Verbo, la Clínica Behrhorst, y varios traductores del Instituto Lingüístico de Verano– organizaron la Fundación de Ayuda para el Pueblo Indígena (FUNDAPI). El personal de Behrhorst y los traductores del Instituto de Verano servirían como agentes de campo, mientras que la Iglesia del Verbo proporcionaría el personal en la capital y obtendría fondos en los Estados Unidos. Mucho se había hablado sobre cómo los evangélicos norteamericanos vendrían a la ayuda de su hermano Ríos Montt. Él mismo había dejado caer la cifra de un billón de dólares. A finales de julio, anunció que una rama de Gospel Outreach llamada Puente Internacional del Amor (International Love Lift) administraría las contribuciones de los Estados Unidos. En Guatemala, los nuevos oficiales de FUNDAPI se preparaban para recibir una avalancha de fondos.”

Es, también, el antropólogo Stoll quien etiqueta a Kaltschmitt como uno de los ancianos de El Verbo, reconocidos como los consejeros de Ríos Montt. Stoll pone en entredicho el que los miembros de la Iglesia que tanto apoyo darían al Gobierno y a la ayuda humanitaria no supieran de las atrocidades por las que hoy se acusa a los dos generales.

“Ocasionalmente, el Presidente y sus consejeros parecían justificar la matanza de civiles”, dice Stoll, quien cita como fuente al mismo Kaltschmitt. Pero ya no se vuelve a mencionar en la audiencia ni a Stoll, ni a la iglesia El Verbo, ni a cuestionarse una relación más estrecha entre el director ejecutivo de Fundapi y el Gobierno, salvo por una pregunta: —¿Perteneció al Gobierno? —inquiere el abogado querellante.

—Negativo —contesta el testigo con tono marcial.

—¿Se ha expresado a favor de los hoy sindicados? —pregunta el querellante.

—Negativo. Lo que he hecho ha sido decir la verdad —contesta Kaltschmitt con un pie en la firmeza y otro en la arrogancia.

—¿En sus columnas ha manifestado que no ha habido genocidio?

—He manifestado que no ha habido genocidio, como también lo han manifestado Gustavo Porras, Eduardo Stein… —responde en referencia al comunicado del día.

Como se repetirá al día siguiente durante la declaración de Harris Whitbeck (quien mencionará a la clínica Behrhorst), en el que la acusación intenta probar la existencia y puesta en marcha del Plan Victoria 82, se cuestiona sobre los campamentos, las Patrullas de Autodefensa Civil y la presencia militar en los campos de refugiados.

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Alejandra Gutiérrez Valdizán

—¿Sabía que los campamentos de refugiados son parte del plan Victoria 82?

—No estoy seguro de eso, pero sí puedo decirle que si formaban parte, estaban haciendo un papel extraordinariamente efectivo para darle primeros auxilios a gente muy necesitada.

Sí, había militares en el campamento de Ak’ Tumbal, pero realizaban tareas logísticas, había un pequeño destacamento, también una pista área. “De las PAC, puedo recordar con certeza que en cuanto se integraron las patrullas toda el área se pacificó porque ellos sabían perfectamente quién era o no guerrillero… para mí fueron una de las organizaciones que más condujo a la pacificación del lugar, se sintieron seguros, dignos nuevamente, que podían cuidar su tierra”.

—¿Se utilizó la amnistía para concentrar a la población y exterminarla?

—Por supuesto que no, nunca jamás. Repita la palabra, ¡repita lo que me acaba de decir, señor!, para que todo el mundo lo escuche. Eso es una patraña, una mentira, hombre —se altera— ¡Dios está conmigo como testigo!

—¿Le constan las masacres del área ixil?

—No pude tener acceso a esa información. Tuve información de masacres que se dieron (por parte de la guerrilla), que ustedes no están mencionando, por ejemplo la de Atzul, tengo testigos de lo que pasó y la de Saqualtén… Anoten.

Ha pasado aproximadamente una hora. Ya preguntó la defensa, ya preguntaron los querellantes y, ahora, el Ministerio Público pregunta: —¿Podría indicarnos en cuanto a lo que usted indicó, sobre el programa de fusiles y frijoles que posteriormente también fue “techo, tortillas y trabajo”, incluye un plan estratégico subversivo contenido en el plan de campaña Firmeza 83? —pregunta la auxiliar fiscal Hilda Pineda.

—Objeción. La pregunta es impertinente, el testigo no tiene por qué saber esos extremos —dice Cornejo, el defensor.

—Puede reformularla, sólo la primera parte, a lo que el testigo se refirió —dice la juez Barrios.

—¿Tiene conocimiento del plan “fusiles y frijoles” que constituye un plan estratégico subversivo…?

—repite la auxiliar fiscal.

—Un plan estratégico subversivo no podría ser, subversivo porque sería originario de los subversivos.

Era de los militares —corrige el decano Kaltshmitt.

—¿Tiene conocimiento, si consta en el plan de campaña Firmeza tal extremo…? —repite el MP.

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—Ahora no sé qué contestar, repita la pregunta nuevamente.

Ya antes le había dicho a la misma fiscal, con tono autoritario, mucho más exaltado que el que suele tener en su programa, que su pregunta estaba “enredadísima”. Y, en efecto.

—Le pregunto: ¿tiene conocimiento del plan estratégico subversivo…?

—Un plan estratégico ¡antisubversivo!, porque no puede ser subversivo ese plan, hay una contradicción de forma —insiste Kaltschmitt.

—¿Tiene conocimiento?

—Pues del subversivo, no. Del otro sí. Del verdadero, sí.

La fiscal no pregunta más.

Y efectivamente, en el Plan de Campaña Firmeza 83, el verdadero, en un anexo, dentro de los objetivos se lee: “Continuar apoyando y hacer más eficaz y extensivo territorialmente el programa de alimentos por trabajo, para impulsar proyectos en beneficio de los núcleos poblacionales que necesitan mejorar sus condiciones de vida (Política de Fusiles y Frijoles).” También, el plan Firmeza menciona al Frente guerrillero Ho Chi Min “este frente que se encuentra en el departamento de El Quiché, se encuentra organizado por el enemigo en las regiones Vietnam y Angola”. Entre los objetivos de Firmeza 83, el plan antisubversivo, se lee “El Departamento de Información y Divulgación del Ejército será responsable de las operaciones psicológicas ejecutadas en campos de refugiados, desplazados y prisioneros de guerra… Orientar a la población a organizarse en unidades de Auto Defensa pasiva o Armada… Acciones de la Defensa Civil en contra de los subversivos… Recolección, manejo y control para grupos de desplazados… Control y supervisión de obras de desarrollo comunitario que se llevan a cabo en su área de responsabilidad, “por entidades gubernamentales y no gubernamentales”.

Pero ya no se habla de los hechos. Ahora la fiscal pregunta al testigo si él escribió en su columna, el 19 de marzo de este año, que “este juicio sin justicia es una conspiración ideológica”.

Kaltschmitt responde: “Para no involucrar la imparcialidad de este juicio aún más, o de la parcialidad, sería bueno que leyeran lo que Eddi (Eduardo) Stein y Gustavo Porras escribieron hoy”.

Y finalmente responde: “Sí, yo la escribí”.

No hay más preguntas. Se cierra la sesión.

Hoy, martes, no hay más declaraciones. La jueza insiste en que la defensa presente pronto a sus testigos, pone el pie en el acelerador.

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El club de la balanza y la daga -

Carolina Gamazo FotografĂ­a de Sandra SebastiĂĄn [ Reportaje 25 06 13 ]

La Fundación contra el Terrorismo ha añadido más pólvora a las tensas discusiones generadas por el juicio contra Ríos Montt. La organización encabezada por Ricardo Méndez Ruiz advierte que los militares siguen presentes, que su versión de los hechos es la verdadera y que van a seguir defendiéndola. Los defensores de derechos humanos, mencionados reiteradamente en las publicaciones de la Fundación, denuncian que ésta utiliza las herramientas militares de intimidación y amenazas del pasado. ¿Quiénes son los hombres detrás de esta fundación? ¿Cuál es el “terrorismo” que ellos combaten?

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Carolina Gamazo

Un bufete de abogados en una colonia aledaña al Boulevard Vista Hermosa. Anochece. El abogado Moisés Galindo y el empresario Ricardo Méndez Ruiz Valdéz rondan por los pasillos ultimando los quehaceres del día. Galindo da vueltas por los salones, revisando folders, abriendo armarios, preparándose para los casos del día siguiente. Méndez Ruiz se sienta en uno de los despachos de la oficina y comienza a hablar de la Fundación contra el Terrorismo, la organización que preside desde hace cerca de un año con el objetivo de defender a miembros de la Institución Armada de los cargos judiciales en su contra. En los últimos meses ha estado muy activo.

—Aquí nos reunimos los miembros de la Fundación, unas dos veces a la semana, cuando ya hemos terminado nuestras obligaciones— explica el hijo del exministro de Gobernación durante el gobierno de Ríos Montt, y secuestrado por la guerrilla en 1982. Viste con pulcritud, traje negro y camisa blanca y, aunque su actitud es relajada, mantiene la postura erguida que recuerda su formación militar.

La Fundación contra el Terrorismo todavía no se encuentra inscrita de manera oficial, como corroboró el Ministerio de Gobernación y, hasta el momento, la única acción pública emprendida ha sido una marcha de personas que llegaron desde Nebaj el pasado 23 de abril, que recorrió la capital con mantas en las que se negaba el genocidio.

Sin embargo, las cuatro publicaciones insertas en elPeriódico, firmadas por la Fundación contra el Terrorismo y con el título de “La Farsa del Genocidio”, plagadas de descalificaciones a defensores de derechos humanos o exintegrantes de la guerrilla —algunos de los mencionados han negado su participación en la insurgencia—, han sido definidas como “mecanismos de guerra psicológica utilizados en el pasado”, “amenazas” “incitaciones al odio”, tal como describe Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, quien fue incluido en dos de las denuncias contra guerrilleros. Asturias es hijo de Rodrigo Asturias, Gaspar Ilom, quien fue el comandante de uno de los cuatro bloques guerrilleros, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA); Asturias también fue militante. / 204

Oscar Platero, Escobar

Hasta ahora, la Fundación sólo ha tenido un ros-

Blas o Byron Lima

la Sala de Vistas del Organismo Judicial en buen

tro: Ricardo Méndez Ruiz, quien se dejó ver en número de audiencias en el juicio por genocidio y también ha acompañado las audiencias de otros militares acusados. Pero, junto a él, asegura Méndez Ruiz, hay otros, todos ellos militares o con preparación militar, que se reúnen en un salón del bufete de abogados de la zona residencial, para idear acciones de lo que ellos denominan “defensa”.

Según Méndez Ruiz, la Fundación contra el Terrorismo se encuentra integrada por el capitán de artillería Oscar Platero Trabanino, como vicepresidente y encargado de redactar las publicaciones. Y por los vocales: el coronel Juan Francisco Escobar Blas, Marco Augusto Quilo Ortiz —sobrino del exjefe del Estado Mayor de la Defensa José Luis Quilo Ayuso—, por el coronel Carlos Alvarado Palomo y por el abogado Moisés Galindo. Mientras que el capitán Byron Lima, en prisión, aunque no forma parte de la junta directiva, ha apoyado activamente a través de sus columnas en El Metropolitano. ¿Cuál es el fin último de la Fundación contra el Terrorismo? “Para toda tesis hay una antítesis, nosotros somos la antítesis”, responde Méndez Ruiz.

Sentado tras una gran mesa de madera, continúa hablando de un “linchamiento público” al Ejército. Recuerda la Amnistía y la Ley de Reconciliación, las herramientas que habían permitido a la institución armada ir evadiendo responsabilidades judiciales de las acusaciones por crímenes cometidos durante el conflicto. Y que había logrado que los altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional durante los años de mayor represión fueran envejeciendo en sus casas, más o menos ajenos a las denuncias de las víctimas. / 205

Carolina Gamazo

Entonces, habla de ella. De Claudia Paz y Paz. La Fiscal General. Lo resalta. “Todo es por ella”.

La Fundación contra el Terrorismo no existiría, dice, si no fuera porque ella llegó al Ministerio Público (MP).

Y es que la entrada de Paz y Paz al MP supuso un cambio en los procesos relacionados con la justicia transicional que habían estado más o menos dormidos. Paz y Paz llegó al cargo apoyada por la sociedad civil y su ascenso supuso un nuevo impulso en las investigaciones sobre el conflicto.

Así, a los pocos meses de su toma de posesión, el MP comenzó a solicitar órdenes de captura contra oficiales de alto rango del Ejército y de la Policía Nacional (PN). Y éstas se comenzaron a ejecutar.

En junio de 2011 fue capturado Héctor Bol de la Cruz, Jefe de la PN en 1984, por su implicación en el secuestro y desaparición del sindicalista Fernando García. Una semana más tarde, le tocó el turno a Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad en el área ixil. En julio, se logró la captura de Pedro García Arredondo, jefe del Cuerpo de Detectives en 1981, por su implicación en el secuestro del estudiante Edgar Sáenz Calito. Y en octubre del mismo año se solicitó la orden de captura contra Oscar Mejía Víctores, jefe de Estado entre 1983 y 1985, finalmente frustrada. Al mismo tiempo se solicitó la detención del general Efraín Ríos Montt y fue arrestado el director de Inteligencia, general José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Los procesos penales habían iniciado hacía más de diez años en algunos casos —el de Ríos Montt, por ejemplo, está en el Organismo Judicial desde 2001— fueron capturados en seis meses. Sus nombres y los crímenes de los que se les acusaba se airearon en la prensa. Se volvió a hablar de genocidio. En febrero de 2012, la Fiscalía de Derechos Humanos otorgó el permiso a la Fundación de Antropología Forense (FAFG) para comenzar las excavaciones en el destacamento de Cobán, a raíz de una denuncia presentada por la existencia de un cementerio clandestino. Y comenzaron a encontrar cuerpos, y se siguió hablando de genocidio.

“Todo es por ella”, dice Méndez Ruiz. / 206

“Todo es por ella”

Las denuncias a la guerrilla

“No nos íbamos a dejar llevar como ovejas al matadero”, asegura Ricardo Méndez Ruiz. El hijo del exministro habla en plural, como si fuera uno de los militares implicados, a pesar de que su trayectoria no se encuentre vinculada a las acusaciones y que conozca las hazañas del Ejército a través de los relatos de su padre o los amigos militares de éste. Tras su secuestro, Méndez Ruiz se marchó a Chile a tratar de convalidar sus estudios de veterinaria y a su regreso a Guatemala, tras el golpe a Ríos Montt, se graduó como militar reservista y se dedicó al comercio; entre sus negocios está la importación de azúcar durante el Gobierno de Alfonso Portillo.

En los meses posteriores a estos arrestos, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) hizo circular un impreso, en que se indicaba que, ante los ataques hacia los integrantes del Ejército, era “conveniente estructurar la base que provea el soporte oportuno al ejercicio de la defensa legal en las instancias correspondientes”.

Y Ricardo Méndez Ruiz, hasta el momento alejado de la vida pública, con excepción de una fallida candidatura a alcalde capitalino por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se convirtió en una especie de portavoz de los militares retirados. Y en el portavoz, en última instancia, de su padre, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, comandante del destacamento de Cobán desde 1978 hasta marzo 1982, posteriormente nombrado Ministro de Gobernación tras el golpe de Ríos Montt.

La primera acción de Méndez Ruiz hijo en defensa de la Institución Armada fue en noviembre de 2011, cuando denunció en el MP su secuestro perpetrado en mayo de 1982 por el Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT). Por este hecho acusó a 26 personas, algunas muertas, otras completamente ajenas al caso —comprobado después por los mismos acusados cuando demostraron inconsistencias en las fechas, como en algunos casos en que era imposible que los señalados fueran responsables debido a su corta edad—.

En una entrevista a elPeriódico, Méndez Ruiz reconocía que ninguna de estas personas había cometido su secuestro, pero que, al igual que el MP, él seguía las cadenas de mando. Su objetivo / 207

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era indudablemente político. Denunciaba a personajes públicos de Guatemala: Yolanda Colom, la hermana de Álvaro Colom —en ese momento Presidente—, el columnista y otrora líder sindical Miguel Ángel Albizures, a los religiosos hermanos Gurriarán y a algunos familiares de la Fiscal General. El fin último, aseguraba en esa entrevista, era Claudia Paz y Paz “por el amor de Dios, a ella le estoy apuntando”.

En los meses que siguieron a esta primera denuncia fueron presentadas otras tres más contra presuntos militantes de la guerrilla. Theodore Plocharski Rehbac, empresario cafetalero de San Marcos, denunció a 52 guerrilleros, por el asesinato de 10 personas. Entre los acusados, señalaba a Sandra Torres —Primera Dama en ese entonces—, a la activista Iduvina Hernández — quien militó en asociaciones estudiantiles en la Universidad de San Carlos— y, también en esa denuncia, a familiares de Claudia Paz y Paz. Entre tanto, Esthela de Matta viuda de Furlán, presidenta de la Asociación de Viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala, denunciaba a otras 32 personas, y luego, en 2012, Marco Quilo presentaba ante el MP una compilación de tres tomos con 64,300 supuestos delitos perpetrados por la guerrilla, incluyendo un listado de 100 presuntos subversivos.

Los tres tomos de Marco Quilo, indica el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, fueron elaborados por Avemilgua entre 1995 y 1996 con el objeto de que fueran incluidos en la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), pero asegura que no fueron aceptados. En cambio, Otilia Lux, experta en asuntos indígenas y una de los tres miembros que lideraron la CEH, asegura que estos documentos sí fueron aceptados y que de éstos salieron las cifras de crímenes cometidos por Ejército y guerrilla. “Incluso se invitó a militares para que llegaran a dar su testimonio, algunos llegaron; otros no”, dijo Lux. Entre tanto, Méndez Ruiz, a través de sus columnas en elPeriódico —fue invitado a escribir en el diario tras su denuncia en el MP—, seguía defendiendo el papel de las fuerzas armadas y denunciando a exguerrilleros.

Sin embargo, en su momento, en 1982, el secuestro de Méndez Ruiz hijo no quedó impune. / 208

Según documentos desclasificados de la embajada de Estados Unidos, en un intento de lograr la liberación de su hijo, el general Méndez Ruiz ordenó capturar al pediatra Juan José Hurtado, para ofrecerlo como “moneda de cambio” al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), donde militaban cuatro hijos del médico. El pediatra fue secuestrado un día después del estudiante Méndez Ruiz. Sin embargo, la organización que había reclamado la autoría del secuestro, a través de un campo pagado, no era el EGP sino el PGT, y tras las presiones internacionales para que Hurtado fuera puesto en libertad, el Gobierno trasladó al pediatra a un hospital donde se estuvo recuperando tras las torturas a las que había sido sometido y, finalmente, en julio del 82 fue puesto en libertad.

“Si se buscan responsables del secuestro del joven (Ricardo Méndez Ruiz), todos están muertos. Uno a uno, la D-2 los identificó y ejecutó, sin esperar al Ministerio Público (MP) ni a los tribunales, como era la costumbre fueron desaparecidas”, indica en una columna Edgar Gutiérrez, coordinador del informe diocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Ministro de Relaciones Exteriores del eferregista Alfonso Portillo y que es llamado “rata Gutiérrez” en el blog de la Fundación contra el Terrorismo.

La daga con la balanza

Fue en marzo de este año que inició el juicio por genocidio que la Fundación contra el Terrorismo se hizo visible.

Empezó con un inserto de 20 páginas en elPeriódico, titulado “La farsa del genocidio”, donde por primera vez se veía el logotipo de la fundación, una daga de la que pende una balanza. Es un texto con información inconexa y en el que las palabras “marxista” y “terrorista” se repiten hasta la saciedad. Habla del papel de la Iglesia católica durante el conflicto, sobre el rol de la guerrilla, describe las diferentes células insurgentes y masacres que les atribuyen; incluye un listado de fundaciones de derechos humanos y señala, directamente a cientos de personas, muchas de ellas con fotografías, y descalificaciones: El sacerdote Javier Gurriarán es calificado como un “engendro”, mientras que Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU y entonces asesor sindical, es definido como “conspirador y manipulador por naturaleza, terrorista de corbata”. El obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, y el abogado Ramón Cadena son descritos como “dos de los principales manipuladores de la opinión pública, marxistas reconocidos internacionalmente”; el juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez es calificado como “uno de los sicarios judiciales”. Los textos también incluyen un listado de “extranjeros indeseables”. Además, se lee un listado de movimientos surgidos de los derechos humanos y que estarían atentando contra el orden público, donde incluye, por ejemplo, al feminismo como un movimiento que “Resta fuerza a la virilidad y patriotismo de los varones como tales en las Naciones Occidentales”.

Ricardo Méndez recalca el trabajo de documentación que hubo tras las publicaciones. Agrega que la izquierda del país ha escrito decenas de libros —habla, por ejemplo, del libro Insurgentes de Santiago Santa Cruz, exintegrante de Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), recuerda el libro Sierra Madre de Pedro Palma Lau, también exintegrante de esta organización; menciona Masacres de la Selva, del antropólogo jesuita Ricardo Falla o Trueno en la Ciudad, de Mario Payeras, a quien describe como uno de los mejores escritores guatemaltecos. Ahora, asegura, es el turno para que ellos, los exmilitares, den su versión de los hechos. / 209

Carolina Gamazo

Quien elabora y firma los textos de los insertos es el coronel de artillería Oscar Platero Trabanino, vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo. Platero ocupó el puesto de coordinador de seguridad aduanera de la SAT en los primeros meses del Gobierno de Óscar Berger, que llegó al poder en alianza con los partidos de derecha PP, PSN y MR. Sin embargo, en abril de 2005 fue retirado de su cargo acusado de robo de material y de no llenar el perfil. Este hecho lo llevó según una noticia del elPeriódico de 2005, a encerrarse en su despacho con un arma para impedir ser destituido.

En 2007, Oscar Platero se presentó como candidato a diputado nacional en las filas del partido de izquierda Alianza Nueva Nación (ANN) del excomandante guerrillero Pablo Monsanto.

Mientras que en el actual Gobierno, fue contratado por el Ministro de Gobernación, el teniente coronel Mauricio López Bonilla, como asesor del Ministerio bajo el renglón 029, puesto que le supuso Q165 mil en 2012 por sus servicios de asesoría en la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones.

También en 2012, según se detalla en las compras del Ministerio de Gobernación, Platero recibió Q65 mil de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en concepto de “estudios psicológicos del encarcelamiento al momento del proceso de reinserción social de privados de libertad, protocolo técnico, plan nacional de emergencia y evacuación de privados de libertad y protocolo de asistencia para la hospitalización de privados de libertad”. Este año ya no se encuentra contratado por Gobernación. / 210

Los hombres del club Oscar Platero: con Berger, Pablo Monsanto y López Bonilla

Escobar Blas: Bajo investigación por el asesinato de Gerardi

rardi, era subalterno de Escobar Blas en el EMP, según informó el fiscal. García agregó que actualmente tienen solicitada la orden de captura de Darío Morales y que se espera contar con su información para poder seguir indagando sobre la participación del vocal primero de la Fundación en el asesinato.

“Yo no estoy implicado, a mí me implicaron en el caso. Cuando sucedió yo llevaba un mes en el Estado Mayor Presidencial; yo tenía a mi cargo la sección de servicios de protección, el círculo 2, no tenía nada que ver con el Remhi” explica Escobar, y añade que era falso que el Estado Mayor Presidencial llevara a cabo labores de inteligencia y que Byron Lima fuera su subalterno.

Otro de los miembros de la Fundación contra el Terrorismo, a quien Méndez Ruiz sitúa en el cargo de vocal primero, es el piloto de combate y coronel de la Fuerza Aérea Juan Francisco Escobar Blas, quien continúa en el punto de mira del Ministerio Público por su supuesta participación en el asesinato del exobispo auxiliar metropolitano Juan Gerardi, el 28 de abril de 1998, dos días después de que hiciera público el informe Remhi.

El fiscal Jorge García, de la Fiscalía Especial a cargo del caso Gerardi, explicó a Plaza Pública que Escobar Blas sigue en investigación por orden de la sentencia dictaminada en 2001. “Los jueces dijeron que se dejaba abierto el procedimiento para Francisco Escobar Blas por ocultar pruebas, por haber acudido bajo el imperio de la falsedad y por ocultar hechos de su conocimiento”, indicó.

En la fecha del asesinato de Gerardi, Escobar Blas se desempeñaba como Jefe de Servicios de Protección del Estado Mayor Presidencial (EMP). “Según su testimonio recibió una llamada donde le pedían que averiguara qué había pasado en casa parroquial, caminó desde una casa cercana al Tribunal Supremo Electoral, para encontrarse con Darío Morales, que era el camarógrafo del EMP. A ambos los reconocen varias personas en casa parroquial, entre el director de la PNC, Ángel Conte Cojulún. Después Escobar Blas y Morales se fueron caminando juntos al Estado Mayor”, relató el fiscal.

Byron Lima, actualmente en prisión por el delito de encubrimiento propio en el asesinato de Ge-

A pesar de seguir en investigación, Escobar Blas, que trabaja como piloto privado de helicóptero, no ha tenido impedimento en comentar en las redes sociales sobre las noticias que surgen sobre el caso Gerardi. También ha figurado como comentarista en programas radiofónicos de derecha como Libertópolis o Hablando Claro, el programa de Mario David García de Emisoras Unidas, opinando sobre el juicio por genoicidio o el caso Gerardi.

Además, en abril de 2012, Escobar Blas interpuso una querella contra 15 personas que han jugado algún papel en el caso Gerardi, a quienes acusaba de engañar al pueblo con información tergiversada sobre el proceso y alterar la escena del crimen.

Entre los demandados, se encuentran funcionarios del Ministerio Publico como Mynor Melgar —quien ahora trabaja junto a Claudia Paz y Paz—, el propio Jorge García, el abogado Marco Leopoldo Zeissing Ramírez, o activistas de derechos humanos como el director de la ODAHG, Nery Ródenas, el exdirector Ronalth Ochaeta o Edgar Gutiérrez, coordinador del Remhi.

“La justicia o alumbra a todos o no alumbra a nadie. Nadie está por encima de la ley, eso es para mí el principal motivo por el que estoy formando parte de la Fundación contra el Terrorismo”, indica Escobar, quien especifica que hasta el año pasado no conocía a sus compañeros contra el terrorismo y que si llega a ver el mínimo atisbo de que éstos quieran entrar en política saldrá de la Fundación. / 211

Carolina Gamazo

Además, dentro de este grupo de oficiosos defensores del Ejército, se encuentra el mayor de aviación retirado y abogado, Moisés Galindo, de origen judío y crecido en Panajachel, es una persona hiperactiva y de trato cálido. Si hay un militar en tribunales, es probable que Galindo se encuentre cerca.

Galindo: El abogado de los militares

Este abogado ha llevado gran parte de los casos de militares imputados por sus acciones durante el conflicto armado. Ha formado parte del equipo de defensa de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Entre sus clientes también se encuentra al general Héctor Mario López Fuentes, exjefe del Estado Mayor de la Defensa.

Y sigue presentando amparos para sacar de la cárcel al ex jefe del comando VI y Cuerpo de detectives, Pedro García Arredondo, condenado a 70 años por el secuestro y tortura del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito.

También defendió a Byron Lima y a Francisco Escobar Blas por el caso Gerardi y es el abogado de todas las denuncias presentadas contra la guerrilla mencionadas antes.

Pero Galindo no ha tenido únicamente una larga trayectoria como defensor, también estuvo sentado en el banquillo, y consiguió librarse de ser condenado cuando se le implicó en el desfalco del Ministerio de la Defensa durante la época de Alfonso Portillo. “Me pusieron en libertad porque no tenían pruebas en mi contra. Yo les demostré que es un complot, que (Carlos) Castresana (entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) estaba detrás, les demostré que yo no estaba en Guatemala ni en el puesto cuando sucedió”, indica Galindo.

Cuestionado por su motivación para integrar la Fundación contra el Terrorismo, éste asegura que simplemente es el notario, “creo que si se firmó la paz y se firmó una Ley de Reconciliación Nacional se tienen que respetar, si la ley no se respeta ¿para qué se crea?”, dice Galindo, quien durante el conflicto armado se encontraba ocupando el puesto de mayor en el suroccidente de Guatemala, y tras ser herido en combate le ofrecieron una beca para estudiar derecho en la Universidad Francisco Marroquín.

“Yo fui uno de los líderes del Serranazo”, explica.

“Cuando se da el intento del golpe de Estado, voy / 212

yo a uno de los líderes de la sociedad civil, Dionisio Gutiérrez, que era mi amigo, y viendo que se necesitaba sinergia de liderazgos le presenté a Otto Pérez Molina, que fue otro de los líderes”, asegura. “Usted sabe que dentro del Ejército se creó una línea más institucionalista y una línea dura. Yo era de la dura”, concluye.

Además, según informó Méndez Ruiz, integran la Fundación contra el Terrorismo Marco Augusto Quilo Ortiz, sobrino del general y exministro de Defensa, José Luis Quilo Ayuso. Su padre, el teniente coronel Víctor Augusto Quilo Ayuso, murió en un enfrentamiento en 1986 en Petén a manos de la guerrilla Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). El último vocal es Carlos Alvarado Palomo, coronel de infantería, quien prestó servicios en el destacamento de Petén y también desempeñó labores de inteligencia, según información recopilada por el National Security Archives de Estados Unidos.

Los financistas y

men en la misma imprenta de este medio, no se

Byron Lima

señada por empleados del diario.

aclara el precio por la impresión, pero no está di-

Méndez Ruiz informa sobre los miembros de la junta directiva de la Fundación, pero no queda claro el apoyo que puedan tener de otras personas o instituciones. Una de las personas que podrían estar en la sombra es el capitán Byron Lima Oliva.

A través de sus columnas en El Metropolitano — un impreso gratuito que se distribuye en Mixco, Antigua Guatemala, carretera El Salvador y Quetzaltenango— Byron Lima ha impulsado el apoyo a la Fundación, como en uno de sus escritos titulado “Debemos conocer la verdad”, donde concluye: “Unámonos a la ‘Fundación contra el Terrorismo’, publiquemos nuestros testimonios, que salga la verdad, no dejemos que el marxismo crezca, ya se demostró que es un régimen autoritario, oscurantista y decadente”.

Una de las preguntas que subyace tras las publicaciones en elPeriódico y la marcha organizada desde Nebaj es quién financia a la Fundación contra el Terrorismo.

Preguntado sobre quiénes son las personas que les están subvencionando, Méndez Ruiz, de forma contraria a todas las demás preguntas a las que responde sin tapujos, se niega a ofrecer información. Pero sí señala que son “empresarios”, “grandes empresarios del país”, pero que colaboran con sumas pequeñas de dinero.

A este respecto, dijo que ellos, incluso Moisés Galindo, están trabajando ad honorem y que elPeriódico le está haciendo un “precio especial por ser columnista”. Según los datos de Méndez Ruiz, elPeriódico cobra Q29 mil por cada publicación inserta —un campo pagado cuesta Q19,800—. Una fuente consultada de elPeriódico dijo que, efectivamente, ése era el precio por inserto y que no se trata de un precio especial, sino que era el precio estipulado al no estar utilizando ninguna página del diario. Además, se confirmó que las publicaciones de la Fundación se impri-

Lima tiene, además, una estrecha relación con los dos abogados integrantes de la organización, Galindo y Cintrón, ambos parte de su defensa, y trabajaba, según la fiscalía, con Escobar Blas en el Estado Mayor Presidencial. Como posible prueba de esta relación hay una fotografía donde el capitán Lima abraza amigablemente a Galindo y a Méndez Ruiz.

Indagado sobre la participación de Lima, el presidente de la Fundación indica que no son ciertos los rumores de que Byron Lima y su hermano, Luis Alberto Lima Oliva, financien o formen parte. “Byron Lima no forma parte de la Fundación pero sí es amigo nuestro. El lic Galindo ha sido su abogado, yo soy amigo de él aunque no lo veo con la frecuencia que quisiera”, responde.

Sobre la financiación, Méndez Ruiz se lamenta “desafortunadamente no es cierto, porque sí necesitamos plata”. / 213

Carolina Gamazo

Las acciones emprendidas por la Fundación contra el Terrorismo, calificadas por sus propios miembros como una forma de “escapar de la persecución política” han sido tomadas por las personas afectadas por éstas, como amenazas o intimidaciones.

Las publicaciones podrían ser delito

“La Fundación contra el Terrorismo está explícitamente intentado generar polarización en el país, tratando de tergiversar la realidad y generando un un discurso que implica amenazas dirigidas contra dirigentes sociales. Una cosa es la libertad de expresión, una cosa es disentir, y otra es amenazar, criminalizar, intentar incluso destruir personas”, afirma Sandino Asturias.

Entre tanto, Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, también señalado en las publicaciones dice que ni le interesa ni pone atención a estos textos. “Es la táctica que siempre tienen de deslegitimar”, dice.

De hecho, las acusaciones vertidas en los folletines de la Fundación provocaron que hace un mes, un grupo de aproximadamente 50 personas y algunas organizaciones sociales, presentaran una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, donde se indica que tanto los insertos como las fotografías “han llevado a una campaña de estigmatización y de amenazas que son abiertamente dirigidas, particularmente, por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo”.

Jorge Santos, director de la Convergencia de Organizaciones de Derechos Humanos, quien presentó la denuncia junto a Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), explica que les preocupa que estas publicaciones puedan derivar en “acciones físicas a quienes se les expone en fotografías. La virulencia con la que se hace expresión del odio es preocupante”.

Santos agrega que también es inquietante la permisividad del Estado hacia estas publicaciones “y si a eso se le junta las declaraciones públicas del Presidente o del Secretario de la Paz, pudiéramos empezar a hablar de que se está imponiendo una política pública de permisividad”, afirma.

Entre los puntos de la denuncia, según señala Santos, se solicita al Procurador iniciar un proceso de investigación en torno a estas publicaciones, que se prevenga la estigmatización y que / 214

se actúe “lo más pronto posible para detener la campaña”.

En el ámbito internacional, el embajador de España en Guatemala, Manuel Lajarreta, escribió una carta de respuesta a elPeriódico calificando de “calumniosas” las acusaciones en el inserto “La Farsa del Genocidio” sobre el embajador de España en 1980, Máximo Cajal; mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Arvin Gadgil, indicó a Plaza Pública que estas acusaciones sobre que su país financia el terrorismo le hacían “sentir inquieto”. “Lo más importante para nosotros es tener una buena relación con el Gobierno, aunque podamos no estar de acuerdo en una serie de cosas. Hemos tomado en serio estas menciones y no tenemos ninguna evidencia de que nuestra cooperación sea usada para ningún comportamiento violento o ilegal”, dijo.

Rootman Pérez, subdirector nacional de Procuración de la PDH, informó que se encuentran investigando el caso. “Ya se recibió el informe de la Policía Nacional Civil, de Copredeh y Avemilgua”, sin embargo, explicó que debido a que la Fundación contra el Terrorismo no se encuentra inscrita de manera oficial, se había retrasado el proceso para solicitar la información. “Tenemos que esperar a que retornen los informes, si finalmente se considera que estas publicaciones son constitutivas de amenaza o intimidación enviaremos el caso al Ministerio Público, puesto que no es de nuestra competencia investigar delitos”, dijo.

A la Fundación contra el Terrorismo esta denuncia no parece importarle y sólo hace mención a ella como un paso más en la trayectoria de la Fundación. ¿Podrían los financistas ser responsables de las amenazas emitidas?, es preguntado el subdirector de la PDH, “Habría que demostrar que otorgaron el dinero directamente para amenazar, esto es muy difícil de probar.

En el bufete ya se ha hecho de noche. Moisés Galindo está por marcharse. Al salir a la calle y, antes de cerrar la puerta, bromea sobre los apoyos de la Fundación: “Diga que aquí están escondidos todos los oligarcas, todos los azucareros”. Quienes estén financiando las actividades de la organización prefieren mantenerse en la sombra, y los militares a los que defienden tampoco han dado grandes muestras de apoyo a los hombres que se reúnen en un bufete de abogados para planificar las próximas campañas.

Un poco más tarde, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo abandona solo la sede. Al final queda él, Ricardo Méndez Ruiz, con su lucha por la defensa del honor militar. / 215

Carolina Gamazo

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Hugo Ramiro Leonardo Reyes, exmecánico del Ejército, compareció ante el tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en el juicio que se lleva a cabo en contra del general José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

En su declaración, implicó al actual Presidente de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina, en una matanza de indígenas ixiles en la aldea Salquil Gr a n d e , Nebaj.

Oswaldo J. Hernández Fotografía de Sandra Sebastián [ Entrevista 04 04 13 ]

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El día que Hugo Ramiro Leonardo Reyes llegó a Nebaj, Quiché, se integró al batallón El Triunfo.

“Así le decían a la Primera compañía de ingenieros del Ejército”, recordó en su declaración como testigo especial, por videoconferencia, dentro del proceso en el que se juzga a los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

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Oswaldo J. Hernández

Era el 1 de septiembre de 1982, narró Reyes, y había llegado al campamento militar de ese batallón para dedicarse a dar mantenimiento a tractores B9 y B4. “Cuando llegué por primera vez al campamento de ingenieros, los que comandaban eran el primer oficial Arnoldo Otoniel López, el capitán, Pedro Miguel Díaz Ramos, y el oficial Luis Felipe Ruano Díaz”.

El campamento militar estaba ubicado en algún punto intermedio de la aldea Tzalbal y la comunidad de La Pista, a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal de Nebaj. Dentro de las instalaciones, Hugo Reyes fue nombrado mecánico de mantenimiento. Cuando el fiscal del Ministerio Público, Orlando López, le preguntó sobre lo que recordaba de ese campamento militar, el testigo indicó “terror, entraban y salían tropas”. Explicó que cerca del campamento, había un lugar conocido como el Pino y que en algún momento “ya no cabían más víctimas en los agujeros”.

Los oficiales del Ejército entraban desde horas de la tarde a una cantina conocida como “Los tres monitos”. “Luego, ya ebrios, se iban a celebrar y mataban gente”.

—¿Cómo mataban gente? —preguntó el fiscal.

—Primero ordenaban al operador de la máquina, al oficial García, que cavara un hoyo. Luego los camiones llenos de gente los parqueaban frente al Pino, y uno por uno, iban pasando. No les disparaban.

Muchas veces los puyaban con bayoneta. Les arrancaban el pecho con las bayonetas, y los llevaban a la fosa. Cuando se llenaba la fosa dejaban caer la pala mecánica sobre los cuerpos.

El testigo dijo también que era imposible que los altos mandos no supieran nada. Todos los destacamentos y todos los campamentos tenían un radiotransmisor. “Así llegaban las órdenes, junto a los mensajes de todas las operaciones. Había destacamentos en Nebaj, en Acul, en Tzalbal, en Miranda, en Salquil…”.

A Hugo Reyes y a otros soldados de su compañía les tocaba patrullar todas las regiones que conectaban esos destacamentos. “Cuidábamos esas brechas, hasta el cerro Sumal”. Eso quedaba al norte, entre hondonadas, ríos y barrancos.

“En Salquil Grande, quemaron las casas. Allí mandaba el mayor Tito Arias, más conocido como Otto Pérez Molina. Y déjeme decirle que allí también hubo ejecuciones”, señaló Reyes. En las sala se elevaron los murmullos.

Pérez Molina, que gobierna Guatemala desde enero de 2012, no se ha pronunciado públicamente con respecto a las acusaciones del testigo.

En ocasiones anteriores, el mandatario ha negado haber participado en violaciones de los derechos humanos durante la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

El testigo Reyes también mencionó a Juan Chiroy Sal. Según el testigo en aquellos años, él conoció a un sargento que llevaba ese nombre en el campamento de los ingenieros. Cuando lo mencionó, otra ronda de murmullos en la sala ubicó esa mención en otro caso reciente: el asesinato de seis manifestantes de Totonicapán en el kilómetro 170 que implicó a una tropa de soldados a cargo del hoy coronel Juan Chiroy Sal. Tiene 46 años. Los cumple en marzo. Y significaría que de tratarse de la misma persona que identifica el testigo Reyes, era sargento con apenas 16 años. El abogado de Chiroy Sal, Mario Cano, no respondió las llamadas para corroborar si en el cárdex de este coronel existe algún servicio en el área de Nebaj. No obstante, de él se sabe que se graduó en la escuela Politécnica y que además tiene maestrías en resolución de conflictos y derechos humanos. / 220

Fotografía de Jean Marie Simon

Exhumar pero luego quemar las osamentas De la región alrededor del campamento de la Primera Compañía de Ingenieros, Hugo Reyes agregó que eran “los oficiales de Tzalbal, los comandantes de las Compañía de Ingenieros, los que coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos. La gente de Tzalbal no andaba en la montaña, y por eso los capturaron y los formaron en las instalaciones del campamento”.

Así, una anciana de 68 años de edad, de Tzalbal, con el cabello largo, como la describió Reyes, fue ejecutada en el Pino. “Su cabeza fue llevada al comedor del campamento. Y esa noche los soldados formularon una broma: su cabeza fue llevada a una mesa, la mesa donde torteaban el nixtamal las cocineras.

Yo no sé, pero creo que era para que las mujeres de la cocina tomaran algún tipo de reacción. Yo estaba de servicio en la garita número uno esa noche y cuando fui a buscar café me topé con la cabeza de la anciana”.

El testigo luego recalcó que los soldados apostados en toda el área de Nebaj pertenecían a la Primera compañía de ingenieros del Ejército de Guatemala. “Era la única en el lugar. Hasta donde yo puedo entender su orden era ‘indio visto, indio muerto’, esa era la consigna que tenían”. El testigo calculó ante el tribunal que las muertes llegaban a miles. “Llevaban de tres a cinco personas, a veces seis, todas golpeadas, con la lengua cortada, otros tenían las uñas quitadas y otras lesiones. Entre ellos yo no recuerdo haber visto a ningún guerrillero”, dijo Reyes antes de recordar que las muertes en el lugar llamado el Pino empezaban entre las 8 o 9 de las noche, “luego de que los oficiales se echaban los tragos”.

En el lugar de las masacres en este campamento, poco después de que se llegara a la época democrática en Guatemala, en 1986, se exhumaron restos, recordó Hugo Reyes, pero indicó que la exhumación estuvo a cargo de los soldados de la Primera compañía de ingenieros del Ejército y de la G2 (entidad que estaba a cargo del acusado Rodríguez Sánchez). “Todos las osamentas que salieron del Pino fueron quemadas”. / 221

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El testigo que hubiera acusado a Estados Unidos y a Pérez Molina Louisa Reynolds Fotografía de Sandra Sebastián [ Entrevista 22 05 13 ]

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Louisa Reynolds

El periodista estadounidense Allan Nairn sabe bien lo que significa “tierra arrasada” puesto que la vio con sus propios ojos durante sus viajes al área ixil a inicios de los años 80. Entrevistó, entonces, al Presidente de facto Efraín Ríos Montt y a su asesor Francisco Bianchi, quienes le hablaron sobre los operativos contra la población civil.

Nairn también habló con Otto Pérez Molina, a quien llamaban entonces Tito Arias. Ese día cree el periodista, Tito Arias torturó hasta la muerte a guerrilleros capturados.

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Como narra en su blog personal, Nairn iba a presentarse ante el tribunal el 15 de abril a solicitud del Ministerio Público (MP), pero once días antes de su declaración, las revelaciones de otro testigo, Hugo Ramiro Leonardo Reyes, parecen haber provocado que el MP ya no lo llamara. Reyes fue el testigo que hizo coincidir en el mismo destacamento a tres personajes paradigmáticos: el ahora presidente Otto Pérez Molina; el general José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua); y a Juan Chiroy Sal, el acusado de dirigir la masacre de manifestantes de Totonicapán en 2012, y quien en 1982 era menor de edad. Estas declaraciones, aparentemente fuera del guion de la acusación, pudieron haber desatado una crisis entre el Presidente y la Fiscal General, Claudia Paz y Paz; de hecho, Pérez Molina dijo a CNN, el día de la sentencia, que ella lo había llamado para explicarle que no sabía que el testigo Reyes afirmaría eso. Es probable que con ese antecedente, la fiscalía haya decidido prescindir del testigo Nairn.

Los reportajes de Nairn, publicados en The New York Times, The Washington Post, The Nation y The New Republic, entre otros medios, presentan el drama humano de los conflictos bélicos en Guatemala, El Salvador, y Timor Oriental, y exponen cómo Estados Unidos se ha hecho cómplice de las violaciones a los derechos humanos en estos países al proporcionar armas y entrenamiento a regímenes represivos. Los reconocimientos que ha recibido incluyen el Premio Robert F. Kennedy por su cobertura noticiosa en Timor Oriental (1993), el Premio George Polk (1994) y el Premio George Aronson para el Periodismo de Justicia Social (1994).

Nairn y la fotógrafa Jean Marie Simon, figuran en el documental Titular de Hoy: Guatemala, del director finlandés Mikael Wahlforss (1983), una colección de brutales imágenes sobre la violencia en el altiplano y de reveladoras entrevistas con los actores del conflicto: la población civil que fue sistemáticamente atacada por el Ejército, los integrantes de la guerrilla, los soldados y sus comandantes. El periodista ya había viajado a Guatemala, cuando se le informó que su presencia en el Palacio de Justicia no sería requerida. Esta entrevista fue concedida el 10 de mayo, día en que el Tribunal de Mayor Riesgo dictó la condena por genocidio contra Ríos Montt, la cual fue anulada por la Corte de Constiitucionalidad.

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Louisa Reynolds

¿Cuál iba a ser el enfoque de su testimonio? ¿Iba a hablar de lo que presenció en Quiché durante el rodaje del documental de Mikael Wahlforss, Titular de Hoy? Ese iba a ser el punto principal, lo que vi en el campo, lo que me dijeron los soldados y los sobrevivientes, y también las entrevistas que le hice a Ríos Montt.

que no declararía, ¿le dio alguna razón? _ Sólo me dijeron que no testificaría, pero no quiero entrar en detalles.

Cuando entrevistó a Ríos Montt, ¿él admitió que sabía que ¿Se sintió frustrado estaban ocurriendo cuando le dijeron las masacres en el alque no declararía? tiplano?

Sí.

Cuando se suspendió el juicio, ¿pensó que ahí acabaría El 18 de abril, el mistodo? mo día en que se de_ tuvo el juicio, usted escribió en su blog Al inicio sí se había acabado el proceso estaba muerto, que no le habían per- todo, pero lograron resucitarlo y eso mitido declarar y sucedió en gran parte debido que fiscales y jueces a la reacción de Pérez Molina luego de que lo criticaran por habían sido amena- haber detenido el juicio. Al pazados durante el jui- recer eso verdaderamente lo Primero, permitió que cio. ¿Tiene alguna sacudió. se abriera el juicio bajo la condievidencia de ello? ción de que a él no lo tocarían; él estaba dispuesto a sacrificar Sí, ha habido otras amenazas aparte de las que mencioné en el artículo. En el artículo digo todo lo que puedo decir sobre este tema. No puedo decir más que lo que escribí, pero no hay lugar a dudas. De hecho las amenazas han sido mucho más serias de que lo di a entender en el artículo.

Cuando el MP le dijo

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habían ayudado a detener el juicio en primer lugar, los militares retirados y la gente del CACIF, se vieron obligados a retroceder.

a Ríos Montt, igual que todo el establishment, luego cuando se dieron cuenta del daño político que les estaba causando el juicio, cambiaron de opinión y dijeron: “¿Por qué tenemos que sacrificar a Ríos Montt? ¿Por qué tenemos que sacrificar nada?”. Pero cuando llegaron las reacciones y a él lo responsabilizaron personalmente, de repente siguieron las negociaciones y regresó a su postura de sacrificar a Ríos Montt y a los elementos que lo

En mis dos entrevistas con Ríos Montt, él fue muy firme al hablar sobre su mando. Durante la primera entrevista, en mayo de 1982, una de las primeras cosas que le pregunté fue el hecho de que lo conocían como “El Verdugo de Sansiquisay”. Le pregunté: “¿Qué pasó en Sansiquisay?” y esperaba que evitara el tema pero no lo hizo. De hecho, se puso de rodillas sobre la alfombra en el Palacio Nacional y me dijo: “Déjeme que le cuente lo que pasó en Sansiquisay”.

Señalando con el dedo comenzó a representar la escena y dijo: “Bueno, los subversivos estaban aquí y los rodeé y ordené que abrieran fuego”. Estaba describiendo en gran detalle lo que hasta ese momento había sido el único caso en el cual lo habían acusado de cometer violaciones de derechos humanos y en vez de negarlo, él se ufanaba de estar al mando y lo utilizaba como un ejemplo que ilustraba la agresividad de ese mando. En ese tiempo, cuando comenzamos a hablar de las masacres en el campo, en vez de negar que estuvieran ocurriendo, dijo: “Mire, por cada guerrillero que dispara hay diez personas detrás”, refirién-

dose a diez civiles desarmados.

Y luego su secretario, Francisco Bianchi, quien tenía mucho poder, dijo: “Lo que sucede es que los guerrilleros reclutaron a muchos indígenas”, se refirió a ellos como indios, “¿Y cómo se combate la subversión? Hay que matar a los indios porque están del lado de la subversión” y Ríos Montt nunca lo contradijo, nunca objetó a lo que estaba diciendo. Mucho tiempo después, cuando ya había sido depuesto, le pregunté si, dado que él estaba fervientemente a favor de la pena de muerte, creía que merecía ser enjuiciado y ejecutado por el papel que había jugado en las masacres. Y saltó de la silla y gritó: “¡Sí! Llévenme a juicio! ¡Pónganme contra el paredón! Pero si me van a enjuiciar también deben enjuiciar a varios americanos, incluyendo a Ronald Reagan!”. Él siempre ha sido así.

apropiado para un jefe de Estado”. Pero hoy en día, él sigue siendo así. Tiene 86 años y ahí estaba vociferando en ciertos momentos (durante su declaración el 9 de mayo). También solía contradecirse; por una parte decía que por cada guerrillero que disparaba había diez personas detrás, pero luego si uno le preguntaba sobre las masacres decía cosas como “es usted quien está afirmando que hubo masacres”. Se contradecía, saltaba de un tema a otro.

¿Cree que Ríos Montt tenía razón cuando dijo que había que enjuiciar a un buen número de norteamericanos por el papel que jugaron en Guatemala? ¿Cree que eso sería posible?

Cuando lo entrevistó _ en esa época, ¿le sorCreo que en este momento no prendió que hablara es posible. Si uno se avocara a tan abiertamente so- un fiscal estadounidense y le preguntara acerca de la posibibre sus acciones? lidad de enjuiciar a George W. _ Bush por el crimen de agresión Me sorprendió un poco. Él era así. Y esa fue una de las cosas que lo metió en problemas en términos políticos; algunos en el Ejército y mucha gente de la oligarquía sentía que les estaba dando una mala imagen porque salía en la televisión y daba sermones locos en medio de los cuales comenzaba a hablar de sexo y de moralidad personal y la gente pensaba: “Eso no es lo

en Irak —ese fue el cargo que le imputó a muchos de los nazis en Nuremberg— o si uno le preguntara sobre la posibilidad de investigar a Obama por el asesinato de civiles mediante el uso de drones, lo mirarían a uno como un loco a pesar de que las leyes internacionales y estadounidenses les confieren la potestad de iniciar una investigación de ese tipo.

¿Existe ahí una doble moral? _ Claro que sí, porque Estados Unidos apoyó el juicio de Ríos Montt. Primero apoyaron a Ríos Montt cuando estaba cometiendo las matanzas y ahora apoyan que sea enjuiciado por esos delitos y eso es típico de los Estados Unidos. Estados Unidos está apoyando este proceso porque así pueden decir que están a favor de los derechos humanos y pueden utilizar esto como un ejemplo de cómo apoyan a la justicia, y no les cuesta nada porque piensan que es algo que no acabará incriminándolos a ellos también.

Cuando la jueza Barrios dijo que el MP debía investigar a todos aquellos que estuvieron involucrados en los crímenes por los cuales Ríos Montt fue condenado, ¿cree que eso también debería incluir a funcionarios estadounidenses? ¿Cree que podrían ser enjuiciados en Guatemala? _ Sí, creo que el Ministerio Público también tiene el deber de investigar a los americanos que

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Louisa Reynolds

estuvieron involucrados en estos hechos: los funcionarios de la embajada estadounidense, los militares estadounidenses que estaban entrenando a las tropas guatemaltecas, y también bastante personal encubierto. La mayor parte del trabajo que hacían era con la G2. También sugeriría que trataran de obtener un mandato judicial para acceder a los informes de la CIA y de otras unidades estadounidenses de inteligencia, y sobre todo, acceder a las miles de escuchas telefónicas que realizó la Agencia Nacional de Seguridad. Estados Unidos tiene la costumbre de espiar a los ejércitos que apoya.

Lo hacen de manera rutinaria y sistemática y por supuesto, siempre cuentan con la tecnología de espionaje más avanzada.

Eso quiere decir que Estados Unidos siempre estuvo monitoreando las comunicaciones en el Palacio Nacional y en esa época se hacían llamadas entre Ríos Montt y altos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, este es el material más difícil de obtener del gobierno estadounidense.

Ya existe un buen número de cables de la CIA que han sido desclasificados que fueron puestos a disposición del público mediante el National Security Archive.

Algunos de esos documentos se utilizaron como evidencia

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durante el juicio de Ríos Montt. ¿Cree que hay muchos otros documentos que aún no han sido desclasificados? _ Esos documentos, desclasificados mediante La Ley de Acceso a la Información Pública (Freedom of Information Act), tenían un nivel bajo de confidencialidad, no eran considerados como los más confidenciales.

En el caso de los documentos más confidenciales no permiten que se vea ni un solo párrafo. Por ese motivo pienso que la mayoría de la información que tiene Estados Unidos sobre estos crímenes aún no ha sido desclasificada. Como país que participó directamente en estos hechos, Estados Unidos sabe mucho. Por ejemplo, el agregado militar George Maines dijo que él y Benedicto Lucas García desarrollaron la estrategia de enviar a las tropas a las aldeas, la cual resultó en las masacres que se cometieron bajo el régimen de Ríos Montt. Él (Maines) dijo que Benedicto (Lucas García) comenzó con esa estrategia y que Ríos Montt la expandió y la convirtió en una política generalizada. Otro estadounidense que también se encontraba aquí en esa época, un boina verde, el Capitán Jesse García, describió cómo estaba entrenando a las tropas guatemaltecas en tácticas de asalto, lo cual incluía la destrucción de las aldeas.

¿En alguna ocasión

entrevistó a José Mauricio Rodríguez Sánchez? _ No que yo sepa. En ese entonces utilizaban seudónimos.

¿Le sorprendió el hecho de que lo declararan inocente? _ Sí. El G2 no era solamente un cuerpo de inteligencia, era una fuerza armada y fue una responsable por una buena parte de los asesinatos. La G2 se enfocaba casi exclusivamente en la persecución de personas que no eran combatientes. De hecho, hubo un caso en que la G2 secuestró a la persona equivocada, un pastor americano y la embajada estadounidense se lo dijo a Ríos Montt, y él llamó al centro de tortura y dijo: “Agarraron a uno que no era; tienen que soltarlo”. Eso lo mencioné en el artículo “La Burocracia de la Muerte” que firmé con Jean Marie Simon. La G2 le proporcionaba objetivos al Ejército.

Por ejemplo, cuando se cometía una típica masacre, aunque no participara directamente nadie de la G2, le proporcionaban a las patrullas una lista de objetivos y entonces las patrullas iban a las aldeas, miraban la lista, agarraban a esas personas y así comenzaban los interrogatorios y la tortura. La G2 se hacía cómplice de los asesinatos y en muchas ocasiones participaron de manera directa, sobre todo en los asesinatos políticos directos,

para los cuales empleaban a su propio personal, especialmente cuando se trataba de desapariciones forzadas. Agarraban a la gente, la llevaban a los centros de detención y la torturaban hasta que ya no le servía y entonces la descuartizaban y se deshacían de los cuerpos.

De todas las cosas que presenció en Guatemala durante los años 80, ¿qué lo impactó más? _ Enterarme de que una amiga que había desaparecido había sido hallada muerta y que le habían cercenado las manos. También el ambiente de terror: las balaceras, los cuerpos decapitados en la calle. Era muy probable escuchar una ametralladora al andar en la calle durante el día.

Nunca he visto algo así. Desde entonces, he trabajado en contextos similares de represión en muchos países pero sólo hay una situación en la cual los niveles de terror se comparaban con los que se vivieron en Guatemala: Timor Oriental cuando fue ocupada por el Ejército indonesio.

Mataron a una tercera parte de la población, el mismo porcentaje de judíos que mataron los nazis. En 1991, me encontraba en medio de una masacre y logré sobrevivir. Más de 180 personas fueron asesinadas por el Ejército indonesio. Sucedió en un lapso de veinte minutos y mientras los soldados le disparaban a la gente con sus fusiles M16 americanos, me acordé de Guatemala

y pensé: “Dios mío, así es una masacre”. Había escuchado los testimonios de los sobrevivientes y de los soldados, pero en ese momento estaba sucediendo frente a mí.

a veces realizaba personalmente los interrogatorios, como estaba haciendo cuando lo encontramos en Nebaj.

¿Sabía el MP que usted iba a mencionar Dentro de esas insa Otto Pérez Molina trucciones recibidas en su declaración? por el Ministerio Pú_ blico, para que continúe con las pesquisas, No lo sé, creo que siempre exis¿cree que hay sufi- tió esa posibilidad. Las cosas cambiaron luego de que un tesciente evidencia para tigo, un exsoldado, mencionó a investigar y enjuiciar (Otto) Pérez Molina. Al parecer eso lo alarmó y lo sacudió. Creo a Pérez Molina? que nadie esperaba que el testi_ go mencionara a Pérez Molina y Creo que la orden que ella le dio al Ministerio Público de continuar la investigación de todos aquellos que participaron en esos crímenes es tan importante como el fallo contra Ríos Montt. Eso fue algo que me sorprendió, no me lo esperaba.

Tras la condena de Ríos Montt resulta inevitable investigar la culpabilidad de Pérez Molina. ¿Cómo podría el sistema de justicia condenar a un jefe de Estado que estaba a cargo de un programa de genocidio y asesinato a gran escala, pero no investigar y enjuiciar a la figura que estaba implementando ese programa? Pérez Molina estaba más cerca de la sangre que Ríos Montt. Ríos Montt estaba en el Palacio Nacional. Aunque él estaba dando órdenes y recibía informes frecuentes y ordenaba las masacres desde arriba con mano dura, fue Pérez Molina quien estaba en contacto con las víctimas cara a cara y quien

después de eso él tomó medidas para asegurar que eso no volviera a suceder. Parece ser que es algo que le preocupa mucho.

¿Fue prudente arriesgar la continuidad del juicio al mencionar a Pérez Molina? _ Bueno, no fue una decisión política; fue la declaración espontánea de un testigo, el cual, por voluntad propia, decidió mencionar el nombre de Pérez Molina. Eso sacudió todo.

¿Cuál considera que iba a ser la parte más sensible de su declaración? _ Cualquier mención de Pérez

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Louisa Reynolds

Molina. Hay varios aspectos; el más importante es el hecho de que él era un comandante en el campo de operaciones en el área ixil cuando se produjeron las masacres por las cuales Ríos Montt fue condenado. En segundo lugar, cuando estuve allí, hablé con muchos oficiales y soldados que estaban bajo su mando. Dijeron que estaban actuando bajo órdenes y que frecuentemente capturaban y torturaban civiles, algo que describieron en detalle.

¿Podría hablar sobre la escena en Titular de hoy en la cual aparece Otto Pérez Molina junto a los cadáveres de cuatro guerrilleros? _ La parte en el documental donde aparece junto a los cuerpos de cuatro guerrilleros que habían sido capturados la noche anterior ha recibido mucha atención en Guatemala. Me parecía evidente que Pérez Molina había estado involucrado en su muerte porque un soldado dijo que le habían entregado a esos hombres para que los interrogara y otro soldado cuyo rostro no aparece en el documental, me dijo: “Sí, los rematamos, los matamos”, y allí estaban, muertos. La explicación oficial del Ejército es que murieron a consecuencia de la explosión de una granada, pero eso no era plausible. Yo escuché la explosión. No nos encontrábamos muy lejos de allí; de hecho estábamos caminando en la dirección opues-

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ta al cuartel con Pérez Molina cuando ocurrió. Todos lo escuchamos; regresamos corriendo, el entró pero a nosotros no nos dejó entrar. Lo siguiente que vimos, varias horas después, fue que los hombres estaban muertos, como puede ver en el documental. Algunos de ellos habían sido heridos por la explosión, pero los soldados dijeron que estaban vivos y que Tito los había interrogado y de hecho vi a Tito entrar corriendo al lugar donde se había producido la explosión, lo cual significa que un minuto después de haberse producido esa explosión, él tendría que haber estado cara a cara con esos hombres y es imposible que hayan muerto a consecuencia de la explosión. Lo que es mucho más probable es haya ocurrido lo que narraron los soldados: Los hombres estaban vivos y Tito los comenzó a interrogar con mucha fuerza y al final estaban muertos, el Ejército los había matado pero no sé exactamente a manos de quién murieron.

¿En aquél momento esta escena le llamó la atención? _ En ese momento, después de haber sido partícipe de esa escena y de haberme formado de inmediato una idea de lo que había sucedido, no me pareció gran cosa en comparación con todas las otras cosas que estaban sucediendo. Este era un caso en que guerrilleros armados habían sido capturados y habían muerto después de ser interrogados mientras que miles y miles de ci-

viles en las aldeas estaban siendo masacrados por esas tropas, por esos hombres. Eso era algo real, las masacres que sucedían bajo el mando de Ríos Montt. Entonces eso fue lo que me pareció importante en ese momento y Tito no me llamó mucho la atención.

¿Qué impresión le causó Pérez Molina cuando lo entrevistó? _ No me impresionó mucho. El artículo que publiqué en New Republic en esos días apenas contenía algunas frases sobre él. Parecía ser otro burócrata.

Hablaba de forma muy diferente a la de sus subordinados porque obviamente era un hombre político, había sido entrenado para hablar con extranjeros y se limitaba a repetir la línea oficial, mientras que todos sus subordinados, los tenientes, los sargentos, los cabos, las tropas, hablaban con mucha franqueza. El hecho de que la muerte de esos cuatro hombres haya aparecido en el documental fue pura coincidencia y es algo que ahora ha regresado para perseguirlo y es algo que ha dado mucho de qué hablar.

¿Fue esa la única ocasión en que usted lo vio? _ Lo vimos en varias ocasiones durante varios días y grabamos varias entrevistas con él cuando íbamos y veníamos de Nebaj. El

único aspecto relevante era el hecho de que era un comandante que se encontraba en el campo de operaciones y las tropas bajo su mando afirmaban que estaban cometiendo masacres y que estaban actuando bajo órdenes.

Hay muchas horas más de grabaciones. Mikael Wahlforss tiene las copias de las cintas. Valdría la pena revisar eso.

¿Estaría usted dispuesto a declarar en contra de Pérez Mo¿Qué tan importante lina ante un tribunal? cree que ha sido Ti- _ tular de hoy en térmiSí, estaría dispuesto a declarar nos de evidenciar el en cualquier caso en el cual pupapel que jugó Pérez diera saber algo que fuera releMolina durante el vante. conflicto armado?

Durante su declaraHe conocido a mucha gente que ción al final del juiha visto el documental. De he- cio, Ríos Montt dijo: cho, el otro día ocurrió algo que me sorprendió mucho. Comen- “cada comandante de cé a platicar con un soldado y le zona fue responsapregunté: “¿Qué opina sobre el juicio de Ríos Montt?” Comen- ble de lo que pasó en zó a darme su opinión sobre el su territorio”. ¿Cree tema y me dijo: “¿Sabe usted que que estaba culpando hay un video en internet? Tiene que verlo”. Comenzó a describir a comandantes como el video y dijo: “¿Sabe quién sale Pérez Molina? en ese video?” Y señaló en dirección del Palacio Nacional y dijo: _ “Él. Otto Pérez Molina”.

¿Se dejaron fuera tomas que ahora pudieran servir como evidencia para la persecución penal de otros militares involucrados en violaciones de derechos humanos? _

militar que estuvo a cargo de lo que quizás haya sido una de las mayores matanzas en la historia de Guatemala y una de las más grandes matanzas en la historia mundial reciente. Y él estaba orgulloso de ello, era muy franco al hablar sobre su mando, su fuerza, y ahora se está escabullendo, se está escondiendo y está diciendo que no tenía ninguna responsabilidad. Es una respuesta patética por su parte y los hechos la contradicen totalmente.

Bueno, no sé cuáles sean sus intenciones en términos políticos. Obviamente Pérez Molina y Ríos Montt han sido adversarios en el pasado pero más que nada lo que Ríos Montt estaba haciendo era eludir su responsabilidad. De hecho, dijo que las únicas tres responsabilidades que tenía era conferir pensiones, reclutar al personal militar y entregar medallas, lo cual es un acto de cobardía por su parte. Aquí tenemos a un hombre que era un general, un dictador

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Alejandra Gutiérrez Valdizán Fotografía de Sandra Sebastián [ Crónica 08 05 13 ]

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Están en una de esas zonas residenciales de Guatemala en que las arterias están obstruidas por talanqueras y garitas de seguridad. No se diferencia en mucho de los cientos de colonias amuralladas de clase media y media alta. Pero aquí, la densidad de militares por metro cuadrado es bastante mayor que la de otras zonas. Es la colonia Lourdes, asentada en terrenos que les fueron otorgados. Aquí el juicio cambió la rutina.

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Alejandra Gutiérrez Valdizán

Aquí está el Centro Médico Militar —que aloja a Héctor López Fuentes, ligado al juicio por genocidio— . En la avenida principal de Lourdes, en el arriate que divide las dos vías, cuelga una manta que reza: “El secretario de la paz dijo que no hubo genocidio”. El secretario al que se refieren es Antonio Arenales Forno, el funcionario que disolvió los Archivos de la Paz. No son más de treinta, sus edades oscilan entre los veinte y los treinta y pico, llevan quepis, cascos, boinas, camisetas de camuflaje, probablemente prestados por sus padres. Una música atronadora, que es un mix de fiesta de boda y acto cívico, provoca que todos hablen a gritos: Los Iracundos, cumbias, el himno nacional, cornetas.

Los muchachos sonríen, se acercan a los conductores, conversan, limpian cuidadosos con un paño el área del parachoques y pegan la calcomanía.

No todos están dispuestos a hablar, pero tienen un vocero, han escogido a alguien para que lidie con los medios de comunicación. Dos chicos y una joven, que evitan dar declaraciones, señalan amablemente a un muchacho que se encuentra al otro lado de la calle.

En ese momento se acerca un hombre de baja estatura, con bastón, uno de los pocos que comparte generación con los padres de los muchachos que llevan varios fines de semana apostándose en la zona. El hombre dice a la fotógrafa: “Hágame el favor, tómele una foto a ese joven tan bien parecido, el del quepis de coronel”, y señala a uno de los más altos, blancos y fuertes del plantón.

Se presenta. Es Mann Pellecer. (Un nombre conocido, uno de los más activos y constantes comentaristas en las redes sociales y en los medios online, que se define como dentista y analista político.)

Dice: “Yo no tengo miedo a hablar”. Y entonces habla. Sin pausa.

No es militar, pero perdió a sus padres en una emboscada guerrillera y a partir de ese momento odió a los guerrilleros (lo dice: “Odié a los guerrilleros”) pero la formación espiritual le enseñó a perdonar, lo secuestraron — “por tener un buen carro” — y quedó muy malherido, estuvo en Vietnam, cuando tenía 19, pero vino aquí, y vio lo que sucedía y dijo: “¡Nooo, aquí ni loco!”. / 234

—¿Pero tiene una afinidad con los militares?

—Sí, quiero apoyar a los muchachos. Ahora veo que fueron unos brutos, cuando dijeron no más balas ellos cumplieron su palabra, y no se dieron cuenta de que el guerrillero no indígena, el intelectual, con doctorado, los de escritorio, les jugaron la vuelta. Que me disculpen, pero los militares de aquí no tienen esa formación académica. Les pegaron una ensartada.

En “La farsa del genocidio en Guatemala”, una publicación de la Fundación contra el Terrorismo dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, Mann Pellecer es recordado como un excombatiente de Vietnam, ciudadano guatemalteco-estadounidense, que entrega copia al embajador norteamericano de la demanda interpuesta contra los terroristas que asesinaron al embajador John Gordon Mein.

—¿Por qué sólo hay jóvenes aquí?

—No sé —responde Pellecer— . Me imaginé que me iba a encontrar a varios de los antiguos generales.

—¿Y el hecho de que no vayan al parque (central), o al Organismo Judicial, a un lugar público, para ser escuchados?

—Quieren evitar confrontación, imagínese si van y se deja venir una turba de la zona 5, de esa gente que no entiende qué pasó en Guatemala… y los revuelcan. Porque estos patojos no tienen formación militar, a esa patojita gordita le pegan una arrastrada…

Unos minutos más tarde, el chico que estaba al otro lado de la calle, que asume la función de vocero y responde al nombre de Luis Alberto Reyes, da su versión sobre la ausencia de los padres, los militares. Lo hace con desparpajo y cortesía.

—Algunos tienen trabajo, otros por indiferencia, y para otros, digamos que somos su bandera de apoyo, pero ellos apoyan que estemos aquí. Y si nos ponemos una prenda militar es porque aquí en Guatemala se ha dicho que el Ejército es asesino, y el Ejército tiene su base constitucional, y se dijo: “los grupos subversivos no pueden estar” y ellos lo hicieron. Estamos aquí para exigir que se hagan bien las cosas, que no sea un show —dice Reyes en referencia al juicio por genocidio.

Y si ellos están aquí, en su colonia, en lugar de en las plazas tradicionales de manifestación, la explicación es simple, dice: Son ellos los que pagan su gasolina; “no somos acarreados, no nos pagan por estar aquí”.

A Mann Pellecer le parece “una injusticia lo que hacen con el general Ríos Montt. ¡Viejo hueco si usted quiere! Ha sido uno de los pocos generales que ha sido monógamo, palabra. Pero de una vez tildarlo de genocida, eso no es correcto”.

Reyes, el vocero de los jóvenes, no quiere “ser radical”. Sugiere “que se haga el debate”, que para eso “estamos en un país democrático”. Lo que le molesta son los vicios, “las prisas de la juez… ¿por qué no se podía esperar?”, como estudiante de derecho en el último año, este vástago de un coronel que combatió siendo teniente en Qui/ 235

Alejandra Gutiérrez Valdizán

ché pone semblante de preocupación por “el debido proceso”: “Si van a hacer un debate, que sea imparcial, que se respeten los principios de la Constitución —hace una pausa para explicar que lo que suena ahora es el himno del Ejército—. ¿Por qué no aceptó que Gudiel (Francisco García Gudiel) se acredite como abogado? La ley es clara… ella no es la dueña del organismo judicial. Ella tiene que cumplir”.

Ella es la juez Yassmín Barrios, la presidenta del Tribunal cuya imparcialidad Reyes pone en duda.

Otra cosa que le preocupa es la presión de los organismos internacionales. “El hecho de que haya llegado el embajador de Estados Unidos, siempre predicando la doble moral. Nos enzarzan en la guerra y de allí nos dejan: es el país más hipócrita. Y a cuenta de qué tiene que llegar el comisionado de la CICIG… Hacen leña del árbol caído”, sentencia.

El árbol caído pareciera haberse quedado un poco solo. Reyes exclama: “¡Y el empresariado! El empresariado debería salir a defender a la institución que le defendió sus intereses, por eso muchas veces tenían razón en decir que era el Ejército de los ricos. Lamentablemente en una guerra los ricos se hacen más ricos y los pobres ponen los muertos”. “Dicen que hay varias guatemalas, pero en realidad sólo hay dos: la Guatemala pobre y la Guatemala rica”.

Otro periodista pregunta si no está también la Guatemala indígena. ¿Y el racismo?

—Aquí en Guatemala no hay tanto racismo; hay discriminación entre nosotros mismos, a veces se da. Son dos sociedades: la de los ricos y los pobres. No la indígena y la ladina.

Sobre los llamados “excesos” Reyes reconoce los abusos, pero prefiere resaltar otros asuntos más heroicos. “Mi papá es un héroe, para mí es un héroe. Yo estoy seguro de que se portó correctamente. Así como hay buenos policías y malos, también hay buenos y malos militares”. “Mi papá no me vio crecer. Mi papá fue combatiente en Quiché y a donde yo llego y estuvo mi papá, siempre lo recuerdan bien. No es una vergüenza porque mi papá cumplió un mandato constitucional, combatió a un grupo subversivo al margen de la ley. En ningún momento se pasó”.

Más tarde, Jairo Barahona, un joven un poco alejado de los demás, que pasó su infancia en San Marcos, pues su padre trabajaba en la zona militar, con más o menos las mismas palabras, repite lo que dice Reyes. No pone en duda el actuar de su padre.

—Era una guerra.

—Pero, ¿y las mujeres embarazadas y los niños, los ancianos, que han aparecido muertos?

Barahona menciona la posibilidad de infiltraciones guerrilleras en las comunidades.

—¿Y las torturas?

Sin mucha seguridad, responde: / 236

—También en la guerra hay métodos para obtener información.

Se asumen los abusos pero no todos, pero no con las dimensiones que los informes revelan. Ellos, con seguridad, defienden la actuación de sus padres.

Mann Pellecer, el hombre de la generación de sus padres, el que los apoya con su presencia, dice que sí, que hay que reconocerlo, que hubo abusos, pero que tampoco le vengan a contar historias: “Ahora que me vengan a decir que gente como este coronel (uno que recién pasó en su camioneta) se llegó a coger a un montón de indígenas, discúlpeme la palabra, eso sí no… La gente indígena tiene un cierto olor un poco feo, así femeninamente, muy fuerte allá abajo, porque no se bañan… Tiene que estar uno muy necesitado de querer coger, para haber tenido sexo con tanta indígena. Yo creo que sí sucedió, pero no es que haya sido una regla…”.

Para Mann Pellecer todo esto, el proceso, la acusación, no es más que un acto de venganza. Pero su apuesta es cerrar ese capítulo de la historia nacional. “Casi llevé al olvido el recuerdo de mis viejos y este juicio lo ha hecho florecer. Si viene un guerrillero y me dice: ‘yo maté al licenciado’, yo no voy a decir ‘ay, sí, el perdón’. Me va a dar instinto de matarlo, y los hijos del guerrillero van a querer matar a mis hijos. Es mejor frenar esto. Fue una etapa, yo prefiero ya no saber nada. Dicen: ‘que juzguen también a los guerrilleros’, pero eso no me va a devolver a mis viejos”.

Reyes insiste en que siga el juicio, pero se pregunta por los atentados de la guerrilla.

“Está la masacre de El Aguacate, en que está implicado el asesor del ministro de Gobernación, Palma Lau (dos semanas después de esta manifestación fue capturado uno de los acusados). ¿O será que Frank la Rue, asesor en tiempos de Óscar Berger, aprobó las ejecuciones extrajudiciales en una cárcel? Yo lo que insisto es que sean cosas parejas. “ Entre cumbia y cumbia, y Los Iracundos, suena aquella canción con la que muchos de los que crecimos en los 80, y teníamos televisión, aún en blanco y negro, cuando no había cable y cantábamos conmovidos, cuando la transmitían en el canal 5, del Ejército. “Mamá me ha contado que él es un buen soldado…”.

Jairo Barahona, el muchacho más silencioso que el vocero, el que está un poco alejado, insiste en que no se ha reconocido lo que pudieron pasar los hijos de los militares. Y dice: “de los dos lados hay muchas vidas valiosas”. Él recuerda las balaceras, recuerda cómo los guerrilleros apuntaban con un fusil a su hermano para que confesara que su papá era militar. “Pero no podemos retroceder el tiempo”, dice Barahona. “Nosotros también la sufrimos”.

El plan de los jóvenes es continuar haciendo acto de presencia en las calles de la colonia Lourdes. La mayoría de ellos no ha ido al debate en la sala de vistas del Organismo Judicial. Pareciera que no se plantean la posibilidad de una oleada de juicios en los que sus padres pudieran caer. Insisten en que aquello fue una guerra.

Y las guerras son así.

Sus voces, a falta de mayor resonancia, salen en forma de calcomanías pegadas a los parachoques para filtrarse en medio del tráfico de la ciudad y afirmar que no hubo genocidio. Que las guerras son así. / 237

Ríos Montt habló, se declaró inocente y luego fue condenado Oswaldo J. Hernández Fotografía de Sandra Sebastián [ Crónica 12 05 13 ]

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Los generales acusados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez, en una sala abarrotada, calurosa, sofocante, eran apenas dos pequeñas siluetas difusas, lejanas, en medio de cientos de cámaras, cientos de reporteros, y al menos mil personas que acudieron a escuchar la sentencia en contra de los militares.

Había un ambiente de incertidumbre, de ansiedad. También rumores de algunas cuestiones legales que, todavía pendientes, podrían suspender la lectura de la sentencia. Pero no. Cuando entró el tribunal, y la presencia de los tres jueces creó un profundo silencio, se supo que habría una sentencia. Y nada podía detenerla.

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Oswaldo J. Hernández

Poco más de 25 audiencias fueron necesarias para llegar a esta última parte del debate. Por esta sala de vistas desfilaron sobrevivientes de masacres, peritos, militares en retiro, exguerrilleros, familiares de cientos de víctimas, antropólogos, estadísticos, sociólogos y hasta periodistas. La mayoría de los convocados declaró para que la acusación de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad pudiera ser probada. Eso fue a causa de la estrategia del Ministerio Público y los abogados querellantes adhesivos. “Más de 10 años de investigación”, como ellos dijeron.

La defensa en cambio fue más complicada. Cada día de audiencia, durante el debate (y desde el inicio del proceso), abogados y periodistas, estaban atentos a la estrategia que los militares utilizarían.

Amparos, apelaciones, recursos, quejas… todo con la estrategia de retroceder, suspender o anular el debate. Pero muy pocas veces con la intención de cuestionar los delitos que se juzgaban.

En medio de ese contexto los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitimul y Patricia Bustamante llegaron a la última fase del debate. Dijeron que darían lectura a su resolución pidiendo no ser interrumpidos.

No querían más intervenciones de los abogados. No. Y fueron tajantes al prohibir cualquier interferencia. Por nada del mundo suspenderían una vez más el debate, como obligadamente lo hicieron en dos ocasiones. Una el 19 de abril a causa de una sentencia de anulación. Y otra el 2 de mayo, cuando se incorporó un nuevo abogado defensor. Para las cuatro de la tarde del 10 de mayo, los jueces habían deliberado por más de ocho horas y anunciaron que tenían una sentencia.

El veredicto que finalmente determinaría jurídicamente si en Guatemala hubo o no hubo genocidio.

La sala vibró entre murmullos.

Ahora todo dependía de los jueces. / 240

“Les voy a contar una historia” Apenas un día antes de que el tribunal convocara a la audiencia de sentencia, la defensa tiró su última carta. Una que había sido guardada, con recelo, por más de un año en los juzgados. Efraín Ríos Montt pedía declarar. Sería la primera vez, desde que fue ligado a proceso el 26 de enero de 2012, que su voz sería escuchada para defenderse. Nunca antes lo había hecho.

“Lo que diga o deje de decir puede ser usado en mi contra”, fue su mantra para no decir nada hasta ese momento antes de la sentencia, cuando ya no había posibilidad de hacer otra cosa.

Ahora pedía la palabra. En ese momento del debate, nadie —solo sus propios abogados— podía cuestionar la declaración de Ríos Montt.

La estrategia fue hablar sin que fuera debatido.

Sabía, para entonces, el enfoque de la acusación en su contra tras escuchar los argumentos finales de la fiscalía. La intención de genocidio, la cadena de mando, las órdenes, las 1,326 víctimas asesinadas en el área ixil, las 420 osamentas extraídas de Nebaj, Cotzal y Chajul, todo lo que fue contabilizado durante los 26 días que había durado el debate era de su conocimiento.

Efraín Ríos Montt, con 86 años de edad, caminó hacía el estrado, lento, con algunos restos de firmeza. Era la última oportunidad que tenía para persuadir la decisión del tribunal de sentencia. Desde luego, todos querían escucharlo.

Cuando se sentó, a su alrededor, los jueces, los abogados de la defensa y de la fiscalía, y sobre todo los periodistas, parecían niños pequeños, muy ansiosos, a la espera de escuchar un cuento. “Les voy a contar una historia”, dijo Efraín Ríos Montt, frente al estrado, ante el tribunal. Parecía un abuelo que hablaba a sus nietos.

Ríos Montt contaría su historia, pero sobre todo, la de Guatemala. / 241

Oswaldo J. Hernández

El Ejército dividido El relato de Ríos Montt inició en el año de 1973, cuando él era jefe de estudios del colegio Interamericano de Defensa. “De allí me fueron a proponer para que fuera candidato a la Presidencia”, dijo. Y aseguró haber ganado las elecciones en 1974. “Pero aquí había un régimen militar. A mí me llamaron para oponerme a ese régimen militar. Y ganamos las elecciones. Desgraciadamente, los diputados recontaron los votos y perdí”.

En ese momento él se rindió y no peleó ante ese fraude electoral. “Se enojaron conmigo los jóvenes de la izquierda porque no salí a las calles a guerrear. Yo les dije que no me hicieron comandante de guerrilla sino candidato a la Presidencia. Me sacaron de Guatemala. Me fui de agregado militar a la embajada de España”.

Ríos Montt regresó a Guatemala después del terremoto de 1976. Esperaba su retiro del Ejército como maestro en la escuela cristiana Verbo, cuando todo por lo que hoy es juzgado estaba a punto de suceder. Ese minuto previo a todas las masacres en contra de etnia ixil por la cual hoy es acusado. “Allí estaba yo cuando se dio el golpe de Estado de 1982. La situación política en Guatemala era seria. La subversión estaba en el parque central ya lista para tomar el poder. El Ejército, según un informe de un general fallecido, estaba con cansancio de guerra”, le dijo al tribunal.

La fiscalía encuadró los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, en el área ixil, en Quiché, entre dos eventos: el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, en el que Ríos Montt fue declarado presidente, y el 8 de agosto de 1983, en la que fue derrocado.

“Cuando yo llegué como jefe de Estado, el gran compromiso fue ‘Vamos a trabajar por una democracia en ley’”, resaltó, exaltó su voz, y recuperó por unos breves instantes el tono característico que tenía en sus discursos presidenciales y sermones dominicales. Las manos ya extendidas, llenas de ademanes, completaban los gestos de su rostro, a veces nervioso, otras impaciente. Ríos Montt seguía embelesado con su historia. No miraba al tribunal, miraba, sentados allí, atentos, siempre como niños de escuela, a los periodistas frente a él. “¡Tenía que reorganizar el Estado!”, espetó. “El Estado era una de compadrazgos. Descompuesto.

Quebrado porque el presupuesto estaba siendo ejecutado con un siete por ciento de déficit del PIB. Esto naturalmente nos arrinconó”. “Se contaba en ese momento con una fuerza armada cansada, enojada y muy molesta”, indicó, “porque jóvenes militares desplazaron a las jerarquías superiores”.

El Ministerio Público, en sus conclusiones, le hizo ver al tribunal que Ríos Montt comandó un Ejército sólido y unificado. Él quiso rebatir esa aseveración: “Esa unidad granítica del Ejército que decía la fiscalía es falsa”, refutó. “Teníamos a la subversión a la puerta del Palacio. Con un Estado quebrado.

Partidos políticos en todo polarizados, porque acababan de pasar las elecciones del 7 de marzo, de 1982, donde ninguno salía conforme con las elecciones. Y finalmente, nosotros, teníamos una pobreza tremenda. Esas fueron las circunstancias en la que encontré a Guatemala”.

Con cada declaración de Ríos Montt, el silencio se apoderaba como nunca antes de toda la sala. En más de un año de audiencias, antes de que fuera abierto el juicio en su contra, el general en retiro había tenido entre sus manos distintos documentos. Entre ellos la Constitución de la República, el Código Penal y otras leyes. Apuntaba, siempre apuntaba. Se detenía en las partes donde se hablaba de las funciones del Presidente. Anotaba. Llegaba a la pena de los delitos de genocidio y escribía. Quizá todo eso lo hacía esperando este momento. Esperando a contar su versión de la historia del Ejército de Guatemala. / 242

El poder en el gobierno “Ustedes han oído bastante a los acusadores que yo era Ministro de la Defensa Nacional, que Ministro de la Defensa General. Sí, y también el vocal primero era Ministro de Gobernación, y el vocal segundo, era Ministro de Comunicaciones. Los tres éramos ministros porque no teníamos dinero para hacer nada. No teníamos presupuesto. Lo interesante es que en el Ministerio de la Defensa están los acuerdos respectivos en el sentido de que el Ministro de la Defensa era el presidente de la Junta de Gobierno. Se dejó por escrito que el encargado del despacho era el viceministro, y tenía que dejarse por escrito, a efecto de que pudieran hacerse todos los trámites legales y económicos y políticos que al Ministerio de la Defensa correspondían. Entonces el encargado del despacho era el viceministro de la Defensa. No yo”. Así relató su poder de mando para el 23 de marzo de 1982. Acusaba hacía abajo dentro de la línea jerárquica.

Tres meses después de haber dado el golpe de Estado, Ríos Montt se autoproclamó Presidente. Lo hizo desde junio de 1982. En esa fecha, dijo el acusado, desde el Gobierno trataron de hacer un marco legal que les sirviera de referencia. “Como golpe de Estado no podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre, todo se cayó solo. Teníamos que hacer un Estatuto Fundamental de Gobierno. Ese Estatuto fue el que sirvió para reemplazar a la Constitución. Y naturalmente al Ejecutivo se le dio el poder legislativo. Eso siempre asesorado por los honorables abogados”.

Para ese momento, el Estado tenía un staff conformado por los Ministros de Estado. El jefe de esos Ministros era Ríos Montt. Fueron organizados en tres grupos: un Gabinete político-social, uno económico-financiero, y uno de seguridad.

Mauricio Rodríguez Sánchez era parte de esa estructura. Era el jefe de Inteligencia del Ministerio de la Defensa. Le llamaban la D2, y era la sección encargada de recopilar toda la información de lo que ocurría a nivel nacional. Reportaba la información y asesoraba al Presidente.

“A cada Ministerio lo ubicamos con sus características a efecto de que cada gabinete hiciera estudios de la situación en la cual nos encontrábamos”, indicó Ríos Montt.

Encontró, dijo, como si lo dijera sorprendido, que la URNG, a través de sus grupos, le había declarado la guerra al Estado de Guatemala. “Hermanos contra hermanos, no se vale la guerra. No es una guerra. Querían que se declarara que había una guerra interna para declarar territorios libres”. Se refería a lugares que quedaban bajo el control de la subversión.

Su relato estuvo en pausa por varios minutos.

Rodríguez Sánchez escuchaba la declaración muy atento. Asentía de vez en cuando.

Ríos Montt reanudó su intervención al concretar su postura ante la acusación: “Quiero manifestar que de acuerdo con las conclusiones de la fiscalía y los querellantes adhesivos, yo no puedo, de ninguna manera, aceptar las acusaciones en mi contra”.

Señaló que él aceptaba que había sido el Jefe de Estado de Guatemala. Pero que la cadena de mando en el Ejército, explicó, comienza por el Comandante en Jefe del Ejército y el Ministro de la Defensa Nacional. “Pero el Comandante en Jefe del Ejército solo hace tres cosas importantes: movilización, ascensos y condecoraciones, y pensiones”.

Casi una función decorativa.

Los argumentos de Ríos Montt ante el tribunal, desde su defensa en solitario, depositaron el poder sobre el Ejército en mandos inferiores a su puesto. “Es así por mandato del Estatuto Fundamental / 243

Oswaldo J. Hernández

de Gobierno, y la Ley Constitutiva del Ejército”, decía. “En cambio para el Ministro de la Defensa Nacional, además de sus funciones, tiene el mando y la administración del Ejército. Y cumplir y hacer que se cumplan las leyes”. Óscar Humberto Mejía Víctores era el Ministro de Defensa durante esos años. Desde enero de 2012 se ordenó cesar la persecución penal en contra del que después fue también jefe de Estado, al considerar que su estado de salud no era apto para enfrentar a la justicia.

Ríos Montt delegó la responsabilidad sobre Mejía Víctores mientras él explicaba también que el poder en el Ejército era autónomo. “Del jefe del Estado Mayor dependen los comandantes. Y de cada uno de los comandantes, un territorio, una jurisdicción. El poder es una autonomía”.

Cuando la fiscalía presentó los esquemas de mando, iban de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba.

En todo tocaban el despacho del Presidente. Orlando López, del MP, indicó que ambos acusados estaban informados de todo lo que sucedía. De las masacres, de la quema de viviendas, de los desplazamientos en la región ixil.

Ríos Montt dijo que eso no pudo suceder así: “Los señores que me acusan, hicieron un trabajo al revés. Fueron a preguntar por los cabos y sargentos, e hicieron un estudio especial, y de allí para arriba empezaron a hacer informes. A mí el jefe del Estado Mayor, y el Ministro de la Defensa Nacional, no me daban informes de ninguna naturaleza. Yo era un Jefe de Estado, ocupándome de abrir los espacios internacionales”.

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La moralidad, la “guatemalidad” en el discurso Ríos Montt ha sido visto varias veces en la pantalla gigante de este tribunal. Allí luce joven, gallardo y sonriente, con el pelo engominado, prepotente. Y Ríos Montt, atento, tomando nota, se ha visto a sí mismo desde otra época. Es un video de hace 31 años el que han repetido en distintas audiencias.

Antes y durante el debate, en las anteriores partes del proceso.

Un día antes de la sentencia, en su declaración ante los jueces, Ríos Montt recordó ese video: “Probablemente ustedes se han dado cuenta, y lo tienen grabado en sus cámaras, cuando me señalan de racista cuando yo digo que somos un país compuesto de muchas naciones. Y efectivamente así es. Yo les decía, esos son qeqchíes, esos quichés, esos mames, esos pocomames, ¡juntos!, hacen una nación grande. Esa era la intención política. Pero como ellos (la parte acusadora) agarran la partecita que les conviene. Yo quiero decir que lo que interesaba en ese discurso era la unidad, a través de la individualidad, de cada una de las naciones que funcionan en Guatemala”.

“Es cierto, es cierto que pusimos doctrinas”, agregó. Esa fue la razón por la que el gobierno de Ríos Montt implementó el concepto de “guatemalidad”. Según explicó ante el tribunal, la guatemalidad significaba un producto acabado de altísima calidad. “Y eso queríamos entender. No quitar la identidad a los pueblos mayas, sino consolidarlos en ella, pero equiparlos, darles una infraestructura”.

Un documento que, según dijo Ríos Montt, podía respaldar esa visión política de integración nacional que él tenía en 1982 como algo bueno, era un informe del subsecretario de Naciones Unidas para Guatemala de aquel entonces: “No cabe duda que las medidas se están dando, y hay un proyecto, pero lo que pasa es que cuesta mucho”, relató el acusado recordando aquel informe. Pero ese informe ha desaparecido, y nunca lo logró colocar dentro de las pruebas a su favor.

Su proyecto de nación para 1982 y 1983, también tenía un enfoque de moralidad dentro de su discurso. Buscaba que lo moral trascendiera dentro del Estado, según dijo. “Había una necesidad y una frustración, hasta que cambiamos la manera de pensar. Hicimos una campaña a nivel de Estado, en la cual, cada uno de los miembros del Estado eran, antes que nada, servidores públicos, pagados por los impuestos del pueblo. Aprendimos a causa de ello a exigir. Aprendimos que los empleados son servidores y no jefes. En esa campaña de moralidad dijimos que todos los empleados públicos se iban a comportar mejor. Que no iban a robar, que no iban a mentir y que no iban a engañar. Eso fue parte de la campaña que hicimos de moralización del Estado. Porque el Estado no es más que un servidor público”. Era lo que, como indicó, quería establecer para su gobierno. / 245

Oswaldo J. Hernández

La institución armada como protagonista “Desde 1944 hasta 2013 todos los movimientos en una o en otra forma que han hecho que progrese el país han sido guiados por el Ejército. Unos suben y otros bajan. Van componiéndose las cosas de tal manera que a la institución armada se han debido los cambios. Después los revisten de ropajes para que todos —y ellos— digan que hicimos este gobierno”.

El 20 de octubre de 1944, dijo, fue simple y llanamente una sublevación a la Guardia de Honor. El 13 de noviembre fue porque el general Miguel Ydígoras Fuentes estaba comprometiendo a Guatemala con la cuestión de Cuba. Y el 23 de marzo, según Ríos Montt, fue porque el Presidente estaba muy afectado y los compromisos estructurales ya no soportaron los cambios. No había financiamiento y la política no funcionó.

Al fracaso de su gobierno, Ríos Montt lo llamó “inercia política”. “Esta inercia es imposible, para un jefe de Estado, detenerla. Sobre todo en un país tan dividido por diferentes problemas y la falta de capacidad económica y financiera que se tenía para trabajar”.

Pero en la acusación se ha escrito que antes de inercia lo que hizo su gobierno fue darle continuidad a una política contrasubversiva ya establecida, desde años anteriores, por los regímenes militares. La diferencia consiste en que durante su gobierno hubo evidencias de cómo se implementó la estrategia militar en contra de la población civil. Los planes militares Victoria y Sofia 82, y el plan Firmeza 83 han sido presentados como la evidencia de que el gobierno de Ríos Montt catalogó a la población civil como enemigo interno.

Ríos Montt se defendió: “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todas las pruebas no hay una sola que evidencie mi participación”. Y con más ímpetu, agregó: “El plan Victoria 82 lo firmó el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Yo lo vi, y no hay ningún renglón que tenga la intención, el propósito, el objetivo, y que tenga la orden de ir a destruir a algún pueblo, alguna etnia o religión o algo por el estilo. No hay nada de eso. Yo lo vi, firmado por quiénes estaban allí. No vi otros planes. Porque yo tenía mucho trabajo a nivel nacional”.

De Rodríguez Sánchez se sospecha que fue el autor de redactar e implementar estos planes. Su firma aparece en uno de los anexos de inteligencia. Aunque él defendió hasta el último momento de audiencia que no había sido así. “Eran apreciaciones. Nunca órdenes”, sostuvo.

El Ministerio Público solicitó una condena de 75 años de prisión en contra de Ríos Montt y lo mismo para Mauricio Rodríguez Sánchez. Pidió que fueran juzgados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad que se cometieron en 1982 y 1983 en el área ixil.

“Me declaró inocente”, dijo Ríos Montt al final de su exposición. “Nunca he tenido la intención o el propósito de destruir a una etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado, mi ocupación, fue específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en la borda. Guatemala estaba en fracaso.

Y la guerrilla en las puertas del palacio”.

Rodríguez Sánchez se pronunció el día siguiente, la mañana antes de escuchar la sentencia. También se declaró inocente.

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Oswaldo J. Hernรกndez

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Oswaldo J. Hernรกndez

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Sí hubo genocidio La sentencia separará a los dos acusados. Su largo camino juntos, a lo largo de 31 años, a veces hacia el pasado, otras en el presente, terminará por demostrar si en Guatemala hubo genocidio. Los minutos pasan despacio antes de que el tribunal inicie su dictamen. Y cuando lo hace, lo que se escucha es un repaso de todo lo que ha ocurrido. Pero hay un orden en la lectura del tribunal.

Primero: los testimonios de los sobrevivientes sirven como la plataforma de hechos sobre los cuales el tribunal analizará cada uno de los peritajes.

Segundo: Desplazamientos, matanzas, viviendas incendiadas, violaciones sexuales y quema de cosechas forman parte de un panorama que establece un patrón de comportamiento de parte del Estado: la destrucción de un grupo étnico.

Tercero: Un 5.5 por ciento de la población ixil fue asesinada.

Cuarto: En cualquier actividad humana a realizar un proceso de planificación ha existido una motivación previa.

Quinto: Definir a la población civil como enemigo interno.

Sexto: Los planes militares: Victoria 82 y Firmeza 83 dan lineamientos. Sofía 82 concretiza la misión.

Séptimo: “José Efraín tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración, además de estar enterado de los planes militares victoria 82, firmeza 83 y operación Sofía, los cuales autorizó”, dijo el Tribunal.

Octavo: Un D2 no tiene capacidad de mando. No tiene injerencia. No se le responsabiliza en el mando.

Noveno: Una sentencia en contra de Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Con una condena de 80 años en prisión. Y la absolución completa de José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Décimo: La intención inmediata de apelar esa sentencia por parte de la defensa. ¿Repetir su estrategia de apelaciones, amparos, recursos?, ¿condenar al juez? ¿Qué sucede con la no condena de Mauricio Rodríguez Sánchez si logran que alguna de sus estrategias anule la sentencia contra Ríos Montt?

El ruido de fondo, con Efraín Ríos Montt rodeado de cientos de periodistas, a la espera de ser conducido a la prisión de Matamoros, son los aplausos entre el público, los poemas musicalizados de Otto René Castillo y las canciones de Mercedes Sosa. Los familiares de las víctimas, en ixil, agradecen al tribunal: “Tantix, tantix”.

La voz de Efraín Ríos Montt se escucha tenue una última vez: “El tribunal dispuso ponerme a mí como genocida. No se preocupen por mí. He cumplido con la ley y me voy sin ninguna angustia”.

Ríos Montt, con su larga historia, no logró persuadir a ninguno de los jueces.

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#JuicioGenocidio

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Forgetfull Lucy @La_Tello 20 May 2013 Muertos en vano. Vivos en Vano. #JuicioGenocidio Paco Rodríguez @frankrodrijr 20 May 2013 Creo que algunos estan asociando el hecho que por anulacion del #juiciogenocidio por fallo de la CC no existió genocidio, es un error Javier Martínez @_Pacam 20 May 2013 Da vergüenza ajena ver como @noti7 manipula sus “informes“ sobre el #juiciogenocidio Paco Rodríguez @frankrodrijr 17 May 2013 Veo mucho periodista de derecha defendiendo a #Riosmontt en #JuicioGenocidio, cuando lo acusaban en el Jueves Negro “Amnesia o Doble Moral” ¡ ! @lanticursi 17 May 2013 ¿Alguien puede explicarme cómo el veredicto del #juiciogenocidio perjudica al CACIF, a los “guatemaltecos” de ultra-derecha?

Ivonne Veciana Lindo @NoMienta 17 May 2013 Murió Videla. ¿Será que después del #JuicioGenocidio en Guatemala sintió que gritaron ‘next!’?

Virginia @Huishte 13 May 2013 Cuando sea grande quiero ser como Yasmín Barrios #juiciogenocidio.

Xavier Soria J. @EquisSJ 12 May 2013 Este #JuicioGenocidio es la máquina de rayos x más grande que se ha visto. Toda una sociedad desnuda hasta los huesos.

Keep calm @LaaPeqeGonzalez 10 May 2013 Niegan el genocidio, obviamente conflictuado con sus intereses, un verdadero taboó para los medios de comunicación. #juiciogenocidio mSantiagoCastro @sagocastro 10 May 2013 Q tan objetivo fue el #JuicioRíosMontt #JuicioGenocidio? Estoy hablando en serio. Sentencia repite “es logico q”, inferencias?

Lucia Garcia @anlugarcia 10 May 2013 De acuerdo, que se haga justicia a todos a la guerrilla también pero con lo de hoy ya se dio un primer paso... #juiciogenocidio #RiosMontt Celeste.casi.azul @skyblue1990 10 May 2013 Esta noche no quiero reclamar, ni leer gente sin sentido,hoy se hizo justicia, dejenme llorar #sihubogenocidio #juiciogenocidio

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Pablo Arriola @Pablo_knvb 10 May 2013 Otto Pérez Molina, definitivamente serás el próximo en ir a juicio por la comisión del delito de genocidio... #juiciogenocidio Abogada_In_Fieri @AbogadaInFieri 10 May 2013 Lo más importante del #JuicioGenocidio es la voz, LA VOZ de cada guatemalteco exigiendo su derecho y velando por el debido proceso.

Gus Mazariegos @gus_tao 10 May 2013 Alisten sus chequeras para pagar Su parte de la condena....80 años para el viejo y una eternidad para Guatemala #JuicioGenocidio Julio SE @julioserrano 13 May 2013 hay que decir, por muchas razones, que #JuicioGenocidio despertó el #RiosMontt que todos los guatemaltecos llevamos dentro, toca afrontarlo Maite SanzDeGaldeano @maitesdg 10 May 2013 Gracias, Guatemala, por este rayo de luz. #juiciogenocidio Maite SanzDeGaldeano @maitesdg 10 May 2013 Gran día para la #memoriahistórica. Verdad, justicia y reparación en Guatemala. #juiciogenocidio Que cunda el ejemplo!!!

Yo soy Guatemala @Cardenas_2204 10 May 2013 #JuicioGenocidio. El chiste se cuenta solo. @Enano_soy @Enano_Soy 18 Jun 2013 Las élites guatemaltecas ya estaban divididas antes del #JuicioGenocidio. #ForoRiosMontt @pchicola Bernardo Jurema @bernajurema 18 Jun 2013 Donde estaban estos estudiantes que llenan el #ForoRíosMontt que no estaban en el #JuicioGenocidio? #sihubogenocidio Ivonne Veciana Lindo @NoMienta 14 May 2013 “El #JuicioGenocidio es un fallo que rompe la impunidad en la región.

Gt ha tenido masacres numerosas y ésto es positivo” P. Tojeira Keep calm @LaaPeqeGonzalez 10 May 2013 Niegan el genocidio, obviamente conflictuado con sus intereses, un verdadero taboó para los medios de comunicación. #juiciogenocidio m&m @Marga_187 10 May 2013 sin palabras. así sali del #JuicioGenocidio. demasiada emoción a la vez.

Asela Viar @aselaviar 10 May 2013 Rios Montt ordenó la friolera de 15 matanzas en las que murieron 1.771 indígenas en #Guatemala #juiciogenocidio Por fin se ha hecho justicia Tan @tan_hg 10 May 2013 “En este caso sólo viene a aliviar un poco, a calmar un poco a las familias de las víctimas.” Autoridad Ixil en Nebaj. #juiciogenocidio

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Lydia CachoVerified account @lydiacachosi 10 May 2013 @h_i_r_a_m /claro! Hasta después de muerto seguirà sentenciado. #juiciogenocidio Marta Martinez @mart3es 10 May 2013 Hoy tengo una nueva heroína, y se llama Yassmín Barrios. #juiciogenocidio #GenocidioGT Rebeca Lane @RebecaLane6 10 May 2013 #detallesociológico curiosamente, en su mayoría, quienes a través de TW niegan la importancia del #juiciogenocidio tienen menos de 20 años Melisandra @MELISANDRAA 10 May 2013 CULPABLE! #juiciogenocidio Pamela DiMatteo @PameDiMatteo 10 May 2013 RT @PzPenVivo Jueza Barrios, se levanta y envía un abrazo a la audiencia.

Llora. #juiciogenocidio // y Por què llora???

Tan @tan_hg 10 May 2013 ¡La jueza Barrios está llorando! Señora, la amo. #juiciogenocidio S.hey @sheycastillo 10 May 2013 Parece mentira que se asome la justicia en Centroamérica. #RiosMontt #JuicioGenocidio Saturno @cordoviss 10 May 2013 Es que hasta se le eriza la piel a uno. Dan ganas de escupirle en la cara al viejito, en serio. #juiciogenocidio Alejandra Nava @alennava 10 May 2013 Qué cosa cuando países que para muchos no tienen importancia dan muestras tan grandes de justicia #Guatemala #juiciogenocidio Melisandra @MELISANDRAA 10 May 2013 Un día de la madre MEMORABLE! Justicia empieza en Guate 80 años para el genocida en Guatemala! Hoy no duermo, hoy celebro! #juiciogenocidio Marwin @TECmarwin 10 May 2013 TT Mundial #Juiciogenocidio #RiosMontt Ixil Tan @tan_hg 10 May 2013 @luciishta Mi corazón... deberías estar mirando esto. No lo puedo creer. #juiciogenocidio Vannia @vannia_or 10 May 2013 Recordar esta fecha como un precendente para Guatemala y para el mundo, sí hay esperanza en este país de contradicciones. #juiciogenocidio desastrellita @selleries 10 May 2013 por que el #juiciogenocidio probo que #SiHuboGenocidio quien de uds va tomar un octavito de mi parte?

Gabi CN @gabicalderon 10 May 2013 A los que critican les hace falta vivir en su país y sentir cómo se vive el dolor en los ojos y corazón de las víctimas. #juiciogenocidio / 255

desastrellita @selleries 10 May 2013 Ha robado, ha mentido, ha saqueado, ha vivido así, de esta manera, General. General —no importa cuál— #juiciogenocidio #riosmontt #arce ChATo @HoySuiGeneris 10 May 2013 Imposible no ver una chispa de esperanza en este universo de injusticia llamado Guatemala. #juiciogenocidio Andrés Cifuentes @andresciflam 10 May 2013 “Para q exista paz, debe existir antes justicia” #juezabarrios. “No queremos que se repitan estos hechos” #JuicioGenocidio Falso Ídolo Maya @goriron 10 May 2013 ¿Sí sabían que es la primera vez en la historia de la humanidad, verdad? #Juiciogenocidio #RiosMontt Ana Mariela González @casiopea4 10 May 2013 La venganza no nos hace mejores, ¿sabían? #Paz #JuicioGenocidio Dsirée Vega @dsireevega 10 May 2013 A todo coche le llega su sábado #JuicioGenocidio CarlosG @Carlos14_96 10 May 2013 Estamos mal por los problemas sociales de los 80’s pero piensen en como van a ayudar para resolver los problemas actuales #JuicioGenocidio Mildred de Urbina @urbina_mildred 5 Aug 2015 Que parte no entienden que #NoHuboGenocidio dear_prudence @Mariita_canahui 24 Jul 2015 LA GRAN PUTA CON LOS QUE DICEN #NOHUBOGENOCIDIO Fin Carlos Andres @Andreshellrider 21 May 2013 El CACIF dijo, #NoHuboGenocidio y dijeron muy bien patrón, así es esta babosada, así es Guatemala. #sihubogenocidio Lucindita @Lucindita 20 May 2013 Tierra mojada, olor a libertad, libertad que defendió valerosamente nuestro ejercito, ni CALDH ni nadie nos puede callar #NoHuboGenocidio Susan V. Fischmann @tuty_dv 20 May 2013 Las leyes están para cumplirse Gracias Rios Montt por defender nuestra patria. Se hara justicia :) #NoHuboGenocidio #AnimoRiosMontt A ve que deahuevo @laYenteqconta 20 May 2013 y donde están los pseudo-izquierdistas ignorantes q hace unas semanas inundaban tw?!? #justicia #RiosMontt #NoHuboGenocidio Chavo Ruco @El_puass 20 May 2013 #nohubogenocidio me pela la verga José Quiñónez @josef030 16 May 2013Chiapas, México Estoy totalmente en contra @juanfragt. Estos animales creen que los Guatemaltecos somos ignorantes. Siempre diré: #nohubogenocidio / 256

Neto Salas @ErnestoSalas8 16 May 2013 No por que hubo guerra vamos a decir que nuestra Guatemala es país genocida #NoHuboGenocidio Ricardo Figueroa @rikrfigue 16 May 2013 Si fueran gente culta, estudiados, sabrían perfectamente bien que en Guatemala #NoHuboGenocidio Eneida @eneida_g_c 13 May 2013 Que mejor que mi papa diga #nohubogenocidio ! Y si el vivió la época, no como esos que apoyan tanta pendejada Carlos Montepeque @carlosmontpq 13 May 2013 #nohubogenocidio terroristas, izquierdos recalcitrantes todo lo hacen por pisto ayudados por el monton de mulas utiles perdedores PABLO GARCIA @panderd 13 May 2013 Cual es la gana de pedir perdón por algo que no existio #nohubogenocidio Luis G. Velásquez @Piches_ 10 May 2013 Las personas que escriben, “Que asco dan los indios, no deberían de existir” son las mismas que dicen que #NoHuboGenocidio .Más pruebas dan.

Daniel Mellado @DaniiiMellado 10 May 2013 Mandar a #RiosMontt a la carcel no soluciona nada! Quemar las prisiones si ayudara a reducir la delincuencia en un 70% #NoHuboGenocidio Luis Quintanilla @Tio_Lucho 10 May 2013 Yo solo se que los indigenas piensan que con hacerse las victimas son los reyes del mundo. Lo demas me da igual #NoHuboGenocidio Gabo dos ka @gabo2kr 10 May 2013 Despues dicen que porque Guatemala esta tan mal y no se detienen a ver el circo que acaban de crear... #NoHuboGenocidio Rodrigo Rojas @rodrigoerm 10 May 2013 Una muestra + de q ls “acuerdos de paz” fuern una gran payasada! Y que la ignorancia reina, ni siquiera sabn q es Genocidio #nohubogenocidio Henry Carrillo @OrEGT 10 May 2013 Bienvenidos a Guatemala el pais donde la ley vale verga y tambien se cambia la historia del pueblo #nohubogenocidio Carlos Aldana Ortega @plucky_aldana 10 May 2013 Para mi #NoHuboGenocidio o los de la guerrilla tenían pistolitas de agua?

Isa @SavageSophias 10 May 2013 Lo que hubo fue guerra y no genocidio ¿Y a los guerrilleros no les pasa nada? ¿Y a esto le llamamos justicia? ¡FRAUDE! #NOHUBOGENOCIDIO A ve que deahuevo @laYenteqconta 10 May 2013 justicia de pacotilla! #NoHuboGenocidio #RiosMontt es culpable de defender a #Guatemala proceso viciado!

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A. @Duyuspikinglish 10 May 2013 Los miembros de la guerrilla no eran santos, #NoHuboGenocidio único tuit para participar en éste mercado que llaman justicia.

Lester Pérez @lester_prez 10 May 2013 Ahora mostramos al mundo de lo que hay en Guatemala, personas resentidas que solo buscan su propio beneficio! #injusticia #nohubogenocidio MC @marianacs24 10 May 2013 Esas ONGs internacionales están pisteando a todo el sistema de justicia. #nohubogenocidio Andrea Ovando @andreaOvandoO 10 May 2013 Nuestro tejido social no ha sido dañado solamente por el conflicto armado interno #NoHuboGenocidio Puro U-22 @GersonGudielC 10 May 2013 Cuántos comandantes guerrilleros están enjuiciados por abusos cometidos. Impuesto de guerra, violaciones, matanzas y más #Nohubogenocidio Lucia @a_le_u 10 May 2013 Me estalla oir a esa jueza... que verguenza de valoracion de la prueba.... putaaa que juzguen a la guerrilla entonces... #nohubogenocidio Ana Lucía Mazariegos @almazariegos 10 May 2013 @bebejimenez Deplano que Ríos Montt violó a todas. #NOHUBOGENOCIDIO Hèctor Aníbal @hectorAAnibal 10 May 2013 Comienza el linchaniento publico del general efrain rios montt en vivo.

En guatemala #nohubogenocidio.

Nancy Carranza @NancyCarranzaS 10 May 2013 Como guatemalteca no quiero que los periódicos del mundo digan mañana que Guatemala es genocida #NOhubogenocidio JuanRa Zuñiga @JuanRaZiga 10 May 2013 Lamentablemente con ese circo de juiciola sentencia ya está escrita.

Espero que quienes viven del conflicto este felices! #NoHuboGenocidio Puro U-22 @GersonGudielC 9 May 2013 Los #guatemaltecos no son santos Antes guerrilla, hoy pandillas y crímen organizado. La función del Gobierno es poner orden #Nohubogenocidio Yo soy Guatemala @Cardenas_2204 9 May 2013 ¿Para cuando los juicios en contra de esos guerrilleros terroristas? ¡¿PARA CUANDO?! #NoHuboGenocidio #RiosMontt A ve que deahuevo @laYenteqconta 9 May 2013 #RiosMontt sos un GALLO!!! dándole cátedra a toda esa bandada de pseudo-izquierdistas revolucionarios de 5 pesos #NoHuboGenocidio Yo soy Guatemala @Cardenas_2204 9 May 2013 Gracias General Efrain Ríos Montt. #NoHuboGenocidio / 258

Andrea Ixchíu @Andreakomio May 10 El 10 de Mayo en Guatemala también es día de la Madre Justicia. Viva el pueblo Ixil, porque lograron probar que #SíHuboGenocidio. ximecalamora @ximecalamora May 9 LEA LA SENTENCIA POR GENOCIDIO QUE SIGUE VIGENTE!!!! #SIHUBOGENOCIDIO La Filistea. @lafilistea Apr 25 Abril 2013, me unía desde la calle en Brooklyn, en una vigilia familiar apoyando al pueblo Ixil. #SiHuboGenocidio EDY con un “D” @ENVidesFisoeta Jan 11 Un amigo me dijo que me iban a matar por decir que en Guatemala #SÍHUBOGENOCIDIO Andrea Ixchíu @Andreakomio Guatemala tiene una herida abierta, que duele y que no sanara sin verdad. Por las más de 250,000 víctimas de la guerra, justicia!

Aurora @Agustcartoon 13 Sep 2015 #TeJuroQueMeCanseDe Decir a todxs sobre el títere de FCN y sus genocidas y aun así todxs votaron! Vaya que lógica! #SiHuboGenocidio Hugo E. C. A @HuwOoOW 10 Sep 2015 Quede traumado aun era un niño #sihubogenocidio Mr. Revulsivo @elotropaisano 4 Sep 2015Guatemala Si participante en el conflicto armado y Todos lo sabemos Tito y se te juzgara por eso #SiHuboGenocidio #OPMEnElBanquillo @HijosGuatemala konelix @konelix 4 Sep 2015 Las declaraciones de tito arias , son el el precedente para empezar un proceso en contra de el por Genocidio #SiHuboGenocidio Majo Aldana @majitosaldana 30 Aug 2015 Lxs desaparecidxs nos faltan a todxs... Guatemala nunca más podemos guardar silencio u olvidar #MemoriaHistórica #SíHuboGenocidio Fernando Ramos @FernandoRamosB 26 Aug 2015 Ojalá hayan entendido los negacionistas: el juez liga a proceso cuando hay indicios de la comisión de un delito; es decir, #SíHuboGenocidio. canchinflín @Canchinflin13 25 Aug 2015 Mas sin embargo #SíHuboGenocidioSak’al Kej Agustín @tinortiz 18 Aug 2015 ¡Lo demente no te hace inocente #RiosMontt! #SiHuboGenocidio #JuicioGenocidio Javier Martínez @_Pacam 18 Aug 2015Guatemala Si demente le dieron el poder, que demente lo juzguen también. #SíHuboGenocidio

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raúl @raulbarreragt 26 Jul 2015 En tanto que rebanar niños por la mitad, para ahorrar balas, es totalmente razonable. #SíHuboGenocidio El Microbito @_elmicrobito 25 Jul 2015 No me sorprenden los recursos para proteger al general, en Guatemala muchas veces la justicia parece papel higiénico. #SíHuboGenocidio ï ale ï @Ale_Mafaldologa 20 May 2013 Guatemala de luto nuevamente hoy 20 de mayo, 2013 #SíHuboGenocidio #CCcorrupta KBOOM @KtherineOrO 20 May 2013 Paren el mundo, y nos regresamos todos al 19 de abril de 2013... #CorteDeConstitucionalidad pero #SiHuboGenocidio Fredy Hernández @lejournalist 10 May 2013Guatemala Mi corazón es Ixil! #SiHuboGenocidio Justicia en Guatemala! Tiembla el 10/05/2013! Rios de Sangre Montt culpable!

Mariajose España @Mariajose_Esp 9 May 2013 El viernes 10 de mayo de 2013 pasará a la historia! El Tribunal escuchará a Rodríguez Sánchez y dictará sentencia #SiHuboGenocidio Gracia María Grande @GraciaGrande 10 May 2013 #SíHuboGenocidio y Rios Montt es culpable.

Roberto Reyes @qeqchi 9 May 2013 Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que a un militar genocida lo declaren culpable. #SiHuboGenocidio Alquilo insomnio @ese_te_ve 10 May 2013 CULPABLE!!! Se visualiza en el horizonte... #SiHuboGenocidio Claudia V. Samayoa @tucurclaux 10 May 2013 Jose Efrain Rios Montt es culpable de delitos contra deberes de humanidad en calidad de autor. #Sihubogenocidio Lilo @grislilly 10 May 2013 Solo quiero escuchar CULPABLE y así pague ese grandísimo hijo de cien mil putas #SiHuboGenocidio Lourdes Alvarez @desasosegar 10 May 2013 Por las niñas, los niños, mujeres, hombres, ancianos... Culpable #RiosMontt !!! #SiHuboGenocidio victoria colaj @Ramona_Flawers 10 May 2013 CULPABLE #sihubogenocidio. Fin Lourdes Alvarez @desasosegar 10 May 2013 Por las niñas, los niños, mujeres, hombres, ancianos... Culpable #RiosMontt !!! #SiHuboGenocidio / 260

No soy 100tifiko @mega_edgar 10 May 2013 Este día mi mejor regalo es haberse hecho justicia: Ríos Montt: CULPABLE. PENDIENTE: Otto Perez Molina #SíHuboGenocidio La Introversion @La_Introversion 10 May 2013 Vivo en Guatemala desde 1995. Esta es la primera vez que siento que están honrando la historia de mi país. #SiHuboGenocidio Culpable!!!

Juancho99 @Juan99VL 10 May 2013 No importan las apelaciones que vengan hoy sos declarado Culpable, Guate respira Profundo para seguir luchando #SiHuboGenocidio Carlos Fernández @carlosfercid 10 May 2013 Los masacrados tuvieron JUSTICIA #RiosMontt es CULPABLE de Genocidio...#SiHuboGenocidio Alejandro Echeverría @jdiaz_86 10 May 2013 Momento para guardar toda mi vida ¡Rios Montt culpable por delitos contra la humanidad y genocidio! #siHuboGenocidio majolein @majolein 10 May 2013 Hoy dormiré tranquila, mientras que a partir de hoy te irás a la cama sabiendo que te declararon culpable, General #SíHuboGenocidio / 261

Tierra

¿Cómo mataban gente?

—preguntó el fiscal.

—Primero ordenaban al operador de la máquina, al oficial García, que cavara un hoyo. Luego los camiones llenos de gente los parqueaban frente al Pino, y uno por uno, iban pasando. No les disparaban. Muchas veces los puyaban con bayoneta. Les arrancaban el pecho con las bayonetas, y los llevaban a la fosa. Cuando se llenaba la fosa dejaban caer la pala mecánica sobre los cuerpos.

Artista: Regina José Galindo Curadora: Clare Caroline.

Foto: Bertrand Huet.

Producido por Studio Orta durante el programa de residencia “Les Moulins”, en Les mulins de Paillard, Poncé sur le Loir, Francia; 2013. Con el apoyo de la University of the Arts London and La Maréchalerie Centre d’art Versailles

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Cumbia de la memoria

Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra y no pienses que esto se quedó solo en los ochenta tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta tan violenta la manera de quitarle agua al pez el ejército asesinó una y otra vez como piensan desde el odio hacen todo al revés defendiendo intereses de los ricos, talvez usted no se haya dado cuenta pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio Plan Sofía lo decía: hay que matar mayorías qué casual que en esas tierras hoy haya minería “fusiles y frijoles” para reeducar son campos de concentración para ladinizar Ríos Montt no lo niegues te vamos a juzgar cuantas veces necesarias voy a testificar. ¡Claro que sí! ¡Sí hubo genocidio! lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido intentan borrar la historia, yo escribo la memoria escucha esta canción es sentencia condenatoria El pueblo ixil ya te llevó a juicio la jueza Jazmín Barrios dijo: él sí lo hizo durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso empresarios dinosaurios forzaron el retroceso lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. ¡Claro que sí! ¡Sí hubo genocidio! lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido intentan borrar la historia, yo escribo la memoria escucha esta canción es sentencia condenatoria

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¿Cómo que no hubo genocidio?

Tu impunidad no te hará libre

si nací con una mordaza en la boca (no llorar demasiado fuerte que nadie se entere de nuestro dolor de nuestras ausencias es mejor no decir lo que se piensa si no se quiere terminar en el cráter de un volcán)

traemos un trozo de alma herido mala mala Gua-

¿Cómo que no hubo genocidio? si nací con las manos atadas machacadas con culata si escribir poesía del alma me costó años de despojarme del miedo si apenas leemos porque quién quiere leer la historia que impone el terror si leernos es oler la tinta podrida de nuestra sangre

que recordaras

¿Cómo que no hubo genocidio? si nací con la lengua amputada si cantar me da valor y me asusta porque los militares se multiplicaron en el cuerpo de la gente común y corriente que no sabe aceptar colores, opiniones, equipos y bandos diferentes exterminio al diferente exterminio al diferente

hermosa nuestra tristeza porque nos mantiene res-

temala nuestro silencio se convirtió en piedra y nos pesa nuestro útero ultrajado no quiso ser madre del dolor y te sobrevivimos te sentamos en el banquillo de los acusados para nuestra palabra para tu alma podrida para mostrarte que estamos vivas las flores que crecieron en piedra te declararon culpable y por eso las quieres arrancar a nosotras nos quemaste la raíz pero miranos florecemos violentas con la sangre en la boca pirando las lágrimas que derramamos nos alimentan y no habrá ley humana que jamás te absuelva tu inmunidad no anula la historia tu impunidad no te hará libre el veredicto ha sido sentenciado tu espíritu cumplirá la condena

¿Cómo que no hubo genocidio? si nací con tiro de gracia en el tercer ojo y por eso me cuesta tanto tener esperanza ¿Cómo que no continúa el genocidio? si quieren destrozar nuestra memoria y nuestro cuerpo nacido mutilado sabe, por sus cicatrices, que la intención era exterminarlo.

Artista: Rebeca Lane

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También la historia sensible

Artista: Julio Serrano Echeverría

Febrero 2016 Esta historia comienza con un anciano en Chajul diciéndonos “lo único que nosotros queremos es que nuestra memoria no se olvide”. El comentario fue apenas a fines de febrero, digamos bastante cerca de cumplirse tres años de haber iniciado el juicio por genocidio. Nos lo decía en medio de una ceremonia en la que terminaríamos bailando. No había mayor protocolo, es decir, era una ceremonia para celebrar el año nuevo agrícola, el inicio del nuevo ciclo de la vida y la tierra, y se le salió el comentario digamos como las brasas que saltan del fuego.

Es extraño hablar de subjetividades y el juicio por genocidio. Se quedaron enrarecidas la palabras después de esa experiencia. Pero no inmediatamente después, es como si el tiempo les hiciera algo, digamos pronunciar memoria, pronunciar genocidio, la palabra banquillo, intérprete, rebozo, tienen alguna forma de enrarecimiento en los labios cuando se pronuncian.

Abril-Junio 2014 El siguiente momento de esta historia podría ser un año después del juicio preguntándoles a varias personas ¿qué sentías durante el juicio?, a un año aún estaban frescas muchas sensaciones y era particularmente curioso escucharlas. Pero el primer gesto curioso era justamente resultado de la pregunta, había que ser muy fetichista para preguntar qué sentías durante el juicio, no cómo, sino la descripción, el relato de la sensación y del universo sensible del individuo, como cuando hay un terremoto y te preguntan qué estabas haciendo, exacta, justamente así la sensación del juicio: imposible comparar un juicio con aquello por lo que se está llevando a cabo, pero también imposible no hablar de su fuerza telúrica. En fin, la pregunta. Resulta evidente que personas distintas sentían cosas muy distintas, pero es oportuno enfatizarlo, digo, por aquello de la generalización que fue tan común en este proceso, por aquello de caer en la trampa que el juicio por genocidio eran dos bandos tratando de ganar una batalla simbólica. Decir que las sensaciones eran sin lugar a duda un amplio menú de contradicciones y dilemas que el #SíHuboGenocidio y el #NoHuboGenocidio no lo dejaron ver. Así continué preguntando con cierta obsesión sobre las sensaciones del juicio y hubo un par de factores comunes, el primero era un evento curioso, a todas y cada una de las personas que les pregunté qué sentían durante el juicio —pues, durante el tiempo que el juicio se estaba llevando a cabo— decían durante los primeros, digamos, treinta minutos, la perorata ideológica oficial, eso era su punto de vista sobre el hecho histórico del juicio, sus filiaciones, sus fobias y sus filias, algo así como una declaración de principios pero bastante predecible, y no digo esto en un afán de simplificaciones gratuitas, sucede que la polaridad entre el sí y el no simplificaba discursos complejos, muy complejos, en versiones muy parecidas, luego de esos primeros treinta minutos venía lo inesperado, aquello que no pasaba necesariamente por el argumento y que, dependiendo los niveles de confianza, entraba directamente a la contradicción: un silencio incómodo, un “vos, yo en realidad no estoy seguro de eso del genocidio”, “la historia de mi papá no es la misma que la del militar”, digamos por poner dos contradicciones sencillas, silvestres.

Y es que afortunadamente la historia que pasa por el cuerpo, digamos la historia sensible, está llena de contradicciones, indeterminada, la historia sensible como el relámpago en la memoria, nos recuerda Walter Benjamin, como la sensación de la luz ante el rayo, pero nada más, así pareciera sentirse el juicio con el paso del tiempo, como la sensación del rayo, acaso cada nuevo trueno nos recuerda la naturaleza fundamental de la tormenta.

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Diciembre, 1983 Yo nací en Xelajú la noche del 7 de diciembre de 1983, mis padres hacen el chiste que el 7 de marzo de ese año llegó Juan Pablo II a Xela, es decir, exactamente nueve meses antes de mi nacimiento. Apenas unos días antes el 4 de marzo —día en que mi hermano José Antonio cumplía tres años— fueron fusilados Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González como resultado de otra de las sentencias de los Tribunales de Fuero Especial del gobierno de Ríos Montt, tribunales sin rostro, verdugos sería una palabra más exacta, una pieza de diseño del gobierno genocida de José Efraín Rios Montt.

Por su parte, los registros del Diario Militar coinciden justo con las últimas semanas de embarazo de mi mamá, mi nacimiento y lactancia. En su momento, escribiendo un texto sobre Luis de Lión, desaparecido el 15 de mayo de 1984, me percaté de todo lo anterior, mis hermanos, mis amigos, todos los niños con los que crecí en el colegio, y los que me encontraba camino a casa, todos los chicos que nos juntábamos en los partidos de básquet, en las kermesses de los colegios, qué sé yo, muchísimos de nosotros nacimos justo en esos años, nuestros padres hacían el amor y se decían palabras hermosas al oído en medio de esas noches, claro está, habrán fecundaciones menos románticas, muchas seguro, otras muchas más bien traumáticas, criminales y el absurdo inmenso del horror a la vida, en una vuelta a la historia, no logro encontrar un fragmento de Cardoza y Aragón en el que dice que al nacer lloramos por empezar a avanzar hacia la muerte, bien, no lo recuerdo con claridad. Nomás fue un destello que vino.

A Otto René Castillo “Los niños nacidos a finales de siglo serán alegres” O.R.C. Soy hijo del fin de siglo, nacido en tu pueblo, en tu cuadra, a la vuelta de tu casa; sin embargo, mi rostro no es de esperanza.

Todo lo contrario, todo lo contrario. octubre 2002 *Anotación tres años después Tampoco todo lo contrario **Anotación ocho años después No sé, quizás te referías a este siglo ***Anotación el 10 de mayo de 2013 Los niños nacidos a finales de siglo serán alegres. / 267

José Luis Sanz / elFaro Fotografía de Sandra Sebastián [ Crónica 18 08 14 ]

Si el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt simbolizó la oportunidad de que la Justicia en Guatemala se deshiciera de sus mordazas históricas, su anulación y la virtual destitución de la Fiscal Claudia Paz y Paz fue / 268

un puĂąetazo en la mesa para volver al antiguo orden. Jueces con miedo, negociaciones escondidas y redes de favores, mantienen el sistema de Justicia guatemalteco sometido a intereses de grupo, corruptelas y viejos tabĂşes. / 269

José Luis Sanz / elFaro

El día en que la derribaron, Claudia Paz y Paz pensaba que había ganado la partida. Era jueves.

La Fiscal General de Guatemala convocó a su equipo de colaboradores más cercanos para una reunión a las 11 de la mañana en su despacho.

Llevaba meses bajo intenso fuego político. En sólo tres años había encarcelado a estructuras completas de la Mara Salvatrucha o del Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva Justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala.

La cúpula empresarial llevaba meses tratando de acortar a mayo de 2014 su tiempo en el cargo, que inicialmente debía terminar en diciembre. Veían en el rostro redondo y pecoso de Paz y Paz a la izquierda, al viejo comunismo, apropiándose del sistema de Justicia para volverlo contra ellos. La querían fuera. Querían darle una muestra clarísima de su viejo y efectivo poder.

Esa era la partida que la Fiscal creía ganada ese jueves 5 de febrero. Pensaba, por un error de cálculo, que el plazo legal para que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre su caso había expirado. Y unas declaraciones hechas el jueves anterior por Manuel Barquín, vicepresidente del Congreso, dando por buenos dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia a favor de Paz y Paz terminaban de apuntalar su optimismo. La ley y la política estaban, pensaba, de su lado.

A las 11, todo su equipo acudió a la cita. Con su hilo de voz y su parsimonia habituales, perfectas para contar cuentos o secretos, Claudia Paz les comunicó su siguiente paso estratégico en la larga partida de ajedrez en que se ha convertido el pulso por la Justicia en Guatemala. Arturo Aguilar, por años su mano derecha y hasta ese momento su Secretario Privado en el Ministerio Público, iba a dejar ese puesto para unirse como asesor especial a la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de Naciones Unidas. Aguilar y ella lo habían discutido / 270

varias semanas, decidido a solas y hablado ya con el comisionado de la CICIG, un exfiscal colombiano, que daba su completo aval al traslado.

Elvyn Díaz participó en aquella reunión de las 11.

Era el subsecretario privado de la Fiscal.

—Aquel día Claudia nos dijo que sabía que 2014 iba a ser el último año en el MP pero que aún teníamos la posibilidad de dejar un escenario favorable para que cuando nos fuéramos no se cayera todo ni hubiera una cacería de brujas en nuestra contra. —Recuerda cuatro meses después, ya fuera del Ministerio Público—. Por eso el movimiento de Arturo.

—¿Y qué le respondieron ustedes?

—Alabamos la decisión de la jefa. Le dijimos: “Si ustedes ya lo evaluaron, y creen que es por el grupo, adelante.”

Se trataba de un movimiento defensivo. Aunque Paz y Paz pensaba que el pulso por la duración de su mandato estaba resuelto, sabía que vendrían otras acometidas. Con el traslado de Aguilar pretendía sembrar en otras instituciones la experiencia de sus tres años de gestión encarnada en su equipo, una decena de jóvenes abogados penalistas y de Derechos Humanos con los que trabaja desde hace más de una década. El mayor de ellos tiene 50 años. Los hay, como Aguilar, que apenas superan los 30.

Díaz tiene 29. Tiene maneras de estudiante aventajado. Le gusta hablar rápido, tiene un humor cortante y la risa ácida, de sarcasmo destilado.

Justo después de la reunión tenía un almuerzo con dos periodistas de Plaza Pública. Con ellos estaba cuando recibió la llamada: la CC había acortado el periodo de la Fiscal.

—En diciembre se juntaron un grupo de abogados de Zona 10 con Pérez Aguilera, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, y él ya les anticipó que Paz y Paz se iba en mayo —dice—.

Nosotros sabíamos eso...Y aun así llevábamos una semana como cantando victoria. Ellos nos engañaron, lo hicieron bien, no les vamos a quitar el mérito.

En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz. Lo dice, con esas palabras exactas, uno de los hombres que más influyó en él para que lo hiciera: Carlos Menocal, un experiodista que en aquel momento era ministro de Gobernación.

Corpulento, saco informal, mochila al hombro, barba cuidada y lentes de diseño, Menocal duda si pedir o no un café. Transmite siempre la idea de tener prisa, de estar extremadamente ocupado y a punto de irse, pero da detalles y explicaciones por casi una hora, como si el que se sepa lo que sucedió hace cuatro años fuera parte de su trabajo. En eso, el Carlos Menocal periodista se impone al político.

—Álvaro Colom estaba un poco acomplejado porque en su gobierno no avanzaba el sistema de justicia transicional —dice— El nombramiento de Claudia Paz, experta en Derechos Humanos, caía como anillo al dedo.

—¿Poner a Paz y Paz fue entonces una batalla personal de Colom para hacer justicia a las víctimas de la guerra?

—Digamos que una batalla personal y de algunos de quienes éramos sus colaboradores.

En realidad la justicia transicional no era la única preocupación de Colom y sus ministros más cercanos. Guatemala arrastraba aún la losa del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, a manos de un grupo de policías corruptos. Seis días después del crimen, un comando armado entró a la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” en la que estaban los asesinos, los ejecutó y salió por donde había entrado. Ninguna puerta fue forzada. Ningún custodio vio nada. Nunca se capturó a nadie.

El gobierno del entonces presidente Óscar Berger, en negación o complicidad, trató de atribuir el crimen, sin pruebas ni testigos, a otros presos.

Es un hecho probado que durante la administración Berger funcionaron en la Policía escuadrones de la muerte destinados a la limpieza social.

La masacre de “El Boquerón” no fue la única que se cometió en aquellos años en las cárceles de

Guatemala, convertidas en escenario de ajustes de cuentas entre grupos criminales, con la complicidad del Gobierno. Pero el silenciamiento, a tiros y en la cárcel, de los autores de un crimen con implicaciones diplomáticas era la mejor escenificación de un sistema de justicia absolutamente derrotado.

Un año después, ya en el poder, Álvaro Colom encontró en su despacho siete micrófonos y dos cámaras ocultas. Alguien espiaba al presidente de la República. El hombre que debía limpiar la corrupción de los cuerpos de seguridad de Guatemala no podía confiar ni en sus guardaespaldas.

En 2009 arrancó una pequeña revolución en el sistema de justicia para evitar que Guatemala se convirtiera en un Estado fallido. La CICIG, creada en 2006 para ser bastón internacional de un país cojo, comenzó a desnudar el aparataje paralelo ilegal que operaba dentro del Estado, y tanto su presión como la cooperación extranjera lograron dotar a la Fiscalía de nuevas herramientas legales y científicas de investigación como escuchas telefónicas y laboratorios de balística.

Además, la paulatina aparición de nuevos grupos de poder económico ajenos a las familias tradicionales alteró el mapa de influencia en el poder judicial y permitió que la Corte de Constitucionalidad levantara el secreto de documentos militares y resolviera que la desaparición, un crimen habitual durante la reciente guerra civil, no prescribía por ser de carácter permanente. Incluso en la Policía, considerada un irrecuperable foco de corrupción, los gobiernos de España y Estados Unidos patrocinaron y formaron pequeños grupos de agentes jóvenes especializados en la persecución de homicidios y extorsiones.

Pero no bastó. Para marzo de 2010, Colom se había visto forzado a destituir, por corrupción, a tres ministros de Gobernación consecutivos y a dos directores generales de la Policía en solo dos años. Su gobierno había estado a punto de enfrentar un golpe de Estado en 2009 y navegaba con dificultad en medio de pulsos de poder en los que resultaba difícil distinguir las ambiciones puramente políticas de las que tenían raíces criminales. Pese a los avances aislados, el mágico país al que millones de turistas llegaban cada año en busca de ruinas mayas era una ruina en sí mismo.

La convulsión final vendría en junio de 2010: el Comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana, renunció públicamente a su cargo

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José Luis Sanz / elFaro

alegando que una semana antes Colom había elegido como Fiscal General a un corrupto pese a saber, por informes que él mismo le había dado, que tenía vínculos con el narcotráfico. El fiscal bajo sospecha, Conrado Reyes, fue forzado a renunciar y se inició un nuevo proceso de selección. Por eso Colom pudo elegir en diciembre a Claudia Paz y Paz. Cuando le pregunto a Menocal cómo explica que el mismo Álvaro Colom que eligió como Fiscal a Paz y Paz hubiera elegido meses antes a Reyes, le renace el político y trata de lavar las manos del Presidente: —Colom escucha mucho. Fue una decisión demasiado democrática —dice.— Escuchó a muchos sectores y especialmente a su partido.

—Y todo el mundo dice que en diciembre le escuchó a usted.

—Y a otros funcionarios cercanos. Pese a las presiones de su partido, empresariales y dentro de su mismo gobierno, en diciembre tomó la decisión más acertada para el país, no para su partido, ni siquiera para él.

Los miembros de la comisión de preselección del nuevo Fiscal incluyeron a Paz y Paz en la lista final de seis aspirantes para que su perfil académico y progresista adecentara el proceso de cara a la opinión pública, en un momento en el que la legitimidad del sistema político flotaba en las cloacas. Daban por hecho que el Presidente no sería tan estrafalario como para seleccionar a una abogada de ideas provocadoras, dedicada por años al esclarecimiento de los crímenes de la guerra y sin amigos ni deudas en la política. Se equivocaron. A las 12 del mediodía del jueves 9 de diciembre de 2010, Colom le dijo a Menocal que se preparara, que Paz y Paz sería nombrada a las 6 de la tarde y él sería el único miembro del Gabinete presente. También pidió que se enviara invitaciones urgentes al resto de poderes del Estado y a las delegaciones diplomáticas.

Al evento sólo llegaron seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos. La Fiscal que en los siguientes años revolucionaría el Ministerio Público tomó juramento en una ceremonia exprés en un salón pequeño, lejos de los boatos con que se solía investir a sus predecesores. Colom tenía

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que salir de viaje al día siguiente y quería dejar instalada a la fiscal general. Temía que, si esperaba, en su ausencia pudieran fortalecerse y contraatacar quienes se oponían a ese nombramiento.

En esas precarias circunstancias, era de esperar que el respaldo político de Colom no le sirviera de mucho a Paz y Paz una vez en el cargo. Con evidente intención de obstaculizar su trabajo, el Congreso pasó los siguientes cuatro años sin nombrar al Consejo Asesor del MP, que debe autorizar decisiones administrativas como los despidos. Aunque agitó el MP por dentro e intentó una depuración interna, Paz y Paz no pudo despedir a ninguno de los 286 fiscales y empleados del MP a los que destituyó por corruptos o inútiles durante su gestión. Cuando ella dejó el cargo muchos seguían cobrando su salario a pesar de estar fuera de servicio.

La Fiscal General nunca llegó a tener control absoluto del Ministero Público. Elvyn Díaz admite que Claudia Paz no controlaba las fiscalías de Contrabando Aduanero, que solo resolvió un caso en todo su periodo, y de Medio Ambiente, en manos ambas de fiscales en los que no confiaba pero que estaban aforados por su labor sindical. Tampoco incidía apenas en las sedes fiscales más alejadas geográficamente de la capital, a las que a menudo destinó a fiscales bajo sospecha pero a los que no podía destituir.

Más aún, la gestión de Paz y Paz estuvo marcada desde sus primeros pasos por la sombra de la destitución. Los rumores de que no duraría mucho se ventilaban incluso en las páginas de los periódicos. En junio de 2011, cuando llevaba apenas seis meses en el MP, un periodista le preguntó por ese constante ruido de fondo. Su respuesta de entonces cobra un sentido lúgubre tres años después: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico. Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

—¿Qué logran los sectores privados que se opusieron a Claudia Paz y Paz con su salida adelantada? —le pregunto a Menocal.

—Disipan el fantasma de una cacería de brujas en torno al concepto genocidio. El sector poderoso del país piensa que si fue procesado Ríos Montt, el general de generales, el gendarme de la oligarquía, puede caer cualquiera. Se abrió la puerta. Se abrió el dique, y el agua te puede arras-

trar. Por eso el primer objetivo es que el tema del genocidio no avance. Mirá, todo lo que tenga que ver con justicia transicional, por poco que sea, levanta olas. Yo creo que Colom jamás midió las dimensiones políticas de nombrar a Claudia Paz y Paz. —¿No sabía la que estaba liando?

— Exacto. Él que en su gobierno se hizo cientos de miles de peticiones de perdón por crímenes durante la guerra, que llegó a pedir perdón en nombre del Estado por el asesinato de su propio tío a manos del Ejército en el 79, no vio las olas que iba a generar.

La jueza Yassmin Barrios hasta para ir a comprar flores se sube a una patrulla policial. Va al supermercado en un pickup con sirenas y rodeada de los agentes de policía que la protegen desde que hace diez años, el día antes a que iniciara el juicio por el asesinato del obispo Juan Gerardi, alguien arrojó una granada de fragmentación al patio de su casa. El año pasado recibió de nuevo amenazas de muerte y el sistema judicial le asignó un vehículo blindado, pero ella sólo lo usa dos veces al día: para ir y regresar de la torre de tribunales.

Nada más. Dice que el vehículo no es suyo y gasta mucha gasolina. “Uno debe ser austero, no abusar de las cosas”, argumenta con lógica maternal.

Yassmín Barrios, la jueza que en mayo de 2013 condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt, trata de reducir lo más complejo a lógicas simples. Y no tiene vehículo propio.

Su casa es pequeña, objetivamente pequeña. Minúscula al lado de su renombre. Nos ha recibido ella misma en el portón que da a la calle, bajo la mirada incómoda de sus escoltas, resignados a las formas sencillas de la jueza. Viste como lo haría, probablemente, cualquiera de sus vecinas, con una falda a cuadros y un suéter azul ajenos a modas. La jueza apenas se permite la vanidad de pedir que la dejemos ir a maquillarse, cuando descubre que en la entrevista habrá un fotógrafo.

Regresa con el rostro lavado, los labios rojos y la línea de los ojos pintada rutinariamente de negro. Hasta la vanidad de Yassmín Barrios renuncia a la grandeza.

—¿Es difícil ser jueza en Guatemala?

—Sí, definitivamente sí lo es. No por los casos que se juzgan sino por el contexto que nos rodea.

—¿Qué contexto?

—La situación de violencia que impera, y la inseguridad para los juzgadores.

—¿Cree que hay jueces que se excusan de conocer ciertos casos por miedo?

—No puedo contestar lo que es referente a otras personas. Eso lo contestarían ellos. Cada quién sabrá por qué se excusa. Lo que sí puedo decirles es que las excusas solo se pueden plantear cuando existe un motivo. No hay por qué excusarse.

Uno está obligado a cumplir con su deber.

—Pero por ejemplo, un motivo podría ser que le lancen dos granadas en el patio de casa, como le ocurrió a usted.

—Eso fue una noche antes, el debate era al día siguiente. Y me presenté a trabajar.

—¿Qué la mueve a usted a seguir adelante en unos casos que son tan complicados?

—Simplemente soy juez. Cuando empecé a trabajar hice un juramento. Esto es parte del ser juez.

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José Luis Sanz / elFaro

Antes de que la salida de Claudia Paz y Paz de su cargo redibujara el mapa de la Justicia en Guatemala, la idea original de este texto era perfilar al puñado de personas que en los últimos años parecían haber arrebatado el país de los brazos del crimen organizado y los pactos de impunidad. Un puñado de intocables. Mandos medios policiales, fiscales de carrera, mujeres de la proyección internacional de Paz y Paz o Barrios. Una casta de equilibristas que en un entorno político minado y trabajando en instituciones altamente contaminadas asentaban precedentes impensables en países vecinos como El Salvador u Honduras, incapaces de juzgar al 95% de sus criminales de hoy y ni a uno solo de los violadores de derechos humanos del pasado.

Durante las ocho semanas que duró el juicio contra Ríos Montt, Barrios fue una pequeña David de pelo rizado que se batía contra la historia, las estridencias de los abogados defensores y el Goliat invisible de la presión política y mediática.

Los querellantes intentaron maniobrar con cuidado para no incendiar el país, mientras los partidarios de Ríos Montt y las cúpulas empresariales acusaban a Paz y Paz y a Barrios de resquebrajar Guatemala y poner en riesgo los acuerdos de paz.

La derecha guatemalteca cerró filas, restableció lazos con influyentes militares retirados y olvidó sus diferencias por un fin común. Hubo varios intentos legales de detener las audiencias y en todo momento se temió que una zancadilla política truncara el proceso.

Sabedora de que caminaba por un puente estrecho, la Fiscalía llegó a retirar testigos a última hora para no incriminar al presidente Otto Pérez Molina, general retirado y comandante en el terreno durante las masacres de aquellos años, y así evitarle la tentación de intervenir en secreto para detener el juicio.

En una breve encuesta hecha por la universidad Rafael Landívar aquellos días, un 72% de los entrevistados dio por hecho que el proceso no llegaría a su final o el exdictador sería declarado inocente sin tomar en cuenta las pruebas en su contra. Otro estudio de la misma universidad apuntó que el 61% de los columnistas de los principales periódicos del país respaldaron el juicio en sus artículos, pero la sensación de la jueza Barrios era, lo afirma ella, de cerco mediático.

Tal vez sea que las élites guatemaltecas ni siquiera / 274

necesitan generar mayorías para vencer balanzas.

A medida que el juicio avanzaba se acrecentó la sensación de que su voz penetraba en las carnes del proceso. Puede que fuera un resorte anidado en la conciencia colectiva del resto del país, que reaccionó a la voz de sus viejos amos como el hipnotizado que revive recuerdos al escuchar una palabra clave o una melodía determinada.

Aun así, marzo y abril de 2013 fueron meses de esperanza para quienes llevaban décadas pidiendo reformas en la justicia guatemalteca. En menos de una década se había pasado de los ajusticiamientos trogloditas a manos de la Policía a investigar y llevar a juicio tanto a delincuentes comunes como a exdictadores que en nombre de las ideas fueron tan asesinos como los gatilleros de Berger. Si a eso le añadimos que desde 2010 el país experimentó un lento pero constante descenso en la cifra de homicidios, Guatemala vivía una primavera de la Justicia.

Pero desde que el 10 de mayo de 2013 Barrios condenó a Ríos Montt se comenzaron a encadenar mensajes de retroceso. Una mano invisible comenzó a sacudir el cable por el que caminaban en difícil equilibrio Paz y Paz, Yassmín Barrios y el resto de intocables.

Una mano invisible comenzó a sacudir el cable por el que caminaban en difícil equilibrio Paz y Paz, Yassmín Barrios y el resto de intocables.

Primero fue la rápida anulación del juicio, solo diez días después de la sentencia. La Corte de Constitucionalidad, controlada, según fuentes tanto de izquierda como de derecha, por la cúpula empresarial tradicional y en menor medida por el Ejecutivo de turno, alegó defectos de forma para ordenar que el juicio completo se repita. En teoría debe celebrarse en enero de 2015. Después vino la arremetida contra Claudia Paz que terminó en su salida adelantada del cargo.

estirada y las manos en el regazo, casi inmóvil, con una sonrisa perpetua, y pide en cuatro ocasiones que se reformule alguna pregunta porque no comparte su premisa o porque el asunto excede sus competencias como jueza. Tiendo a pensar que es tan prudente porque sabe que cualquier palabra suya puede ser usada en su contra por sus adversarios.

En medio, el Colegio de Abogados de Guatemala intentó suspender en su cargo a Yassmín Barrios, por supuestas faltas éticas en el trato a un abogado defensor durante el juicio. Su sanción nunca llegó a aplicarse y terminó siendo desestimada por la CC, pero una mancha negra cayó sobre quienes habían intentado juzgar al exdictador.

Es como si alguien estuviera cerrando por decreto la primavera.

Pero existe otra posibilidad. Una más probable.

Yassmín Barrios es tan pulcra al conducirse y obrar, tan de libro, que como periodista te desafía a buscarle grietas, defectos, lados oscuros.

En su caso no los encuentras. Puede que no se trate de una mujer prudente por miedo a sus enemigos, sino de que solo alguien de carácter tan discreto y comedido como el de Yasmín Barrios haya podido sobrevivir más de una década en primera línea de un sistema de Justicia acorralado por intereses económicos, políticos y de grupo.

—¿Se siente parte de un pulso entre dos Guatemalas? —le preguntamos a Barrios.

—Un nuevo juicio a Ríos Montt, ¿qué significa para la Justicia?

—¿Por qué me pregunta esto?

—Puedo hablar de lo que nos correspondió a nosotros jueces —se mide, de nuevo, Barrios—.

Nuestra sentencia, porque somos los tres jueces del tribunal quienes la dictamos, constituye un avance. No sólo la realización del debate sino llegar a la sentencia. Hay valoración de testigos, de peritajes, de documentos, y hay responsabilidad del acusado por delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad. Constituye un avance no solo para Guatemala sino para América Latina y para el mundo entero.

—Porque hay claramente dos Guatemalas, como mínimo. Una que quería que el juicio a Ríos Montt llegara a término y otra que no quería que se completara. Hay una parte de Guatemala que se identifica con usted, y otra que la denuncia y presiona.

—Soy una mujer que cree en la justicia, nada más.

Soy abogada. Creo en la justicia. Así de fácil. Sin mucha confusión.

—Lo cuenta usted como si fuera sencillo.

—Lo es. Soy una mujer. Soy una abogada. Creo en la justicia. Así de directo y concreto.

Las respuestas de la jueza son de una sobriedad frustrante para cualquier entrevistador. Todo intento por conseguir que se pronuncie sobre el contexto del juicio o sobre la política guatemalteca es inútil. Se niega a responder las preguntas acerca del impacto del juicio en la sociedad o del grado de independencia que hay en la Justicia guatemalteca. Ni siquiera entra a valorar si Guatemala es racista 30 años después del genocidio.

Por momentos se comporta como si estuviéramos en su sala de audiencias y ella estuviera presidiendo. Responde desde su sofá con la espalda

—Existe otra lectura: sentar a un exjefe de Estado para juzgarlo por genocidio sin duda es un avance, pero por otro lado las reacciones fuera del tribunal y el resultado final, de nulidad de la sentencia...

—Le aclaro que no se anuló la sentencia. Se anuló el proceso. Son cosas diferentes. La Corte no anuló el análisis que efectuamos. No señaló ningún defecto en la sentencia, no entró a estudiarla, y eso es muy importante.

—O sea, que...

—Es un caso sui generis. No hay un antecedente de esa naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico penal. / 275

José Luis Sanz / elFaro

—¿Y usted cree que la anulación fue contra el ordenamiento jurídico?

—Creo que lo más importante es lo que los demás piensen.

“Lo que los demás piensen” es un concepto confuso. Cuando la CC anuló el juicio contra Ríos Montt hubo organismos internacionales que lo consideraron una aberración jurídica. Organizaciones de sociedad civil denunciaron el carácter político de la decisión tomada. Y el entonces comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dall’Anesse dijo en público tres meses después que se trataba de una “anulación ilegal”.

En el otro extremo reaccionaron, cabía espe/ 276

rarlo, los representantes del CACIF, la organización que históricamente ha concentrado a la cúpula empresarial del país. Ellos mismos habían pedido la nulidad del juicio, y acusaron al comisionado Dall’Anesse de vulnerar la Constitución guatemalteca al desafiar una decisión judicial. A ese punto, el costarricense le quedaba sólo un mes en el cargo y ya estaba, por tanto, fuera de la partida. Un comunicado de la CICIG durante el juicio, denunciando la campaña mediática de presión para que Ríos Montt fuera declarado inocente, lo enfrentó con el gobierno de Pérez Molina, que se quejó por vía diplomática ante la ONU y forzó su salida del cargo. Tomar postura contra Ríos Montt en el juicio por genocidio te granjea enemigos poderosos en Guatemala.

El magistrado Pablo Xitumul, que junto a Patricia Bustamante y Yassmín Barrios conformó el tribunal que condenó a Ríos Montt, asegura que no recibió presiones o amenazas directas durante el proceso, pero dice que su teléfono estaba intervenido y no olvida que uno de los abogados defensores del militar le gritó en plena sala de audiencias: “no voy a descansar hasta verlo tras las rejas”. En otro caso, esas palabras no hubieran significado demasiado. En este resultaba tan difícil medir su alcance que el juez las recuerda un año después de que todo acabara.

—Aquellos días, frente a mi residencia pasaban patrullas militares por la vía, porque yo vivo a la orilla de la carretera. Ahí estuvieron durante todo el juicio. Yo al inicio dije “qué bueno, están prestando seguridad”, pero ocho o 15 días después de terminar el juicio se fueron y hasta ahora no han vuelto. ¿Será una coincidencia?

—¿Usted cree que lo era?

Xitumul, originario de una pequeña aldea indígena en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, calla un instante, sonríe y achina un poco más, si eso es posible, sus ojos rasgados.

—Y la otra: que la Policía Nacional Civil retuviera en esos días como en cinco oportunidades a mi hijo mayor, que trabaja en una cadena de restaurantes y a veces regresaba a casa a las 10 u 11 de la noche. Justo llegando a la casa lo paraban, le bajaban de la moto y le pedían su identidad. ¿Será una coincidencia o casualidad? Yo creo que no.

Pablo Xitumul acaba de salir de audiencia y me recibe en su despacho, en el que se hacinan un escritorio, tres sillas y un sofá que apenas dejan espacio para caminar. Junto a Barrios y Bustamante acaba de condenar a una veintena de años de cárcel a seis hombres que formaban una banda de secuestradores. Como sucedió en el juicio por genocidio, él no ha abierto la boca en todo el proceso. Se ha mantenido tieso y callado en su silla, deliberando entre susurros con sus compañeras alguna que otra vez, pero sin hacer pública su voz. Me atrevo a decir que en Guatemala poca gente la ha escuchado. Para la mayoría, el Juzgado A de Mayor Riesgo tiene un solo rostro: el de Yassmín, centro de todas las miradas y ataques —a su peinado, a sus gestos, a su supuesta ideología— de quienes querían que Ríos Montt fuera declarado inocente.

—Ellos tenían objetivos específicos. El primero era desintegrar el tribunal. ¿Y cómo se desintegra el tribunal? Cambiando a la presidencia. Cualquiera de nosotros que estuviera en la presidencia hubiera sido atacado. Hubieran buscado la manera —dice Xitumul.

—¿Y por qué cree que eran esos ataques?

—Por el tipo de juicio, el tipo de personaje a juzgar y también el tema subyacente, que es el conflicto armado.

—Pero se ha juzgado otros casos de crímenes de guerra, sin este revuelo.

—Esta vez el objetivo inicial era no permitir que fueran llevados a juicio estos personajes, pero no por el personaje en sí, sino porque en Guatemala y en otros países se ponen de acuerdo la cúpula militar, empresarial y política. Ellos temían que el juzgamiento de un individuo de estos produjera un efecto dominó hasta llegar a los empresarios.

—Parece que ese es el punto clave: los empresarios.

—Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. No lograron evitar el inicio del debate, y entonces la consigna era parar el juicio: a la cuarta parte, a la mitad, casi al final... Pero tampoco. Entonces hicieron lo que pudieron hacer.

A estas alturas es evidente que el hombre callado del tribunal es, en privado, mucho menos reservado con sus opiniones que Yassmín Barrios. Pablo Xitumul tiene algo de desprendido en su manera de hablar. Como si lo que le pudieran arrebatar no importara, como si ya estuviera de vuelta de todo. Será porque su padre desapareció en 1982, cuando él tenía siete años, y desde entonces le ha tocado encarar poderes. Cuenta cómo, tres meses después de la desaparición, fue con su madre a la presa Chixoy, en cuya construcción trabajaba su padre, para reclamar sus salarios pendientes. Les pidieron un acta de defunción. Les sugirieron que investigara todos los cadáveres encontrados en esos meses en la carretera de Guatemala a Cobán. Él dice que se plantó, que argumentó, que consiguió que le dieran a su madre “un chequecito”.

No es que sea un justiciero: cuando años después / 277

José Luis Sanz / elFaro

decidió estudiar derecho lo hizo por eliminación. Ya antes había tenido que interrumpir sus estudios por falta de dinero y no quería volver a hacerlo. La de Derecho era la única carrera cuyos horarios le permitían continuar trabajando para pagarse la universidad. En eso, Xitumul se parece a Barrios: tiene una mirada y un juicio eminentemente prácticos.

—¿Oiga, la justicia en Guatemala está sometida a un pulso político?

—Bastante. Bastante. Bastante. La carrera judicial inicia en el juez de paz y llega a juez de instancia, donde estamos nosotros. Todos pasamos por un proceso de selección, evaluación y nos nombran para un periodo de cinco años. ¿Pero qué pasa con los magistrados de Corte, de Sala de Apelaciones, de Corte de Constitucionalidad?

—No sé. Dígamelo usted.

—Pues que vienen de afuera, sin haber sido jueces muchos de ellos, pero apadrinados por partidos políticos o grupos empresariales. Y todo eso hace que se comprometa su actuar. Ha habido muchas personas que por compadrazgos, por conectes, llegaron a una magistratura. Siempre hay grupos que van a luchar por llegar ahí. Por eso para mí no hay una garantía de que realmente se administre justicia.

—Pinta usted un escenario oscuro. Es pesimista.

—Solo le soy honesto. Mire, yo vivo en Guatemala, y he visto que nada más tomar posesión la Corte Suprema ya los magistrados se reunían en desayunos, almuerzos, pláticas, charlas, con grandes grupos económicos. Yo, como juez, no podría ir a sentarme con ellos. Yo me dedico a mi trabajo y no quiero comprometer mi forma de resolver.

Tengo para comer, tengo para lo básico. Muchos quisieran abarcar más y vivir en lujos, por eso se olvidan de la Justicia.

Las palabras de Xitumul se podrían atribuir a la decepción. En 2009, lo admite, él también participó como candidato a magistrado de Sala de Apelaciones. Pensó que no tenía perfil suficiente para optar a la Corte Suprema, pero sí los méritos académicos y la experiencia para integrar un ente, el de apelaciones, más técnico. En la fase de preselección le adjudicaron 46 puntos sobre 100 y no le incluyeron en la lista final sobre la que decide una comisión nombrada por el Congreso. Se frustró. Dice que no va a participar nunca más en uno de esos procesos.

—Pero no crea: tampoco entraron quienes tenían 86, 88, 89 puntos, incluyendo a mi compañera Yassmín, que fue de las mejores calificadas.

—¿Tampoco llegaron?

—A ella la incluyeron en el listado solo para cumplir. Pero a la hora de la votación en el Congreso de la República no la tomaron en cuenta. Y en mi caso tampoco fueron los puntos, porque se fueron en el listado final personas que habían sacado 29, 30 puntos y que son los actuales magistrados de sala.

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José Luis Sanz / elFaro

Antes de forzar la renuncia del Fiscal General Conrado Reyes en 2010, la CICIG ya había sacudido el sistema de justicia guatemalteco con otra denuncia pública. El 6 de octubre de 2009, el comisionado Carlos Castresana denunció que un grupo de abogados estaba tratando de tomar control de la Corte Suprema de Justicia para beneficio propio. Aseguraba que seis de los trece candidatos finales a integrar la Corte estaban vinculados a un abogado y empresario que, en secreto, había movido los hilos para ponerlos allí: Roberto López Villatoro, conocido popular y despectivamente en Guatemala como “el rey del tenis”.

De él se ha escrito que encarna a un sector de empresarios emergentes, enriquecidos a la sombra del Estado —su apodo proviene de una vieja adjudicación pública de compra de calzado—, y que durante la última década él personalmente le ha disputado al CACIF el control de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados y del Tribunal Supremo Electoral, antes campo de cultivo exclusivo de sus influencias. López Villatoro es un hombre público que se mueve con soltura en las zonas grises del sistema. Es un operador al que uno recurre cuando necesita atajos, soluciones políticas a problemas legales o soluciones pseudojurídicas a disputas políticas.

Le he pedido una entrevista para que me confirme la versión de Xitumul acerca de que el sistema de Justicia guatemalteco descansa en una cadena de favores. A él, a quien todos señalan como un maestro en ese negocio de los favores.

Me cita en una cafetería de zona 10 en la que se venden tanto cócteles naturales como ropa de diseño que solo he visto en puertos deportivos y en fotografías de criquet. Antes de comenzar, me pregunta si quiero que hablemos on the record o prefiero que me diga toda la verdad. Cuando le respondo que necesito ambas cosas estira una sonrisa de joker y rompe los protocolos: —Tengo un amigo que dice que Guatemala es un ajedrez en el que el rey es hueco —homosexual—, la reina puta, y los alfiles de los dos bandos hacen negocios entre sí. Todo en un tablero redondo.

Entre líneas, el rey del tenis me está diciendo que es un alfil.

—Dicen que usted mueve los hilos para que a uno le elijan magistrado de la Corte Suprema. / 280

—En este país se exagera, se sobredimensiona a las personas. Efectivamente, creo que tengo conocimiento sobre cómo opera el sistema de justicia.

Me he preparado. He estudiado tres maestrías...

—Sabe cómo moverse en el sistema de elección.

—Conocer a muchas personas y saber cómo opera el sistema de Justicia te da la experiencia para conocer las fuerzas que operan en el país y saber cómo llegar. Siempre de acuerdo con las normas que establecen la Constitución de la República y la ley judicial, claro.

—Dígame qué tengo que hacer para ser magistrado.

—Tiene que hablar con académicos, con decanos de las facultades de derecho del país, con los líderes de las agrupaciones gremiales del Colegio de Abogados y luego, obviamente, tiene que hablar con los líderes políticos del país. El sistema fue creado con la buena intención de dar peso a diferentes sectores, pero en todo ese camino se pierde la independencia judicial.

—O sea, que cuando llegara a una alta magistratura debería demasiados favores.

—Obviamente, porque tiene que hacer una labor de lobby. Nadie va a llegar por sí solo. Nadie llega si no es apoyado por un sector, por un partido político. Puedes ser un magistrado con una carrera impecable, pero no te van a evaluar a partir de tus fallos o resoluciones. Esa es la realidad.

Como si todos los caminos de la política guatemalteca actual pasaran por Ríos Montt, López Villatoro estuvo casado con Zury Ríos, hija del exdictador y exvicepresidenta del Congreso. La CICIG dijo en 2009 estar investigándolo por posibles negocios ilícitos, pero nunca le imputó ni probó nada. Tampoco logró detener aquel proceso de elección de magistrados y tres de los abogados apadrinados por López Villatoro han sido hasta 2014 titulares de la Corte Suprema.

Gustavo Berganza, uno de los periodistas que mejor retrata los pulsos por el poder en Guatemala, asegura que el hombre que tengo delante es mucho más influyente hoy que cuando le trataron de derribar hace cinco años.

De las acusaciones que la CICIG hizo en su contra en 2009, López Villatoro dice que Castresana se dejó manipular por las elites tradicionales,

interesadas en cortarles el paso a él y a otros abogados para no tener que compartir cuotas de influencia. El negocio de López Villatoro consiste en acumular el respaldo de abogados para enfocarlo en ciertos candidatos. Éstos, al llegar a un cargo, deberían ser agradecidos, amables, con él y los agremiados a los que representa. Cuando le pregunto si es cierto lo que dice Berganza, que es ahora más influyente que cuando Castresana intentó tumbarle, asiente.

—El tiempo nos dio la razón —dice— Miles de abogados vuelven a confiar en nuestra propuesta.

Hay otras preguntas que López Villatoro no quiere contestar. Hay personas o asuntos, como el pulso por el MP, de los que no quiere hablar.

Cuestión de cálculo. La gente como él sabe que mañana la espiral de intereses puede hacer que tu antiguo adversario se convierta en posible aliado. Tal vez sea también la certeza de que hay enemigos a los que es mejor no crispar sin motivo. En los corrillos de abogados de Guatemala te explican que a la CC se la suele llamar la “corte celestial” no solo porque sus decisiones son inapelables, sino porque recibe líneas directas de los hombres más poderosos del país. Incluso para alguien como López Villatoro es difícil, todavía, incidir en ese olimpo.

La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto. Lo prueba la simple existencia de una figura como la de este alfil y su ejército de peones que disputan pedazos de poder a los vie-

jos reyes. Lo prueban los años de audacia de Paz y Paz. Lo prueba la efímera sentencia contra Ríos Montt. De hecho, ni siquiera la CC es totalmente ajena ya al pulso entre grupos de influencia. La decisión del 5 de febrero que recortó el periodo de Claudia Paz y Paz se tomó por unanimidad de los cinco magistrados, pero la anulación del primer juicio al exdictador no. Se resolvió en una votación dividida, de tres contra dos.

López Villatoro, alejado de romanticismos y aferrado a sus intereses, declara la partida abierta.

Es evidente que piensa que la ganarán los que tengan paciencia y sean prudentes.

Es una virtud cada vez más extendida, la prudencia. Desde que la corte celestial ordenó que el juicio a Ríos Montt se debe repetir, más de 90 jueces se han inhibido de conocer el caso. No quieren ser la nueva Yassmín Barrios o el futuro Pablo Xitumul. Se podría pensar que lo hacen para no desafiar con una nueva condena a las elites, pero ¿cómo explicar que no haya tampoco tres jueces interesados en granjearse el favor del CACIF absolviéndole? El cálculo es más complejo y no tiene apenas que ver con el ideal de la Justicia. Los jueces con ambiciones futuras temen que la unidad de los grupos de derecha en contra del juicio sea solo temporal, que la mesa siga girando y a ellos, sea cual sea su fallo, el tiempo les ponga en el escaque equivocado de este tablero redondo.

**Con reportes de Valeria Guzmán. Carlos Dada participó en la preparación y realización de la entrevista con Yassmín Barrios. **Esta crónica fue publicada originalmente en El Faro, con el apoyo la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y el Fondo Holandés para los Derechos Humanos.

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El entierro mรกs esperado de Estrella Polar Fotos y texto de Simone Dalmasso

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Simone Dalmasso

La madrugada del 23 marzo del 1982, mientras las tropas del general Efraín Ríos Montt tomaban el Palacio Nacional, una patrulla de soldados proveniente del destacamento militar de la finca La Perla, Chajul, rodeó las casas de los mozos de la cercana finca Estrella Polar.

Los militares reunieron a toda la población frente a la alcaldía auxiliar, separaron a los hombres de las mujeres y los niños, y concentraron al primer grupo en la iglesia católica y el segundo en tres casas aledañas.

A las detenidas de nada les sirvió explicar que no conocían guerrilleros y que no solían dar de comer a extraños.

Antes del atardecer, 96 hombres entre adolescentes, adultos y ancianos fueron aniquilados a balazos.

La matanza de Estrella Polar es una de las 13 masacres que azotaron el área de Chajul durante aquel año de terror, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en total hubo un saldo de 700 víctimas entre la población civil. Sólo seis días después, en la colindante finca Covadonga, otra carnicería aumentó el clima de terror y barbarie.

Casi 20 años después, tres mujeres testigos de aquella tragedia pusieron la denuncia en el Ministerio Público, para iniciar el proceso de exhumación de las víctimas de la masacre.

Una de ellas, Eulalia Juan, tenía 25 años cuando los militares mataron a sus tres hermanos. Cuenta que cada vez que se acercaba a la fosa grande donde habían sepultado la mayoría de los cadáveres volvía a vivir el susto de aquel día porque el terreno pantanoso solía hundirse durante la época de lluvia intensa y a veces devolvía huesos a la superficie.

Los mismos trabajos de exhumación tuvieron que detenerse durante todo un invierno, en el 2005, por la imposibilidad de proceder con la recuperación de los restos que, mientras tanto, siguieron hundiéndose en un macabro revoltijo.

Para empeorar la situación, el Programa Nacional de Resarcimiento atrasó el proceso de devolución de los restos hasta los límites de la vergüenza: la repetida cancelación de fechas fijadas para el día de las inhumaciones duró años y frustró tanto a la comunidad que sus autoridades renunciaron a dialogar con el Estado, negando al PNR la autorización para construir los nichos en el cementerio de la aldea.

Acostumbradas a no darse por vencidas, las mujeres no perdieron la esperanza y Eulalia propuso que la construcción se hiciera en el patio de su casa.

Finalmente, el 28 de marzo de este año, todo estaba listo

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Simone Dalmasso

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para celebrar la entrega de las osamentas a sus familiares.

En el salón municipal de Nebaj, cerca de la entrada, se contaban por un lado 20 ataúdes con los restos de las víctimas identificas; y al fondo del salón, 61 cajas de madera, con las osamentas de los no identificados. Este espacio en el que se celebran campeonatos deportivos, convivios, reuniones y asambleas municipales, ahora estaba lleno de ataúdes.

La presencia de tanta muerte chocaba con la ausencia de los vivos: desde el día anterior, cuando las cajas de madera llegaron para que los antropólogos forenses recompusieran los restos de los fallecidos, el salón municipal fue visitado solamente por curiosos porque no fue posible encontrar dinero suficiente para que los familiares de las víctimas viajaran a Nebaj para recibir a sus muertos.

La contradicción fue más rotunda cuando, el día siguiente, desde el municipio partió un nutrido cortejo de pickups y camionetas último modelo en dirección a Estrella Polar, acompañando al camión que llevaba los 81 ataúdes. Al contrario de lo que sucede en casos considerados de menor relevancia, todo el personal de las instituciones y organizaciones relacionadas con derechos humanos y con víctimas del conflicto quiso presenciar la anhelada entrega de las osamentas.

Las mujeres de la comunidad no esperaron la llegada de sus seres queridos con los brazos cruzados: las gigantescas ollas borboteaban desde la madrugada y los molinos de nixtamal molieron mucho más maíz del de rutina. Adornos de papel y flores ya estaban listos para recibir a los difuntos.

La mayoría de los ataúdes se amontonó en el patio de la casa de doña Eulalia, para ser colocados, al día siguiente, en los nichos. Algunas cajas fueron enterradas en nichos individuales en el cementerio de la comunidad. Otras cajas fueron trasladadas a casas particulares.

Los representantes de las instituciones y acompañantes, terminado el protocolo oficial, no tardaron en marcharse al atardecer. Al final quedaban las víctimas y sus familiares, también víctimas.

Fue cuando se quedaron solos, cuando se recompuso el sentido de dignidad de una comunidad entera: más allá de las polémicas por la negación de justicia y de las disputas por las medidas de reparación de parte del Estado, un sentimiento de reconciliación familiar, íntima y profunda, acompañó el velorio por la noche; desde la ceremonia maya con quema de pom e incienso, hasta el ruidoso culto evangélico. Al fin, aquellas mujeres despojadas de sus seres queridos desde hacía 33 años, estaban tranquilas, volvían a juntarse con ellos, los despedían como se debe.

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LA JUSTICIA DE LOS PERRAJES Oswaldo J. Hernández Fotografías de Sandra Sebastián [ Reportaje 27 02 16 ]

El Sistema de Justicia de Guatemala ha dicho que no era

mentira. que la violencia sexual dentro del destacamento militar de Sepur Zarco sí fue real. Más de una decena de mujeres esperaron 34 años este reconocimiento por parte del Estado. Detrás de la sentencia hay una historia más profunda, un proceso mediante el cual Guatemala logró juzgar un delito que había sido excluido de las violaciones a derechos humanos luego de la firma de la paz.

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No son las mujeres más débiles de Guatemala. Al contrario. Han tenido que pasar más de 30 años en un proceso (personal y colectivo) para ellas entender su silencio y entonces buscar la forma de destruirlo. Hoy han conseguido que su voz resuene, fuerte, en q’eqchi’, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo. Y su silencio, el que guardaron durante décadas, ahora es una sentencia. Hay culpables.

Hay condenas. El Ejército de Guatemala las hizo esclavas y abusó de ellas sexualmente a principios de los años 80, en el destacamento Sepur Zarco, ubicado entre Panzós, Alta Verapaz, y El Estor, Izabal. Así lo contaron. “No es mentira lo que hemos sufrido”, fue lo que repitieron a lo largo de todo el juicio. La violencia sexual contra 15 mujeres q’eqchies fue juzgada y el exteniente Steelmer Reyes Girón, el máximo encargado de Sepur Zarco, ha sido condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual y múltiples asesinatos; y junto a él, el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdez Asij, deberá cumplir una condena de 240 años, por haber participado en la desaparición forzada de siete campesinos y la violación sexual —como delito de lesa humanidad— cometida contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.

Para las mujeres, para las abuelas de Sepur Zarco, el juicio ha sido la oportunidad para relatar lo que les ocurrió, porque antes —ni durante la firma de la paz en 1996, ni durante la elaboración de los informes de la verdad—, nadie les había preguntado sobre sus sufrimientos. Durante años, sus testimonios sirvieron para contar lo que le había pasado a otros: torturas, masacres, desapariciones.

Pero lo que había sucedido con ellas, la violencia sexual, la esclavitud, a pocos le importaba. Hace 20 años, en Guatemala, el delito de violencia sexual apenas fue reconocido.

“Su condición siempre fue en función de otros.

Les preguntaban sobre los desaparecidos, los torturados, las masacres, pero nunca sobre ellas mismas y lo que les había ocurrido”, explica Amandine Fulchirone, investigadora principal de Tejidos que lleva el alma, un libro considerado el informe de la verdad sobre violencia sexual en Guatemala, publicado en 2011. Los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco fueron parte de este informe, mucho antes de intentar un reclamo dentro del sistema de justicia. Mucho antes de una sentencia. Un trabajo que tomó diez años.

“Desde hace mucho tiempo estas mujeres pasaron de ser víctimas a ser personas capaces de reclamar un derecho, pero de eso pocos se dan cuenta por la forma en que han tenido que llegar a la Corte”, señala Fulchirone.

Dentro de la sala de vistas del Organismo Judicial, desde el primer día de debate todas llegaron completamente cubiertas por un perraje. Ocultaron sus rostros, sus cuerpos y sus manos. Y de esa forma se mantuvieron estáticas durante 19 audiencias judiciales. A veces un ojo asomaba, sin mucho brillo, con algún destello de expresión apenas perceptible, en otras ocasiones era un cabello cano el que escapaba del rebozo.

“El sistema de justicia es así”, se queja Fulchirone: “Necesita víctimas en lugar de personas. Mientras más golpeado, más débil, más vulnerable te ves ante los jueces es mejor”.

Minutos después de escuchar la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del teniente Reyes, el mismo que las forzó a trabajar en Sepur Zarco durante seis meses, el que permitió que fueran violadas por su tropa, las mujeres de Sepur Zarco, mostraron el rostro, debajo de sus perrajes sonreían y saludaban. “Nuestro corazón es Sepur Zarco”, respondía el público como solidaridad a las ancianas que eran resarcidas por la justicia.

“Ellas pidieron el rebozo. Es una medida de protección ante la mirada de los acusados que a veces es muy penetrante, cargada de odio. Ellas saben que es importante comprender que no son culpables. Y que este sentimiento transmitido a los culpables, son los que ahora sentirán vergüenza”, dice la sicóloga Maudi Patal, del equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicososial (ECAP) que ha acompañado a las víctimas.

Minutos después de escuchar la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo en contra del teniente Reyes, el mismo que las forzó a trabajar en Sepur Zarco durante seis meses, el que permitió que fueran violadas por su tropa, las mujeres de Sepur Zarco, mostraron el rostro, debajo de sus perrajes sonreían y saludaban.

Para Fulchiorone, sin embargo, que hoy trabaja con mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, las mujeres que ha visto a lo largo del juicio de Sepur Zarco no son las que ella recuerda

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cuando las conoció: fuertes, que no necesitaban ocultarse para hablar, o esconderse para nombrar lo que les ocurrió. Es a estas últimas, a las fuertes, y no a las que han ocultado su rostro dentro de la Corte, a las que Fulchirone quiere que todos miren ahí en Tribunales.

Hay también —implícito y explícito— un significado de lo que implica ser mujer en Guatemala, para las mestizas de la ciudad, las indígenas de todo el país, y sobre todo para aquellas que en el caso de Sepur Zarco vienen desde el Valle del Polochic. “Explica ser mujer durante el conflicto armado interno, antes de él y después de él”, dice la investigadora.

Además, se trata de la representación de la ruptura de un contexto comunitario. El recuerdo: la culpa. El testimonio: el susto. La violación sexual:

el abuso. Pero también, debajo de los rostros cubiertos de Sepur Zarco, como dice Yolanda Aguilar, excoordinadora del Consorcio de Víctimas de Violencia Sexual Actoras de Cambio, está presente la sanación. Aguilar acompañó a las mujeres de Sepur Zarco durante casi cinco años, en un proceso “más político que jurídico” para reconocer la violencia sexual que se había cometido en contra de ellas.

Lo político, para construir personas con capacidad de reclamar derechos.

Y ahora, tras una sentencia, lo jurídico: que implicó denunciar y esperar a que el sistema de justicia se activara. “Quizás como el complemento necesario que para algunas de estas mujeres hacía falta”, indica Aguilar.

Cuando la violencia sexual de la guerra no era delito Tras la firma de la paz en Guatemala, el delito de violencia sexual era un asunto incómodo en la agenda y los acuerdos políticos entre el gobierno y la guerrilla. Las violaciones de mujeres durante la guerra simplemente fue obviado, como casi todo en cuestiones de justicia transicional: no hubo acuerdo sobre lo que no y lo que sí se podría juzgar. Nadie intentó sistematizar los casos de violencia contra las mujeres como algo prioritario. Tampoco preguntar en las comunidades.

Era un silencio que se sumaba al gran silencio de la guerra.

“Hay que entender el contexto de esos años. Se empezaba, poco a poco, a hablar de lo que había sucedido. Se rompía el silencio sobre la guerra y era importante, pero había silencios más incómodos, como la violencia sexual”, dice Yolanda Aguilar.

La jueza Yassmín Barrios lo dijo durante su veredicto: “Durante muchos años estas mujeres trabajaron para romper el silencio y buscar justicia”.

Los informes Guatemala: Nunca más del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y Memoria del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), se

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propusieron la tarea de esclarecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. “Su aporte (del REMHI y CEH) fue importante para reconstruir el pasado, para construir el presente y pensar el futuro. Sin embargo, la verdad para las mujeres fue limitada”, recuerda Fulchirone.

El 48 por ciento de los testimonios de la CEH, por ejemplo, pertenecen a mujeres que nunca fueron vistas como víctimas de violaciones de sus derechos sino como testigos de lo que les pasó a otros.

Tanto en el REMHI como dentro de la CEH nunca se planteó un análisis de la guerra y sus efectos sobre las mujeres. En consecuencia, un 90 por ciento de las víctimas del conflicto fueron hombres. Se trató, no obstante, del relato de miles de mujeres que denunciaban un hecho, la ausencia de sus familiares y esposos, pero no la violencia en contra de ellas. Aguilar recuerda que luego de dar su testimonio —ella fue abusada sexualmente por el Ejército— ocho meses antes de terminar el REMHI fue llamada para construir un capítulo específico sobre violaciones sexuales, un trabajo que tuvo que realizar sin bases de datos que pudieran detallar esta parte del con-

flicto, “tampoco se podían vincular las violaciones sexuales con las masacres y otras violaciones a derechos humanos”. En consecuencia, ninguno de los dos informes de la verdad investigó a profundidad la magnitud de este delito. La manera en que las mujeres víctimas de violencia sexual vivían el día a día luego de la guerra quedó en un limbo, sin explicaciones. y buscar justicia”.

Una de las cuestiones más graves, dice Fulchirone, es que la violencia sexual “no fue considerada como una violación a derechos humanos de la misma gravedad que la tortura, la desaparición forzada, la ejecución y las masacres”. El argumento desde la perspectiva de aquellos años, como intenta explicar el libro Tejidos que lleva el alma, era que derechos humanos, al ser algo general para la humanidad, no podía considerar algo específico como lo “femenino”. “Era un asunto privado de las mujeres y que no querían hablar”, señala Fulchirone.

Claudia Estrada, una de las investigadoras del REMHI recuerda que dentro de las entrevistas testimoniales, la violencia sexual no era algo que se preguntara. “Por eso no se investigó ni se registró con la misma profundidad que los otros crímenes cometidos”, indica.

El REMHI, sin embargo, da cuenta de cómo “las violaciones sexuales realizadas por soldados fueron masivas en el caso de masacres o capturas de mujeres”. Las violaciones sexuales formaban parte de la puesta en escena del terror antes de masacrar a las mujeres mayas y a sus comunidades.

El REMHI recopiló 165 testimonios de violencia sexual.

Yolanda Aguilar y Amandine Fulchirone, ante este vacío, decidieron sistematizar la violencia sexual durante la guerra. Ellas reconstruyeron todo el análisis y las recomendaciones que habían quedado fuera de los informes de la verdad. “A partir de las masacres, empezamos a buscar señales del abuso sexual cometidas durante la guerra.

Ubicamos distintas masacres, buscamos a las señoras. Las mujeres agradecían porque nadie antes les había preguntado. Pero fue un silencio difícil de romper”, recuerda Aguilar. Mujeres chuj, mujeres mam, mujeres kakchiqueles y mujeres q’eqchíes —las abuelas de Sepur Zarco— empezaron a hablar sobre lo que les había sucedido.

Se reunieron, hablaron, buscaron una forma colectiva de autoafirmación. “Eso fue el inicio para descubrir lo ocurrido en Sepur Zarco”, explica la abogada de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios. Feministas de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y psicólogos de ECAP fueron la base principal para iniciar las investigaciones, las entrevistas con las víctimas de violencia sexual de toda Guatemala.

Tras la denuncia penal ante el Sistema de Justicia en 2011, Sepur Zarco empezaría a narrar la forma en que operó un destacamento militar como recreo para los soldados asignados a las áreas de Izabal y Alta Verapaz. “Un lugar para la esclavitud sexual y doméstica para 15 mujeres”, indicó la juez Yassmín Barrios durante la sentencia. “Desaparecieron a los esposos para que las mujeres pudieran ser violadas. Heriberto Valdez Asij fue acusado de guiar a los soldados para esta tarea”, agregaba Barrios. “Los asesinatos —de Dominga Choc y sus hijas: Anita y Hermelinda— fueron responsabilidad del teniente Steelmer Reyes Girón”. / 301

Oswaldo J. Hernández

Ser mujer en el Valle de Polochic Imagina que nunca conociste el amor. Imagina que los noviazgos no existen. Que nadie jamás te explicó qué es la menstruación, o cómo se produce un embarazo. Imagina que alguien extraño llega a “pedirte”, que da dinero a tus padres a cambio de “poseerte”. Imagina que para lo único que te han educado —sin saber leer ni escribir—es para ser “esposa” pero no hay quién te indique lo que eso implica. Nadie tampoco te

explicó cómo tener sexo —lo básico de un coito— y entonces, desde el matrimonio, te violan, te duele. Tu rol social, el único posible es ser la “esposa de alguien” que te mantiene, que te da ropa, comida. Imagina que ese es el status social, la mayor aspiración de toda tu vida. Imagina entonces que llegan los soldados, te esclavizan y te violan, y de tajo desaparecen todo aquello en lo que has creído.

Imagina entonces que sobrevives. Y a pesar de eso, la comunidad dice que tuviste la culpa porque no falleciste, porque dejaste que te hicieran, porque a pesar de las armas... La gente te señala, “la viuda”, “la que le gustan los hombres”, “la puta”, “las caseras del Ejército”.

En el Valle del Polochic, a inicios de los años 80, eso era lo que realmente sucedía. Lo que implicaba ser mujer q’eqchí’ en los alrededores de Sepur Zarco, como relata el libro Tejidos que lleva el Alma.

Imagina entonces que sobrevives. Y a pesar de eso, la comunidad dice que tuviste la culpa porque no falleciste, porque dejaste que te hicieran, porque a pesar de las armas... La gente te señala, “la viuda”, “la que le gustan los hombres”, “la puta”, “las caseras del Ejército”. Imagina que sin ser “esposa de alguien”, es decir, sin poder cumplir tu máximo “rol en la sociedad”, lo que te queda es “no servir absolutamente para nada”.

Entonces guardas silencio durante décadas. Te preguntan por las masacres, por torturas, por desaparecidos, pero nunca sobre lo que perdiste, lo que viviste en carne propia.

Son las once mujeres que han podido llegar a un juicio. Las que dijeron frente al tribunal: “si mi esposo estuviera yo no estaría en este lugar”.

Pero también ahí, dentro de la Sala de Vista, fueron maltratadas: “Se pudo dar la práctica de la / 302

prostitución por parte de las mujeres q’eqchies”, argumentó el abogado Moisés Galindo, defensor del teniente Steelmer Reyes al referirse a las mujeres de este caso.

El estigma sobre ellas sobrevive.

La jueza Yassmín Barrios indicó durante el veredicto del Tribunal que las mujeres “sufrieron tratos denigrantes así como abusos y malos tratos”, no obstante, respetaba su valentía, su fuerza.

Amandine Fulchirone explica que cuando se acercaron al pasaje de la violencia sexual en el Valle de Polochic, descubrieron que se hablaba de esclavitud, de violaciones, todo dentro de un destacamento: “Decidimos que lo primero que debíamos hacer era romper el silencio. Empezamos a trabajar la culpa y el susto. La culpa desde el feminismo y el susto desde la cosmovisión indígena”.

Las mujeres de Sepur Zarco en esos años (2004,2005) decían que pasaron por algo que “no les había gustado” y no podían nombrarlo. En vez

de decir violación sexual, decían “me agarraron”, “rompieron mi matrimonio”, “muxuk (profanación)”, “entraron conmigo”. Empezaron a nombrarlo todo, a decir vulva, vagina, pene. Durante el juicio, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo, las mujeres de Sepur Zarco han podido nombrar cada cosa por su nombre: “Me violaron”, “desaparecieron a mi esposo”, “esto no se debe repetir”. Al empezar a nombrarlo también lograron encararlo.

“Lo más difícil, el logro más grande”, recuerda Aguilar, “fue cuando lograron bailar”. “La construcción fue política. La sanación fue integral”, añade, cuando recuerda los ejercicios y talleres que organizaban para que ellas aprendieran a expresarse.

El susto, por otra parte, en la cultura q’eqchi’ su-

cede cuando “el espíritu sale del cuerpo” a causa de un sobresalto muy grande. En el Valle del Polochic, la recuperación del espíritu se realiza a través de la ayuda de un Aj’Quij (guía espiritual). “Muchas veces los Aj’ Quij son hombres, y las mujeres de Sepur Zarco no podían explicar el origen de su espanto, la violencia sexual. Habían pasado años y no habían podido recuperarse del susto”, indica Aguilar.

Durante el juicio de Sepur Zarco, el miedo, el susto, la culpa, como explicó la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj, forman parte de la evidencia de un rompimiento cultural. “No se trata sólo del sufrimiento de las víctimas a título individual, se lesionó a toda la cultura q’eqchí”, como explicó también la antropóloga, y perito en el juicio, Rita Segato.

Autoafirmación

Frente a la comunidad, quedaron las mujeres solas, viudas. Sus esposos —Mateo Cac Chuc, José Choc, Antonio Zuc Cac, Juan Cac, Luis Xol, Abelardo Cuc, Sabino Caal— habían desaparecido. “Nuestro delito fue defender la tierra, por eso mataron a nuestros maridos”, relataron las mujeres en el peritaje de Velásquez Nimatuj. El reclamo de sus tierras, un proceso iniciado por sus esposos ante el Instituto de Transformación Agraria (INTA), había quedado inconcluso.

Tejidos que lleva el alma explica: “Los relatos de las viudas q’eqchies ponen de manifiesto las batallas que tuvieron que dar para que no les quitaran la tierra de sus esposos y que las inscribieran a su nombre”. Como viudas, empezaron a reclamar derechos dentro de la comunidad, a tener una opinión para la colectividad. “Empezaron a tener una voz, y también asumieron liderazgos, un nuevo rol social, aunque configurado desde la ausencia de sus esposos”, dice Fulchirone.

“Es allí de donde surge la necesidad de existir socialmente y de autoafirmarse”, dice Aguilar. por ellas.

Es esta la historia detrás de los perrajes de Sepur Zarco: mujeres que han recorrido un camino largo hasta reconocerse como sujetas de derecho.

Antes de pedir un juicio, las mujeres del Valle de Polochic enfrentaron su silencio. “El fortalecimiento de sus capacidades desencadenó un proceso de autovaloración y autoafirmación, que a su vez desembocó en una mayor autonomía”, explica Fulchirone.

Les permitió nombrar y tomar conciencia que la violencia sexual no fue un acto normal y poco importante, sino que fue un acto cruel e injusto que atentó contra sus vidas y dignidad. Dentro de los tribunales, frente a los acusados, fue lo que reclamaron. Detrás de sus perrajes, su risa, sus saludos frente a la multitud, las mujeres de Sepur Zarco ya no eran víctimas sino mujeres con derechos. “Los juzgadores consideramos que delitos de esta naturaleza no deben volverse a repetir nunca más”, sentenció Yassmín Barrios. / 303

Nebaj, el olvido que se acerca Sebastián Escalón Fotografía de Simone Dalmasso [ Crónica 18 05 16]

El tribunal que conoce el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt estuvo tres días en Nebaj, Quiché, para escuchar el testimonio de doce testigos ancianos. Tres de ellos nos permitieron acompañarlos y nos contaron su historia. Cada vez están más cansados.

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Hace 30 años, Nebaj era una aldea de casas de adobe pintadas de blanco, rodeadas de pequeños patios cubiertos de milpa. Muy pocos vehículos circulaban por sus calles de tierra, pobladas de animales domésticos y niños. Para los mochileros, antropólogos y misioneros extranjeros, llegar a Nebaj era como llegar al Tíbet, a un valle místico, remoto y fuera del tiempo. Pero un valle traumado por una orgía de sangre, de la que aún no se conocían las dimensiones, y sometido a un férreo control del Ejército. Desde el campanario de la iglesia católica asomaba todavía el cañón de una ametralladora punto 50.

Ahora, el cemento ha tomado posesión de las calles de Nebaj, convertida en una pujante ciudad de más de 30 mil almas. Las casas suman un piso sobre otro, a medida que las familias crecen. La actividad comercial es frenética y por doquier, surgen como hongos nuevos negocios: hoteles, restaurantes, cafés internet, tiendas de ropa, bisutería y teléfonos celulares. Camiones y picops cargados de mercancías van y vienen de las aldeas. Es como si Santa María Nebaj drenara toda la riqueza del territorio ixil.

Hay tanto que comprar y vender que queda poco tiempo para voltear al pasado. La guerra, las masacres de principios de los 80 y todo el sufrimiento de las comunidades ixiles es un recuerdo nebuloso entre una población joven, cuyo interés por escarbar viejas tragedias es casi nulo.

Durante tres días, del 19 al 21 de abril, el tribunal que conoce el nuevo juicio por genocidio en contra de los generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, se desplazó a Nebaj para escuchar a una docena testigos ancianos que no podían viajar a la capital. Pero este acontecimiento histórico no apartó a los habitantes de sus impostergables actividades diarias.

Sin embargo, pequeñas escenas en el pueblo traían reminiscencias del pasado. Al caer la noche, el día antes del juicio, frente al pórtico de la iglesia, las asociaciones de víctimas se preparaban a celebrar una ceremonia maya. Su idea era rendir homenaje a las víctimas de la represión y poner bajo los mejores auspicios el proceso judicial.

Un círculo de hojas de pino y pétalos de flor yacía sobre el suelo, cubierto por velas, ocote e incienso.

Un equipo de sonido había sido trasladado para que los 30 o 40 asistentes pudieran oír. Tres mujeres ajquí, las guías espirituales, colocaban botellitas de aguardiente. Todo estaba listo, pero había que esperar.

A unos metros de allí, frente al arco monumental a la par de la iglesia, otra actividad se había apropiado del espacio sonoro. Un grupo de jóvenes del colegio evangélico Bethania escenificaba una pantomima. Unas bocinas mucho más poderosas que la de las organizaciones de víctimas lanzaban al aire un estridente rock-n-roll cristiano mientras los mimos recreaban la inevitable lucha entre el bien y el mal, entre un Satanás de cara verde y un Jesucristo rellenito, de pelo corto y engominado, tan sólo reconocible por la túnica blanca y su obstinación por levantar a todo el mundo del suelo.

Miguel de León, líder de la alcaldía indígena de Nebaj, esperaba impaciente el inicio de la ceremonia maya. No escondía su indignación ante la pantomima cristiana. “Esa es una maniobra de los exmilitares para ocupar la plaza e interrumpir la ceremonia”, me comentó. Nada permite confirmar su sospecha. Pero lo cierto es que la religión fue un método de control poblacional durante el conflicto en la zona ixil. Las iglesias evangélicas entraron masivamente en Nebaj cuando Ríos Montt, líder de la iglesia El Verbo, llegó al poder. Estas lograron desplazar a la iglesia católica y combatieron los ritos ancestrales, considerados como cosa del demonio. Ser evangélico, en aquellos años, era un salvoconducto, una garantía de vida frente a cualquier retén militar, una forma de acceder a privilegios.

Al final, entre riffs de guitarra eléctrica, el mimo Jesús cosechaba las almas que el mimo Satanás quería llevar a su hoguera. Los espectadores de la pantomima se dispersaron. La ceremonia maya pudo empezar. Ana Laynez, una de las guías espirituales, pudo invocar a los ancestros, encender el incienso sin temor ni oposición, y pedir por la fortaleza de los fiscales y abogados del juicio que, en ese momento, descansaban en sus hoteles. / 305

Sebastián Escalón

Frente al tribunal Son las siete y media de la mañana. Poco a poco, la calle frente al juzgado se va llenando de gente. La indiferencia de la población de Nebaj por el juicio es patente. Pero aun así, las organizaciones sociales y las asociaciones de exmilitares son capaces de convocar sin dificultades a varias decenas de personas, la mayoría provenientes de las aldeas.

En apoyo al juicio, llegan las autoridades ancestrales, hombres que exhiben sus varas de mando y sus magníficos cotones, el saco rojo tradicional de los ixiles. Aparece después un nutrido grupo de mujeres. Llevan flores y cruces en las manos, o la foto de algún familiar asesinado durante el conflicto.

Hay cooperantes extranjeros y voluntarios de las organizaciones de acompañamiento. Destacan dos mujeres rubias, altas, de ojos claros —dos vikingas—, vestidas de pies a cabeza con el traje rojo oscuro de Nebaj. No les falta ni la cinta en el pelo, ni la faja que les oprime la cintura.

Del lado militar, los primeros en llegar son dos hombres altos, recios, de bigote poblado. Ambos llevan una gorra de Avemilgua, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Uno de ellos, César Cifuentes, fue oficial durante el periodo de Ríos Montt. Es el que coordina las operaciones.

Indica cómo colgar las mantas y dónde deben formarse los simpatizantes de los generales. Un poco más tarde, llegan unas 30 mujeres a apoyar a Ríos Montt, y se colocan en silencio junto a las mujeres que llegaron por parte de las organizaciones de víctimas. Los dos grupos enfrentados son idénticos: campesinas de mediana edad que visten el mismo huipil y las mismas cintas multicolores en la cabeza.

En silencio, mantienen la misma actitud entre solemne y melancólica.

El oficial Cifuentes, consciente quizás del peligro de confusión, reparte entre su grupo de mujeres, listones blancos de nylon para que lo amarren sobre la manga del huipil. Luego, les entrega una pancarta a cada una.

Los mensajes, escritos en español, contienen la retórica habitual de Avemilgua y la Fundación Contra el Terrorismo.

—Entendamos, en el triángulo ixil no hubo genocidio —¿Por qué a la guerrilla asesina le dan impunidad?

—Extranjeros, no paguen para condenarnos Otra pancarta luce especialmente inoportuna en manos de una mujer ixil.

—Ningún ixil murió por ser ixil.

Llega luego un grupo de expatrulleros. Todos campesinos pobres, si no mienten sus pantalones desgastados metidos en las botas de hule. Cifuentes los saluda uno a uno, como si los reconociera a todos.

El veterano oficial se muestra amigable y deseoso de exponer su punto de vista: “Es un juicio manipulado, un juicio por dinero y por venganza. Si no hubiéramos luchado nosotros los soldados, Guatemala ahora sería comunista”, me dice. En eso, se acerca un hombre. Es indígena. Sus zapatos bien lustrados y su camisa azul bien planchada muestran que es urbano. Espera una pausa de Cifuentes para tomar la palabra. “Mi nombre es Gaspar Santiago Pérez. Quiero decir que esa gente (señala a los que buscan justicia), está manipulada. Están allí porque tienen la cola manchada. El Ejército no mató porque tenía ganas de matar. Fue porque lo provocó la guerrilla”.

Gaspar Santiago asegura que algunas de las masacres atribuidas al Ejército fueron cometidas por la guerrilla, y luego, pasa a su caso personal. “A mi papá lo mató la guerrilla. Quisieron hacernos creer que fueron los ejércitos, pero sabemos que fue la guerrilla. Acá en mi mochila, llevo dos libros que demuestran que a mi papá lo mató la guerrilla”.

Se le nota impaciente por mostrar los libros, pero no lo hace hasta que se lo pido. Abre su mochila y / 306

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Sebastián Escalón

extrae con prisas un tomo de Guatemala, memoria del silencio, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), y un tomo de Guatemala nunca más, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi).

Estos grandes estudios son la referencia histórica más sólida respecto al conflicto armado. Fueron los primeros en medir, en base a cientos de testimonios y documentos, la brutalidad de la represión en los 80; los primeros en determinar que el 90% de las atrocidades durante el conflicto, fueron cometidas por el Ejército. Ambos informes encendieron la ira de los sectores militares. El coordinador del Remhi, monseñor Juan Gerardi, fue asesinado de manera atroz dos días después de la publicación de Guatemala nunca más.

Lejos del oficial Cifuentes, vuelvo a hablar con Gaspar Santiago. Lo acompañan ahora su madre y su hermana. Abre el tomo del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en la página del caso ilustrativo 110, “masacre de Chacalté”. Casi todas las líneas están subrayadas con varios colores, y hay muchas anotaciones en los márgenes. Tenía razón. Aquella fue una de las pocas, pero muy cruentas masacres cometidas por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). La Comisión identificó a 55 personas asesinadas el 12 de junio de 1982 por combatientes del frente Ho Chi Minh. La madre de Gaspar Santiago asegura que fueron alrededor de 200, hombres, mujeres y niños. Entre las víctimas, su esposo, el padre de Gaspar Santiago que tenía entonces 10 años.

La guerrilla tachó a la gente de Chacalté de “banda reaccionaria” porque buscó la protección del Ejército. Organizó entonces un escarmiento. Tras la masacre, Gaspar, y su familia, buscaron refugio en Chajul. La madre de Gaspar tenía ocho hijos que alimentaba con sobras que conseguía en la cocina del destacamento militar.

“Ella no nos abandonó. Ella torteando de cuatro de la mañana a nueve de la noche para el Ejército, pero no nos regaló. La gente de Chajul venía a pedirle a los niños. ’Sos muy pobre, para qué querés tantos hijos, regalame uno‘, le decían. Pero ella no nos regaló. Sólo a un mi hermanito sí lo regaló, pero mi hermana fue y lo trajo de vuelta”, narra Gaspar Santiago. Recordando esos momentos, Juana, su hermana mayor, se pone a llorar. / 308

La policía decide formar dos cordones con sus 100 agentes para evitar enfrentamientos entre los dos grupos. En la zona neutral, frente a la entrada del tribunal, descansan los observadores de la Procuraduría de Derechos Humanos. Los reporteros locales buscan cómo matar el tiempo. Los grandes diarios y noticieros, poco interesados en la secuela del juicio por genocidio, no mandaron equipos de la capital a cubrir el evento.

Organizaciones sociales y patrulleros, cada grupo tiene su potente equipo de sonido. Del lado de las víctimas, Ana Laynez, la guía y también luchadora social, plantada sobre un estrado, habla en ixil durante horas. Se exalta. Recuerda el pasado. Llora y hace llorar a las mujeres que aprietan entre sus manos las fotos de sus difuntos.

Del lado de los militares y patrulleros, un ladino de voz ronca ataca a la guerrilla, a las víctimas que sólo buscan dinero, a los “vividores del conflicto”, a los extranjeros que los apoyan. Su diana favorita son las dos vikingas vestidas como ixiles. Asegura que están disfrazadas para engañar a la gente y hacerle creer que son de Nebaj.

“Pero yo soy chapín, cien por ciento chapín, un chapín trabajador de la tierra del quetzal. Los buenos guatemaltecos somos trabajadores y amamos a nuestra patria”. Su retórica es otra reminiscencia del pasado. El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo emitido en 1982 exigía promover y estructurar el nacionalismo e irradiarlo al área rural, “como doctrina opuesta al comunismo”. Desde principio de los 80, documentos como “Operación Ixil”, sostenían la necesidad de “ladinizar a los ixiles”, de que dejaran atrás su identidad y costumbres.

La perorata del promilitar prosigue, y llega a ser desconcertante. “¡Porque, mientras haya pueblo, habrá Revolución!”, grita a toda garganta, citando, acaso sin saberlo, al líder estudiantil Oliverio Castañeda, asesinado en 1978 por escuadrones de la muerte. Y luego añade: “¡Mientras haya pueblo, habrá Revolución verdadera! ¡Fuera comunistas!”. / 309

Sebastián Escalón

El juicio recalentado

El 10 de mayo 2013, el tribunal A de Mayor Riesgo declaró culpable de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad al general Efraín Ríos Montt. Era la primera vez en el mundo que la justicia doméstica de un país condenaba a un exmandatario por este crimen. La sentencia fue un electrochoque para la sociedad guatemalteca.

Las organizaciones de derechos humanos, campesinas, estudiantiles aplaudieron la sentencia histórica. Pensaron que el sistema de justicia guatemalteco por fin tenía la fuerza e independencia para hacerse cargo de casos tan difíciles.

Por el otro lado, los sectores conservadores, liderados por el empresariado y los militares retirados se levantaron en bloque contra la sentencia. Dos días después del fallo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió a la Corte de Constitucionalidad que restableciera “el orden jurídico violado” y criticó la actitud “excesivamente ideológica” de los jueces.

El 20 de mayo, como si se hubieran plegado a las presiones, tres de cinco magistrados de la Corte anularon la sentencia. En su resolución, dieron validez a una de las incontables artimañas de la defensa para entorpecer el juicio. A pesar de los votos disidentes de dos magistrados, la Corte mandó a repetir la parte final del juicio, y con esto, encerró el proceso en un laberinto jurídico tan enmarañado que tardó casi tres años en salir de él.

El 17 de marzo de 2016 se inició un nuevo juicio contra los generales, esta vez en el tribunal B de alto riesgo, a cargo de la jueza María Eugenia Castellanos. Pero en estos tres años, la situación había cambiado: a Efraín Ríos Montt le fue diagnosticada “demencia vascular mixta”, y fue declarado incapaz de afrontar un juicio público. El tribunal decidió entonces realizar un juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección. En otras palabras, las audiencias serían a puerta cerrada, sin la presencia del acusado ni de los medios de comunicación.

Otro cambio, fue el deterioro de la salud los testigos de mayor edad. Tres de ellos ya han fallecido.

Dos más no pueden moverse ya de la cama. Otros 12 testigos son muy ancianos para desplazarse a la capital, y su voz demasiado débil como para declarar por videoconferencia. Por eso, el tribunal se / 310

trasladó por tres días a Nebaj. “Siempre se ha dicho que a estas personas se le ha denegado acceso a la justicia, pero aquí estamos”, me comentó la jueza Castellanos, durante un receso de la audiencia.

Pero la jueza también tomó una decisión que levantó las protestas del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) los representantes de las víctimas. Al nuevo proceso contra Ríos Montt unió el proceso contra José Mauricio Rodríguez Sánchez. El problema es que ambos juicios son de naturaleza distinta. El del exdictador es por medidas de seguridad mientras que el de su antiguo jefe de inteligencia —que en 2013 fue declarado inocente—, es normal: oral y público. “Queríamos que fuera un solo juicio para que los testigos no tuvieran que declarar dos veces. Eso sería revictimizarlos, y es lo que no quiere este tribunal, siguiendo estándares internacionales”, me dijo la jueza.

CALDH y AJR pusieron un amparo en contra de la unión, ilegal a sus ojos, de los dos casos. Su miedo era que, al llegar a una sentencia, una corte de apelaciones la volviera a echar abajo por vicio procesal.

El 4 de mayo, nueve días después de las audiencias en Nebaj, una Sala de Apelaciones escuchó sus argumentos y suspendió de forma cautelar el juicio. Es probable que los magistrados decidan anularlo todo para separar los dos procesos. Si la intención de la jueza era proteger a los testigos, lo hizo todo al revés. Si la Sala anula el juicio, los testigos que ya declararon dos veces, tendrán que hacerlo dos veces más en los futuros juicios contra los generales.

La justicia guatemalteca ha dado vida a una pesadilla que ni el mismo Kafka soñó: un proceso que no se resuelve nunca en una sentencia firme, sino que se repite, y se repite, y se repite, hasta la muerte de sus protagonistas. / 311

Sebastián Escalón

El testimonio vacilante de una anciana

Las organizaciones de exmilitares han regado a diestra y siniestra la idea de que los testigos declaran a cambio de dinero. Quienes así lo creen, deberían visitar la casa de Juana Hernández, una mujer de 69 años que fue escuchada por el tribunal durante las audiencias de Nebaj. Más que una casa, es una cabaña hecha de tablas mal ensambladas y lámina. Se encuentra en la salida de Salquil Grande, la mayor aldea del municipio de Nebaj, sobre una diminuta parcela alojada entre la carretera y una ladera empinada. Vive allí con su hija y tres nietos.

El interior de la casa es oscuro. Sobre el suelo de tierra sin emparejar, unos pocos muebles: dos camas, una mesa, tres o cuatro sillas, una estantería que se cae. Las pocas pertenencias, algunos zapatos, algunas prendas, cuelgan del techo, o descansan sobre un bordecito en las paredes. Los únicos aparatos eléctricos son unas débiles bombillas ahorradoras que apenas iluminan la penumbra. El único elemento decorativo son unos cartuchos que se marchitan dentro de una lata oxidada de leche en polvo Desde la carretera, rugen camiones cargados de mercancías para las tiendas. Al fondo de la ladera, se oye un molino de maíz.

Pedimos a doña Juana que nos cuente lo que dijo a los jueces ese mismo día. Traduce José, un joven de Nebaj, hijo del delegado de CALDH en ese lugar, quien, durante la guerra, fue parte de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), grupos de población desarraigada que buscaron refugio en las montañas de Quiché. José, de 24 años, es cocinero, y ha trabajado en varios hoteles. Admite que no sabe mucho de la guerra, que no ha leído el libro que escribió su padre, que éste nunca les contó nada.

Juana Hernández emprende su relato. Más que un relato, son retazos de un relato. Frases sueltas, inconexas, sin orden. Apenas se distingue la tragedia detrás de una narración sin detalles, que apenas sugiere, que nunca desarrolla. No es fácil reconstruir los episodios de su vida a partir de los fragmentos de información que nos cede.

Se entiende que vivía en la aldea Vicatzé, con su marido Domingo Pérez y sus hijos. Cuando empezó la guerra, él trabajaba serrando troncos para producir tablas, y de vez en cuando iba a trabajar “a la finca”, probablemente las plantaciones de caña de la costa. Arreció la violencia, y Domingo desapareció un día. Ella lo esperó 20 días y se fue. Domingo Pérez apareció muchos años después, en 1993, dentro de una fosa, cerca de otra persona asesinada.

Juana Hernández habla de una huida en la montaña. Pasó hambre, no tenía ropa, tuvo miedo. Volvió para ver si su marido había regresado, y sólo encontró la casa y los cultivos quemados. Se arrodilló y le reclamó a Dios porque no sabía cómo sacar adelante a sus siete hijos. / 312

Cuando Juana empieza a hablar de su captura, José, nuestro traductor, se pierde y confunde a la guerrilla con el Ejército. Ya no sabe quiénes hacían qué, ni cuáles eran sus intenciones. Los recuerdos deshilachados de doña Juana lo dejan perplejo. Entonces nos pregunta, con todo el candor del mundo: —Disculpen, en la guerra, ¿quiénes eran los buenos y quienes los malos? Los soldados eran los buenos, ¿verdad?

Los elementos de contexto que le damos aumentan su confusión. Los guerrilleros se convierten en los que se defendían en las aldeas de “los malos” que atacaban desde las montañas.

En 2013, Juana Hernández dio testimonio en el primer juicio por genocidio, asistida por un traductor profesional. Con el mismo hilo de voz con el que nos habla, contestó de manera escueta y vacilante a las preguntas de los abogados de la acusación. Contó haber sido capturada por el Ejército y llevada al destacamento militar de Las Majadas, en Huehuetenango, y después a la aldea Salquil Grande, que estaba bajo control militar. Lo demás coincide con la traducción de José.

Desde entonces, Juana no se ha movido de Salquil. Para vivir sembró milpa y vendió aguacates en el mercado. Se volvió a casar, pero su marido vive en otra aldea. Ahora, dice, por la edad sólo puede quedarse en casa, cocinar, y cuidar de un cerdito que tiene.

Tras la entrevista, una tormenta se abate sobre la casita. En el corredor sopla un viento frío. El mejor refugio es la cocina, donde el poyo calienta un poco el aire. No hay nada que hacer, más que sentarse en unas sillas bajas, como para niños, intentando colocarse entre las goteras. El estruendo de la lluvia que golpea las láminas detiene todo intento de conversación. Nerón, el perrito de la casa, tiene la entrada prohibida, y tiene que pasar la tormenta en un rincón al fondo del corredor.

Con una generosidad que raya el sacrificio, la hija de Juana Hernández nos comparte su comida.

Caldo de res y tamalitos que sin duda les harán falta en los días siguientes. Antes de partir, intento pagar los almuerzos. La hija de Juana lo rechaza con firmeza, casi indignada. “Lo damos de corazón”, dice tocándose el pecho. No me queda más que cargar con la doble vergüenza de haber comido para luego ofenderla. / 313

Sebastián Escalón

Arriba de la montaña

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Quienes busquen los millones del juicio por genocidio, tampoco los encontraran en casa de don Nicolás Bernal. Este hombre de pequeña estatura, encorvado por sus 80 años de vida, ya ha declarado dos veces ante un tribunal. Quiere, nos dijo, que se sepa la verdad de las injusticias, los asesinatos, el hambre y los cultivos quemados.

Don Nicolás nos permite acompañarlo hasta su casa. Para llegar desde Nebaj, primero hay que tomar una carretera de terracería sólo apta para vehículos de doble tracción. Hay que cruzar ríos, pinares y cultivos colgados de las abruptas laderas de las montañas. Tras dos horas y media de recorrido, aparece la pequeña aldea de Viucalvitz, a la que llegan dos buses por semana. El único terreno plano del lugar está ocupado por un campo de futbol.

Viucalvitz significa “arriba de la montaña” en ixil. Don Nicolás Bernal vive a media montaña. Quedan pues, unos 40 minutos de caminata montaña abajo, por un hermoso pero empinado sendero. Cuesta seguirle el ritmo a don Nicolás. Con su cotón encarnado y su morral terciado a la espalda, parece una ardilla o un gato montés brincando por la cuesta.

La casa de don Nicolás emerge de un mar de milpa a punto de ser cosechada. Está hecha de tablas y lámina, y en su interior, los muebles y pertenencias son pocos, humildes. Pero aquí, no hay esa sensación de pobreza y abandono como en la casa de Juana Hernández. Los elotes sazones, los árboles frutales, los pequeños macizos de flores frente al corredor de la casa, el paisaje imponente, cambian la perspectiva.

Nicolás Bernal y su esposa, Teresa Raymundo, nos ofrecen sus mejores sillas antes de empezar a contar. Esta vez, la traducción está a cargo de Michelle Moreno, una joven nebajense que trabaja para la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Mitad ixil, mitad ladina, está acostumbrada desde pequeña a manejar los dos idiomas. Atenta y cariñosa con los ancianos, se gana su confianza de inmediato. Tanto así, que Michelle toma las riendas de la entrevista.

A pesar de su inteligencia y don de gentes, Michelle tiene dificultades para seguir el relato de don Nicolás. El anciano narra lo que se le viene a la cabeza, sin hilar un relato cronológico. Hay, en sus palabras, saltos, repeticiones. Apenas esboza las peores tragedias, y luego desarrolla hechos que parecen secundarios. Hay cosas que no se pueden decir porque jamás deberían haber ocurrido.

Don Nicolás empieza por el final de sus angustias, cuando un grupo de soldados lo captura en un camino. Los soldados no le hacen daño, sino que lo llevan al destacamento militar de la finca La Perla por unos días, y luego lo colocan en Sajsiban, una aldea bajo control militar. Sólo después vienen a su mente los episodios trágicos. El ataque de patrulleros venidos de Huehuetenango en el que mueren su esposa y cuatro hijos, y del que sólo escapan él y una hija.

Luego de los ataques militares, meses, quizás años, en la montaña tratando de sobrevivir al frío y la lluvia, comiendo hierbas silvestres, huyendo del acoso constante del Ejército, de los bombardeos.

Entre los montes, estaban desperdigadas unas 60 personas. De vez en cuando venían guerrilleros a avisarles de la llegada de los militares. Buscaban entonces lugares aún más inhóspitos y solitarios para esconderse. Su última hija no aguantó. Murió de hambre. Don Nicolás no recuerda el año, pero sí la fecha en que la enterró: un tres de marzo.

En esos meses conoció a Teresa, su actual esposa. Ella también lo había perdido todo en los ataques del Ejército. Teresa huía con dos hijos pequeños y con su nieta, a quien tenía que amamantar. Su hijo mayor había sido asesinado por los soldados y su nuera se había ido dejándole a la recién nacida. Vio a los niños sufrir de frío y de hambre, y eso, dice, no lo puede olvidar. Ella también fue capturada por el Ejército y llevada a Sajsiban. / 315

Sebastián Escalón

Maquiavelo en Nebaj

Los relatos truncados de Juana Hernández, Nicolás Bernal, Teresa Raymundo, o Juan Pérez, otro testigo que acompañamos hasta su casa de Salquil Grande, encajan con los dos grandes tiempos de la represión en la zona ixil.

A inicios de los años 70, relata el informe Guatemala nunca más, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) decidió hacerse fuerte en el altiplano, y en particular la zona ixil. Su trabajo de concientización de las poblaciones indígenas fue un éxito. En su apogeo, en 1980, cientos de miles de campesinos formaban su base social. La guerrilla se sintió tan fuerte, que estuvo a punto de declarar el norte de Quiché zona liberada. Lo único que le faltó al EGP para lanzar una ofensiva masiva y quizás, derrocar al tambaleante gobierno de Lucas García, fueron suficientes armas.

En 1981, todo cambió con la contraofensiva militar que inició en Chimaltenango, y avanzó hacia el norte, hacia Quiché y Huehuetenango. Fue una contraofensiva brutal y sistemática contra la población civilcomo atestiguan las 422 masacres reportadas por el Remhi, las aldeas arrasadas, los actos de crueldad contra ancianos, niños, mujeres embarazadas.

El salvajismo militar llegó a su punto máximo en la zona ixil, en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre el 70 y 90% de las comunidades ixiles fueron borradas a fuego. Es probable que fuera en esos meses, entre el 81 y el 82, que Juana, Nicolás y los demás sobrevivientes vieron a sus familiares morir por las balas de los soldados y patrulleros. Los que no murieron, huyeron buscando refugio en las montañas. Sus casas y cultivos fueron quemados, condenándolos al hambre y el frío. Nicolás Bernal vio morir a su hija de hambre. Juan Pérez enterró a su mujer, muerta de agotamiento y enfermedad en la huida. Teresa Raymundo no vio morir a sus hijos, pero aún recuerda cómo clamaban por algo de alimento y ella sin poder hacer nada.

Cuando Efraín Ríos Montt se hizo con el poder, tras el golpe de Estado de marzo de 1982, el castigo contra la población ixil se mantuvo. Desplazamiento de poblaciones, masacres, robo de niños, sometimiento a condiciones de vida degradantes: todos los actos que definen un genocidio se cometieron masivamente en el triángulo ixil.

Pero a los pocos meses, con la guerrilla vencida moral y militarmente, el Ejército cambió de estrategia. El primero de junio, Ríos Montt decretó una amnistía para los guerrilleros y la población fugitiva.

Las masacres se hicieron esporádicas en la región ixil. Los soldados y los patrulleros ya no salían tanto a matar, sino a capturar a los que huían para llevarlos a los destacamentos militares y a las aldeas bajo control militar, las aldeas modelo. Con altavoces y con volantes, desde avionetas y helicópteros intentaban convencer a la población de que podía rendirse sin miedo.

Poco a poco, las montañas se vaciaron y las aldeas modelo crecieron. Juan Pérez, un testigo del juicio de 71 años, nos contó su angustia cuando decidió entregarse a los soldados. Recordó a su padre, asesinado por esos mismos soldados. Recordó a su mujer, muerta de enfermedad en la montaña. Y se decidió. “Pensé yo que era mejor entregarnos a los ejércitos. Si nos matan, mejor todavía. Pero si uno / 316

a uno vamos quedando muertos en la montaña…”. Hoy, dice, tiene una enfermedad en el corazón por haberse despedido de su esposa, colocando su cuerpo en una fosa con una tabla abajo y otra encima.

En las aldeas modelo,la vida cotidiana estaba bajo supervisión del Ejército. La población pasaba por un adoctrinamiento constante. Cuando había obras de infraestructura qué llevar a cabo, principalmente abrir carreteras entre Nebaj y las aldeas modelo, los jefes militares obligaban a trabajar sin paga, o a cambio de alimentos. Se amenazaba a los recién llegados con matarlos si intentaban escapar de la aldea modelo. También se les proveía de asistencia humanitaria, atención médica o alimentos.

Juan Pérez admite, sin dar detalles, que tuvo que patrullar con el Ejército. De hecho, todos los hombres de 15 a 60 años de las aldeas modelo debían integrarse a las Patrullas de Autodefensa Civil. Con esto, tuvieron que ayudar al Ejército a controlar a la población, y, en ocasiones, a cometer atrocidades que los convirtieron en cómplices del poder militar. Según el Remhi, 900 mil campesinos del altiplano fueron integrados a las patrullas de autodefensa civil.

Los libros de la antropóloga Beatriz Manz muestran que las condiciones de vida no eran buenas en las aldeas modelo. Pero para los fugitivos que habían pasado meses en la montaña, comiendo bejucos, sufriendo del frío de la noche, viendo a sus hijos morir, su captura por el Ejército resultó ser un alivio.

Nicolás Maquiavelo explica en El Príncipe, qué hacer cuando una región es presa de desórdenes. Su recomendación es ser despiadado por un tiempo limitado. El ejemplo a seguir es el duque César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Al apoderarse de Romaña, el duque se encontró con una región presa de disturbios y violencia. Por eso envió a Ramiro d’Orco, un español cruel y expeditivo, que, multiplicando torturas y ejecuciones, no tardó en apaciguar la región. Una vez devuelta la calma, Borgia cambió de estrategia. Le dio a la región un gobierno ecuánime. Explicó que el culpable de las atrocidades era el propio Ramiro d’Orco y mandó a descuartizarlo en la plaza pública y poner su barbada cabeza en una pica. De esta forma, César Borgia consiguió limpiar su nombre y contentar a las víctimas de la represión. La memoria del pueblo es corta, explica Maquiavelo, y, con los años, Romaña se convirtió en la provincia más leal y entregada al duque, incluso cuando la fortuna les dio la espalda a los Borgias.

Inmediatamente después de ponerle fin a la política de tierra arrasada, Ríos Montt trajo programas de asistencia social. La reeducación ideológica, los patrullajes obligatorios, la entrada masiva de iglesias pentecostales, la promoción del nacionalismo, cambiaron la región: la guerrilla perdió todos sus apoyos civiles y tuvo que refugiarse en las selvas del Ixcán, tratando de no hacer contacto con el Ejército.

Muchos nebajenses, incluso los que sufrieron en carne propia la ofensiva militar del 81 y 82, ven en Efraín Ríos Montt, no un verdugo, sino un salvador. Prueba de ello, en todas las elecciones en que se presentó, después de la firma de la paz, el general obtuvo victorias claras en la zona ixil. En 1999, cuando se presentó como candidato a diputado, dos de cada tres votantes de Nebaj votaron por él. / 317

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Sebastiรกn Escalรณn

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Listones blancos

Más de 30 años después de los hechos, frente al juzgado de Nebaj, doce ancianos testigos cuentan, a puerta cerrada, los horrores de la guerra a un sistema judicial que podría echar por la borda por segunda vez sus declaraciones. “¿Es que no nos creen?”, preguntó un testigo a sus abogados, luego de que el juicio se suspendiera nuevamente.

Afuera del juzgado, los expatrulleros y sus familias vienen a protestar, indignados de que se juzgue al general que les dio seguridad, comida y paz espiritual, al caudillo que, con tono paternal, les hablaba de esperanza los domingos por la radio, y les advertía del peligro comunista. En frente de ellos, separados por un cordón policial, están los que claman por justicia. Justicia para los que fueron asesinados frente a sus hijos, los que murieron de frio, hambre y miedo. Y no hay cosa más triste que el enfrentamiento de dos grupos de mujeres, todas vestidas con el hermoso traje ixil, que solo se distinguen por un listón blanco entregado por un exoficial del Ejército.

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Un agradecimiento especial a:

Por su apoyo y habernos hecho finalistas de su premio por la cobertura al juicio.

Por el apoyo para la cobertura del juicio por genocidio.

Por el Premio a la Excelencia PeriodĂ­stica por el material de este nĂşmero.